Alexis Diaz Gomez
Expediente 37/2017 tramitado ante el Juzgado Decimotercero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 17 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 37/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 28/03/2017
Partes del expediente
- Alexis Diaz Gomez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Ciudad de México, a veintiocho de marzo de dos mil diecisiete. Vistas la constancia y certificación que anteceden, se advierte que no se recurrió la sentencia que sobreseyó y negó el amparo y protección de la justicia de la unión; en consecuencia, con fundamento en los numerales 86 de la Ley de Amparo, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley en cita, se declara que ha causado ejecutoria dicha sentencia. En tal virtud, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como concluido y con fundamento en el precepto 214 de la ley reglamentaria, interpretado en sentido contrario, en su oportunidad envíese al archivo. En cumplimiento al punto décimo primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los juzgados de Distrito, toda vez que se sobreseyó y negó el amparo, que en autos no constan documentos originales exhibidos por las partes y que este expediente carece de relevancia documental, de conformidad con los puntos cuarto y décimo del acuerdo general en cita, una vez que transcurra el plazo de tres años que estipulan tales disposiciones, transfiérase el expediente en que se actúa a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la inteligencia que es susceptible de depuración por encontrarse en la hipótesis a que se refiere la fracción IV, del punto vigésimo primero del referido acuerdo, con excepción de los documentos a que se refiere dicha disposición, hágase constar lo anterior en la carátula de este expediente. Toda vez que en el incidente respectivo, se negó la suspensión provisional y definitiva, respecto de los actos reclamados, por tanto, el cuaderno original de este expediente es susceptible de destrucción, en términos del párrafo primero de la fracción III del numeral vigésimo primero de la disposición en consulta. Por otra parte, con sustento en el punto vigésimo, fracción III del acuerdo General mencionado, toda vez que se cuenta con el expediente original del incidente de suspensión, el duplicado del mismo es susceptible de destrucción por este órgano jurisdiccional, en los seis meses posteriores al dictado de esta resolución, por lo que se señala como fecha probable para ello el dos de octubre de dos mil diecisiete.
- Principal
Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 37/2017, promovido por Alexis Diaz Gomez, contra el acto reclamado del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de la Ciudad de México y otras autoridades; y R E S U L T A N D O: I. Por escrito presentado el seis de enero de dos mil diecisiete en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en esta ciudad, que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, el quejoso solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra el acto se precisará en el considerando segundo. II. El solicitante del amparo narró los antecedentes del acto reclamado, formuló los conceptos de violación que consideró pertinentes e indicó que transgredieron sus derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 14, 16, 19, 20, 21, 22 y "133" de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. III. Por auto nueve del mes y año referidos, se admitió a trámite la demanda, que se registró con el orden 37/2017; se solicitó el respectivo informe justificado a las autoridades señaladas como responsables; se dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito la intervención legal que le compete; y se fijaron fecha y hora para la audiencia constitucional, que se difirió en una ocasión. IV. El dos de febrero del año en curso, se requirió al quejoso para que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda en relación con un acto emitido por una de las autoridades señaladas como responsables, que está estrechamente vinculado con el que se precisó en la demanda; sin embargo, no realizó algún pronunciamiento al respecto, por lo mediante proveído de dos del mes actual se hizo efectivo con que se le conminó, esto es, que el juicio se resolverá en los términos en que se planteó la demanda. V. Por último, se realizó la audiencia de ley al tenor del acta que antecede; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este juzgado es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con los artículos 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución General de la República; 37 y 107, fracción II, de la Ley de Amparo; y 51 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en razón de la naturaleza jurídica del acto reclamado. SEGUNDO. Conforme al artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo y la jurisprudencia que bajo el número 1347 aparece publicada en la página 1511 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación [aplicable de conformidad con el artículo SEXTO TRANSITORIO del decreto por el que se expidió