Alexis Orozco Téllez o Alexis Alberto Orozco Téllez
Expediente 320/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 5 actuaciones registradas, la última del 20 de julio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 320/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 20/07/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Alexis Orozco Téllez o Alexis Alberto Orozco Téllez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Vista la certificación de cuenta, así como el estado que guardan los autos, se advierte que transcurrió el término de diez días que concede el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que las partes recurrieran el auto de veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, mediante el que se sobreseyó fuera de audiencia sin que se hayan inconformado; en consecuencia, se declara que dicha determinación ha causado estado; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno respectivo. ARCHÍVESE este juicio como asunto totalmente concluido. Notifíquese
- Principal
Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de veinticuatro de junio del año en curso, que en lo conducente dice: "Agréguese a los autos el oficio signado por la autoridad responsable, con el cual rinde su INFORME JUSTIFICADO y remite copia certificada de la causa penal 28/2014, las que adquieren valor probatorio pleno en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, motivo por el cual, se tienen plenamente probados1 . Por otro lado, visto el estado que guarda el sumario en que se actúa, se advierte que los actos reclamados por el quejoso *****, consisten en los autos de siete y nueve, ambos de abril de dos mil veintiuno, a través de los cuales se ordenó que el quejoso fuera devuelto del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II a fin de que continuara compurgando la pena impuesta en la causa penal 28/2014 y, se negó al quejoso su traslado al Reclusorio Varonil Oriente, que atribuyó al Juez Vigésimo Sexto Penal de esta entidad. Ahora, con las constancias de cuenta, el que aquí provee, advierte que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia que torna ocioso la continuación del presente juicio de derechos fundamentales, lo cual, comulga con el principio de impartición de justicia pronta, contenido en el artículo 17 de la Máxima Legislación de la Nación2. 1 Sirve de fundamento a lo anterior, la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación número 278, visible en la página 231, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, de 1917 a 2000, de rubro: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO." 2 Sirve de apoyo a lo anterior el criterio sustentado por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 10/2003, al resolver la contradicción de tesis 26/2002-PL sustentadas entre el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Tercer Circuito, en sesión privada de 14 de febrero de 2003, que dice: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA. Cierto, respecto del acto consistente en el auto de siete de abril del año en curso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 14 y 17 constitucional, al existir cosa juzgada refleja en el acto combatido, al tener su génesis en la resolución que motivo el amparo 478/2020 del índice de este juzgado. Cierto, del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE) se obtiene que el aquí quejoso promovió el juicio de amparo 478/2020 del índice de este juzgado que se tiene como hecho notorio3, al guardar relación con el presente asunto, el cual fue promovido por el ahora quejoso contra la sentencia de trece de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca U 44/2020, del índice de la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Asunto en el que mediante sentencia de veintidós de octubre de dos mil veinte, se resolvió que la autoridad responsable cumplió con la regularidad constitucional toda vez que fundó y motivó adecuadamente el acto reclamado, pues ajustó su actuación a disposiciones normativas de carácter general, como lo son la Ley Nacional de Ejecución Penal, Ley CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto a los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la Ley de la materia, tan es así que el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la ampliación de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fije las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." 3 Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia número VI.1o.P. J/25, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en la página 1199, Tomó XV, Marzo 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con el rubro: "HECHO NOTORIO. LO CONSTITUYEN LAS EJECUTORIAS EMITIDAS POR LOS TRIBUNALES DE CIRCUITO O LOS JUECES DE DISTRITO. Por hechos notorios para un tribunal, deben entenderse aquellos que conozcan por razón de su actividad jurisdiccional. En ese sentido, de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, los Magistrados de Tribunal de Circuito y los Jueces de Distrito pueden válidamente invocar de oficio, como un hecho notorio, las ejecutorias que se hayan emitido anteriormente, a fin de poder resolver un asunto en específico, sin que se haya ofrecido ni alegado por las partes, ya que esa es una facultad que la propia ley les confiere y que desde luego es de su conocimiento. Orgánica del Poder Judicial de la Ciudad de México, así como en los acuerdos del Consejo de la Judicatura de la Ciudad de México 59-28/2011, 62-48/2011, V 103/2017, 52-27/2017, 11-10/2017, 37-27/2018 y 06-36/2019, y precisó las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que tomó en consideración, para confirmar la determinación emitida por la Juez Interina Vigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, dentro de la causa penal 28/2014, por la cual revocó el traslado del aquí quejoso del Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II al Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, ambos en esta ciudad. Aseveraciones que este órgano de control constitucional indicó se encuentran ajustadas al texto legal, sin contravención a disposición constitucional alguna, pues la calificación de legal o no del traslado de un sentenciado de un centro penitenciario a otro, no obedece a rigorismos técnicos, sino a disposición de la Ley Nacional de Ejecución Penal, en las cuales se prevé que la ejecución de la pena, en su vertiente de traslado del sentenciado, debe ser sujeto a judicialización a cargo de la figura de los jueces de Ejecución, como se establece en los artículos 49 a 53 de esa norma, y no así a consideración de la autoridad penitenciaria, independientemente de la voluntad del condenado de ser trasladado. Así, se resolvió que resultaba evidente que la responsable expuso con claridad los fundamentos legales, argumentos y razones a partir de los cuales construyó las consideraciones torales en que sustenta el sentido de la determinación reclamada. De igual forma, resolvió sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresó consideraciones contrarias entre sí, para concluir en confirmar la determinación recurrida por la defensora de oficio del quejoso. Determinación que fue confirmada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, dentro del R.P. 138/2020-II. Por tal motivo, el siete de abril del año en curso, el Juez Vigésimo Sexto Penal de la Ciudad de México, dentro de la causa penal 28/2014 ordenó que el sentenciado fuera devuelto del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente al Centro Varonil de Seguridad Penitenciaria II. Es por ello, que existe la imposibilidad jurídica de realizar un nuevo estudio de actos que por virtud de diversa ejecutoria de amparo alcanzaron el rango de cosa juzgada refleja, lo cual implica que no puede ejercerse la acción constitucional en un ulterior procedimiento respecto de la misma actuación. En este sentido, por virtud de la cosa juzgada, se impide que una controversia ya dirimida pueda nuevamente ser examinada en diverso juicio, es decir, significa la inmutabilidad de la resolución judicial, lo cual implica que sobre el tema resuelto no podrá volver a plantearse controversia alguna, sea porque ya se juzgó en forma firme sobre el fondo del asunto, o bien, porque la improcedencia de la acción traiga como consecuencia la inejercitabilidad de una nueva sobre la misma controversia. En efecto, en el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica, la figura que también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar el derecho humano de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquel se encuentra no sólo la prerrogativa a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia y, los elementos admitidos en la doctrina como en la jurisprudencia para la determinación sobre su eficacia son los sujetos que intervienen en el proceso, la cosa u objeto sobre el que recaen las pretensiones de las partes de la controversia y la causa invocada para sustentar dichas pretensiones. Así, la cosa juzgada puede surtir efectos de dos maneras distintas: 1. La eficacia directa, opera cuando los sujetos, objeto y causa resultan idénticos en las dos controversias de que se trate y, 2. La eficacia refleja, con la cual se robustece la seguridad jurídica al proporcionar mayor fuerza y credibilidad a las resoluciones judiciales, impidiendo que criterios diferentes o hasta contradictorios sobre un mismo hecho o cuestión, puedan servir de sustento para emitir sentencias distintas en asuntos estrechamente unidos en lo sustancial o dependientes de la misma causa, esto es, se trata de evitar fallos contradictorios en temas que, sin constituir el objeto de la contienda, son determinantes para resolver litigios. Además, debe precisarse que en la segunda de las modalidades sólo se requiere que las partes del segundo proceso hayan quedado vinculadas con las sentencia ejecutoriada del primero; que en ésta se haya hecho un pronunciamiento o tomado un decisión precisa, clara e indudable, sobre algún hecho o situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico necesario para sustentar jurídicamente la decisión de fondo del objeto de la litis, de manera tal, que sólo en caso de que se asumiera un criterio distinto respecto de ese hecho o presupuesto relevante, pudiera variar el sentido en que se decidió la contienda y, que en un segundo proceso que se encuentre en estrecha relación o sea interdependiente con el primero, se requiera nuevo pronunciamiento sobre el hecho o presupuesto lógico como elemento igualmente determinante para el sentido del fallo. De ahí que, en el caso, resulte inconcuso analizar la constitucionalidad del acto reclamado, pues la resolución que le dio origen (sentencia de trece de febrero de dos mil veinte, dictada en el toca U 44/2020, del índice de la Primera Sala Especializada en Ejecución de Sanciones Penales del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México), ya fue analizada en el juicio de amparo 478/2020 del índice de este juzgado, en el que se negó el amparo y protección de la justicia federal, sentencia que fue confirmada por el Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, al resolver el recurso de revisión R.P 138/2020. Incluso, el promovente del amparo pretendió instar nuevamente el presente asunto contra la citada resolución; sin embargo, el catorce de mayo del año en curso, se desechó la demanda de amparo, por dicho acto reclamado precisamente ante la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XV del artículo 61 de la Ley de Amparo, causando estado dicho auto el uno de los actuales, al no haberse inconformado. Considerar lo contrario, haría interminables los juicios, contraviniendo la sistemática