Alexia Celeste Bocanegra González y Otros.
Expediente 944/2017 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 20 actuaciones registradas, la última del 24 de enero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 944/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 20
- Última actuación
- 24/01/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Guanajuato · Guanajuato
Partes del expediente
- Alexia Celeste Bocanegra González y Otros.
- Alexia Celeste Bocanegra González
- Josué Bocanegra Almaguer y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 20.
- Principal
Agréguese a sus autos el oficio signado por el Juez Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, mediante el cual acusa recibo del oficio 682/2018 del índice de este Juzgado, por el que se le notificó el proveído de dieciocho de enero pasado y se le envió dos tomos de prueba que contenía copias certificadas del juicio especial civil F-1627/2016 de su estadística.
- Principal
Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que no fue recurrido dentro del término legal el auto de veintidós de diciembre de dos mil diecisiete, en el que este tribunal sobreseyó fuera de la audiencia constitucional en el presente juicio; por tanto, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Notifíquese lo anterior a las autoridades responsables y háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno. Archívese el expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido; el que al no satisfacer las condiciones establecidas en el último párrafo del punto vigésimo primero del acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, se considera que no es de relevancia documental. El presente expediente, así como el original del incidente de suspensión, a consideración del suscrito, serán susceptibles de destrucción una vez que transcurran cinco años de haberse ordenado su archivo, por actualizarse las hipótesis previstas en las fracciones II y III del punto vigésimo primero, párrafo primero, del acuerdo citado en el párrafo que antecede, toda vez que el juicio se sobreseyó y se negó la suspensión provisional; en el entendido de que mientras acontece lo anterior, se ordena glosar el original del cuaderno incidental. Atendiendo al punto vigésimo, fracción III del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el duplicado del incidente de suspensión deberá ser destruido, en el plazo de seis meses a que alude dicho acuerdo, mientras acontece lo anterior, guárdese provisionalmente en el archivo de este juzgado. Tomando en consideración que resulta innecesaria la retención de los dos tomos de prueba formado con copia certificada del juicio oral ordinario F-1627/2016 que remitió el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, al rendir su informe justificado, devuélvasele y solicítesele el acuse de recibo correspondiente. Finalmente, toda vez que la parte quejosa omitió manifestar si está o no de acuerdo en que de efectuarse la publicación del contenido del expediente aparezcan sus datos personales; con fundamento en los artículos 3, 104, 113 y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Federal, se le tiene aceptando que se publiquen dichos datos.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN II DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE A LOS TERCEROS INTERESADOS Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que feneció el término concedido a la tercera interesada Ma. Mercedes Balderas Hernández, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en providencia de treinta de octubre pasado, y se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Por otra parte, visto el estado de autos, en especial las constancias que anexó el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad al oficio JOFAC/9877/2017, se advierte que en el presente asunto sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, Tesis: 2a./J. 181/2006, visible en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Asimismo se cita la jurisprudencia P./J.90/97, localizable en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Ahora bien en el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución emitida el treinta de agosto de dos mil diecisiete por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, en el procedimiento oral ordinario F1627/2016, en la que se declaró fundado el recurso hecho valer por Ma. Mercedes Balderas Hernández, abuela de la menor Alexia Celeste Bocanegra González, y revocó el proveído de treinta de junio pasado en el que se ordenó girar oficio a la institución donde estudia la infante, a fin de que fuera entregada a su padre después de sus clases. En ese sentido, de las constancias que adjuntó el Juez Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, al rendir su informe justificado, así como al oficio JOFAC/9877/2016, se advierte que: Josué Bocanegra Almaguer por sí en representación de la menor Alexia Celeste Bocanegra González, demandó en la vía oral ordinaria a Samia Pamela González Balderas la guarda y custodia de la referida niña, entre otras prestaciones; la cual, el tres de agosto de dos mil dieciséis se admitió a trámite bajo el número de expediente F1627/2016. El veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que se llegó a un convenio entre las partes. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil diecisiete, el actor promovió incidente de ejecución forzosa del convenio indicado en el numeral precedente, con el cual se dio vista a la demandada quien contestó a través del ocurso ingresado el trece de marzo del mismo año. Mediante interlocutoria de dieciséis de junio del año que transcurre el Juez Civil de Partido de Oralidad Familiar de esta localidad, declaró fundado el incidente y despachó ejecución de sentencia, para lo cual mandó requerir a Samia Pamela González Balderas por conducto del actuario que por turno correspondiera, para que en compañía del actor, se hiciera a este la entrega de la menor Alexia Celeste Bocanegra González, en virtud de que de acuerdo con el convenio celebrado el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, a él le correspondía ejercer la guarda y custodia. En proveído de treinta de junio de dos mil diecisiete y a solicitud del actor, el juez responsable ordenó girar oficio a la institución donde se encontraba estudiando la menor de referencia, a fin de que fuera entregada a su padre después de sus clases. En contra de la anterior determinación Ma. Mercedes Balderas Hernández, abuela materna de la niña interpuso recurso de revocación, respecto del cual se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Por auto de catorce de julio de dos mil diecisiete se admitió a trámite el recurso de apelación que interpuso Ma. Mercedes Balderas Hernández, en contra de la interlocutoria de dieciséis de junio del mismo año, en la que se ordenó la ejecución del convenio celebrado en autos. El treinta de agosto de dos mil diecisiete, se emitió la resolución que dirimió el recurso de revocación hecho valer por la abuela materna de la menor en cita, en la que se declararon fundados los agravios y por ende, se revocó el proveído en el que se ordenó girar oficio a la escuela de la infante para que fuera entregada a su padre después de clases. -acto aquí reclamado-. El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se resolvió el recurso de apelación a que se hizo referencia en el numeral 7), es decir, el interpuesto en contra de la interlocutoria de dieciséis de junio del mismo año, en la que se ordenó la ejecución del convenio celebrado en autos. En la resolución de alzada el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, determinó dejar sin efectos la referida resolución incidental y ordenó reponer el procedimiento para que, previo al dictado de la resolución que dirimiera la controversia incidental respectiva, se hiciera efectivo el derecho de la menor para participar en el procedimiento jurisdiccional de origen, esto es, para que sea escuchada con la asistencia del Ministerio Público y la participación del Procurador del Menor, y que sus opiniones fueran tomadas en cuenta en función de edad y madurez, asentando en el acta respectiva en la medida de lo posible, sus manifestaciones textuales, las observaciones de la representación social así como la posible intervención de las partes después de escuchar a la infante. Constancias a la que se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose de la resolución de treinta de agosto de dos mil diecisiete, que dirimió el recurso de revocación hecho valer por la abuela materna de la menor, fallo en el que se declararon fundados los agravios y por ende, se revocó el proveído treinta de junio del mismo año en el que, en cumplimiento a la resolución de dieciséis de junio del año en curso emitida en el incidente de ejecución de sentencia, se ordenó girar oficio a la escuela de la infante para que fuera entregada a su padre después de clases. En ese orden, aún y cuando la resolución materia del acto reclamado sigue subsistiendo, la materia u objeto del mismo dejó de existir, debido a que la resolución de dieciséis de junio de dos mil diecisiete en la que se ordenó la ejecución del convenio celebrado y como consecuencia, la entrega de la menor a su padre, fue dejada sin efectos por virtud del recurso de apelación que se hizo valer en su contra; es decir, la resolución que constituye el acto reclamado, en la que se revocó el proveído en el que se había dispuesto girar oficio a la escuela de la menor para que fuera entregada a su padre después de clase, carece ahora de materia ya que no existe determinación alguna en la que se sustente la entrega de la menor a su padre, pues, se reitera, fue dejada sin efectos por la alzada. Bajo esa guisa, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entornó en el cual se materializó la resolución reclamada, la concesión del amparo que en su caso se efectuara ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejó de existir materialmente, dado que, se insiste, la resolución en la cual se basó el juez responsable para ordenar la entrega de la infante a su progenitor fue dejada insubsistente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, no obsta a lo anterior el hecho de que de las constancias que obran en el presente expediente, se advierta que la menor quejosa tiene siete años de edad, lo que patentiza su minoría de edad, así como que en el presente caso existen intereses contradictorios entre los padres de la menor; sin embargo, dado el sobreseimiento dictado en esta data, resulta innecesario nombrarle un representante especial para que la represente, toda vez que se estima que con ello no se afecta el interés superior de la menor quejosa.