la ley de la materia, dado que no se opone a su contenido], que enseguida se invoca, debe en principio hacerse la fijación clara y precisa del acto reclamado. Dicho criterio es del rubro: "DEMANDA DE AMPARO DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD". En ese orden, del análisis integral de la demanda y de las demás constancias de autos, se precisa que el acto reclamado se hizo consistir en: * La "ejecución" del traslado del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente al Centro Varonil de Reinserción Social "Santa Martha Acatitla", ambos de esta ciudad. Que reclamó de las autoridades siguientes: a) Subsecretario. b) Director. c) Consejo Técnico Interdisciplinario. d) Subdirector Jurídico. Estos tres últimos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente. e) Director del Centro Varonil de Reinserción Social "Santa Martha Acatitla". Todos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México. f) "Personal en Turno Encargado de Seguridad y Custodia"; y g) "Secretaria de Sistemas Penitenciarios del Gobierno de la Ciudad de México". TERCERO. Las autoridades señaladas en los incisos f) y g) no existen, pues en relación con la primera, las autoridades del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente de esta ciudad señaladas como responsables así lo manifestaron al rendir informe justificado y, respecto de la restante, así se estableció en la razón actuarial de once de enero del año actual; por tanto, es inconcuso que tampoco puede existir el acto que de cada una se reclamó. Por otra parte, no es cierto el acto reclamado de las autoridades precisadas en los incisos a), c) y d), pues de su respectivo informe de ley se aprecia que no ejecutaron el traslado señalado por el quejoso, sin que este último ofreciera prueba en contrario. En ese sentido, debido a la inexistencia de las autoridades señaladas, así como del acto atribuido a las restantes, con fundamento en la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee en el juicio de amparo. Por otra parte, es cierto el acto reclamado del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y del Director del Centro Varonil de Reinserción Social "Santa Martha Acatitla" ambos de esta ciudad, pues de las constancias que adjuntó el subsecretario señalado como responsable, se advierte el oficio SG/SSP/0021/2017, por el que dicha autoridad autorizó el traslado, entre otros, del quejoso, del reclusorio al centro de reinserción mencionados; documental que tiene pleno valor probatorio, de conformidad con el artículo 129, en relación con los diversos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. En atención a que no se advierte que se actualice alguna causal de improcedencia, ni que las partes la hicieran valer, procede el análisis de los conceptos de violación, los cuales se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no ser necesaria su transcripción. Esto último encuentra apoyo en la jurisprudencia identificable con el número 1340 impresa en la página 1502, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Apéndice 1917-Septiembre 2011, Tomo II, Procesal Constitucional 1, Materia Común, Primera Parte, Décima Primera Sección -Sentencias de amparo y sus efectos-, sustentada por la Segunda Sala del Alto Tribunal de justicia del país, con el rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN". QUINTO. Los conceptos de violación son inoperantes, sin que se advierta materia para suplir la deficiencia de la queja, de conformidad con el artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, por lo que es procedente negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Así se considera, porque el quejoso, a través de dichos motivos de disenso, no controvirtió la ejecución del traslado del que fue objeto, aunado a que del acuse del oficio SJ/090/2017 (foja 35), de tres de enero del año en curso, signado por el Jefe de la U.D. de Seguridad y Funcionario de Guardia del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, dirigido al director del centro de reinserción supracitado, se advierte que no se registró alguna irregularidad en la ejecución de dicho traslado, pues en la parte superior se asentó que se recibían veintinueve internos (entre los que se incluía al quejoso), sus respectivos expedientes jurídicos, fichas de identificación y certificados médicos relativos, sin que se destacara alguna situación; máxime que de los antecedentes que relató el quejoso no se aprecia algún hecho que pudiera considerarse como violatorio de sus derechos fundamentales, pues no refirió que durante su traslado hubiera sido objeto de maltrato físico o psicológico. Es importante destacar que la materia del juicio se circunscribe a la ejecución material de dicho traslado, no a la autorización del mismo, emitida por el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México, pues independientemente de la constitucionalidad o no de ese pronunciamiento, no debe perderse que el quejoso fue categórico en señalar como acto reclamado tal ejecución, sin que controvirtiera la orden relativa, aun cuando se le requirió para tal efecto. Es