legal de la procedencia del juicio constitucional. Pues el juicio de amparo sostiene su teleología en que se eviten injusticias, no así, que se evada la justicia. Máxime que, la eficacia de la cosa juzgada de un primer juico se extiende a uno posterior instaurado por las propias partes, aun sobre aquellos aspectos que sustentan el nuevo juicio que no hayan sido materia de pronunciamiento expreso o no se hayan hecho valer en el primero, pues basta que en éste se haya tomado una decisión precisa, clara e indubitable, sobre algún hecho o situación determinada, que constituya un elemento o presupuesto lógico, necesario e influya en la decisión de fondo del objeto del segundo de los juicios. Más aún porque, la eficacia material de la cosa juzgada, con relación al objeto de dos juicios debe entenderse referida a lo reconocido o negado en la sentencia ejecutoriada. Por otro lado, entorno al auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, en el presente asunto también se actualiza la causal de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XXI de la ley de la materia, la cual es de estudio oficioso y preferente al fondo del asunto, lo aleguen o no las partes, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Dicho precepto legal establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado" Cierto, dicha causal se actualiza en dos supuestos, por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Se dice que, se actualiza la segunda respecto del auto de nueve de abril de dos mil veintiuno, al haber sido sustituido por el diverso de veintiuno de ese mes y año, a través de la cual, ante una nueva solicitud del promovente del amparo de su traslado, se le indicó que no había lugar a acordar favorablemente su petición de compurgar su sentencia en el Reclusorio Varonil Oriente, lo que incide y sustituye procesalmente en los efectos generados por la que originó el presente juicio de amparo y consecuentemente lo torna improcedente4, cobrando vigencia éste último. Sin que en el caso, sea procedente dar vista al quejoso para ampliar sobre dicha determinación de veintiuno de abril del año en curso, ya que respecto de ésta, se actualiza de modo manifiesto e indudable la diversa causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX de la Ley de Amparo, que prevé: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en 4 Es aplicable, en lo conducente, el criterio que sustenta el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, visible en la página 2546, Libro 38, Enero de 2017, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro: 2013461, de rubro y texto: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO POR CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. SE ACTUALIZA ESTA CAUSAL CUANDO LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA SUSTITUYE PROCESALMENTE A LA DICTADA EN PRIMERA. El artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, prevé la improcedencia del juicio por cesación de efectos. Esta causal se actualiza en dos supuestos; por revocación, cuando la propia autoridad destruye en forma total, incondicional y material los efectos del acto; y, por sustitución procesal, cuando los efectos del acto cesan, con motivo de que sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, cuya firmeza se da por el posterior acto. Por tal motivo, debe sobreseerse en el juicio de amparo, por actualizarse la segunda de las hipótesis de improcedencia por cesación de efectos, respecto de la resolución dictada por una autoridad de primera instancia, cuando ésta se combate a través de algún medio de impugnación, cuyo sistema recursivo permita pronunciarse sobre el tema a debate, con base en la misma legislación en que se sustentó el fallo cuestionado. Esto es así, porque la resolución de segunda instancia incide y sustituye procesalmente los efectos generados por la dictada en primera instancia." Por sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley. No existe obligación de agotar tales recursos o medios de defensa, si el acto reclamado carece de fundamentación, cuando sólo se aleguen violaciones directas a la Constitución o cuando el recurso o medio de defensa se encuentre previsto en un reglamento sin que la ley aplicable contemple su existencia. Si en el informe justificado la autoridad responsable señala la fundamentación y motivación del acto reclamado, operará la excepción al principio de definitividad contenida en el párrafo anterior; (.)" Lo anterior es así, porque previo a acudir a esta instancia constitucional, se debe interponer el medio ordinario de defensa contemplado en la Ley Nacional de Ejecución Penal. Se explica: Dicha Ley contempla los siguientes tipos de traslados: a) voluntarios; b) involuntarios; y, c) urgentes. Los primeros, se actualizan cuando existe el interés de la persona recluida -con la asistencia de un defensor- de ser trasladado a un centro de reclusión diverso, siempre que exista un acuerdo entre la entidad de origen y la entidad de destino, o en su caso, entre la entidad correspondiente y la Federación; en ese sentido, la petición la resolverá la autoridad jurisdiccional, quien verificara que se cumplan con los requisitos legales y constitucionales para su autorización. Los traslados involuntarios, son instaurados previamente por la autoridad penitenciaria ante un juez de ejecución o de control, según sea el caso, con el fin de que en audiencia pública se decida sobre su legalidad. En contra de la determinación jurisdiccional que se emita, procede el recurso de apelación. Finalmente, el traslado urgente o excepcional, se emite por medio de resolución administrativa, cuando se trate de los casos específicamente señalados en la ley, sin autorización judicial previa. En el caso, a través del auto de veintiuno de abril de dos mil veintiuno, a través del cual se negó al quejoso compurgar