Alexis Garcia Valdez
Expediente 908/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 14 de febrero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 908/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 14/02/2023
Partes del expediente
- Gordy Molina Vega
- Alexis Garcia Valdez
- ALEXIS GARCIA VALDEZ y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Tijuana, Baja California, a catorce de febrero de dos mil veintitrés. Visto el contenido de la certificación secretarial de cuenta que no se interpuso por parte legitimada recurso de queja dentro del plazo legal, en contra del auto dictado el ocho de diciembre del dos mil veintidós, en el que se desechó la demanda de amparo que dio inicio al presente juicio; en consecuencia, con apoyo en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria conforme al precepto 2 de la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha causado estado; háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Por tanto, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido, y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sentido, envíese al archivo. En cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración y destrucción, digitalización, transparencia y resguardo de los expedientes judiciales generales por los órganos jurisdiccionales, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el diverso numeral 15, del citado Acuerdo. Asimismo, se establece que el expediente principal, en el que se desechó de plano la demanda promovida, es catalogado como depurable en un plazo de tres años, a partir de esta fecha, conforme al punto 7.4 del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales de resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal; lo anterior, al haberse concedido la suspensión de oficio y de plano de los actos reclamados por la parte quejosa. Se ordena marcar en la carátula de este expediente, la leyenda "depurable", que determina su destino, en términos de lo dispuesto en el artículo 35 del Acuerdo General mencionado. Notifíquese. Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD
- Principal
Tijuana, Baja California, a treinta de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el telegrama remitido por la autoridad responsable Director General de Procedimientos Constitucionales, en suplencia por ausencia de la Titular de la Unidad General de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación, en representación del Presidente de la República, mediante el cual da respuesta al requerimiento efectuado por oficio 27773/2022, relativo al proveído de diez de noviembre de dos mil veintidós, e informa el acato a la suspensión de plano decretada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Sin que pase inadvertido que por auto de ocho de diciembre del año próximo pasado, se desechó la demanda de amparo en el asunto que nos ocupa. Se hace saber a las partes que con fundamento en lo dispuesto en los artículos 12 y 13 del Acuerdo General 107/2022 del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la conclusión de funciones de los Juzgados de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio; y al cambio de denominación y ampliación de competencia de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, y de la oficina de correspondencia común que les presta servicio, publicado el trece de enero de dos mil veintitrés, a partir del día dieciséis de enero del presente año, este Juzgado cambia su denominación a Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad y conserva su actual jurisdicción territorial pero con competencia mixta, conforme al artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Notifíquese. Así, lo acordó y firma electrónicamente Martha Blake Valenzuela, Juez Decimoquinto de Distrito en el Estado de Baja California, asistida de José Alejandro Ortiz Monroy, Secretario de Juzgado que autoriza y da fe. Doy fe. GOD
- Principal
Tijuana, Baja California, a doce de enero de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos sin mayor proveído el oficio de cuenta suscrito por el Consultor Jurídico de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, con sede en la ciudad de México; dado que mediante proveído de trece de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el oficio (registrado con número de folio 16458), suscrito por dicha autoridad, con similar contenido, y se proveyó lo conducente al respecto. Por otra parte, de autos se advierte que no se cuenta con la constancia de notificación del oficio 30431/2022, enviado a la Secretaría de Gobernación, en representación de la autoridad responsable Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México (por el cual se anexo el diverso oficio 27773/2022 y 30002/2022). Sin embargo, al consultar la página de internet https://www.estafeta.com/Herramientas/Rastreo, a fin de verificar el estatus de la guía con número de rastreo 3995176063 (por medio del cual se envió el oficio de referencia 30431/2022), se obtuvo una incidencia en su envío, la cual consiste en la siguiente: "Reporte generado por el cliente". Por tanto, reexpídase el oficio 27773/2022 (por el cual se decretó la suspensión de plano en el presente asunto); y el diverso oficio 30002/2022, mediante el cual se transcribe el auto de ocho de diciembre de dos mil veintidós, en el cual se acordó el desechamiento de la demanda de amparo en el presente