Alexander Torres Velasco

Expediente 1031/2017 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 5 actuaciones registradas, la última del 10 de octubre de 2017.

Datos del expediente

Expediente
1031/2017
Año
2017
Actuaciones
5
Última actuación
10/10/2017

Partes del expediente

  • Alexander Torres Velasco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Se declara que la sentencia ha causado ejecutoria. Archívese como asunto concluido.

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, once de septiembre de dos mil diecisiete. AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En la Ciudad de Cuernavaca, Morelos, a las diez horas con treinta y cuatro minutos del once de septiembre de dos mil diecisiete, hora y día señalados para la celebración de la audiencia constitucional, en audiencia pública Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado, asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo número 1031/2017, promovido por ALEXANDER TORRES VELASCO, por conducto de su apoderada legal; sin asistencia de las partes. Acto continuo, la Secretaria hace relación de las constancias que obran en los presentes autos, sin que sea necesario hacer mención expresa de cada una de ellas conforme a la tesis 26, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página treinta y nueve, de la segunda parte del Informe de Labores que rindió el Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mil novecientos ochenta y nueve, que dice: "PRUEBAS DOCUMENTALES, SU RELACIÓN EN LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL. Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 151, primer párrafo de la Ley de Amparo, es suficiente que en el acta de la audiencia se señale que se dio lectura a las constancias que obran en autos, para que se entienda que las documentales han quedado relacionadas y recibidas en este acto, sin que sea necesario que se haga mención expresa de cada una de ellas". Al respecto el Juez acuerda: téngase por hecha la relación secretarial que antecede para los efectos legales conducentes. Acto continuo, al no existir promociones pendientes por acordar, se declara abierto el periodo probatorio, se tienen por desahogadas en razón de su propia y especial naturaleza jurídica las documentales que adjuntó a su demanda la parte quejosa, así como las que anexó a su informe justificado el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca; lo anterior con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo en vigor. Al no existir pruebas pendientes por desahogar, se concluye dicha etapa. Se procede a abrir el periodo de alegatos. La Secretaria hace constar que ninguna de las partes los formuló ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento; con lo anterior de cierra el período de alegatos. Al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de todo lo actuado, se procede a dictar el fallo correspondiente. V I S T O S, para resolver, los autos del juicio de amparo 1031/2017; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Por escrito presentado el veintitrés de junio de dos mil diecisiete, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, recibido el mismo día en este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, ALEXANDER TORRES VELASCO, por conducto de su apoderada legal, promovió demanda de amparo contra actos del Presidente Ejecutor de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, que hizo consistir en: "La preocupante indiferencia o desdén, respecto de la responsable al negarse a dar contestación al escrito presentado desde el pasado 09 de diciembre del 2016, folio 007722, (han transcurrido más de seis meses), dicha omisión que afecta a mi representación, y que a partir de esa fecha el juicio laboral al rubro citado, se encuentra totalmente paralizado y/o suspendido, dicha indiferencia de la responsable es flagrante y evidente, por lo cual no dan cumplimiento a lo ordenado por los ordinales 17, 685, 838 de la Ley Federal del Trabajo, que a la letra establecen:." Acto que estima violatorio en su perjuicio de las garantías individuales consagradas en los artículos 1, 5, 8, 14, 16, 17 y 123 apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. Por razón de turno, correspondió a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, conocer de la demanda de garantías; por auto de veintiséis de junio de dos mil diecisiete, se registró la demanda bajo el número 1031/2017; se admitió a trámite, se solicitó a la autoridad responsable su informe justificado; en el citado proveído se hizo del conocimiento de las partes que podrían oponerse a la publicación de sus datos personales, así como en caso de ofrecer documentales, deberían precisar si contiene información de carácter reservada o confidencial, sin que al efecto hayan realizado manifestación alguna. Se dio la intervención que legalmente compete a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; asimismo, se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previo diferimiento, se llevó a cabo al tenor del acta que antecede y forma parte integrante de esta sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado, con residencia en Cuernavaca, Morelos, es legal y constitucionalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, con fundamento en los artículos 33 y 35 de la Ley de Amparo, relación con los numerales 48 y 55, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como en los Acuerdos Generales números 3/2013 y 15/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación; además por tratarse de un asunto en materia laboral en el que se reclaman actos de una autoridad que reside dentro del ámbito territorial en que este juzgado ejerce jurisdicción. SEGUNDO. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisan los actos reclamados en el presente juicio, en cumplimiento además a los criterios establecidos por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los cuales se hacen consistir en: "La omisión de la autoridad responsable de acordar lo relativo a la promoción presentada el nueve de diciembre de dos mil dieciséis ante su potestad." TERCERO. El Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, al rendir su informe justificado, aun cuando aceptó el acto reclamado, lo hizo en los siguientes términos: "ES CIERTO EL ACTO RECLAMADO; del que se duele el quejoso, pero no en los términos y condiciones que así lo expresa; toda vez que como se advierte del expediente laboral que nos ocupa, con fecha veinte de diciembre del año dos mil dieciséis se dictó el acuerdo respectivo a los escritos promocionales presentados ante esta autoridad, acuerdo que le será notificado a la quejosa sin que lo anterior obedezca a una conducta de negligencia, dolo o mala fe, sino por la excesiva carga de trabajo que impera en esta junta, razón por la cual resulta imposible dar cumplimiento con los términos y plazos que establece la Ley Federal del Trabajo."; y adjuntó como soporte de su informe justificado, copia certificada de diversas constancias que integran el expediente laboral 01/770/09-JE1, entre las que destaca el proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, mediante el cual proveyó lo relativo al escrito presentado por la parte quejosa." Así, de las constancias que remitió en su apoyo, se constata que la autoridad laboral responsable ya se pronunció respecto del escrito promocional presentado el nueve de diciembre de dos mil dieciséis por la parte impetrante, en el juicio laboral 01/770/09-JE1, desde el veinte de diciembre de dos mil dieciséis. CUARTO. Por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, se analizarán las constancias de autos por advertirse la actualización de las causales de improcedencia, de conformidad con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo. Al respecto, el suscrito advierte que se actualiza de oficio una causa de improcedencia; sin embargo, no ha lugar a dar vista a la parte quejosa, para que manifieste lo que a su interés legal convenga, en términos de lo previsto en el segundo párrafo del artículo 64 de la Ley de Amparo, pues sólo existe obligación de notificar al quejoso en los juicios de amparo indirecto en revisión o segunda instancia, así como en el recurso de queja que se interponga en contra del desechamiento de la demanda. Orienta al criterio anterior, la jurisprudencia I.11o.C. J/2 (10a.), sustentada por el Décimo Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil en el Distrito Federa,, publicada en la página 2660, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, del tenor literal siguiente: "CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. CUANDO SE ADVIERTAN DE OFICIO, SÓLO EXISTE OBLIGACIÓN DE NOTIFICAR AL QUEJOSO EN LOS JUICIOS DE AMPARO INDIRECTO EN REVISIÓN O SEGUNDA INSTANCIA, ASÍ COMO EN EL RECURSO DE QUEJA QUE SE INTERPONGA EN CONTRA DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA (ALCANCES DEL ARTÍCULO 64, SEGUNDO PÁRRAFO, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). La norma en cuestión prevé que cuando se advierta de oficio una causal de improcedencia "no alegada por alguna de las partes ni analizada por un órgano jurisdiccional inferior", se dará vista "al quejoso para que en el plazo de tres días, manifieste lo que a su derecho convenga"; los enunciados reproducidos deben interpretarse copulativamente y no en forma disyuntiva, pues de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, vigésima primera edición, tomo II, página mil cuatrocientos treinta y ocho, la palabra "ni", constituye una conjunción copulativa que enlaza vocablos con la característica de ser negativos; entonces, para poder dar vista al quejoso, es necesario que, en principio, se actualicen conjuntamente los supuestos siguientes: a) exista un Juez inferior, quien al resolver previamente el juicio de amparo, no se haya pronunciado sobre la causal de improcedencia que posteriormente se advierta de oficio; y, b) que tal causal no hubiera sido planteada por alguna de las partes. Entonces, para que cobre obligatoriedad la norma, es menester que se actualicen ambos componentes. En ese orden, se puede determinar a qué órganos jurisdiccionales les corresponde aplicar la norma, de acuerdo al tipo de juicio y a la instancia correspondiente, a saber: 1. Juicio de amparo indirecto en primera instancia; en este supuesto no existen órganos inferiores a los Juzgados de Distrito o a los Tribunales Unitarios de Circuito, pues son los únicos en resolver en esa etapa procesal, de acuerdo con los artículos 35 y 36 de la Ley de Amparo y 29, 48 al 55 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, máxime que al advertir de oficio alguna causal manifiesta e indudable de improcedencia, lo aleguen o no las partes, están facultados para desechar de plano la demanda de amparo, en términos del artículo 113 de la ley de la materia. 2. Juicio de amparo indirecto en segunda instancia o en revisión; en este caso sí existen órganos inferiores, ya que los competentes para resolver son la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en Pleno o en Salas y los Tribunales Colegiados de Circuito, quienes son jerárquicamente superiores a los Juzgados de Distrito y Tribunales Unitarios de Circuito, en razón de las facultades de revisión y de última instancia que les dota el artículo 107, fracción VIII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; así, de una interpretación sistemática del segundo párrafo del artículo 64 con relación al numeral 93, fracciones I, II y III, de la invocada ley, se advierte que ambos coinciden con las causales de improcedencia que fueron o no materia de pronunciamiento en primera instancia, esto es, a que una de éstas haya sido o no alegada por alguna de las partes, o hubiera o no sido estudiada por el órgano de amparo, es decir, los Jueces de Distrito y Magistrados Unitarios de Circuito; por tanto, si éstos, ya sea de oficio o a petición de alguna de las partes, acogieron o no una causal de improcedencia y, por tanto, sobreseyeron o no en el juicio de amparo o desecharon la demanda, la parte afectada tendrá oportunidad de impugnar dicha resolución y, sólo en el caso, en principio, de que el órgano revisor advierta una que no fue alegada por las partes ni estudiada por el órgano de amparo inferior, deberá dar vista a la parte quejosa, para que dentro del término de tres días, contados a partir de que surta efectos la notificación respectiva, alegue lo que a su derecho convenga. 3. Juicio de amparo directo uniinstancial; en este supuesto no existen órganos inferiores; en efecto, en términos del artículo 34 del citado ordenamiento, el Tribunal Colegiado de Circuito constituye el único órgano que resuelve en esa instancia, es decir, no existe un órgano jurisdiccional inferior a él que conozca de ese tipo de controversias y que la ley le otorgue la facultad de resolverlos; lo anterior, máxime que las sentencias dictadas por aquéllos, pueden ser impugnadas mediante el recurso de revisión, del que conoce la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien constituye un órgano superior y no inferior. 4. Juicio de amparo directo en revisión; en razón de lo expuesto, sí existe el órgano inferior (Tribunal Colegiado de Circuito); sin embargo, se estima que, por regla general, en el caso, no podría actualizarse el supuesto previsto en el artículo 64, segundo párrafo, de la propia ley, toda vez que la procedencia del recurso se limita a la decisión de las cuestiones propiamente constitucionales, sin comprender otras, acorde con el artículo 81, fracción II, último párrafo, del ordenamiento en cita." En el caso, procede analizar la actualización de la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: I. [.] [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. [.]". En efecto, de la demanda de garantías se advierte que la parte demandante de amparo señaló como acto reclamado, la omisión de la autoridad responsable de proveer lo relativo a la promoción presentada por escrito desde el nueve de diciembre de dos mil dieciséis en los términos previstos por la Ley Federal del Trabajo, dentro de la contienda laboral 01/770/09-JE1. Del examen de las constancias que la autoridad laboral responsable anexó a su informe justificado, a las cuales se les otorga valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los numerales 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del numeral 2º de la misma; se advierte efectivamente que el veinte de junio de dos mil diecisiete, emitió un proveído en el cual se pronunció respecto a la admisión de las pruebas ofrecidas por las partes. En consecuencia de lo anterior, la autoridad responsable Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en Cuernavaca, Morelos, demostró que efectivamente el veinte de diciembre de dos mil dieciséis emitió el proveído correspondiente a la promoción presentada por el aquí quejoso, con lo cual se evidencia la cesación del acto reclamado, toda vez que con tal proceder la autoridad laboral responsable restituyó a la parte demandante de derechos fundamentales en el goce de sus garantías violadas, ya que los efectos del acto reclamado han cesado por lo que respecta a dicha autoridad, para los fines procedentes; más si se considera que la autoridad responsable ordenó la notificación personal a la parte actora (hoy quejosa), lo cual se