- Principal
POR ESTE CONDUCTO Y DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN LA FRACCIÓN I INCISO C)DEL ARTÍCULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA EL AUTO DE VEINTIDÓS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECISIETE, A LA PARTE QUEJOSA: Visto el estado de autos así como la certificación que antecede, se advierte que feneció el término concedido a la tercera interesada Ma. Mercedes Balderas Hernández, para que señalara domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, sin que lo haya hecho; por tanto, se hace efectivo el apercibimiento decretado en providencia de treinta de octubre pasado, y se ordena practicarle las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado. Por otra parte, visto el estado de autos, en especial las constancias que anexó el Juez de Partido Civil Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad al oficio JOFAC/9877/2017, se advierte que en el presente asunto sobreviene de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXII del numeral 61, de la Ley de Amparo, que textualmente dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente:" "(...)" "XXII. Cuando subsista el acto reclamado pero no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o la materia del mismo." Para fijar el alcance de la citada causa de improcedencia conviene tener presente que, generalmente, la emisión de un determinado acto de autoridad conlleva el reconocimiento o el establecimiento de una nueva situación jurídica, la cual se distingue por llevar aparejada determinados efectos materiales y jurídicos que deben concretarse, en alguna medida, en la esfera jurídica del gobernado y que lo legitiman para acudir al juicio de amparo con el fin de obtener una sentencia que declare la invalidez del acto relativo, por estimarlo violatorio de los derechos fundamentales tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En tal virtud, siendo el juicio de amparo un medio de control de la constitucionalidad cuyo objeto es reparar las violaciones de los derechos humanos que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que acuda a él, con el fin de restituirlo en el goce pleno de las prerrogativas que le hayan sido violadas, el legislador ordinario ha establecido, y la jurisprudencia del Más Alto Tribunal del país ha interpretado, diversos requisitos de procedencia del juicio de amparo, que condicionan ésta a la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegue a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del que obtenga la protección constitucional. Por esta razón, entre las causas de improcedencia del juicio de amparo que derivan del referido principio se encuentra la prevista en la fracción XXII antes transcrita, en la cual el legislador tomó en cuenta que en ocasiones, aun cuando en el mundo jurídico subsista el acto de autoridad cuya constitucionalidad se controvirtió, en virtud de alguna modificación del entorno dentro del cual se emitió, en caso de concluirse que el referido acto es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir a la parte quejosa en el goce de su derecho que se estime violado, o bien, ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria. Lo anterior, ya sea porque la prerrogativa que se vio afectada por el acto de autoridad se encontraba incorporada temporalmente a la esfera jurídica de aquél; porque la situación jurídica de la que emanaba la referida prerrogativa se hubiere modificado sin dejar huella alguna en la esfera del gobernado, susceptible de reparación; o bien, por cualquier otro motivo que jurídicamente impida que los efectos del acto reclamado se concreten en la esfera jurídica del peticionario de amparo. Las anteriores consideraciones fueron sustentadas en la Jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, tomo XXIV, diciembre de 2006, Tesis: 2a./J. 181/2006, visible en la página 189 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del siguiente rubro y texto: "ACTO RECLAMADO QUE FORMALMENTE SUBSISTE PERO CUYO OBJETO O MATERIA DEJÓ DE EXISTIR. LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA ESTABLECIDA EN LA FRACCIÓN XVII DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO SE ACTUALIZA CUANDO LOS EFECTOS DE AQUÉL NO HAN AFECTADO LA ESFERA JURÍDICA DEL QUEJOSO Y SE MODIFICA EL ENTORNO EN EL CUAL FUE EMITIDO, DE MODO QUE LA PROTECCIÓN QUE EN SU CASO SE CONCEDIERA CARECERÍA DE EFECTOS. En virtud de que el juicio de amparo es un medio de control constitucional cuyo objeto es reparar las violaciones de garantías que un determinado acto de autoridad genera sobre la esfera jurídica del gobernado que lo promueva, con el fin de restituirlo en el pleno goce de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, el legislador ordinario ha establecido como principio que rige su procedencia la circunstancia de que el fallo protector que en su caso llegare a emitirse pueda concretarse y trascender a la esfera jurídica del gobernado que lo haya promovido. En ese tenor, debe estimarse que la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVII, de la Ley de Amparo, conforme al cual tendrá lugar esa consecuencia jurídica cuando subsistiendo el acto reclamado no pueda surtir efecto legal o material alguno por haber dejado de existir el objeto o materia del mismo, se actualiza cuando el juzgador de garantías advierta