Alexander Reyes de la Calleja
Expediente 56/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla. 13 actuaciones registradas, la última del 19 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 56/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 13
- Última actuación
- 19/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en Materia Penal en el Estado de Puebla · Puebla
Partes del expediente
- ALEXANDER REYES DE LA CALLEJA y Otros.
- Alexander Reyes de la Calleja
- Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla
Actuaciones
Las 4 más recientes de 13.
- Principal
Glósese a los presentes autos los oficios del Secretario adscrito al Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla, visto su contenido, téngase a la citada autoridad solicitando copias certificadas de diversas constancias del juicio en que se actúa, en tales condiciones, para mejor proveer, se ordena lo siguiente: SE ORDENA HABILITAR EXPEDIENTE ELECTRÓNICO En atención a la solicitud de la autoridad oficiante, hágase de su conocimiento que el expediente electrónico del presente asunto está disponible en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente, para ello, ese encomienda a la Analista Jurídica del propio sistema, adscrita a este juzgado federal, para que proceda hacer disponible el expediente electrónico de este asunto, a efecto de que pueda ser vinculado con el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Puebla. En esas condiciones, notifíquese oficio vía interconexión al Juzgado oficiante para los efectos legales conducentes.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio suscrito por la Secretaria del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, por el cual remite el testimonio de la ejecutoria pronunciada en veinticuatro de junio de dos mil veintiuno, dictada dentro recurso de inconformidad 5/2021, así como el expediente de amparo número 56/2020, de la cual se advierte que dicho Tribunal Colegiado resolvió declarar infundado el citado recurso interpuesto por la parte quejosa en contra del auto de veintisiete de enero de dos mil veintiuno. Acúsese el recibo correspondiente a la superioridad mediante oficio que se gire vía interconexión. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, para los efectos legales a que haya lugar y con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. DESTINO DEL EXPEDIENTE Con fundamento en los artículos 6, fracción I, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este órgano jurisdiccional califica que este asunto: Carece de relevancia documental al no encontrarse en alguno de los supuestos del artículo 15 del acuerdo general citado. ES DEPURABLE de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso b) del acuerdo general citado porque se negó el amparo y protección en el presente juicio de amparo, resolución que fue confirmada por el tribunal de alzada; por ende, se conservará durante un plazo de tres años, contados a partir de haberse ordenado su archivo como asunto concluido, una vez concluido este plazo dentro de los siguientes noventas días, el órgano jurisdiccional deberá depurar el expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio; la resolución que otorga la autoridad de cosa juzgada y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. En relación al cuaderno incidental, ES DEPURABLE de conformidad con el diverso 18, fracción I, inciso a) del acuerdo general aludido, pues se CONCEDIÓ LA MEDIDA CAUTELAR SOLICITADA, debiéndose conservar por el término de tres años, contados a partir de esta fecha y, una vez concluido este plazo, dentro de los siguientes noventa días, se deberá depurar el expediente, conservando las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación de la suspensión y una vez hecho lo anterior, deberá transferirse dicho cuaderno original a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Del mismo modo, en términos de lo dispuesto en el artículo 20, fracción II, inciso a) del mencionado del acuerdo general citado, se ordena que una vez que transcurran seis meses a esta fecha, se proceda a la destrucción del duplicado del cuaderno incidental y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente de conformidad con lo establecido en el artículo 35 del acuerdo general invocado y verifíquese que el expediente electrónico como el impreso coincida en totalidad. Finalmente, se hace constar que las partes no ejercieron el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales al momento de hacerse pública la sentencia dictada en el presente juicio de amparo, a pesar de habérseles hecho el señalamiento respectivo en el acuerdo correspondiente a las partes.
