Alexa Itzel Gutierrez Topete

Expediente 412/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
412/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
28/03/2023

Partes del expediente

  • Alexa Itzel Gutierrez Topete

Actuaciones

  1. Principal

    Zapopan, Jalisco, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Tribunal Colegiado admite recurso. Visto el oficio signado por el Actuario Judicial adscrito al Sexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, se le tiene informando que dicho órgano jurisdiccional admitió el recurso de revisión interpuesto en autos por ***, autorizado en amplios términos de la parte quejosa. Nota de registro del recurso. Se toma nota que se registró como revisión principal ********************; lo anterior hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales procedentes. Se remiten autos originales. En vista de lo anterior, para la sustanciación del recurso en comento, se ordena remitir al tribunal revisor los autos originales del presente juicio de amparo. Formación del cuaderno de antecedentes. Por lo anterior, fórmese cuaderno de antecedentes con las actuaciones que se generen a partir del presente auto. Sin que sea necesario fotocopiar la totalidad de las constancias que obran en el expediente físico, pues se encuentran integradas electrónicamente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Lo anterior, conforme a las políticas de utilización y racionalización de los recursos materiales para la formación de diversos expedientes, así como al dictamen aprobado por la Comisión de Disciplina del Consejo de la Judicatura Federal, con motivo del oficio CJF/VJ/6052/2011, de veinte de septiembre de dos mil once, signado por el entonces Visitador General, en el que se determinó que el cuaderno de antecedentes se integra con las constancias que el titular del órgano jurisdiccional considere necesarias. Finalmente, en caso de ser necesario, atendiendo a cada supuesto en particular, se analizará si procede integrar constancias en soporte material, lo que en su caso se obtendrá del expediente electrónico. Notifíquese por lista física y electrónica.

  2. Principal

    Visto el oficio de cuenta proveniente de la Décima Segunda Junta Especial de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado de Jalisco, mediante el cual, informa las acciones que se encuentra realizando a fin de dar cumplimiento al fallo protector; al respecto con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, se ordena dar vista a la parte quejosa, para que dentro del plazo de tres días contados a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su derecho convenga. Transcurrido dicho plazo, con desahogo de la vista o sin ella, este juzgado dictará resolución en la que se decidirá, si la ejecutoria de amparo está o no cumplida, si se incurrió en exceso o defecto, o si existe imposibilidad para cumplirla. Notifíquese por lista física y electrónica.

  3. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, mediante el cual remite el testimonio dictado el dos de febrero de dos mil veintitrés, en relación al recurso de revisión incidental 625/2022 de su índice, el cual resolvió: "PRIMERO. Se confirma la interlocutoria recurrida. SEGUNDO. Se concede la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa, en los términos precisados en el último considerando del fallo recurrido." Acúsese de recibo. Apertura incidente de suspensión en relación con el recurso de queja 475/2022, respecto de los actos reclamados que no fueron materia de suspensión en auto de veinticuatro de octubre e interlocutoria de tres de noviembre de dos mil veintidós. Como está ordenado en el juicio de amparo, con fundamento en los artículos 125 y 128, fracción I, y última parte de dicho numeral, ambos Ley de Amparo, fórmese por cuerda separada el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 2159/2022, promovido por Martha Magaly Zaragoza Bué y José Luis Sánchez Vargas, en representación del menor L.D.S.Z., carácter que se le reconoce en términos de los articulo 6 y 10 de la Ley de Amparo, por así acreditarlo con las actas de nacimiento que exhibe, contra los actos que reclama de las autoridades que denomina: Secretario de la Secretaría de Educación Pública (SEP); Secretario Titular de la Secretaría de Educación Jalisco; Gobernador del Estado de Jalisco; Presidente Municipal de Zapopan, Jalisco; Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco; Comisión Nacional de Derechos Humanos; Congreso del Estado de Jalisco; Cámara de Senadores del Congreso de la Unión; Cámara de Diputados del Congreso de la Unión; Instituto Superior Autónomo de Occidente Asociación Civil, conocido como UNIVA, la universidad Católica, Campus Guadalajara. Rector del Sistema UNIVA, del Instituto Superior Autónomo de Occidente Asociación Civil, conocido como UNIVA, la universidad Católica. Director General Académico del Instituto Superior Autónomo de Occidente Asociación Civil, conocido como UNIVA, la universidad Católica. Directora del Plantel Guadalajara del Instituto Superior Autónomo de Occidente Asociación Civil, conocido como UNIVA, la universidad Católica. Coordinador Académico del Instituto Superior Autónomo de Occidente Asociación Civil, conocido como UNIVA, la universidad Católica, Campus Guadalajara. Coordinadora de Tutorías del Instituto Superior Autónomo de Occidente Asociación Civil, conocido como UNIVA, la universidad Católica, Campus Guadalajara. La psicóloga del plantel del Instituto Superior Autónomo de Occidente Asociación Civil, conocido como UNIVA, la universidad Católica, Campus Guadalajara. Señalamiento de fecha y hora para celebrar la audiencia incidental. En términos de lo dispuesto por la fracción II del artículo 138 de la Ley de Amparo, se señalan las once horas con treinta y dos minutos del veintisiete de febrero de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental. Intervención a las partes en el juicio 1. Quejosa. a) Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tienen por presentadas las pruebas documentales que anexa a su escrito de demanda; con lo anterior, dese vista a las partes para el uso de su derecho. 2. Autoridades responsables. a) informe previo. Con fundamento en la fracción III, del artículo 138 y 140 de la Ley de Amparo, pídase a las autoridades señaladas como responsables su informe previo, el cual deberá rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, remitiéndole al efecto copia de la demanda de derechos fundamentales, bajo apercibimiento que de no cumplir lo anterior, se procederá conforme a los artículos 142 y 260, fracción I, de la Ley de Amparo. c) Consideraciones respecto de las notificaciones a la autoridad responsable. De conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 29 y 31 del mismo ordenamiento legal, las notificaciones a las autoridades que tengan el carácter de responsables o terceras interesadas en el presente juicio de amparo indirecto, o recursos que llegaren a interponerse, el auto que tenga por recibido el informe justificado, un acuerdo de vista a las partes o los diferimientos de las audiencias que llegaren a ocurrir les serán notificados por lista, salvo aquellas que, se estime, deban efectuarse en forma personal, las cuales se notificarán por medio de oficio. Apoya lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 176/2012 (10a.) de la Segunda Sala del Máximo Tribunal del País, consultable en la página mil doscientos cincuenta y tres, del Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, Décima Época, que por rubro señala: "NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. FORMA DE REALIZARLAS." En otro sentido, se hace saber a la autoridad señalada como responsable que de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, está obligada a recibir los oficios que en relación con este juicio se le dirijan, ya sea en forma física o de manera electrónica, en el entendido que de negarse a recibirlos, bajo la excusa de alguna imprecisión en su denominación, que no sea substancial, si no existe duda y resulta evidente la existencia de la autoridad, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación y si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha; y, en su caso, será responsable de la falta de cumplimiento de la resolución que los propios oficios contengan; y se le impondrá una multa de cien unidades de medida y actualización, esto es, $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), en términos de lo establecido en el artículo 245 de la Ley de Amparo". En el entendido de que una Unidad de Medida y Actualización, equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional). 