Alexander Ricardez Martinez

Expediente 246/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán. 3 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
246/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
05/11/2020

Partes del expediente

  • Alexander Ricardez Martinez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a estos autos el oficio CJPF/YUC/DJ/2167/2020, de treinta de octubre del año en curso, suscrito por la Notificadora adscrita al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, mediante el cual acusa recibo del Disco Versátil Digital en formato DVD, que contiene el audio y video de las audiencias celebradas el quince y veintiuno de enero del año en curso, en autos de la causa penal 5/2020, que remitió como justificación a su informe de ley, que le fue remitido mediante oficio lII-19408/2020, de veintiocho de octubre del año en curso; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar.

  2. Principal

    Visto el estado que guardan los presentes autos y la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera el recurso de revisión contra la sentencia definitiva de veintiocho de septiembre de dos mil veinte, terminada de transcribir el treinta del propio mes y año. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente en términos del numeral 2 de la ley de la materia, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA la citada sentencia que en su primer resolutivo sobreseyó en el juicio y en su segundo punto negó el amparo y la protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, háganse las anotaciones en el libro respectivo y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de la Materia, archívese el presente juicio como asunto concluido. Conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se declara que el presente asunto es SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN, por lo que se conservará por el término de tres años, contados a partir de esta fecha. Concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se ordenará su depuración, conservando la demanda, en su caso, las resoluciones recurridas, la sentencia que puso fin al asunto, el presente proveído; y los documentos que, en su momento, se consideren relevantes, situación que se hará constar en el acuerdo de desincorporación respectivo. Se hace constar que el presente asunto carece de relevancia documental, conforme al artículo 15 del mencionado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. Asimismo, se hace notar que no se tramitó incidente de suspensión y no cuenta con documento original susceptible de devolución a las partes. En términos del artículo 25 del propio Acuerdo, las constancias que integran el citado expediente deberán digitalizarse. Asimismo, de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del Acuerdo antes citado, realícese la anotación en la carátula del presente expediente de la fecha en que se ordena el archivo y que se trata de un asunto transferible. Finalmente, devuélvase al Juez Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Acusatorio adscrito al Centro de Justicia Penal Federal en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, el Disco Versátil Digital en formato DVD, que contiene el audio y video de las audiencias celebradas el quince y veintiuno de enero del año en curso, en autos de la causa penal 5/2020, que remitió como justificación a su informe de ley, solicitándole acuse recibo del mismo.

  3. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo 246/2020; y, ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el siete de febrero de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, turnado en esa misma fecha a este Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ALEXANDER RICARDEZ MARTÍNEZ, por conducto de su defensor público federal VÍCTOR MANUEL HEREDIA CHALÉ, demandó el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra los actos de la Jueza Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, que hizo consistir en el auto de quince de enero de dos mil veinte, en donde se decretó prisión preventiva oficiosa en contra del citado Ricardez Martínez y el auto de vinculación a proceso de veintiuno de enero del referido año, dictados en su contra en la causa penal 5/2020, como probable responsable en la comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. La parte quejosa señaló como vulnerados, los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 1, 14, 16, 17, 19 y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, narró los antecedentes del caso y expuso los conceptos de violación que consideró pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio. Por auto de once de febrero de dos mil veinte, se admitió la demanda a trámite; se solicitó el informe justificado a la autoridad responsable; se otorgó a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, la intervención que legalmente le compete; y se fijó fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional. Ahora bien, se advierte que del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, se llevó a cabo la suspensión continua de funciones jurisdiccionales que operó derivado de la situación que impera en el país con motivo del fenómeno de salud pública provocado por el virus COVID-19 y la cual tuvo sustento legal en los Acuerdos Generales del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal 4/2020 relativo a las Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública derivado del Virus Covid-19; 6/2020 a través del cual se reformó y adicionó el primero; 8/2020 relativo al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Púbica Derivado del Virus COVID-19; que fue reformado por el similar 10/2020, a efecto de extender el plazo de su vigencia; 13/2020 relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19; así como los diversos 15/2020 y 18/2020, que reformaron el similar 13/2020, en relación con el periodo de vigencia, extendiéndola, finalmente, hasta el treinta y uno de julio del mismo año. Ahora, el veintiocho de julio de dos mil veinte el Consejo de la Judicatura Federal aprobó el Acuerdo General 21/2020 relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, en cuyo artículo 2º establece que se levanta la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte; por tanto, con fundamento en dicho numeral, en fecha doce de agosto del año en curso, se reanudaron los términos y plazos procesales en este juicio de amparo, y se reprogramó la fecha para que tenga verificativo la audiencia constitucional, la cual se desahogó conforme al acta que antecede. CONSIDERACIONES Y FUNDAMENTOS PRIMERO. Competencia legal. Esta Juzgadora Federal es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, de conformidad con lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, Constitucionales; 107 de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tratarse de una demanda de amparo en materia penal, turnada a la suscrita, promovida contra el acto de una autoridad que reside dentro de la circunscripción territorial en que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos, con el propósito de interpretar, analizar y valorar todo lo expuesto por la parte quejosa. Pues bien, se puntualiza que del examen integral de las constancias de autos, se obtiene el siguiente acto reclamado: - La medida de prisión preventiva oficiosa decretada en contra del quejoso, por audiencia de quince de enero de dos mil veinte, en la causa penal 5/2020. - El auto de vinculación a proceso emitido en contra del quejoso por el Juez responsable, el veintiuno de enero de dos mil veinte, en la causa penal 5/2020. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado a la Jueza Segundode Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, porque al rendir su informe justificado, aceptó su certeza y expuso argumentos para defender su constitucionalidad. Certeza que se corrobora con las constancias relativas al auto de control de detención y de vinculación a proceso, de fechas quince y veintiuno de enero de dos mil veinte, así como con el disco compacto que contiene el audio y video de ambas audiencias, remitida por la autoridad responsable. Instrumentos a los cuales se concede valor probatorio pleno, por haberse expedido por una funcionaria pública en ejercicio de sus funciones y en términos de los numerales 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, en especial, respecto de los registros de audio y video de las audiencias donde consta la imposición de la prisión preventiva oficiosa y la vinculación a proceso impugnadas. Debe precisarse que adquieren el valor probatorio de referencia, al contener la certificación correspondiente del funcionario que para su expedición actuó en cumplimiento a su funciones y con motivo de las mismas, pues de la reproducción del disco compacto con copia de los registros de los archivos ópticos y acústicos de la audiencia relativa al acto reclamado, se colige que el método empleado para su grabación fue el idóneo y es accesible para su posterior consulta; además, se presume que la información contenida se encuentra íntegra e inalterada desde el momento en que se generó por primera vez y dada la tecnología empleada para su conformación, en dado caso, mediante la elaboración del análisis correspondiente, es factible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa; por ende, se tiene plenamente acreditada la existencia del acto reclamado. Aunado a lo anterior, tales elementos de prueba no fueron objetados por las partes dentro de la secuela procedimental, en términos de los artículos 202 a 206 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria conforme al 2° artículo de la Ley de Amparo y menos aún se rindió prueba para desvirtuar el contenido de los aludidos elementos de juicio. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia 226, visible en la página 153, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bajo el rubro y tenor siguientes: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." Así como la jurisprudencia 1a./J. 43/2013, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página setecientos tres, Libro XXIII, Agosto de 2013, Tomo I, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con el rubro y texto siguientes: "VIDEOGRABACIONES DE AUDIENCIAS CELEBRADAS EN PROCEDIMIENTOS PENALES DE CORTE ACUSATORIO Y ORAL CONTENIDAS EN ARCHIVOS INFORMÁTICOS ALMACENADOS EN UN DISCO VERSÁTIL DIGITAL (DVD). SI LA AUTORIDAD RESPONSABLE LAS REMITE COMO ANEXO O SUSTENTO DE SU INFORME JUSTIFICADO ADQUIEREN LA NATURALEZA JURÍDICA DE PRUEBA DOCUMENTAL PÚBLICA, Y DEBEN TENERSE POR DESAHOGADAS SIN NECESIDAD DE UNA AUDIENCIA ESPECIAL. En acatamiento a los principios de oralidad y publicidad consagrados en el artículo 20, párrafo primero, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008, en los procesos penales de corte acusatorio es requisito que las audiencias orales se registren en formatos de audio y video, para lo cual los órganos jurisdiccionales implementaron la figura del "expediente electrónico", como dispositivo de almacenamiento de dicha información en soportes digitales para preservar las constancias que los integran, cuya naturaleza jurídica procesal es la de una prueba instrumental pública de actuaciones al tratarse de la simple fijación o registro, por medios digitales o electrónicos, de los actos o diligencias propios de la tramitación de una causa penal de corte acusatorio, máxime que, en el momento procesal oportuno, los juzgadores deberán acudir a las constancias o autos integradores de dichas causas penales almacenados en formato digital para efectos de dictar sus respectivas sentencias. Ahora bien, cuando la autoridad judicial penal señalada como responsable, en términos del artículo 149 de la Ley de Amparo, remite como anexo o sustento de su informe justificado la videograbación de una audiencia oral y pública contenida en un disco versátil digital (DVD), dicha probanza para efectos del juicio de amparo adquiere el carácter de una prueba documental pública lato sensu, tendente a acreditar la existencia del acto de autoridad reclamado y su constitucionalidad; por ende, debe tenerse por desahogada por su propia y especial naturaleza sin necesidad de celebrar una audiencia especial de reproducción de su contenido. Sin embargo, para brindar certeza jurídica a las partes en relación con lo manifestado por la autoridad responsable, el juez de amparo debe darles vista con el contenido del informe justificado que contenga dicha videograbación, a fin de que, si lo estiman necesario, puedan consultar la información contenida en formato digital y manifestar lo que a su derecho convenga." CUARTO. ANÁLISIS DE CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Ahora bien, no obstante la existencia de los actos reclamados, debe decretarse el sobreseimiento en el presente juicio de amparo, pues con anterioridad a la celebración de la audiencia constitucional, la parte quejosa se desistió de la demanda de amparo, por cuanto al acto consistente a la prisión preventiva oficios impuesta al quejoso por audiencia de quince de enero de dos mil veinte. En efecto, de las constancias que integran el presente juicio de amparo se advierte, que mediante escrito presentado el once de agosto del año en curso, el quejoso ALEXANDER RICARDEZ MARTÍNEZ, por conducto de su defensa, manifestó su voluntad de desistirse del presente juicio, únicamente por lo que ve a la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa que le fuera impuesta por la responsable en audiencia de quince de enero de dos mil veinte, por lo que, se ordenó la ratificación del aludido escrito. Para tal fin, y toda vez que se advirtió que el quejoso tenía su domicilio en Cancún, Quintana Roo, se giró el exhorto correspondiente, a efecto que la autoridad exhortada, comisionara al Actuario de su adscripción, para que notificara al quejoso el auto de doce de agosto último, y ante su presencia o previa comparecencia ante el Juez de Distrito exhortado, ratificara el contenido del escrito de desistimiento parcial. En diligenciación a dicho exhorto se advierte que en fecha dos de septiembre en curso y ante la presencia del Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Yucatán, el ahora quejoso Alexander Ricardez Martínez, ratificó el contenido del escrito de desistimiento parcial fechado el diez de agosto del año en curso. De modo que se actualiza la causal de sobreseimiento prevista en la fracción I del artículo 63 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: I. El quejoso desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca requerimiento. En caso de desistimiento se notificará personalmente al quejoso para que ratifique su escrito en un plazo de tres días, apercibido que de no hacerlo, se le tendrá por no desistido y se continuará el juicio (.)". Del contenido del precepto antes transcrito, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo, cuando el quejoso se desista de la demanda o no la ratifique en los casos en que la ley establezca tal requerimiento. Respecto al tópico que nos ocupa (desistimiento de la demanda de amparo), la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación emitió la jurisprudencia 2a./J. 33/2000, consultable en las página 147, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XI, abril de 2000, de rubro y contenido siguiente: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE AMPARO. PUEDE MANIFESTARSE EN CUALQUIERA DE LAS INSTANCIAS DEL JUICIO, MIENTRAS NO SE HAYA DICTADO LA SENTENCIA EJECUTORIA. De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 107, fracción I, de la Constitución General de la República, la voluntad para promover el juicio de amparo es un principio fundamental, de modo que siempre debe seguirse a instancia de parte agraviada, de ahí que pueda, válidamente, desistir en cualquier momento con la sola declaración de su voluntad. Lo anterior se encuentra reconocido en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, que establece como una de las causas de sobreseimiento en el juicio el desistimiento