- Principal
Agréguese a los autos el ocurso del inconforme ***, visto su contenido, téngasele revocando todo nombramiento realizado con anterioridad, y señalando nuevo domicilio para oír y recibir notificaciones y como autorizados a Carlos Ulises León Montes y/o Itzel Guevara Aguilar en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo. Respecto a su solicitud de que se autorice la consulta del expediente electrónico de este juicio de amparo a través del usuario "CarlosulisesDI" y/o "Carlosulises0I"; con fundamento en el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, se comisiona a la Analista Jurídico SISE adscrita a este Juzgado Federal, para que previo cercioramiento del usuario proporcionado proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Así también, se autoriza que se realicen vía electrónica las notificaciones de las resoluciones que se emitan en el presente expediente y que se ordene notificar de manera personal, a través de los usuarios que precisa, de conformidad con lo previsto en el artículo 26, fracción IV, de La ley de la materia. No obstante lo anterior y en caso que el usuario proporcionado por la parte quejosa sean incorrectos se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en su escrito de cuenta. Respecto al señalamiento de los correos electrónicos, que proporciona en su escrito, en términos del artículo 5, fracción I del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se tiene únicamente señalado para realizar comunicaciones no procesales, no así para que se realicen las notificaciones derivadas de este juicio de amparo. Por otra parte, téngasele interponiendo recurso de inconformidad en contra del acuerdo de veintisiete de enero del año en curso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 203 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 5/2013 del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, actualmente vigente, remítase el original y copia del escrito de inconformidad, así como el presente expediente al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Sexto Circuito, en turno, para la substanciación del recurso interpuesto. Fórmese el expedientillo de antecedentes correspondiente con las constancias necesarias y distribúyanse entre las partes copias simples de la inconformidad interpuesta. En otro orden de ideas, túrnense los autos al actuario adscrito a este juzgado para que practique la correspondiente notificación al agente del Ministerio Público de la Federación de la adscripción de manera electrónica a través del portal de servicios en línea a través del usuario YamellGarciaMP, lo anterior de conformidad con el artículo 26, fracción IV, de La ley de la materia. Asimismo se autoriza a la referida representación social la consulta del expediente electrónico a través del usuario " YamellGarciaMP "; con fundamento en el artículo 77 y 78 del Acuerdo General Conjunto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que regula los servicios relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal, para ello comisiónese a la analista jurídico sise proceda a realizar la autorización correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes.
- Principal
Visto el estado que guardan los autos se advierte que a esta fecha ha trascurrido el plazo otorgado a las partes para que manifestaran lo que a su derecho importara en relación con las actuaciones realizadas por la autoridad responsable en cumplimiento a la sentencia dictada en este juicio, sin que hubieran efectuado manifestación alguna; empero, en virtud de que el cumplimiento de las sentencias de amparo es de orden público, corresponde a este juzgado federal pronunciarse al respecto. De la sentencia dictada en este juicio se advierte que se concedió el amparo solicitado para el efecto de que el Juez de lo Penal del Distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla, dentro del proceso 1/2019 de su índice, realizara lo siguiente: **** En ese sentido, se estima que la sentencia dictada en el presente juicio de amparo se encuentra cumplida, en atención a que los efectos para los cuales se concedió el amparo han sido satisfechos por la autoridad responsable; sin que en el caso se advierta exceso o defecto en su cumplimiento, pues no hizo más ni menos de lo que le correspondía hacer en cumplimiento al fallo. En consecuencia, se declara cumplida la ejecutoria de mérito y, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese el presente juicio como asunto totalmente y definitivamente