Alexander Collie Mackena

Expediente 321/2020 tramitado ante el Juzgado Decimosexto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 12 actuaciones registradas, la última del 26 de agosto de 2021.

Datos del expediente

Expediente
321/2020
Año
2020
Actuaciones
12
Última actuación
26/08/2021

Partes del expediente

  • Alexander Collie Mackena
  • Alexander Collie Mckenna
  • ALEXANDER COLLIE MCKENNA y Otros.
  • Alexander Collie Mackena y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 12.

  1. Principal

    1. Causa estado. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que a la fecha transcurrió el término para que el quejoso hiciera valer el recurso de queja en contra del auto de tres de agosto de dos mil veintiuno, en que se tuvo por no presentada la demanda de amparo; en consecuencia, con fundamento en el artículo 97, fracción I, inciso a), 98 y 99 de la Ley de Amparo, se declara que dicho acuerdo ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. 2. Archivo. Al no existir diligencias pendientes por desahogar, ni acuses pendientes de glosar, con fundamento en el numeral 214, de la Ley de Amparo, aplicado a contrario sensu, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido; por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, así como la captura de datos en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). 3. Relevancia documental. Atendiendo al artículo 15, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, a criterio de este juzgado se considera que el presente expediente carece de relevancia documental. 4. Valoración. De igual forma, de conformidad con el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, se establece que el expediente relativo a este juicio de amparo es susceptible de destrucción; por lo que una vez transcurrido el término que alude el referido acuerdo, procédase a su destrucción, previa acta que se elabore para constancia. Hecho lo anterior, realícese la anotación en el libro de gobierno, debiendo remitir a la Dirección General de Archivo y Documentación, original de la aludida acta a fin de dar cumplimiento al artículo 23, del mencionado Acuerdo General.

  2. Principal

    Vista la certificación de cuenta y el estado que guardan los autos, se advierte que el directamente agraviado *****, no ratificó la demanda de amparo promovida en su favor por Vicente Omar González Hernández; toda vez que transcurrió el plazo de tres días otorgado al agraviado para que diera cumplimiento al requerimiento ordenado en auto de dieciséis de junio de dos mil veinte, sin que lo hubiera hecho. Consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el proveído en cita, y con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, se tiene por no presentada la demanda que dio origen al presente expediente; háganse las anotaciones de rigor en el libro de gobierno correspondiente y una vez que cause estado la presente determinación, archívese el presente asunto como totalmente concluido. Lo anterior se notifica a la parte agraviada en términos del artículo 26, fracción III, y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo".

  3. Principal

    Tijuana, Baja California, quince de julio de dos mil veintiuno. I. Fenece término a la promovente. Vista la certificación secretarial de cuenta, se advierte que en veintinueve de abril del presente año, se tuvo al promovente Vicente Omar González Hernández, por notificado el proveído de veintitrés de abril de dos mil veintiuno; asimismo, se evidencia que a la fecha, ha fenecido el término de tres días que se le concedió, en dicho acuerdo, para que manifestara si era factible que por su conducto fuera citado el directamente agraviado Alexander Collie Mackena, o bien, proporcionara domicilio en el cual pudiera ser localizado, a fin de que compareciera ante este órgano jurisdiccional a propósito de la ratificación de la demanda; ello, considerándose que conoció los antecedentes de lo reclamado. Ahora bien, visto el estado procesal de los autos se advierte que mediante proveído de cuatro de enero de la presente anualidad, se tuvo al Agente del Ministerio Público de la Fiscal Especializado en Narcomenudeo, con sede en esta ciudad, informando entre otras cosas, que el agraviado Alexander Collie Mackena, fue puesto en libertad a las once horas con cuarenta y tres minutos del diecisiete de junio de dos mil veinte. Aunado a lo anterior, a la actuaria de la adscripción le fue imposible notificar al referido quejoso el auto de dieciséis de junio de dos mil veinte, toda vez que al constituirse en las instalaciones que ocupa la aludida agencia del Ministerio Público, fue informada por personal de dicha institución que el citado agraviado efectivamente estuvo detenido pero fue puesto en libertad en esa misma fecha. Bajo ese contexto, se ordena que la determinación de dieciséis de junio de dos mil veinte, así como las subsecuentes notificaciones que le resulten se le practiquen a Alexander Collie Mackena, mediante lista que se fije en los estrados de este Juzgado, de conformidad con los artículos 26, fracción III, y 27, fracción II, ambos de la Ley de Amparo. Finalmente, fenecido el plazo que señala el auto mencionado en el párrafo anterior, dese nueva cuenta para proveer lo que en derecho corresponda. Notifíquese y cúmplase.

