Alexis Michel Hernández
Expediente 58/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero. 36 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 58/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 36
- Última actuación
- 20/06/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero · Guerrero
Partes del expediente
- Alexis Michel Hernández
- Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero
Actuaciones
Las 4 más recientes de 36.
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; veinte de junio de dos mil veintidós. Visto; la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ya feneció el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia de diez de mayo de dos mil veintidós; en consecuencia, con fundamento en los preceptos 355, 356, fracción II y 357, primer párrafo, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que dicha SENTENCIA QUE SOBRESEE Y NO AMPARA NI PROTEGE A ***, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes; por tanto, hágase las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Sin que sea óbice a la anterior determinación, el hecho de que aún no obren en autos los acuses de recibo de los oficios dirigidos a las autoridades foráneas que se giraron a fin de notificarles la sentencia emitida en el sumario en que se actúa, pues dada la conclusión alcanzada, es a la parte quejosa a quien puede afectar el sentido de la determinación tomada y, por ende, la única legitimada para recurrirlo, no así las aludidas responsables, conforme a lo dispuesto en el artículo 87 de la Ley de Amparo. Es aplicable por analogía jurídica la tesis sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, con el rubro siguiente: "REVISIÓN EN AMPARO INDIRECTO. EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA CARECE DE LEGITIMACIÓN PARA INTERPONER DICHO RECURSO POR CONDUCTO DE SU DELEGADO, CONTRA LA SENTENCIA QUE SOBRESEE EN EL JUICIO RESPECTO DE LA LEY CUYA CONSTITUCIONALIDAD DEFIENDE." Por otro lado, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, remítase el expediente al archivo de este órgano constitucional para su resguardo y, en el momento oportuno, conforme al procedimiento correspondiente, procédase a su transferencia al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
- Principal
ACAPULCO DE JUÁREZ, GUERRERO; A DIEZ DE MAYO DE DOS MIL VEINTIDÓS. VISTO; los autos para pronunciar sentencia en el juicio de amparo 58/2021, promovido por ***, contra de actos del Congreso del Estado de Guerrero, y de otras autoridades; y R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito depositado el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, en el buzón judicial de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, con sede en esta ciudad, validado por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Guerrero, en esta demarcación, y turnado a este Juzgado Cuarto de Distrito el veintinueve de enero siguiente, Alexis Michel Hernández, por derecho propio, solicitó el amparo y protección de la justicia federal, en contra de las autoridades y por los actos que a continuación se transcriben: "[.] III.- AUTORIDADES RESPONSABLES. 1. H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 2. C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero; 3. C. Secretario de Finanzas y Administración de! Gobierno del Estado de Guerrero; 4. C. Presidente Constitucional del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero; 5. C. Secretario de Administración y Finanzas del H. Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero; 6. C. Director de Catastro e Impuesto Predial del H. Ayuntamiento Constitucional Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero. Para los efectos del artículo 108, fracción III, de la Ley de Amparo se puntualiza que al no impugnarse por vicios propios el refrendo ni la publicación de los Decretos promulgatorios de las disposiciones reclamadas, no es voluntad de la Quejosa designar con el carácter de autoridades responsables al C. Secretario General de Gobierno del Estado de Guerrero quien refrendara la Ley reclamada, como tampoco al C. Director General del Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, con sede en Chilpancingo de los Bravo, Guerrero, a cargo de quien corriera la publicación de la misma Ley aquí reclamada. En otro aspecto, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 305, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicable supletoriamente a la Ley de Amparo, no se precisa señalar el domicilio de los funcionarios públicos y autoridades señaladas como responsables de los actos que por esta vía se reclaman, toda vez que se les debe notificar en su residencia oficial. IV. ACTOS RECLAMADOS. a) Del H. Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la discusión, aprobación y expedición de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, específicamente en sus artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y Sexto GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 2 Transitorio, así como de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 y el Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, precisamente su artículo único; b) Del C. Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Guerrero, se reclama la aprobación, sanción, promulgación, orden de publicación y ejecución de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, específicamente en sus artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y Sexto Transitorio, así como de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente los articulas 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 y el Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, precisamente su artículo único; c) Del C. Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, la omisión de refrendar la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, específicamente en sus artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y Sexto Transitorio, así como de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30, 31, 32, 33 y 34 y el Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, precisamente su artículo único; d) Del C. Presidente Constitucional, C. Secretaria de Administración y Finanzas y del C. Director de Catastro e Impuesto Predial, todos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, se reclama la aplicación y ejecución de las disposiciones que se contienen en la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal 2021, específicamente en sus artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y Sexto Transitorio, así como de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34 y el Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al H. Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, precisamente su artículo único, por los que se pagó el impuesto predial para este ejercicio fiscal 2021; y, e) Del C. Presidente Constitucional, C. Secretaria de Administración y Finanzas y del C. Director de Catastro e Impuesto Predial, todos del H. Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero; se reclama la modificación del valor catastral y la base gravable del inmueble propiedad de la Quejosa sin respetar la garantía de audiencia, ni dar a conocer a ésta los fundamentos y motivos de tal modificación." SEGUNDO. Derechos humanos vulnerados y narración de antecedentes. La parte quejosa invocó como derechos transgredidos los contenidos en los artículos 14, 16 y 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y transcribió los antecedentes de los actos reclamados que estimó conducentes. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 3 ??????? ?? TERCERO. Tramitación del juicio. Mediante proveído de dos de febrero de dos mil veintiuno, fue radicada la demanda de amparo bajo el número de expediente 58/2021; y este órgano jurisdiccional la admitió a trámite; solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; ordenó dar a la Fiscal Federal adscrita la intervención que legalmente le compete; y fijó día y hora para la celebración de la audiencia constitucional; por acuerdo de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, se hizo del conocimiento de las partes el cambio de adscripción del Juez Juan Manuel Acevedo Mejía, y como nueva titular de este órgano jurisdiccional la suscrita Jueza Laura Elizabeth Miranda Torres, sin que a la fecha en que se resuelve hayan planteado alguna causa de recusación en términos de lo dispuesto en los artículos 51 y 52 de la Ley de Amparo, que impida el dictado de la sentencia correspondiente; así, una vez integrados los autos, tuvo verificativo la audiencia de ley, con el resultado asentado en el acta que antecede; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; 35, 37 y 107, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 36/2016, que reformó al diverso 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de junio de dos mil dieciséis. Lo anterior, en virtud de que se reclaman normas de carácter general emitidas por el Congreso local cuyo primer acto de aplicación tuvo verificativo dentro del límite territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 4 SEGUNDO. Jurisprudencia aplicable. En el presente asunto se aplicará aquélla integrada con anterioridad, en lo que no se oponga a la Ley de Amparo vigente, en términos de lo señalado en su artículo 6º transitorio1. TERCERO. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, antes de analizar la certeza de los actos reclamados, es necesario fijarlos claramente, para lo cual debe estudiarse íntegramente la demanda y sus anexos, incluso la totalidad de las constancias existentes en el expediente, con la finalidad de precisar lo que la parte quejosa quiso decir y no únicamente lo que en apariencia señaló como tal, acorde con la tesis número P.VI/2004, con el rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SUFIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO."2; de ahí que, de conformidad con el análisis contextual señalado, se obtiene que el quejoso reclama: I. De las autoridades del Estado de Guerrero: Congreso, y Gobernadora, en el ámbito de sus respectivas atribuciones, la discusión, aprobación, expedición, promulgación, y orden de publicación, de los siguientes ordenamientos: I. I. Ley Número 492 de Hacienda Municipal de Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 9 a 34. I. II. Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente sus artículos 9 a 15, y SEXTO TRANSITORIO. I. III. Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021. 1 SEXTO. La jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la presente Ley. 2 Tesis P.VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, Abril de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 5 ??????? ?? II. Del Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, la omisión en el refrendo de los siguientes ordenamientos: II. I. Ley Número 492 de Hacienda Municipal de Estado de Guerrero, específicamente sus artículos 9 a 34. II. II. Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, específicamente sus artículos 9 a 15, y SEXTO TRANSITORIO. II. III. Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021. III. De las autoridades del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero.- Presidenta Municipal, Secretaria de Administración y Finanzas, y Directora de Catastro e Impuesto Predial.- III. I. La determinación e incremento de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 001-053-219-0024, como consecuencia de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales III. II. La aplicación de los preceptos reclamados contenida en la determinación y cobro del impuesto predial por cuanto hace al ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en relación con el inmueble identificado con la cuenta catastral 001-053-219-0024, y que originó la emisión de la factura con folio 2100202102. CUARTO. Oportunidad en la demanda. La demanda es oportuna si se parte de que el veintiséis de enero de dos mil veintiuno, se pagó la contribución respectiva que originó la emisión de la factura 2100202102. En ese contexto, resulta oportuno señalar que mediante Circulares SECNO/8/2021, SECNO/9/2021, SECNO/10/2021, y SECNO/12/2021, la Comisión Especial del Consejo de la Judicatura Federal, determinó la suspensión de plazos y términos procesales durante el periodo del uno de febrero al uno de marzo de dos mil veintiuno, y que acorde a la diversa Circular SECNO/13/2021, de GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 6 veintisiete de febrero del año en curso, la aludida Comisión hizo del conocimiento púbico que en relación con este circuito judicial se determinó que a partir del cuatro de marzo de dos mil veintiuno se reanudan los términos y plazos procesales. De ahí que, el plazo de quince días para la presentación del amparo quedó comprendido a partir del veintisiete de enero al veintidós de marzo de dos mil veintiuno, sin considerar en dicho cómputo los días sábados y domingos al ser inhábiles en términos de lo previsto en el artículo 19 de la Ley de Amparo, y el 15 de marzo de dos mil veintiuno, en conmemoración del Natalicio de Benito Juárez (tercer lunes de marzo en mención del 21 de marzo). De manera que, si la demanda de amparo se presentó el veintisiete de enero de dos mil veintiuno, se debe estimar oportuna al interponerse dentro del plazo de quince días establecido en el numeral 17 de la Ley de Amparo. QUINTO. Inexistencia del acto de aplicación reclamado. Conforme a la técnica que rige al juicio de amparo, en toda sentencia de amparo, el tribunal que conozca del mismo, en primer lugar, debe analizar y resolver respecto de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, y sólo en el primer caso, lo aleguen o no las partes, estudiar de manera oficiosa las causas de improcedencia que advierta se actualicen en el particular, para de ser procedente el juicio, pronunciar la resolución de fondo que en derecho corresponda. Lo que es así, entre otros motivos, porque al no ser ciertos los actos combatidos, resultaría ocioso, por razón de orden lógico, ocuparse del estudio de cualquiera de los supuestos establecidos en el artículo 61 de la ley de la materia, es decir, de análisis de alguna causal de improcedencia o bien del fondo del asunto, pues todo ello implica inicialmente que se tiene plena certeza de que los actos reclamados resultan ciertos, lo que se reitera, conducirá al análisis de alguna causa de improcedencia y de no actualizarse es posible estudiar el asunto de fondo. Apoya esta consideración, la tesis de jurisprudencia XVII.2o. J/10 sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Séptimo Circuito, cuyo rubro es el siguiente: "ACTOS RECLAMADOS, GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 7 ??????? ?? CERTEZA O INEXISTENCIA DE LOS. TÉCNICA EN EL JUICIO DE AMPARO3." La Presidenta Municipal y la Secretaria de Administración y Finanzas del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir informes justificados, negaron categóricamente el acto de aplicación que se les atribuye, agregando que no se les puede atribuir no obstante que lo ejecuten otras autoridades de acuerdo a sus facultades, siendo que ni la ley, o bien, diverso ordenamiento jurídico en la materia (Ley de Ingresos Municipal vigente, Bando de Policía y Gobierno y Reglamento interno de la Administración), les otorga facultades para asignar bases gravables y, por ende, determinar el cobro del impuesto predial respectivo. A su vez, la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir informe justificado, en lo que ocupa, argumenta de manera toral que atendiendo la autoaplicación de la ley por la parte quejosa, no conduce a tener por cierto algún acto de ejecución que en forma genérica le es atribuido, como primer acto de aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales. Al respecto, debe indicarse que, al margen de lo manifestado por las responsables, en el caso, resulta inexistente el acto de ejecución de que se trata; como se explica a continuación. En el caso, la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales, deriva de la actuación de la parte quejosa frente al contenido legal aplicable con motivo del pago que efectuó por concepto de impuesto predial; y no porque en ejercicio de las facultades inherentes a las autoridades municipales, hubieran hecho efectivo el cumplimiento del mandato contenido; es decir, aunque pudiera ser cierto que las responsables llevaron a cabo la determinación e incremento de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 001-053-219-0024; y, con ello recibió el pago del impuesto predial; lo cierto es que la aplicación de los normativos se materializó con el entero de la contribución que de manera voluntaria y espontánea efectuó el contribuyente; de ahí que, como lo refiere la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, la parte quejosa se ubica en la hipótesis de la autoliquidación. 