que los efectos del acto de autoridad impugnado no se han concretado en la esfera jurídica del quejoso, ni se concretarán, en virtud de la modificación del entorno en el cual éste se emitió, por lo que en caso de concluirse que el mismo es inconstitucional, jurídicamente se tornaría imposible restituir al quejoso en el goce de la garantía que se estime violada, o bien ningún efecto jurídico tendría la respectiva sentencia concesoria, lo que generalmente sucede cuando la situación jurídica que surgió con motivo del respectivo acto de autoridad, aun cuando éste subsiste, se modifica sin dejar alguna huella en la esfera jurídica del gobernado, susceptible de reparación, lo que impide que ese preciso acto y sus efectos trasciendan a este último y que, por ende, el fallo protector cumpla con su finalidad." Asimismo se cita la jurisprudencia P./J.90/97, localizable en la página 9, del Tomo VI, Diciembre de 1997, en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que dice: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. SE ACTUALIZA CUANDO EXISTE LA IMPOSIBILIDAD JURÍDICA DE QUE SE PRODUZCAN LOS EFECTOS RESTITUTORIOS DE LA SENTENCIA CONCESORIA QUE, EN SU CASO, SE DICTE. De acuerdo con lo establecido en el artículo 80 de la Ley de Amparo y en la tesis de jurisprudencia número 174, publicada en la página 297 de la Octava Parte del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1975, con el texto siguiente: "SENTENCIAS DE AMPARO.- El efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronuncie en el juicio constitucional, concediendo el amparo, es volver las cosas al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el acto reclamado y los subsecuentes que de él se deriven."; y en virtud de que el juicio de garantías debe tener siempre una finalidad práctica y no ser medio para realizar una actividad meramente especulativa, para la procedencia del mismo es menester que la sentencia que en él se dicte, en el supuesto de que sea favorable a la parte quejosa, pueda producir la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, de manera que se restablezcan las cosas al estado que guardaban antes de la violación cuando el acto reclamado sea de carácter positivo, o cuando sea de carácter negativo (o constituya una abstención), se obligue a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que la misma garantía exija." Ahora bien en el caso concreto, de la lectura de la demanda de amparo así como de las constancias que integran el presente asunto, se advierte que la parte quejosa reclama: La resolución emitida el treinta de agosto de dos mil diecisiete por el Juez Civil de Partido Especializado en Materia Familiar, con residencia en esta ciudad, en el procedimiento oral ordinario F1627/2016, en la que se declaró fundado el recurso hecho valer por Ma. Mercedes Balderas Hernández, abuela de la menor Alexia Celeste Bocanegra González, y revocó el proveído de treinta de junio pasado en el que se ordenó girar oficio a la institución donde estudia la infante, a fin de que fuera entregada a su padre después de sus clases. En ese sentido, de las constancias que adjuntó el Juez Civil Especializado en Materia Familiar de esta ciudad, al rendir su informe justificado, así como al oficio JOFAC/9877/2016, se advierte que: Josué Bocanegra Almaguer por sí en representación de la menor Alexia Celeste Bocanegra González, demandó en la vía oral ordinaria a Samia Pamela González Balderas la guarda y custodia de la referida niña, entre otras prestaciones; la cual, el tres de agosto de dos mil dieciséis se admitió a trámite bajo el número de expediente F1627/2016. El veintitrés de agosto de dos mil dieciséis, se llevó a cabo la audiencia preliminar en la que se llegó a un convenio entre las partes. Mediante escrito presentado el dos de marzo de dos mil diecisiete, el actor promovió incidente de ejecución forzosa del convenio indicado en el numeral precedente, con el cual se dio vista a la demandada quien contestó a través del ocurso ingresado el trece de marzo del mismo año. Mediante interlocutoria de dieciséis de junio del año que transcurre el Juez Civil de Partido de Oralidad Familiar de esta localidad, declaró fundado el incidente y despachó ejecución de sentencia, para lo cual mandó requerir a Samia Pamela González Balderas por conducto del actuario que por turno correspondiera, para que en compañía del actor, se hiciera a este la entrega de la menor Alexia Celeste Bocanegra González, en virtud de que de acuerdo con el convenio celebrado el veintiséis de agosto de dos mil dieciséis, a él le correspondía ejercer la guarda y custodia. En proveído de treinta de junio de dos mil diecisiete y a solicitud del actor, el juez responsable ordenó girar oficio a la institución donde se encontraba estudiando la menor de referencia, a fin de que fuera entregada a su padre después de sus clases. En contra de la anterior determinación Ma. Mercedes Balderas Hernández, abuela materna de la niña interpuso recurso de revocación, respecto del cual se dio vista a las partes por el plazo de tres días para que manifestaran lo que a su interés conviniera. Por auto de catorce de julio de dos mil diecisiete se admitió a trámite el recurso de apelación que interpuso Ma. Mercedes Balderas Hernández, en contra de la interlocutoria de dieciséis de junio del mismo año, en la que