materializó el nueve de agosto de dos mil diecisiete. Consecuentemente, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo. Tiene apoyo lo anterior, en la tesis de jurisprudencia número 544 emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 362 del Apéndice de 1995, Octava Época, Tomo VI, Parte TCC, cuyo texto es el siguiente: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando la resolución impugnada en el juicio de garantías fue dejada sin efecto por la misma autoridad señalada como responsable y emitió una nueva resolución, que viene a substituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo". Así también sirve de apoyo el criterio jurisprudencial número 2a./J. 9/98, emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VII, Febrero de 1998, cuyo texto es el siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". En tales condiciones, al sobrevenir la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en este juicio de garantías con fundamento en la fracción V, del artículo 63 de la propia Ley. Por consiguiente, y en atención al sentido del fallo, no es dable el estudio de los conceptos de violación planteados en la demanda de amparo en relación con el fondo del acto que se analiza. Como sustento de lo anterior, se cita la jurisprudencia 509 emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación bajo el registro 394465, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio." QUINTO. De conformidad con lo dispuesto por los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, se ordena la captura de la presente resolución en el módulo de sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 63, 73, 74, 75, 76 y 217 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ALEXANDER TORRES VELASCO, contra los actos y autoridad señalados en el resultando primero de la presente resolución, por las razones expuestas en el considerando cuarto de la misma. SEGUNDO. Por las razones expuestas en el considerando último de esta resolución, se ordena el envío y captura de la misma en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Notifíquese. Así lo resolvió y firma JORGE CARENZO RIVAS, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, asistido de María Guadalupe Salazar Martínez, Secretaria con quien actúa y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, diez de agosto de dos mil diecisiete. Agréguese para que obre como corresponda el INFORME rendido por el Presidente de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y en representación de pleno de la misma, registrado con folio 23309, por medio del cual da cumplimiento al requerimiento formulado en autos; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Cuernavaca, Morelos, tres de agosto de dos mil diecisiete. Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese para que obre como corresponda el INFORME JUSTIFICADO, rendido por el Presidenta de la Junta Especial Número Tres de la Local de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos y en representación del Pleno de la misma; con su contenido, dese vista a las partes para que procedan en los términos legales correspondientes. Ténganse como Delegados de la citada autoridad responsable, en términos del artículo 9 de la Ley de Amparo, a las personas que designan y por señalado el domicilio que indica, siempre y cuando corresponda al de su residencia oficial. Por otra parte, vistas las constancias que envió la autoridad responsable de las cuales no se advierte que haya remitido la constancia de notificación realizada a la parte quejoso del proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, de su índice. En ese sentido, se requiere a la autoridad responsable antes referida, para que en el plazo de cinco días, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación de este proveído, remita la constancia de notificación realizada a la parte actora (aquí quejosa), del proveído de veinte de diciembre de dos mil dieciséis, ello a fin tener mayores elementos de convicción para resolver el juicio de amparo y relacionado con el expediente laboral 01/770/09-JE1 de su estadística. Con el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, o manifestar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá una multa equivalente a cincuenta veces la unidad de medida de actualización, en términos del artículo Tercero Transitorio del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del veintisiete de enero de dos mil dieciséis, y en relación con lo dispuesto en el artículo 260, fracción II de la Ley de la Materia, así como en los ordinales 237, fracción I y 238, primera parte, de la misma legislación. Para dar oportunidad a lo anterior, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, y se fijan de nueva cuenta las diez horas con treinta y cuatro minutos del día once de septiembre de dos mil diecisiete, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Jorge Carenzo Rivas, Juez Primero de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa ante Marcela Merari Silva Múgica, secretaria que autoriza y da fe.

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