Alexandra Carolina Perez Rojas

Expediente 1876/2019 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 28 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1876/2019
Año
2019
Actuaciones
9
Última actuación
28/10/2020

Partes del expediente

  • Alexandra Carolina Perez Rojas
  • Alexandra Carolina Perez Rojas y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 9.

  1. Principal

    AVISO. SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTE, QUE DICE: "Ciudad de México, a veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vistas la certificación, la cuenta secretarial, así como el estado que guardan los autos, y considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme con su numeral 2º, se declara que dicho auto queda firme. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y una vez recabadas las constancias de notificación del presente auto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, toda vez que se sobreseyó en el presente asunto, se advierte que el expediente en que se actúa encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, en virtud de que en el presente expediente obran glosados documentos originales, con apoyo en lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo del citado acuerdo, requiérase a la parte quejosa, para dentro del término de noventa días, comparezca en el local que ocupa este juzgado para recogerlos, apercibido que, de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos."

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de octubre de dos mil veinte. Vistas la certificación, la cuenta secretarial, así como el estado que guardan los autos, y considerando que ninguna de las partes interpuso recurso de revisión en contra del proveído de ocho de septiembre de dos mil veinte, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme con su numeral 2º, se declara que dicho auto queda firme. Atento a lo anterior, háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.), y una vez recabadas las constancias de notificación del presente auto, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En ese sentido, toda vez que se sobreseyó en el presente asunto, se advierte que el expediente en que se actúa encuadra en la hipótesis prevista en el artículo 21, inciso a), del "Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales", publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, por lo que, ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, una vez que transcurran tres años, contados a partir del presente proveído, toda vez que NO ES DE RELEVANCIA DOCUMENTAL, al no encuadrar en ninguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General; lo que se hace constar para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, en virtud de que en el presente expediente obran glosados documentos originales, con apoyo en lo establecido en el artículo 21 párrafo segundo del citado acuerdo, requiérase a la parte quejosa, para dentro del término de noventa días, comparezca en el local que ocupa este juzgado para recogerlos, apercibido que, de no hacerlo, dichos documentos podrán ser destruidos.

  3. Principal

    AVISO: SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE OCHO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Ciudad de México, ocho de septiembre de dos mil veinte. Visto el estado que guardan los presentes autos, de las constancias que integran el presente expediente, la suscrita advierte que no es necesario esperar a la celebración de la audiencia constitucional para resolver el presente asunto, en razón de que se actualiza una causa de improcedencia notoria, manifiesta e indudable, que con ningún medio de prueba puede desvirtuarse y que conduce a decretar el sobreseimiento fuera de la audiencia en el presente asunto, al haber cesado los efectos del acto reclamado. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha explicado que la razón que justifica la improcedencia del juicio por la razón expuesta, no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que no está surtiendo ni surtirá sus efectos y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Para justificar tal postura, es necesario traer a cuenta algunos antecedentes relevantes del juicio, siendo los siguientes: 1. Mediante escrito presentado el treinta de diciembre de dos mil diecinueve, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa y turnado a este juzgado federal al día siguiente hábil, esto es, el treinta y uno siguiente, a este Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, Alexandra Carolina Pérez Rojas, por propio derecho, y en representación de sus menores hijos Ashley Victoria Arias Pérez y Andrés David Ocando Pérez, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos que atribuyó a las autoridades que enseguida se transcriben: (.) 2. En acuerdo de dos de enero de dos mil veinte, se registró la referida demanda con el número 1876/2019, la admitió a trámite, requirió el informe justificado a la autoridad responsable, dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. 3. Conviene destacar que en sesión de veintisiete de abril de la presente anualidad, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General 8/2020, relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del virus Covid-19, el cual estableció un nuevo esquema de contingencia en los órganos jurisdiccionales que mantuviera la atención a casos urgentes, a partir de un catálogo nuevo, agregando la posibilidad de resolver asuntos listos para sentencia que se hubieran sustanciado físicamente, así como la de tramitar y resolver asuntos catalogados como urgentes. También resulta necesario dar noticia del diverso Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en las órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, del cual se desprende que los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial Federal regresan a las actividades jurisdiccionales observado una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal, como en el presente caso acontece. 4. Reactivación del juicio y señalamiento de audiencia constitucional. Mediante auto de trece de agosto de dos mil veinte, de conformidad con lo previsto en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020, 6/2020 del propio Pleno, asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno, se determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales en este juicio de amparo y se reanudó su tramitación, señalando nueva fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; asimismo, se hizo del conocimiento de las partes que contaban con el derecho a manifestar si era su deseo ejercer su derecho de comparecer a la audiencia constitucional citada; en el entendido que en caso de ser afirmativa dicha solicitud deberán hacerla con la oportunidad debida y manifestaran contar con los medios técnicos para hacerlo; sin que así lo hubieran hecho. Asimismo, en dicho acuerdo se recibió el oficio COMAR/JUR/2007/2020, suscrito por el Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, mediante el cual informó que el diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Subdirector de Protección a Grupos Vulnerables de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, reconoció la condición de refugiados a la parte quejosa y notificada en la fecha mencionada, acompañando copia certificada de las constancias correspondientes que así lo acreditan; circunstancia bajo la cual, afirma, han cesado los efectos del acto reclamado en esta instancia constitucional. Con lo anterior, se ordenó dar vista a la solicitante de la tutela constitucional, en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, sin que al efecto haya realizado manifestación alguna al respecto dentro del plazo que le fue concedido para ello, tal como se aprecia de la certificación de cuenta. En efecto, en el presente asunto se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, en virtud que han cesado los efectos del acto reclamado, toda vez mediante oficio COMAR/DP/05763/2020 de diecinueve de marzo de dos mil veinte, el Subdirector de Protección a Grupos Vulnerables de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados resolvió la solicitud de reconocimiento de la condición de refugiado bajo el número de CUR 98568, 1 que realizó Alexandra Carolina Pérez Rojas y sus hijos Ashely Viktoria Arias Pérez y Andrés David Ocando Pérez, en el sentido siguiente: (.) De la concatenación de lo expuesto, se pone en evidencia que el acto reclamado se hizo consistir, sustancialmente, en la omisión de evaluar, entrevistar y resolver la solicitud de refugio de los quejosos por parte de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados en donde se se encontraban involucrados menores de edad, ello derivado de un acuerdo en el que se suspendieron los plazo y términos de los procedimientos de dicha autoridad, así como el aviso por el que se notifica su reanudación. Sin embargo, durante la tramitación del juicio de amparo que nos ocupa, esto es, el diecinueve de marzo de dos mil veinte, Subdirector de Protección a Grupos Vulnerables de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, resolvió reconocer la calidad de refugiados a los quejosos. Lo expuesto, conduce a determinar que al haberse dictado la resolución en la que se reconoce a los quejosos la condición de refugiados por el Subdirector de Protección a Grupos Vulnerables de la Coordinación General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, cesaron los efectos del acto reclamado en la presente instancia constitucional, tomando en cuenta que consistía en la omisión de evaluar, entrevistar y resolver la solicitud de refugio de la parte quejosa; de ahí que es inconcuso que se destruyeron de manera incondicional todos y cada uno de los efectos que pudo haber generado sobre la esfera jurídica de la parte quejosa el acto reclamado; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia invocada, toda vez que se le restituyó en el derecho fundamental vulnerado, en términos de lo previsto en el artículo 17 de la Constitución. Sirve de apoyo, por analogía, la jurisprudencia 2a./J.9/98, sustentada por la Segunda Sala del más Alto Tribunal, de rubro y texto siguientes: SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo. En efecto, procede el sobreseimiento de un amparo, cuando la cesación de los efectos del acto reclamado son incondicionales, lo cual acontece en el presente asunto, al haber desaparecido por completo los efectos del acto reclamado. En consecuencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, SE SOBRESEE FUERA DE AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, ya que ningún fin práctico tiene esperar a que se celebre la audiencia constitucional en este asunto, para darle la oportunidad a la parte quejosa de ofrecer y desahogar las pruebas conducentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causal de sobreseimiento subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo; de lo contrario, lo único que se originaría es retardar la impartición de justicia en contravención al artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Apoya la consideración anterior, la tesis de la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que indica lo siguiente: SOBRESEIMIENTO. Ningún objeto tiene que se siga tramitando el juicio de amparo cuando de una manera clara y manifiesta aparece un motivo de improcedencia que no se tuvo a la vista cuando se admitió la demanda, debiendo, en consecuencia, sobreseerse, sin que sea necesario ir a la audiencia constitucional, pues así lo dispone la fracción III del artículo 44 de la Ley de Amparo. La tramitación del juicio en estos casos, ocasiona perjuicios, no sólo a las partes, sino a la administración de justicia." Por tanto, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las CATORCE HORAS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior con el fin de contribuir con las medidas de prevención y sana distancia establecidas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria y al regreso a las actividades jurisdiccionales observando una nueva modalidad en la que se privilegie el trabajo jurisdiccional en condiciones que no pongan en riesgo a las personas justiciables ni al propio personal.