se ordenó la ejecución del convenio celebrado en autos. El treinta de agosto de dos mil diecisiete, se emitió la resolución que dirimió el recurso de revocación hecho valer por la abuela materna de la menor en cita, en la que se declararon fundados los agravios y por ende, se revocó el proveído en el que se ordenó girar oficio a la escuela de la infante para que fuera entregada a su padre después de clases. -acto aquí reclamado-. El diecisiete de noviembre de dos mil diecisiete, se resolvió el recurso de apelación a que se hizo referencia en el numeral 7), es decir, el interpuesto en contra de la interlocutoria de dieciséis de junio del mismo año, en la que se ordenó la ejecución del convenio celebrado en autos. En la resolución de alzada el Magistrado de la Octava Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, determinó dejar sin efectos la referida resolución incidental y ordenó reponer el procedimiento para que, previo al dictado de la resolución que dirimiera la controversia incidental respectiva, se hiciera efectivo el derecho de la menor para participar en el procedimiento jurisdiccional de origen, esto es, para que sea escuchada con la asistencia del Ministerio Público y la participación del Procurador del Menor, y que sus opiniones fueran tomadas en cuenta en función de edad y madurez, asentando en el acta respectiva en la medida de lo posible, sus manifestaciones textuales, las observaciones de la representación social así como la posible intervención de las partes después de escuchar a la infante. Constancias a la que se les concede valor probatorio pleno en términos de los arábigos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Ahora bien, en la especie la parte quejosa acudió al presente juicio de amparo doliéndose de la resolución de treinta de agosto de dos mil diecisiete, que dirimió el recurso de revocación hecho valer por la abuela materna de la menor, fallo en el que se declararon fundados los agravios y por ende, se revocó el proveído treinta de junio del mismo año en el que, en cumplimiento a la resolución de dieciséis de junio del año en curso emitida en el incidente de ejecución de sentencia, se ordenó girar oficio a la escuela de la infante para que fuera entregada a su padre después de clases. En ese orden, aún y cuando la resolución materia del acto reclamado sigue subsistiendo, la materia u objeto del mismo dejó de existir, debido a que la resolución de dieciséis de junio de dos mil diecisiete en la que se ordenó la ejecución del convenio celebrado y como consecuencia, la entrega de la menor a su padre, fue dejada sin efectos por virtud del recurso de apelación que se hizo valer en su contra; es decir, la resolución que constituye el acto reclamado, en la que se revocó el proveído en el que se había dispuesto girar oficio a la escuela de la menor para que fuera entregada a su padre después de clase, carece ahora de materia ya que no existe determinación alguna en la que se sustente la entrega de la menor a su padre, pues, se reitera, fue dejada sin efectos por la alzada. Bajo esa guisa, resulta incuestionable concluir que en virtud de la modificación del entornó en el cual se materializó la resolución reclamada, la concesión del amparo que en su caso se efectuara ningún efecto jurídico tendría, en atención de que a pesar de que aún subsiste el acto de autoridad, debido a las condiciones y circunstancias que actualmente imperan en el presente asunto, el objeto de análisis constitucional dejó de existir materialmente, dado que, se insiste, la resolución en la cual se basó el juez responsable para ordenar la entrega de la infante a su progenitor fue dejada insubsistente. Consecuentemente, al quedar plenamente demostrada la causa de improcedencia en estudio, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, fuera de audiencia constitucional, con fundamento en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, y dejar sin efectos el señalamiento de la hora y fecha fijadas para la celebración de la audiencia constitucional. Es aplicable al caso, la jurisprudencia emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 386, Tomo XVII, Marzo de dos mil tres, del Semanario Judicial de la Federación, que reza: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial." No es obstáculo que la determinación adoptada se emita previo a la celebración de la audiencia constitucional, en virtud que la causal de improcedencia en estudio es notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba puede desvirtuarse, por lo que sería ocioso esperar hasta la celebración de aquélla para resolver de la forma en que se hace, pues, como se dijo, dicha causal de improcedencia no puede ser desvirtuada. Estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Ahora bien, no obsta a lo anterior el hecho de que de las constancias que obran en el presente expediente, se advierta que la menor quejosa tiene siete años de edad, lo que patentiza su minoría de edad, así como que en el presente caso existen intereses contradictorios entre los padres de la menor; sin embargo, dado el sobreseimiento dictado en esta data, resulta innecesario nombrarle un representante especial para que la represente, toda vez que se estima que con ello no se afecta el interés superior de la menor quejosa.
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