Alexis Mendoza Cruz

Expediente 739/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 8 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2019.

Datos del expediente

Expediente
739/2019
Año
2019
Actuaciones
8
Última actuación
29/08/2019

Partes del expediente

  • Alexis Mendoza Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    ..., en el que se desechó la demanda presentada por la parte quejosa, sin que se haya hecho uso de ese derecho; en consecuencia, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado. ...

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCION I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ORGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN CATORCE DE AGOSTO DE DOS MIL DIECINUEVE: Tijuana, Baja California, catorce de agosto de dos mil diecinueve. Visto el escrito de cuenta, de la que se advierte que el quejoso Alexis Mendoza Cruz, da cumplimiento al requerimiento efectuado por este órgano jurisdiccional en proveído de nueve de agosto de dos mil diecinueve. Ahora bien, analizado el escrito inicial de demanda, se advierte un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, es dable precisar que por "manifiesto" debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es. Además, debe tenerse la certeza y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto, de tal modo que, aun en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes. En ese tenor, se tiene el quejoso reclama lo siguiente: La negativa ficta por parte de la autoridad responsable Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios, en relación con su petición de tres de abril de dos mil diecinueve, para la autorización para el consumo individual recreativo de marihuana. En el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo, que a continuación se transcribe: "61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XX. Contra actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, que deban ser revisados de oficio, conforme a las leyes que los rijan, o proceda contra ellos algún juicio, recurso o medio de defensa legal por virtud del cual puedan ser modificados, revocados o nulificados, siempre que conforme a las mismas leyes se suspendan los efectos de dichos actos de oficio o mediante la interposición del juicio, recurso o medio de defensa legal que haga valer el quejoso, con los mismos alcances que los que prevé esta Ley y sin exigir mayores requisitos que los que la misma consigna para conceder la suspensión definitiva, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, independientemente de que el acto en sí mismo considerado sea o no susceptible de ser suspendido de acuerdo con esta Ley". En el caso, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió agotar el juicio de nulidad respectivo, puesto que el silencio negativo es una ficción legal de efectos exclusivamente procesales, cuyo propósito es superar las consecuencias de la inactividad de la administración, abriendo la vía del juicio contencioso administrativo en exclusivo beneficio de los administrados. Lo anterior, pues en el caso el acto reclamado constituye una negativa ficta, en términos del artículo 17 de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, que establece que no podrá exceder de tres meses el tiempo para que la dependencia u organismo resuelva lo que corresponda y transcurrido dicho plazo, se entenderá la resolución en sentido negativo al promovente; con lo cual, se pone fin a la instancia. En ese tenor, el artículo 3, fracción XII, de la Ley Orgánica de ese tribunal, en el que establece: "3. El Tribunal conocerá de los juicios que se promuevan contra las resoluciones definitivas, actos administrativos y procedimientos que se indican a continuación: [.] XII. Las dictadas por las autoridades administrativas que pongan fin a un procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, en los términos de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo". Así, previo a la promoción del juicio de amparo, se debió promover el juicio contencioso administrativo ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, de conformidad con lo dispuesto en de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, en relación con el diverso numeral 2º de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, se desprende que procede el juicio contencioso administrativo contra los actos que pongan fin a una instancia. Apoya lo anterior, la Jurisprudencia PC.I.A. J/107 A (10a.), emitida por el Pleno en materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Página 624, Libro 44, Julio de 2017, Tomo I, Materia Común, Administrativa, de rubro y texto siguientes: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. TRATÁNDOSE DE LA RESOLUCIÓN NEGATIVA FICTA CONFIGURADA EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 