3 Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, tomo 76, de abril de 1994, página 68. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 8 En relación con esa figura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 91/2007-SS, en sesión de veintisiete de junio de dos mil siete, determinó lo siguiente o La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad, por lo que el que en un juicio de amparo el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, sólo acredita la autoaplicación de la ley y no da lugar a tener por acreditada la existencia de los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora. De la ejecutoria aludida derivó la jurisprudencia 2a./J. 153/2007, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación de rubro y texto siguientes: "AMPARO CONTRA LEYES. LA AUTOLIQUIDACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN NO ES UN ACTO IMPUTABLE A LAS AUTORIDADES EJECUTORAS, AUNQUE SÍ CONSTITUYE UN ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY A PARTIR DEL CUAL EMPIEZA A CORRER EL PLAZO PARA PROMOVER EL AMPARO. La existencia de un acto de autoridad no puede hacerse derivar de la actitud del particular frente al mandato legal, sino de la conducta observada por la propia autoridad; por tanto, la circunstancia de que el quejoso haya presentado la declaración de pago de un impuesto, con la cual acredita la autoaplicación de la ley, no conduce a tener por ciertos los actos de determinación y cobro atribuidos a las autoridades ejecutoras. Lo anterior, aun cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la autoliquidación de una contribución constituye un acto de aplicación de la ley, pues ello no significa que tal cumplimiento de la norma por el particular deba ser atribuido a la autoridad, sino solamente que, para efecto de computar el plazo de impugnación constitucional, puede servir de base el hecho de que el particular se coloque por sí mismo en el supuesto previsto por la ley, sin necesidad de un acto específico de la autoridad aplicadora." En aplicación del criterio jurisprudencial, se arriba a la conclusión que no puede considerarse que las autoridades municipales señaladas como responsables hayan aplicado en perjuicio de la parte quejosa la normatividad reclamada. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 9 ??????? ?? o El quejoso acudió a este juicio de garantías con motivo del pago que, voluntariamente y en forma espontánea, efectuó del impuesto predial en el ejercicio fiscal de dos mil veintiuno respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 001-053-219-0024. La mecánica para la determinación de las contribuciones locales se encuentra regulada, entre otros, por los artículos 28, 29, 30, 34 y 72 del Código Fiscal Municipal número 1524, de los que se desprende que el sistema contributivo municipal se rige por el principio autodeterminativo, ya que la determinación o liquidación de los tributos se efectúa -ordinariamente- por el propio contribuyente. La ley fiscal parte de un diverso principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias, de manera excepcional, la ley dispone que ese cálculo podrá ser realizado por la autoridad hacendaria. La autoliquidación es una forma de colaboración con la administración tributaria que no supone un acto administrativo, sino una simple declaración tributaria en la que el propio sujeto pasivo practica también la liquidación tributaria consecuente. La autoliquidación es una declaración liquidación practicada y presentada por el propio sujeto pasivo. En la práctica, a esta forma de enterar el tributo a cargo del contribuyente también se le denomina autodeterminación, que es el procedimiento mediante el cual el propio contribuyente determina los impuestos a su cargo y efectúa el entero respectivo. La autodeterminación contributiva se basa en el principio de buena fe, de 4 "Artículo 28. La Obligación Fiscal, nace cuando se realizan las situaciones jurídicas o de hecho previstas en las Leyes Fiscales. Dicha obligación se determinará y liquidará conforme a las disposiciones vigentes en el momento de su nacimiento, pero le serán aplicables las normas sobre procedimientos que se expidan con posterioridad". "Artículo 29. El crédito fiscal es la obligación fiscal determinada en cantidad líquida o en especie que incluye los accesorios legales, que deberán pagarse en los términos que determinen las disposiciones fiscales". "Artículo 30. Pago o entero es el cumplimiento de una obligación fiscal determinada en cantidad líquida y deberá efectuarse, en los términos siguientes: I. Si es a las autoridades a las que corresponde hacer la liquidación, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que haya surtido efectos la notificación de la misma. II. A los sujetos pasivos o responsables solidarios les corresponde determinar en cantidad líquida la prestación fiscal, dentro de los diez días siguientes a la fecha de su causación en tratándose de personas físicas y quince días en el caso de las personas morales". "Artículo 34. Las autoridades fiscales rectificarán en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado los errores materiales o de hecho y los aritméticos, siempre que no hubieren transcurrido cinco años desde que se practicó la determinación o liquidación, según sea el caso, cuya rectificación se pretenda". "Artículo 72. Los sujetos que tengan obligación de presentar declaraciones, manifestaciones y avisos, deberán hacerlo en las formas que al efecto apruebe la Tesorería Municipal y de proporcionar los datos e informes que en dichas formas se requieran. Las declaraciones, manifestaciones o avisos, se presentarán en la Tesorería Municipal respectiva y en todos los casos se devolverá al interesado una copia sellada". GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 10 acuerdo con el cual el sujeto pasivo de la relación jurídica tributaria cumple, espontáneamente y en tiempo, con sus obligaciones formales y sustantivas en materia fiscal. Resulta ilustrativa la jurisprudencia 1a./J. 11/2012 (9a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es del texto siguiente: "OBLIGACIONES FISCALES. LA AUTODETERMINACIÓN DE LAS CONTRIBUCIONES PREVISTA EN EL ARTÍCULO 6o. DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN NO CONSTITUYE UN DERECHO, SINO UNA MODALIDAD PARA EL CUMPLIMIENTO DE AQUÉLLAS A CARGO DEL CONTRIBUYENTE. El citado precepto dispone que corresponde a los contribuyentes determinar las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Consecuentemente, en el causante recae la obligación de determinar, en cantidad líquida, las contribuciones a enterar, mediante operaciones matemáticas encaminadas a fijar su importe exacto a través de la aplicación de las tasas tributarias establecidas en la ley. La autodeterminación de las contribuciones parte de un principio de buena fe, el cual permite al contribuyente declarar voluntariamente el monto de sus obligaciones tributarias. Ahora bien, la interpretación del artículo 6o. del Código Fiscal de la Federación pone de relieve que la referida autodeterminación no constituye un reflejo de algún principio constitucional, esto es, no se trata de un derecho a favor del contribuyente, sino de una modalidad relativa al cumplimiento de sus obligaciones fiscales, cuya atención supervisa la autoridad fiscal, como lo acredita la existencia de las facultades de comprobación en materia tributaria." Como quedó precisado, la autoliquidación no obedece a una orden o requerimiento expreso de la autoridad encargada de recaudar los tributos, sino al cumplimiento voluntario y espontáneo de una obligación establecida en la ley. En consecuencia, al no ser atribuible a las autoridades municipales en mención, señaladas con el carácter de responsables, el acto de aplicación que en forma genérica le son atribuidos, procede sobreseer en el presente juicio en lo relativo de conformidad con el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo aquí expuesto la jurisprudencia visible en la página doscientos treinta y seis, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, mil novecientos diecisiete - dos mil, tomo seis, materia común, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo.". Y la tesis, consultable en la página novecientos tres, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, febrero de dos mil dos, tomo quince, materia común, Novena Época, que reza: GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 11 ??????? ?? "PRUEBA, CARGA DE LA. RECAE EN EL QUEJOSO ANTE LA NEGATIVA QUE DE LOS ACTOS RECLAMADOS HAGAN LAS AUTORIDADES RESPONSABLES AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO. La obligación que impone el artículo 149 de la Ley de Amparo, en el sentido de que las autoridades responsables, al rendir sus informes justificados, deben explicar las razones y fundamentos legales que estimen pertinentes para sostener la constitucionalidad del acto reclamado o la improcedencia en el juicio y acompañar, en su caso, copia certificada de las constancias necesarias para apoyarlo, sólo cobra vigencia cuando tales documentales sean "necesarias para apoyar dicho informe", en el que las autoridades admiten su existencia y aducen su legalidad, mas no cuando esas autoridades negaron, categóricamente, el acto que se les imputa, pues en tal supuesto, el Juez de Distrito no está en aptitud de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de este último, quedando a cargo del quejoso aportar al juicio de garantías, en primer lugar, los medios de prueba tendientes a demostrar la certeza del acto de que se trata y luego aquellas encaminadas a justificar los datos, motivos y fundamentos en que se basa para decir que es ilegal; de ahí que si la autoridad responsable deja de remitir con su informe justificado las constancias respectivas, ello sólo da pauta a que se haga merecedora de una multa, pero de ninguna manera releva al quejoso de la carga de desvirtuar la negativa que del acto reclamado hagan las autoridades responsables y, en esa hipótesis, de demostrar la inconstitucionalidad del mismo.". SEXTO. Existencia de actos reclamados. En contraposición a la conclusión alcanzada en el considerando que antecede, se destaca que las autoridades responsables del Estado de Guerrero, siguientes: Congreso (por conducto de su Presidenta de la Mesa Directiva); y Gobernadora (por conducto del Subconsejero de Atención a Procesos Jurídicos del Poder Ejecutivo); al rendir sus informes justificados, aceptaron los actos que les fueron atribuidos en el ámbito competencial respectivo que a cada una les asiste, por lo que se tienen por ciertos los mismos; máxime que la ley no es objeto de prueba de conformidad con lo dispuesto en los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por su parte, la autoridad responsable Secretario de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero (por conducto del Procurador Fiscal de la Subsecretaría de Ingresos), al rendir informe justificado negó el acto que se le atribuyó; sin embargo esa negativa se desvirtúa ya que encierra una afirmación consistente en que no refrendó los normativos que se le atribuyen. Aunado a que para no incurrir en una falacia de petición de principio, procede tener por ciertos los actos reclamados sin efectuar un análisis más profundo, pues ello implicaría prejuzgar sobre la constitucionalidad de la omisión que se le atribuye de refrendar los normativos, lo que corresponde al estudio del fondo de este juicio. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 12 En ese sentido, tiene aplicación las Jurisprudencia y Tesis sustentadas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que indican: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." (Localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, Tomo VI, Materia Común, página 206.) "LEYES. NO SON OBJETO DE PRUEBA. El juzgador de amparo, sin necesidad de que se le ofrezca como prueba oficial de la Ley que contiene las disposiciones legales reclamadas, debe tomarla en consideración, aplicando el principio jurídico relativo a que el derecho no es objeto de prueba." (Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, Tomo 65, primera parte, página 15) Por otra parte, no pasa inadvertido que la parte quejosa destaca como acto reclamado por vicios propios la determinación e incremento de la base gravable efectuada respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 001-053-219-0024; actuar este último que no obstante la negativa expresada al momento de rendir informes justificados, es dable tener por cierto a las autoridades del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero: Presidenta Municipal, Secretaria de Administración y Finanzas, y Directora de Catastro e Impuesto Predial; habida cuenta que al rendir su informe justificado la última de las autoridades en mención, agrega de manera toral que la Dirección a su cargo procedió a determinar el valor catastral del inmueble, sin que el incremento a la base gravable sea producto de un reevalúo catastral efectuado a los inmuebles tal y como lo señala la parte quejosa; de ahí que, deba tenerse por cierto el referido acto, puesto que la manifestación que vierte es suficiente para acreditar la certeza de esa conducta reclamada; y, máxime que el artículo 8 de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, dispone a las mencionadas como autoridades en materia de catastro5. Sirve de apoyo la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACION HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." (Véase en el Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo XIV, julio de 1994, Materia Común, página 391). 5 Artículo 8.- Son Autoridades en materia de catastro: - - - I. El Presidente Municipal.- - - II. El Tesorero Municipal. - - - III. El Director de Catastro Municipal. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 13 ??????? ?? SÉPTIMO. Análisis de las causales de improcedencia. Previo a examinar el fondo de la cuestión constitucional planteada y establecidas las anteriores consideraciones, procede analizar la procedencia de este juicio de amparo con independencia de que las partes hayan o no hecho valer causas de improcedencia, por ser una cuestión de orden público, conforme lo dispuesto por el del artículo 62 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación al caso, la jurisprudencia 814 sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, que enseguida se transcribe: "IMPROCEDENCIA. CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia en el juicio de amparo por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." (Semanario Judicial de la Federación, editado en el Apéndice de 1995, Octava Época, Materia Común, Tomo VI, Parte TCC, página 553). La Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, al rendir informe justificado sostiene que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, precepto que dispone: "[.] Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; (.)" Del tal precepto se constata que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5º de la citada Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia. De ahí que, para dar respuesta a lo señalado por la autoridad municipal responsable, se tiene que para la autoliquidación del tributo del inmueble que defiende el quejoso se consideró una base gravable de $4,839,364.60 (cuatro millones ochocientos treinta y nueve mil trescientos sesenta y cuatro pesos 60/100 moneda nacional), calculada atendiendo los siguientes elementos: superficie de terreno: 15796.55m2, superficie de construcción: 232.69m2 , tipo de predio: urbano construido; Calle: CARABELA, EDIF. BALI, PENT-HOUSE JR 04, 1RA ETAPA, COND. PUNTAMAR PALMETTO, BRISAS DEL GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 14 MARQUEZ, No. Ext.: SN, Colonia: BRISAS DEL MARQUES, ACAPULCO DE JUÁREZ. Por lo que, ponderando lo expuesto en el informe justificado rendido por la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, en el sentido de que para la determinación de la base gravable reclamada, sólo fueron aplicadas las tablas de valores unitarios aprobadas por el Congreso local y, atendiendo las características estimadas en el acto de aplicación, los preceptos de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, que resultan aplicables son los artículos 15 y 216; mientras que de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, que le resultan aplicables son los artículos 9, inciso c), 10, fracción III, 11, 12, 13, 15, y artículo sexto transitorio. De ahí que sólo por dichos preceptos se acredite el interés jurídico que asiste al quejoso para promover el presente juicio de amparo; y, por tanto, resulta parcialmente fundada la causal de improcedencia que nos ocupa. En efecto, el quejoso comparece a juicio para reclamar diversos preceptos normativos con motivo de su primer acto de aplicación, materializado en la autoliquidación del impuesto predial respecto del inmueble con clave catastral 001-053-219-0024, respecto del ejercicio fiscal de dos mil veintiuno. 6 Artículo 15. Se tendrá como base del impuesto: I. El valor catastral del predio y de las construcciones, apartamento o local en condominio, los del régimen de tiempo compartido y multipropiedad, conforme a las disposiciones establecidas en esta Ley, en la Ley del Catastro Municipal vigente y su reglamento. II. El valor catastral determinado y declarado por el contribuyente, a más tardar el último día del mes de febrero de cada ejercicio fiscal; III. El valor catastral deberá ser determinado y declarado por el contribuyente, dentro de los dos meses siguientes a la fecha en que ocurra alguna modificación de los predios o en su caso de las construcciones; IV. El contribuyente determinará y declarará el valor catastral en los formatos autorizados por las autoridades correspondientes; V. A la determinación y declaración del valor catastral, ante la autoridad catastral municipal quien deberá proporcionar a los contribuyentes, los valores catastrales unitarios de suelo y construcción y demás información catastral, existente en el área de catastro; VI. Si el contribuyente acepta tanto los valores, los datos proporcionados por la autoridad catastral, así como la determinación catastral y la liquidación correspondiente del impuesto predial, podrá elegir por efectuar el pago, teniéndose por cumplida la obligación de su declaración; VII. Cuando el contribuyente no acepte los valores y datos proporcionados por la autoridad catastral, podrá interponer los recursos establecidos en (sic) Ley del Catastro Municipal del Estado de Guerrero número 676 y su reglamento; y, VIII. Si el contribuyente incumple con lo establecido en las fracciones I, II y III del presente artículo, o bien los valores declarados y determinados sean inferiores a los valores catastrales, la dirección o área de catastro municipal procederá a determinar el valor catastral del inmueble, aplicando las tablas de valores unitarios de suelo y construcción aprobados por el Congreso del Estado, para el ejercicio fiscal que corresponda. Artículo 21. La Tesorería Municipal determinará el monto del impuesto a pagar de conformidad con el avalúo catastral determinado del bien inmueble y con aplicación de la tasa que al efecto establezca la ley de ingresos municipal respectiva. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 15 ??????? ?? De manera que, el interés jurídico que le asiste para controvertir la normativa que regula el tributo, se encuentra constreñida a los preceptos que efectivamente tienen aplicación para tal fin. En el caso se actualiza el supuesto de improcedencia de falta de interés jurídico, aducido por la responsable, respecto de los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, de Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero; así como por cuanto hace a los preceptos, 9, incisos, a), b), d), e), f) y g); 10, fracciones I, II, IV, V, VI, y VII; y 14, de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, pues aunque dichos preceptos regulan en lo general el impuesto predial, la determinación a que se sujetó al quejoso tuvo como sustento los preceptos legales ya supra citados.7 Consecuentemente, al haberse actualizado la causa de improcedencia en comento, por lo que toca a los artículos 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 y 34, de Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero; así como por cuanto hace a los preceptos, 9, incisos, a), b), d), e), f) y g); 10, fracciones I, II, IV, V, VI, y VII; y 14, de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, lo procedente es sobreseer en el juicio respecto de dichos preceptos normativos estatales, en términos del artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que contrario a lo aducido por dicha autoridad, el quejoso sí acredita el interés jurídico para controvertir los normativos tildados de inconstitucionales de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, que resultan aplicables como lo son los artículos 15 y 21; y de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, por lo que toca a los numerales 9, inciso c), 10, fracción III, 11, 12, 13, 15, y artículo sexto transitorio, con motivo de su aplicación a través del pago del impuesto predial por el ejercicio fiscal dos mil veintiuno que efectuó respecto del inmueble identificado con la cuenta catastral 001-053-219-0024, y que originó la emisión de la factura con folio 2100202102, a su nombre. De manera que, también se acredita el interés del quejoso para controvertir el Decreto número 640 por el que se aprueban las 7 Artículos 15 y 21 de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero; y los artículos 9, inciso c), 10, fracción III, 11, 12, 13, 15, y artículo sexto transitorio, de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 16 tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021. Por tanto, basta la emisión de la factura que acredita el pago a nombre del quejoso, para asumir que no se actualiza la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, invocada por la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Ayuntamiento de Acapulco de Juárez, Guerrero, por lo que hace a los artículos que efectivamente tienen aplicación para tal fin Lo anterior, en virtud de que el impuesto predial se calcula tomando como base el valor catastral del inmueble, el cual se determina calculando los valores unitarios del suelo (valor del suelo de la región en la cual está ubicada la propiedad) y la construcción (valor de la construcción) y multiplicando éstos por la superficie de la edificación (rango); es decir, técnicamente hablando, este impuesto se calcula tomando como base el valor catastral del inmueble y, a su vez, éste se determina al calcular los rangos de valores (tablas) que marcan el monto del impuesto predial de acuerdo con el rango de valor catastral en que se encuentra una vivienda. Sin que para tal efecto sea indispensable verificar la titularidad de la propiedad; pues como se dijo, de los documentos adjuntos a la demanda, se aprecia que la factura de pago del impuesto con folio 2100202102, que constituye el primer acto de aplicación de las normas, está a nombre del quejoso. Lo antepuesto encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2a./J. 141/2012 (10a.), que emanó de dicha ejecutoria, de título y consideraciones siguientes: "IMPUESTO PREDIAL. EL RECIBO O CERTIFICADO DE PAGO ES SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL JUICIO DE AMPARO PROMOVIDO CONTRA LAS LEYES QUE LO ESTABLECEN. El interés jurídico que le asiste a la parte quejosa para reclamar en el juicio de amparo las leyes que establecen o modifican el impuesto predial en aspectos generales, con motivo de un acto de aplicación, puede acreditarse con el recibo o certificado de pago del tributo a su nombre, correspondiente al ejercicio de vigencia de la ley, pues de tal prueba deriva que es contribuyente de aquél, en relación con el predio a que el recibo se refiere y que realizó el pago de la contribución, sin que deba exigirse la aportación de mayores elementos de prueba; salvo en los casos en que se impugnen, en lo particular, normas que regulen determinados supuestos que requieran GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 17 ??????? ?? de la demostración, con mayores pruebas, de que el particular se encuentra comprendido en ellos."8 Asimismo, deben desestimarse las manifestaciones de la responsable tendentes a controvertir la falta de afectación patrimonial del quejoso con las normas reclamadas, al haberse previsto que el importe erogado por impuesto predial del ejercicio en curso no sea mayor al del ejercicio fiscal anterior, pues involucran indefectiblemente un estudio de la materia de fondo. Resulta aplicable por analogía, el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia P./J. 135/2001, de rubro: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SI SE HACE VALER UNA CAUSAL QUE INVOLUCRA EL ESTUDIO DE FONDO DEL ASUNTO, DEBERÁ DESESTIMARSE." De ahí que, resulte infundada la causa de improcedencia a que se refiere la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo. Finalmente, no se soslaya que la Directora de Catastro e Impuesto Predial del Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, refiere que debía sobreseerse en el juicio por inexistencia de los actos a tribuidos, al tratarse de una autoliquidación; así, basta lo expuesto en los considerandos quinto para tener por atendida tal manifestación. En otro orden, respecto de la Gobernadora del Estado de Guerrero, a quien se le atribuyen los actos consistentes en la promulgación y orden de publicación de las normas reclamadas, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 108, fracciones III, en relación con el diverso 61, fracción XXIII, ambos de la Ley de Amparo, como a continuación se verá. Los preceptos legales mencionados, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades 8 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, décima época, registro: 2002151, libro XIV, noviembre de 2012, tomo 2, materia(s): Común, Administrativa, página: 1305. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 18 responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. (.)". Como se ve, cuando la parte quejosa reclame el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o su publicación, deberá señalar a las autoridades que realicen dichos actos cuando sean impugnados por vicios propios, pues de lo contrario el juicio de amparo resulta improcedente. En el caso, del análisis minucioso de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa no formula concepto de violación en contra del refrendo de los decretos promulgatorios u orden y publicación de que se trata, de manera que el juicio de amparo se torna improcedente en contra de esos actos que se atribuyen a la Gobernadora del Estado de Guerrero; consecuentemente, se sobresee el juicio de amparo en relación a la citada autoridad y actos destacados como reclamados, de conformidad con el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse plenamente la causa de improcedencia prevista en los numerales 61, fracción XXIII, y 108, fracción III, del mismo cuerpo normativo. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 224, Volumen 139-144, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, Séptima Época, con registro 232553, del contenido siguiente: "PROMULGACIÓN Y PUBLICACIÓN DE LAS LEYES. La promulgación no es otra cosa que la publicación formal de la ley y ambas voces se emplean como sinónimas, tanto en el lenguaje común como en el jurídico, sin que sea obstáculo para llegar a esta conclusión, el que en la doctrina, también jurídica, exista una corriente de opinión que pretenda encontrar diferencias entre la promulgación y la publicación de las leyes, pues tales diferencias son meramente teóricas, al resultar que la Ley Fundamental emplea las dos palabras con el mismo significado, según se desprende de la consulta, entre otros, de los artículos 70, 72 inciso a), y 89, fracción I, de la propia Constitución.". Asimismo, tiene aplicación en lo que interesa, sin oponerse a lo dispuesto en la Ley de Amparo vigente, la Jurisprudencia: VIII.3o. J/14, del Tercer Tribunal Colegiado del Octavo Circuito, visible en la página 1386, del Tomo XX, Agosto de 2004, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "AMPARO CONTRA LEYES. LA OMISIÓN DEL QUEJOSO DE SEÑALAR COMO AUTORIDADES RESPONSABLES AL SECRETARIO DE GOBERNACIÓN Y AL DIRECTOR DEL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN, NO IMPIDE EXAMINAR LA CONSTITUCIONALIDAD DEL ORDENAMIENTO RECLAMADO. Resulta incorrecto que el Juez de Distrito sobresea en un juicio de GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 19 ??????? ?? amparo contra leyes, fuera de la audiencia constitucional, porque el impetrante de garantías no haya señalado en su demanda como autoridades responsables al secretario de Gobernación y al director del Diario Oficial de la Federación; si de la lectura del libelo primario se obtiene, que el quejoso llamó a juicio al Congreso de la Unión que expidió la norma que se reclama de inconstitucional, y al presidente de la República que la promulgó, expresando conceptos de violación en contra de dichos actos, ya que ello no impide examinar la constitucionalidad del citado ordenamiento, aun cuando no se hayan expresado motivos de inconformidad respecto del acto de refrendo y su publicación, dado que no son combatidos por vicios propios, pues habiéndose oído a la autoridad responsable expedidora del ordenamiento combatido, incluyendo al Ejecutivo que la promulgó, la eficacia o falta de fundamento de los conceptos de violación habrá de afectar a todos los actos de formación de la ley.". Esta potestad federal advierte que no se aprecia que se actualice diversa causal de improcedencia de manera oficiosa, ni las partes las hacen valer; por tanto, se procede a examinar el asunto a la luz de los conceptos de violación vertidos por la parte quejosa. OCTAVO. Análisis de los conceptos de violación. No es necesario trascribir los conceptos de violación que hace valer el quejoso en su escrito de demanda, ya que no se requiere para el desarrollo y dictado de la presente resolución. Sobre el particular, es aplicable la Jurisprudencia 58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 830, Tomo XXXI, Mayo de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro 164618, que señala: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." No obstante, para mayor claridad del asunto, se sintetizarán a lo largo de esta sentencia; asimismo, con fundamento en GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 20 el artículo 76 de la Ley de Amparo, el estudio de los referidos conceptos violación se realizará en un orden diverso al propuesto por la parte quejosa. Conviene precisar que la materia de este sumario, ante las causas de improcedencia advertidas, por cuestión de técnica jurídica, se acota al análisis de constitucionalidad de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación planteados contra los normativos legales siguientes: La Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, específicamente, sus artículos 9, inciso c), 10, fracción III, 11, 12, 13, 15, y artículo sexto transitorio. La Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, específicamente en sus artículos 15 y 21. El Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021. NOVENO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELACIONADOS CON EL REFRENDO DE LAS NORMAS RECLAMADAS POR PARTE DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO DE GUERRERO. En los conceptos de violación tercero y cuarto, el quejoso refiere que la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero para el ejercicio fiscal 2021, así como la Ley Número 492 de Hacienda Municipal de Estado de Guerrero, y el Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021; carecen de validez al no haber sido refrendados por el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero. Los conceptos de violación en estudio son infundados, por las razones que se exponen a continuación. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 21 ??????? ?? Para dilucidar los argumentos esgrimidos, es necesario tener en consideración que el artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Guerrero (antes de su reforma), establecía lo siguiente: "Artículo 76. Las Leyes, Decretos, Reglamentos y demás disposiciones de carácter general que el Gobernador promulgue, expida o autorice, deberán para su validez y observancia, ser refrendados por el Secretario General de Gobierno y por el Titular del Ramo a que el asunto corresponda. Cuando ésta sea de la competencia de dos o más dependencias, deberán igualmente ser refrendados por los titulares de las mismas." Conforme al ordinal transcrito, las leyes, decretos, reglamentos y demás disposiciones que el Gobernador promulgaba, debían ser refrendados para su validez y observancia tanto por el Secretario General de Gobierno como por el secretario del ramo a que el asunto correspondiera; lo cual se advertía también del artículo 6 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 433, que a la letra establecía: "Artículo 6. El Titular del Poder Ejecutivo promulgará, expedirá o autorizará, según el caso, las leyes, decretos, reglamentos interiores, acuerdos, circulares y otras disposiciones que regulen el funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y, una vez refrendados, serán de carácter obligatorio y de observancia general. Cuando el asunto sea de la competencia de dos o más dependencias deberán ser igualmente refrendados por los titulares de las mismas." Sin embargo, mediante Decreto publicado el veintinueve de abril de dos mil catorce en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado de Guerrero, se reformaron, entre otros, el referido artículo 76 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, trasladándose lo ahí regulado al diverso ordinal 90, que a la letra señala: "Artículo 90.- Todo servidor público de la administración pública estatal será responsable de los actos, omisiones y resoluciones emitidos que no se apeguen a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, esta Constitución y las leyes que de ellas emanen. 1. Para su validez y observancia, las leyes promulgadas por el Gobernador deberán refrendarse por el Secretario General de Gobierno; y, 2. Los reglamentos, decretos, acuerdos y órdenes del Gobernador deberán estar firmados por el Secretario General de Gobierno y el o los Secretarios de Despacho respectivos." Luego, conforme a los artículos transitorios de dicho decreto, las reformas relativas entraron en vigor a los treinta días hábiles siguientes a su publicación9, quedando obligado el Congreso del Estado a aprobar y reformar a más tardar el quince de marzo de dos mil diecisiete, las leyes pertinentes para adecuar el marco legal a 9 "PRIMERO. El presente Decreto entrará en vigor a los treinta días hábiles siguientes a su publicación en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado." GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 22 aquellas reformas constitucionales de la entidad10, lapso durante el cual las disposiciones de la legislación reformada aún mantendrían su vigencia y aplicación11. Así, de conformidad con el artículo segundo transitorio12 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08, publicada el veintitrés de octubre de dos mil quince en el Periódico Oficial del Estado de Guerrero, se abrogó la diversa Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero número 433; y conforme al artículo 20, fracción III13, de la legislación vigente, se deriva la facultad de la Secretaría General de Gobierno para refrendar las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que el Gobernador promulgue, expida o autorice, para que sean obligatorios. Por su parte, la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, prevé: "ARTÍCULO 6. El Titular del Poder Ejecutivo promulgará, expedirá o autorizará, según el caso, las leyes, decretos, reglamentos interiores, acuerdos, circulares y otras disposiciones que regulen el funcionamiento de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal y, una vez refrendados por el Secretario General de Gobierno, serán de carácter obligatorio y de observancia general." Del análisis sistemático de los preceptos transcritos se advierte que corresponde al Secretario General de Gobierno refrendar las normas que expida el Gobernador, para su validez. Así, la validez de las normas reclamadas, sólo está supeditada al refrendo Secretario General de Gobierno. Incluso lo anterior puede concluirse al imponerse del contenido del artículo 22 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 0814, en que se establecen las 10 "TERCERO. El Congreso del Estado de Guerrero, deberá de aprobar y reformar, a más tardar el día 15 de marzo del año 2017, las Leyes que sean pertinentes para hacer concordar la legislación con las nuevas disposiciones constitucionales." 11 "CUARTO. En tanto se realizan las reformas correspondientes que se deriven de esta Constitución, las disposiciones de la legislación actual mantendrán su vigencia y aplicación." 12 "ARTÍCULO SEGUNDO. Se abroga la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero, publicada en el Periódico Oficial el día 12 de octubre de 1999, sus reformas y adiciones posteriores así como las leyes, decretos o reglamentos vigentes en el Estado, en lo que se opongan a la presente Ley." 13 "Artículo 20. La Secretaría General de Gobierno es el órgano encargado de conducir, por delegación del Ejecutivo, la política interna del Estado, y le corresponde el despacho de los asuntos siguientes: (.) III.- Refrendar, para que sean obligatorios, las leyes, decretos, reglamentos, acuerdos y demás disposiciones que el Gobernador promulgue, expida o autorice, sin perjuicio de que lo haga el titular de la Secretaría o dependencia al que corresponda el asunto." 14 "Artículo 22. La Secretaría de Finanzas y Administración, es el órgano encargado de la Administración de la Hacienda Pública del Estado y de prestar el apoyo administrativo que requieran las dependencias del Poder Ejecutivo, correspondiéndole el despacho de los asuntos siguientes: - - - Elaborar y proponer al Ejecutivo, los proyectos de leyes, reglamentos, presupuestos y demás disposiciones de carácter general que se requieran para el manejo de los asuntos financieros, GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 23 ??????? ?? facultades de la Secretaría de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, pues en ninguna de las fracciones de que se compone tal ordinal se encuentra la relativa a refrendar las leyes, lo que sí acontece respecto del Secretario General de Gobierno en la fracción III, del tributarios y de recursos humanos y materiales del Estado; - - - II.- Proyectar y calcular los ingresos del Gobierno del Estado considerando las necesidades del gasto público estatal previstas por la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, así como definir y operar los mecanismos de financiamiento de la Administración Pública Estatal; - - - III.- Recaudar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos que correspondan al Estado; - - - IV.- Vigilar el cumplimiento de las leyes, reglamentos y demás disposiciones de carácter fiscal aplicables en la Entidad; - - - V.- Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios fiscales que celebre el Gobierno del Estado con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público del Gobierno Federal y con los Municipios del Estado; - - - VI.- Presentar al Ejecutivo el Proyecto de Ley de Ingresos y el Proyecto de Decreto del Presupuesto Anual de Egresos en sus presentaciones global y sectorial para cumplir las prioridades definidas en el Plan Estatal de Desarrollo, y la Cuenta Pública del Gobierno del Estado; - - - VII.- Proponer, para la aprobación y autorización del Ejecutivo, el presupuesto global, regional y sectorial del Gobierno del Estado, orientado a cumplir las prioridades marcadas en el Plan Estatal de Desarrollo, estableciendo mecanismos de coordinación y cooperación técnica con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional para efectos de planeación, integración, seguimiento y evaluación del gasto; - - - VIII.- Vigilar la actualización permanente del Padrón Fiscal de Contribuyentes; - - - IX.- Controlar las actividades de las oficinas recaudadoras; - - - X.- Proponer al Gobernador del Estado la cancelación de tasas incobrables, así como el otorgamiento de subsidios fiscales en los casos procedentes; - - - XI.- Proporcionar la asesoría en materia de interpretación y aplicación de las Leyes Tributarias del Estado que le sea solicitada por los Ayuntamientos y los particulares; - - - XII.- Participar en el establecimiento de criterios y montos de los estímulos fiscales, en coordinación con las dependencias Estatales y Federales a quienes corresponda el fomento de actividades productivas; - - - XIII.- Administrar el catastro de la Entidad, de conformidad con lo establecido en las Leyes respectivas; - - - XIV.- Ejercer las atribuciones derivadas de los convenios de colaboración establecidos con los órganos internos de control o las entidades fiscalizadoras, así como hacer efectivas las sanciones económicas por responsabilidad que en términos de la legislación aplicable resulten; - - - XV.- Coadyuvar con la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado en el cumplimiento de las acciones y medidas que en términos del Sistema Estatal Anticorrupción lleve a cabo en materia de fiscalización de recursos públicos; - - - XVI.- Facilitar el acceso de los ciudadanos a la información que en materia de fiscalización y gestión gubernamental se deriven de sus actividades; - - - XVII.- Ordenar y practicar las visitas domiciliarias, auditorías, inspecciones, revisiones y verificaciones a los contribuyentes, aplicando en su caso, las sanciones correspondientes, en los términos que señalen las Leyes; - - - XVIII.- Establecer y llevar el Sistema de Contabilidad Gubernamental de la Administración Pública Estatal; - - - XIX.- Llevar el control del ejercicio del gasto, conforme al presupuesto y ministración de los recursos aprobados, coordinándose con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional para efectos de seguimiento y evaluación de las políticas públicas contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo, Programas Institucionales, Sectoriales, Regionales y Especiales así como de programas cuya fuente de financiamiento sea de carácter federal; - - - XX.- Formular mensualmente los estados financieros de la Hacienda Pública, presentando anualmente al Ejecutivo el informe pormenorizado del ejercicio fiscal anterior en la primera quincena del mes de marzo, excepto el último año de gobierno, que será presentado a más tardar en la primera semana de enero; - - - XXI.- Efectuar la glosa preventiva de los ingresos y egresos, así como solventar las observaciones que sobre la materia finque la Legislatura Local, a través de su órgano de fiscalización; - - - XXII.- Concentrar, integrar y elaborar la Cuenta Pública Anual y el Presupuesto de Egresos, considerando las propuestas formuladas en el seno de la Secretaria de Planeación y Desarrollo Regional, y la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental; - - - XXIII.- Autorizar el ejercicio del presupuesto de inversión y emitir las órdenes de pago correspondientes, así como las transferencias de los recursos financieros programados para las entidades paraestatales, con base en los techos financieros establecidos; - - - XXIV.- Analizar, dictaminar y autorizar, en coordinación con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, las modificaciones programáticas y presupuestales extraordinarias del presupuesto de inversiones, contando con la aprobación del Gobernador del Estado; - - - XXV.- Efectuar los pagos conforme a los programas y presupuestos aprobados, así como formular mensualmente el estado de origen y aplicación de los recursos financieros del Gobierno del Estado, informando de ello al Titular del Ejecutivo, estableciendo mecanismos de coordinación y seguimiento con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional; - - - XXVI.- Concentrar y custodiar los fondos y valores del Gobierno Estatal, así como los ajenos que estén al cuidado del mismo; - - - XXVII.- Dirigir la negociación y llevar el registro y control de la deuda pública del Estado, informando al Gobernador mensualmente sobre el estado de amortización de capital y del pago de intereses; - - - XXVIII.- Registrar y normar los actos y contratos de los que resulten derechos y obligaciones para el Gobierno del Estado; - - - XXIX.- Dictar, en coordinación con la Secretaría de Contraloría y Transparencia Gubernamental, las medidas administrativas sobre responsabilidades que afecten la hacienda pública del Estado en el ejercicio del gasto; - - - XXX.- Cuidar que los empleados, con autorización para ejercer los fondos del Estado, otorguen fianza suficiente para garantizar su manejo, en los términos de Ley; - - - XXXI.- Intervenir en todas las operaciones en las cuales las entidades paraestatales hagan uso del crédito público; - - - XXXII.- Llevar el registro de las cuentas corrientes de depósito de dinero u otro tipo de operaciones financieras del Gobierno del Estado; - - - XXXIII. Autorizar, conjuntamente con el Jefe de la Oficina del Gobernador, la reestructuración de las tarifas de los servicios públicos, particularmente, de transporte sujeto a permisos y autorizaciones; - - - XXXIV.- Establecer y operar un Sistema de Administración, Capacitación y Desarrollo de Personal de la Administración Pública Estatal con perspectiva de género, incluido lo relativo a las relaciones laborales; - - - XXXV.- Fijar las normas y lineamientos para la formulación del programa anual de adquisición de bienes y servicios, así como coordinar la elaboración y ejecución del mismo; - - - XXXVI.- Llevar a cabo las adquisiciones de bienes y GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 24 artículo 20 de la propia legislación en cita, en congruencia con el destacado texto constitucional de esta entidad federativa. Más aún, tampoco puede sostenerse la interpretación de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Guerrero Número 08 en términos de lo señalado en el tercero artículo transitorio del decreto publicado el veintinueve de abril de dos mil catorce por el que se reformaron diversos artículos de la Constitución Política del Estado de Guerrero, ya que precisamente la expedición de aquella legislación corresponde a una fecha posterior, por lo que debe de entenderse dentro de la obligación impuesta al Congreso del Estado para adecuar el marco normativo a las disposiciones constitucionales reformadas de la entidad. Máxime que en términos del artículo 115 Constitucional, el impuesto predial es un tributo únicamente municipal, por lo que las entidades no participan de él; lo que corrobora que el Secretario de Finanzas y Administración del Estado de Guerrero, no tiene obligación de refrendar la normativa que lo regule para que ésta goce de validez. Por tanto, como lo reseñado con antelación da cuenta de que de conformidad con el artículo 90 de la Constitución Política del Estado de Guerrero, a quien compete el refrendo de las leyes para su obligatoriedad, es únicamente al Secretario General de Gobierno; de ello se concluye que los conceptos de violación que nos ocupa son infundados. contratación de servicios que requiera el Poder Ejecutivo para su adecuado funcionamiento; - - - XXXVII.