Alexia Ruíz Delgadillo y Otros.
Expediente 1350/2021 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 4 de enero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1350/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 04/01/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Alexia Ruíz Delgadillo y Otros.
- Marlen López López
Actuaciones
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, cuatro de enero de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que transcurrió el término de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, para impugnar a través del recurso de queja el auto del veinticuatro de diciembre del dos mil veintiuno, donde se desechó la demanda; con fundamento en los numerales 288, 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara firme dicho proveído. Ahora bien, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese; el cual es destruible en términos de lo dispuesto en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Lo anterior en atención a que se dictó un acuerdo en el que se desechó la demanda. Además, no tiene relevancia documental para ser resguardado conforme al artículo 15 del acuerdo antes mencionado. Finalmente, requiérase a la parte quejosa para que en el lapso de noventa días acuda a este órgano jurisdiccional a efecto de recoger los documentos que presentó en este juicio, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en ese plazo, tendrán el mismo destino de este asunto, es decir, su destrucción. En el entendido de que dicha entrega se realizará previa cita y únicamente los días viernes en el horario establecido a este órgano jurisdiccional, en términos del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19; además de que se efectuará en estricto acatamiento a las medidas sanitarias para la pandemia que prevalece en el país. Notifíquese por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Manuel Villanueva Gómez, Juez Tercero de Distrito en el Estado de México, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
V. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticuatro de diciembre de dos mil veintiuno. Vista la demanda de amparo promovida por **********, **********, ********** y ********** , por derecho propio, contra actos del Presidente Municipal de Ecatepec de Morelos, Estado de México, y otras autoridades; realícense las anotaciones respectivas bajo el número 1350/2021-V. Ahora, la parte quejosa señala como acto reclamado la privación de su libertad al ser constituidos por autoridades administrativas en los separos o celdas del Juzgado Cívico de Grajas Valle de Guadalupe, por actos de posibles hechos delictivos. En ese sentido, se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Cabe pertinente citar la tesis de jurisprudencia 2a./J. 181/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, publicada en el tomo XXIV, diciembre de 2006, página 189, con registro digital 173858, de rubro y texto siguientes: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad". De la interpretación de la fracción antes citada, se advierte que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de derechos fundamentales de un determinado acto de autoridad que es generado sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de los mismos que le hayan sido violados, medio de control constitucional que el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia a la circunstancia de que el fallo protector, que en su caso, llegare a emitirse, pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe considerarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, tendrá lugar cuando subsistiendo formalmente el acto reclamado, éste no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo; lo cual, se actualiza cuando el juzgador advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica del quejoso, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió; por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce del derecho que se considere violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, inclusive cuando éste subsiste, pero se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad. De tal suerte que, si el acto reclamado en el presente sumario, concretamente es la privación de libertad de los quejosos; quien aquí resuelve, advierte que los efectos del acto de autoridad impugnado no se concretarán en la esfera jurídica de la parte quejosa. Es así, pues de escrito presentado por la parte quejosa se advierte que los quejosos fueron dejados en libertad al haber pagado la multa que les fuera impuesta. En tales condiciones, la materia de reclamo en la esfera jurídica de la parte quejosa dejó de existir, porque en el caso, la privación de libertad ya no afecta la esfera de derechos de ésta, y en esas circunstancias ya no es dable realizar el estudio de lo aquí reclamado. Asimismo, se advierte que del análisis de la impresión de la demanda de amparo, se desprende que fue presentada y que la firma corresponde a **********, quien fue señalado como autorizado de los quejosos en el escrito que se acuerda. De acuerdo a lo establecido en la Ley de Amparo; es válido concluir que la demanda de amparo presentada físicamente, también requiere estar firmada autógrafamente por el propio quejoso o por quien legalmente lo represente, sin que pueda ser sustituida por la de aquellos autorizados para atender procesalmente el juicio de amparo, pues mientras no haya voluntad de la parte quejosa para promover la demanda, las facultades procesales del autorizado no pueden surgir al momento de la presentación de la demanda. Por tanto, al no ubicarse en un supuesto de excepción, es inconcuso que existe ausencia de voluntad y, consecuentemente, se actualiza de forma manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación a los diversos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 6o. de la ley de la materia. Lo anterior, en virtud de que la demanda de amparo presentada, requiere estar firmada por el propio quejoso o por quien legalmente lo represente, lo que no acontece en la especie, sin que pueda ser sustituida por la de un autorizado para atender procesalmente el juicio de amparo. En tal virtud, se desecha la demanda de amparo con apoyo en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Háganse las notificaciones por lista electrónica a la parte quejosa por así solicitarlo expresamente. Ténganse por autorizadas a las personas que designa para los efectos que establece, en el entendido de que para el caso de ser en amplios términos deberán contar con el registro correspondiente. Se tiene como medio de comunicación de su parte, el correo electrónico que señala, para el caso de que este órgano jurisdiccional así lo estime conveniente. De conformidad en el artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 y el diverso 3o. de la Ley de Amparo, se exhorta a las partes a que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ellos, para una mayor agilidad del asunto, continúen la tramitación de este juicio mediante el esquema de "juicio en línea", a través del Portal de Servicios Línea desarrollado y aprobado por el Consejo de la Judicatura ingresando para tal efecto a la liga virtual https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayuda. Hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113, fracción V, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y sobre todo conforme a lo estipulado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Notifíquese; hágase por lista electrónica. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por vacaciones del Titular, autorizado mediante oficio CCJ/ST/4063/2021, del veintidós de noviembre de dos mil veintiuno, suscrito por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Sofía García Carrera, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy fe. NPBF
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