Alexander Jimenez Garduza
Expediente 205/2015 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 10 de marzo de 2015.
Datos del expediente
- Expediente
- 205/2015
- Año
- 2015
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 10/03/2015
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Alexander Jimenez Garduza
Actuaciones
- Principal
MESA VII.- POR CUANTO DE LA CERTIFICACION DE CUENTA SE DESPRENDE QUE HA TRANSCURRIDO EL TERMINO DE CINCO DIAS... EN EL QUE SE DESECHO DE PLANO LA DEMANDA DE GARANTIAS... HA CAUSADO ESTADO... ARCHIVESE ESTE EXPEDIENTE COMO ASUNTO TOTAL Y LEGALMENTE CONCLUIDO. NOTIFIQUESE Y CUMPLASE.
- Principal
MESA VII.- En veintiséis de febrero de dos mil quince, el Secretario Alejandro Sánchez Sánchez, da cuenta al Juez, con el oficio 6750 signado por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, al cuan anexa el juicio de amparo 148/2015 de su índice; registrado en la Oficialía de Partes de este Juzgado con el folio 359. Conste. Villahermosa, Tabasco; veintiséis de febrero del dos mil quince. Por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, al cual acompaña el juicio de amparo indirecto 148/2015, de índice, formado con la demanda promovida por Alexander Jiménez Garduza; y en el cual, mediante auto de doce de febrero del año en curso, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda propuesta, por razón de territorio. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Radicación: Este Juzgado Federal acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del citado juicio de la demanda instada por Alexander Jiménez Garduza, contra actos del Subgerente de Administración de Personal y del Jefe del Departamento de Personal, ambos de la Zona Industrial El Castaño, de Petróleos Mexicanos; por tanto, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el número de juicio de amparo indirecto 205/2015-VII. Por otra parte, agréguese a los autos el ocurso de cuenta registrado con el folio 391, signado por el quejoso Alexander Jiménez Garduza, a través del cual, exhibe diversas documentales y reproduce el contenido de la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la demanda promovida, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la tesis anotada señala que se debe desechar una demanda de Amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, del diverso ocurso presentado en alcance a ésta, y su anexo, se obtiene que el quejoso hace consistir el acto reclamado en: La orden emitida por el Subgerente de Administración de Personal y el Jefe del Departamento de Personal, ambos de la Zona Industrial El Castaño, de Petróleos Mexicanos, en el sentido que el solicitante de amparo firme documento emitidos por el departamento de personal de dicha paraestatal, relativos a la solicitud de jubilación -no solicitada por el quejoso-, y su ejecución. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En el caso, para analizar la causa notoria y manifiesta de improcedencia del juicio de amparo planteado, es menester analizar el contenido del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De acuerdo con la disposición legal transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio constitucional, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de improcedencia de la acción constitucional, y con el fin de no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, estableció una regla que justifica la improcedencia del juicio de amparo, con base en diversas reglas establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. La disposición legal transcrita establece que para los efectos del juicio de amparo tendrá el carácter de autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, incluso, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que ofrece el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Incluso, debe destacarse que la definición realizada por el legislador en la ley de Amparo vigente, resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando realicen actos equivalentes, que afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, de la demanda de amparo, del escrito presentado en alcance a ésta, así como de los documentos anexos, se desprende: Que el quejoso labora en Petróleos Mexicanos (PEMEX), empresa pública paraestatal, en el área de perforación (área de mantenimiento), en el Equipo PM-305 POZO-PARETO-14. Que los funcionarios de dicha empresa paraestatal, han desplegado conductas de hostigamiento, al grado de "ordenar" la suscripción de un documento atinente a su solicitud de jubilación, misma que según afirma el quejoso, no ha solicitado. Las precisiones destacadas ponen de manifiesto que la conducta desplegada por los funcionarios adscritos a la empresa paraestatal de que se trata, se encuentran inmersos en una relación de naturaleza laboral, por lo que no puede considerarse que