Alexis Guadalupe Toscano Payan
Expediente 1144/2020 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 26 de marzo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 1144/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 26/03/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Alexis Guadalupe Toscano Payan
Actuaciones
- Principal
PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por la parte quejosa, contra los actos reclamados de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando tercero de esta resolución. SEGUNDO. La Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a la parte quejosa, contra los actos reclamados del Actuario adscrito a la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en esta ciudad, por los motivos expuestos en el considerando séptimo de este fallo.
- Principal
Agréguense a los autos con vista a las partes, los oficios de cuenta y anexos, de conformidad con el artículo 117 de la Ley de Amparo, por medio de los cuales rinden informe justificado las autoridades responsables: Junta Local de Conciliación de Arbitraje del Estado de Sinaloa; Presidente de dicha Junta; y, Actuario adscrito, todos con residencia en esta ciudad.
- Principal
Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que las autoridades responsables Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa,con residencia en esta ciudad, no han informado los actos encaminados a dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, al haberse concedido el amparo y protección de la Justicia Federal, REQUIÉRASE NUEVAMENTE al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que dentro del término de TRES DÍAS, contado a partir del momento en que se encuentre legalmente notificada del presente proveído, informe a este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Sinaloa, el acatamiento que dé a la ejecutoria y remita las constancias con la que acredite lo anterior; APERCIBIDA que de no hacerlo se impondrá una multa, a la contumaz, de cien unidades de medida y actualización vigentes; lo anterior, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 192, párrafo segundo y 258 de la Ley de Amparo; asimismo, se remitirán los autos al Tribunal Colegiado de este Circuito, para continuar con el trámite de inejecución de sentencia; esto, con fundamento en el numeral señalado en primer término. Conviene precisar que respecto a lo establecido en el artículo 192, tercer párrafo, de la Ley de la materia, el Acuerdo General 12/2009, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, establece que para el desarrollo del procedimiento de ejecución de una sentencia, en debido cumplimiento a lo establecido en el numeral antes mencionado, además de requerir a las autoridades vinculadas al cumplimiento del fallo protector, debe requerirse al superior jerárquico inmediato de la autoridad directamente obligada. Asimismo, REQUIÉRASE al Gobernador Constitucional del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, para que en su carácter de superior jerárquico, conmine a la autoridad responsable Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa, con residencia en esta ciudad, a cumplir con la presente ejecutoria de amparo y demuestre la manera en que la requirió a dar cumplimiento; ello con el apercibimiento que de no hacerlo, se hará acreedor a la multa señalada con anterioridad, además de que incurrirá en las mismas responsabilidades que la aludida autoridad. Finalmente, para mayor celeridad, se transcriben a continuación los efectos de la sentencia dictada en el presente juicio de amparo (fojas 73 a 77): "Efectos de la concesión del juicio de amparo. En razón de lo expuesto, procede conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal solicitados, para el efecto de que se desincorpore de la esfera jurídica de la parte quejosa la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa reclamada, específicamente su artículo 50, fracción II, dada su inconstitucionalidad, y no le sea aplicado en lo futuro hasta en tanto sea reformada. Dicha concesión se hace extensiva al acto concreto de aplicación que se reclama, consistente en el pago generado por concepto de derechos por servicios registrales, consignado en el recibo con número de folio 11-000565354, de once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se pagó por lo relativo a la fracción II de dicho artículo 50 la cantidad de $*****************, expedido a nombre de ***************, para el efecto de que le sea devuelta tal cantidad que pagó por la aplicación del artículo 50, fracción II, de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. (.) Sin que ello implique que la parte promovente quede exenta de pagar la cantidad generada por concepto de derechos derivados del servicio prestado por el Estado, sino sólo deberá cubrir las cuotas previstas en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa, esto es, diez veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a la fecha en que se realizó la inscripción de la escritura en que se hizo constar el acto traslativo de dominio cuya inscripción fue solicitada al Registro Público de la Propiedad, de que se trata. Lo anterior, considerando que, el costo promedio de un servicio de inscripción por parte del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, en tratándose de gestiones realizadas para el registro de documentos público o privados, entre otros, por medio de los cuales se adquiera la propiedad de bienes inmuebles o derechos reales sobre los mismos, por herencia, legado o donación, entre cónyuges, entre ascendientes y descendientes en línea recta, en cualquier grado, equivale al monto de una cuota de diez veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a