Alexis Giovanna Gomez Penkoff
Expediente 400/2018 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 400/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 10/05/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alexis Giovanna Gomez Penkoff
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
MESA V.- SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA QUEDADO FIRME, PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. COMUNÍQUESE LO ANTERIOR A LAS PARTES, HÁGANSE LAS ANOTACIONES CORRESPONDIENTES EN EL LIBRO DE GOBIERNO, ASÍ COMO EN EL SISTEMA INTEGRAL DE SEGUIMIENTO DE EXPEDIENTES Y, CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 214 DE LA LEY DE AMPARO, ARCHÍVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTALMENTE CONCLUIDO. CSH
- Principal
MESA V.- POR LOS MOTIVOS EXPUESTOS SE IMPONE SOBRESEER EL PRESENTE JUICIO FUERA DE AUDIENCIA, EN CONSECUENCIA SE DEJA SIN EFECTOS LA FECHA SEÑALADA PARA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. CSH
- Principal
AVISO.- POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO FEDERAL, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO DE DIECISIETE DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN SU SÍNTESIS DICE: Visto el estado procesal que guarda el presente asunto, del cual se advierte que en el presente juicio de amparo el acto reclamado se hizo consistir en esencia en la falta de emplazamiento a la parte demandada al juicio de origen y la dilación dentro del procedimiento laboral 01/972/17-I, al señalar fecha lejana para el desahogo de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones. En esa tesitura, por una parte, toda vez que de las constancias que allegó a su informe justificado la autoridad responsable Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, se aprecia que el treinta y uno de enero de este año, el Actuario adscrito a dicha junta, emplazó al juicio de origen a la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social, asimismo, el trece de marzo del año en curso, emplazó a juicio al diverso demandado Partido del Trabajo. Al respecto, es dable concluir que se actualiza una causal manifiesta, notoria e indudable de improcedencia que provoca el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional. Resulta aplicable por analogía la tesis de jurisprudencia número 2ª./J.10/2003, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 386, del Tomo XVII, marzo de 2003, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que al tenor literal establece: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE.- De lo dispuesto en los artículo 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." En efecto, en el presente juicio se advierte que opera el supuesto de improcedencia contemplado en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:. XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." La expresión "cesación de los efectos del acto reclamado" implica la imposibilidad de analizar la constitucionalidad del mismo, por haber desaparecido lo que originó el juicio de amparo, y por lo tanto desaparecen los efectos de dicho acto de autoridad, es decir, retornan las cosas al estado que guardaban antes de la existencia del acto, como si éste, con independencia de que haya sido o no violatorio de derechos humanos, nunca se hubiese realizado. Ahora bien, al cesar los efectos del acto reclamado se restituye a la parte quejosa en el pleno goce del derecho humano infringido retornando las cosas al estado que guardaban antes de la violación, obteniéndose la teleología del artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, como si la violación del acto nunca se hubiera realizado, trayendo consigo la improcedencia del juicio debido a que el acto no seguirá trastocando la esfera jurídica del quejoso haciendo innecesario entrar al examen de la constitucionalidad del acto. En el caso, por lo que respecta al acto que la parte quejosa reclama de la autoridad responsable, como la falta de emplazamiento a la parte demandada a juicio de origen 01/972/17-I, se encuentra acreditado que el Actuario adscrito a la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos, el treinta y uno de enero de este año, emplazó al juicio de origen a la demandada Instituto Mexicano del Seguro Social y el trece de marzo del año en curso, emplazó a juicio al diverso demandado Partido del Trabajo; por tanto, es incuestionable que han cesado los efectos del acto reclamado, ya que la omisión ha desaparecido. Así las cosas, al haber quedado insubsistente el acto reclamado, tornando improcedente el juicio de amparo, este Juzgado Federal se encuentra imposibilitado para analizar su constitucionalidad. Es aplicable al caso por analogía, la tesis número P. CL/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 71, Tomo VI, Noviembre de 1997, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que es del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS, PARA ESTIMAR QUE SE SURTE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, DEBEN VOLVER LAS COSAS AL ESTADO QUE TENÍAN ANTES DE SU EXISTENCIA, COMO SI SE HUBIERA OTORGADO LA PROTECCIÓN CONSTITUCIONAL. La interpretación que de la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo ha hecho este tribunal en diversas épocas, en distintas tesis