Alexis Joaquin Valdez Sanchez

Expediente 268/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 20 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
268/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
20/03/2019

Partes del expediente

  • Alexis Joaquin Valdez Sanchez

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, veinte de marzo de dos mil diecinueve. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se desechó de plano la demanda de amparo, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Toda vez que en el presente juicio se desechó de plano la demanda de amparo, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    CITATORIO.- PERS. En términos del artículo 27, fracción I, inciso b), de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal a la parte quejosa el auto y/o resolución del cuatro de marzo del dos mil diecinueve, que en lo conducente dice: Cuernavaca, Morelos, cuatro de marzo de dos mil diecinueve. Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Alexis Joaquín Valdez Sánchez, por su propio derecho, contra actos del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, fórmese el expediente respectivo y regístrese en el libro de gobierno con el número que le corresponde 268/2019-V-B. Desechamiento. De acuerdo al artículo 113 de la actual Ley de Amparo, el juez de Distrito debe examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, lo DESECHARÁ DE PLANO. Esta hipótesis normativa guarda armonía con el principio de impartición de justicia pronta y expedita que consagra el precepto 17 de nuestra Constitución, no es dable dar trámite a demandas de amparo notoriamente improcedentes, para evitar crear falsas expectativas en quienes solicitan la protección federal en asuntos que, desde un inicio se advierte que resultará indudablemente el sobreseimiento. Para efectuar ese examen preliminar deben considerarse únicamente los hechos y circunstancias narrados en la propia demanda; siendo que por motivo manifiesto, se entiende lo que se advierte clara y patentemente, y por indudable aquello de lo que se tenga la certeza y plena seguridad de que la causa de improcedencia efectivamente se actualiza en el caso concreto, de tal suerte que aún en el supuesto de admitirse la demanda de amparo y sustanciarse el procedimiento, no sería posible arribar a una convicción diversa, independientemente de los elementos que pudieran allegar las partes, y con total abstracción de lo que en un futuro pudiera probarse, sin lugar a dudas, sea porque los hechos en que se apoya hayan sido manifestados claramente por el promovente o por virtud de que estén acreditados con elementos de juicio indubitables, de modo tal que los informes justificados que rindan las autoridades responsables, los alegatos y las pruebas que éstas y las demás partes pudieran allegar o hacer valer en el procedimiento, sean innecesarios para configurar dicha improcedencia ni lleguen a desvirtuar su contenido. Resulta aplicable la Jurisprudencia I.13o.A. J/6, pronunciada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 1631, Tomo XX, Septiembre de 2004, Novena Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, de rubro "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO.". Este lineamiento normativo tiene como base constitucional lo preceptuado en el artículo 17, que consagra el derecho a la administración de justicia e impone como taxativa a los órganos jurisdiccionales el cumplir con ello de manera pronta y expedita, pues no sería lógico ni razonable admitir a trámite una demanda pese a tener plena convicción de que a la postre la misma no será procedente, con demérito de los recursos humanos y materiales que tal acción genera. Por consiguiente, dado que las causales de improcedencia son una cuestión de orden público, debe atenderse a los citados elementos a efecto de comprobar que si se actualiza, en este asunto, la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, éste interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo. Tales dispositivos establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." Conforme al artículo 107, fracción V de la ley de la materia, el amparo indirecto es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Así, tenemos que la Ley de Amparo publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, vigente a partir del tres de abril, en la fracción V de su artículo 107, define a los actos de imposible reparación como aquellos "...que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte..."; lo que implica que una violación procesal, que sólo produzca una afectación de esa naturaleza, no puede ser sujeta al análisis inmediato en el juicio de amparo indirecto, pues a la luz de la Ley de Amparo que actualmente impera en el orden jurídico mexicano, esa vía se encuentra reservada a aquellos actos que, aunque procesales, produzcan una afectación material a los derechos sustantivos del gobernado, como podrían ser, el embargo, la imposición de multas, el decreto de alimentos provisionales o definitivos, el arresto, etcétera. En el caso concreto, el quejoso reclama la negativa a dictar, darle a conocer y en consecuencia notificar a la demandada y actora el laudo que se dicte en el expediente laboral número 01/69/2018: sin embargo, se tendrá como acto reclamado la omisión de dictar laudo, en la medida que los restantes actos que señala dependen o son posteriores al precisado. Así, de la lectura integral de la demanda se desprende que la parte quejosa manifiesta bajo protesta de decir verdad, que la autoridad responsable, el diez de diciembre de dos mil diecinueve, cerró instrucción y ordenó turnar el expediente para la elaboración del proyecto de resolución en forma de laudo, por lo que el quejoso argumenta que han transcurrido en exceso los plazos previstos para la emisión de dicho laudo. Ahora bien, el acto reclamado emana de un juicio burocrático seguido ante el Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, por lo que es necesario precisar que para la seguridad jurídica de las partes y la posibilidad del Tribunal respectivo de emitir un laudo a consciencia, se estima que cuenta con un plazo máximo de quince días, de conformidad con lo previsto en el artículo 127 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, a partir de la celebración de la audiencia prevista en el artículo 115 de la Ley del Servicio Civil para el Estado de Morelos, tal como lo consideró el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Decimoctavo