Alexis Adrian Montoya Gomes

Expediente 717/2021 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 2 actuaciones registradas, la última del 29 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
717/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
29/09/2021

Partes del expediente

  • Alexis Adrian Montoya Gomes

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, veintinueve de septiembre de dos mil veintiuno. Estado procesal. Visto el estado procesal que guardan los autos, así como la certificación que antecede, de los que se advierte que ha transcurrido el plazo que señala el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en el que se desechó la demanda de amparo. Firme desechamiento. Atento a lo anterior, con apoyo en el precepto legal invocado en el párrafo que antecede, se declara firme el mencionado proveído, para todos los efectos legales consiguientes. Hágase las anotaciones en el libro de gobierno. Archivo. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Destrucción de expediente. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que este expediente es susceptible de destrucción, ya que se actualiza la hipótesis prevista por el artículo 21, inciso d), del citado Acuerdo General, pues se trata de un asunto que fue desechada la demanda de amparo. Por otra parte, en términos del artículo 21, párrafo primero del Acuerdo Plenario, dese vista a las partes, a fin de que acudan al local de este juzgado de Distrito dentro de un plazo de noventa días, a recoger los documentos que hayan exhibido en el presente expediente, apercibidos que, en caso de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos. Asimismo, una vez transcurrido el término de tres años contado a partir del presente auto; dentro de los siguientes treinta días, se deberá destruir el expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Relevancia documental. Es de precisar que el presente asunto, no se considera de relevancia documental, ya que no se encuentra dentro de los supuestos a que alude el artículo 15, del acuerdo citado en líneas que anteceden. Valoración. En términos del numeral 35, del Acuerdo General señalado, indíquese la valoración que corresponda, Relevancia Documental, Conservable, Depurable o Destruible, en la caratula del expediente y en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Promoción. Se tiene por recibido el escrito de demanda presentado vía SISE por Alexis Adrián Montoya Gomes, contra actos del Juzgado del Ramo Penal de Juicio Oral del Distrito Judicial de Villaflores, Chiapas, y otras autoridades. Registro. Se ordena integrar el expediente y registrar la demanda con el progresivo 717/2021, tanto en el libro de gobierno como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.) Estudio previo. A efecto de proveer respecto de la admisión de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo. De la anterior disposición legal se desprende que el Juez de Distrito tiene la obligación de examinar la demanda inicial, para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano; en ese sentido, se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ha sido explicado en la siguiente jurisprudencia: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que exista un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto; es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En estas condiciones, de conformidad con los artículos 61, fracción XIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, la demanda de amparo que promueve el mencionado impetrante resulta improcedente. En efecto, la demanda de cuenta resulta improcedente debido a la falta de firma autógrafa, entendiéndose por ésta según el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española: Nombre y apellido, o título de una persona que ésta pone con rúbrica al calce de un documento escrito de mano propia o ajena, para darle autenticidad o para obligarse a lo que en él dice. El vocablo firma y éste del latín firmare, cuyo significado es afirmar o dar fuerza. A su vez, la palabra firma, se define como afirmar, dar firmeza y seguridad a una cosa (diccionario citado). Trasladando este concepto hacia el campo de los medios virtuales o electrónicos, la firma electrónica es el conjunto de datos y caracteres que permiten la identificación del firmante, que ha sido creada por medios electrónicos bajo su exclusivo control, de manera que está vinculada únicamente a él y a los datos a los que se refiere, lo que permite que sea detectable cualquier modificación ulterior de éstos, la cual produce los mismos efectos jurídicos que la firma autógrafa. Al respecto, el artículo 3º de la Ley de Amparo señala que los escritos de demanda se presentarán en forma impresa o electrónica. Los escritos presentados en forma electrónica se presentarán mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica conforme a la regulación del Consejo de la Judicatura Federal. De ahí que, la implementación de este sistema no implica soslayar el principio de "instancia de parte agraviada", previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Federal y 6º de la Ley de Amparo, pues lo único que se busca a través de éste, es simplificar las actuaciones procesales de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia, pero de ninguna manera pasar por alto formalidades que dan certeza legal a la tramitación del juicio de amparo. De ahí la importancia de la firma electrónica, que es equiparable a un documento de identidad de quien promueva cualquier demanda o promoción dentro del sistema electrónico de los órganos del Poder Judicial de la Federación, pues produce exactamente los mismos efectos que una firma autógrafa. Tiene aplicación al caso, la Jurisprudencia: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO. El artículo 3o. de la Ley de Amparo establece la posibilidad de actuar ante el Poder Judicial de la Federación mediante el empleo de las tecnologías de la información utilizando una firma electrónica, cuya regulación se encomendó al Consejo de la Judicatura Federal, órgano que actuando con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, expidió los Acuerdos Generales Conjuntos Número 1/2013 y 1/2015, de los que se advierte, en