  4. Principal

    Tijuana, Baja California, dieciséis de junio de dos mil veinte. 1. Registro, captura en SISE, formación de expediente físico y electrónico. Vista la demanda de amparo que promueve Vicente Omar González Hernández, en favor de Alexander Collie Mackena, en contra de actos reclamados al Juez de Control Penal del Partido Judicial de la ciudad de Tijuana, por conducto del Juez de Control Administrador, con sede en esta ciudad, y de otras autoridades, que hace consistir en ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o desaparición forzada de personas, y todos aquellos prohibidos por el artículo 22 constitucional, por lo que considera que se vulnera en su perjuicio el derecho fundamental contenido en el artículo 1°, 14, 16, 19 y 20 constitucionales; por lo que se le tiene por presentada y se ordena anotar en el libro de registro de juicios de amparo con el número 321/2020-II, registrar en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de este órgano jurisdiccional y formar expediente, tanto físico como electrónico. En ese sentido, a efecto de dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 3° de la Ley de Amparo, en términos de lo dispuesto por los artículos 21 y 24, del Acuerdo General 12/2020, que regula, entre otras cosas, la integración del expediente electrónico, se ordena al oficial administrativo la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como de los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboran, y toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo y en cuanto a las actuarias, deberán digitalizar todas las actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; debiendo el secretario cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad. Además, se hace del conocimiento de las partes que no formarán parte de este juicio las constancias siguientes: copias de traslado, hojas en blanco, folders, micas o cualquier material sin leyenda relevante alguna y de los que se aprecie que únicamente fueron presentados con la finalidad de proteger los documentos, así como las copias que corresponden a actuaciones del propio juzgado que evidentemente ya forman parte de los autos y los documentos anexos a los informes justificados que no resulten necesarios para sustentar una determinación judicial; por lo tanto no serán digitalizadas a efecto de agregarse al expediente electrónico de conformidad con el artículo 22 del referido Acuerdo General 12/2020. Asimismo, no formarán parte las promociones o constancias respecto de las cuales, a juicio de este órgano, debe guardarse sigilo en relación a una diversa o varias partes o resulten confidenciales o reservadas en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública las cuales se conservarán en este juzgado sin digitalizarse, o bien, si se procede a su digitalización, no serán visibles para la parte respectiva; tampoco formarán parte las constancias que por imposibilidad material no se puedan digitalizar. 2. Suspensión de Plano. En atención a que los actos reclamados se hacen consistir en: ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición o desaparición forzada de personas, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, se decreta de oficio y de plano la suspensión para el efecto que de inmediato cesen tales actos que aduce el promovente sufre el directo agraviado Alexander Collie Mckenna, o cualquier otro de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que se describen en el artículo 15 de la Ley de Amparo, que traigan como consecuencia la afectación a su integridad personal, y las consecuencias derivadas de ellos que resulten en su perjuicio, por encontrarse prohibidos en términos de los preceptos legales que al efecto han quedado invocados. 3. Informe de suspensión de plano. Con fundamento en el artículo 15 de la Ley de Amparo, requiérase a las autoridades señaladas como responsables, para que en el improrrogable término de veinticuatro horas, rinda su informen en acato a la suspensión de plano; hágase de su conocimiento, que la violación a este mandato equivale a la comisión de un delito en materia de amparo, tal como lo dispone el artículo 262, fracción III, del ordenamiento legal antes invocado, que de llegar a consumarse daría lugar al ejercicio de la acción penal en su contra. En el entendido de que en relación a la desaparición forzada, las autoridades responsables deberán informar dentro del término de veinticuatro horas, las medidas tomadas para localización y liberación de la probable víctima de quien se aduce se encuentra desaparecido, bajo el apercibimiento