actúen con el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo. Para una mejor comprensión, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina constitucional, han establecido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Bajo tales premisas, si las relaciones de coordinación se caracterizan porque los sujetos actúan en un plano de igualdad, entonces, los actos que realice la empresa paraestatal señalada como autoridad responsable derivadas de la relación de trabajo existente respecto del quejoso, deben entenderse inmersas en la última de las hipótesis señaladas, es decir, relaciones de coordinación, ya que en tales circunstancias, la entidad paraestatal señalada como responsable no actúa con el imperio característico de los actos de autoridad, sino como si fuera la parte patronal en una relación de trabajo. Lo anterior, ya que el apartado B, del artículo 123 constitucional, establece las bases que rigen las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, incluso, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general, en las cuales se coloca al Estado -incluidas las entidades paraestatales- en una posición jurídica similar a la de un patrón, incluso, instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ante el cual los trabajadores al servicio del Estado, pueden acudir para demandar la defensa de sus derechos laborales. No se soslaya el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", en el cual se estableció que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no se pueden realizar un análisis exhaustivo de carácter de la autoridad señalada como responsable, ya que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan; sin embargo, tal criterio admite la excepción relativa a que el carácter de autoridad responsable ya se encuentre definido jurisprudencialmente. En el caso, como se precisó, la ausencia del carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo de una entidad del Estado, se encuentra definido en la jurisprudencia P./J. 10/90 transcrita en líneas precedentes, en el cual se estableció que tratándose de actos derivados de una relación de trabajo, el Estado actúa como parte patronal y no con el imperio que caracteriza a los actos de autoridad; por tanto, la naturaleza del acto que se reclama ya se encuentra definida, por lo que sí es procedente analizarlo en el presente auto que radica la demanda, aunado a que, a nada practico conduciría la tramitación del juicio de amparo, dado que tal circunstancia no podrá variar durante el curso del juicio, ni con las pruebas que en su caso se aporten. posible arribar a una convicción diversa." En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción xxiii, en relación con el diverso 5, fracción ii, ambos de la ley de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Alexander Jiménez Garduza. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Como lo señaló el quejoso en el escrito registrado con el folio 391, presentado en alcance a la demanda de amparo, practíquense las notificaciones en las listas que se publican en los estrados de este Juzgado, y como autorizado en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de amparo, al licenciado Cleper de Miguel Martínez Pérez, aun cuando el quejoso invocó el artículo 27 de la citada, miso que ya se encuentra abrogado
- Principal
MESA VII.- En veintiséis de febrero de dos mil quince, el Secretario Alejandro Sánchez Sánchez, da cuenta al Juez, con el oficio 6750 signado por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, al cuan anexa el juicio de amparo 148/2015 de su índice; registrado en la Oficialía de Partes de este Juzgado con el folio 359. Conste. Villahermosa, Tabasco; veintiséis de febrero del dos mil quince. Por recibido el oficio de cuenta suscrito por el Juez Décimo Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Coatzacoalcos, al cual acompaña el juicio de amparo indirecto 148/2015, de índice, formado con la demanda promovida por Alexander Jiménez Garduza; y en el cual, mediante auto de doce de febrero del año en curso, declaró carecer de competencia legal para conocer de la demanda propuesta, por razón de territorio. Acúsese el recibo de estilo correspondiente. Radicación: Este Juzgado Federal acepta la competencia declinada y se avoca al conocimiento del citado juicio de la demanda instada por Alexander Jiménez Garduza, contra actos del Subgerente de Administración de Personal y del Jefe del Departamento de Personal, ambos de la Zona Industrial El Castaño, de Petróleos Mexicanos; por tanto, se ordena formar el expediente respectivo, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y regístrese en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal, bajo el número de juicio de amparo indirecto 205/2015-VII. Por otra parte, agréguese a los autos el ocurso de cuenta registrado con el