concluido; hágase lo anterior del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Ahora bien, de las manifestaciones del quejoso contenidas en el ocurso mismo que fue remitido a este juzgado por conducto del Juzgado Quinto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativa y de Trabajo y Juicios Federales en el Estado, el diecinueve de enero del año en curso, en el sentido de que la ejecutoria de amparo no está cumplida por los motivos que se citan a continuación. Señala el quejoso que la responsable no cumple con la sentencia ejecutoriada que nos ocupa, porque la libertad de jurisdicción que se le otorga en la sentencia, no significa que la responsable dicte un nuevo acuerdo (orden de aprehensión) sin fundamento ni motivación que fueron motivo de la solicitud del amparo, pero también origen de su concesión y la ejecutoria a cumplir, pues no basta señalar en su nuevo acuerdo en términos generales que entrelaza los diferentes hechos para arribar a la conclusión de que se encuentra demostrado en autos el cuerpo de tal delito, ya que al hacer uso de la prueba indiciaría, debe realizar un razonamiento basado en la lógica debidamente explicado, es decir, debe existir un enlace directo entre los hechos base acreditados, para que surja de manera natural el dato que se busca, de manera que la conclusión a la que se arriba exista solo cuando los hechos probados lo permitan, lo que me obliga decir, que no se cumple con las consideraciones y lineamientos señalados en la sentencia del emparo que debe ser fielmente cumplida por la responsable. También señala, que la responsable no acata las consideraciones y lineamientos que se le impusieron en la sentencia del amparo y son éstos, las premisas que justifican, precisan y determinan el alcance y sentido de los efectos de las ejecutorias, limitando la discrecionalidad que las autoridades responsables, tienen por virtud de su libertad de jurisdicción, de manera que su inobservancia, implica una falta al debido proceso en el cumplimiento de las ejecutorias de amparo y, tiene como consecuencia restar efectividad al juicio de garantías, es decir, deben sustentarse además, en el debido proceso y acceso efectiva a la justicia, analizados ya en el juicio constitucional de donde resulta la ejecutoria que nos ocupa. Ejemplifica el quejoso, que la responsable otorga valor a las declaraciones de los testigos, quienes declaran hasta siete años después. Pues indica, que otorga a las testimoniales eficacia jurídica plena, sin expresar el razonamiento lógico que tuvo para concluir Io anterior, ya que es indudable que por razón del tiempo transcurrido los recuerdos y particularidades del caso se borran o cambian. Por otra parte, en cuanto a la integración de la prueba indiciaría, señala que se deben evitar consideraciones inexactas, que pueden llevar al juzgador a confundirse en cuando la prueba debe estimarse actualizada, ya que solamente cuando los hechos acreditados dan lugar de forma natural y lógica a una serie de conclusiones, mismas que a su vez deben sujetarse a un examen de razonabilidad y de contraste con otras posibles hipótesis racionales, de ahí que no todos los hechos son indicios, dando lugar a un verdadero ejercicio argumentativo del cual carece la nueva orden de aprehensión dictada en cumplimiento de la ejecutoria del amparo que nos ocupa, pues no se señala en ella cual fue el enlace lógico y jurídico entre todos y cada uno de los supuestos elementos de prueba. Ejemplo de lo anterior, indica el quejoso es el dictamen pericial emitido por el médico forense ARTURO ORTUÑO PÉREZ, adscrito al Juzgado de lo Penal del distrito Judicial de Zacapoaxtla, Puebla de fecha treinta de junio de dos mil doce, en la cual no se señala que haya habido penetración, esto es que no se puede sostener que haya habido penetración (profunda o no) simplemente no quedó demostrada la penetración, por la inflamación que pudo haber sido causada por otros motivos o no, por tanto, la responsable carece de fundamento para decidir que si hubo violación o no, luego entonces, no se trata de un elemento probatorio del cuerpo del delito de violación equiparada, como lo señala la responsable en su nueva resolución para motivarla, porque insisto en que de acuerdo con el dictamen del médico legista no se puede material ni literalmente decir que hubo penetración. También señala que la atención medica recibida por el pasivo en la Clínica del Seguro Social que refiere la hoja de atención médica en ese lugar que obra en autos, no hace