orientadora la tesis sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Décimo Séptimo Circuito, consultable en la página 1201 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2, que dispone: "ACTO DE EJECUCIÓN RECLAMADO POR VICIOS PROPIOS. ES LEGAL EXAMINARLO EN EL JUICIO DE AMPARO, EN RELACIÓN CON LA AUTORIDAD EJECUTORA DESIGNADA, NO OBSTANTE QUE NO SE LLAME A LA ORDENADORA. De conformidad con los artículos 11 y 116, fracción III, de la Ley de Amparo, la autoridad responsable es quien dicta, promulga, publica, ordena, ejecuta o trata de ejecutar la ley o el acto reclamado y es obligación del quejoso señalar en su demanda de garantías a aquella que dictó u ordenó su ejecución, para que sea llamada a juicio y examinar el acto que se le reclama; en caso contrario, no es factible estudiar la constitucionalidad de actos provenientes de autoridades que no fueron llamadas al juicio, pues tal actuar significaría una infracción al principio de audiencia previa que rige en el sistema jurídico. Sin embargo, dicha premisa no es de aplicación irrestricta, sino que debe atenderse a cada caso en particular, analizando si los actos reclamados se atribuyen directamente a la autoridad responsable, o bien, dependen de ella pero fueron ejecutados por una diversa. Luego, si una autoridad no fue llamada al juicio de amparo y tiene el carácter de ordenadora, con base en la hipótesis jurídica aludida, ello traería como consecuencia que no fuera posible analizar los vicios propios del mandamiento por las razones alegadas; empero, en un supuesto similar en el que el acto reclamado no es la orden sino su ejecución en la que se controvierte la actuación de la autoridad que la verificó, no existe ningún obstáculo jurídico para poder determinar su constitucionalidad si la autoridad emisora no fue llamada a juicio. De ahí que, cuando en un juicio de amparo se controvierte un acto de ejecución por vicios propios, es legal examinarlo, aun cuando no se llame a la autoridad ordenadora". Además, no debe soslayarse que la suplencia de la queja no autoriza a cambiar el acto reclamado, ni a las autoridades señaladas como responsables. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia que aparece publicada en la página 593 del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1917-2000, Tomo II, Materia Penal, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, de rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA EN MATERIA PENAL. NO AUTORIZA A CAMBIAR NI ACTO RECLAMADO, NI AUTORIDAD RESPONSABLE, SEÑALADOS POR EL QUEJOSO". Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 63, fracción IV, 73, 74 y 75 de la Ley de Amparo; se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Alexis Díaz Gómez, contra el acto que se hizo consistir en: * La "ejecución" del traslado del quejoso del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente al Centro Varonil de Reinserción Social "Santa Martha Acatitla", ambos de esta ciudad. Que reclamó del Subsecretario; Consejo Técnico Interdisciplinario; Subdirector Jurídico, estos dos últimos del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente, todos de la Subsecretaría del Sistema Penitenciario de la Secretaría de Gobierno de la Ciudad de México; "Personal en Turno Encargado de Seguridad y Custodia"; y "Secretaria de Sistemas Penitenciarios del Gobierno de la Ciudad de México". SEGUNDO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alexis Díaz Gómez, contra la ejecución del traslado mencionado en el resolutivo precedente, reclamado del Director del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente y del Director del Centro Varonil de Reinserción Social "Santa Martha Acatitla" ambos de esta ciudad.
- Principal
Ciudad de México, a dos de marzo de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo de quince días concedido al amparista por auto de dos de febrero pasado para que manifestara si era su voluntad ampliar la demanda respecto del oficio SG/SSP/0021/2017, de tres de enero pasado, signado por el Subsecretario de Sistema Penitenciario de la Ciudad de México, en que autorizó el traslado del amparista del Reclusorio Preventivo Varonil Oriente al Centro Varonil de Reinserción Social "Santa Martha Acatitla", ambos de esta ciudad, sin que se hiciera manifestación al respecto. En ese sentido, se hace efectivo el apercibimiento con que se le conminó, por lo que el juicio se resolverá en la forma en que se planteó en la demanda.
- Principal
Ciudad de México, a siete de febrero de dos mil diecisiete. Vista la certificación de cuenta, se advierte que para esta fecha está señalada la audiencia constitucional; sin embargo, no es procedente su realización, toda vez que se encuentran transcurriendo los plazos concedidos a las partes en proveídos de dos y tres de febrero del año en curso. Por tanto, la audiencia constitucional fijada para el día de hoy, se difiere y se señala como nueva fecha para celebrarse el siete de marzo de dos mil diecisiete a las nueve horas con cuarenta minutos. Notifíquese; y personalmente al quejoso.
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