Alexis Osmar Flores Díaz

Expediente 950/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Hidalgo. 2 actuaciones registradas, la última del 1 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
950/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
01/07/2022

Partes del expediente

  • Alexis Osmar Flores Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    (3)... Llegada de autos de Tribunal de Alzada. Por recibido el oficio 3776/2022, signado por el Secretario del Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito, con sede en esta ciudad, deducido del recurso de queja civil **************, mediante el cual remite el original del expediente en que se actúa, y copia certificada del testimonio de ejecutoria pronunciada en sesión ordinaria celebrada vía remota de nueve de junio del año en curso, en la que se declaró infundado el citado medio de impugnación interpuesto por los quejosos **************** en contra del auto de diez de febrero de dos mil veintidós, por las consideraciones que ahí se exponen. Acúsese recibo al órgano revisor. Realícense las anotaciones en el libro respectivo, comuníquese la circunstancia anterior a las partes. Sin que sea necesario glosar a los presentes autos las copias que integran el cuaderno de antecedentes, pues dichas actuaciones obran en original en el expediente en que se actúa, por lo que a efecto de evitar la repetición de constancias, únicamente agréguense los documentos originales contenidos en el mismo. Destino del expediente. Archívese el presente asunto como concluido y, en cumplimiento a lo establecido en el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se determina que el presente expediente es susceptible de destrucción, y no se considera de relevancia jurídica o documental. Por otra parte, se autoriza a la Secretaria firmar el oficio que derive de este juicio de amparo.

  2. Principal

    (5) I. Radicación. Téngase por recibida la demanda de amparo aparentemente presentada por..., por derecho propio, contra actos del Director de la Penitenciaría de la Ciudad de México y otra(s) autoridad(es). II. Creación del expediente. Fórmense los expedientes impreso y electrónico, regístrese en el Libro de Gobierno de este juzgado y dese de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes bajo el número... III. Pronunciamiento en relación a la calidad de urgente de la demanda de amparo. En primer lugar, cabe señalar que el quejoso promueve como urgente la presente demanda por los actos consistentes en: 1. Traslado de la penitenciaria de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro o fuera de la ciudad de México; y, 2. Reubicación del actual dormitorio y ubicación a otra. Sin embargo, tales actos no encuadran en alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal, pues no se trata de penas de muerte, mutilación, infamia, marca, azotes, palos, tormento de cualquier especie, multa excesiva, confiscación de bienes o alguna pena inusitada y trascendental; de igual manera, tampoco encuadran en los supuestos del numeral 15 de la Ley de Amparo, pues no se trata de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas, incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Asimismo, no pasa inadvertido que el quejoso señala que dichos actos son con fines de tortura y que lo ponen en riesgo psicofísico, por tratarse de actos prohibidos en el artículo 22 de la Constitución. Sin embargo, la naturaleza urgente de la demanda de amparo, no depende del sólo señalamiento de los actos reclamados, así como porque el quejoso así lo considere, sino que del contenido integral de la demanda de amparo, debe advertirse realmente que se está en presencia de alguno de los actos urgentes previstos en los ordinales 15 y 22 antes citados, que amerite su trámite inmediato; lo que no acontece en la especie, porque el impetrante no refiere estar siendo objeto de alguno de los actos prohibidos contenidos en los numerales citados, máxime si se considera que, en su caso, es el propio quejoso quien promueve la demanda de amparo intentada. En tal virtud, se descarta el trámite correspondiente a una demanda urgente. IV. Consideraciones previas (Competencia). Ahora, de la certificación de cuenta se aprecia que en este Órgano de Control Constitucional no existe algún proceso penal federal, juicio civil federal o algún procedimiento diverso al amparo, promovido por el quejoso o que se siga en contra de..., a través del cual se hubieran ordenado los actos que le atribuye a este Juzgado Federal; en consecuencia, a pesar de que el quejoso señaló a este órgano jurisdiccional como autoridad responsable, no ha lugar a declararse legalmente incompetente para conocer del presente asunto, en términos del artículo 38 de la Ley de Amparo. Ello es así, en virtud de que la sola circunstancia de que en una demanda de amparo indirecto se señale como autoridad responsable al Juez de Distrito, al que por razón de turno tocó conocer del asunto, no da lugar a declararse incompetente, pues para que se justifique la incompetencia del juzgador señalado como autoridad responsable es necesario que el acto reclamado derive de un procedimiento ordinario de orden federal o por lo menos, de un procedimiento diverso al amparo tramitado ante el mismo órgano. A fin de corroborar lo anterior, respecto de los actos reclamados a esta Juzgadora Federal se deben tener en consideración las razones que sirvieron de base para resolver el conflicto competencial... del índice de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (en adelante SCJN). En ese asunto, la sala de la SCJN consideró que el desacuerdo entre los tribunales intervinientes no derivó de un aspecto de jurisdicción objetiva por razón de la de la materia, territorio y grado, ya que uno de los órganos alegó no poder conocer de la demanda de amparo directo por haber sido señalado como autoridad responsable. También, la Primera Sala de la SCJN estimó que lo anterior no representa un aspecto que establezca la competencia legal de algún órgano judicial, porque no se refiere a un punto jurisdiccional concreto, por lo que el tribunal que