Alexander Labrada Avila
Expediente 1819/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco. 5 actuaciones registradas, la última del 5 de enero de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1819/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 05/01/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Alexander Labrada Avila
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Villahermosa, Tabasco; cinco de enero de dos mil veintitrés. Causa estado. Vista la certificación de cuenta y apareciendo de la misma que ninguna de las partes interpuso ante este Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, el recurso de revisión previsto en el artículo 81, fracción I, inciso d), de la Ley de Amparo vigente, en el término que señala el artículo 86 del mismo ordenamiento, contra el auto emitido el doce de diciembre de dos mil veintidós; en el que se sobreseyó fuera de audiencia el juicio de amparo promovido por Gabriela González Pinacho, en representación de Eyler Alexander Carmenates Villafaña, Alexander Labrada Ávila, Roberto Alteta Mercader, Feliberto Mendive Moscoso, Leonel Guerrero Mora, contra actos de la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. Dado lo anterior, se declara que dicho auto ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes; háganse las anotaciones en los libros de Gobierno y electrónico respectivo (SISE). Observación. No pasa desapercibido que en la certificación de cuenta se hizo constar que sí existe manifestación en relación con actos de tortura por parte del promovente de amparo; sin embargo, es menester destacar que las manifestaciones de Eyler Alexander Carmenates Villafaña, Alexander Labrada Ávila, Roberto Alteta Mercader, Feliberto Mendive Moscoso, Leonel Guerrero Mora, no fueron validadas por éste y por tanto no se tiene constancias que hayan sufrido en su persona dichos actos. En tales condiciones, se estima procedente determinar como asunto totalmente concluido el juicio en que se actúa, ya que no hay actuación procesal pendiente por emitir en relación a esta manifestación. Anotaciones Ahora bien, toda vez que se trata de un asunto totalmente concluido, y que no existe acuerdo pendiente por dictar, SE ORDENA EL ARCHIVO DEFINITIVO del mismo. Por otra parte, en cumplimiento a lo dispuesto en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, aprobado el diecinueve de febrero de dos mil veinte y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo siguiente, se ordena: DEPURAR el expediente principal dentro de los treinta días siguientes al vencimiento del plazo de tres años de conservación, contado a partir del dictado del presente acuerdo, ya que se actualiza la hipótesis del numérico 18 del citado Acuerdo General, al ser un juicio de amparo en el que se concedió la suspensión de plano respecto del acto reclamado, donde no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental. TRANFERIR el expediente principal una vez concluido el proceso de depuración, previa solicitud a los depósitos documentales dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación, así como su anotación correspondiente en los libros de gobierno y Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) de conformidad con el artículo 29 del citado acuerdo. Finalmente, requiérase al Actuario Judicial adscrito encargado del presente expediente, para que a la brevedad integre en el expediente electrónico todas y cada una de las notificaciones que obran en el expediente físico.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, doce de diciembre de dos mil veintidós. Visto, hágase del conocimiento de las partes que, de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, el presente sumario se continuará tramitando de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía. Sobreseimiento fuera de audiencia. Ahora, del análisis de las constancias que remitió la autoridad responsable en apoyo a su informe justificado, este órgano jurisdiccional advierte que en el caso, se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que entre otras cosas, establece: ".Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." Del contenido del artículo 61, fracción XXI, de la ley de la materia, se obtiene que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; esto es, cuando desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicional sus efectos. Se estima oportuno destacar que de acuerdo con el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. Así, la causa de improcedencia que nos ocupa, se encuentra orientada por la imposibilidad de alcanzar la finalidad que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo; dicho de otra manera, la restitución a los agraviados en el pleno goce de los derechos violados, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando el acto sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el derecho exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI, del artículo 61 de la ley de la materia, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no sea posible alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado; es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos, la reparación constitucional carezca de materia. Se aprecia que el acto reclamado en el presente juicio consiste en la detención con fines de deportación de los quejosos. Ahora, de la documental que remitió la autoridad responsable, se advierte lo siguiente: Que el dieciocho de octubre de dos mil veintidós, ordenó la salida provisional de los quejosos Ayler Alexander Carmenates Villafaña y/o Eyler Alexander Carmenates Villafaña, Alexander Labrada Avila, Roberto Alteta Mercader, Feliberto Mendive Moscoso, y Leonel Guerrero Mora. Ahora bien, mediante el acta de hechos de evasión de control migratorio, de veintiocho de octubre de dos mil veintidós, los quejosos, Alexander Labrada Avila, Roberto Alteta Mercader, Feliberto Mendive Moscoso, y Leonel Guerrero Mora, al no haberse presentados ninguno de los quejosos al control de las firmas correspondiente, se dio por concluido sus procedimientos administrativos migratorio. Respecto al quejoso Ayler Alexander Carmenates Villafaña y/o Eyler Alexander Carmenates Villafaña, mediante el acta de hechos de evasión de control migratorio, de once de noviembre de dos mil veintidós, al no haberse presentado al control de la firmas correspondiente, se dio por concluido su procedimiento administrativo migratorio. De lo antes expuesto, se puede advertir que, a pesar de que en la fecha en que se ejerció la acción constitucional (catorce de octubre de dos mil veintidós), el acto reclamado existía; sin embargo, durante el transcurso del procedimiento del presente juicio, éste dejó de surtir sus efectos, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido. Así, la cesación no dejó ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Sirve de apoyo a tal consideración la jurisprudencia 2a./ J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo IX, junio de 1999, de rubro y texto siguientes: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO, ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." Por ende, en el caso se ha restituido a los peticionarios de amparo en el pleno goce de sus derechos, como si no se hubieren invadido en su esfera jurídica, toda vez que, tal como quedó precisado con antelación, el acto que hoy combate ha cesado en sus efectos, en virtud de que la responsable ordenó sus salidas de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración con sede en esta ciudad el dieciocho de octubre de dos mil veintidós y dio por concluido los procedimientos migratorio respectivo. En consecuencia, se sobresee fuera de audiencia el juicio en que se actúa, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el precepto 63, fracción V, ambos de la Ley de Amparo. Sin que se inadvierta que en el escrito inicial de demanda, se señale como acto reclamado la incomunicación; no obstante, en diligencia actuarial de quince de octubre del año dos mil veintidós, los propios quejosos, al momento de ratificar la demanda, manifestaron no encontrarse incomunicados ni haber sido maltratados, de lo que se colige que no fueron sus intenciones tener como acto reclamado el antes precisado. Finalmente, no es obstáculo para resolver en el sentido anterior, el hecho de que la audiencia constitucional se encuentre señalada para que tenga lugar a las once horas con treinta y seis minutos del veintiocho de diciembre de dos mil veintidós, ya que al haber acontecido una cesación de efectos de los actos reclamados, no tiene objeto alguno el desahogo de probanzas, porque con ninguna de ellas podría desvirtuarse tal situación; en consecuencia, déjese sin efectos la audiencia constitucional de referencia. Lo anterior es así, pues a ningún efecto práctico conduciría celebrar la audiencia constitucional en los términos que refiere el artículo 124 de la Ley de Amparo, para dar oportunidad a los quejosos de ofrecer y desahogar las pruebas tendentes a demostrar la existencia o inconstitucionalidad del acto reclamado, ya que la causa de improcedencia subsistirá y el sentido del fallo correspondiente será el mismo, pues al ser manifiesta e indudable, no es posible que con los elementos de prueba que en su caso llegare a aportar, sea desvirtuada; además dicha determinación no provoca indefensión en el gobernado. De lo que se colige que esperar a la celebración de la audiencia constitucional para decretar el sobreseimiento, lo único que trae consigo es retardar la impartición de justicia, espíritu que es contrario a la ratio legis del artículo 17 de la Constitución Federal, que en la parte inicial de su párrafo segundo establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Sirve de apoyo a lo anterior, además, la jurisprudencia por contradicción de tesis 26/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, resuelta en sesión de siete de febrero de dos mil tres, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial". Anotaciones. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y comuníquese lo anterior a las partes.