folio 391, signado por el quejoso Alexander Jiménez Garduza, a través del cual, exhibe diversas documentales y reproduce el contenido de la demanda de amparo. A efecto de proveer respecto de la demanda promovida, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo que estatuye: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de garantías para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". En esencia, la tesis anotada señala que se debe desechar una demanda de Amparo, cuando se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, debiendo entender por "manifiesto" lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara y, por "indudable", que se tiene la certeza y plena convicción de algún hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro y evidente que es. Ciertamente, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. La improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. Ahora bien, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es menester precisar que del estudio íntegro de la demanda de amparo, del diverso ocurso presentado en alcance a ésta, y su anexo, se obtiene que el quejoso hace consistir el acto reclamado en: La orden emitida por el Subgerente de Administración de Personal y el Jefe del Departamento de Personal, ambos de la Zona Industrial El Castaño, de Petróleos Mexicanos, en el sentido que el solicitante de amparo firme documento emitidos por el departamento de personal de dicha paraestatal, relativos a la solicitud de jubilación -no solicitada por el quejoso-, y su ejecución. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente, cuyo rubro establece: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS." En el caso, para analizar la causa notoria y manifiesta de improcedencia del juicio de amparo planteado, es menester analizar el contenido del artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De acuerdo con la disposición legal transcrita, a diferencia de las veintidós fracciones que le preceden, no prevé de manera específica algún motivo de improcedencia del juicio constitucional, lo cual se debe a que el legislador no podía prever en forma casuística todas las causas de improcedencia de la acción constitucional, y con el fin de no pasar por alto alguna disposición legal que debiera tomarse en consideración cuando se formulan los supuestos de improcedencia, estableció una regla que justifica la improcedencia del juicio de amparo, con base en diversas reglas establecidas en la Constitución Federal y en la propia Ley de Amparo, que no encuadran en ninguno de los supuestos específicos que prevé el artículo 61 de este último ordenamiento. La disposición legal transcrita establece que para los efectos del juicio de amparo tendrá el carácter de autoridad responsable la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas, incluso, que los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. Como puede advertirse, la definición de autoridad para efectos de juicio de amparo que ofrece el artículo 5, fracción II, de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, sigue esencialmente las notas distintivas que se describen en la jurisprudencia 2a./J. 164/2011 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que establece: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado." Incluso, debe destacarse que la definición realizada por el legislador en la ley de Amparo vigente, resulta ser más flexible, debido a que acepta la posibilidad de que los actos de particulares sean considerados de autoridad, cuando realicen actos equivalentes, que afecten derechos de las personas y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En el caso, de la demanda de amparo, del escrito presentado en alcance a ésta, así como de los documentos anexos, se desprende: Que el quejoso labora en Petróleos Mexicanos (PEMEX), empresa pública paraestatal, en el área de perforación (área de mantenimiento), en el Equipo PM-305 POZO-PARETO-14. Que los funcionarios de dicha empresa paraestatal, han desplegado conductas de hostigamiento, al grado de "ordenar" la suscripción de un documento atinente a su solicitud de jubilación, misma que según afirma el quejoso, no ha solicitado. Las precisiones destacadas ponen de manifiesto que la conducta desplegada por los funcionarios adscritos a la empresa paraestatal de que se trata, se encuentran inmersos en una relación de naturaleza laboral, por lo que no puede considerarse que actúen con el carácter de autoridades para efectos del juicio de amparo. Para una mejor comprensión, debe destacarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación y la doctrina constitucional, han establecido que en el Estado existen tres fundamentales tipos de relaciones, a saber: las de supra a subordinación, las de supraordinación y las de coordinación. Las relaciones de supra a subordinación