se encuentre en ese supuesto no puede declararse de facto incompetente para conocer un asunto, ya que previamente debe constatar si el acto recamado deriva de un procedimiento diverso al juicio de amparo tramitado ante el mismo órgano. Así, la Sala de la SCJN determinó que el Tribunal declinante, contrario a lo que consideró, sí tiene competencia objetiva que lo faculta para analizar y decidir lo que corresponda en relación con la demanda de amparo directo. Concluyó que de lo contario, además de no resultar congruente con el sistema de competencias que rige en el juicio de amparo, se permitiría a los particulares decidir el órgano competente para conocer del juicio de amparo directo, pues bastaría que nombraran como autoridad responsable, por voluntad o equivocación, a determinado órgano judicial a quien le atribuyan el dictado de una sentencia, existente o inexistente, para que quedara excluido injustificadamente del conocimiento de la demanda, lo que conllevaría a extremos no previstos en la ley de la materia. Sostuvo que, en aras de incentivar una impartición de justicia expedita, en términos del artículo 17 constitucional, los tribunales que se ubiquen en la hipótesis mencionada deberán observar las siguientes directrices: a) De ninguna manera conlleva a que de inmediato decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para genera un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria y solo produce dilación en la impartición de justicia. b) El órgano de amparo está obligado, al momento de proveer sobre la demanda de amparo, a realizar un análisis integral del escrito respectivo, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél, dado que si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda, precisando que al no existir el acto que se le reclame al tribunal, no puede ser considerado como autoridad responsable, de modo que no existe algún impedimento legal para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda. c) Si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, debe prevenir a la parte quejosa para que precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano jurisdiccional, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza sobre cuál es el acto reclamado. d) Si derivado del análisis mencionado surge duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al tribunal es plantear el impedimento para conocer del asunto de, por ejemplo, uno o más magistrados integrantes en los casos de un órgano colegiado, se le deberá prevenir para que aclare su petición y, en su caso, exponga las razones en las que las sustenta; desahogada la prevención deberá resolverse sobre si existen motivos para iniciar el trámite previsto en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b). Las consideraciones anteriores fueron reflejadas en la tesis aislada de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes: "CONFLICTO COMPETENCIAL. DIRECTRICES A SEGUIR CUANDO UN TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO CONOCE POR RAZÓN DE TURNO DE UNA DEMANDA DE AMPARO DIRECTO EN LA CUAL SE LE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. El hecho de que corresponda a un Tribunal Colegiado de Circuito conocer de una demanda de amparo directo, por razón de turno, donde se le señala como autoridad responsable, es insuficiente para declararse incompetente. De ahí que resulte necesario establecer las siguientes directrices para casos análogos: a) la circunstancia aludida no conlleva que de manera inmediata el Tribunal Colegiado de Circuito decline la competencia en favor de otro órgano colegiado para generar un conflicto competencial, cuya tramitación resulta innecesaria ya que sólo produce dilación en la impartición de justicia; b) el tribunal de amparo, a través de su presidente, está obligado al momento de proveer sobre la demanda, a realizar un análisis integral de ésta, del informe de la autoridad responsable y, de ser necesario, de las constancias que le son remitidas en justificación de aquél; si de la revisión se obtiene que en realidad el órgano jurisdiccional no intervino en la emisión del acto reclamado, deberá admitir la demanda precisando que al no existir el acto que se le reclama al Tribunal Colegiado de Circuito, no puede considerarse como autoridad responsable, por lo que no existe impedimento legal alguno para que pueda conocer de la litis constitucional y resolver lo que en derecho proceda; c) si como resultado de la revisión de la demanda y demás anexos, aún existe duda sobre el motivo por el que se le señala como autoridad responsable, con fundamento en los artículos 175, fracción III, 179 y 180 de la Ley de Amparo, debe prevenir al quejoso a efecto de que en el plazo de cinco días precise cuál es el acto en concreto que le reclama a ese órgano colegiado, con el apercibimiento que de no hacerlo se tendrá por no presentada la demanda, por falta de certeza de dicho acto; y, d) si derivado del análisis mencionado surge la duda sobre si en realidad lo que el quejoso persigue al señalar como responsable al Tribunal Colegiado de Circuito, es plantear el impedimento para conocer del asunto de uno o más Magistrados integrantes del órgano colegiado, deberá prevenirse al quejoso para que aclare su demanda y, en su caso, exponga las razones en las que la sustenta; desahogada la prevención debe determinarse si existen motivos para iniciar el trámite establecido en el artículo 57 de la Ley de Amparo; si la prevención no se desahoga, deberá proveer sobre la admisión de la demanda en los términos previstos en el inciso b)." El criterio mencionado es aplicable por analogía al caso, debido a que, aun cuando hace referencia a los supuestos en que exista un conflicto entre tribunales colegiados, lo relevante es que en el presente asunto también se señaló como autoridad responsable a este Juzgado de Distrito, sin que en el caso se advierta una razón objetiva para declararse legalmente incompetente, pues como se precisó en la certificación de cuenta, en este Órgano de Control Constitucional no existe algún proceso penal federal, algún juicio civil federal o un