decretado en líneas supra. Se cita como apoyo a lo anterior, la jurisprudencia P./J. 48/20041 , del título: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ESE DELITO ES DE NATURALEZA PERMANENTE O CONTINUA. El referido delito que contempla el artículo II de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, adoptada en la ciudad de Belém, Brasil, el día nueve de junio de mil novecientos noventa y cuatro (coincidente con lo previsto en los artículos 215-A del Código Penal Federal y 168 del Código Penal del Distrito Federal), de acuerdo con el derecho positivo mexicano, es de naturaleza 1 Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 968, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XX, julio de 2004, Novena Época. permanente o continua, ya que si bien el ilícito se consuma cuando el sujeto activo priva de la libertad a una o más personas, con la autorización, apoyo o aquiescencia del Estado, seguida de la falta de información sobre su paradero, dicha consumación sigue dándose y actualizándose hasta que aparecen los sujetos pasivos o se establece cuál fue su destino." Es aplicable a lo anterior, por las razones que la informan, el criterio I.9º.P. 60 P(10ª.) 2 , del título: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS. ACORDE CON LA LEY DE AMPARO, EL JUEZ DE DISTRITO PUEDE TRAMITAR Y DICTAR LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA LA LOCALIZACIÓN DE LOS DESAPARECIDOS, AUN SIN HABER ADMITIDO LA DEMANDA. El delito de desaparición forzada de personas, acorde con la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, constituye una violación múltiple de varios derechos protegidos por la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que coloca a la víctima en un estado de completa indefensión, al implicar al mismo tiempo, vulneraciones conexas de sus derechos a la vida, integridad personal, libertad y el reconocimiento a la personalidad jurídica. Por ello, el legislador estableció que el juzgador de amparo proveyera de inmediato acerca de la suspensión de oficio y de plano, aun sin haber admitido la demanda, pues la falta de esa formalidad no lo imposibilita a requerir a las autoridades sus informes con justificación y obtener datos de la localización o paradero de los desaparecidos, ya que la teleología de un delito de lesa humanidad -como lo es la desaparición forzada de personas-, catalogado como pluriofensivo violenta, entre otros derechos, el reconocimiento a la personalidad jurídica de la víctima, al sustraerla de la protección que le es debida, con la intención clara y deliberada de eliminar la posibilidad de que interponga las acciones legales, excluyéndola del orden jurídico e institucional; tan es así que el artículo 15 de la Ley de Amparo señala que el Juez de Distrito no puede imponer una temporalidad para que comparezcan los desaparecidos, pues su objetivo a través del habeas corpus está dirigido a obtener su localización, para lo cual, su párrafo sexto dispone que cuando advierta de la demanda de amparo la posible comisión de dicho delito, tendrá un término no mayor de veinticuatro horas para darle trámite, lo que evidencia que el legislador destacó que las formalidades regulares de que está previsto el juicio de amparo, en estos supuestos, adquieren un tratamiento diverso ante la violación grave y simultánea de derechos humanos, pues la persona desaparecida está imposibilitada para gozar y ejercer otros y, eventualmente todos los derechos de los cuales es titular, al sustraerla de todo ámbito del ordenamiento jurídico, dejándola en una suerte de limbo o indeterminación jurídica ante la sociedad y el Estado; situación que el sistema jurídico mexicano debe tutelar a través del juicio de amparo; sin que ello implique inobservar las formalidades del recurso judicial efectivo que constituye, pues sus reglas de admisibilidad y trámite, en supuestos de desaparición forzada de personas, le vienen impuestas al órgano de control constitucional por la propia ley; de ahí que el Juez de Distrito puede tramitar y dictar las medidas necesarias para la localización de los desaparecidos, aun sin haber admitido la demanda." 