Alexei Madruga Armas

Expediente 1411/2023 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1411/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
24/11/2023

Partes del expediente

  • Alexei Madruga Armas

Actuaciones

  1. Principal

    Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a veinticuatro de noviembre de dos mil veintitrés. Vistos la certificación secretarial de cuenta y el estado procesal de los autos, se advierte que el catorce de noviembre de dos mil veintitrés (foja 48), se notificó personalmente al promovente ***, el auto de siete de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 37 a 40), para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de la legal notificación de ese proveído, hiciera comparecer ante este Órgano de Control Constitucional, al quejoso ***, a efecto de que manifestara si ratificaba o no la demanda presentada a su favor, sin que haya dado cumplimiento a lo indicado. En consecuencia, en virtud que no se tiene domicilio reconocido para oír y recibir notificaciones del directo quejoso, con fundamento en los artículos 27, fracción III, inciso a) y 29 de la Ley de Amparo, en obvio de mayores dilaciones, notifíquese al directo quejoso ***, los proveídos de uno, siete y nueve de noviembre de dos mil veintitrés (fojas 04 a 24, 37 a 40, 44 y 45), el presente auto y las subsecuentes determinaciones aún las de carácter personal a través de la lista de acuerdos que se publica en los estrados de este juzgado. Notifíquese por lista al directo quejoso ***. Proveído de uno de noviembre de dos mil veintitrés.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a uno de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el escrito de demanda no contiene firma autógrafa o electrónica del promovente, ni del directo quejoso; sin embargo, los actos reclamados están dentro del supuesto establecido en el artículo 15 de la Ley de Amparo, por tal razón, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ***, a favor de ***, contra actos del Titular del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad, y otra autoridad. ANOTACIONES. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes ***, en el Libro de control electrónico de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1411/2023 ***. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS Previo análisis de la demanda de amparo, se colige que la parte quejosa reclama el alojamiento prolongado, posible orden de detención con fines deportación y la orden de traslado a otra estación migratoria fuera de procedimiento, así como su ejecución. Lo anterior encuentra fundamento en la jurisprudencia 40/2000, con registro 192097, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, del tomo XI, abril de 2000, página 32, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo." GENERALIDADES DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO Antes de proveer sobre la medida cautelar solicitada, es preciso señalar lo establecido en el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en los artículos 1o. de la Ley de Migración, así como el diverso numeral 1o, de su Reglamento, que textualmente establecen, en su orden, lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 11. Toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. El ejercicio de este derecho estará subordinado a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que impongan las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, o sobre extranjeros perniciosos residentes en el país. Toda persona tiene derecho a buscar y recibir asilo. El reconocimiento de la condición de refugiado y el otorgamiento de asilo político, se realizarán de conformidad con los tratados internacionales. La ley regulará sus procedencias y excepciones." LEY DE MIGRACIÓN "Artículo 1. Las disposiciones de esta Ley son de orden público y de observancia general en toda la República y tienen por objeto regular lo relativo al ingreso y salida de mexicanos y extranjeros al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y el tránsito y la estancia de los extranjeros en el mismo, en un marco de respeto, protección y salvaguarda de los derechos humanos, de contribución al desarrollo nacional, así como de preservación de la soberanía y de la seguridad nacionales." REGLAMENTO "Artículo 1. Las disposiciones de este Reglamento son de orden público y de observancia general y tienen por objeto regular, de acuerdo con lo previsto en la Ley, lo relativo a la formulación y dirección de la política migratoria del Estado mexicano; los procesos de certificación y profesionalización de los servidores públicos del Instituto Nacional de Migración; el movimiento internacional de personas; los criterios y requisitos para la expedición de visas; la situación migratoria de las personas extranjeras en el territorio nacional; la protección a los migrantes que transitan por el territorio nacional; el procedimiento administrativo migratorio en las materias de regulación, control y verificación migratoria y el retorno asistido de personas extranjeras." Como puede advertirse, las disposiciones de los dos ordenamientos legales que rigen la situación del ahora quejoso (extranjero), son de orden público y regulan, entre otras materias, la estructura dinámica y distribución de la población en el territorio nacional, la entrada y salida de personas del país, así como las actividades de los extranjeros durante su estancia en territorio nacional. En efecto, a la Secretaría de Gobernación le corresponde sujetar la inmigración de extranjeros y procurar la mejor asimilación de estos al medio nacional y su adecuada distribución en el territorio, vigilar la entrada y salida de nacionales y extranjeros, revisar la documentación del mismo; además, los extranjeros para entrar, transitar o salir del país, deben llenar ciertos requisitos exigidos por la Ley de Migración y su reglamento. Los artículos 4, 7, 18, fracción III, 20, fracciones II y III, 34, 35 y 37 de la Ley de Migración, disponen: "Artículo 4. La aplicación de esta Ley corresponde a la Secretaría, para lo cual podrá auxiliarse y coordinarse con las demás