asunto, dirigido a la autoridad antes mencionada. Notifíquese. Así lo acordó y firma electrónicamente, la licenciada Martha Blake Valenzuela, Juez Sexto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, asistida por el licenciado José Alejandro Ortiz Monroy, secretario de juzgado que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Tijuana, Baja California, a ocho de diciembre de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio (con anexo) de cuenta, proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, por el cual devuelve sin diligenciar el exhorto local 343/2022, con número de orden 351/2022, derivado del presente juicio de amparo, por los motivos ahí expuestos. Sin que se necesario girar el acuse de recibo respectivo, en virtud de que el propio sistema lo genera; en consecuencia, realícese la anotación correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Ahora, de autos se advierte que en proveído de diez de noviembre del año en curso, se requirió a los directos agraviados, a efecto de que manifestaran si ratifican o no la demanda promovida en su favor; sin embargo, en la razón actuarial de once de noviembre de dos mil veintidós, el actuario de la adscripción asentó la imposibilidad que tuvo para localizar a los antes mencionados; dado que, al constituirse en las instalaciones migratorias de esta ciudad, le fue informado que después de realizar una búsqueda en la base de datos y en las listas de personas alojadas en esta estación migratoria, no se localizó registro de los directos quejosos. Posteriormente, mediante proveído de veinticinco de noviembre último, se tuvo al Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, en Mexicali, informando que desconoce la ubicación de los quejosos, toda vez que no se encuentran a disposición del Instituto Nacional de Migración. Asimismo, por auto de seis de diciembre de dos mil veintidós, se tuvo al Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, informando que no se encontró información de los directos quejosos Alexis García Valdez y Gordy Molina Vega. No obstante, en proveído de cinco de diciembre último, se ordenó girar exhorto al Juzgado de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, en turno, a efecto de localizar a los directos agraviados de mérito. Por lo que, en siete de diciembre de dos mil veintidós, se recibió el exhorto proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, mediante el cual devolvió el exhorto girado con la finalidad de localizar a los directos quejosos Alexis García Valdez y Gordy Molina Vega, a fin de que se encontraran en posibilidad de ratificar la demanda de amparo promovida a su favor. Sin embargo, de las constancias que remitió la autoridad oficiante se obtuvo la razón actuarial de seis de diciembre de dos mil veintidós, suscrita por el Actuario adscrito al Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con sede en Villahermosa, en el que asentó la imposibilidad que tuvo para localizar a los directos quejosos Alexis García Valdez y Gordy Molina Vega (en la Estación Migratoria de aquella ciudad) por los motivos ahí expuestos. Entonces, si en el presente asunto a la fecha no se ha podido localizar a los quejosos Alexis García Valdez y Gordy Molina Vega, a fin de que se encuentren en posibilidad de ratificar o no la demanda promovida a su favor; cierto es también que existe indicio de que los aquí quejosos no se encuentran alojados en la Estación Migratoria de Esta ciudad, lo que se corrobora con la constancia de imposibilidad de once de noviembre de dos mil veintidós, por la cual el actuario judicial de la adscripción asentó que al constituirse en las instalaciones de dicha estación migratoria, se le informó que no se localizó registro que dichos quejosos se encontraran alojados en esa estación migratoria. DESECHAMIENTO Ahora bien, conviene precisar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO" Esencialmente la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En ese sentido, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo y en atención a la causa de pedir, se obtiene que la parte promovente hace consistir los actos reclamados en -lo que aquí interesa-: ( La orden de aseguramiento, alojamiento, deportación, expulsión, o repatriación de los quejosos. ( La restricción a la libertad de tránsito, detención e incomunicación. ( La aplicación, aprobación, emisión y promulgación del artículo 111 de la Ley de Migración. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.". Asimismo, resulta aplicable por identidad jurídica esencial, la tesis aislada número VI/2004, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 255, Tomo XIX, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente al mes de abril de 2004, Novena Época, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS, REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." En ese sentido de las constancias que integran el juicio de amparo en que se actúa se obtiene: la constancia de imposibilidad de once de noviembre de dos mil veintidós, por la cual el actuario judicial de la adscripción asentó que al constituirse en las instalaciones de dicha estación migratoria, se le informó que no se localizó registro que dichos quejosos se encontraran alojados en esa estación migratoria. El informe del Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, en Mexicali, en el sentido de que desconoce