Circuito, en los autos del recurso de queja 236/2018 de su índice. Dicho lo anterior, se estima precisar que el acto reclamado se analizará conforme a la fecha de presentación de la demanda de amparo. Tal consideración se sustenta en la jurisprudencia 2a./J. 3/94, Materia Común, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 15, Número 79, Julio de 1994, Octava Época, del Semanario Judicial y su Gaceta, del rubro ACTO RECLAMADO. SU EXISTENCIA DEBE RELACIONARSE CON LA FECHA EN QUE SE PRESENTO LA DEMANDA. Entonces, el plazo de quince días que establece el artículo 127 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional aplicado de forma supletoria a la ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, contado en días hábiles, a partir a partir del día siguiente a que se cerró la instrucción y se ordenó turnar los autos para la elaboración del proyecto de laudo inició el once de diciembre de dos mil dieciocho y feneció el dieciséis de enero de dos mil diecinueve. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación establece que por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determinó que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador, normativa que también resulta supletoria a la Ley del Servicio Civil del Estado de Morelos, por disposición del articulo 11. Es aplicable la siguiente jurisprudencia 2a./J.33/2019, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente: "AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS." Por consiguiente, si el plazo de quince días que establece el artículo 127 Bis de la Ley Federal de los Trabajadores al Servicio del Estado, reglamentaria del apartado B) del Artículo 123 Constitucional, para dictar el laudo feneció el dieciséis de enero de dos mil diecinueve, los cuarenta y cinco días naturales a que se refiere la jurisprudencia apuntada para considerar la existencia de una abierta dilación trascurren del diecisiete de enero al dos de marzo de dos mil diecinueve, En tal virtud toda vez que la parte quejosa presentó la demanda de amparo el uno de marzo del año en curso, se concluye que lo hizo cuando aún no había trascurrido el lapso de tiempo considerado por el Alto Tribunal, pero calificar la existencia una abierta dilación en el procedimiento que sea reclamable a través del juicio de amparo. En ese sentido, aun cuando el acto reclamado incide en el derecho sustantivo a la administración de justicia, que implica entre otras cosas, que la autoridad decida el fondo de la controversia mediante el dictado de laudo, a la fecha de la presentación de la demanda de amparo, no puede calificarse como "irreparable", pues no afecta materialmente el derecho, en virtud que no impide su ejercicio de forma actual; máxime que el laudo requiere tiempo, por tratarse de la resolución de fondo y, además, por constituirse en un acto privativo; asimismo, no puede dejar de considerarse la carga de trabajo de la autoridad y su recurso humano encargado de esa tarea. A mayor abundamiento, cabe decir que al resolver las quejas 174/2016 y 287/2016, relativas a los juicios de amparo 1122/2016 y 1718/2016, del índice de este juzgado, el Segundo Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Decimoctavo Circuito, confirmó la determinación de este juzgador en el sentido que una demora en el dictado del laudo, pese a haber fenecido el plazo legal para ello, no implica indiscutiblemente una abierta dilación del procedimiento ni su paralización total. La invocación de las ejecutorias dictadas por el tribunal revisor, no precisa agregar copia de ellas a los autos, esto con base en la jurisprudencia 2a./J.103/2007, Materia Común, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 285, Tomo XXV, Junio de 2007, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del rubro siguiente: "HECHO NOTORIO. PARA QUE SE INVOQUE COMO TAL LA EJECUTORIA DICTADA CON ANTERIORIDAD POR EL PROPIO ÓRGANO JURISDICCIONAL, NO ES NECESARIO QUE LAS CONSTANCIAS RELATIVAS DEBAN CERTIFICARSE". Bajo esas directrices, es inconcuso que la abstención reclamada por el quejoso, aun cuando ciertamente a la presentación del amparo había fenecido el plazo legal para que el Tribunal dictara el laudo sin que lo hubiera hecho, no causa una afectación material a su derecho sustantivo a recibir justicia, porque el lapso trascurrido desde entonces a la fecha de presentación de la demanda no puede determinarse generadora de una abierta dilación del procedimiento y menos de una paralización total. Máxime que como se ha mencionado en párrafos que anteceden, el laudo no es una resolución de mero trámite, antes, resuelve el fondo del litigio, por lo que su elaboración y dictado definitivo precisa tiempo, incluso más del que prevé la ley, pues como quedó apuntado, el Tribunal debe examinar profusamente los hechos y lo que resuelva debe ser congruente y exhaustivo, fundado y motivado, a lo que se suma el hecho que algunos asuntos son más complejos que otros y por consiguiente, su examen requiere mayor cantidad de horas-hombre; máxime que al decidir el fondo del negocio se constituye en un acto privativo, por lo que indefectiblemente debe ser estudiado y elaborado a conciencia. Apoya a la anterior determinación, la tesis 2a. L/2015 (10a.), publicada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 19, junio de dos mil quince, con número de registro 2009477, cuyo rubro es "ACTOS DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. EL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO, QUE EXCLUYE LA POSIBILIDAD DE RECURRIR A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO LAS VIOLACIONES PROCESALES QUE POR VIRTUD DE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (*) PODÍAN IMPUGNARSE, NO ES CONTRARIO AL PRINCIPIO DE PROGRESIVIDAD.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción V, este interpretado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, procede desechar de plano la demanda promovida por ALEXIS JOAQUÍN VALADEZ SÁNCHEZ, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo. Domicilio y autorizados. Se tienen como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado por la parte quejosa; y, por autorizadas en los términos precisados en su demanda de amparo, a las personas propuestas. Notifíquese personalmente a la parte quejosa. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jadilson Alonso Navarro, que autoriza y da fe.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano