Alexei Lugardo Díaz

Expediente 657/2019 tramitado ante el Juzgado Decimoctavo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Xalapa. 2 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2019.

Datos del expediente

Expediente
657/2019
Año
2019
Actuaciones
2
Última actuación
12/07/2019

Partes del expediente

  • Alexei Lugardo Díaz

Actuaciones

  1. Principal

    SE DESECHA DE PLANO DEMANDA; se actualiza causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27, FRACCION I, INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS A LA PARTE QUEJOSA EL AUTO QUE DICE: "Xalapa, Veracruz, doce de julio de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por **********, contra actos de la Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad y otra autoridad; fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), anótese en el libro de gobierno y regístrese con el número 657/2019 que le corresponde. Ahora bien, analizada la demanda de amparo, se considera procedente efectuar el pronunciamiento siguiente. DESECHAMIENTO En primer término, debe decirse que el artículo 113 de la Ley de Amparo prevé la facultad del Juez de Distrito de examinar la demanda de amparo y, en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, desecharla de plano. Así, debe tenerse en cuenta que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto. De tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Tal consideración encuentra sustento, por identidad de razón, en la jurisprudencia I.1o.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, mayo de 1998, tomo VII, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 196196, de rubro siguiente: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE." En principio, del análisis integral del escrito de demanda, se advierte que el promovente señala como acto reclamado el consistente en: Resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Octavo de Primera Instancia Especializado en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, en el juicio ordinario civil número ***/2015/V de su índice, en la que ordenó girar oficio a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que dicha autoridad señalara fecha y hora para la práctica de terapias psicológicas al quejoso. De ahí que, en el caso se estime actualizada de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII.- En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Al respecto, es de señalarse que último de los preceptos citados, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión de actos de "imposible reparación". Con lo que el legislador federal proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que en los procedimientos judiciales propiamente dichos, se entendiera que esos actos, para ser calificados como de imposible reparación, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos. Es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. De donde se deduce lo dispuesto por el legislador secundario como condiciones para la tramitación del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados durante el procedimiento, las cuales son: a) la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, b) el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el que sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Es aplicable la jurisprudencia P./J.37/2014 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable con el número de registro 2006589, que dice: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013)." De igual forma, se invoca, por su alcance jurídico, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual se localiza con el número de registro 2011428, que se lee: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO." Por tanto, atendiendo a lo que debe entenderse por actos de imposible reparación, se concluye que el juicio de amparo indirecto resulta procedente cuando el acto reclamado afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; es decir, que sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho; pero no en aquellos casos en los que sólo se produzca una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo. Con base en lo anterior, el acto reclamado, consistente en la resolución de diecinueve de junio de dos mil diecinueve, dictada por la Juez Octavo de Primera Instancia Especializada en Materia de Familia, con sede en esta ciudad, en el juicio ordinario civil número ***/2015/V de su índice, en la que ordenó girar oficio a la Procuraduría Estatal de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, para que dicha autoridad señalara fecha y hora para que al aquí quejoso le sean practicadas las terapias psicológicas a las que él mismo se obligó a someterse en el convenio celebrado por los contendientes en el juicio de origen, donde a su vez se estableció como condicionante de la convivencia, que en caso de que el ahora peticionario de amparo incumpliera con la asistencia a dichas terapias, se le suspenderían las convivencias con su menor hija; no constituye un acto de imposible reparación, ya que por su naturaleza procesal o adjetiva no se traduce en la afectación material de un derecho sustantivo determinado, como pudieran ser la libertad, la integridad personal o la propiedad. De tal manera que esa decisión únicamente tiene consecuencias intraprocesales, meramente formales, pues es indudable que el juicio continuará en sus etapas procesales, pudiendo incluso, obtener un fallo favorable a sus intereses, y de no ser así, estará en posibilidades de combatirla mediante el recurso ordinario procedente, en caso de establecerlo la ley, o como violación al procedimiento en vía de amparo directo, en el caso de resultar procedente; más, se insiste, no conlleva una afectación material de algún derecho sustantivo del inconforme. En ese contexto, es indudable que la resolución que constituye el acto reclamado no afecta de manera directa e inmediata algún derecho sustantivo del quejoso, aquí recurrente, como pudiera ser su integridad personal, la libertad o sus propiedades o posesiones, pues su acto reclamado esencialmente versa sobre la práctica de terapias psicológicas sobre la persona del quejoso; de tal suerte que ello constituye una afectación de carácter adjetiva o procesal, la que, en su caso, pudiera repararse sin originar afectación inmediata a los derechos sustantivos de que se habla, pues no obstante su desahogo, podría llegar a obtener un fallo definitivo favorable, en caso contrario, estaría en posibilidad de interponer el recurso ordinario establecido en la ley, y para el supuesto de que fuera desestimado, podrá acudir al juicio de amparo directo en el que podría impugnar la violación al procedimiento que ahora reclama. No pasa inadvertido la jurisprudencia 1a./J. 20/2011, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 162017, que dice: "PRUEBA PSICOLÓGICA A CARGO DE LOS MENORES. SU ADMISIÓN Y DESAHOGO CONSTITUYEN UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN Y, POR TANTO, EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO". Sin embargo, en el caso no es aplicable, pues de su lectura se advierte que la razón por la que el Alto Tribunal del País, estimó que la admisión y desahogo de la prueba psicológica a cargo de menores, constituye un acto de imposible reparación contra el cual es procedente el juicio de amparo indirecto; deriva del hecho que puede afectar su salud mental, por lo que la sola posibilidad de causar un daño de esa naturaleza genera la procedencia del amparo por la vía indirecta, salvaguardando así su interés superior, considerando su natural vulnerabilidad. Empero, no es el caso del quejoso, quien ya es un adulto y es parte actora en el juicio ordinario civil de donde emana el acto reclamado. No obstante que no se discute que el derecho a la salud contenido en el artículo 4 Constitucional, no se limita a la salud física del individuo, sino que atento a la propia naturaleza humana, va más allá, en tanto comprende aspectos externos e internos, como el buen estado mental y emocional del individuo. De ahí que el derecho a la salud se traduzca en la obtención de un determinado bienestar general integrado por el estado físico, mental, emocional y social de la persona, del que deriva un derecho fundamental más, consistente en el derecho a la integridad físico-psicológica; tal como lo consideró el Pleno del Alto Tribunal en la tesis aislada P.LXVIII/2009, de rubro: "DERECHO A LA SALUD. NO SE LIMITA AL ASPECTO FÍSICO, SINO QUE SE TRADUCE EN LA OBTENCIÓN DE UN DETERMINADO BIENESTAR GENERAL". Lo cierto es que la jurisprudencia invocada en primer término, sólo hace referencia a menores y no amplía la posibilidad de promover el juicio de amparo contra la admisión y desahogo de la prueba psicológica, cuando se trata de personas mayores de edad, pues en tratándose de menores el estado debe salvaguardar su vulnerabilidad dado su corta edad para dicernir sobre un cuestionamiento psicológico lo cual no debe acontecer en el caso de los adultos dada su madurez ante un examen psicológico, salvo que sea un incapaz. Así, en el caso concreto, se observa que la Juez responsable emitió la resolución combatida procurando el interés superior de la menor de identidad resguardada. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia explica que existen tres dimensiones en las que se debe visualizar y atender el interés superior del menor: como un derecho sustantivo contenido en la ley; como principio jurídico interpretativo fundamental, que implica que los derechos del menor se ponderarán por encima de cualquier otro; y, además se aplicará la interpretación que más lo satisfaga en el ejercicio y goce de sus derechos; y como norma procedimental que al encontrarse en una misma situación varios menores afectados, será necesario realizar una valoración de las posibles repercusiones que a cada menor recaiga y entonces proceder a aplicar la norma. Al caso es aplicable la tesis CCCLXXIX/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 256, del tomo I, diciembre de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. DIMENSIONES EN QUE SE PROYECTA LA APLICACIÓN DE ESTE PRINCIPIO". En congruencia con lo anterior, la Convención sobre los Derechos de los Niños, en los artículos 3, 9 18, 21 y 37 contempla que cuando haya de ponderarse entre los derechos del niño y los derechos de los adultos o las facultades del Estado siempre prevalecerán los derechos de los niños, pues esto implica el respeto al principio del interés superior del menor. Es por ello, que atendiendo al principio jurídico interpretativo fundamental, que implica que los derechos del menor se ponderarán por encima de cualquier otro, es que se afirma que deben prevalecer las medidas adoptadas para tutelar los derechos de la menor, vigilando que los mismos no sean violentados. Bajo ese tenor y toda vez que el máximo tribunal ha fijado el principio jurídico interpretativo expuesto y