dependencias y entidades de la Administración Pública Federal cuyas atribuciones estén vinculadas con la materia migratoria." "Artículo 7. La libertad de toda persona para ingresar, permanecer, transitar y salir del territorio nacional tendrá las limitaciones establecidas en la Constitución, los tratados y convenios internacionales de los cuales sea parte el Estado mexicano, esta Ley y demás disposiciones jurídicas aplicables. El libre tránsito es un derecho de toda persona y es deber de cualquier autoridad promoverlo y respetarlo. Ninguna persona será requerida de comprobar su nacionalidad y situación migratoria en el territorio nacional, más que por la autoridad competente en los casos y bajo las circunstancias establecidos en la presente Ley." "Artículo 18. La Secretaría tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: (.) III. Establecer o suprimir requisitos para el ingreso de extranjeros al territorio nacional, mediante disposiciones de carácter general publicadas en el Diario Oficial de la Federación, tomando en cuenta la opinión de las autoridades que al efecto se establezcan en el Reglamento;." "Artículo 20. El Instituto tendrá las siguientes atribuciones en materia migratoria: (.) II. Vigilar la entrada y salida de personas al territorio de los Estados Unidos Mexicanos y revisar su documentación; III. En los casos señalados en esta Ley, tramitar y resolver sobre la internación, estancia y salida del país de los extranjeros;." "Artículo 34. Los mexicanos y extranjeros sólo pueden entrar y salir del territorio nacional por los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire. La internación regular al país se efectuará en el momento en que la persona pasa por los filtros de revisión migratoria ubicados en los lugares destinados al tránsito internacional de personas por tierra, mar y aire, dentro de los horarios establecidos para tal efecto y con intervención de las autoridades migratorias. "Artículo 35. Para entrar y salir del país, los mexicanos y extranjeros deben cumplir con los requisitos exigidos por la presente Ley, su Reglamento y demás disposiciones jurídicas aplicables. Corresponde de forma exclusiva al personal del Instituto vigilar la entrada y salida de los nacionales y extranjeros y revisar la documentación de los mismos." "Artículo 37. Para internarse al país, los extranjeros deberán: I. Presentar en el filtro de revisión migratoria ante el Instituto, los documentos siguientes: a) Pasaporte o documento de identidad y viaje que sea válido de conformidad con el derecho internacional vigente, y (sic) b) Cuando así se requiera, visa válidamente expedida y en vigor, en términos del artículo 40 de esta Ley; o c) Tarjeta de residencia o autorización en la condición de estancia de visitante regional, visitante trabajador fronterizo o visitante por razones humanitarias. II. Proporcionar la información y los datos personales que las autoridades competentes soliciten en el ámbito de sus atribuciones. III. No necesitan visa los extranjeros que se ubiquen en alguno de los siguientes supuestos: a) Nacionales de países con los que se haya suscrito un acuerdo de supresión de visas o que no se requiera de visado en virtud de una decisión unilateral asumida por el Estado mexicano; b) Solicitantes de la condición de estancia de visitante regional y visitante trabajador fronterizo; c) Titulares de un permiso de salida y regreso; d) Titulares de una condición de estancia autorizada, en los casos que previamente determine la Secretaría; e) Solicitantes de la condición de refugiado, de protección complementaria y de la determinación de apátrida, o por razones humanitarias o causas de fuerza mayor, y f) Miembros de la tripulación de embarcaciones o aeronaves comerciales conforme a los compromisos internacionales asumidos por México." De lo expuesto se colige que toda persona tiene derecho para entrar en la República, salir de ella, viajar por su territorio y mudar de residencia, sin necesidad de carta de seguridad, pasaporte, salvoconducto u otros requisitos semejantes. Sin embargo, ese derecho tiene sus limitaciones o restricciones pues la propia Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la Ley Migratoria y su Reglamento, disponen que para ejercer esos derechos, es indispensable que reúnan los requisitos que las mismas leyes exigen. De tal manera que, dependiendo la naturaleza del acto que se reclame en relación al ingreso permanencia o tránsito por el territorio nacional de extranjeros, la eventual suspensión que, en su caso se conceda, por ningún motivo tendría por efecto sustituir el documento exigido por la autoridad migratoria, que permite el libre tránsito por el país a extranjeros, sino únicamente para que no sean objeto de detención con fines de presentación, alojamiento, deportación, retorno asistido y expulsión fuera de procedimiento, así como su ejecución y demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales, que pongan en peligro la vida de los disconformes. Así las cosas, es de resaltar que los artículos 97, 99, 100, 101, 102, 103, 104 y 144 de la Ley de Migración, prevén los supuestos en los cuales debe presentarse a los extranjeros en las Estancias Migratorias, para regularizar su situación, mismos que establecen: "(...)