- Normar, coordinar y supervisar el sistema de inventarios y almacenes, así como el de control patrimonial y vigilar la afectación, baja y destino final, en los términos establecidos por la ley vigente; - - - XXXVIII.- Normar y proporcionar los servicios generales que requieran las diferentes dependencias del Ejecutivo Estatal, con criterios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal; - - - XXXIX.- Representar al Gobierno del Estado en operaciones de adquisición y/o enajenación de bienes muebles e inmuebles en los términos de Ley; - - - XL.- Administrar el Archivo del Personal del Gobierno del Estado; - - - XLI.- Prestar servicios de informática y proporcionar apoyos en materia de computación electrónica a las dependencias de la Administración Pública Estatal; - - - XLII.- Administrar y representar el interés del Patrimonio Inmobiliario, en todos los asuntos del orden legal en que se vea involucrado; - - - XLIII.- Establecer y operar, en coordinación con la Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional, un sistema de seguimiento de los programas federales relacionados con los asuntos de su competencia, conforme a lo que las leyes y acuerdos de coordinación establezcan; - - - XLIV.- Establecer normas, políticas y lineamientos en materia de desincorporación de activos de la Administración Pública Estatal; - - - XLV.- Establecer normas y lineamientos en materia de control del ejercicio del gasto; - - - XLVI.- Conducir la política inmobiliaria de la Administración Pública Estatal, y administrar los inmuebles de propiedad estatal cuando no estén asignados a alguna secretaría, dependencia o entidad, así como llevar el registro público de la propiedad inmobiliaria de la administración estatal y el inventario general correspondiente; - - - XLVII.- Regular la adquisición, arrendamiento, enajenación, destino o afectación de los bienes inmuebles de la Administración Pública Estatal y, en su caso, representar el interés jurídico de la administración pública estatal; - - - XLVIII.- Expedir las normas y procedimientos para la formulación de inventarios, para la realización y actualización de los avalúos sobre dichos bienes, así como expedir normas técnicas, autorizar y, en su caso, proyectar, construir, rehabilitar, conservar o administrar, directamente o a través de terceros, los edificios públicos y, en general, los bienes inmuebles del Estado; - - - XLIX.- Reivindicar los bienes propiedad del Estado, en los términos de las disposiciones legales aplicables. - - - Los demás que le atribuyan expresamente las leyes y reglamentos." GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 25 ??????? ?? Bajo ese contexto, en nada beneficia a la parte quejosa el contenido de las jurisprudencias y tesis que cita bajo los rubros: "REFRENDO DE LOS DECRETOS PROMULGATORIOS DEL TITULAR DEL EJECUTIVO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO. CORRESPONDE AL SECRETARIO DE GOBIERNO Y AL FUNCIONARIO DEL RAMO RELATIVO.15"; "HOSPEDAJE. EL DECRETO 1105 DEL CONGRESO DEL ESTADO DE BAJA CALIFORNIA SUR QUE CREA EL IMPUESTO RELATIVO ES INCONSTITUCIONAL POR FALTA DEL REFRENDO DEL SECRETARIO DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE DICHO ESTADO.16"; y "HACIENDA MUNICIPAL DEL ESTADO DE GUERRERO. LOS DECRETOS PROMULGATORIOS POR LOS QUE SE REFORME LA LEY RELATIVA NÚMERO 677, DEBEN REFRENDARSE POR LOS SECRETARIOS GENERAL DE GOBIERNO Y DE FINANZAS Y ADMINISTRACIÓN DE LA ENTIDAD.17"; ya que dichos pronunciamientos se realizaron bajo un parámetro normativo diverso; esto es, antes de la reforma a la Constitución de Guerrero a la que se ha hecho alusión. DÉCIMO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN RELACIONADOS CON LA VULNERACIÓN A LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD TRIBUTARIAS, ASÍ COMO DE FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. I. PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. En el primer concepto de violación aduce el quejoso que el artículo 12 fracción III, y sexto transitorio, de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, para el ejercicio fiscal 2021, así como el numeral 15 de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, y artículo único del Decreto 640, por lo que se aprueban las tablas de valores unitarios para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, vulneran los derechos fundamentales contenidos en los artículos 16 y 31 fracción IV, Constitucionales, pues la 15 Registro digital: 161489; Instancia: Segunda Sala; Novena Época; Materias(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: 2a./J. 95/2011; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXIV, Julio de 2011, página 759. 16 Registro digital: 194046; Instancia: Pleno; Novena Época; Materias(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: P. XXXIV/99; Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, Mayo de 1999, página 18; Tipo: Aislada. 17 Registro digital: 2013302; Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito; Décima Época; Materias(s): Constitucional, Administrativa; Tesis: XXI.2o.P.A. J/5 (10a.); Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 37, Diciembre de 2016, Tomo II, página 1602; Tipo: Jurisprudencia. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 26 actualización no se determina en función de la capacidad económica del sujeto pasivo de la contribución, sino mediante un mecanismo extraño que se aparta de los procedimientos y regulación que establece la Ley de Catastro y su Reglamento. Sostiene el quejoso que el artículo sexto transitorio de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, para el ejercicio fiscal 2021, previene que el valor catastral dependerá del importe que se pagó en el ejercicio inmediato anterior, es decir, se aumentará en proporción o utilizando un procedimiento aritmético en el que el resultado a pagar no exceda del monto total del CFDI expedido en el ejercicio inmediato anterior. Por lo que, aduce el quejoso que el valor catastral de los inmuebles fue fijado por el legislador local y se obtuvo de un mecanismo extraño que solo buscó que el resultado a pagar no excediera del monto pagado en el ejercicio inmediato anterior. Aseverando con ello la transgresión al principio de proporcionalidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Es infundado el concepto de violación en comento, por las razones que se exponen a continuación. El principio de proporcionalidad tributaria que consagra el artículo 31 fracción IV de la Constitución General de la República, radica, medularmente, en que los sujetos pasivos deben contribuir al gasto público en función de su auténtica capacidad contributiva, de modo tal que las personas que tengan mayores recursos tributen en forma cualitativamente superior a las de medianos y reducidos recursos. Esto es, para que un gravamen sea proporcional, debe existir congruencia entre el impuesto creado por el Estado y la capacidad contributiva de los causantes, en la medida en que debe pagar más quien goce de mayor capacidad contributiva y menos el que tenga en menor proporción. En ese orden de ideas, el principio de proporcionalidad obliga al legislador a graduar el impuesto de forma tal que la participación de los ciudadanos en el sostenimiento a los gastos públicos, se realice en función de la mayor o menor capacidad económica manifestada al realizar el hecho imponible, por lo que los elementos de cuantificación de la obligación tributaria deben hacer GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 27 ??????? ?? referencia al mismo, esto es, que la base gravable permita medir esa capacidad económica y la tasa o la tarifa expresen la parte de aquélla que corresponde al ente público acreedor del tributo. Así se desprende de la jurisprudencia que sustentó el Tribunal Pleno, que se lee bajo el rubro: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. DEBE EXISTIR CONGRUENCIA ENTRE EL TRIBUTO Y LA CAPACIDAD CONTRIBUTIVA DE LOS CAUSANTES."18 En ese contexto, para analizar la proporcionalidad y equidad del sistema de tributación del impuesto predial de Acapulco de Juárez, Guerrero, es menester considerar la fuente de riqueza que se grava y el mecanismo establecido para cuantificar la base gravable del tributo. Siendo evidente que el impuesto predial en esta demarcación grava una manifestación aislada de riqueza, a través del valor del bien inmueble de que se trate, por lo que la capacidad contributiva de los sujetos pasivos se mide, precisamente, en función del valor del bien inmueble. En efecto, de la exposición de motivos que dio lugar al decreto reclamado, se advierte: "[.] PRIMERO.- Que la Tabla de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción, es el instrumento técnico-jurídico, que se utiliza para la determinación de los valores catastrales de cada predio ubicado dentro del territorio municipal y por ende la base para el cobro del impuesto predial para el Ejercicio Fiscal del año 2021, para estar en condiciones de atender la demanda social de los gobernados y cumplir con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y equidad que señala nuestra Carta Magna. SEGUNDO. Que tomando en cuenta su ubicación, el uso predominante de los predios, los datos poblacionales, socioeconómicos, de infraestructura y equipamiento urbano a fin de proceder a una zonificación adecuada y a un cálculo preciso del valor unitario por zona; así como a las características comunes de los inmuebles que se ubiquen en las distintas zonas del mismo refiriéndose a las zonas catastrales de condiciones homogéneas e infraestructura y equipamiento urbano, atendiendo a la disponibilidad y características del equipamiento, infraestructura y servicios públicos, tomando en cuenta en forma enunciativa y no limitativa los elementos siguientes: suministro de Agua, vialidades, drenaje, energía eléctrica y alumbrado público, banquetas y guarniciones, equipamiento básico, vigilancia y servicios de limpia, parques públicos y jardines, equipamiento especial, mercados públicos, proximidad a zonas comerciales y de servicios; las condiciones agrológicas de la región, la ubicación en relación con los centros urbanos o de consumo, las facilidades de las vías de comunicación, medios y costo de transporte para los productos y los demás factores que influyan en el valor de ese tipo de terrenos; y las características cualitativas de los elementos estructurales y arquitectónicos, uso y destino, estado de conservación tratándose de las construcciones; se procedió a la formulación de la Tabla de Valores 18 Registro digital: 184291, Instancia: Pleno, Novena Época, Materias(s): Administrativa, Tesis: P./J. 10/2003, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XVII, Mayo de 2003, página 144. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 28 Unitarios de Suelo Urbano, Rustico y Construcción, aplicables para el ejercicio fiscal del año 2021. TERCERO. Que para la elaboración de las Tablas de Valores Catastrales que servirán de base, para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con lo que establece el Artículo 25 fracción I, II, III y IV del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, la Secretaria de Administración y Finanzas en coordinación con la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, realizó un estudio de mercado, sobre el Suelo Urbano y Construcciones con el fin de actualizar los valores de los predios, que durante 15 años no se habían actualizado, siendo valores desproporcionados a la realidad, por lo que se hace necesario acercarse lo más que se pueda al valor real o de mercado, en virtud de que las operaciones inmobiliarias que se presentan contienen valores muy por arriba de lo que muestran las tablas catastrales; es importante señalar que para no incrementar las contribuciones inmobiliarias se propone la reducción de la tasa impositiva considerada la más alta del País del 12 al 3.9 al millar anual para el ejercicio fiscal 2021. Así pues, al hablar de los principios de equidad y proporcionalidad en el cobro de contribuciones debemos considerar que la Tabla de Valores Unitarios reúnan estos requisitos. CUARTO. Que en la propuesta de la Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción que servirán de base, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, va enfocada en cumplir el mandato constitucional en términos del Artículo Quinto Transitorio de la Reforma que tuvo el Artículo 115 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Diciembre del año 1999, que marcaba como plazo el Ejercicio Fiscal del año 2002 para equiparar los valores catastrales a los de mercado y en contraparte reducir la tasa impositiva para la determinación del impuesto predial. QUINTO. Que para dar cumplimiento a lo establecido en lo dispuesto por los artículos 8 y 9 del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, concerniente a la Clave Catastral que consta de treinta y un caracteres, en relación a la estandarización establecida en los artículos 6, 7, y 8 de la Norma Técnica para la Generación, Captación e Integración de Datos Catastrales y Registrales con Fines Estadísticos y Geográficos, emitida por el Instituto nacional de Estadística y Geografía INEGI, continuamos trabajando para estructurar las más de 271,000 cuentas catastrales y reordenando, coordinados con la Secretaría de Desarrollo Urbano del municipio. SEXTO. Que para la aplicación de la presente Tabla de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción, en inmuebles que se vayan empadronando ubicados en colonias, fraccionamientos o condominios de nueva creación, o que no aparezcan contemplados; para su valuación o revaluación, les serán aplicados los valores por metro cuadrado que correspondan a la zona catastral homogénea más próxima. SÉPTIMO. Que para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 34, segundo párrafo de la Ley Numero 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, mediante oficio número SFA/0611/2020, fechado el 13 de Noviembre del 2020, se solicitó a la Coordinación General de Catastro del Gobierno del Estado de Guerrero, la revisión y en su caso validación de la presente Tabla de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción con Vigencia para 2021; la que con oficio número SFA/SI/CGC/0743/2020 de fecha 13 de Noviembre de 2020, manifiesta que su proyecto de Tablas de Valores Unitarios de Suelo y Construcción cumple con los criterios, lineamientos técnicos y normativos establecidos en la Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero y su Reglamento." Del texto transcrito, se advierte que las responsables optaron por una zonificación inmobiliaria considerando como elementos medulares: ? La disponibilidad y características del equipamiento, infraestructura y servicios públicos (suministro de Agua, GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 29 ??????? ?? vialidades, drenaje, energía eléctrica y alumbrado público, banquetas y guarniciones, equipamiento básico, vigilancia y servicios de limpia, parques públicos y jardines, equipamiento especial, mercados públicos, proximidad a zonas comerciales y de servicios); ? Las condiciones agrológicas de la región; ? La ubicación en relación con los centros urbanos o de consumo; ? Las facilidades de las vías de comunicación, medios y costo de transporte para los productos y los demás factores que influyan en el valor de ese tipo de terrenos. Para arribar a dichos elementos, la autoridad municipal realizó un estudio de mercado, sobre el Suelo Urbano y Construcciones, con el fin de actualizar los valores de los predios, que durante quince años no se habían actualizado; lo anterior, para dar cumplimiento al Artículo Quinto Transitorio de la Reforma que tuvo el Artículo 115 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día veintitrés de Diciembre de mil novecientos noventa y nueve, que marcaba como plazo el Ejercicio Fiscal del año dos mil dos para equiparar los valores catastrales a los de mercado y en contraparte reducir la tasa impositiva para la determinación del impuesto predial. De manera que, para compensar la actualización de los costos de los inmuebles en el mercado, sin vulnerar el factor económico de los sujetos pasivos, se propuso la reducción de la tasa impositiva, de 12 al millar anual considerada para el ejercicio fiscal dos mil veinte, al 3.9 al millar anual, para dos mil veintiuno. En este contexto, contrario a lo aducido por el quejoso, del proceso legislativo se desprende que los valores unitarios se incrementaron con el fin de corregir su desactualización en relación con el valor comercial del suelo, considerando elementos propios que dan valor a los inmuebles, tales como los servicios públicos, acceso a vialidades, uso de suelo, entre otros; lo que permitió una clasificación por zona en la determinación de los valores unitarios de los inmuebles, en respeto de la capacidad contributiva de los sujetos pasivos del impuesto predial, pues como ya quedó apuntado, ésta se mide en función del valor catastral de los inmuebles, el cual se cuantifica a partir del valor unitario de suelo que debe ser equiparable a su valor de mercado. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 30 En efecto, el Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, prevé: * En torno al suelo, la autoridad encargada de la determinación del valor catastral del inmueble deberá verificar en primer término, si se trata de predio "urbano" o "rústico", en atención a las características precisadas en las propias "Tablas de Valores Unitarios de Uso de Suelo", y posterior a ello, verificar la ubicación del predio a valuar, atendiendo la zona catastral, calle y tramo respectivo, para que sepa con qué valor de suelo debe otorgarle. * En torno a las construcciones, de la "Tablas de Valores de Construcción" se advierte que en la primera fila se clasifican en dieciocho categorías: 1) "VIVIENDA UNIFAMILIAR", 2) "DEPARTAMENTO CONDOMINIO", 3) "OFICINAS", 4) "HOTELESMOTELES", 5) "COMERCIOS O PRESTACIÓN DE ALGÚN TIPO DE SERVICIO", 6) "ESCUELAS", 7) "RESTAURANTES", 8) "NAVES IND/BODEGAS", 9) "HOSPITALES", 10) "ESTACIONAMIENTO", 11) "TECHUMBRES", 12) "TERRAZAS", 13) "ALBERCA", 14) "JARDINES", 15) "ELEVADORES", 16) "PAVIMENTOS Y BANQUETAS", 17) "MUROS DE CONTENCION", y 18) "CENTROS SOCIALES, SALON DE EVENTOS, ESTADOS, FOROS Y ESPECTÁCULOS". Para después en una segunda fila las construcciones se clasifican por categorías en: 1) "A PRECARIA", 2) "B POPULAR", 3) "C ECONÓMICA", 4) "D INTERÉS SOCIAL", 5) "E MEDIO", 6) "F SEMIFLUJO", 7) "G LUJO", 8) "H PLUS", y 9) "I PREMIER"; y, por último, en las subsecuentes filas señalan el Valor Unitario en UMA's por metro cuadrado que le corresponde al bien respectivo. En esas condiciones, siguiendo el orden referido es innegable que debe conocerse primero qué tipo de construcción está adherida al predio; segundo, determinar la subclasificación según sus características; para así estar en condiciones de conocer el Valor Unitario en UMA's por metro cuadrado que le corresponde al bien inmueble. En el entendido de que la "TABLA DE VALORES DE CONSTRUCCIÓN", tratándose de las categorías de las construcciones, a saber: 1) "A PRECARIA", 2) "B POPULAR", 3) "C ECONÓMICA", 4) GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 31 ??????? ?? "D INTERÉS SOCIAL", 5) "E MEDIO", 6) "F SEMIFLUJO", 7) "G LUJO", 8) "H PLUS", y 9) "I PREMIER", su definición se aclara en el resto de las tablas insertas en el apartado "IV.- DESCRIPCIÓN DE LAS CARACTERÍSTICAS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN EL USO Y LA CLASE". Luego, es inconcuso que existen múltiples factores que inciden para determinar los valores asignados, tales como el grado de urbanización y características de los servicios públicos, de infraestructura y equipamiento, uso actual y potencial del suelo, índices socioeconómicos de los habitantes; siendo que para la elaboración de las propuestas de los valores unitarios de suelo, se deberá tomar en cuenta la ubicación de las diversas zonas, sectores y subsectores catastrales, entre otros. De ahí que, las tablas de valores unitarios de que se trata, no desatiende la capacidad contributiva del gobernado, pues como se ve, se toman en consideración las característica particulares del predio sujeto al impuesto y, las cuales, se reflejan en la forma como se determinan los valores unitarios, determinantes en la fijación del valor catastral de cada inmueble, por ende no es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria. Debe indicarse que, aunque es verdad que el artículo sexto transitorio, de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez19, reclamado por el quejoso, prevé una restricción en el pago de impuesto predial para este ejercicio fiscal dos mil veintiuno, considerando como importe máximo el monto total pagado el año inmediato anterior -dos mil veinte-, según lo determinado en el comprobante fiscal digital expedido en ese ejercicio; lo cierto es que dicha limitante buscó tutelar la economía del sujeto pasivo, pero no como un elemento propio para determinar su capacidad contributiva, sino como una medida emergente en busca de no afectar la economía del contribuyente con un incremento en la carga impositiva final. De ahí que, como se adelantó, el concepto de violación en estudio resulta infundado, pues contrario a lo aducido por el quejoso, la 19 T R A N S I T O R I O S. - - - ARTÍCULO SEXTO. En la aplicación de la presente Ley, la cantidad que resulte a pagar por concepto del Impuesto Predial para el Ejercicio Fiscal 2021, no podrá exceder al monto total del CFDI expedido el año inmediato anterior. A excepción de la realización de construcciones o que las mismas no hayan sido declaradas así como de actos traslativos de dominio. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 32 capacidad contributiva de los sujetos obligados al pago del tributo no se determinó a partir del importe pagado por el mismo concepto en el ejercicio fiscal anterior, ni fue incrementado en un 400% caprichosamente por la autoridad municipal, ya que contrario a ello, del proceso legislativo se advierte que se llevó a cabo un estudio de mercado que buscó actualizar el valor unitario del suelo para equiparlo con el valor inmobiliario del mercado, en el que se consideró una clasificación por zonas acorde con la disponibilidad de los servicios públicos, acceso a vialidades, uso de suelo, entre otras; elementos propios de una valuación inmobiliaria. A mayor abundamiento, resulta oportuno destacar que es evidente que la sola circunstancia de que el incremento de los valores unitarios que deben aplicarse para calcular el impuesto predial correspondiente al ejercicio fiscal de dos mil veintiuno haya aumentado en la proporción indicada, no implica una violación a la garantía de proporcionalidad tributaria; pues como se vio, se encuentra legalmente justificada y en cambio deviene compensado dicho aumento, con la disminución en la tasa, prevista por la ley de ingresos. Sirve de apoyo la tesis 2a. CXLIV/2009 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Registro digital: 165475, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXXI, Enero de 2010, página 330, del tenor siguiente: "PREDIAL. EL ARTÍCULO SEGUNDO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES DEL CÓDIGO FINANCIERO DEL DISTRITO FEDERAL, PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DE ESA ENTIDAD EL 27 DE DICIEMBRE DE 2007, AL OTORGAR IGUAL VALOR UNITARIO DE SUELO A LOS INMUEBLES UBICADOS DENTRO DEL MISMO CORREDOR DE VALOR, NO TRANSGREDE EL PRINCIPIO DE EQUIDAD TRIBUTARIA (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2008). La circunstancia de que el legislador asignara el mismo valor unitario a los inmuebles ubicados en una colonia catastral tipo corredor de valor, sin considerar sus peculiaridades, no transgrede el principio de equidad tributaria previsto en el artículo 31, fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, habida cuenta que tal corredor de valor es una porción delimitada de territorio continuo que agrupa a un indeterminado número de inmuebles que comparten características comunes en relación con el uso de suelo, infraestructura, servicios, equipamiento urbano y valor comercial, y se aplica sin distinción alguna, esto es, participa de elementos generales que impiden considerar las características de cada bien que no sean homogéneas en ese entorno urbano." II. EQUIDAD TRIBUTARIA. En el segundo concepto de violación aduce el quejoso que los artículos 12 fracción III, y sexto transitorio, de la Ley Número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, para el ejercicio GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 33 ??????? ?? fiscal 2021, 15 de la Ley Número 492 de Hacienda Municipal del Estado de Guerrero, y el Decreto 640 por lo que se aprueban las tablas de valores unitarios para el ejercicio fiscal 2021, transgreden lo establecido por los artículos 16 y 31 fracción IV, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al aumentar en un 400% de forma general los valores catastrales, sin tomar en cuenta aquellos predios que previamente habían sido valuados y actualizados, es decir, se otorga un tratamiento fiscal injustificado aquellos predios que recientemente actualizaron sus valores catastrales, ya sea a través de una operación de traslación de dominio, valuación directa o a solicitud del contribuyente, frente a aquellos que llevan más de quince años sin actualización, en contravención del principio de equidad tributaria. Es infundado el concepto de violación en comento, por las razones que se exponen a continuación. Resulta oportuno precisar que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha establecido en diversas jurisprudencias que si bien la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentran en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor, la conservación de este principio no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que el propio texto constitucional acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. Así, el valor superior que persigue este principio constitucional consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica. Se insiste, la equidad tributaria significa pues, que los contribuyentes de un mismo impuesto deben guardar una situación de igualdad frente a la norma jurídica que lo establece y regula, por lo que han de recibir el mismo trato en lo referente a dicho impuesto, GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 34 resultando por consiguiente que, junto con el principio de proporcionalidad tributaria por virtud del cual los impuestos deben ajustarse a la capacidad económica de quienes están obligados a pagarlos, la justicia tributaria consagrada en la Constitución Federal busca el mismo trato a quienes se encuentren en situaciones semejantes y, contrariamente desigual, a situaciones disímiles. Lo anterior encuentra sustento en la jurisprudencia número 42/97, integrada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 36, Tomo V, junio de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto son: "EQUIDAD TRIBUTARIA. IMPLICA QUE LAS NORMAS NO DEN UN TRATO DIVERSO A SITUACIONES ANÁLOGAS O UNO IGUAL A PERSONAS QUE ESTÁN EN SITUACIONES DISPARES.- El texto constitucional establece que todos los hombres son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social; en relación con la materia tributaria, consigna expresamente el principio de equidad para que, con carácter general, los Poderes públicos tengan en cuenta que los particulares que se encuentren en la misma situación deben ser tratados igualmente, sin privilegio ni favor. Conforme a estas bases, el principio de equidad se configura como uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico, lo que significa que ha de servir de criterio básico de la producción normativa y de su posterior interpretación y aplicación. La conservación de este principio, sin embargo, no supone que todos los hombres sean iguales, con un patrimonio y necesidades semejantes, ya que la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos acepta y protege la propiedad privada, la libertad económica, el derecho a la herencia y otros derechos patrimoniales, de donde se reconoce implícitamente la existencia de desigualdades materiales y económicas. El valor superior que persigue este principio consiste, entonces, en evitar que existan normas que, llamadas a proyectarse sobre situaciones de igualdad de hecho, produzcan como efecto de su aplicación la ruptura de esa igualdad al generar un trato discriminatorio entre situaciones análogas, o bien, propiciar efectos semejantes sobre personas que se encuentran en situaciones dispares, lo que se traduce en desigualdad jurídica." Precisado lo anterior, debe indicarse que el quejoso sustenta su argumento en una premisa falsa, pues la norma reclamada o el proceso legislativo del que deriva nunca establece la aprobación de incremento de 400%, ya que como se precisó con anterioridad, las responsables emprendieron un estudio de mercado, sobre el Suelo Urbano y Construcciones con el fin de actualizar los valores de los predios, a efecto de lograr la actualización de las Tablas de Valores GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 35 ??????? ?? Unitarios, que sirve como elemento para la cuantificación del valor catastral. De manera que no es válido afirmar que ante la actualización del valor de los predios, a fin de establecer una tabulación por zona de valores unitarios en lo general, inminentemente se verá afectado el valor catastral de los predios ya actualizados en lo particular; pues el valor catastral no sólo depende de las tablas de valores unitarios, sino de las características propias del inmueble. Por tanto, si bien el valor unitario de suelo asignado a cada zona, atiende al valor de mercado del suelo y a la homogeneidad existente por virtud de las características, exclusividad y valor comercial que comparten los grupos de inmuebles que integran dicha porción territorial, como elemento en la cuantificación del valor catastral; éste último dependerá de las particularidades del inmueble, con lo cual, la diferenciación tributaria resultará acorde con el derecho de igualdad, pues las consecuencias jurídicas generales que resultan de la ley, resultan adecuadas y proporcionales para conseguir el trato equitativo entre los destinatarios de la norma. Máxime que, no debe perderse de vista que se trata de normas generales que precisamente buscan cubrir a la mayoría de los destinatarios y, en el caso del impuesto predial, la generalidad es el uso de tablas de valores unitarios por zonificación, como un elemento en la determinación del valor catastral que sirva de base gravable del impuesto; sin embargo, los contribuyentes siempre tienen la opción de solicitar un avalúo directo de su inmueble, que de manera concreta fije las características sobre las cuales habrán de tributar en lo particular. De ahí que, contrario a lo aducido por el quejoso, las normas reclamadas no resulten oponibles al principio de equidad tributaria. Aunado a que el quejoso tampoco acredita haber actualizado el valor de su inmueble recientemente, y que esa actualización no se le haya considerado en la determinación de la base para el pago de su impuesto. III. FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACION. En el quinto concepto de violación aduce el quejoso que el Decreto número 640 por el que se aprueban las tablas de valores GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 36 