89 DE LA LEY DE PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DEL DISTRITO FEDERAL, APLICABLE EN LA CIUDAD DE MÉXICO, ANTES DE IMPUGNARLA A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO, ES NECESARIO AGOTAR EL RECURSO ORDINARIO O EL JUICIO DE NULIDAD RESPECTIVO (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). Cuando en el juicio de amparo biinstancial se señala como acto reclamado la resolución negativa ficta de la autoridad administrativa, prevista en el artículo 89 aludido, debe observarse el principio de definitividad y, agotarse el medio de impugnación ordinario o el juicio de nulidad respectivo, puesto que el silencio negativo es una ficción legal de efectos exclusivamente procesales, cuyo propósito es superar las consecuencias de la inactividad de la administración, abriendo la vía del juicio contencioso administrativo en exclusivo beneficio de los administrados. De lo contrario, se llegaría al extremo de considerar que dicha ficción legal sustituye la voluntad de la autoridad administrativa sin fundamento ni motivo; cuando en realidad simplemente resulta ser un remedio procedimental por la inactividad formal de la administración pública y no propiamente una interpretación de la voluntad de la administración cuando, precisamente, lo que falta es esa voluntad administrativa; en consecuencia, no puede alegarse que la negativa ficta es un acto carente de fundamentación y motivación para efectos de la procedencia del juicio de amparo". Así, al no satisfacerse el principio de definitividad que rige en el juicio de amparo, este órgano jurisdiccional estima que en la especie se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Tal principio encuentra su justificación en el hecho de que, al tratarse el amparo de un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional, el quejoso debe, previamente a su promoción, acudir a las instancias que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, salvo los casos de excepción previstos legal y jurisprudencialmente. En el caso, no se surte el supuesto de excepción al cumplimiento del principio de definitividad, que se actualiza cuando la ley que establezca los medios de impugnación relativos, exija mayores requisitos para otorgar la suspensión del acto que los que la Ley de Amparo requiere como condición para decretar dicha medida, exija plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional, o bien, no permita otorgar dicha medida con los mismos alcances precisados en tal ordenamiento legal. Cuando el recurso respectivo sólo esté previsto en un reglamento. Lo anterior, en términos de lo expuesto por la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, al resolver la contradicción de tesis 222/2015, en la que, después de un análisis comparativo de la Ley de Amparo y la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, concluyó que esta última no prevé mayores requisitos para otorgar la medida cautelar, y los alcances otorgados a dicha medida son esencialmente iguales. Por tanto, conforme a lo establecido en la jurisprudencia 2a./J. 27/2016 (10a.), que derivó de dicha contradicción, visible en la página mil ciento noventa y cuatro, tomo II, libro veintiocho, marzo de dos mil dieciséis, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011289, que a continuación se cita, se concluye que, previo a instar en la presente vía constitucional, es necesario agotar el juicio contencioso administrativo federal. El citado criterio es del tenor siguiente (énfasis añadido): "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES NECESARIO AGOTARLO PREVIAMENTE A ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO, PORQUE LOS ALCANCES QUE SE DAN A LA SUSPENSIÓN DEL ACTO RECLAMADO CONFORME A LA LEY DE AMPARO, EN ESENCIA, SON IGUALES A LOS QUE SE OTORGAN CONFORME A LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. La Ley de Amparo prevé la obligación del juzgador de fijar la situación en que habrán de quedar las cosas y tomar las medidas pertinentes para conservar la materia del amparo hasta la terminación del juicio, pudiendo establecer condiciones de cuyo cumplimiento dependa que la medida suspensional siga surtiendo efectos. En tanto que la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo ordena que el Magistrado instructor determine la situación en que habrán de quedar las cosas cuando concede la suspensión, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal hasta que se dicte sentencia firme. Esta última prevención no es menor al postulado por la Ley de Amparo, relativo a la posibilidad de otorgar efectos restitutorios a la suspensión definitiva, que se traduce en restablecer provisionalmente al quejoso en el goce del derecho presuntamente violado en tanto se dicta sentencia definitiva, siempre