." De donde se deduce, que además de los lugares destinados al tránsito internacional de personas establecidos, el Instituto podrá llevar a cabo revisiones de carácter migratorio dentro del territorio nacional a efecto de comprobar la situación migratoria de los extranjeros; pues es de orden público la presentación de los extranjeros adultos en estaciones migratorias o en lugares habilitados para ello, en tanto se determina su situación migratoria en territorio nacional. Tal y como lo argumenta la Primera Sala, en la Jurisprudencia 1a. XXX/2023 (11a.), con número de registro digital 2027205, de rubro y texto: "PRESENTACIÓN Y ALOJAMIENTO DE PERSONAS EXTRANJERAS EN ESTACIONES MIGRATORIAS. LA LEY DE MIGRACIÓN ES ACORDE AL RÉGIMEN CONSTITUCIONAL Y CONVENCIONAL SOBRE LA PRIVACIÓN LEGÍTIMA DE LA LIBERTAD DE LAS PERSONAS MIGRANTES EN TERRITORIO NACIONAL. (...) Los derechos ahí establecidos y que deben observarse desde el momento del ingreso del extranjero a la Estancia Migratoria son, entre otros:(...) SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LA DETENCIÓN O ALOJAMIENTO PROLONGADO Ahora, de conformidad con el artículo 164 de la Ley de Amparo, cuando el acto reclamado en un juicio constitucional consista en la detención de la parte quejosa, efectuada por autoridades administrativas distintas del Ministerio Público, que no tenga relación con la comisión de un delito, la suspensión tendrá como efecto que el directo quejoso sea puesto en libertad. En ese sentido, en los casos en que se reclame la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, se actualiza dicha hipótesis, ya que las autoridades migratorias, que tienen dentro de sus atribuciones realizar detenciones con motivo de la irregularidad en el ingreso migratorio, son de naturaleza administrativa y distintas al Ministerio Público; además, esas detenciones no derivan de la comisión de un delito. Por tanto, el efecto de la medida cautelar, cuando proceda, debe consistir necesariamente en que el extranjero sea puesto en libertad, pues al no derivar la detención de la comisión de un delito, su detención debe ser excepcional. Además, conforme el artículo 150 de la Ley de Amparo, la suspensión debe concederse en forma tal que no impida la continuación del procedimiento en el asunto que haya motivado el acto reclamado, hasta dictarse resolución firme en él. De ese modo, si en el caso particular en el capítulo de hechos el promovente expone bajo protesta de decir verdad que el directo quejoso fue detenido el treinta y uno de octubre del año en curso, en esta ciudad, y trasladado a la Estación Migratoria Siglo XXI, del Instituto Nacional de Migración, lo cual consiste en la detención de un migrante en situación irregular en una estación migratoria, que es un acto que afecta la libertad personal respecto del cual proceda conceder la suspensión. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 126 y 164 de la Ley de Amparo, se concede la suspensión de plano a ***, respecto del acto reclamado consistente en la detención, para el efecto de que si, a la fecha, el directo agraviado tiene más de treinta y seis horas alojado o retenido en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, en esta ciudad, SEA PUESTO EN INMEDIATA LIBERTAD, debiendo las autoridades responsables dictar las medidas previstas legalmente (diversas a las que impliquen privación de la libertad personal, cualquiera que sea su forma de denominación), a fin de asegurar que la parte quejosa no evada el cumplimiento de las leyes sobre emigración, inmigración y salubridad general de la República, las que serán aplicadas por la autoridad administrativa, pudiendo, en su caso, tomar como parámetro las establecidas en el artículo 102 de la Ley de Migración. Criterio similar asumió el Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Vigésimo Circuito, por resolución pronunciada en sesión extraordinaria de diez de mayo de dos mil veintidós, en el recurso de queja 183/2022. PROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DEL ACTO CONSISTENTE EN LA POSIBLE DEPORTACIÓN, FUERA DE PROCEDIMIENTO Y SU EJECUCIÓN. Precisado lo anterior, es importante traer a colación los artículos 22 Constitucional, 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, mismos que disponen la procedencia de la suspensión de oficio y de plano. En efecto, los artículos en comento, en la parte que interesa, señalan: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. "(..)." De los artículos transcritos, se aprecia en lo que interesa, los actos prohibidos a que alude el artículo 22 constitucional y los supuestos de procedencia de la medida cautelar oficiosa y de plano que refiere la ley de la materia, se constriñen a las hipótesis que ahí señalan. Prevén la posibilidad de promover un juicio de amparo en nombre de un tercero cuando se reclamen actos, entre otros, que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, y el afectado se encuentre imposibilitado para ejercer la acción de manera directa, en cuyo caso el juez de distrito está obligado a decretar la suspensión del acto. Asimismo, señalan que la suspensión de oficio se concederá de plano, cuando se trate de los actos precisados anteriormente, que, de llegarse a consumar, haría físicamente imposible restituir al quejoso en el goce del derecho reclamado. Lo cual, deriva de la propia naturaleza del acto reclamado, en virtud de que para concederla únicamente es necesario atender al origen del acto tildado de inconstitucional, sin mayores requisitos porque, de ejecutarse sería imposible la restitución al quejoso en el pleno goce de sus derechos fundamentales; de ahí que, por su urgencia, sea dable otorgar la medida cautelar de oficio y decretarla de plano, inclusive sin que se cumplan previamente los requisitos de la demanda. En consecuencia, analizado lo expuesto por el quejoso y ante el peligro de que continúen ejecutándose los actos reclamados, se decreta la suspensión de oficio y de plano en los siguientes términos: Con fundamento en los artículos 125, 126 y 160, en relación con el 15 de la invocada Ley de Amparo, SE CONCEDE LA SUSPENSIÓN DE PLANO para que el quejoso ***; no sea detenido con fines de deportación, fuera de procedimiento, así como de los demás actos prohibidos por el artículo 22 Constitucional, además de que no sea objeto de incomunicación, ni cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales que pongan en peligro la vida del disconforme, así la autoridad migratoria responsable debe mantener las cosas en el estado en que se encuentran y, por ende, momentáneamente deberá abstenerse de hacer abandonar al extranjero, aquí quejoso, el territorio nacional, hasta en tanto se notifique sobre la sentencia ejecutoria que se dicte en este asunto. Aplica al caso, la Jurisprudencia PC.I.P.J/32P (10a.) , del Pleno en Materia Penal del Primer Circuito, de título y contenido: "ACTA DE RECHAZO EMITIDA POR LA AUTORIDAD MIGRATORIA. EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA SU EJECUCIÓN