de la demanda, que para la misma disposición constituye una abdicación o renuncia del sujeto a que el órgano de control constitucional ejerza su actividad jurisdiccional en un caso concreto y determinado, implicando el desistimiento de la demanda. Por consiguiente, el desistimiento ratificado por el quejoso, actualiza la hipótesis prevista por el mencionado artículo 74, fracción I, a pesar de que se haya externado ante el a quo y con posterioridad a la fecha en que éste dictó la resolución de primera instancia e incluso, a que en contra de tal fallo se haya interpuesto el recurso de revisión, porque el quejoso conserva su derecho para desistir de la demanda en el momento en que lo considere conveniente a sus intereses, y el órgano de control constitucional tiene el deber de aceptar esa renuncia". Igualmente, la diversa 2a./J. 119/2006, visible en la página 295, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIV, agosto de dos mil seis, página doscientos noventa y cinco, de rubro y contenido siguiente: "DESISTIMIENTO EN EL AMPARO. DEBE SER RATIFICADO POR EL QUEJOSO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece como principio básico que el juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada. Por tanto, para que el Juez o tribunal de amparo tengan una mayor certeza y seguridad, tanto en la intención del promovente como en la resolución de sobreseimiento que deben dictar al respecto, en los términos del artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta indispensable que el escrito de desistimiento sea ratificado por el quejoso ante la presencia judicial o de un funcionario con fe pública, lo cual no constituye una mera formalidad para el juzgador, sino que tiene como finalidad cerciorarse de la identidad de quien desiste y saber si preserva su propósito de dar por concluido el procedimiento que inició. La certeza en la identidad y voluntad del promovente para realizar ese acto procesal se confirma con la reforma al mencionado artículo 74, fracción I, en la que el legislador eliminó la disposición de que se decrete el sobreseimiento cuando "se tenga por desistido al agraviado en términos de ley", para conservar solamente la del desistimiento expreso, así como con el artículo 30, fracción III, del mismo ordenamiento, donde se ordena notificar personalmente al interesado la providencia que mande ratificar el escrito de desistimiento de la demanda o de cualquier recurso, y que en caso de no constar su domicilio, la petición será reservada hasta que subsane la omisión. En consecuencia, si el quejoso en un juicio de amparo manifiesta que desiste en su perjuicio de la demanda que presentó, pero no ratifica dicha manifestación, es evidente que debe continuarse con el procedimiento del juicio". Así como la del Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 620, Tomo V, Mayo de 1997, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguientes: "DESISTIMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS POR EL QUEJOSO. DEBE ORDENARSE LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO SI FUE PRESENTADO ANTES DE TERMINAR EL ENGROSE Y EL A QUO NADA DIJO AL RESPECTO, SINO QUE NEGÓ EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL. Si de las constancias que integran el juicio de amparo indirecto se advierte que el Juez de Distrito celebró la audiencia constitucional, y fue firmada por el titular y el secretario del juzgado en la misma fecha; que la sentencia respectiva se dictó en actuación distinta; que ésta se terminó de engrosar posteriormente, negándose al quejoso el amparo y protección de la Justicia Federal; que el quejoso, antes de que terminara de hacerse el engrose citado, se desistió de la demanda de garantías y solicitó el sobreseimiento en el juicio; que el Juez a quo, posteriormente al engrose, acordó, que no se tenía por desistido al quejoso, toda vez que con fecha anterior a su desistimiento se había celebrado la audiencia correspondiente; en esas condiciones, resulta evidente que si la sentencia no fue dictada a continuación de la audiencia sino en fecha posterior, y en ese lapso el quejoso se desistió de la demanda de garantías y solicitó el sobreseimiento en el juicio, es inconcuso que el proceder omiso del Juez de Distrito de proveer oportunamente sobre la petición del quejoso, constituye una irregularidad que deja sin defensa a la oferente, en razón de que es distinta la situación que surge en un juicio de garantías si se niega al quejoso la protección constitucional o si se sobresee en el referido juicio; por tanto, ante tal irregularidad, contraria a las normas que rigen el procedimiento del juicio de garantías, debe revocarse la sentencia recurrida y ordenarse la reposición del mismo, para subsanar esa omisión". En ese contexto, de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo y los criterios jurisprudenciales antes precisados, para que se actualice la causa de sobreseimiento que se analiza, en lo que interesa, deben cubrirse los siguientes extremos: I. Que el quejoso desista de la demanda. II. Que ese desistimiento sea ratificado antes de que se dicte sentencia ejecutoria. Ahora bien, en la especie, se estiman colmados los supuestos antes descritos, puesto que el quejoso se desistió de la demanda mediante escrito presentado por conducto de su defensa, el once de agosto del año en curso, esto, antes del dictado de la sentencia correspondiente. Luego, en diligencia verificada el dos de septiembre del año en curso, ante la presencia del Actuario adscrito al Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Yucatán, el directo quejoso ALEXANDER RICARDEZ MARTÍNEZ, ratificó el contenido del escrito de mérito, y manifestó expresamente su voluntad de ratificar el aludido escrito, así como desistirse parcialmente del presente juicio de amparo 246/2020-III, por así convenir a sus intereses. Entonces, es evidente que se cumple con los requisitos establecidos para decretar el sobreseimiento en el juicio de amparo por desistimiento del quejoso, puesto que el propio solicitante de la protección constitucional, por conducto de su defensa, presentó el ocurso correspondiente y éste fue ratificó ante fedatario Judicial, todo lo anterior, antes de que se dictara la sentencia correspondiente. En esas condiciones, al tomar en consideración que dentro de los principios rectores del juicio de amparo se encuentra el de instancia de parte agraviada, conforme con el cual dicho juicio sólo puede ser promovido por la parte a quien perjudique el acto reclamado, el desistimiento en el juicio implica un desistimiento de la acción, por lo que debe tenerse a ALEXANDER RICARDEZ MARTÍNEZ, por desistido de la acción constitucional instada, por cuanto al acto reclamado consistente en la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa impuesta en su contra en audiencia de quince de enero de dos mil veinte, en la causa penal 5/2020. Por consiguiente, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, conforme a lo dispuesto por el artículo 63, fracción I, de la Ley de Amparo. QUINTO. ESTUDIO DE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN. No existiendo diversa causa de improcedencia que hagan valer las partes, ni advirtiéndose de oficio la actualización de alguna, se procede al análisis de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, mismos que por economía procesal se tienen por reproducidos como si a la letra se insertaran, al no encontrarse esta Resolutora Federal obligada a la transcripción de los mismos. Ahora bien, primeramente, se procede a analizar el auto de vinculación a proceso del cual se duele el quejoso, mismo que se encuentra fundamentado en el artículo 19 Constitucional, el cual contiene los requisitos mínimos que deben reunir ese tipo de actuaciones judiciales, a fin de que se justifiquen los efectos de molestia al gobernado, derivados del mismo, por lo que el examen de constitucionalidad del acto que se reclama, se hará a la luz del mencionado precepto legal, el cual textualmente dispone: "Artículo 