y cuando sea jurídica y materialmente posible, pues ambos alcances tienden a preservar la materia del juicio y a restituir provisionalmente en el derecho violado al inconforme hasta que se dicte sentencia definitiva. Con ello, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo no prevé mayores requisitos que los señalados en la Ley de Amparo para otorgar la medida cautelar, pues un análisis comparativo entre ambas legislaciones evidencia que tanto en el juicio contencioso administrativo, como en el de amparo, para que proceda la suspensión del acto impugnado o del acto reclamado, se exigen requisitos esencialmente iguales, pues en ambos casos debe preceder la solicitud respectiva, sin que exista afectación al interés social ni la contravención a disposiciones de orden público, así como acreditarse el acto de autoridad que cause perjuicios de difícil reparación, además de concurrir similitud en lo relativo a la obligación del solicitante de otorgar garantía cuando la suspensión pueda ocasionar daño o perjuicio a terceros, así como en los casos en que la suspensión quedará sin efectos, y ser coincidentes en señalar que ésta se tramitará por cuerda separada y podrá pedirse en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia ejecutoria. Contradicción de tesis 222/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Cuarto del Segundo Circuito y Tercero del Primer Circuito, ambos en Materia Administrativa. 3 de febrero de 2016. Cinco votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Alberto Pérez Dayán; votó contra algunas consideraciones Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Alberto Pérez Dayán. Secretaria: Irma Gómez Rodríguez. Criterios contendientes: El sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, al resolver el amparo en revisión 150/2015, y el diverso sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, al resolver el amparo en revisión 374/2014. Tesis de jurisprudencia 27/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del diecisiete de febrero de dos mil dieciséis. Nota: Esta tesis es objeto de la denuncia relativa a la contradicción de tesis 146/2019, pendiente de resolverse por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación." Es oportuno destacar que no pasa inadvertida para este órgano jurisdiccional la existencia de la jurisprudencia 1a./J. 72/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la que -en esencia- se sostiene que la Ley de Amparo no exige como requisito para la procedencia de la suspensión del acto reclamado, que éste cause daños y perjuicios de difícil reparación y que, en el caso, la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo sí contempla dicho requisito para la suspensión del acto. Sin embargo, tomando en consideración que a la fecha se encuentra pendiente de resolver la contradicción de tesis 146/2019, por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, denunciada precisamente respecto de ambos criterios, se estima que la jurisprudencia en que se sustenta esta sentencia no ha perdido vigencia y, al ser exactamente aplicable al caso concreto, existe la obligación de este órgano jurisdiccional de resolver el presente asunto con base en su contenido, en términos de lo dispuesto en el artículo 217 de la Ley de Amparo. Por otra parte, también se cumple el requisito consistente en que la ley que regule el medio de impugnación no fije plazo mayor para el otorgamiento de la suspensión provisional que la Ley de Amparo, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 19/2015 (10a.), sustentada por la Segunda Sala del Más Alto Tribunal del País, consultable en la página setecientos ochenta y tres, tomo I, libro diecisiete, abril de dos mil quince, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2008807, de rubro: "RESOLUCIONES ADMINISTRATIVAS IMPUGNABLES ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. EL PLAZO PARA OTORGAR LA SUSPENSIÓN CONFORME AL ARTÍCULO 28, FRACCIÓN III, INCISO C), DE LA LEY FEDERAL DE PROCEDIMIENTO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO, ES EQUIVALENTE AL PREVISTO EN LA LEY DE AMPARO, PARA EFECTOS DE LA OBSERVANCIA DEL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD (LEGISLACIÓN VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." Por otra parte, dada la naturaleza del acto reclamado consistente en la negativa ficta de la autoridad responsable, no puede alegarse que es un carente de fundamentación y motivación, para efectos de la procedencia del acto reclamado. Apoya lo anterior la tesis VI.3o.A.58 A (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, página 3066, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "NEGATIVA FICTA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA ESA FIGURA, DADA SU NATURALEZA JURÍDICA. Conforme a las diversas