PROCEDE CONCEDER LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL. (...)". Sin que la suspensión decretada con antelación, impida la continuación de los procedimientos de verificación y regulación migratoria establecidos en la Ley de Migración y su Reglamento, ya que éstos son de orden público y no pueden suspenderse. Lo anterior es así, pues como ya se precisó, hasta que no se dicte resolución respecto de la situación migratoria del aquí quejoso, deberá permanecer en un domicilio ubicado en la circunscripción territorial en donde se encuentre la estación migratoria, que deba conocer de la solicitud de regulación respectiva, ello con el objeto de dar debido seguimiento al procedimiento administrativo; y por lo tanto, la medida cautelar sólo se concede en los términos ya precisados. Debiendo de informar las autoridades responsables dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contadas a partir de la notificación de este auto, sobre el cumplimiento que den a esta resolución, ya que dicha determinación deberá ser obedecida bajo la más estricta responsabilidad de las autoridades señaladas como responsables, de conformidad con lo establecido en el artículo 262, fracción III de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 262. Se impondrá pena de tres a nueve años de prisión, multa de cincuenta a quinientos días, destitución e inhabilitación de tres a nueve años para desempeñar otro cargo, empleo o comisión públicos, al servidor público que con el carácter de autoridad responsable en el juicio de amparo o en el incidente de suspensión: (.) III. No obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Resulta ser aplicable al caso, la jurisprudencia: emitida por el Pleno del Décimo Circuito, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 78, Septiembre de 2020, Tomo I, página 879, Registro digital: 2022090, cuya literalidad es: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PROCEDE OTORGARLA DE OFICIO Y DE PLANO CUANDO SE RECLAMAN LA POSIBLE DEPORTACIÓN O REPATRIACIÓN Y, SIMULTÁNEAMENTE, ACTOS RESTRICTIVOS DE LA LIBERTAD PERSONAL DE MIGRANTES CON SITUACIÓN IRREGULAR EN EL PAÍS. (...)." Cabe precisar que los efectos de la medida suspensional anteriormente decretada, no implica sustituir el documento que en su caso expide la autoridad migratoria para transitar libremente por el territorio nacional. Dicha medida cautelar no surtirá efectos si en el caso el directo quejoso estuviera en el supuesto a que se refiere el artículo 33 Constitucional, esto es, que el Titular del Ejecutivo de la Unión haya juzgado inconveniente la permanencia en el país del extranjero, numeral que dispone: "Artículo 33. Son personas extranjeras las que no posean las calidades determinadas en el artículo 30 constitucional y gozarán de los derechos humanos y garantías que reconoce esta Constitución. El Ejecutivo de la Unión, previa audiencia, podrá expulsar del territorio nacional a personas extranjeras con fundamento en la ley, la cual regulará el procedimiento administrativo, así como el lugar y tiempo que dure la detención. Los extranjeros no podrán de ninguna manera inmiscuirse en los asuntos políticos del país". Se precisa que la medida cautelar también se concede para el efecto de que las autoridades responsables, en el ámbito de su competencia con la debida oportunidad le den trámite a la solicitud que plantee la parte quejosa respecto de su situación migratoria. Asimismo, debe precisarse que si el acto reclamado se trata realmente de una medida de aseguramiento decretada con fundamento en la Ley de Migración, la medida precautoria no surtirá el efecto, en atención a que no se satisface el requisito previsto en el artículo 128 fracción II, de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión contra el posible aseguramiento de la parte quejosa por las autoridades administrativas, pues se atentaría contra el interés de la sociedad quien está interesada en que se cumpla con toda exactitud las disposiciones de la referida ley migratoria. Lo anterior se estima apegado a lo dispuesto por el artículo 11 de la Constitución Federal, que contiene el derecho a la libertad de tránsito dentro del territorio nacional, que incluye además otro derecho fundamental aplicable a extranjeros, que es el de residir legalmente en el país; sin embargo, tales derechos no son absolutos y por ende no es posible autorizarlos al margen de la disposición legal que los prevé, pues como se desprende de dicho precepto constitucional, están sujetos a límites y subordinados a las facultades de la autoridad judicial, en los casos de responsabilidad criminal o civil, y a las de la autoridad administrativa, por lo que toca a las limitaciones que establecen las leyes sobre migración o inmigración y de los extranjeros residentes considerados perniciosos; lo que redunda en que la autoridad migratoria ejerce la vigilancia correspondiente a través de las reglas que impone la Ley de Migración, específicamente, las previstas en los artículos 7, 31, 34, 35, 37, 40, 42, 43, 52, 57, 81, 92, 97, 99 y 106, así como los relativos de su reglamento; de ahí que el interés de la sociedad está por encima del interés particular. Por otra parte, en caso de que se haya ejecutado la deportación de la parte quejosa, la medida cautelar se concede para el efecto de que las responsables bajo su más estricta responsabilidad, tomen las medidas necesarias y que estén a su alcance para salvaguardar la vida de los mismos, así como para que giren las instrucciones necesarias a los Directores o Encargados de las Estaciones Migratorias, a efecto de que en el lugar que se designe o llegara a designarse para su estancia con motivo del seguimiento de algún proceso, también tomen las medidas necesarias indispensables para los efectos a que se hizo alusión, en el entendido de que en caso de que el quejoso se encuentre alojado en algún recinto o estación migratoria, la duración de la detención no podrá exceder el plazo de treinta y seis horas, lo anterior, toda vez que el derecho a la libertad personal no es absoluto, pues puede haber escenarios en los que se encuentre justificada