aisladas, obliga a considerar que el juicio de amparo es improcedente cuando han cesado los efectos de los actos reclamados sólo cuando el acto ha quedado insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso y disfruta del beneficio que le fue afectado por el acto de autoridad." Asimismo, es aplicable por analogía la tesis 2ª./J. 9/98, integrada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." De lo anterior, se infiere que cuando la causal de improcedencia que opere en un determinado asunto sea notoria, manifiesta e indudable, no hay necesidad de seguir substanciando el juicio de amparo y llegar a celebrar audiencia constitucional, ya que ningún efecto práctico tiene obligar al juez de amparo a celebrar la audiencia a que se refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para darle oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes para demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, puesto que, al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada la multicitada causal, además de que dicha determinación no provoca indefensión al gobernado, pues cuenta con los recursos legales que establece la ley de la materia. Por otra parte, por lo que respecta al diverso acto reclamado consistente en haber señalado fecha lejana para el desahogo de la audiencia de ley, se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XXIII, del artículo 61, en relación con el diverso 77, fracción II, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que señalan lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 77. Los efectos de la concesión del amparo serán: . II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En el último considerando de la sentencia que conceda el amparo, el juzgador deberá determinar con precisión los efectos del mismo, especificando las medidas que las autoridades o particulares deban adoptar para asegurar su estricto cumplimiento y la restitución del quejoso en el goce del derecho. En asuntos del orden penal en que se reclame una orden de aprehensión o auto de vinculación a proceso en delitos que la ley no considere como graves, la sentencia que conceda el amparo surtirá efectos inmediatos, sin perjuicio de que pueda ser revocada mediante el recurso de revisión; salvo que se reclame el auto de vinculación a proceso y el amparo se conceda por vicios formales. En caso de que el efecto de la sentencia sea la libertad del quejoso, esta se decretará bajo las medidas de aseguramiento que el órgano jurisdiccional estime necesarias, a fin de que el quejoso no evada la acción de la justicia. En todo caso, la sentencia surtirá sus efectos, cuando se declare ejecutoriada o cause estado por ministerio de ley." Así, conforme al estudio integral de la demanda de amparo, se aprecia que la quejosa reclamó la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de ley, en el juicio laboral 01/972/17-I. Señalado lo anterior, de las constancias que anexó la autoridad responsable, se desprende que la audiencia fijada para el veintidós de enero de dos mil dieciocho se difirió al no encontrarse preparada, por lo que la responsable señaló el día cinco de abril de dos mil dieciocho para su desahogo. En ese sentido, respecto al acto que se hace consistir en señalar fecha lejana para el desahogo de la audiencia, se actualiza la causa de improcedencia del juicio, prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con relación al artículo 77, fracción II, del propio ordenamiento. El primero de los dispositivos legales contempla que, con relación a los hechos que se reclaman a través del juicio de amparo, exista un precepto legal del cual resulte la improcedencia que se contenga en alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o bien de la propia Ley de Amparo, así debe declararse. En ese sentido, el artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, prevé que el efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido que el juicio de amparo debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa; de ahí que, para la procedencia del mismo es indispensable que la sentencia que se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho humano violado, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo o constituya una abstención, se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija. Lo anterior se contiene en la jurisprudencia P./J. 90/97, emitida por el Pleno del más alto Tribunal del país, visible en la página 9 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, VI, diciembre de mil novecientos noventa y siete, Novena Época cuyo rubro es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE." De ahí que si la parte quejosa consideró inconstitucional el actuar de la responsable, ya que dentro del juicio laboral 01/972/17-I se difirió el desahogo de la audiencia de ley y se fijó el cinco de abril de dos mil dieciocho para su celebración; en estas condiciones, se pone de manifiesto que a ningún fin práctico tendría la concesión del amparo, puesto que no sería posible restituir al quejoso en el goce del derecho humano que eventualmente hubiera transgredido la autoridad responsable con el hecho de señalar fecha lejana para el desahogo de la audiencia y, en caso de que se concediera el amparo, no podría cumplirse con la ejecutoria a fin de