procedimiento diverso al amparo, promovido por el quejoso o que se siga en contra de..., de ahí que no existan los actos que se le atribuyen a este órgano jurisdiccional. Así, atendiendo a los razonamientos expresados por la Primera Sala de la SCJN, se considera que no es procedente realizar un pronunciamiento de incompetencia ipso facto, ya que si bien debe evitarse que una autoridad sea juez y parte en el conocimiento de un asunto, también lo es que primero debe verificarse la vinculación que efectivamente pudiera tener el juzgado con los actos reclamados. De modo que, si del escrito inicial de demanda no se advierte algún acto reclamado en el que -con suficiente verosimilitud- pueda ser partícipe este Juzgado de Distrito, no se advierte justificación alguna para no conocer de la demanda de amparo de cuenta. Sin que en el caso, la presente determinación implique la desatención de las siguientes jurisprudencias: "INCOMPETENCIA. CUANDO AL ÓRGANO JURISDICCIONAL QUE DEBE CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO SE LE ATRIBUYE EL ACTO RECLAMADO SE ACTUALIZA TAL SUPUESTO, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE SE TRATE O NO DEL MISMO TITULAR, SIN EMBARGO, POR ECONOMÍA PROCESAL ES VÁLIDO DECLARAR FUNDADO EL IMPEDIMENTO PLANTEADO POR LAS MISMAS RAZONES. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes emitieron criterios contradictorios en cuanto a si es posible declarar fundado el impedimento presentado por el secretario encargado del despacho de un Juzgado de Distrito, en términos de la fracción IV del artículo 51 de la Ley de Amparo, para conocer de un juicio de amparo indirecto en donde se reclaman actos emitidos por ese mismo órgano (dictados por otro titular). Criterio jurídico: Si bien el supuesto planteado técnicamente resulta ser un problema de incompetencia; sin embargo, por economía procesal es válido considerarlo como una causa de impedimento. Justificación: Conforme con la finalidad del juicio de amparo y a lo previsto en los artículos 36 y 38 de la Ley de Amparo, que establecen las reglas de competencia para el conocimiento de los juicios de amparo indirecto por parte de los Juzgados de Distrito y de los Tribunales Unitarios de Circuito, se concluye que en aquellos casos en los que se constate que el órgano jurisdiccional al que le es turnado un juicio de amparo indirecto también tiene el carácter de autoridad responsable, con independencia de que no se trate del mismo titular, se actualiza su incompetencia funcional para conocer del asunto. No obstante lo anterior, por economía procesal, cuando se plantea un impedimento por las mismas razones, es posible declararlo fundado, pues tanto la competencia como la figura del impedimento, de origen comparten el mismo fin, es decir, servir como un límite a la función jurisdiccional." "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DE UN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE ES SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE UN JUEZ DE DISTRITO. CONFORME A LA REGLA ESPECIAL DEL ARTÍCULO 38 DE LA LEY DE AMPARO, SE SURTE A FAVOR DE OTRO JUEZ DEL MISMO DISTRITO Y ESPECIALIZACIÓN QUE EL SEÑALADO COMO RESPONSABLE Y, SI NO LO HUBIERA, DEL MÁS CERCANO DENTRO DE LA JURISDICCIÓN DEL CIRCUITO AL QUE PERTENEZCA. Hechos: Los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes sostuvieron criterios distintos al determinar cuál Juez de Distrito es legalmente competente, por razón de territorio, para conocer del juicio de amparo indirecto promovido contra actos atribuidos a un Juez de Distrito, ya que para resolver, uno de ellos aplicó la regla general de competencia prevista en el último párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, para establecer que en este caso, la competencia se surte a favor del Juez de Distrito del lugar donde puede materializarse el acto reclamado; mientras que para el otro era aplicable la regla especial prevista en el artículo 38 de dicho ordenamiento, para establecer que la competencia se surte a favor de otro Juez del mismo distrito y, en su caso, de la misma especialización. Criterio jurídico: La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que, para efectos de fincar competencia territorial a los Jueces de Distrito cuando se reclamen en un juicio de amparo indirecto actos atribuidos a otro Juez de Distrito, debe aplicarse la regla especial contenida en el artículo 38 de la Ley de Amparo, porque dicha regla sólo será aplicable cuando en el juicio de amparo indirecto la autoridad responsable sea un Juez de Distrito. Justificación: Ello es así, porque del contenido del mencionado precepto se aprecia que el legislador dispuso un criterio de excepción a las reglas generales de competencia establecidas en el artículo 37 del mismo ordenamiento legal, la cual atiende a la autoridad responsable que emite el acto reclamado en el juicio de amparo indirecto -Juez de Distrito-. Mientras que las reglas generales previstas en el artículo 37 de la Ley de Amparo, definen la competencia de los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo en atención a la ejecución del acto reclamado. Por tanto, si en un juicio de amparo indirecto la autoridad responsable lo es un Juez de Distrito a quien se le atribuye el acto reclamado, la regla aplicable será la prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo y, por ende, en este caso, la competencia recaerá en otro Juez del mismo distrito y especialización y, si no lo hubiera, en el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Dicha regla de excepción será aplicable, con independencia de si el acto reclamado en el juicio de amparo tiene ejecución material o no la tiene, ya que esa circunstancia no es determinante para establecer la competencia del Juez de Distrito, toda vez que no fue considerada por el legislador como parámetro para delimitar la competencia." "COMPETENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO SE RECLAMA UNA ORDEN DE APREHENSIÓN Y SE SEÑALAN COMO AUTORIDADES RESPONSABLES A TODOS LOS JUECES DE DISTRITO DE UN MISMO ÁMBITO TERRITORIAL, SE SURTE A FAVOR DEL MÁS INMEDIATO. Cuando en una