la ubicación de los quejosos, toda vez que no se encuentran a disposición del Instituto Nacional de Migración. Asimismo, el informe del Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, con sede en la Ciudad de México, por el cual precisó no se encontró información de los directos quejosos Alexis García Valdez y Gordy Molina Vega. De igual forma, el exhorto proveniente del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, con residencia en Villahermosa, mediante el cual devolvió el exhorto girado con la finalidad de localizar a los directos quejosos Alexis García Valdez y Gordy Molina Vega, a fin de que se encontraran en posibilidad de ratificar la demanda de amparo promovida a su favor; del cual se desprende que de las constancias que remitió la autoridad oficiante se obtuvo la razón actuarial de seis de diciembre de dos mil veintidós, suscrita por el Actuario adscrito a ese juzgado, en el que asentó la imposibilidad que tuvo para localizar a los directos quejosos Alexis García Valdez y Gordy Molina Vega (en la Estación Migratoria de aquella ciudad) por los motivos ahí expuestos. Documentales públicas a las que se concede pleno valor probatorio, de conformidad con los numerales 93, fracción II, 129 y 202, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto a continuación se transcriben: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." De ahí que, resulta evidente que, los citados quejosos no se encuentran alojados en alguna estación migratoria; es decir, con anterioridad a la presentación de la demanda que dio origen al juicio de amparo en que se actúa (diez de noviembre de dos mil veintidós). En esa tesitura, en el caso concreto, se advierte que se actualiza una manifiesta causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 6º, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 6º. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." En efecto, tomando en consideración que no se advierte registro de alojamiento de los directos quejosos en las estaciones migratorias de mérito, del cual emanaban los actos reclamados, no se surte la posibilidad de proveer sobre la admisión de ésta y dar inicio al juicio de amparo; es decir, la ausencia de voluntad de proseguir en el juicio a través de la ratificación de la demanda por los directos quejosos); por lo que al carecer precisamente de ella, no puede considerarse ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto por el citado artículo 6º de la Ley de Amparo, por ser precisamente la voluntad de quien aparece como promovente una formalidad esencial para intentar la acción constitucional. Pues basta imponerse del contenido de los presentes autos para advertir con claridad que las violaciones que reclamaba la parte promovente y refirió sufrieron los directos quejosos, si bien se presumió su existencia, cierto es también, que a la fecha de presentación de la demanda dicho acto no existió toda vez que no se encontró de registro de alojamiento alguno de los directos quejosos a alguna estación migratoria; y por otra parte, que se juzga indudable la improcedencia cuestionada, porque aunque se continuara con la substanciación del procedimiento, llegado el caso de dictar sentencia no resultaría factible formarse una convicción diversa, por más elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, así que a nada práctico conduciría seguir con el juicio en el que, conforme a la técnica jurídica, las pretensiones aducidas, ya no podrían ser objeto de análisis, por haber sobrevenido durante la tramitación la causal de improcedencia analizada, lo que, además, sería contrario al espíritu de lo establecido en el artículo 17 de la Constitución, en tanto que la ociosa tramitación del referido juicio repercutiría en menoscabo de los diversos asuntos que se tramitan en este órgano jurisdiccional; de ahí que se deseche de plano la demanda promovida a favor de los directos quejosos. Lo anterior guarda congruencia al considerar que dar trámite al juicio a nada jurídicamente práctico llevaría, razón por la cual se considera de mayor beneficio para los directamente agraviados que tengan conocimiento desde el inicio del resultado del análisis preliminar de la demanda de amparo (no obstante de que éste no haya sido ratificada por los directos quejosos) pues aun cuando se lograra su ratificación en nada variaría el sentido del fallo ante las actuaciones realizadas por las responsables y, a su vez, se evita la práctica de un trámite innecesario en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 Constitucional, lo que incluso permite que los directamente agraviados estén en posibilidad de promover oportunamente los medios ordinarios para defender sus derechos en caso de considerarlo necesario. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, tomo VII, Mayo de 1998, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se sustanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." Atento a lo anterior, se dejan sin efectos las providencias decretadas en el presente asunto respecto de los quejosos Alexis García Valdez y Gordy Molina Vega; comuníquese lo anterior a las partes, hágase la anotación de rigor en el libro de juzgado respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes "SISE". Notifíquese; y por lista a los quejosos Alexis García Valdez y Gordy Molina Vega.
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