que se señalara fecha más cercana. Luego, suponiendo que efectivamente se conceda la protección constitucional para el efecto indicado y que en su contra no se hiciera valer por ninguna de las partes el recurso de revisión; por lo que es de concluirse que la fecha fijada para el desahogo de la audiencia habría transcurrido. En estas condiciones, se pone de manifiesto que ningún fin práctico tendría el que se conceda el amparo para el efecto de que la responsable deje insubsistente la fecha señalada para el desahogo de la audiencia de ley, en virtud de que para cuando se hiciera exigible el cumplimiento de la ejecutoria, la fecha fijada en el juicio natural ya habría transcurrido. Es aplicable al criterio precedente, la tesis sustentada por la Segunda Sala de la anterior integración, visible en la página noventa y nueve, Segunda Parte, Segunda Sala, del Informe correspondiente al año de mil novecientos ochenta y uno, cuyo tenor es del siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE, POR IMPOSIBILIDAD DE RESTITUIR AL QUEJOSO EN EL GOCE DE SU GARANTÍA CONSTITUCIONAL VIOLADA.". En esas condiciones, haría físicamente imposible volver las cosas al estado que tenían antes de la violación, de ahí que esté plenamente acreditada la causa de improcedencia invocada. Por lo anteriormente expuesto, al haberse actualizado de modo manifiesto e indudable las causales de improcedencia en análisis, se impone sobreseer el juicio fuera de audiencia, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 63, fracción V, en relación con el 61 fracción XXI, así como la fracción XXIII del mismo precepto legal, con relación al diverso ordinal 77, fracción II, todos de la Ley de Amparo. En consecuencia, se deja sin efecto la fecha señalada para la celebración de la audiencia constitucional, esto es las diez horas con quince minutos del veinticinco de abril de dos mil dieciocho. Cabe acotar que este Juzgador de Control Constitucional estima que en el presente caso no es procedente dar vista a la parte quejosa en términos del segundo párrafo, del artículo 64, de la Ley de Amparo, toda vez, que del análisis de dicho numeral se advierte que el supuesto previsto, únicamente aplica en segunda instancia. Aunado a que la improcedencia del juicio de amparo constituye un impedimento legal para resolver en el fondo sobre la existencia o no de alguna violación a los derechos fundamentales de quien se dice agraviado por algún acto de autoridad, tenemos que las causas de improcedencia previstas en la Ley de Amparo no son violatorias del derecho humano del recurso judicial efectivo, porque encuentran su razonabilidad en la medida de que se justifican en el derecho a recibir justicia pronta y expedita, tutelado por el artículo 17, constitucional, al evitar que los juicios de amparo proliferen de manera desmedida, haciendo nugatorio, precisamente, el referido derecho fundamental. Tiene aplicación la jurisprudencia P./J. 51/2014 (10a.), sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, número de registro 2007920, que a la letra dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. EN TÉRMINOS DE LO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 64, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE LA MATERIA, SE DEBE DAR VISTA AL QUEJOSO CON LA POSIBLE ACTUALIZACIÓN DE ALGUNA CAUSA NOVEDOSA, TANTO EN EL SUPUESTO EN EL QUE SE ACTUALICEN SIMULTÁNEAMENTE LAS DOS HIPÓTESIS QUE PREVÉ, COMO EN AMPARO DIRECTO. De la interpretación del citado precepto legal que indica: "Cuando un órgano jurisdiccional de amparo advierta de oficio una causal de improcedencia no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior, dará vista al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga", se concluye que la vista a la que se refiere debe darse, en principio, cuando la causa de improcedencia que se advierte de oficio no haya sido alegada por una de las partes y, además, no se haya analizado por un órgano jurisdiccional que hubiere conocido de la primera instancia del juicio de amparo respectivo, ante la imposibilidad de impugnar lo que al efecto se determine por el órgano de alzada de amparo, por lo que deberán actuar en esos términos tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, según sea el caso, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por otro lado, en aras de velar por el derecho de audiencia y atendiendo al sistema proteccionista ampliado de la Ley de Amparo, la disposición respectiva también es aplicable para el caso de que en el trámite del juicio de amparo directo, como instancia terminal, se estime de oficio que se actualiza una causa de improcedencia, por lo que en tal caso, igualmente los referidos Tribunales Colegiados de Circuito deben dar vista a la quejosa para que manifieste lo que a su derecho convenga, con el propósito de darle oportunidad de expresar argumentos tendentes a favorecer su situación jurídica en relación con la posible causa de improcedencia."
- Principal
MESA I.C.- SE REQUIERE A LA AUTORIDAD RESPONSABLE PARA QUE DENTRO DEL TÉRMINO INDICADO, DE CUMPLIMIENTO CON LO SOLICITADO POR ESTE JUZGADO FEDERAL. PARA EL CASO DE NO CUMPLIR CON DICHO REQUERIMIENTO SE PROCEDERÁ EN TÉRMINOS DE LO ESTABLECIDO EN EL PRESENTE ACUERDO.CSH
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