demanda de amparo se reclama una orden de aprehensión y se señalan como autoridades responsables a todos los Jueces de Distrito de un mismo ámbito territorial, éstos tendrán el carácter de autoridad responsable durante toda la secuela procesal conforme al artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo, por lo que no puede operar la regla general para fijar la competencia establecida en el artículo 36, párrafo primero, de dicho ordenamiento, ya que el juzgador que ha sido señalado como autoridad responsable, independientemente de que ejerza jurisdicción en el lugar en que el acto reclamado podría ejecutarse, ya es parte en el juicio de garantías respectivo y no puede tener el doble carácter de parte procesal y Juez, pues se actualizaría el impedimento previsto en el artículo 66, fracción IV, de la Ley citada. En consecuencia, se concluye que en la hipótesis referida debe atenderse a la regla de excepción contenida en el artículo 42, primer párrafo, de la Ley de Amparo y señalar como competente al Juez de Distrito más inmediato." Ello, en virtud de que son inaplicables al caso, ya que se refieren a los supuestos en que esté demostrado que el acto reclamado fue emitido por el mismo juzgador que conoce del amparo, lo que no acontece en la especie, pues de la certificación de cuenta se desprende la inexistencia de los actos reclamados a este Juzgado de Distrito, aunado a que la parte quejosa no exhibió medio de prueba alguno de que los actos reclamados fueron emitidos por este Juzgado Federal. De igual forma, se estima que no resultan aplicables al caso en concreto, en virtud de que en éstos se analizaron supuestos en donde los actos reclamados eran actuaciones judiciales emitidas por jueces federales en su calidad de instructores de procesos penales federales, y donde no se tenía duda del origen del acto impugnado, de ahí que se concluyó en dichos criterios que resultaba aplicable la regla especial prevista en el artículo 38 de la Ley de Amparo. Aunado a que, el criterio sostenido por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis aislada 1a. LXXIX/2019 (10a.) parte de un análisis realizado a la Ley de Amparo vigente, mientras que la jurisprudencia 1a./J. 88/2006 estudio la Ley de Amparo abrogada, de ahí que su actualice una razón más para no ser exactamente aplicable al presente caso. Similar criterio sostuvo el Tercer Tribunal Colegido del Vigésimo Noveno Circuito al resolver el relativo al conflicto competencial número..., a través del cual determinó competente a este órgano jurisdiccional para conocer de la demanda de amparo de mérito, a pesar de haber sido señalado con el carácter de autoridad responsable. V. Decisión sobre la acción de amparo. Ahora bien, conforme al artículo 113 de la Ley de Amparo, y de lectura integral del libelo constitucional, se advierte que procede desecharlo de plano. En principio, cabe señalar que para desechar de plano una demanda de amparo, es requisito indispensable que desde su presentación, se demuestre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio protector de derechos fundamentales, entendiéndose por lo primero, lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara, por lo segundo, que se tenga la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Destacado lo anterior, este Juzgador estima que en el caso se evidencia un motivo de improcedencia que reúne las características exigibles para su desechamiento por ser manifiesto e indudable, pues se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la ley de la materia, en relación con los numerales 3, 5 y 6 del mismo ordenamiento, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 3. En el juicio de amparo las promociones deberán hacerse por escrito. Podrán ser orales las que se hagan en las audiencias, notificaciones y comparecencias autorizadas por la ley, dejándose constancia de lo esencial. Es optativo para el promovente presentar su escrito en forma impresa o electrónicamente. Las copias certificadas que se expidan para la substanciación del juicio de amparo no causarán contribución alguna. Los escritos en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la Firma Electrónica conforme la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. La Firma Electrónica es el medio de ingreso al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación y producirá los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa, como opción para enviar y recibir promociones, documentos, comunicaciones y notificaciones oficiales, así como consultar acuerdos, resoluciones y sentencias relacionadas con los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales. En cualquier caso, sea que las partes promuevan en forma impresa o electrónica, los órganos jurisdiccionales están obligados a que el expediente electrónico e impreso coincidan íntegramente para la consulta de las partes. El Consejo de la Judicatura Federal, mediante reglas y acuerdos generales, determinará la forma en que se deberá integrar, en su caso, el expediente impreso. Los titulares de los órganos jurisdiccionales serán los responsables de vigilar la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con los expedientes en el sistema, o en el caso de que éstas se presenten en forma electrónica, se procederá a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Los secretarios de acuerdos de los órganos jurisdiccionales darán fe de que tanto en el expediente electrónico como en el impreso, sea incorporada cada promoción, documento, auto y resolución, a fin de que coincidan en su totalidad. El Consejo de la Judicatura Federal, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitirá los acuerdos generales que considere necesarios a efecto de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la Firma Electrónica. No se requerirá Firma Electrónica cuando el amparo se promueva en los términos del artículo 15 de esta Ley." "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." "Artículo 6. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En efecto, de los numerales transcritos, se desprende, uno de los principios fundamentales para la procedencia del juicio de amparo consistente en que debe ser promovido a instancia de parte agraviada; esto es, la persona física o moral a quien le afecte el acto. Ahora bien, la demanda de amparo podrá presentarse en forma electrónica, mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación emitida por el Consejo de la Judicatura Federal. Firma electrónica que producirá los mismos efectos que la autógrafa y, por tanto, resulta indispensable para acreditar la existencia de la manifestación de la voluntad de la parte quejosa para instar la acción constitucional, porque a través de ella se exterioriza su propósito de promoverla; de tal manera que su ausencia, convierte la promoción en un documento anónimo o privado de autenticidad. Así, acorde con tales preceptos, la falta de firma se traduce en la falta de interés jurídico o legítimo de la parte quejosa para promover el juicio. Por su parte, los artículos 10, 11, 14, 16, 17, 45 y 46 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el doce de junio de dos mil veinte, señalan: "Sección Primera Del Sistema Electrónico del PJF Artículo 10. Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige. En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. Artículo 11. A través del Sistema Electrónico del PJF, el CJF implementará la tramitación electrónica del juicio de amparo y, en general, de todos los asuntos competencia del PJF, así como de las comunicaciones oficiales. Sección Segunda Del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación Artículo 14. El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General. El Portal de Servicios en Línea cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. Los módulos del Sistema Electrónico del PJF deberán alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos propiedad del CJF. Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FIREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013. (.) Artículo 16. Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema. Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo. El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra. Artículo 17. El registro en el Portal no es obligatorio tratándose de demandas de amparo en los que se señalen como reclamados actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo. En este caso, tampoco se exigirá que el archivo que contenga la demanda de amparo sea firmado electrónicamente. Sin embargo, para la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, será necesario que las personas usuarias se registren en el Portal. (.) Artículo 19. Una vez realizado el registro en el Portal, la persona usuaria podrá entrar al sistema a través de su "Nombre de Usuario y Contraseña", o bien, a través de su Firma Electrónica vigente. Sección segunda De la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales Artículo 45. Para la presentación de solicitudes, demandas y otros escritos iniciales de manera electrónica, con excepción de las señaladas en la sección previa, las personas usuarias ya registradas deberán ingresar al Portal, señalando el "Nombre de Usuario y Contraseña" que generaron al momento de registrarse conforme al artículo 16 del presente Acuerdo General, o bien, lo harán con su Firma Electrónica vigente. Hecho lo anterior, ingresarán al módulo para presentar demandas, solicitudes y escritos iniciales, y elegirán el apartado para presentar escritos de demanda, donde señalarán el nombre del quejoso, una cuenta de correo electrónico en caso de contar con ella, y seleccionarán la OCC de los órganos jurisdiccionales a los que se solicite el amparo o, en caso de que no exista, la Oficialía de Partes del órgano jurisdiccional. Posteriormente, deberán ingresar el archivo electrónico que contenga la demanda, utilizarán el formato predeterminado o llenarán el cuadro de texto en blanco que se encontrará a su disposición. Finalmente, agregarán a la solicitud o escrito de demanda su Firma Electrónica vigente, capturarán un código de seguridad y lo enviarán. Asimismo, podrán enviar los archivos electrónicos que contengan documentos anexos al escrito de demanda. Artículo 46. Una vez enviada la demanda, el sistema generará un acuse de recepción electrónica en el que se señalarán los datos de identificación del promovente, el archivo electrónico que contenga su demanda y los archivos anexos, la fecha y hora de envío y recepción, así como un folio electrónico. En los casos en que se proporcione una cuenta de correo electrónico al momento de enviar la demanda, el acuse de recepción electrónica se remitirá automáticamente al correo." Por tanto, es claro que de la interpretación efectuada a los artículos trascritos del mencionado Acuerdo, para la presentación de las demandas electrónicas en materia de amparo indirecto, se utilizará la firma electrónica o alguna correspondiente al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el Poder Judicial de la Federación haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados; la cual se verificará en la parte final del documento electrónico que se reciba, y debe mostrar el nombre del titular de la firma electrónica si el certificado fue reconocido por la Unidad respectiva, a través de las Unidades de Certificación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, el Consejo de la Judicatura Federal y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación; con la salvedad atinente a que si la demanda de amparo se promueve en los términos del artículo 15 de esta Ley, no será necesario agregar al escrito o solicitud, la Firma Electrónica vigente. Establecido lo anterior, en el presente asunto el escrito inicial de demanda no fue firmado electrónicamente a través del Portal del Consejo de la Judicatura Federal por...; situación que no puede considerarse como una "irregularidad", en los términos previstos por el artículo 114 de la Ley de Amparo; pues como se dijo, el diverso numeral 6 de la ley de la materia, dispone que el juicio de amparo únicamente puede promoverse por la parte a quien perjudique el acto o la norma general reclamada. Y, si bien la demanda