su restricción, como sucede con la facultad del Estado mexicano para establecer medidas tendentes a regular la entrada, admisión y expulsión de personas migrantes en territorio nacional. Sustenta lo anterior, el criterio que sostiene la Primera Sala del Máximo Tribunal en la Jurisprudencia 1a./J. 112/2023 (11a.), con registro digital 2027175, de rubro y texto: "DETENCIÓN ADMINISTRATIVA MIGRATORIA. PARA EVITAR QUE SEA ARBITRARIA, SU DURACIÓN DEBE SER MENOR A TREINTA Y SEIS HORAS Y LA IMPOSICIÓN DE LA MEDIDA DEBE CUMPLIR CON LOS REQUISITOS DE RAZONABILIDAD, NECESIDAD Y PROPORCIONALIDAD. (...).". Lo anterior tiene su justificación porque la vida es un derecho humano fundamental, cuyo goce es un requisito para el disfrute de todos los demás derechos, ya que de no ser respetado los demás carecerían de sentido, y por esa razón, el Estado tiene la obligación de garantizar las condiciones necesarias para que no se viole, pues específicamente son los encargados de los Centros de Estación Migratoria quienes tienen asignada la función especial de garantes de los derechos de las personas que se encuentran bajo su custodia, para lo cual deben realizar todos aquellos actos o gestiones que sean necesarias para salvaguardar la vida de los migrantes. En ese contexto, es de resaltar que dichas autoridades pueden (en uso de sus facultades), prolongar el alojamiento de las personas en los albergues o estancias migratorias, lo anterior, debido a su obligación de definir la gravedad que la circulación de las personas extranjeras, pudieran llegar a representar para la seguridad del país, para lo cual deberán hacer un análisis escrupuloso de las características individuales de la persona migrante afectada. Así, la decisión de las autoridades migratorias deberá estar debidamente fundada y motivada, para lo cual deberá justificar que se trata de una medida razonable, necesaria y proporcional; y, demostrar que existe una amenaza presente, directa e imperativa que justifica el alojamiento o detención de la persona migrante en cuestión. En este caso, se atiende la jurisprudencia 1a. XXIII/2023 (11a.), con registro digital 2027178, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y texto: "DETENCIONES ADMINISTRATIVAS MIGRATORIAS. FACTORES DE RIESGO GRAVE PARA LA SEGURIDAD NACIONAL, EL ORDEN PÚBLICO O DERECHOS Y LIBERTADES DE TERCERAS PERSONAS POR EL INGRESO ILÍCITO DE PERSONAS MIGRANTES EN TERRITORIO NACIONAL. (...).". Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contado a partir de que se encuentren notificadas de este acuerdo, remita a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que han dado a la medida cautelar concedida; apercibida que de no hacerlo, se les impondrá la medida de apremio antes apuntada. También se informa a la misma que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo está obligada a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se le impondrá multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. REQUERIMIENTO ESPECIAL Requiérase a las autoridades responsables para que en el plazo de veinticuatro horas, contados a partir de que se encuentre notificada de este acuerdo, remitan a este juzgado copia certificada de las constancias en que se patentice el cumplimiento que ha dado a la medida cautelar concedida; asimismo, deberán informar si en su base de datos ESTUVO REGISTRADO EL QUEJOSO DESDE EL MOMENTO DE SU DETENCIÓN hasta el momento en que rindan su informe de suspensión de plano; de igual forma deberán indicar a qué lugar fue reubicado, esto es, informar si de la citada base de datos de las estaciones migratorias de esta Entidad Federativa o bien de toda la República existe registro relativo al ingreso o reingreso del quejoso; así como la fecha exacta y motivo por el cual, en su caso, dicha parte haya egresado. También se informa a las mismas que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo están obligadas a recibir el oficio que en relación con este juicio se les dirija, en el entendido que de negarse a hacerlo, bajo excusa de alguna imprecisión en su denominación que no sea substancial, o sea, que no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento de dicha circunstancia al encargado de la oficina correspondiente y, que se tendrá por hecha la notificación, en el entendido de que si subsiste la negativa, se asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; además de que se les impondrá multa de cincuenta unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Por otra parte, se autoriza a las autoridades responsables que rindan su respectivo informe a través de medios electrónicos atendiendo, en su caso, a los acuerdos de interconexión o a través del correo Institucional 4jdo20cto@correo.cjf.gob.mx. NEGATIVA DE LA SUSPENSIÓN DE PLANO RESPECTO DE LA ORDEN DE TRASLADO A OTRA ESTACIÓN MIGRATORIA Ahora bien, resulta importante destacar que en el caso particular el promovente en la demanda de amparo se advierte que también reclama: La orden de traslado a diversa Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración, distinta a donde se encuentra alojado. En el caso particular, el juicio constitucional lo promovió en representación del directo quejoso, en el que se señaló como acto reclamado destacado, el siguiente: el traslado a diversa estación migratoria; sin embargo, es inconcuso que deviene improcedente conceder la suspensión de oficio y de plano sobre dicho acto. Al respecto, las supuestas consecuencias que de dichos actos emanan revisten la característica de ser futuros e inciertos, contra los cuales, es improcedente conceder la medida cautelar, pues al respecto depende de la autoridad migratoria, en ejercicio de sus facultades legales, para determinar si ha lugar o no a la orden de traslado; además, no hay certeza sobre su inminente concretización, dado que las manifestaciones del promovente son los únicos datos con los que se cuenta para pronunciarse sobre la medida suspensional. En relación con la naturaleza de los actos reclamados, por regla general, sólo los actos futuros de inminente realización, y no los futuros e inciertos, son susceptibles de ser