- Principal
Vista la cuenta, téngase por recibido el oficio signado por la Encargada del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la oficina de Representación en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento realizado en auto de veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós; adjuntando copias certificadas de las documentales consistentes en los procedimientos administrativos migratorios de los quejosos: De lo anterior, queda enterado este juzgado para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, respecto a la petición en el sentido de tener por autorizados a las personas que señala, dígasele a la autoridad responsable que mediante proveído de dieciocho de octubre de dos mil veintidós, ya se proveyó lo conducente. PRUEBAS Por otra parte, conforme al artículo 119 de la citada ley, se tienen como pruebas las documentales que anexó la responsable, consistente en copias certificadas de los siguientes procedimientos administrativos: Parte Procedimientos Administrativos Ayler Alexander Carmenates Villafaña y/o Eyler Alexander Carmenates Villafaña INM/ORTAB/EMV /TRASLADO/PAM/3547/2022 Alexander Labrada Ávila INM/ORTAB/EMV/PAM/13157/2022 Roberto Alteta Mercader INM/ORTAB/EMV/PAM/13154/2022 Filiberto Mendive Moscoso INM/ORTAB/EMV/PAM/13158/2022 Leonel Guerrero Mora INM/ORTAB/EMV/PAM/13156/2022 En consecuencia, en virtud de que las constancias de referencia resultan ser parte integrante del informe justificado rendido por dicha autoridad, con apoyo en el artículo 117 de la Ley de Amparo, póngase a la vista de las partes para que manifiesten lo que a su derecho estimen pertinente, debiéndose tomar en consideración en el momento procesal oportuno. Finalmente, hágase del conocimiento de las partes que de conformidad con lo establecido por el numeral 263, y el transitorio sexto, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos por Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga diversas disposiciones relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, a partir del uno de diciembre de dos mil veintidós, el presente sumario se continuará integrando de forma electrónica, y únicamente se incorporarán al expediente físico aquellos documentos recibidos por esa vía.??????????????? Notifíquese en términos de Ley.
- Principal
Villahermosa, Tabasco, dieciocho de octubre de dos mil veintidós. Vista la razón realizada por la actuaria judicial adscrita a este juzgado, se advierte que los quejosos Eyler Alexander Carmenates Villafaña, Alexander Labrada Ávila, Roberto Alteta Mercader, Feliberto Mendive Moscoso, Leonel Guerrero Mora, se dieron por enterados del contenido del auto de catorce de octubre de dos mil veintidós y ratificaron la demanda de amparo que promovió a su favor Gabriela González Pinacho; en consecuencia, agréguese a los autos la diligencia de mérito para que obre como corresponda y surta los efectos legales procedentes, continuándose con el trámite procesal del presente juicio de amparo. Atento a lo anterior, de conformidad con los artículos 6, fracción II; 16, párrafo segundo, 103, fracción I, 107, fracciones I, VIII y XV, de la Constitución Federal; 1, fracción I, 2, 5, fracción IV, 12, 21, 33, fracciones IV, 35, 37, 64, 74, 107, 108, 110 y 112 de la Ley de Amparo, se ADMITE la demanda de amparo promovida por Gabriela González Pinacho, en favor de Eyler Alexander Carmenates Villafaña, Alexander Labrada Ávila, Roberto Alteta Mercader, Feliberto Mendive Moscoso, Leonel Guerrero Mora, contra el acto reclamado a la Subdirectora de la Estación Migratoria en Villahermosa, Tabasco. Dése a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que le compete. Se señalan las diez horas con seis minutos del veinticuatro de noviembre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia constitucional. Sin que sea el caso se aperturar el incidente de suspensión, pues respecto de todos los actos reclamados se proveyó la suspensión de plano, sin que sea el caso considerar el acto reclamado consistente en privar a los quejosos del derecho de solicitar refugio y coártales su libertad, pues ello lo hacen derivado precisamente del acto reclamado de privación de la libertad del cual como ya se dijo se concedió la suspensión de plano. Requerimientos a la autoridad responsable. Que con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, rinda su informe justificado, respecto del acto reclamado. Mismo que deberá rendir dentro del término de quince días que será contado a partir de que reciba el oficio relativo a este acuerdo. Acompañe copias certificadas, legibles, de forma clara y ordenada, de las constancias tomadas en consideración para emitir el acto o actos que se les reclaman, exponiendo los fundamentos y razones que sostengan la constitucionalidad o improcedencia del juicio de amparo. Apercibimiento a la autoridad responsable. En caso de incumplimiento, se hará acreedora a lo siguiente: Multa de cien Unidades de Medida y Actualización equivalente a $9,622.00 (nueve mil seiscientos veintidós pesos 00/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y en los artículo 237 fracción I de la Ley de Amparo. Requerimiento a todas las partes 1. Comuniquen si la parte quejosa ha promovido algún otro juicio de amparo que se relacione con el acto aquí reclamado, debiendo informar ante qué Juzgado de Distrito fue promovida y, en su caso, remitan las constancias certificadas que lo acrediten. 2. Informen oportunamente cuando hayan cesado los efectos de los actos reclamados o se actualice una causa de improcedencia. En caso de incumplimiento, se les impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización equivalente a $2,886.60 (dos mil ochocientos ochenta y seis pesos 60/100 moneda nacional), cantidad que resulta respecto al valor de cada unidad de medida $96.22 (noventa y seis pesos 22/100 moneda nacional), de conformidad con los transitorios Primero, Segundo y Tercero del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis y con el artículo 261 de la Ley de Amparo. Autorización vía correo electrónico Se autoriza a la responsable para que remitan su informe justificado a través de la Firma Electrónica (de contar con ella), por medio del portal del Consejo de la Judicatura Federal o bien, al correo electrónico 5jdo10cto@correo.cjf.gob.mx, dentro de las posibilidades tecnológicas a su alcance. Lo anterior en aras de una pronta impartición de justicia y sin perjuicio de hacerlo por la vía ordinaria pertinente. Autorizado y domicilio para oír y recibir notificaciones. Ahora, de la constancia actuarial de cuenta se advierte que los quejosos señalaron que era su deseo tener como autorizada a la promovente Gabriela González Pinacho; sin embargo, téngase por autorizada en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, por no tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que lo acredita como abogado. Por otra parte, y conforme al numeral 12 de la citada ley a Jonathan Solís Vázquez, por tener registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito que lo acredita como abogado y únicamente para oír y recibir citas y notificaciones a las demás personas que menciona por no contar con dicho requisito. Asimismo, téngase como domicilio para oír y recibir notificaciones el domicilio indicado y como medios de notificación alternos el número telefónico que proporcionó en la demanda de amparo para tal efecto. Quedando a salvo su derecho para acreditar legalmente encontrarse autorizados para ejercer la profesión de licenciados en derecho o abogado. Pruebas. Con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por ofrecidas las pruebas que refiere la parte quejosa, consistente en: Relación de prueba 1. Instrumental de Actuaciones 2. La presuncional legal y Humana. Sin perjuicio de su valoración dentro de la audiencia constitucional. Ahora, respecto a la prueba consistente en la inspección ocular; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se desecha, toda vez que, lo que pretende acreditar con dicha prueba ya aconteció, esto es, mediante la razón actuarial de quince de los corrientes, se advierte que el actuario de la adscripción compareció ante las instalaciones de la Estación Migratoria de Villahermosa, Tabasco, donde constató que los quejosos se encuentran en las instalaciones de la citada estación, por lo cual, no llevaría a ningún fin practico el desahogo de dicha prueba. Informe de suspensión de plano Por otra parte, agréguese el oficio suscrito por la Representante Local, del Departamento de Asuntos Jurídicos "B" en la Delegación Federal en Tabasco del Instituto Nacional de Migración, mediante el cual, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo informa sobre el cumplimiento dado a la suspensión de plano. De lo anterior, queda enterado este juzgado para los efectos legales a que haya lugar. Ahora, con fundamento en los artículos 9 y 