Alexander Harafad Dorado Dzul

Expediente 514/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
514/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/09/2023

Partes del expediente

  • Alexander Harafad Dorado Dzul

Actuaciones

  1. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que las partes hubiesen interpuesto recurso de revisión contra del acuerdo de dieciséis de junio de dos mil veintitrés, mediante el cual se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio constitucional, promovido por ********************, respecto de los actos que reclamó de las autoridades responsables. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado analógica y supletoriamente por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo, se declara que dicha resolución, ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Por tanto, en cumplimiento a la fracción I, del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que el presente expediente es susceptible de destrucción después de los tres años siguientes a partir del presente acuerdo. Para así estimarlo, se precisa que el presente no es de aquellos expedientes auxiliares que encuadren en alguno de los supuestos de relevancia documental, ni tampoco constituye un expediente judicial o auxiliar que se hayan determinado como información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información; por lo anterior, se colma la exigencia para dicha clasificación, contenida en los artículos 19 y 20 del Acuerdo General que nos ocupa. De igual forma, se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades carece de valor jurídico, al no considerarse de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el artículo 15 del Capítulo Cuarto, del citado acuerdo. Por tanto, hágase lo anterior del conocimiento de las partes y realícense las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por tanto, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Ahora, de la certificación de cuenta se advierte que el presente expediente no contiene documentos originales que deban ser recogidos por las partes. En otro aspecto, vista la certificación de cuenta se advierte que se verificó la coincidencia e identidad del expediente físico con el electrónico de este asunto, en la inteligencia que las promociones recibidas físicamente y las constancias de notificación generadas de la misma manera, obran en el expediente electrónico correspondiente a este asunto, no así, las recibidas electrónicamente, pues la documentación recibida por esa vía [electrónica o generada electrónicamente] constará únicamente en el expediente electrónico. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 3 de la Ley de Amparo, 3 y 22, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo y 25 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese por lista a las partes, y por oficio a las autoridades correspondientes.

  2. Principal

    Con esta fecha se notifica por lista de estrados a la parte quejosa el acuerdo dictado el dieciséis de julio de dos mil veintitrés, el cual en lo conducente dice: Agréguese el oficio de cuenta, mediante el cual, rinde su informe justificado la autoridad responsable. Al respecto, este órgano jurisdiccional estima no ser factible proveer de conformidad a lo dispuesto por los artículos 117 y 119 de la Ley de Amparo, por las consideraciones legales que a continuación se exponen. Del informe y anexo que acompaña la responsable, se advierte que, mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictado dentro del expediente laboral DI155/2021, dictó determinación en la cual proveyó sobre las pruebas ofrecidas por las partes, en el cual se señalaron diversas horas y días, para su desahogo. Es de puntualizarse que dicha documental, cuenta con valor probatorio pleno, en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2° de la Ley de Amparo1 . Causales de improcedencia Se procede a analizar oficiosamente las causales de improcedencia del juicio, por tratarse de una cuestión de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo2 . Al respecto, este órgano jurisdiccional estima que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, del propio ordenamiento3 , que establece la improcedencia del juicio cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. De dicho precepto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente contra los actos cuyos efectos han cesado, que puede darse en dos hipótesis, a saber: por revocación y por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido. En la especie, se estima actualizada la segunda de las hipótesis. Así se concluye, porque en el escrito inicial de demanda de amparo presentada el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés, en el Buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, y turnada a este Juzgado Primero de Distrito en esa misma fecha, Alexander Harafad Dorado Dzul reclamó de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Quintana Roo, con residencia en esta ciudad. Sobre lo cual, la Junta responsable en esta fecha, con su informe de ley, comunica que mediante proveído de veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, dictó el auto de admisión de pruebas. Entonces, si la demanda de amparo se presentó el diecinueve de mayo de dos mil veintitrés [en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad] y turnada a este órgano jurisdiccional el veintidós de ese mes y año, en la cual, se señaló como acto reclamado, la dilación procesal en el expediente laboral DI-155/2021 [particularmente el auto de admisión y/o desechamiento de pruebas]; y, la autoridad mediante proveído de veinticinco de mayo último, proveyó lo relativo a ese tema; entonces, como se adelantó, es evidente que los efectos de esa reclamación desaparecieron de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional. Lo cual, se constata con las constancias idóneas y fehacientes remitidas por la autoridad responsable; por tanto, se actualiza la causa de improcedencia contenida en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, relativa a la cesación de los efectos del acto reclamado. En consecuencia, indudablemente cesaron los efectos del acto reclamado, por lo cual se actualiza la causal de improcedencia señalada, al destruirse de forma total e incondicional el acto combatido por la parte solicitante del amparo a la autoridad responsable, pues éste se hizo consistir, precisamente, en que la autoridad del conocimiento había sido omisa en dictar el auto de admisión de pruebas que constituyó el acto reclamado; el cual se insiste, ya lo dictó la Junta responsable. Todo lo cual permite concluir que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la existencia de tal reclamación. Así, del último de los criterios mencionados se advierte que los alcances que pudiera tener una concesión de amparo en asuntos donde se reclamen omisiones en materia laboral deben delimitarse en función del acto reclamado y en consideración a la etapa procedimental en la que se sitúa dicho acto dentro del procedimiento laboral, en respeto a los principios de congruencia y exhaustividad de las sentencias previstos en los artículos 74, 75 y 77 de la Ley de Amparo. Entonces, si en este caso se reclamó la omisión de emitir pronunciamiento de las probanzas ofrecidas por las partes y este ya se dictó, lo procedente es sobreseer en el presente juicio fuera de audiencia, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, al actualizarse de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia de análisis. Lo anterior, porque el juicio de amparo es improcedente cuando el acto reclamado queda insubsistente y las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que ya no agravia a la parte quejosa. Como consecuencia del presente sobreseimiento fuera de audiencia, se deja sin efectos la audiencia constitucional señalada para las once horas con cinco minutos del veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Sin que obste, el no proceder en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo, relativo a la vista con el informe justificado de la autoridad responsable, porque como quedó justificado, en el presente se actualiza una causa de improcedencia, cuyo análisis es de orden público y su estudio es previo y preferente, lo aleguen o no las partes acorde a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo.

  3. Principal

    I-Notifíquese personalmente al quejoso, vía electrónica al agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; y, por oficio a la autoridad señalada como responsable.

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