suspendidos, entendiéndose por los primeros los que derivan de manera directa y necesaria de otro ya preexistente, de tal manera que pueda asegurarse que se ejecutará en breve, y por los segundos, aquellos cuya realización es remota, en tanto que su existencia depende de la actividad previa de la parte quejosa o de que la autoridad decida ejercer o no alguna de sus atribuciones. Apoya lo expuesto, la tesis pronunciada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, localizable en la página 571, Tomo II, Segunda Parte-2, Julio-Diciembre de 1988, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, con registro digital 230653, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN, PROCEDE EN CONTRA DE ACTOS INMINENTES, NO ASÍ EN CONTRA DE ACTOS FUTUROS E INCIERTOS. Los actos Futuros de realización incierta, tanto en su ejecución como en sus efectos, no son susceptibles de servir como materia a la medida cautelar; sólo procede ésta si se tiene certidumbre acerca de su realización por tratarse de actos inminentes." RATIFICACIÓN DE DEMANDA DE AMPARO Ahora, con el objeto de que se cumpla con todos los requisitos a que se refiere el artículo 108, de la Ley de Amparo, previamente es necesario que el quejoso ***, ratifique la petición de amparo, promovida a su favor por Juan José de la Cruz Gordillo, en términos de los artículos 6 y 15 de la ley de la materia. Por lo que se comisiona al Actuario Judicial de la adscripción que corresponda, para que se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria Siglo XXI, con sede en esta ciudad, a fin de que localice al directo quejoso ****; y, bajo su más estricta responsabilidad y en el acto de la diligencia realice lo siguiente:  Vocear o llamar al directo quejoso, en el lugar respectivo;  Notificarle el presente auto;  Requerirle para que en ese acto o dentro del término de tres días, contado a partir del siguiente en que surta sus efectos la notificación del presente proveído, manifieste si ratifica o no la demanda de amparo instada en su nombre. Apercibido que de no ratificar la demanda en el término concedido, se tendrá por no presentada la misma, de conformidad con lo dispuestos en el artículo 15 de la Ley de Amparo y quedará sin efecto las medidas decretadas:  Dar fe del estado físico en que se encuentre el quejoso.  Levantar acta pormenorizada de todo lo anterior. Para efectos de lo antes expuesto, se instruye a las autoridades migratorias, que será bajo su más estricta responsabilidad, brindar todas las facilidades al actuario judicial, para desarrollar la búsqueda del directo quejoso, en todas y cada una de las áreas físicas que constituyen la dependencia; apercibidas que de no hacerlo, se harán acreedoras una multa en los términos precisados en párrafos que preceden; además, se dará vista al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, por desacato a una orden judicial. Se faculta al actuario para que indague en caso de ser necesario a disposición de qué autoridad diversa a las señaladas se encuentra la parte quejosa, y en caso de tener conocimiento le notifique el presente auto, y asiente la denominación de dicha autoridad. PREVENCIÓN Asimismo, una vez localizada la parte quejosa y hecha la ratificación de la demanda, con fundamento en el artículo 114, fracciones I, II y IV, en relación al 108, fracciones III y IV, de la Ley de Amparo, requiérasele para que en el acto de la notificación, o bien, dentro del plazo de cinco días, contado a partir del siguiente al que se encuentre notificada de este acuerdo, por escrito y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, aclare su demanda conforme a lo siguiente: PRIMERO. Indique si a la fecha ha solicitado a las autoridades migratorias que señala como responsables el inicio de algún procedimiento administrativo en el cual se le otorgue el oficio de salida definitiva del país. SEGUNDO. Manifieste si ha solicitado a las autoridades migratorias que señala como responsables, le expida el oficio de salida de la estación migratoria que reclama. TERCERO. Precise si se encuentra sujeto a algún procedimiento administrativo migratorio, con el que se le pretenda deportar a su país de origen, o si a la fecha le fue notificado alguno. CUARTO. Señale si desea designar como autorizado a la persona que promueve en su nombre, y señalar el domicilio que indica. QUINTO. Comunique si ha promovido diverso juicio de amparo contra actos iguales, similares o relacionados a los que aquí se reclaman, así como el estado que guarda. APERCIBIMIENTO Se apercibe a la parte quejosa que en caso de no dar cumplimiento a lo anterior en el plazo concedido, de acuerdo a lo previsto en el segundo párrafo del artículo 114 de la Ley de Amparo, se tendrá por no presentada la demanda de amparo. Asimismo, se apercibe a la parte quejosa, representante, abogado y/o autorizado, que si con posterioridad en este juicio de amparo, de las constancias allegadas se advierte que en el escrito de demanda y/o aclaración, afirmo hechos falsos u omitió los que les constaban con relación al acto reclamado, y sus antecedentes, se procederá contra quien resulte responsable en la comisión del delito federal de falsedad, previsto en el artículo 261 de la Ley de Amparo. En el entendido de que el desahogo de la prevención de referencia la deberá realizar la parte quejosa, pues de conformidad con el artículo 12 de la Ley de Amparo, el autorizado en términos amplios no está facultado para desahogar prevenciones en las cuales la parte quejosa deba manifestar "bajo protesta de decir verdad". Apoya a lo anterior, la jurisprudencia 50/2014 (10ª), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que se publica en la página 210, Libro 9, agosto de 2014, Tomo I del Semanario Judicial de la Federación, del rubro siguiente: "AUTORIZADO EN TÉRMINOS AMPLIOS DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY DE AMPARO. NO ESTÁ FACULTADO PARA DESAHOGAR PREVENCIONES EN LAS CUALES DEBAN MANIFESTARSE, "BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD", ANTECEDENTES DEL ACTO RECLAMADO QUE SE OMITIERON AL PRESENTARSE LA DEMANDA RELATIVA". JUSTIFICACIÓN DE CRITERIOS