26, fracción II de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable citada, a las personas que indica en su informe de cuenta y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el mismo. Asimismo, tómese nota de los números telefónicos y correos electrónicos que menciona la promovente para los efectos legales conducentes. PRUEBAS Por otra parte, conforme al artículo 119 de la citada ley, se tienen como pruebas las documentales que anexó la responsable, consistente en copia certificada de los siguientes procedimientos administrativos: Parte Expediente Eyler Alexander Carmenates Villafaña EA/1S.9/NL/OR/PAM/13693/07-10-2022 INM/ORTAB/EMV/PAM/3547/2022 Alexander Labrada Ávila INM/ORTAB/EMV/PAM/13157/2022 Roberto Alteta Mercader INM/ORTAB/EMV/PAM/13154/2022 Feliberto Mendive Moscoso INM/ORTAB/EMV/PAM/13158/2022 Leonel Guerrero Mora INM/ORTAB/EMV/PAM/13156/2022 Ahora, del informe rendido por la autoridad responsable, se advierte la participación de una diversa autoridad Titular de la Oficina de Representación en el Estado de Nuevo León, así como la existencia de un nuevo acto vinculado al reclamado en el escrito inicial de demanda relacionado con el quejoso Eyler Alexander Carmenates Villafaña, consistente en la resolución de siete de octubre de dos mil veintidós, emitida en el procedimiento administrativo EA/1S.9/NL/OR/PAM/13693/07-10-2022, del índice de dicha autoridad. En consecuencia, prevéngase al quejoso Eyler Alexander Carmenates Villafaña para que manifieste lo que a su derecho convenga y en específico, de estimarlo conveniente, amplíe su demanda de amparo, dentro del plazo de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquel en que surta efectos el presente proveído, previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo; por cuanto a dicho acto y autoridad, en el entendido que de no hacer manifestación alguna dentro del plazo concedido, se continuará con la secuela procesal y se resolverá únicamente respecto de los actos reclamados en la demanda inicial. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis jurisprudencial número 1a./J. 136/2011 (9a.) que emitió la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra establece: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA EXISTENCIA DE UN NUEVO ACTO VINCULADO A LA OMISIÓN RECLAMADA POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICAR PERSONALMENTE AL QUEJOSO SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE SI LO ESTIMA CONVENIENTE AMPLÍE SU DEMANDA. El contenido de la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, cuyo rubro es: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA.", no obliga a notificar personalmente al quejoso el contenido del informe justificado, así como a prevenirlo para que amplíe su demanda, cuando de él se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, porque dicha jurisprudencia sólo se refiere al caso en que del informe se advierte la participación de una autoridad distinta a la señalada como responsable; sin embargo, de lo dispuesto en el artículo 149 de la Ley de Amparo, se desprende que el informe justificado debe rendirse por lo menos ocho días antes de la audiencia constitucional, con la finalidad de que el quejoso tenga pleno conocimiento de su contenido; y si bien, de los preceptos que regulan lo relativo a ese informe, no se advierte que éste deba notificarse de manera personal, lo cierto es que de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 30 de la mencionada ley, se desprende que el arbitrio que el legislador concedió al juzgador para ordenar notificaciones personales, debe ajustarse a los dictados de la razón, a efecto de que todas las resoluciones de trascendencia lleguen al conocimiento de las partes mediante notificación personal, a fin de darles oportunidad de hacer valer las defensas que procedan o actuar de conformidad con lo que ordenen las determinaciones judiciales, de modo que cuando del informe justificado se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado con el reclamado, dada la trascendencia de su contenido, éste debe notificarse personalmente al quejoso, requiriéndolo para que si lo estima conveniente, amplíe su demanda, pues de lo contrario se incurrirá en una violación a las normas del procedimiento, que deberá ser corregida por el tribunal revisor ordenando su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada."
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