Alexandra Johanna Moncada Ezeta

Expediente 1064/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 12 actuaciones registradas, la última del 17 de octubre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1064/2022
Año
2022
Actuaciones
12
Última actuación
17/10/2022

Partes del expediente

  • Alexandra Johanna Moncada Ezeta
  • Denis Roger Obregon Cabanillas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    Villahermosa, Tabasco, diecisiete de octubre de dos mil veintidós. Sin mayor proveído. Visto lo de cuenta, se provee; agréguese a los autos sin mayor proveído el informe justificado rendido por el Subcomisionado Jurídico del Instituto Nacional de Migración en representación del Comisionado de dicho Instituto, con residencia en la Ciudad de México, ya que por auto de seis de septiembre pasado, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia del presente juicio.

  2. Principal

    Villahermosa, Tabasco; cinco de octubre de dos mil veintidós. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, en contra del auto emitido el seis de septiembre de dos mil veintidós; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el presente juicio de amparo; en consecuencia, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Anotaciones Ahora, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DESTRUIR el expediente en términos de lo dispuesto en el inciso b) del artículo 21 del citado acuerdo general conjunto, hecho que deberá realizar el órgano jurisdiccional una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, en términos del numérico 24 de las disposiciones antes señaladas. Háganse las anotaciones en el Libro de Registro de Juicios de Amparo de este Juzgado, y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes; de igual modo, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Observación. No pasa desapercibo que el promovente señaló como acto reclamado posibles actos de tortura; sin embargo, ello no da pauta a considerar que los directos quejoso fueron víctimas de tortura, tomando en consideración que no hicieron manifestación alguna al respecto, máxime que obra en autos la razón actuarial de veintisiete de junio pasado (fojas 22 a 24) en la que el actuario precisó que los quejosos fueron coincidentes en señalar que no fueron golpeados, ni torturados, ni se encontraban incomunicados; de ahí, que no sea el caso de considerar lo citado en el ocurso de demanda como actos de tortura.

  3. Principal

    Villahermosa, Tabasco, seis de septiembre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por auto de dieciocho de agosto pasado, se proveyó lo conducente en relación a la copia certificada del procedimiento administrativo migratorio de los quejosos Alexandra Johana Moncada Ezeta, Denis Rogger Obregon Cabanillas y el menor de iniciales M.E.O.M. documentales que al ser expedidas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, tienen pleno valor probatorio de conformidad con los 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con su artículo 2°, párrafo segundo. Es aplicable la Jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 153, Tomo VI - Parte SCJN, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1995, que es del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones, y, por consiguiente, hacen prueba plena." Precisado lo anterior, se advierte que respecto al acto reclamado consistente en la privación de la libertad de los quejosos con motivo de la prolongación del aseguramiento y/o alojamiento en autos del procedimiento migratorio que se sigue en su contra. Bajo esa óptica, este órgano jurisdiccional advierte que en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, que establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado, esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. En efecto, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de la Materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Establecido lo anterior, tal como se precisó en párrafos que anteceden, del contenido del escrito de demanda se advierte que en el caso, la parte quejosa reclama la privación de la libertad de los quejosos con motivo de la prolongación del aseguramiento y/o alojamiento en autos del procedimiento migratorio que se sigue en su contra. No obsta a lo anterior, que los quejosos hayan reclamado diversos actos y/o omisiones atribuidas a la responsable, empero, al no haber sido reclamados por vicios propios, sino como consecuencia directa de la privación de su libertad, no se tienen como destacados. Ahora, del contenido de las documentales que anexó la autoridad responsable, se colige lo siguiente: -Que por resolución de veintiséis de junio del año en curso, le otorgó a los aquí quejosos la condición de estancia de visitante por razones humanitarias por una temporalidad de treinta días. -Posteriormente, el veintisiete de junio de dos mil veintidós, se hizo constar que los aquí quejosos, abandonaron sus procedimientos migratorios debido a que ya no se encontraban físicamente en el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Acompañados en Contexto de Migración; por lo que, se dieron por concluidos los mismos. En consecuencia, se colige que en el caso han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez que de acuerdo al análisis realizado a las constancias que integran el presente juicio de amparo, se advierte que si bien la autoridad responsable, había privado de la libertad a los quejosos, con motivo del procedimiento administrativo migratorio que se seguía en su contra; lo cierto es que, en un primer momento, se les concedió la condición de estancia de visitante por razones humanitarias por una temporalidad de treinta días, y posteriormente, al haber abandonado el refugio en el que se encontraban se les tuvo por abandonados dichos procedimientos; por lo que, se dieron por concluido los mismos. Así, una vez que ha quedado plenamente demostrada la causa de sobreseimiento aducida, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO en términos del artículo 63, fracción V, en relación con el 61, fracción XXI, ambos de la Ley de Amparo y; por ende, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cuatro minutos del veintiséis de septiembre del presente año.

  4. Principal

    Villahermosa, Tabasco, veintiséis de agosto de dos mil veintidós. Visto lo de cuenta, se provee; intégrese a los autos la pieza postal devuelta por el servicio de mensajería oficial relacionada con el oficio 9990/2022, dirigido al Comisionado Nacional del Instituto Nacional de Migración, la cual en su reverso cuenta con la leyenda: "LA AUTORIDAD QUE CITA, NO EXISTE COMO TAL EN EL DOMICILIO" En esas condiciones, con transcripción del presente proveído, reenvíese el oficio y anexo de mérito en su denominación correcta, siendo COMISIONADO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN; lo anterior, tomando en consideración que a la fecha no obra en autos el informe previo de la citada responsable, ni obra constancia con la cual se acredite que se encuentra debidamente notificada del auto de mérito. Por lo anterior, se instruye a la Analista Jurídico de SISE, para que se hagan las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, respecto a la denominación correcta de la autoridad responsable, para efecto que las subsecuentes comunicaciones se libren con la denominación de mérito.

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