2 Noveno Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, página 2392, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 10, septiembre de 2014, tomo III, Décima Época. Y el criterio I.7º.P.88 P (10ª.)3 , cuyo rubro expresa: "DESAPARICIÓN FORZADA DE PERSONAS PREVISTA EN EL ARTÍCULO 215-A DEL CÓDIGO PENAL FEDERAL. SU DIFERENCIA CON EL DELITO DE ABUSO DE AUTORIDAD, EN SU MODALIDAD DE DILATAR INJUSTIFICADAMENTE PONER AL DETENIDO A DISPOSICIÓN DE LA AUTORIDAD CORRESPONDIENTE, ESTABLECIDO EN EL DIVERSO 215, FRACCIÓN XV, DEL PROPIO CÓDIGO." O bien, en caso de ser detenido por la comisión de un delito, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15, en relación con el 165, ambos de la Ley de Amparo, en caso de que el directamente agraviado se encuentre privado de su libertad a disposición de algún Agente Ministerio Público por cumplimiento de orden de detención del mismo, salvo que dicha detención sea por caso urgente, el directamente agraviado deberá ser puesto en libertad o a disposición del órgano jurisdiccional competente, según corresponda, dentro del término de cuarenta y ocho horas o en un plazo de noventa y seis, tratándose de delincuencia organizada, contadas a partir del momento de la detención. Y si la detención del quejoso fue efectuada por autoridades administrativas distintas del Agente Ministerio Público en relación con la comisión de un delito, de acuerdo con el artículo 164 de la Ley de Amparo, la suspensión se concede a efecto de que sin demora cese la detención poniéndolo en libertad o a disposición el ministerio público, según corresponda. Debiendo informar las autoridades responsables o correspondientes, dentro del término de veinticuatro horas contado a partir de la notificación de este auto sobre el cumplimiento de esta resolución. Apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, serán sancionadas en términos del artículo 266 fracción I de la Ley reglamentaria, en relación con el diverso 158 de la invocada ley. Suspensión que surtirá efectos hasta en tanto se comunique a las autoridades responsables, la sentencia que se dicte en los autos del juicio constitucional en que se actúa. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 74 , que establece en su rubro: "SUSPENSIÓN DE OFICIO, CORRESPONDE AL JUZGADOR FEDERAL DETERMINAR LA PROCEDENCIA DE LA." Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que si cesan los efectos del acto reclamado u ocurren causas notorias de sobreseimiento, están obligadas a informarlo de inmediato y de no hacerlo, se les impondrá una multa de treinta veces el valor diario 3 Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, página 2832, Décima Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 45, agosto de 2017, Tomo IV. 4 Sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 951, del tomo III, Segunda Parte-2, Enero a Junio de 1989, Octava Época, Semanario Judicial de la Federación. de la unidad de medida y actualización, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 251 de la Ley de Amparo. 4. Se comisiona a la actuaria de la adscripción. Toda vez que el promovente refiere que el agraviado Alexander Collie Mckenna, fue aparentemente detenido por autoridades de la Guardia Estatal de Seguridad e Investigación, sin haber obtenido información acerca de su paradero y sin tener conocimiento aparente sobre el lugar donde se encuentra. Se comisiona a la fedataria judicial para que con las formalidades de ley, se constituya de inmediato en las instalaciones policiales y de detención de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Baja California, Delegación Estatal de la Fiscalía General de la República, zonas militares de esta municipalidad, hospitales, centros de atención médica así como psiquiátricos, a fin de que realice la búsqueda del directamente agraviado, de lo que deberá levantar constancia. Asimismo, en virtud de la naturaleza de la medida cautelar decretada en líneas precedentes, se comisiona a la actuaria de este órgano jurisdiccional para que de inmediato se traslade a las instalaciones que ocupan las autoridades responsables y haga entrega de los oficios respectivos; por tanto, se hace saber a las autoridades que tienen la obligación de recibir los oficios que se giren en el presente sumario, aun cuando su denominación no sea la actual pero lleven a cabo la función de las autoridades que señala la parte quejosa, en el entendido de que de negarse a recibir el mismo, se hará acreedor a una multa equivalente a cien días de valor diario de la Unidad de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. De igual manera, se comisiona a la actuaria de este órgano jurisdiccional, a fin de que en su oportunidad se traslade a las instalaciones en que se ubican las autoridades responsables, incluyendo las celdas de la policía ministerial, en esta ciudad, con el objeto de notificar a Alexander Collie Mckenna, el contenido íntegro del presente proveído y le requiera para que en el acto de la notificación o bien dentro del término de tres días manifieste