que también la Convección sobre Derecho de los Niños, estableció que prevalecen los derechos de los menores sobre los de los adultos, es que no hay cabida a admitir la demanda de amparo planteada, toda vez que el fondo del asunto versa sobre vigilar que durante el procedimiento judicial no se vean vulnerados los derechos de la menor y así se pueda apreciar si existe o no una problemática en el desarrollo de las convivencias filiales entre el aquí promovente y la infante involucrada para así no poner en riesgo la estabilidad emocional de la menor, como medida de protección. Máxime que la práctica de las terapias psicológicas a las que deberá acudir el aquí quejoso, tienen como única finalidad cumplir con lo que el promovente voluntariamente se obligó en el convenio celebrado por las partes en la audiencia de dieciséis de junio de dos mil dieciséis, que prevee el artículo 219 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Veracruz, en el juicio ordinario civil de origen, toda vez que la convivencia con su menor hija está condicionada a la asistencia a las terapias en cuestión. Se afirma que en el caso no existe ejecución irreparable si atendiendo al principio de interés superior del menor, se fijan los mecanismos de protección a una menor y que las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales de los gobernados y sin dejar huella en su esfera jurídica. En el caso, el acto reclamado no es una violación exorbitante a los derechos sustantivos del agraviado, por las razones expuestas, por lo que sólo surte efectos procesales y puede extinguirse en la realidad, sin dejar huella en la esfera jurídica del inconforme. Sirve de sustento Criterio sustentado en la tesis, visible en la página 207, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XII, Julio de 1993, que establece: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL." Bajo ese contexto, al actualizarse la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con lo dispuesto en el 107, fracción V, de la Ley de Amparo; la cual es manifiesta porque se puede determinar con base en los elementos aportados con la demanda e indudable, porque se tiene la certeza de que aun cuando se admitiera la demanda de amparo y se desahogaran pruebas en la audiencia constitucional, no se formaría una convicción diversa a la que se sostiene en este auto; lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO que ocupa. Determinación que se adopta, además, con el objeto que el promovente del amparo tenga conocimiento, desde el inicio, del resultado de su demanda y, a su vez, evitar la práctica de un trámite innecesario, en atención a lo establecido por la garantía de prontitud en la impartición de justicia prevista en el artículo 17 constitucional; lo que incluso, permite que la parte quejosa interponga oportunamente el medio ordinario respectivo, para defender sus derechos. Similar criterio adoptó el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, con sede en esta ciudad, al resolver el amparo en revisión 136/2018 de su índice, mismo que se invoca en virtud de constituir un hecho notorio en términos del artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la ley de la materia. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Como lo solicita la parte quejosa, se tiene como su domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en el proemio de su demanda, de conformidad con el artículo 27, fracción I, de la Ley de Amparo. Como sus autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a **********, **********, ********** y **********, debido a que cuentan con cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Cédulas Profesionales de Abogados Postulantes acreditados ante el Poder Judicial de la Federación. Y, en términos del artículo 24 a **********, **********, ********** y **********, debido a que no cuenta con cédula registrada en el referido sistema. LEY FEDERAL DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Suprímase en la versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. DIGITALIZACIÓN Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio, ambos de la Ley de Amparo en vigor, así como en capítulo tercero, del Acuerdo General Conjunto 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regula la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso de la FIREL, a través del Sistema Electrónico del Poder Judicial de la Federación previsto en el artículo 3º de la Ley de Amparo, procédase a la digitalización del expediente. HABILITACIÓN DÍAS Y HORAS Finalmente, con fundamento en el artículo 282 del Código de Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los Actuarios Judiciales de la adscripción puedan efectuar las actuaciones y diligencias que deriven de este juicio de amparo, incluso, fuera del horario que para tal efecto dispone la Ley de Amparo. SOLICITUD DE COPIAS En términos de lo previsto en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se autoriza la entrega de copias de las actuaciones que se realicen en este juicio de amparo, a las partes que se encuentren facultadas para ello y lo soliciten ante el actuario adscrito a este órgano jurisdiccional, quien hará entrega de las mismas, previa identificación y razón que por su recibo se otorgue en autos para debida constancia. Con la salvedad, de que no procederá la entrega de copias en los casos expresamente prohibidos por la ley aplicable... "

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