su sentencia en el Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, determinación contra la que procede el recurso de apelación previsto en los artículos 131 y 132, fracción VII de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el cual, constituye un medio de defensa ordinario eficaz para combatir el traslado y que prevé la suspensión del acto combatido, cuya resolución, en su caso, derivaría en la confirmación, modificación o revocación de la referida orden de traslado. En efecto, la Ley Nacional de Ejecución Penal, en el artículo 132, fracción VII, prevé que el recurso de apelación es procedente contra los traslados (sin hacer distinción alguna), de manera que en caso de estar inconforme con el sentido de la resolución con la que culmina el procedimiento, el gobernado cuenta con un medio de impugnación ordinario, con el objeto de que un tribunal de alzada revise la legalidad de dicha resolución, a fin de que pueda ser confirmada, modificada o revocada. Proveído que no se encuentra en alguna de las causas de excepción al principio de definitividad, toda vez que con tal acto no se pone en peligro la vida del peticionario de amparo; tampoco se trata de ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, toda vez que para que se actualice la circunstancia "ataques", se exige que esa afectación se lleve a cabo fuera de procedimiento; es decir, se refiere a los supuestos en que puede afectarse la libertad sin una justificante jurídica; lo que en la especie no ocurre; tampoco se trata de incomunicación, deportación o expulsión, ni alguno de los actos prohibidos por el artículo 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; de igual forma el acto reclamado no afecta la libertad del quejoso, tomando en cuenta que ese aspecto (libertad) se encuentra afectada con motivo de la sentencia emitida en un proceso. De lo anterior se advierte que, la parte quejosa tiene la obligación de agotar el recurso ordinario que contempla la Ley Nacional de Ejecución, previo a acudir al juicio de amparo, al ser susceptibles de impugnarse a través del medio de defensa previsto en la Ley en comento. A más de lo anterior, de dicha resolución, el promovente del amparo y la defensora de oficio quedaron notificados desde el veintidós de abril de los corrientes, como se advierte de las certificaciones de esa data, que obran en la copia certificada de la causa penal 28/2014, sin que al efecto la hubiera señalado en el ocurso de demanda que presentó el veintiocho siguiente, ni en el escrito de desahogo de doce de mayo de la presente anualidad. Consecuentemente, con fundamento en el artículo 63, fracción V, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, XXI y XX, ambos de la Ley de Amparo, lo procedente es decretar el sobreseimiento en este juicio de derechos fundamentales. No es obstáculo para concluir de la manera anotada, la circunstancia de que no se haya dado vista a las partes con el informe de cuenta, ya que no cambiaría el sentido de esta determinación la manifestación que en su caso hiciera el impetrante, y en cambio, sí retrasaría la impartición de la justicia pronta y expedita en contravención con lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que promulga dichos principios. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, el criterio jurisprudencial 104, emitido por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible a foja 622, tomo V, junio de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "INFORME JUSTIFICADO. EFECTOS DE LA OMISIÓN DE DAR VISTA A LAS PARTES." En mérito de lo anterior, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada en autos. Finalmente, toda vez que las partes no se opusieron expresamente a la publicación de sus datos personales, no obstante que se les hizo saber sobre la existencia de dicha posibilidad; puede hacerse pública la presente determinación omitiendo los datos sensibles. Notifíquese y personalmente a las partes." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
Se notifica por medio de lista de acuerdos a la parte quejosa el proveído de dieciocho de junio del año en curso, que en lo conducente dice: "Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la autoridad responsable, en proveído de veintiséis mayo del año en curso, para que rinda su informe justificado respecto de la ampliación de demanda; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose en su lugar las TRECE HORAS DEL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas sus manifestaciones a guisa de alegatos, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo se admiten como pruebas de su parte las que indica. Notifíquese y personalmente a las partes." toda vez que me constituí en el domicilio señalado en autos y al no haberse encontrado, de conformidad con el Artículo 27 Fracción I inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, le notifico por Lista de Acuerdos dicho proveído. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que se encuentra transcurriendo el término de quince días concedido a la autoridad responsable, en proveído de veintiséis mayo del año en curso, para que rinda su informe justificado respecto de la ampliación de demanda; por tanto, se difiere la audiencia constitucional señalada para este día, fijándose en su lugar las TRECE HORAS DEL DIECISÉIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otro lado, agréguese a los autos el escrito presentado por la parte quejosa; en atención a su contenido, con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, téngase por hechas sus manifestaciones a guisa de alegatos, las que serán tomadas en consideración al momento de resolver. En términos del artículo 119 de la Ley de Amparo se admiten como pruebas de su parte las que indica. Notifíquese y personalmente a las partes.
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