si ratifica o no la demanda de amparo promovida en su favor y dé fe de la integridad física del directamente agraviado y de las condiciones en que se encuentra. En la inteligencia, que con fundamento en el artículo 15, 125 y 126 de la Ley de Amparo, se reserva la admisión de la demanda, hasta en tanto sea ratificada por parte del directamente agraviado. Sin perjuicio de lo anterior, ya que de la demanda en estudio se advierte que la parte promovente manifiesta que el quejoso Alexander Collie Mckenna es originario de Canadá y no habla español; por tanto, gírense oficios a los Departamentos de Servicios Periciales de la Fiscalía General de la República y Fiscalía Regional Zona Tijuana, ambos con sede en esta ciudad, así como al Consulado de Canadá, con sede en esta ciudad, a fin de que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, contadas a partir de la recepción del oficio respectivo, informen a este órgano de control constitucional si en su base de datos existe perito traductor experto en el idioma de inglés, a fin de que en auxilio del Poder Judicial de la Federación acompañe al actuario de este juzgado y se traslade a las instalaciones de la autoridad señalada como responsable con el objeto de notificar al quejoso Alexander Collie Mckenna el contenido íntegro del presente proveído. Apercibidas las autoridades requeridas que de no contestar lo anterior, los titulares de las referidas dependencias se harán acreedores a una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización, vigente a la fecha que en su caso se haga efectivo dicho medio de apremio; lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, y de conformidad con los artículos primero, segundo y quinto transitorios del Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo. Por ello, se reserva la notificación personal al directo agraviado, hasta en tanto este órgano jurisdiccional cuente con perito traductor en el idioma inglés que auxilie a la fedataria de este juzgado en la diligencia respectiva. 5. Autorización de medios electrónicos. Como de la demanda de amparo se desprende que se señaló como domicilio para recibir notificaciones personales la vía electrónica, autorizándose a los usuarios "licgonzalezyvega" y "alexisadrianavegagarcia", los cuales se encuentran registrados en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación; por tanto, se ordena notificar personalmente el presente proveído en esos términos. 6. Expediente electrónico. Finalmente, en atención a los Acuerdos Generales 21/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y 1/2009 de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio consejo, así como al artículo 3° de la Ley de Amparo, se ordena se digitalice en su totalidad el presente asunto. 7. Intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación. Dese la intervención que legalmente le corresponde a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, en términos de los artículos 107, fracción XV, constitucional, y 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. En diverso contexto, al tomar en consideración que el promovente del amparo narra en la demanda que el quejoso es objeto de malos tratos; en consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 33, último párrafo, de la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, y 222 del Código Nacional de Procedimientos Penales, una vez que sea ratificada la demanda, dése vista a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado, corriéndosele traslado con copia simple del escrito de demanda, para los efectos de que realice la investigación correspondiente5 . 8. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 118, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, dada a conocer en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, en vigor a partir del diez siguiente, que abroga la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, publicada en el citado medio oficial de difusión el dos de abril de dos mil cuatro, dígase a las partes, que esta determinación estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, en términos de los numerales 9, fracción XIV y 118 de la citada ley federal, conforme al procedimiento de acceso a la información pública con supresión de la información confidencial; en el entendido que para dar acceso a la información confidencial, no se requerirá consentimiento del particular titular de la información considerada confidencial, cuando se actualicen los casos de excepción a que alude el artículo 117 de referida norma.

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