Alexander Rafael Pacheco Ayala

Expediente 761/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
761/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
14/12/2020

Partes del expediente

  • Alexander Rafael Pacheco Ayala

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de diciembre de dos mil veinte. Vista la certificación que antecede y toda vez que el proveído de veintiséis de noviembre de dos mil veinte, en el que se desechó la demanda de amparo, no fue recurrido conforme al artículo 97, fracción I, inciso a) de la Ley de Amparo; se declara que ha causado estado, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto concluido. En cumplimiento al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente de ésta; en específico en su artículo 35. Orden de archivo, este juzgador determina que el presente expediente carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del citado Acuerdo General. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con el artículo 21 del citado Acuerdo General este expediente es susceptible de destrucción en un plazo de tres años después de ser conservado en el archivo de este órgano jurisdiccional, una vez destruido deberá remitirse el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

  2. Principal

    PREVIO AVISO A LA PARTE QUEJOSA:- - - - - -San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca 1, con sede en la Ciudad de Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 761/2020. Examinada en su integridad, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, por tanto, de conformidad con el artículo del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, respecto a los actos reclamados este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia» En ese sentido, el artículo 5°, fracción I, de la referida Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Por su parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". El precepto constitucional transcrito, en el párrafo primero, establece el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, conforme al cual la acción constitucional puede ser ejercida por los siguientes entes legitimados: a).- Quien aduce ser titular de un derecho. b).- Quien aduzca ser titular de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue la violación a derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De la interpretación armónica y relacionada de los artículos 61, fracción XII, y 5° de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste último a contrario sentido, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En el caso concreto, se reclama el acto administrativo con número de oficio ******************** de veintinueve de octubre de dos mil veinte, notificado mediante buzón tributario el tres de noviembre de dos mil veinte, oficio por el cual se le informa al quejoso el derecho para acudir a una cita en línea a través de medios electrónicos ante la autoridad fiscal a conocer los hechos u omisiones detectadas en la declaración de sus ingresos. Como se aprecia, la carta invitación no genera un perjuicio al contribuyente traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, porque solamente se le hace una invitación a una cita en línea, medio idóneo tomando en consideración la actual situación sanitaria que atraviesa el país derivado de la pandemia provocada por el virus COVID-19; y toda vez, que no se establece sanción alguna para el caso de incumplimiento, puesto que esto se encuentra sujeto, en dado caso, a que la autoridad, haciendo uso de la facultad de comprobación de que está dotada, por lo cual, el documento impugnado constituye un programa preventivo para evitar sanciones y molestias innecesarias, que no trasciende de manera alguna a la esfera jurídica del contribuyente causándole perjuicio. Así, tal circunstancia es relevante para determinar la procedencia del juicio de amparo en contra de las cartas invitación reclamadas, toda vez que la falta de señalamiento de sanción para el caso de incumplimiento, significa que la regularización fiscal que se pretende puede o no cumplirse por el particular, lo que denota que dicho acto por sí solo, no causa afectación alguna a la parte quejosa. En ese orden, resulta evidente que las citadas cartas invitación no afectan el interés legítimo y jurídico del solicitante de amparo, en razón que se itera, únicamente trae como consecuencia su citación, para que acuda a las instalaciones de la autoridad hacendaria, para regularizar tal circunstancia, pero no tiene ningún apercibimiento, ni consecuencia legal; de ahí que se concluya que al ser una mera invitación, no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis XXI.2o.P.A. J/2 (10a.), formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable a página 1773, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título siguiente: "CARTA INVITACIÓN. NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. La carta invitación al contribuyente para que acuda a las oficinas de la autoridad a regularizar su situación fiscal, no constituye una resolución definitiva impugnable mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues a través de ella la autoridad exactora únicamente se limita a sugerirle al gobernado la corrección de su situación en su calidad de contribuyente, con la finalidad de evitar una resolución determinante de crédito con base en las irregularidades detectadas; luego, si en el documento impugnado no se determina un crédito fiscal ni se aplica sanción alguna, es inconcuso que no trasciende a la esfera jurídica del demandante ni le causa perjuicios para efectos de la procedencia del juicio de nulidad." Asimismo, cobra vigencia a lo expuesto, por identidad de razón, la tesis III.2o.A.219 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, contenida a página 2142, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA "CARTA INVITACIÓN" AL CONTRIBUYENTE PARA QUE ACUDA A LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD A REGULARIZAR SU SITUACIÓN FISCAL. El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no prevé en alguna de sus diferentes porciones normativas, la posibilidad de impugnar actos de autoridad con las características de una "carta invitación" en la que no se definió la situación del particular ni se determinó sanción alguna, al no tratarse de una resolución definitiva. Por ende, el juicio contencioso administrativo es improcedente contra la "carta invitación" al contribuyente para que acuda a las oficinas de la autoridad a regularizar su situación fiscal, conforme a la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con la fracción II del precepto 9o. del citado ordenamiento. Máxime que en tal documento no se determina crédito alguno. Por tanto, es evidente que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida por el artículo del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se impone desechar la demanda de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Privada de Guamúchil, número 1 A, interior 9, Santa Lucía del Camino, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por autorizada únicamente para esos efectos a la persona que menciona. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, y entregue los oficios que del mismo deriven. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de su datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintiséis de noviembre de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por ********************, contra actos del Administrador Desconcentrado de Recaudación de Oaxaca 1, con sede en la Ciudad de Oaxaca; fórmese expediente y regístrese en el libro respectivo con el número 761/2020. Examinada en su integridad, se advierte que es notoria la improcedencia de la acción constitucional, por tanto, de conformidad con el artículo del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; y con apoyo además, en la jurisprudencia número 158, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable a foja doscientos sesenta y dos, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de 1985, bajo el rubro y texto: "IMPROCEDENCIA.- Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, respecto a los actos reclamados este juzgador estima actualizada la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, que dice: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5° de la presente ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia» En ese sentido, el artículo 5°, fracción I, de la referida Ley de Amparo dispone: "Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Por su parte, el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; (.)". El precepto constitucional transcrito, en el párrafo primero, establece el principio de instancia de parte agraviada que rige en el juicio de amparo, conforme al cual la acción constitucional puede ser ejercida por los siguientes entes legitimados: a).- Quien aduce ser titular de un derecho. b).- Quien aduzca ser titular de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue la violación a derechos constitucionales y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. De la interpretación armónica y relacionada de los artículos 61, fracción XII, y 5° de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, éste último a contrario sentido, se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. En el caso concreto, se reclama el acto administrativo con número de oficio ******************** de veintinueve de octubre de dos mil veinte, notificado mediante buzón tributario el tres de noviembre de dos mil veinte, oficio por el cual se le informa al quejoso el derecho para acudir a una cita en línea a través de medios electrónicos ante la autoridad fiscal a conocer los hechos u omisiones detectadas en la declaración de sus ingresos. Como se aprecia, la carta invitación no genera un perjuicio al contribuyente traducido en una afectación o menoscabo a su patrimonio jurídico, porque solamente se le hace una invitación a una cita en línea, medio idóneo tomando en consideración la actual situación sanitaria que atraviesa el país derivado de la pandemia provocada por el virus COVID-19; y toda vez, que no se establece sanción alguna para el caso de incumplimiento, puesto que esto se encuentra sujeto, en dado caso, a que la autoridad, haciendo uso de la facultad de comprobación de que está dotada, por lo cual, el documento impugnado constituye un programa preventivo para evitar sanciones y molestias innecesarias, que no trasciende de manera alguna a la esfera jurídica del contribuyente causándole perjuicio. Así, tal circunstancia es relevante para determinar la procedencia del juicio de amparo en contra de las cartas invitación reclamadas, toda vez que la falta de señalamiento de sanción para el caso de incumplimiento, significa que la regularización fiscal que se pretende puede o no cumplirse por el particular, lo que denota que dicho acto por sí solo, no causa afectación alguna a la parte quejosa. En ese orden, resulta evidente que las citadas cartas invitación no afectan el interés legítimo y jurídico del solicitante de amparo, en razón que se itera, únicamente trae como consecuencia su citación, para que acuda a las instalaciones de la autoridad hacendaria, para regularizar tal circunstancia, pero no tiene ningún apercibimiento, ni consecuencia legal; de ahí que se concluya que al ser una mera invitación, no afecta la esfera jurídica de la parte quejosa. Sirve de apoyo, en lo conducente, la tesis XXI.2o.P.A. J/2 (10a.), formulada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, consultable a página 1773, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 3, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de título siguiente: "CARTA INVITACIÓN. NO CONSTITUYE UNA RESOLUCIÓN DEFINITIVA IMPUGNABLE MEDIANTE EL JUICIO DE NULIDAD ANTE EL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA. La carta invitación al contribuyente para que acuda a las oficinas de la autoridad a regularizar su situación fiscal, no constituye una resolución definitiva impugnable mediante el juicio de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, pues a través de ella la autoridad exactora únicamente se limita a sugerirle al gobernado la corrección de su situación en su calidad de contribuyente, con la finalidad de evitar una resolución determinante de crédito con base en las irregularidades detectadas; luego, si en el documento impugnado no se determina un crédito fiscal ni se aplica sanción alguna, es inconcuso que no trasciende a la esfera jurídica del demandante ni le causa perjuicios para efectos de la procedencia del juicio de nulidad." Asimismo, cobra vigencia a lo expuesto, por identidad de razón, la tesis III.2o.A.219 A, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, contenida a página 2142, Tomo XXXI, Enero de 2010, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del texto y rubro siguientes: "JUICIO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO FEDERAL. ES IMPROCEDENTE CONTRA LA "CARTA INVITACIÓN" AL CONTRIBUYENTE PARA QUE ACUDA A LAS OFICINAS DE LA AUTORIDAD A REGULARIZAR SU SITUACIÓN FISCAL. El artículo 14 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa no prevé en alguna de sus diferentes porciones normativas, la posibilidad de impugnar actos de autoridad con las características de una "carta invitación" en la que no se definió la situación del particular ni se determinó sanción alguna, al no tratarse de una resolución definitiva. Por ende, el juicio contencioso administrativo es improcedente contra la "carta invitación" al contribuyente para que acuda a las oficinas de la autoridad a regularizar su situación fiscal, conforme a la fracción I del artículo 8o. de la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo, en relación con la fracción II del precepto 9o. del citado ordenamiento. Máxime que en tal documento no se determina crédito alguno. Por tanto, es evidente que se actualiza de manera notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida por el artículo del artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, por lo que se impone desechar la demanda de amparo. Téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en Privada de Guamúchil, número 1 A, interior 9, Santa Lucía del Camino, Oaxaca de Juárez, Oaxaca, por autorizada únicamente para esos efectos a la persona que menciona. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en este expediente, y entregue los oficios que del mismo deriven. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de su datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.

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