Cabe aclarar que los criterios invocados, no se oponen a la Ley de Amparo vigente, por lo que se aplican con sustento en el artículo sexto transitorio de dicha legislación actual. DOMICILIO PROCESAL Y AUTORIZADO Resérvese acordar lo relativo al autorizado y al domicilio proporcionado, hasta en tanto la parte quejosa ratifique la demanda de amparo promovida a su favor y desahogue el requerimiento realizado en el párrafo anterior. EXPEDICIÓN DE COPIAS De conformidad con los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del artículo 2 a la Ley de Amparo, y como lo solicita la parte quejosa, expídanse copias certificadas del presente proveído, las cuales le serán entregadas en día y hora hábil. Se le hace saber que este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula de Córdova y Ordóñez, mantiene como horario de atención al público de las nueve horas con treinta minutos a las catorce horas con treinta minutos, ello de lunes a viernes; además, es importante enfatizar que dicho horario resulta aplicable al órgano jurisdiccional en su totalidad, en lo que interesa, entrega de copias certificadas, previa identificación y razón que de su recibo obre en autos. NOTIFICACIONES POR LISTA Se indica a las partes que la lista de notificaciones no personales se podrá consultar a diario en el portal del Consejo de la Judicatura Federal en la siguiente dirección: www.cjf.gob.mx/micrositios/dggj/paginas/serviciosTramites.ht m?pageName=servicios%2FlistaAcuerdos.htm EXHORTO A LAS PARTES A TRANSITAR A LA TRAMITACIÓN AL JUICIO EN LÍNEA, Y USO DE MEDIOS TECNOLÓGICOS Con apoyo en los artículos 52 Duodecies y 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por*** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, en el Diario Oficial de la Federación, entrado en vigor a partir del siete de noviembre de dos mil veintidós, se exhorta a las partes a que transiten hacia la actuación del portal de Servicios en Línea, el cual cuenta con la apertura total de "juicio en línea", a todas las materias e instancias en los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales del consejo, para efecto de continuar (previa solicitud) la tramitación del presente expediente por los medios electrónicos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES, TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Asimismo, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán con supresión de datos, y solamente en caso de consentimiento expreso serán publicados. Por otra parte, dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes *** En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en los arábigos 34, 35, 36 y 37 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo, este último precepto, reformado por el punto cuarto del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por *** y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación en veintiocho de octubre de dos mil veintidós. Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por oficio a las autoridades responsables. Proveído de siete de noviembre de dos mil veintitrés.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón de uno de noviembre de este año, mediante la cual la fedataria de este juzgado informa la imposibilidad de localizar a la parte quejosa ***, por los motivos ahí expuestos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente ***, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, haga comparecer ante este Órgano de Control Constitucional, a la parte quejosa ***, a efecto de que manifieste si ratifica o no la demanda presentada en su favor; o bien, proporcione el lugar en el cual se encuentra recluido o alojado, y ante qué autoridad está a disposición. En el entendido que de no presentarse o no hacer manifestación alguna, dentro del plazo concedido, se le notificará por lista el auto de uno de noviembre del año en curso y los subsecuentes. Así también, se apercibe al promovente ***, que de no dar cumplimiento a lo ordenado o no indicar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.1o.P.150 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2446, con número de registro digital: 2019008, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR UN TERCERO EN FAVOR DE UN EXTRANJERO QUE RECLAMA ATAQUES A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, COMETIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS. SI FUE DEPORTADO ANTES DE QUE MANIFESTARA SI LA RATIFICABA O NO, PROCEDE DICTAR DIVERSAS MEDIDAS PARA LOCALIZARLO, A FIN DE EFECTUAR ESE REQUERIMIENTO (INTERPRETACIÓN PRO PERSONAE DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA MATERIA). (...)." Ahora bien, tomando en consideración que en la demanda de amparo el promovente señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; y en auto de uno de noviembre del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó a proveer lo relativo al domicilio procesal proporcionado hasta que el directo quejoso ratificara la presente demanda de amparo, consecuentemente, en obvio de mayores dilaciones y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, por única ocasión, notifíquesele dicho auto al promovente en el domicilio proporcionado, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales, el informe de suspensión de plano rendido por el Representante Local, Encargado del Departamento Jurídico, en representación del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; consecuentemente, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, de conformidad con los artículos 9º y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere la autoridad oficiante. Notifíquese; y, personalmente al promovente. Proveído de nueve de noviembre de dos mil veintitrés.