suma, que la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), es equiparable a un documento de identidad, al ser el instrumento a través del cual se ingresa al sistema electrónico para actuar en los asuntos de la competencia de la Suprema Corte, del Tribunal Electoral, de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, con los mismos efectos jurídicos de la firma autógrafa; de suerte que la posibilidad de presentar una demanda de amparo por vía electrónica no implicó soslayar el principio de "instancia de parte agraviada" previsto en los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la Ley de Amparo, sino que únicamente tuvo como objetivos fundamentales, entre otros, simplificar la actuación procesal de los órganos jurisdiccionales y modernizar el sistema de impartición de justicia otorgando validez a las promociones judiciales realizadas a través de medios digitales usando la FIREL. En consecuencia, debe desecharse de plano la demanda de amparo indirecto presentada por vía electrónica cuando carezca de la FIREL del quejoso, porque la falta de la firma electrónica de quien promueve el amparo no puede equipararse a una irregularidad subsanable a través de la prevención a que hace alusión el artículo 114 de la Ley de Amparo, sino que se trata del incumplimiento de uno de los principios rectores del juicio de amparo que no amerita prevención alguna, como sucede ante la falta de la firma autógrafa de una demanda de amparo presentada de forma ordinaria. Cabe señalar que este criterio resulta inaplicable tratándose del supuesto expreso del artículo 109 de la Ley de Amparo, conforme al cual será innecesaria la firma electrónica cuando el juicio de amparo se promueva con fundamento en el artículo 15 de la ley referida." (Décima Época, Registro 2019715 de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 65, Abril de 2019, Tomo I). Sirve de apoyo el Acuerdo General 34/2014, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) emitida por el propio Consejo, que establece que el documento deberá garantizar los requisitos para el acceso y privilegios en los sistemas electrónicos del Consejo que requieran del uso de la FIREL se establecerán en la normativa que los rija, y se difundirán y describirán en el correspondiente manual de usuario. "Artículo 9. La FIREL deberá garantizar los siguientes principios: I. Autenticidad: Dar certeza de que un Documento Electrónico o un Mensaje de Datos ha sido emitido por el firmante, por lo que su contenido y consecuencias jurídicas le son atribuibles a éste; II. Confidencialidad: En un Documento Electrónico o en un mensaje de datos, garantiza que éste sólo puede ser cifrado por el firmante y el receptor; III. Equivalencia funcional: Consiste en que en un Documento Electrónico o en un Mensaje de Datos, satisface el requisito de firma del mismo modo que la firma autógrafa en los documentos impresos; IV. Integridad: En un Documento Electrónico o en un Mensaje de Datos dará certeza de que éste ha permanecido completo e inalterado desde su firma; V. Neutralidad tecnológica: Consistente en que la tecnología utilizada para la emisión de certificados digitales y para la prestación de los servicios relacionados con la FIREL será aplicada de modo tal que no excluya, restrinja o favorezca alguna tecnología en particular; y VI. No repudio: En un Documento Electrónico o en un Mensaje de Datos garantiza la autoría del firmante." En el entendido que, en la especie, no se está en presencia del supuesto excepcional a que se refiere el artículo 109 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 15 de la propia ley, en que resulta procedente la presentación de la demanda de amparo por medios electrónicos, sin que se requiera de firma electrónica, cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, incomunicación, desaparición forzada, alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, específicamente, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Desechamiento. En mérito de lo expuesto, con fundamento en lo previsto en los artículos 61, fracción XIII, en relación con el numeral 6o y 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo, promovida por Alexis Adrián Montoya Gomes. Domicilio y autorizados para notificaciones. La parte quejosa señaló como domicilio para recibir notificaciones los estrados de este Juzgado de Distrito, y como tal figura no está prevista en la ley de la materia, téngase como tal, la lista que se fija en un lugar visible de este órgano de control constitucional, acorde a lo dispuesto en los artículos 28, fracción III, y 30, fracciones I y II, de la legislación invocada. Respecto al correo electrónico ponce_contreras@outlook.es, y el teléfono celular 9651198081, proporcionados como medio para recibir notificaciones, no ha lugar a acordar de conformidad, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, no prevé dicha forma de notificación a las partes. 26/02/22 12:46:17 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.b4.c3 RICARDO COUTIÑO GORDILLO En la inteligencia que, tal como lo establece el artículo 2º, fracción XIX, del Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, el correo electrónico y el teléfono que refiere, será únicamente herramienta tecnológica para establecer contacto y no un medio legal para practicar notificaciones. Asimismo, se reitera a la parte quejosa que en términos del artículo 3º de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Conjunto número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la firma electrónica certificada del Poder Judicial de la Federación, (FIREL), puede solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones por esa misma vía, para lo cual deberá proporcionar previamente un nombre de usuario registrado ante el sistema implementado por el Consejo de la Judicatura Federal, debiendo corroborar sus credenciales de acceso a dicho portal. Se tiene por autorizados en términos restringidos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Ángel José Meza Alfaro y Gloria Gómez Pérez, por no tener su cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho con que cuentan los juzgados y tribunales federales.

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