  4. Principal

    Ciudad de México, a veintiséis de agosto de dos mil veinte. Visto el estado procesal que guardan los autos del juicio de amparo en que se actúa, de los que se advierte que por auto de trece de agosto de dos mil veinte, se ordenó dar vista a las partes con el informe justificado rendido por la autoridad señalada como responsable General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, por lo tanto, se encuentra transcurriendo el plazo de ocho días establecido en el artículo 117, segundo párrafo, de la Ley de Amparo. En consecuencia, para no violar las reglas que rigen el procedimiento, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar, se fijan las CATORCE HORAS DEL DIEZ DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTE, para que tenga verificativo. Apoya la presente determinación el criterio inserto en la tesis jurisprudencial, del rubro y texto siguiente: AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. DEBE, EN PRINCIPIO, DIFERIRSE DE OFICIO CUANDO LOS INFORMES JUSTIFICADOS NO SE RINDEN CON OCHO DÍAS DE ANTICIPACIÓN A LA PRIMERA FECHA SEÑALADA PARA SU CELEBRACIÓN, SI EL QUEJOSO O EL TERCERO PERJUDICADO NO TIENEN CONOCIMIENTO DE SU CONTENIDO. Cuando la autoridad responsable no rinda su informe justificado al menos ocho días antes de la celebración de la audiencia, y el quejoso o el tercero perjudicado no comparezcan a ésta a solicitar su diferimiento o suspensión, no debe verificarse tal actuación con apoyo en una aplicación aislada y restringida de la parte final del párrafo primero del artículo 149 de la Ley de Amparo ("... el Juez podrá diferir o suspender la audiencia, según lo que proceda, a solicitud del quejoso o del tercero perjudicado, ..."), sino relacionándolo de una manera lógica, sistemática y armónica con el párrafo último del propio precepto ("Si el informe con justificación es rendido fuera del plazo que señala la ley para ello, será tomado en cuenta siempre que las partes hayan tenido oportunidad de conocerlo y de preparar las pruebas que lo desvirtúen."); por lo tanto, el Juez de Distrito debe diferir, de oficio y por una sola vez, la celebración de la audiencia constitucional, con la finalidad de que las partes (principalmente el quejoso) se impongan del contenido del informe con justificación y estén en aptitud de preparar, ofrecer y desahogar las pruebas que, en su caso, estimen convenientes para desvirtuarlo. De esta manera se equilibra procesalmente a las partes y, a la vez, se podrá aplicar cabalmente el párrafo último del referido numeral de la ley de la materia, en virtud de que el Juez de Distrito, al dictar la sentencia correspondiente, tomará en cuenta los informes justificados, aun cuando se hayan rendido sin la anticipación debida, pero ya con el pleno conocimiento del quejoso y del tercero perjudicado que les haya permitido defenderse de resultar necesario. NOTIFÍQUESE.

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