la fecha de la operación, según se desprende del inciso b) de la propia fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. De ese modo, al ser las autoridades fiscales recaudadoras a las que corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, tal cumplimiento constriñe al Secretario de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Sinaloa (vinculado al cumplimiento), a fin de que se devuelva a la peticionaria del amparo la cantidad que por concepto de derechos enteró con motivo del pago generado por concepto de derechos por servicios registrales inherentes a la fracción II del citado artículo 50, consignado en el recibo con número de folio *************, de once de diciembre de dos mil dieciocho, mediante el cual se le cobro la cantidad de ****************. La devolución de mérito deberá realizarse, desde luego, descontando el importe que resulte de aplicar la cuota de diez veces el valor diario de la unidad de medida y actualización a la fecha de la operación, en términos de lo previsto en el inciso b) de la fracción II del artículo 50 de la Ley de Hacienda del Estado de Sinaloa. (.) En la inteligencia que la tutela protectora, si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron a la formación y promulgación de la norma controvertida, no implica por parte de éstas, la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. (.) Concesión que se hace extensiva a la cantidad pagada por apoyo a la pro-educación, a razón de una tasa adicional del diez por ciento sobre el monto de los derechos que se causaron por los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad y el Comercio, conforme al artículo 111, fracción II, inciso d), de la Ley de Hacienda para el Estado de Sinaloa (foja 03 tercer párrafo y 17 vuelta). Ello, en atención a que dicho importe se encuentra vinculado con el precepto declarado inconstitucional, ya que la base sobre la que se aplica dicha tasa, lo constituye el derecho por registro o inscripción de documentos; en el caso, el recibo de pago con folio *************, de once de diciembre de dos mil dieciocho, a nombre de la parte quejosa, por concepto de dación en pago, donde se advierte que sobre dicho monto se aplicó la tasa del diez por ciento, para determinar el importe de la contribución relativa al apoyo a la pro-educación a cargo de la parte quejosa. Por tanto, también deberá devolverse a la parte impetrante de amparo, la cantidad de $***************, toda vez que al haberse declarado inconstitucional el artículo 50, fracción II de la ley en comentario, no existe base sobre la cual pueda aplicarse la tasa correspondiente al pago por concepto de apoyo a la educación que nos ocupa. En el entendido que dicha cantidad se encuentra incluida en el monto total de $****************, como consta en el recibo con número de folio 11-000565354. Asimismo, las cantidades que proceda devolver a la parte quejosa deberán incluir actualizaciones. (.).".
- Principal
Se admite la demanda de amparo Se señalan las NUEVE HORAS CON CUARENTA MINUTOS DEL VEINTISÉIS DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia constitucional en este juicio. En la inteligencia que se señala dicha fecha, atento a la carga de trabajo derivada de la reanudación de labores y el regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19. Sin que haya lugar a formar incidente de suspensión, por no haberlo solicitado la parte quejosa, tal y como se advierte de la certificación de cuenta. Por otro lado, las partes habrán de tener en cuenta lo previsto en el primer párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, en los siguientes términos: "Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten". Se precisa que el precepto 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece como obligación de la parte quejosa, entre otras, señalar con precisión a la autoridad responsable (incluso tratándose de asuntos en materia penal pues sobre el tema no opera la suplencia de la queja a que hace referencia el ordinal 79, fracción III, de la Ley en comento); en consecuencia, se le apercibe en el sentido de que si la forma de denominación no corresponde con lo indicado en su demanda, sin mayor trámite se decretará su inexistencia, se suspenderá toda comunicación con ellas y en su oportunidad, se resolverá conforme a tal situación, salvo prueba en contrario o que se corrija el señalamiento en la denominación correcta, hasta antes de la audiencia constitucional, al considerar que le corresponde a la parte quejosa estar pendiente de la tramitación de su asunto; circunstancia que guarda armonía con lo establecido en el artículo 17 constitucional que procura la impartición de justicia pronta y expedita y al principio de celeridad procesal. Se hace del conocimiento de la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, segundo párrafo de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que con motivo de este juicio se le dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, sin excusa de una imprecisión en su denominación, que no sea sustancial, si no existe duda y resulta evidente su existencia, se tendrán por hechas las notificaciones y será responsable de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan; en el entendido que podrá hacer la aclaración correspondiente en cuanto a su denominación exacta al rendir su respectivo informe. De conformidad con el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus covid-19, se invita a las partes: I. De estimarlo pertinente, transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea. II. Propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente.
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