19. Ninguna detención ante autoridad judicial, podrá exceder del plazo de setenta y dos horas a partir de que el indiciado sea puesto a su disposición, sin que se justifique con un auto de vinculación a proceso en el que se expresará: el delito que se impute al acusado, el lugar, tiempo, y circunstancias de ejecución, así como los datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." Por su parte los artículos 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, establecen: "Artículo 316. Requisitos para dictar el auto de vinculación a proceso. El Juez de control, a petición del agente del Ministerio Público, dictará el auto de vinculación del imputado a proceso, siempre que: I. Se haya formulado la imputación; II. Se haya otorgado al imputado la oportunidad para declarar; III. De los antecedentes de la investigación expuestos por el Ministerio Público, se desprendan datos de prueba que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señala como delito y que exista la probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Se entenderá que obran datos que establecen que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito cuando existan indicios razonables que así permitan suponerlo, y IV. Que no se actualice una causa de extinción de la acción penal o excluyente del delito. El auto de vinculación a proceso deberá dictarse por el hecho o hechos que fueron motivo de la imputación, el Juez de control podrá otorgarles una clasificación jurídica distinta a la asignada por el Ministerio Público misma que deberá hacerse saber al imputado para los efectos de su defensa. El proceso se seguirá forzosamente por el hecho o hechos delictivos señalados en el auto de vinculación a proceso. Si en la secuela de un proceso apareciere que se ha cometido un hecho delictivo distinto del que se persigue, deberá ser objeto de investigación separada, sin perjuicio de que después pueda decretarse la acumulación si fuere conducente." "Artículo 317. Contenido del auto de vinculación a proceso. El auto de vinculación a proceso deberá contener: I. Los datos personales del imputado; II. Los fundamentos y motivos por los cuales se estiman satisfechos los requisitos mencionados en el artículo anterior, y III. El lugar, tiempo y circunstancias de ejecución del hecho que se imputa." De la lectura de los preceptos legales invocados, se desprende que para el dictado del auto de vinculación a proceso, deben satisfacerse requisitos de forma y de fondo, a saber: 1. Requisitos de forma. Señalización del hecho delictivo que se atribuye al indiciado; fijación del lugar, tiempo y circunstancias de ejecución de la conducta (formulación de la imputación). 2. Requisitos de fondo. Existencia de datos que establezcan que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito y probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión. Así, para el correcto dictado de un auto de vinculación a proceso, es menester que de los antecedentes de la investigación expuestos oralmente por el Ministerio Público en audiencia ante el Juez de Control, obren datos de prueba de los que se desprendan indicios razonables de que se ha cometido el hecho que la ley contempla como el delito que se le impute al acusado, y el lugar, tiempo y circunstancias de su ejecución, así como que exista probabilidad en su participación por parte del imputado. De igual forma, en el auto de vinculación a proceso, el derecho constitucional se satisface, con una correcta y sana crítica de los datos de prueba relacionados, observando las reglas de la lógica, conjugado con los conocimientos científicos y las máximas de la experiencia, en la valoración de aquellos elementos (individual y global), que han servido de basamento, y que llevan a establecer, como enseguida se desarrollará, si los datos de prueba son suficientes para establecer la existencia de un hecho calificado por la ley como delito y, después, la probable comisión o participación en tal evento, razonando en todo momento porqué el Juzgador de Control actúa en determinado sentido. Tal afirmación resulta consistente si se considera, ante todo, que la libertad personal (aunque en el sistema penal de corte acusatorio, la prisión preventiva está prevista para casos excepcionales) es un derecho sustantivo fundamental propio e inherente a todo ser humano, por lo que, en caso de que se decrete la medida cautelar consistente en la restricción de ésta, y la misma se prolongue en virtud del auto de vinculación a proceso emitido, las razones deben estar ampliamente justificadas en el acuerdo vinculatorio que, entre otras circunstancias, la produjo. Entonces, de acuerdo a lo antes expuesto, para la emisión de todo auto de vinculación a proceso, es necesaria la concurrencia de las siguientes condiciones fundamentales: a) Que se señale el hecho delictuoso imputado, lugar, tiempo y modo de comisión (forma). b) Que obren datos de prueba suficientes, de los que deriven indicios razonables que establezcan que se ha cometido el hecho delictivo (fondo). c) La probabilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión (de fondo). Ahora bien, esta Juzgadora Federal estima de cabal importancia destacar que para el dictado de un auto de vinculación a proceso y establecer que se ha cometido un hecho que la ley señale como delito, basta con que el Juez de Control encuadre la conducta a la norma penal, que permita identificar, independientemente de la metodología que adopte, el tipo penal aplicable. Esto es, la emisión del auto de vinculación a proceso no condiciona la clasificación jurídica del delito, porque este elemento será determinado en el escrito de acusación, a partir de toda la información que derive de la investigación. Por tanto, si bien en el proceso penal mixto, el juicio de tipicidad se realizaba precisamente en la etapa temprana de preinstrucción, indicando y acreditando los elementos del cuerpo del delito; en cambio, en el sistema acusatorio oral se parte de una premisa distinta, por lo que sencillamente es menester establecer que un hecho encuadra en un tipo penal, tomando en cuenta que la calificación jurídica de este hecho puede variar, incluso hasta la audiencia de juicio. Lo antes ponderado encuentra sustento en la jurisprudencia por contradicción sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 2014800, cuyo rubro es: "AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. PARA SATISFACER EL REQUISITO RELATIVO A QUE LA LEY SEÑALE EL HECHO IMPUTADO COMO DELITO, BASTA CON QUE EL JUEZ ENCUADRE LA CONDUCTA A LA NORMA PENAL, DE MANERA QUE PERMITA IDENTIFICAR LAS RAZONES QUE LO LLEVAN A DETERMINAR EL TIPO PENAL APLICABLE (NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL)." Expuesto lo anterior, debe decirse que, en lo que atañe a los datos de prueba, el artículo 261 del Código Nacional de Procedimientos Penales, estipula: "Artículo 261. El dato de prueba es la referencia al contenido de un determinado medio de convicción aún no desahogado ante el Órgano jurisdiccional, que se advierta idóneo y pertinente para establecer razonablemente la existencia de un hecho delictivo y la probable participación del imputado." Para mejor comprensión, se considera pertinente indicar el significado de los conceptos: "Idóneo", se conceptualiza como lo adecuado y apropiado para algo. "Pertinente", se entiende como el adjetivo empleado respecto de lo que viene a propósito, por ser conducente o concerniente a la controversia. "Razonable", se describe como la satisfacción amplia o bastante para lo que se necesita. Finalmente, la "probabilidad" de que el imputado participó en el hecho delictivo, no es otra cosa más, que la revelación de la posible identidad del sujeto activo, bajo las formas de autoría o participación indicadas en el código penal sustantivo. Es importante resaltar que el sistema penal acusatorio, si bien facilita que una persona quede vinculada a una investigación, esa vinculación procesal, por sí misma, no trae inherente la imposición de prisión preventiva, salvo los casos excepcionales previstos por la Constitución Federal y en la propia legislación adjetiva federal. Por tanto, el Ministerio Público deberá acreditar y justificar la imposición de las medidas cautelares solicitadas, dentro de las cuales la prisión preventiva reviste una nota de excepcionalidad, en tanto que el segundo párrafo del numeral 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece que aquélla restricción a la libertad sólo deberá imponerse cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Además, el propio numeral en cita dispone que el Juez ordenará la prisión preventiva, oficiosamente, en los casos de delincuencia organizada, homicidio doloso, violación, secuestro, trata de personas, delitos cometidos con medios violentos como armas y explosivos, así como delitos graves que determine la ley en contra de la seguridad de la nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud. De forma genérica, deben distinguirse tres momentos cruciales en la fase de la investigación, cuya verificación, condicionadamente, apertura la subsecuente fase: 1. Cuando al Ministerio Público y policía, allegan datos primigenios que hacen factible la investigación; 2. Cuando se tienen suficientes datos de prueba que permiten formular y sostener la imputación de un hecho delictuoso a una persona determinada, ante el Juez de Control; lo que tiene como consecuencia que éste pronuncie auto de vinculación al proceso penal; y, 3. Cuando en virtud de la anterior determinación, se continúa la investigación, teniendo un plazo máximo para decretar el cierre de ésta, en la que podrá solicitarse el sobreseimiento de la causa, la suspensión del proceso o formular acusación. Dicho lo anterior, es palmaria la gran trascendencia que tiene el auto de vinculación a proceso en el nuevo sistema penal de corte adversarial, precisamente porque ciñe al imputado a la investigación del hecho delictuoso durante un periodo formal (investigación complementaria), o bien, porque lo libera de esa sujeción, si es que en ese momento no existen suficientes datos de prueba que permitan la sujeción al procedimiento, pero de manera destacada, porque el procedimiento se seguirá por los hechos acotados en tal determinación. En ese sentido, el auto de vinculación a proceso, tiene como efectos jurídicos, entre otros, justificar el acto de molestia a la persona vinculada al mismo, virtud a que continuará siendo investigado por la comisión del hecho ilícito precisado en dicho auto constitucional, lo cual se realizará bajo la observación del Juez de Control, quien velará por los derechos fundamentales del investigado; de ahí que dicho auto requiera que satisfaga los requisitos previstos en los artículos 16 y 19 Constitucionales, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tales como: que sea emitido por escrito, por autoridad competente; que el Ministerio Público realice la imputación; que se funde y motive la causa legal del procedimiento; que se fijen las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución en la comisión del hecho ilícito que se le atribuye, además, que se haya rendido declaración o que haya manifestación de no hacerlo en la forma y con los requisitos que establece la ley; que los datos sean suficientes para establecer que se cometió un hecho determinado en la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión. En ese tenor, de la reproducción del disco óptico y acústico, debidamente certificado por el Juez de Control responsable, que contiene copia del registro de video y audio de la audiencia de veintiuno de enero de dos mil diecinueve, celebrada en la causa penal 5/2020, en la que resolvió sobre la vinculación a proceso, el cual fue reproducido y analizado por la suscrita Jueza de Distrito, asistida de la Secretaria con quien actúa y da fe, con la finalidad de estudiar el archivo correspondiente a la acotada diligencia. Medio de convicción que conforme a lo dispuesto en los artículos 188 y 217 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, de acuerdo a su artículo 2°, se le concede valor probatorio pleno, por ser idóneo para acreditar lo acontecido en la diligencia que en ella consta, dada la sistematización procesal del actual sistema penal de corte acusatorio aplicable en esta entidad federativa; y de la que se obtiene que se hizo saber al incriminado, aquí quejoso, los derechos que a su favor se consagran tanto en la Carta Magna, como en el código adjetivo de la materia y fuero; asimismo, se le requirió para que nombrara a un defensor que le patrocinara (audiencia quince de enero de dos mil veinte, minuto 17:04 a 17:40). En dicha audiencia, se resolvió lo relativo a la legalidad de la detención del quejoso, se formuló la imputación al ahora quejoso por cuanto a hechos posiblemente constitutivos de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el diverso 11, inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, previsto y sancionado en el artículo 83 QUAT, fracción I, en relación con el diverso 11, inciso b), ambos de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos. Con la agravante contenida en el artículo 84 Ter, de la propia ley especial, consistente en que el imputado sea servidor público de alguna corporación policial, en el caso, a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Benito Juárez de Quintana Roo. Enterado de su derecho de declarar o a guardar silencio, en términos del numeral 20, fracción II, del apartado B de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y previa consulta con su defensor, el investigado decidió reservarse el derecho a declarar. Posteriormente, la Fiscalía solicitó se vincule a proceso al ahora quejoso, respecto de los hechos constitutivos de los referidos delitos, por lo que pidió prestara atención a las manifestaciones que realizara el agente del Ministerio Público. En la audiencia de quince de enero de dos mil veinte, el imputado solicitó que se resolviera su situación jurídica dentro del término de ciento cuarenta y cuatro horas, por lo que se fijaron las ocho horas del día veintiuno de enero de dos mil veinte, para que tuviera verificativo la audiencia en la que se resolvería la situación jurídica del ahora quejoso. Así, en la referida audiencia de veintiuno de enero de dos mil veinte, se emitió auto de vinculación a proceso en contra del quejoso, por su probable participación en los hechos delictuosos antes precisados; resolución que se tilda de inconstitucional en el presente juicio de amparo. Ahora, la técnica del juicio de amparo impone al órgano de control constitucional, el deber de circunscribirse a la ponderación del juicio de prueba llevado a cabo por el Juzgador de origen (Juez de Control) y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho acto; sin que ello implique que este órgano de control constitucional sustituya al Juez natural en la apreciación de los datos de prueba, pues únicamente se limita a analizar la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal. Es aplicable, por las razones que la forman, la jurisprudencia 74/2009, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 156/2008-PS, resuelta en sesión de ocho de julio del año en curso, de rubro y texto siguientes: "AUTO DE FORMAL PRISIÓN. CUANDO A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO SE COMBATE LA FALTA DE DEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN EN LA VALORACIÓN DE LAS PRUEBAS, EL ÓRGANO DE CONTROL CONSTITUCIONAL DEBE CIRCUNSCRIBIRSE A LA VALORACIÓN DEL JUICIO DE PRUEBA LLEVADO A CABO POR EL JUZGADOR NATURAL. El artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (en su texto vigente antes de la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 18 de junio de 2008) establece que el auto de formal prisión debe contener: el delito que se imputa al acusado; el lugar, tiempo y circunstancias de ejecución, así como los datos que arroje la averiguación previa, los que deberán ser bastantes para comprobar el cuerpo del delito y hacer probable la responsabilidad del indiciado. Ahora bien, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que la valoración de los elementos de convicción es una facultad exclusiva del juez de la causa que no pueden ejercitar los jueces de distrito, salvo que se comprueben alteraciones que afecten la actividad intelectual que aquél debe llevar a cabo para otorgar valor determinado a las pruebas; sin embargo, si bien es cierto que el juez de distrito no puede sustituirse al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, también lo es que ello no implica que no pueda revisar el juicio de valoración de la prueba desarrollado por la autoridad responsable, en tanto que el juicio de garantías se circunscribe a analizar la legalidad y consecuente constitucionalidad del acto reclamado, no del medio de prueba en sí. Por tanto, se concluye que cuando a través del juicio de amparo se combate la falta de debida fundamentación y motivación en la valoración de las pruebas relacionadas con los requisitos de fondo del auto de formal prisión -cuerpo del delito y presunta responsabilidad-, el órgano de control constitucional debe circunscribirse a la valoración del juicio de prueba llevado a cabo por el juzgador y resolver respecto de la constitucionalidad o inconstitucionalidad de dicho auto. Sin que lo anterior signifique que el tribunal constitucional sustituye al juez natural en la apreciación de los elementos de convicción, ya que en el caso aludido, aquél únicamente analiza la legalidad de la valoración efectuada por la autoridad responsable para determinar si se ajustó o no a los principios que rigen el debido proceso legal." Ahora bien, es importante señalar que en el sistema penal acusatorio, y bajo los parámetros constitucionales y legales acotados en parágrafos previos, para emitir el auto de vinculación a proceso, únicamente es necesario establecer que se ha cometido un hecho determinado que la ley señale como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión, con base en los datos de prueba que haya expuesto el fiscal investigador al Juez de Control, y que deberán encontrar sustento en los registros que obran en la carpeta de investigación correspondiente, la cual excepcionalmente podría ser revisada por el Juez natural, evitando con ello la desnaturalización del régimen penal adversarial, que encuentra en los principios de oralidad y contradicción los pilares que le dan cohesión y eficacia. Sirve de sustento a la anterior consideración, por identidad de razón, la jurisprudencia por contradicción de tesis emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 993, del Libro I, Octubre de 2011, Tomo 2, de la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que a la letra dice: "ORDEN DE APREHENSIÓN O AUTO DE VINCULACIÓN A PROCESO. EL JUEZ DE DISTRITO PARA RESOLVER SOBRE SU CONSTITUCIONALIDAD NO ADMITIRÁ NI TOMARÁ EN CONSIDERACIÓN DATOS QUE NO SE HUBIESEN TOMADO EN CUENTA POR EL JUEZ DE GARANTÍA PARA SU EMISIÓN (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA). Conforme a lo establecido por el artículo 36 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, el juez de garantía está impedido para revisar la carpeta de investigación antes de dictar sus resoluciones, salvo que exista una controversia entre los intervinientes respecto al contenido de dicha carpeta; sin embargo, no puede considerarse que dicha limitante resulte extensiva para el juez de amparo tratándose del proceso penal acusatorio, para que éste pueda tener acceso a dicha carpeta de investigación, ya que esa facultad deriva de lo dispuesto por el primer párrafo del artículo 78 de la Ley de Amparo que dispone que en las sentencias que se dicten en los juicios de amparo, el acto reclamado se apreciará tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, y no se admitirán ni se tomarán en consideración las pruebas que no se hubiesen rendido ante dicha autoridad para comprobar los hechos que motivaron o fueron objeto de la resolución reclamada, de ahí que sólo en el caso de que el juez de garantía hubiere tenido acceso a la carpeta de investigación, es que el juez federal podrá imponerse de la misma, pero solamente respecto de los datos que aquél haya tenido en cuenta a fin de dilucidar la controversia. Ello es así, porque de llegar a considerarse datos en que no se hubiera fundado la petición de una orden de aprehensión o que se hayan desahogado en la audiencia de vinculación a proceso, se vulneraría lo dispuesto por el último párrafo de la fracción V del apartado A del artículo 20 constitucional, en el sentido de que las partes tendrán igualdad procesal para sostener la acusación o la defensa, respectivamente; y con ello, el principio de contradicción que rige el proceso penal acusatorio, que permite el equilibrio entre las partes y conduce a un pleno análisis judicial de la contienda." Ahora bien, en la citada audiencia de veintiuno de enero de dos mil veinte, en la cual se dictó auto de vinculación a proceso, se advierte que los hechos que relató la representación social, estriban lo siguiente: El día trece de enero del año en curso, aproximadamente a las trece horas con quince minutos, cuando el quejoso se encontraba a bordo de su vehículo marca Volkswagen, modelo Jetta, clásico, tipo Sedán, color blanco, con placas de circulación A-280-DMG del Estado de Quintana Roo, correspondiente a un vehículo de origen nacional, del año dos mil catorce, e ingresó al módulo de control y revisión preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ubicada en el sector Oriente de la carretera Campeche- Mérida, justo en el kilómetro 156 + 00 a la altura del puente Tanil, portó un arma tipo pistola, calibre 9 por 19, marca "Glock", modelo 19, matrícula BMT157US, país de fabricación Austria, la cual se encontraba de su lado derecho, a la altura de su cintura; de igual forma, poseyó ocho cartuchos, del calibre 9mm, seis de la marca águila y tres de la marca Mark, todos con bala de punta normal, los cuáles se encontraban, uno dentro de la recámara del arma ocupada y los restantes en la bolsa izquierda de su pantalón. Actualizando con ello, el delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, agravado, previsto y sancionado en el artículo 83, fracción II, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, y el diverso de posesión de cartuchos para de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, agravado, previsto y sancionado en el artículo 83 QUAT, fracción I, en relación con el numeral 11, inciso b), de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, ambos con la agravante contenida en el numeral 83 Ter, al ser realizada la conducta por un servidor público perteneciente a la corporación policíaca de la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo. Sentado lo anterior, es menester indicar cuál es la constatación fáctica de ese ilícito, conforme a la metodología adoptada por la Jueza de Control responsable, a fin de que haya adecuación entre la conducta verificada en el mundo real y la descrita por el legislador en la norma penal, de acuerdo al artículo 316, fracción III, del Código Nacional de Procedimientos Penales. Los artículos que señaló la Jueza responsable, prevén y sancionan el hecho delictuoso de portación de arma de fuego de uso reservado de las fuerzas armadas nacionales, así como la posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, agravado, establecen: "Artículo 83. Al que sin el permiso correspondiente porte un arma de uso exclusivo del Ejército, Armada o Fuerza Aérea, se le sancionará: .II. Con prisión de tres a diez años y de cincuenta a doscientos días multa, cuando se trate de armas comprendidas en los incisos a) y b) del artículo 11 de esta Ley." "Artículo 83 Quat.- Al que posea cartuchos en cantidades mayores a las permitidas, se le sancionará: I. Con prisión de uno a cuatro años y de diez a cincuenta días multa, si son para las armas que están comprendidas en los artículos 9, 10 y 11, incisos a) y b), de esta Ley, y." "Artículo 84.- Se impondrá de cinco a treinta años de prisión y de veinte a quinientos días multa: I. .; II. Al servidor público, que estando obligado por sus funciones a impedir esta introducción, no lo haga. Además, se le impondrá la destitución del empleo o cargo e inhabilitación para desempeñar cualquier cargo o comisión públicos, y." En ese sentido, la existencia del armamento afecto y los cartuchos asegurados, el Juzgador de origen la tuvo por constatada, acertadamente, a partir de los datos que se desprenden del contenido de los dictámenes de fotografía y balística practicados al armamento afecto, con los que se acreditó su existencia y naturaleza (armas y cartuchos para armas de uso reservado de las fuerzas armadas nacionales), así como del contenido del acta de inspección de tales artefactos y de la cadena de custodia de las armas en comento. Por otra parte, la portación desplegada por el activo respecto del arma y cartuchos afectos, la Jueza natural la constató del Oficio de puesta a disposición de trece enero de este año, suscrito por el elemento captor de la Secretaría de Seguridad Pública, Francisco Machucho Roque; con las entrevistas practicadas a los agentes captores, el propio Francisco Machucho Roque, Julio César Mena Santos, Arturo Santiago Santiago y Miguel Agustín Carmona Naa; con la inspección practicada el catorce de enero de este año por el oficial de la Policía Federal Ministerial, Lucero Marisol Ortiz Quezada, junto con el elemento policíaco Francisco Machucho Roque, acerca del lugar de la detención; con el dictamen en criminalística de campo de fecha catorce enero de este año, rendido por la perito Mónica Jiménez Bravo, perito oficial en la materia, adscrita a la Fiscalía General de la República, Delegación Yucatán, quien determinó que el lugar de la detención es un lugar abierto con acceso al público diseñado para el tránsito vehicular, ubicado en el tramo carretero 156 + 00, de la carretera Campeche-Mérida, municipio de Umán, Yucatán; con el dictamen en fotografía forense, con folio 61, de fecha catorce de enero de dos mil veinte, rendido por el propio perito Rodolfo Rodríguez Paez, quien fijó en cuatro impresiones fotográficas, el lugar de la detención. Datos de prueba con los que la Jueza natural constató, de manera correcta, las circunstancias de tiempo, modo y lugar de comisión de los hechos delictivos y a los cuales concedió valor probatorio para demostrar lo en ellos contenido. Lo relativo a que la conducta se realice sin que los activos cuenten con autorización de la Secretaría de la Defensa Nacional, la Jueza de Control lo verificó, de manera adecuada, a la luz de las manifestaciones orales realizadas por la fiscalía, de forma negativa, esto es, debido a que su demostración partió de la no existencia de dicha autorización. Ante ello, si no existe dato de prueba alguno que indique que el imputado actuó al amparo de la ley, es evidente que el elemento normativo en cuestión se encuentra acreditado; máxime que, como expuso la Jueza de la causa, las armas afectas son de uso reservado de las fuerzas armadas nacionales, en tanto que el imputado no pertenece a éstas. Por cuanto al cuarto elemento del tipo penal consistente en la agravante relativa a que el imputado sea servidor público de alguna corporación policíaca, en este caso adscrito a la Secretaría de Seguridad Pública del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, está demostrado con la declaración ministerial del imputado Alexander Ricardez Martínez, en la cual señaló ser miembro activo de la Secretaría de Tránsito del Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo, así como con el informe rendido por el subdirector de área del Centro Nacional de Planeación y Análisis, en cuyos registros de personal aparece el referido Ricardo Ricardez Martínez, como elemento activo en la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio Benito Juárez, Quintana Roo. En esa tesitura, de la totalidad de los datos de prueba reseñados en párrafos precedentes, la resolutora de control de legalidad consideró acreditados los hechos delictuosos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, agravados, al haber sido cometidos por un servidor público de las fuerzas policíacas. Por lo que respecta a la probabilidad de que el quejoso fuera el autor de los hechos ilícitos, el Juez de Control también determinó que ésta estaba demostrada con los datos de prueba consistentes que relacionó anteriormente, entre los que destacan el informe policial homologado, las entrevistas a los agentes captores, la inspección de la evidencia material, y todos los dictámenes señalados por la Fiscal Federal, así como la propia declaración ministerial del imputado, y las documentales precisadas por la Fiscal, en especial con las que se acredita la calidad de servidor público en activo y el arma que tiene de cargo asegurada distinta a la ocupada en este asunto. Datos de prueba de los que se desprendieron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que aconteció el hecho delictuoso atribuido al imputado. Lo anterior, en virtud de que en los referidos datos de prueba se señaló al quejoso como la persona que el día trece de enero del año en curso, aproximadamente a las trece horas con quince minutos, cuando el quejoso se encontraba a bordo de su vehículo marca Volkswagen, modelo Jetta, clásico, tipo Sedán, color blanco, con placas de circulación A-280-DMG del Estado de Quintana Roo, correspondiente a un vehículo de origen nacional, del año dos mil catorce, e ingresó al módulo de control y revisión preventiva de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, ubicada en el sector Oriente de la carretera Campeche- Mérida, justo en el kilómetro 156 + 00 a la altura del puente Tanil, portó un arma tipo pistola, calibre 9 por 19, marca "Glock", modelo 19, matrícula BMT157US, país de fabricación Austria, la cual se encontraba de su lado derecho, a la altura de su cintura; de igual forma, poseyó ocho cartuchos, del calibre 9mm, seis de la marca águila y tres de la marca Mark, todos con bala de punta normal, los cuáles se encontraban, uno dentro de la recámara del arma ocupada y los restantes en la bolsa izquierda de su pantalón. Siendo que su probable participación se considera que fue de forma dolosa, ya que el imputado sabía que portar un arma de fuego y poseer cartuchos, ambos de uso exclusivo del Ejército, resultaban hechos sancionados por la Ley Penal, en este caso, la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos como delitos y que a pesar de no estar legitimado para ello, fue su voluntad llevarlas a cabo. En ese sentido, se advierte que la Jueza de Control responsable, de manera acertada, concluyó que la fiscalía acreditó la imputación formulada con datos de prueba lícitos y legales que justifican la razonabilidad de aquélla. En tal virtud, esta Juzgadora Federal considera que la Jueza responsable estuvo en lo correcto al considerar acreditados los hechos que la ley establece como constitutivos de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea y posesión de cartuchos para arma de fuego de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea, ambos con la agravante de haber sido realizados por servidor público de una corporación policial, así como la probabilidad de que el imputado, hoy quejoso, participó en su comisión, cuenta habida que para dictar el auto de vinculación a proceso, se debe cumplir con los requisitos previstos en los artículos 16 y 19 Constitucionales, 316 y 317 del Código Nacional de Procedimientos Penales, tales como que sea emitido por escrito, por autoridad competente; que el Ministerio Público realice la imputación; que se funde y motive la causa legal del procedimiento; que se fijen las circunstancias de tiempo, lugar y ejecución en la comisión del hecho ilícito que se le atribuye, además, que se haya rendido declaración o que haya manifestación de no hacerlo en la forma y con los requisitos que establece la ley; que los datos sean suficientes para establecer que se cometió un hecho determinado en la ley como delito y que exista la probabilidad de que el indiciado