opiniones doctrinales sobre el silencio administrativo y a la regulación de la negativa ficta en los diferentes ordenamientos jurídicos que la prevén (en los ámbitos federal y local), esta figura constituye una ficción legal de carácter procesal que nace como un instrumento para la apertura de la vía contenciosa administrativa ante el silencio de la autoridad por resolver en forma expresa (por escrito) una instancia, petición o recurso, entendiéndose que lo hizo en sentido negativo a los intereses del particular. Por otra parte, las reglas que rigen al juicio contencioso administrativo cuando se impugna una negativa ficta son: en la demanda de nulidad debe exhibirse copia de la instancia no resuelta; en su contestación deben expresarse los fundamentos y motivos en que se apoya la negativa; el actor puede ampliar su escrito inicial contra estos y el tribunal administrativo, al dictar su sentencia, debe resolver el fondo de la pretensión planteada, reconociendo la validez o declarando la nulidad de la resolución ficta. Así, cuando se reclama la negativa ficta el juicio de amparo indirecto es improcedente, porque dicha figura es propia del juicio contencioso, ya que en este existe la posibilidad de que el particular amplíe la demanda una vez que en la contestación se le den a conocer las razones que sustentan esa negativa, circunstancia que no sucede en el amparo indirecto, pues la autoridad responsable sólo está obligada a rendir el informe justificado, en el que expondrá las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad del acto reclamado; y si bien es cierto que existe la diversa regla de que cuando en la demanda de amparo se aduzca la falta o insuficiencia de fundamentación y motivación, en su informe, la autoridad deberá complementar en esos aspectos el acto reclamado, para que el quejoso amplíe su demanda contra esa complementación, también lo es que ello sólo opera tratándose de actos materialmente administrativos, no cuando se reclama una resolución recaída a un recurso. De igual forma, la tesis VI.3o.A.59 A (10a.), emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Sexto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 63, Febrero de 2019, página 3065, Tomo II, Materia Común, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "NEGATIVA FICTA. ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EN EL QUE SE RECLAMA ESA FIGURA, AL NO OPERAR EN ESTE EL PRINCIPIO DE LITIS ABIERTA. Conforme a las diversas opiniones doctrinales sobre el silencio administrativo y a la regulación de la negativa ficta en los diferentes ordenamientos jurídicos que la prevén (en los ámbitos federal y local), esta figura constituye una ficción legal de carácter procesal que nace como un instrumento para la apertura de la vía contenciosa administrativa ante el silencio de la autoridad por resolver en forma expresa (por escrito) una instancia, petición o recurso, entendiéndose que lo hizo en sentido negativo a los intereses del particular. Por otra parte, el principio de litis abierta es una institución que permite la libre expresión de argumentos en el juicio contencioso administrativo, inclusive de los no planteados en el recurso administrativo, lo que implica, además, que pueda señalarse como acto impugnado, simultáneamente a la resolución recaída al recurso, la recurrida en sede administrativa. Por tanto, cuando se reclama una negativa ficta el juicio de amparo indirecto es improcedente, ya que en el amparo no cabe aplicar el principio de litis abierta, pues de su regulación se advierte que el acto reclamado debe apreciarse tal como aparezca probado ante la responsable, lo que significa que en este medio de control constitucional no pueden hacerse valer cuestiones no planteadas ante la responsable y, por ende, no es posible esgrimir conceptos de violación directamente contra la resolución recurrida en sede administrativa, ya que la materia de la litis en el amparo lo es únicamente la resolución recaída al recurso administrativo, no así la impugnada en este, a diferencia de lo que ocurre en el juicio de nulidad, donde dicho principio sí opera; de ahí que una negativa ficta no puede controvertirse eficazmente en el amparo, ya que en su impugnación se requiere que el gobernado tenga la posibilidad de formular argumentos no planteados en sede administrativa, lo que es propio únicamente del contencioso administrativo. En virtud de lo anterior, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XX y 107, fracción V, de la Ley de Amparo, el segundo de los citados interpretado en sentido contrario, lo procedente es DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO. Notifíquese personalmente al quejoso.

  4. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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