unitarios de uso de suelo y construcción que servirán de base al Honorable Ayuntamiento del Municipio de Acapulco de Juárez Guerrero, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, en su artículo único, resulta inconstitucional, pues no está fundado y motivado el incremento en un 400% que sufrió del valor de los inmuebles. No asiste razón al quejoso en cuanto pretende demostrar que la ausencia de motivación del incremento de los valores unitarios conlleva una violación a la garantía de legalidad que consagra el artículo 16 constitucional, ya que, por una parte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente que el legislador no siempre está obligado a precisar las razones o circunstancias especiales que tomó en consideración para expedir una ley, dado que el requisito de motivación se satisface cuando ésta se refiere a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas. Ello en atención a la jurisprudencia, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 101-86, Primera Parte, página 239, con registro digital 232351, que establece: "FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS DE AUTORIDAD LEGISLATIVA. Este Tribunal Pleno ha establecido que por fundamentación y motivación de un acto legislativo, se debe entender la circunstancia de que el Congreso que expide la ley, constitucionalmente esté facultado para ello, ya que estos requisitos, en tratándose de actos legislativos, se satisfacen cuando actúa dentro de los límites de las atribuciones que la Constitución correspondiente le confiere (fundamentación), y cuando las leyes que emite se refieren a relaciones sociales que reclaman ser jurídicamente reguladas (motivación); sin que esto implique que todas y cada una de las disposiciones que integran estos ordenamientos deben ser necesariamente materia de una motivación específica." Luego, si se toma en cuenta que el legislador puede definir en cada época qué contribuciones son necesarias para cubrir el gasto público, de acuerdo con las circunstancias sociales y económicas que prevalecen en dicha época, así como a las responsabilidades que el Estado va asumiendo en la prestación de los servicios públicos, entonces es evidente que tratándose de leyes tributarias la motivación está inmersa en el propio fin que persigue la contribución que es destinarla a cubrir el gasto público en beneficio de la colectividad, de ahí que el legislador no esté obligado a razonar o explicar, en el proceso legislativo respectivo, por qué se crea o determina una la prestación patrimonial pública, al existir, adicionalmente, el deber de contribuir para tales gastos. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 37 ??????? ?? Sirve de apoyo a la consideración que antecede, por analogía, por los motivos que la informan, la tesis 2a. LXXV/2005, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXII, Julio de 2005, página 505, con registro digital 177836, de rubro y texto: "RENTA. EL PROCESO LEGISLATIVO QUE CULMINÓ CON EL TÍTULO IV, CAPÍTULO VI, DENOMINADO "DE LOS INGRESOS POR INTERESES" DE LA LEY RELATIVA, NO TRANSGREDE LA GARANTÍA DE LEGALIDAD PREVISTA EN EL ARTÍCULO 16, PÁRRAFO PRIMERO, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL (LEGISLACIÓN VIGENTE EN 2003). La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido reiteradamente el criterio de que cualquier autoridad está obligada a cumplir con los requisitos de fundamentación y motivación previstos en dicho dispositivo constitucional, pero tratándose de los actos legislativos, aquéllos se satisfacen si las autoridades encargadas de su formación actúan dentro de los límites de las facultades que la Ley Fundamental les confiere (fundamentación), y que las leyes que expidan se refieran a relaciones sociales que requieran ser jurídicamente reguladas (motivación), sin que implique, en modo alguno, que todas y cada una de las normas que integren un cierto ordenamiento sean necesariamente materia de motivación particular. En congruencia con las anteriores generalidades, el proceso legislativo que culminó con la actual Ley del Impuesto sobre la Renta, en especial, su Título IV, Capítulo VI, denominado "De los ingresos por intereses", no transgrede la garantía de legalidad, pues los artículos 31, fracción IV, 71, 72, 73, fracciones VII y XXIX, y 74, fracción IV, de la Ley Suprema, autorizan al Congreso de la Unión para imponer las contribuciones necesarias para cubrir el presupuesto, las cuales dimanan de la expresión de su potestad tributaria; además, el requisito de motivar tratándose de este tipo de actos legislativos de índole tributaria se satisface al estar inmersa en los mismos fines que sigue la contribución relativos a destinarla a cubrir el gasto público en beneficio de la colectividad, de ahí que los órganos encargados de imponerla no estén obligados a razonar, explicar o justificar el proceso legislativo respectivo." Por otro lado, contrario a lo que alega el peticionario, del proceso legislativo del decreto impugnado se advierte que sí se expresaron las razones por las cuales se incrementaron los valores unitarios del suelo y los factores que se tomaron en consideración para ello, como a continuación se detalla. En el apartado de "ANTECEDENTES GENERALES", se previene el trámite con el cual se inició el proceso legislativo a partir de que se presentó la iniciativa del proyecto de Tabla de Valores ante el Pleno del Congreso del Estado. En el apartado "CONSIDERACIONES", los integrantes de la comisión dictaminadora, argumentan que efectuaron una valoración de la iniciativa, con base en el contenido de diversos ordenamientos legales aplicables y, finalmente, en el relativo a "CONCLUSIONES" se refiere al trabajo que realizó dicha comisión, el cual consistió en verificar GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 38 los criterios técnicos y normativos aplicables y confrontar las diversas clasificaciones por zonas, categorías y delimitaciones por su ubicación y tipo de uso de suelo y construcción, así como las cuotas y tarifas en relación al ejercicio anterior. En el rubro "ANTECEDENTES GENERALES", se menciona el envío, por parte de la Presidenta Municipal de Acapulco, del proyecto de iniciativa de tabla de valores unitarias de uso de suelo y construcción sobre propiedad inmobiliaria. En el reservado a "CONSIDERACIONES", en la parte que interesa, se indica que se propone una tasa para determinar el impuesto predial de 3.9 al millar y se destaca que los valores unitarios de construcción se enfocaron de acuerdo con los relativos paramétricos nacionales, considerando las características de los inmuebles, de acuerdo con la estructura y arquitectura que los integra y estado de conservación que guardan. En el rubro de "EXPOSICIÓN DE MOTIVOS", se divide en siete considerandos, de los que son de apuntar, el primero, segundo, tercero y cuarto, que son del tenor siguiente: "(.) PRIMERO.- Que la Tabla de Valores Unitarios de Uso de Suelo y Construcción, es el instrumento técnico-jurídico, que se utiliza para la determinación de los valores catastrales de cada predio ubicado dentro del territorio municipal y por ende la base para el cobro del impuesto predial para el Ejercicio Fiscal del año 2021, para estar en condiciones de atender la demanda social de los gobernados y cumple con los requisitos de legalidad, proporcionalidad y equidad que señala nuestra Carta Magna. SEGUNDO. Que tomando en cuenta su ubicación, el uso predominante de los predios, los datos poblacionales, socioeconómicos, de infraestructura y equipamiento urbano a fin de proceder a una zonificación adecuada y a un cálculo preciso del valor unitario por zona; así como a las características comunes de los inmuebles que se ubiquen en las distintas zonas del mismo refiriéndose a las zonas catastrales de condiciones homogéneas e infraestructura y equipamiento urbano, atendiendo a la disponibilidad y características del equipamiento, infraestructura y servicios públicos, tomando en cuenta en forma enunciativa y no limitativa los elementos siguientes: suministro de Agua, vialidades, drenaje, energía eléctrica y alumbrado público, banquetas y guarniciones, equipamiento básico, vigilancia y servicios de limpia, parques públicos y jardines, equipamiento especial, mercados públicos, proximidad a zonas comerciales y de servicios; las condiciones agrológicas de la región, la ubicación en relación con los centros urbanos o de consumo, las facilidades de las vías de comunicación, medios y costo de transporte para los productos y los demás factores que influyan en el valor de ese tipo de terrenos; y las características cualitativas de los elementos estructurales y arquitectónicos, uso y destino, estado de conservación tratándose de las construcciones; se procedió a la formulación de la Tabla de Valores Unitarios de Suelo Urbano, Rustico y Construcción, aplicables para el ejercicio fiscal del año 2021. TERCERO. Que para la elaboración de las Tablas de Valores Catastrales que servirán de base, para el cobro de las contribuciones GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 39 ??????? ?? sobre la propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, de conformidad con lo que establece el Artículo 25 fracción I, II, III y IV del Reglamento de la Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, la Secretaria de Administración y Finanzas en coordinación con la Dirección de Catastro e Impuesto Predial, realizó un estudio de mercado, sobre el Suelo Urbano y Construcciones con el fin de actualizar los valores de los predios, que durante 15 años no se habían actualizado, siendo valores desproporcionados a la realidad, por lo que se hace necesario acercarse lo más que se pueda al valor real o de mercado, en virtud de que las operaciones inmobiliarias que se presentan contienen valores muy por arriba de lo que muestran las tablas catastrales; es importante señalar que para no incrementar las contribuciones inmobiliarias se propone la reducción de la tasa impositiva considerada la más alta del País del 12 al 3.9 al millar anual para el ejercicio fiscal 2021. Así pues, al hablar de los principios de equidad y proporcionalidad en el cobro de contribuciones debemos considerar que la Tabla de Valores Unitarios reúnan estos requisitos. CUARTO. Que en la propuesta de la Tablas de Valores Unitarios de suelo y construcción que servirán de base, para el cobro de las contribuciones sobre propiedad inmobiliaria durante el ejercicio fiscal 2021, va enfocada en cumplir el mandato constitucional en términos del Artículo Quinto Transitorio de la Reforma que tuvo el Artículo 115 Constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el día 23 de Diciembre del año 1999, que marcaba como plazo el Ejercicio Fiscal del año 2002 para equiparar los valores catastrales a los de mercado y en contraparte reducir la tasa impositiva para la determinación del impuesto predial. (.)" Todo lo cual revela lo infundado de su argumento, pues como puede verse, los creadores de la norma sí expresaron los motivos que llevaron a determinar el aumento en los valores unitarios, siendo estos, esencialmente, que en más de quince años no habían sido incrementados, que era necesario acercar, en lo posible, el valor catastral con el real o comercial de los inmuebles, dado que las operaciones inmobiliarias presentaban valores muy superiores a los que mostraban las tablas catastrales y que los aprobados son acordes a valores paramétricos nacionales en donde se consideran características del inmueble como ubicación, estado de conservación que guardan, arquitectura, estructura, determinando incluso, a efecto de no generar mayor impacto económico en los contribuyentes, que no obstante la reclasificación de los valores catastrales de los inmuebles, ello no implicara el aumento del pago correspondiente al impuesto predial, lo cual se logró, de acuerdo al sistema normativo que forma el decreto analizado con la ley de ingresos que también se reclama, con la reducción de la tarifa prevista en esta última, puesto que en el ejercicio fiscal dos mil veinte era de doce al millar y hoy, acorde con el artículo 9, inciso "c", de la Ley número 638 de Ingresos para el Municipio de Acapulco de Juárez, Guerrero, para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, se pagará el 3.9 al millar anual sobre el valor catastral determinado. De ahí que es inexacto que la autoridad no motivara la emisión de la norma., ni que el aumento de los valores catastrales GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 40 hubiera sido ocasionado de un año a otro, puesto que éste es consecuencia de que no se habían actualizado los valores unitarios en quince años. No es óbice a lo anterior lo alegado en el sentido de que los valores unitarios del suelo se incrementaron cuatro veces más (400%), y que el aumento en tal proporción ameritaba motivación reforzada, pues la Suprema Corte de la Justicia de la Nación ya ha determinado que el incremento considerable de un impuesto de un ejercicio fiscal a otro, incluso en más del cien por ciento, por sí, no puede dar lugar a estimar que se viole la garantía de proporcionalidad tributaria, toda vez que en la configuración del tributo, son múltiples los factores que se deben tomar en cuenta, como lo son, entre otros, la capacidad contributiva, la fuente de riqueza gravada y las necesidades colectivas que deben satisfacerse, como se desprende de las jurisprudencias siguientes: "IMPUESTOS, EL AUMENTO CONSIDERABLE EN EL MONTO DE LOS, NO DEMUESTRA NECESARIAMENTE QUE SEAN DESPROPORCIONADOS E INEQUITATIVOS. Si bien es cierto que de conformidad con lo establecido por el artículo 31, fracción IV, de la Constitución, las contribuciones deben reunir los requisitos de proporcionalidad y equidad, sin embargo, no se puede estimar que el aumento considerable en el monto de un impuesto demuestre que se esté en presencia de un impuesto desproporcionado e inequitativo, pues, en la determinación del mismo, son múltiples los factores que se deben tener en cuenta, como la capacidad contributiva, las necesidades colectivas que deben satisfacerse, la redistribución de la riqueza, etcétera, por lo que el que un impuesto sea elevado, incluso considerablemente, de un año a otro, no significa, necesariamente, que se incurra en violación al artículo 31, fracción IV, de la Constitución." (Registro digital: 232150, Instancia: Pleno, Séptima Época, Semanario Judicial de la Federación. Volumen 205-216, Primera Parte, página 166) "IMPUESTOS, INCREMENTO EN MAS DE CIEN POR CIENTO A LOS, NO LOS CONVIERTE EN DESPROPORCIONADOS E INEQUITATIVOS. La circunstancia de que el impuesto especial sobre consumo de energía eléctrica decretado en el artículo 32, transitorio, de la Ley que Establece, Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Fiscales, publicada en el Diario Oficial de la Federación de 31 de diciembre de 1982, sea superior al cien por ciento a la cantidad designada en años anteriores, no demuestra que se esté en presencia de un impuesto desproporcionado e inequitativo, ya que un tributo puede superar, en mucho, a las cantidades cubiertas en ocasiones anteriores por determinados conceptos, sin que se incurra, por ese solo hecho, en violación del artículo 31, fracción IV, de la Constitución." (Registro digital: 206550, Instancia: Segunda Sala, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación. Tomo I, Primera Parte-1, Enero-Junio de 1988, página 261, Tipo: Jurisprudencia) Además, para analizar la constitucionalidad de un tributo, debe considerarse que el legislador cuenta con un amplio margen de configuración para estructurar los elementos de las contribuciones, de ahí que es dable afirmar que la responsable, en ejercicio de su potestad GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 41 ??????? ?? tributaria, puede válidamente incrementar los valores que se aplican para la cuantificación del tributo, lo cual hizo de manera fundada y motivada pues como antes se dijo, el objeto del impuesto predial recae sobre la propiedad o posesión inmobiliaria y su base la constituye el valor catastral del inmueble de que se trate, el cual debe ser aproximado a su valor de mercado, lo que evidencia que el aludido tributo grava una manifestación aislada de riqueza, expresada a través del valor del bien inmueble de que se trate, por lo que la capacidad contributiva de los sujetos pasivos se mide, precisamente, en función del valor del bien inmueble, de ahí que se estima apegada a derecho la consideración efectuada por el legislador, que le llevó al incremento cuestionado. Por tanto, resulta infundado el concepto de violación que nos ocupa. III.