excepcionalmente puede promoverse sin firma electrónica conforme al artículo 15 de la ley de la materia, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera del procedimiento judicial, deportación o destierro, o alguno de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Federal (mutilación, infamia, marcas, azotes, palos, tormento, multa excesiva, confiscación de bienes, y cualquier otra pena inusitada y trascendental); lo cierto es, que de la lectura integral del escrito inicial no se advierte que el promovente Alexis Osmar Flores Díaz, haya presentado el ocurso de cuenta por alguno de los supuestos mencionados, pues en el caso esencialmente reclama su traslado de la penitenciaría de la Ciudad de México a otro centro diverso dentro o fuera de la misma ciudad, así como su reubicación del actual dormitorio y ubicación a otra; actos cuya tramitación no es considerada urgente. Por tanto, si la demanda de amparo presentada vía electrónica no contiene la expresión de la voluntad del impetrante...-pues no obra firma electrónica en el ocurso de cuenta-, siendo que todo escrito presentado en el procedimiento debe ser firmado por su autor o autores, sobre todo el escrito de demanda electrónica que da origen al juicio de amparo indirecto, constituyendo esto un requisito esencial por ser la expresión de la voluntad de la parte accionante; es inconcuso que el libelo constitucional de cuenta debe desecharse por carecer de firma electrónica de la promovente de amparo. Lo anterior tiene apoyo en la jurisprudencia 8/2019 que por contradicción de tesis aprobó el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, registro 2019715, Libro 65, correspondiente al mes de Abril 2019, Tomo I, Materia Común, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida". Sin que tampoco obste que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, en su artículo 29, establezca entre otros, como requisito para actuar desde el Portal de Servicios en Línea, la utilización de una firma electrónica vigente, ya sea FIREL, e.firma (antes firma electrónica avanzada FIEL) u otra cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal. Ello, porque en el caso en particular dicho libelo no contiene la firma digital que corresponde a la FIREL, a la e.firma (FIEL) u otra del promovente de amparo Alexis Osmar Flores Díaz, cuyo certificado digital homologado sea validado por el Consejo de la Judicatura Federal; de ahí que tampoco en atención al Acuerdo General precitado, resulte procedente considerar que el escrito que se atiende cuenta con la firma electrónica de aquél. Tampoco se soslaya el criterio sostenido por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que establece lo siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA VÍA ELECTRÓNICA. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO, NO ACTUALIZA DE MANERA MANIFIESTA E INDUDABLE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO POR INCUMPLIMIENTO DEL PRINCIPIO DE INSTANCIA DE PARTE AGRAVIADA, QUE DÉ LUGAR A SU DESECHAMIENTO DE PLANO, ATENTO A LAS CIRCUNSTANCIAS EXTRAORDINARIAS DE PANDEMIA QUE PREVALECEN EN EL PAÍS GENERADAS POR EL VIRUS SARS-CoV2 (COVID-19) [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 8/2019 (10a.)]. Hechos: El Juez de Distrito recurrido desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, al estimar que en el escrito respectivo no obra la firma electrónica (FIREL) del quejoso, lo que constata que no expresó su voluntad para dar trámite a la demanda -principio de instancia de parte agraviada-, sin que sea el caso de prevenirlo en términos del artículo 114 de la Ley de Amparo, en tanto que no se trata de una irregularidad susceptible de subsanarse. Criterio jurídico: Atento a las circunstancias extraordinarias de pandemia que prevalecen en el país, generadas por el virus SARS-CoV2 (COVID-19), la falta de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) del quejoso en la demanda de amparo indirecto presentada vía electrónica, no actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio por incumplimiento del principio de instancia de parte agraviada, que dé lugar a su desechamiento de plano. Justificación: Lo anterior es así, porque un presupuesto del principio de instancia de parte agraviada, consiste en que la demanda de amparo presentada vía electrónica cuente con la firma electrónica (FIREL) de quien dice ser el afectado por el acto de autoridad, ya que ésta es el signo inequívoco de la voluntad y que la ausencia de algún signo que conduzca al juzgador a considerar que efectivamente es el afectado quien solicita la protección constitucional, es indicativo de incumplimiento del principio citado, ya que la falta de firma conduce, indefectiblemente, a que no pueda considerarse como agraviado a alguien que no suscribió la demanda. Sin embargo, dada la situación de salud que prevalece en el país, cuya circunstancia es incuestionable, que impide material y tecnológicamente que el común de las personas puedan colmar los requisitos que se exigen para la tramitación y obtención de la mencionada firma, para la promoción de la demanda de amparo indirecto debe prescindirse de la firma electrónica (FIREL) del quejoso. Así, estimar que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5o., fracción I y 6o., de la Ley de Amparo, así como 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se refiere a la falta de firma electrónica (FIREL), como mecanismo de manifestación de la voluntad y reflejo del principio constitucional de instancia de parte agraviada, es manifiesta e indudable, impediría a la parte quejosa el acceso a la tutela jurisdiccional. Por tanto, en los juicios de amparo promovidos durante la situación extraordinaria de contingencia epidemiológica actual, los operadores judiciales deben actuar con la mayor flexibilidad y amplitud en la protección de los derechos humanos, es decir, "favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia", como ordena el párrafo segundo del artículo 1o. constitucional, a efecto de proteger los derechos humanos del quejoso. No se soslaya la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO."; sin