- Tapachula de Córdova y Ordóñez, Chiapas, a siete de noviembre de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos la razón de uno de noviembre de este año, mediante la cual la fedataria de este juzgado informa la imposibilidad de localizar a la parte quejosa ***, por los motivos ahí expuestos. En consecuencia, con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase al promovente ***, para que dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, haga comparecer ante este Órgano de Control Constitucional, a la parte quejosa ***, a efecto de que manifieste si ratifica o no la demanda presentada en su favor; o bien, proporcione el lugar en el cual se encuentra recluido o alojado, y ante qué autoridad está a disposición. En el entendido que de no presentarse o no hacer manifestación alguna, dentro del plazo concedido, se le notificará por lista el auto de uno de noviembre del año en curso y los subsecuentes. Así también, se apercibe al promovente ***, que de no dar cumplimiento a lo ordenado o no indicar el impedimento legal que tenga para ello, se le impondrá multa por el equivalente a cien unidades de Medida y Actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), esto con fundamento en lo dispuesto por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización. Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en la tesis I.1o.P.150 P (10a.), visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 62, Enero de 2019, Tomo IV, página 2446, con número de registro digital: 2019008, de rubro y texto siguientes: "DEMANDA DE AMPARO PROMOVIDA POR UN TERCERO EN FAVOR DE UN EXTRANJERO QUE RECLAMA ATAQUES A SU LIBERTAD PERSONAL FUERA DE PROCEDIMIENTO, INCOMUNICACIÓN, DEPORTACIÓN O EXPULSIÓN, COMETIDOS POR AUTORIDADES MIGRATORIAS. SI FUE DEPORTADO ANTES DE QUE MANIFESTARA SI LA RATIFICABA O NO, PROCEDE DICTAR DIVERSAS MEDIDAS PARA LOCALIZARLO, A FIN DE EFECTUAR ESE REQUERIMIENTO (INTERPRETACIÓN PRO PERSONAE DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY DE LA MATERIA). (...)." Ahora bien, tomando en consideración que en la demanda de amparo el promovente señaló domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad; y en auto de uno de noviembre del año en curso, este órgano jurisdiccional se reservó a proveer lo relativo al domicilio procesal proporcionado hasta que el directo quejoso ratificara la presente demanda de amparo, consecuentemente, en obvio de mayores dilaciones y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, por única ocasión, notifíquesele dicho auto al promovente en el domicilio proporcionado, para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales, el informe de suspensión de plano rendido por el Representante Local, Encargado del Departamento Jurídico, en representación del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con residencia en esta ciudad; consecuentemente, con fundamento en los artículos 125 y 126 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con su contenido, para que manifiesten lo que a su interés convenga. Asimismo, de conformidad con los artículos 9º y 28, fracción I, de la Ley de Amparo, téngase como delegados a las personas que indica y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que refiere la autoridad oficiante. Notifíquese; y, personalmente al promovente.

  2. Principal

    Visto el sobre que devuelve la empresa de mensajería acelerada denominada "Estafeta", con la leyenda "cambio de domicilio", el cual contiene el oficio 23099/2023, de veintiséis de septiembre de dos mil veintitrés, al que se anexó el comunicado 22092/2023, dirigidos al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para los efectos legales conducentes y tomando en consideración el motivo por el que no fue entregado a su destino la misiva mérito, mediante oficio que derive de la presente determinación, reenvíese el oficio 23099/2023 (con el comunicado 22092/2023), al Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, por conducto de su superior jerárquico Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en Representación jurídica del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en el Ciudad de México (foja 90 a 91). Para tal efecto, comisiónese al Actuario Judicial de la adscripción para que envíe dichos oficios vía correo electrónico a la dirección juiciosdeamparoscj@inami.gob.mx; y levante constancia de su confirmación al teléfono 53872400, extensión 18211, 18248, 18449 y 18137. Por otra parte, comuníquese al Sub Comisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración, Órgano Administrativo desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en Representación jurídica del Comisionado del Instituto Nacional de Migración, con sede en el Ciudad de México, que dentro del término de tres días, contado a partir de que reciba el oficio condigno, deberá remitir copia certificada de las constancias que acrediten el cumplimiento de tal circunstancia; o en su caso, manifieste el impedimento que tenga para ello; apercibido que de no hacerlo de manera oportuna, se hará acreedor a una multa equivalente a cien unidades de medida y actualización, que arroja la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), con fundamento en lo dispuesto por el artículo 259, en relación con el 237, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, y tomando como base el valor inicial diario equivalente a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional) conforme a lo establecido en lo publicado en el Diario Oficial de la Federación el diez de enero de dos mil veintitrés, relativo a lo dispuesto por el artículo 4 de la Ley para determinar el valor de la Unidad de Medida y Actualización.

  3. Principal

    Vista la certificación secretarial que antecede, así como el estado procesal de autos, se desprende que ha transcurrido el plazo que concede el artículo 98 de la ley de la materia, sin que la parte quejosa hubiese interpuesto recurso de queja contra el auto de treinta y uno de julio de dos mil veintitrés, en el que se tuvo por no presentada la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 355 y 356, fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su ordinal 2, se declara que ha causado estado dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Control Electrónico respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en virtud que no existe cuestión pendiente en este asunto, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se declara como asunto totalmente concluido.

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