son las que descansan sobre una dualidad cualitativa subjetiva, o sea, que surgen entre dos entidades colocadas en distinto plano o posición, entre el Estado como persona jurídico-política y sus órganos de autoridad, y el gobernado, por actuar los primeros en beneficio del orden público y del interés social. Este tipo de relaciones se caracterizan por la imperatividad, la coercitividad y la unilateralidad, lo cual supone la posibilidad legal de que la propia autoridad, u otras facultadas para ello, venzan cualquier tipo de resistencia que pudiera presentar el cumplimiento voluntario de los actos de autoridad correspondientes. Por cuanto hace a las relaciones de supraordinación, debe decirse que son las que se llevan a cabo entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares. Finalmente, las relaciones de coordinación son las entabladas entre sujetos que actúan en un plano de igualdad y bilateralidad, es decir, son los vínculos que se entablan con motivo de una variedad de causas entre dos o más sujetos físicos o morales dentro de su condición de gobernados, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se han instituido procedimientos jurisdiccionales a esos efectos. Bajo tales premisas, si las relaciones de coordinación se caracterizan porque los sujetos actúan en un plano de igualdad, entonces, los actos que realice la empresa paraestatal señalada como autoridad responsable derivadas de la relación de trabajo existente respecto del quejoso, deben entenderse inmersas en la última de las hipótesis señaladas, es decir, relaciones de coordinación, ya que en tales circunstancias, la entidad paraestatal señalada como responsable no actúa con el imperio característico de los actos de autoridad, sino como si fuera la parte patronal en una relación de trabajo. Lo anterior, ya que el apartado B, del artículo 123 constitucional, establece las bases que rigen las relaciones laborales entre el Estado y sus trabajadores, incluso, se consigna un régimen protector de los empleados públicos en términos semejantes a los establecidos en el apartado A para los obreros en general, en las cuales se coloca al Estado -incluidas las entidades paraestatales- en una posición jurídica similar a la de un patrón, incluso, instituye un Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, ante el cual los trabajadores al servicio del Estado, pueden acudir para demandar la defensa de sus derechos laborales. No se soslaya el criterio contenido en la jurisprudencia 2a./J. 54/2012 (10a.), de rubro: "AUTO INICIAL DE TRÁMITE DE LA DEMANDA DE AMPARO. NO ES LA ACTUACIÓN PROCESAL OPORTUNA PARA ANALIZAR SI EL ACTO RECLAMADO PROVIENE DE UNA AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO.", en el cual se estableció que en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo no se pueden realizar un análisis exhaustivo de carácter de la autoridad señalada como responsable, ya que sólo se cuenta con lo manifestado en la demanda y las pruebas que se anexan; sin embargo, tal criterio admite la excepción relativa a que el carácter de autoridad responsable ya se encuentre definido jurisprudencialmente. En el caso, como se precisó, la ausencia del carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo de una entidad del Estado, se encuentra definido en la jurisprudencia P./J. 10/90 transcrita en líneas precedentes, en el cual se estableció que tratándose de actos derivados de una relación de trabajo, el Estado actúa como parte patronal y no con el imperio que caracteriza a los actos de autoridad; por tanto, la naturaleza del acto que se reclama ya se encuentra definida, por lo que sí es procedente analizarlo en el presente auto que radica la demanda, aunado a que, a nada practico conduciría la tramitación del juicio de amparo, dado que tal circunstancia no podrá variar durante el curso del juicio, ni con las pruebas que en su caso se aporten. posible arribar a una convicción diversa." En las relatadas condiciones, es claro que se actualiza de manera notoria, manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción xxiii, en relación con el diverso 5, fracción ii, ambos de la ley de amparo, por lo que con fundamento en el artículo 113 de la ley de la materia se desecha de plano la demanda de amparo promovida por Alexander Jiménez Garduza. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Como lo señaló el quejoso en el escrito registrado con el folio 391, presentado en alcance a la demanda de amparo, practíquense las notificaciones en las listas que se publican en los estrados de este Juzgado, y como autorizado en los términos amplios que prevé el artículo 12 de la Ley de amparo, al licenciado Cleper de Miguel Martínez Pérez, aun cuando el quejoso invocó el artículo 27 de la citada, miso que ya se encuentra abrogado
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