- DETERMINACIÓN E INCREMENTO DE LA BASE GRAVABLE. En el sexto concepto de violación, el quejoso argumenta que la responsable llevó a cabo una determinación e incremento de la base gravable, sin respetar las formalidades del procedimiento que para tal efecto prevé la Ley de Catastro, en transgresión a su derecho de audiencia. El argumento en comento resulta infundado, como se explica a continuación. La Ley Número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero, establece lo siguiente: "ARTÍCULO 6.- El valor catastral de los predios será el obtenido por los procesos establecidos en esta Ley y su Reglamento, el cual servirá de base para la determinación y aplicación del impuesto predial. (.)" De la cual, se advierte que la base del impuesto predial es el valor catastral de los inmuebles, que se obtiene conforme a las disposiciones de la propia ley catastral y su reglamento. Al respecto, la citada Ley Catastral establece que una vez que el Congreso apruebe las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, la Dirección de Catastro, procederá a la valuación y revaluación, individual o masiva de los predios20. 20 Artículo 38.- Aprobadas las tablas de valores unitarios de suelo y construcción, la Dirección de Catastro, procederá a la valuación y revaluación individual o masiva de los predios. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 42 La propia Ley Catastral prevé que, tanto en la valuación o revaluación, individual o masiva, la responsable tiene la obligación de hacer de conocimiento del particular la determinación que resulte, pues al efecto, prevén: "Artículo 79.- La Dirección de Catastro, notificará de forma personal a los propietarios, poseedores o a los representantes legales toda clase de citatorios, acuerdos, resoluciones, avalúos y cualesquiera otras operaciones catastrales relacionadas con el inmueble, en el domicilio señalado por escrito para oír y recibir notificaciones, o en el predio objeto de la operación en el caso de que no haya manifestado domicilio para oír o recibir notificaciones." "Artículo 80.- En el caso de que se lleve a cabo la valuación o revaluación masiva de bienes inmuebles, la notificación de los nuevos valores catastrales unitarios se hará mediante Edictos, que se publicarán por tres veces consecutivas en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, en uno de los periódicos de mayor circulación en el Municipio, así como en la Gaceta Municipal correspondiente." No obstante, debe indicarse que, si bien los procedimientos de valuación o revaluación, individual o masiva, deben hacerse del conocimiento del gobernado, ello obedece a la necesidad de que el contribuyente conozca los elementos a partir de los cuales deberá cumplir con la obligación impositiva, pero no vinculan a la responsable a llamar al procedimiento al gobernado21, como lo pretende el quejoso. Lo que se afirma, en virtud de que, el impuesto predial es autodeterminable, es decir, parte de la buena fe del contribuyente, quien de manera voluntaria cumplirá con la obligación impositiva, y sólo ante el incumplimiento, la autoridad procederá a su determinación. Puesto de otra manera, la vinculación a las responsables de hacer de conocimiento de los contribuyentes la valuación o revaluación que derive de la aplicación de las tablas de valores unitarios sólo tiene como objeto que los sujetos obligados conozcan los términos 21 Artículo 43.- El proceso de valuación catastral masiva deberá comprender: I. La elaboración, revisión y aprobación de tablas de valores unitarios de suelo y construcciones, conforme a lo previsto en las disposiciones jurídicas aplicables; II. La valuación o revaluación de los predios, así como la modificación de los valores en el Catastro y su notificación, la cual deberá contemplar las actividades siguientes: a) Definir las bases y criterios técnicos para su aplicación; b) Actualizar los archivos del Catastro referente a la tabla de valores para el suelo; c) Actualizar el archivo del Catastro referente a las tablas de valores de las construcciones; d) Realizar las pruebas de aplicación de nuevos valores unitarios para suelo y construcciones; e) Ratificar procesos o corregir errores antes de que entre en vigor la nueva base fiscal; f) Actualizar el padrón catastral con la información de las tablas de valores; g) Actualizar la base de datos fiscal o predial con los nuevos valores; y h) Notificar los nuevos valores catastrales que habrán de regir en el período que corresponda; III. La emisión de avalúos de cada uno de los predios inscritos en el padrón catastral. Artículo 44.- Para la valuación y revaluación catastral de cada terreno deberá multiplicarse el valor unitario de suelo aplicable, de la zona catastral donde se ubique, por la superficie total del terreno. Para la valuación y revaluación catastral de cada construcción deberá multiplicarse el valor unitario de la construcción aplicable, a cada tipo y clase de edificación por el área total construida. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 43 ??????? ?? a partir de los cuales deberán cumplir con su obligación contributiva y estén en aptitud de sujetarse a ella. Ahora, como método de simplificación administrativa, el Reglamento de Ley Catastral, prevé la emisión de un formato oficial con el importe a pagar por concepto de impuesto predial, y si el contribuyente no tiene objeción con los datos considerados y el importe obtenido, podrán proceder al pago para dar cumplimiento a la obligación impositiva. Al respecto, el reglamento en comento prevé: "ARTÍCULO 38.- Con el objeto de facilitar el cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, las autoridades municipales proporcionarán en formato oficial la notificación de determinación del valor catastral y la liquidación que comprenda el monto de impuesto predial a pagar. Este formato podrá enviarse a los contribuyentes por correo certificado apegándose a las formalidades legales establecidas en el Código Fiscal Municipal o, en su caso, de manera personal al presentarse en las oficinas del catastro municipal. "ARTÍCULO 39.- En caso de que el contribuyente no tenga objeción al contenido de los datos del formato oficial de notificación de determinación del valor catastral, procederá a realizar el pago de sus obligaciones en los términos y plazos establecidos en la Ley de Hacienda Municipal y Ley de Ingresos de los Municipios vigentes." Así, en caso de disconformidad, los sujetos obligados podrán optar por autodeterminarse22, solicitar un proceso de valuación o revaluación catastral23, o interponer los diversos recursos (aclaración, revocación, inconformidad, entre otros), que, tratándose del caso de modificación de la base gravable, será el de inconformidad ante el Director de Catastro del Ayuntamiento Constitucional de Acapulco de Juárez, Guerrero24. En esa medida, queda demostrado, por una parte, que por la naturaleza autodeterminable del impuesto predial, no rige garantía de 22 Reglamento de la Ley de Catastro. ARTÍCULO 40.- Con fundamento en el artículo 56 de la Ley, los contribuyentes inconformes con la valuación catastral directa practicada en el formato oficial a que se refiere el artículo 25 del presente Reglamento, antes de interponer el recurso de revocación, podrán mostrar su inconformidad por medio del ejercicio de la opción de autodeterminación del valor catastral, asentando los datos que solicite la Autoridad Catastral en el formato oficial, el cual será proporcionado gratuitamente. 23 Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero "ARTÍCULO 16.- Los procesos catastrales podrán iniciarse: I. A petición de los propietarios, poseedores o personas que tengan un derecho real sobre los Predios o por cualquier persona con interés legítimo en cumplimiento a una obligación registral". "ARTÍCULO 42.- La Dirección de Catastro llevará a cabo la valuación y revaluación catastral de los predios atendiendo a lo siguiente: (.) III. Se podrán generar los avalúos catastrales por predio, a petición de parte o de oficio, que servirán de base para el cálculo del impuesto predial." 24 Ley número 266 de Catastro para los Municipios del Estado de Guerrero Artículo 84.- El recurso de inconformidad procederá por: (.) IV. Cualquier otro error u omisión que modifique la valuación del predio, y que el contribuyente considere le afecta a sus intereses." GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 44 audiencia, pues no hay un procedimiento en que el quejoso deba ser oído, ya que es él quien de forma voluntaria cumple con su obligación; y por otra, que en caso de que los contribuyentes no estén de acuerdo con los datos considerados por la autoridad como propuesta para el cumplimiento de su obligación tributaria, tendrán a su alcance diversos procedimientos en los que, de estimarlo necesario, podrán ejercer su garantía de audiencia para corregir o modificar los términos en que habrán de tributar. Precisando que, en materia impositiva, la garantía de audiencia no es previa, pues se insiste, parte de la buena fe del contribuyente quien de manera voluntaria cumple con su obligación contributiva. Apoya lo anterior la tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación25, del siguiente tenor: "AUDIENCIA, GARANTIA DE, EN MATERIA IMPOSITIVA. NO ES NECESARIO QUE SEA PREVIA. Teniendo un gravamen el carácter de impuesto, por definición de la ley, no es necesario cumplir con la garantía de previa audiencia establecida en el artículo 14 constitucional, ya que el impuesto es una prestación unilateral y obligatoria y la audiencia que se puede otorgar a los causantes es siempre posterior a la aplicación del impuesto, que es cuando existe la posibilidad de que los interesados impugnen, ante las propias autoridades, el monto y cobro correspondiente, y basta que la ley otorgue a los causantes el derecho a combatir la fijación del gravamen, una vez que ha sido determinado, para que en materia hacendaria se cumpla con el derecho fundamental de audiencia, consagrado por el artículo 14 constitucional, precepto que no requiere necesariamente, y en todo caso, la audiencia previa, sino que, de acuerdo con su espíritu, es bastante que los afectados sean oídos en defensa antes de ser privados de sus propiedades, posesiones o derechos." Además, contrario a lo que expresa el quejoso, la determinación relativa se materializó en un documento físico ya que, se insiste, como parte de una simplificación administrativa, la autoridad determinó el importe por concepto de impuesto predial a su cargo mediante la emisión de la factura correspondiente, en la que se advierten los elementos que se tomaron en consideración para tal efecto, a saber, la cuenta catastral, superficie de terrero, superficie de construcción, tipo de predio, dirección y base gravable. Ahora, si posterior al pago, el quejoso advirtió una discrepancia entre la base gravable del ejercicio fiscal anterior y la base gravable considerada para este ejercicio, y asumió que dicha modificación provenía de un procedimiento administrativo al que no fue 25 Registro digital: 233084; Instancia: Pleno; Séptima Época; Materias(s): Constitucional, Administrativa; Fuente: Semanario Judicial de la Federación. Volumen 66, Primera Parte, página 77. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 58/2021 JUZGADO CUARTO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE GUERRERO 45 ??????? ?? llamada, debe indicarse que, por una parte, como se precisó en párrafos precedentes, ni la Ley Catastral ni su reglamento, vinculan a la responsable a llamar al gobernado a un eventual procedimiento; y por otra, que durante la sustanciación del presente sumario se indicó a el quejoso que la modificación de la base gravable del inmueble que defiende no deriva de un procedimiento administrativo, sino de la aplicación de las tablas de valores unitarios aprobadas por el Congreso Estatal. Asimismo, aun asumiendo que la responsable no hubiese dado cumplimiento a su obligación de dar a conocer al quejoso la revaluación derivada de la aplicación de las tablas de valores unitarios aprobadas por el Congreso, como se vio, ese hecho no trasciende sobre la garantía de audiencia del quejoso, pues su conocimiento sólo tiene por objeto que conozcan los elementos a partir de los cuales deberán cumplir con su obligación contributiva; elementos que, además, ya conoció con motivo de la emisión de propuesta para pago que le sirvió de sustento para la emisión de la factura que allegó a este sumario. Máxime que, como se dijo, tratándose de impuesto predial, al ser una contribución autodeterminable, el contribuyente siempre tiene a su alcance los procedimientos administrativos para acudir ante la autoridad administrativa a instar una modificación de los términos en que habrá de cumplir con la obligación. De ahí que no se acredite la trasgresión al derecho de audiencia aducido por el quejoso. En consecuencia, con los conceptos de violación aducidos por el quejoso no se acredita que los actos reclamados resulten contrarios a lo previsto en los artículos 14 y 16 Constitucionales, por lo que son infundados. En la inteligencia de que la solicitud realizada por la parte quejosa, como hecho notorio, del contenido de las resolución emitida en el diverso juicio de amparo 235/2021 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Guerrero, no influye en el presente amparo, en la medida de que cada juicio es autónomo e independiente. Sin que sea óbice a lo anterior, las manifestaciones que en vía de alegatos expuso la parte quejosa; dado que es de explorado derecho que los alegatos no forman parte de la litis constitucional en el juicio de amparo. GUSTAVO VEGA ASCENCIO 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.ac.23 10/08/23 16:37:44 46 Al respecto, se cita la tesis de jurisprudencia número P./J. 27/94, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO.", visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Materia Común, Número 80, Agosto de 1994, página catorce. Así, ante la ineficacia de los conceptos de violación analizados, procede negar el amparo y la protección de la Justicia de la Unión solicitados. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 61, 62, 63, 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alexis Michel Hernández, por los razonamientos expuestos en los considerandos quinto y séptimo que rigen este fallo. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a Alexis Michel Hernández, por las razones dadas en los considerandos noveno y décimo de esta sentencia. Notifíquese personalmente. Lo resolvió y firma Laura Elizabeth Miranda Torres, Jueza Cuarto de Distrito en el Estado de Guerrero, hasta hoy diez de mayo de dos mil veintidós, día en que las labores de este órgano jurisdiccional permitieron el engrose de la presente resolución, quien actúa asistida por Gustavo Vega Ascencio, Secretario que autoriza. Doy fe.
- Principal
AUDIENCIA CONSTITUCIONAL
- Principal
Acapulco de Juárez, Guerrero; ocho de marzo de dos mil veintidós. Visto; se tiene por recibido el oficio firmado por el Procurador Fiscal, dependiente de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Guerrero, con residencia en Chilpancingo de los Bravo, mediante el cual acusa recibo del oficio 31515/2021, por el que se le notificó el auto de dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.
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