participó en su comisión, lo que en la especie aconteció, tal y como quedó plasmado a lo largo de la presente sentencia. Cabe mencionar, con especial importancia, que la Jueza responsable estableció el valor probatorio que merecieron los datos de prueba aportados por la Fiscalía; sin embargo, dadas las particularidades del nuevo sistema de justicia penal acusatorio, donde con base en el principio de contradicción y la característica adversarial del mismo sistema, se ejerce un control horizontal (entre defensa y fiscalía), los Jueces, por regla general, no cuentan con la carpeta de investigación para el dictado de sus resoluciones, sino que únicamente la poseen la defensa y la fiscalía. Lo anterior se traduce en que el Juez de Control debe calificar la idoneidad de los datos de prueba que se le presenten con base en lo siguiente: 1. Los argumentos expuestos por quien los presenta; y, 2. Las consideraciones que el adversario exponga al respecto. Y si bien, como se dijo, el Juez no cuenta con la carpeta de investigación, sí podría solicitar que se le muestre, pero sólo cuando exista contradicción sobre el contenido de un dato de prueba para dilucidarla, lo cual no aconteció en el caso específico. En tal contexto, se aprecia que la Jueza de Control responsable apreció la razonabilidad de los datos de investigación en los que apoyó la resolución que se reclama e igualmente realizó un análisis de la contra argumentación o refutación que realizó el imputado a través de su defensa; para después concluir constitucional y legalmente que en el caso, se reunieron los requisitos del artículo 316 del Código Nacional de Procedimientos Penales, para vincular a proceso al quejoso. Sentado lo anterior, se procede a analizar los conceptos de violación esgrimidos por el solicitante de amparo, mismos que serán sintetizados, en obvio de repeticiones innecesarias. La parte quejosa refiere medularmente en sus conceptos de violación, que la resolución de la responsable deviene inconstitucional e ilegal, toda vez que los datos de prueba resultan insuficientes para probar que el quejoso portó y poseyó tanto el arma como los cartuchos que se le ocuparon, puesto que únicamente obran las entrevistas de los agentes captores, para advertir directamente el acto de portación y posesión, ello, sin haber considerado lo manifestado por el testigo Daniel de la Cruz de la Cruz, quien refirió que no les encontraron nada, al momento de llevar a cabo la revisión que se les realizó. Asimismo, refiere que no se tomó en consideración lo manifestado por el citado de la Cruz de la Cruz respecto a que éste presenció los hechos, en específico la revisión que se le realizó al quejoso Ricardez Martínez, por lo que debió valorar dicho dato de prueba, considerándose circunstancias distintas en las que fue detenido el ahora quejoso. Dichos argumentos resultan infundados, toda vez que el defensor de la parte quejosa, pretende controvertir los datos de prueba con información que no proporcionó el testigo Daniel de la Cruz de la Cruz, esto es, basa su argumento, bajo la premisa que si el aludido testigo no refirió que el quejoso portaba y poseía los instrumentos que se le ocuparon, luego entonces, no los tenía, lo que resulta sin basamento legal, al existir datos de prueba que exponen la forma en que se le ocuparon los mismos, aunado a que su testimonio tampoco aporta información para desvirtuar o controvertir la existencia del arma y cartuchos asegurados. Es decir, de los datos considerados por la Jueza responsable se advierten que tanto el arma como los cartuchos existen y fueron ocupados durante la revisión que se realizó a los ocupantes del vehículo marca Volkswagen, modelo Jetta, clásico, tipo Sedán, color blanco, con placas de circulación A-280-DMG del Estado de Quintana Roo, correspondiente a un vehículo de origen nacional, del año dos mil catorce, empero, con el testimonio del citado de la Cruz de la Cruz, no se controvierte ese hecho, por lo que debe prevalecer la existencia de los mismos. De igual forma, tal como correctamente sostuvo la Jueza responsable, y contrario a lo sostenido por el defensor de la parte quejosa, al cuestionar al testigo de la Cruz de la Cruz respecto del arma y casquillos ocupados al quejoso, éste no proporcionó información certera respecto de la posición y portación atribuida, por lo que dicho silencio no puede considerarse una presunción a su favor, máxime cuando existen datos de prueba que sí señalan directamente al quejoso como la persona que portaba un arma de fuego que a la postre fue catalogada como de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea. De igual forma, como sostuvo la Jueza responsable, los argumentos de la parte quejosa devienen simplemente en argumentos defensivos sin sustento, pues no existe dato de prueba que controvierta lo manifestado por los agentes aprehensores, tanto en el informe policial homologado, como en las entrevistas que se llevaron a cabo, respecto de la forma en que se realizó la revisión tanto a Daniel de la Cruz de la Cruz, como al ahora quejoso, aunado a que como ya se señaló, el silencio de información respecto del aludido testigo, no puede constituir una presunción a favor de lo argumentado por la defensa del quejoso. En consecuencia, resultan infundados los conceptos de violación hechos valer por la parte quejosa y al no advertir queja deficiente que deba ser suplida, procede negar a RICARDO RICARDEZ MARTÍNEZ, el amparo y la protección de la Justicia Federal que impetró, contra el auto de vinculación a proceso de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictado por la Jueza Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, en la causa penal 5/2020. SEXTO. Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). En cumplimiento a los Acuerdos Generales 29/2007 y 84/2008 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos al uso obligatorio del módulo de captura del sistema integral de seguimiento de expedientes (SISE), relativo a las sentencias dictadas en los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y a las atribuciones de los órganos jurisdiccionales en materia de transparencia, así como los procedimientos de acceso a la información pública y protección de datos personales; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en su versión pública, con la certificación secretarial respectiva y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Por lo expuesto y fundado, esta Juzgadora, RESUELVE: PRIMERO. SE SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por RICARDO RICARDEZ MARTÍNEZ, respecto del acto reclamado a la Jueza Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, en la causa penal 5/2020, consistente en la medida cautelar consistente en la prisión preventiva oficiosa, decretada por audiencia de quince de enero de dos mil veinte, por los motivos expuestos en el considerando cuarto de esta resolución. SEGUNDO. No ampara. Es constitucional el auto de vinculación a proceso de veintiuno de enero de dos mil veinte, dictado por la Jueza Segundo de Distrito Especializado en el Sistema Penal Acusatorio en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad de Mérida, en la causa penal 5/2020, por lo que la Justicia de la Unión NO AMPARA NI PROTEGE a RICARDO RICARDEZ MARTÍNEZ, respecto de tal acto; ello, atento a lo expuesto en el quinto considerando de esta sentencia. TERCERO. En acatamiento a lo resuelto en el último considerando de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia, con la certificación secretarial respectiva en versión pública; y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. Notifíquese personalmente Así lo resolvió y firma Karla Alexandra Domínguez Aguilar, Jueza Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, ante Pamela Medina Sánchez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe; hasta el día de hoy treinta de septiembre de dos mil veinte, en que las labores de este Juzgado permitieron su engrose. Doy fe.

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