embargo, este criterio jurisprudencial del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se debe analizar en consideración de las circunstancias particulares del caso." Sin embargo, conforme al artículo 217, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, la citada jurisprudencia no resulta obligatoria para este órgano jurisdiccional, contrario a lo que sucede con las sustentadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Consecuentemente, al no cumplirse en el caso particular con el principio de instancia de parte agraviada, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda, por su manifiesta e indudable improcedencia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.13o.A. J/6, con número de registro: 180663, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página mil seiscientos treinta y uno, del tomo XX, de septiembre de dos mil cuatro, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO MANIFIESTO DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Similar criterio sostuvo Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con residencia en la Ciudad de México, al resolver el recurso de queja... , interpuesto por... como representante común de..., en cuya ejecutoria de doce de mayo de dos mil veintidós, consideró lo siguiente: ".Sin embargo, este tribunal, de oficio, advierte que se actualiza la diversa causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con los artículos 3º y 6º, todos de la Ley de Amparo, porque de la lectura integral de la demanda que ahora nos ocupa y de la certificación del secretario del juzgado, se advierte que se presentó electrónicamente sin firma (evidencia criptográfica o digital). Por lo cual, como lo ha reiterado este órgano colegiado no es posible dar trámite a un juicio de amparo ante la ausencia total de la voluntad de los promoventes. En primer lugar, no es posible dar trámite a una demanda de amparo ante la ausencia total de firma porque, como se aprecia, el legislador determinó como regla general y en atención al principio de instancia de parte agraviada, establecido en la fracción primera del artículo 107 constitucional, que la persona legitimada para promover el juicio de amparo deberá presentarla con firma ya sea física o electrónica. Esto debido a que la firma, además de ser un requisito formal de la demanda, es un signo inequívoco de la voluntad del gobernado de promover el juicio. Así, la firma garantiza que la persona que insta un juicio contra una autoridad reconoce los alcances de su decisión, se somete a las reglas del procedimiento mismo y asume la responsabilidad de cumplir con lo decidido por el juez constitucional. Su ausencia total -sea física o electrónica- implica que ante la juez de amparo no hay consentimiento de los promoventes y, por ende, se trata de un simple papel. Excepcionalmente, en términos del artículo 15 de la ley podrá prescindirse de ella si los sujetos afectados están imposibilitados para hacerlo personalmente, pues sólo en ese caso puede acudir al juicio de amparo a través o representado por otra persona y, a su vez, si se promueve por medios electrónicos puede hacerse sin la firma electrónica correspondiente. Sin embargo, los recurrentes no están en esa excepción porque los actos que se reclaman no son de los que contempla el artículo 15 de la Ley de Amparo ni el 22 constitucional, ni se advierte que estén relacionados con los derechos fundamentales que ahí se tutelan debido a que los recurrentes simultáneamente comparecen y firman en otros juicios de amparo por los mismos actos, lo cual evidencia que no estaban imposibilitados para firmar la demanda. De manera que, si esas son las únicas hipótesis en las que los promoventes podían promover la demanda sin firma electrónica y no se encuentran en ninguna de ellas, entonces es evidente que no se cumplió con el principio de parte agraviada que rige el juicio de amparo. Máxime que ante el exceso de promoción de juicios de amparo de los recurrentes, el requisito de la firma es un límite válido para, al menos, verificar su intención de promover el juicio y asumir las consecuencias de ello; lo cual, también los protege de que alguien más lo haga en su nombre, pero sin firma, y derivarles de ello algún perjuicio. En segundo lugar, en este caso no opera la ratificación de la demanda porque ese es un mecanismo procesal para perfeccionar la acción de amparo que no se activa de forma autónoma y automática ante la falta de firma, sino que depende de que los agraviados estén en los supuestos de imposibilidad que prevé el artículo 15 antes descrito. Por ello, es correcto que si el juez de Distrito no advirtió que los actos que se reclaman, en nombre de los ahora recurrentes, actualicen la excepción de firma, entonces no le haya dado ese tratamiento en el auto inicial." VI. Intervención a las partes del juicio de amparo. 1. Parte quejosa: ... a. Ahora bien, toda vez que de su escrito inicial de demanda se advierte que la parte quejosa no señaló domicilio para oír y recibir notificaciones, en tal virtud, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), téngase como domicilio para tal efecto las listas que se fijen en los estrados de este Juzgado Federal. b. Uso de medios electrónicos. Hágase del conocimiento del promovente que no requiere de autorización por parte de este tribunal para hacer uso de los mismos en la consulta del expediente físico. VII. Habilitación de días y horas. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 282 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se faculta a los actuarios de la adscripción para que, de ser necesario, se constituyan en días y horas inhábiles a efecto de realizar las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo. Asimismo, se requiere a dichos fedatarios para que, al elaborar las síntesis de los acuerdos que deban publicarse en listas, especifiquen en la forma más completa en contenido de las resoluciones emitidas, además de integrar debidamente al expediente físico las razones de las diligencias que practiquen. VIII. Se hace extensivo a las partes el contenido del artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19. Se hace saber a las partes que de conformidad con el artículo 12 del ACUERDO GENERAL 21/2020 DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA REANUDACIÓN DE PLAZOS Y AL REGRESO ESCALONADO EN LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES ANTE LA CONTINGENCIA POR EL VIRUS COVID-19, en este edificio sede se encuentra habilitada la Oficialía de Partes Común ("OPC"), para la recepción de promociones presentadas físicamente, la cual conforme al artículo 12, fracción I, del ACUERDO GENERAL 7/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma, adiciona y deroga el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-9, en relación con el periodo de vigencia y las facultades de la Comisión Especial, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de abril de dos mil veintidós, operará de lunes a viernes de 8:00 a.m. a las 03:00 p.m., con excepción de los días inhábiles. En la inteligencia que dicha Oficialía -por lo que hace a este Juzgado de Distrito- prestará servicios de las 8:00 a las 15:00, exclusivamente, ello en atención a que de conformidad con el ANEXO 1, relativo a la Asignación de turno y horario escalonado para el trabajo presencial en los órganos jurisdiccionales, de conformidad con el artículo 15 del citado ACUERDO GENERAL 7/2022, este juzgado cubrirá un horario matutino, con hora de entrada 8:30 y hora de salida será a las 15:30. Así, con base en el numeral citado, la persona actuante y encargada de la recepción de las promociones que, conforme a la normatividad aplicable deban presentarse ante la oficialía de partes de cada órgano jurisdiccional, hasta en tanto se concluya el turno de la Oficialía de Partes Común ("OPC"), procederá a entregar la totalidad de las promociones correspondientes a una persona que acuda por cada uno de los órganos jurisdiccionales atendidos por la misma. Esto es, no obstante la hora en que se realice la entrega física de las promociones presentadas por cualquiera de las partes ante dicha Oficialía, será hasta después de las 14:00 horas de ese día cuando serán remitidas a este Juzgado de Distrito, motivo por el cual las mismas no podrán ser observadas físicamente en el día de su presentación, menos aún podrán ser atendidas en las horas programadas en las audiencias señaladas. Lo que se insiste, se hace del conocimiento de las partes a fin de que presenten con la debida oportunidad -y tomando en consideración lo ya expuesto-, toda clase de promociones (informes, alegatos o pruebas); esto es, el día anterior al señalado para la celebración de la audiencia respectiva. IX. Exhortación a que hace alusión el artículo 22 del citado ACUERDO GENERAL 21/2020, a fin de mejorar la comunicación con las partes. De conformidad con el numeral señalado en párrafo que antecede, se exhorta a las partes a que: Continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea". Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. X. Expedición de copias. Desde este momento se autoriza la expedición de copias que se soliciten durante el trámite en el presente juicio, con independencia de que en solicitudes ulteriores se autorice a otras personas para recibirlas, distintas de las autorizadas para tales efectos en la demanda de amparo o en los informes justificados; lo anterior, con fundamento en el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en vista de lo prevenido por el numeral 2º de la Ley de Amparo. En ese sentido, se hace del conocimiento de las partes que de conformidad con la fracción II, del artículo 6, del Acuerdo General 21/20 antes citado, éstas o sus representantes y personas autorizadas, según las reglas de las leyes aplicables, podrán genera citas, a través del sistema "Agenda OJ", para consultar expedientes, realizar el trámite correspondiente a la obtención de copias, así como desahogar requerimientos o comparecencia que le hayan sido exigidas por el órgano jurisdiccional. Esquema de trabajo que continuará en vigor hasta en tanto se emitan disposiciones generales en contrario o que modifiquen el modelo de atención presencial basado en citas contemplado en el precitado Acuerdo General. XI. Transparencia. Hágase del conocimiento de las partes que de conformidad a los artículos 26, 27 y 28 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, que este juzgado, como responsable de los datos personales de las partes en el presente juicio de amparo, los mismos serán utilizados para su tramitación y registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes con fines estadísticos; asimismo, en términos de los diversos 43 a 48 de la ley general en cita, quedan a salvo los derechos de las partes de acceso, ratificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los que podrán ejercitar directamente ante este tribunal, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, o ante la Unidad de transparencia de éste, auxiliar de su Comisión de Transparencia. En todo caso, hágase del conocimiento de las partes que este tribunal presume su oposición a la publicación de sus datos personales y únicamente en caso de solicitud expresa, se obrará en contrario. Finalmente, acorde a lo dispuesto por el artículo 68 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, los sujetos obligados en el ámbito federal deberán cumplir con las obligaciones de transparencia y poner a disposición del público y mantener actualizada, en los respectivos medios electrónicos, la información señalada en el Título Quinto, entre ellas, las sentencias ejecutorias de interés público, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a las partes que pueden manifestar si están de acuerdo con que, en las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia que la falta de oposición expresa, implicará que en la versión pública correspondiente se suprimirán los datos sensibles que puedan contener de conformidad con el artículo 118 del ordenamiento en cita, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa por medio de lista que se fije en los estrados.

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