ninguna referencia a lesiones provocadas por penetración anal, por lo que tampoco debe engarzarse al caudal probatorio toda vez que no aporta ningún indicio a la investigación de los hechos. También refiere que el dictamen médico practicado por María Alejandra Nieto García fue realizado siete años después del día de los hechos, lo cual carece de valor jurídico probatorio por una simple razón, que la referida perito al comparecer ante la agencia del Ministerio Público a efecto de aceptar su nombramiento, lo realizó de perito en contabilidad de esa institución, y no perito médico; además no es posible después de ese tiempo venir a emitir un dictamen médico cuando se carece de los conocimientos necesarios para ello, y además ya no existen huellas de una posible lesión que tarda en sanar unos días. En igual forma, la responsable soslaya que la nueva resolución la dicta cumpliendo con las consideraciones y lineamientos a seguir, señalando además, que ha purgado los vicios de que adolece la orden de aprehensión reclamada en la demanda de amparo en donde se dicta la ejecutoria, resultando evidente que al no tomar en cuenta esas sospechas o hechos no probados para acreditar los cuerpos de los delitos de violación equiparada y abuso de autoridad por los que ejercitó acción penal el Ministerio Público, cambiaría de manera importante la argumentación lógica y jurídica para explicar las razones o motivos por los que el caso encuadra en esos supuestos normativos, lo anterior para fundar y motivar su cumplimiento a la ejecutoria y cumplir con los principios de legalidad, el debido proceso y los derechos humanos en su determinación. Al respecto, debe decirse que dichas manifestaciones son cuestiones que resultan ajenas a los lineamientos establecidos en el fallo protector, pues la concesión de la protección constitucional implicó que la autoridad responsable dejara insubsistente la orden de aprehensión decretada en contra del aquí quejoso, y con libertad de jurisdicción, por cuanto al estudio del cuerpo del delito de violación equiparada tumultuaria, prescindir de sustentar su acto en los artículos 271 y 439 del Código Penal para el Estado de Puebla, lo cual en primer término realizó la responsable. También se indicó a la responsable que en cumplimiento al fallo protector debería establecer con claridad cuáles son los hechos consignados por el Ministerio Público que estimó acreditados con el material probatorio y que son constitutivos de dichos ilícitos; situación que aconteció, pues la responsable fijó los hechos por los cuales el representante social ejercitó la acción penal. En cuanto al cuerpo del delito de abuso de autoridad, se precisó a la responsable que debía establecer cómo se tiene por demostrado los elementos del cuerpo del delito consistentes en que el activo es un servidor público y que se encontraba en ejercicio de sus funciones; hechos que la responsable analizó con las pruebas que obran en la indagatoria, en la cual en lo que importa señaló la existencia de un informe del Director General de la Policía Estatal Preventiva, en la cual se contiene la fatiga de servicio de personal que estuvo de servicio el día de los hechos, de la que se desprende que el aquí quejoso, se encontraba de turno; además estableció los hechos por los cuales de manera clara y precisa el Ministerio Público ejercitó la acción penal respectiva con relación al referido ilícito. Y finalmente, el juez responsable al analizar la probable responsabilidad, estableció los hechos por los cuales estimó acreditada la probable responsabilidad del quejoso en los ilícitos en cuestión, esto es, tanto por el señalamiento directo en contra del quejoso, (dado que lo reconoció porque obran diversa fotografías del quejoso), como por la declaración de los testigos de cargo. En esas condiciones, se estima que las manifestaciones aducidas por el quejoso Alexander Reyes de la Calleja, en su caso, constituyen cuestiones diversas a las analizadas en el fallo protector y por tanto, en modo alguno impactan en el cumplimiento a la sentencia por parte de la autoridad responsable; no obstante ello, quedan expeditos sus derechos para hacerlos valer del modo que estime pertinente. Glósese a los presentes autos, el original de los cuadernos incidentales derivados del presente juicio de amparo, debiendo subsistir el folio respecto del cuaderno principal en que se actúa; y resguárdese el duplicado por separado, debidamente identificado.
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