3. Tercero interesado. Por el momento no se advierte que le revista el carácter de tercera interesada a persona alguna, de conformidad con el artículo 5, fracción III, de la ley de la materia. Fijación del acto reclamado. Previamente a estudiar si en el caso procede el otorgamiento de la medida cautelar solicitada por la parte quejosa, es menester determinar cuáles son los actos reclamados cuya suspensión solicita; por numeral 5, fracción III, inciso b), 115 de la Ley de Amparo lo que del análisis acucioso de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa señala como tal, esencialmente: La orden de baja del menor de iniciales (L.D.S.Z.), de la institución educativa denominada Instituto Superior Autónomo de Occidente AC conocido como la UNIVA la Universidad Católica, en la cual se encontraba cursando el tercer semestre de bachillerato. La falta de revisión de que las escuelas cuenten con programas que incluyan a personas con alguna discapacidad o padecimiento que les impida desarrollarse como cualquier persona y de evaluación de conocer cuántos alumnos existen en cada centro educativo en tales condiciones. La falta de realización de programas de inclusión que apoyen a las personas con alguna discapacidad o padecimiento que les impida desarrollarse dentro de instituciones académicas a fin de poder terminar sus estudios, en específico a las personas con el síndrome de trastorno del déficit de atención con hiperacitividad (TDAH). La vigilancia de derechos humanos en la falta de realización de los citados programas. La falta de legislación en favor de personas con el síndrome del trastorno del déficit de atención con hiperactividad. La falta de capacitación en el personal docente que integra el equipo de trabajo de la autoridad responsable, en el tratamiento de personas que puedan tener una discapacidad, padecimiento, condición o limitante que impida desarrollarse como cualquier persona. Asimismo, se aprecia que la parte quejosa solicita la suspensión de los actos reclamados con efectos restitutorios. En consecuencia, toda vez que la parte quejosa es expresa al referir los efectos para los que se solicita la suspensión la materia de la presente incidencia se estudiará a la luz de dicho planteamiento. Determinación sobre la suspensión. En primer término, debe decirse que, para proveer acerca de la suspensión provisional solicitada, se tomará en cuenta el contenido la fracción X, del artículo 107 constitucional, así como, el artículos 138 de la Ley de Amparo, para lo cual se deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y la no afectación del interés social, para que sea dable pronunciarse sobre la concesión o negativa de la suspensión del acto reclamado, para establecer los requisitos y efectos de la medida cautelar, o bien, la ejecución del acto por parte de la autoridad responsable. Luego, el artículo 128 de la Ley de Amparo, dispone que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: Que exista la solicitud del quejoso (interés suspensional y afectación); Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. El primer requisito se encuentra acreditado con la manifestación de la parte quejosa en el sentido de que solicita la suspensión del acto reclamado, en tanto que, el otro requisito se cumple, en conjunto con la exigencia de la ponderación de la apariencia del buen derecho, en razón de lo siguiente: De conformidad con el artículo 77 de la Ley de Amparo, la sentencia que lo concede tiene por objeto restituir al quejoso el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, o bien, obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Así, el juicio de amparo es el medio de control constitucional por excelencia con el que cuentan los ciudadanos para hacer posible la restitución de un derecho que hubiera sido desconocido o afectado. Sin embargo, muchas veces esta restitución puede no ser oportuna, por haberse consumado determinados actos de las autoridades responsables antes de que la autoridad de amparo se pronuncie con respecto a si realmente tuvo lugar o no la violación del derecho fundamental y sus garantías de protección. Precisamente para evitar lo anterior, es que el juicio de amparo contempla una figura jurídica como la suspensión del acto reclamado, cuya racionalidad es la conservación de la materia del juicio, atendiendo a las finalidades restitutorias del mismo, bajo los parámetros antes mencionados, establecidos en el artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y en el numeral 138 de la Ley de Amparo. De este modo, tomando en cuenta el contenido de esas disposiciones, que contemplan la obligación de los Jueces de ponderar en cada caso concreto entre la apariencia del buen derecho y el interés social, es claro que la suspensión debe entenderse como aquel medio eficaz que está al alcance de los juzgadores para evitar que se pierda la materia litigiosa. Al hilo de lo anterior, se enfatiza en que la apariencia del buen derecho apunta a una credibilidad objetiva y seria que descarte una pretensión manifiestamente infundada, temeraria o cuestionable, lo que se logra a través de un conocimiento superficial, dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad acerca de la existencia del derecho discutido en el proceso; mientras que el peligro en la demora consiste en la posible frustración de los derechos del pretendiente de la medida que puede darse como consecuencia de la tardanza en el dictado de la resolución de fondo. Bajo esas condiciones, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional solicitada, en atención a las siguientes consideraciones: El Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, al resolver el recurso de revisión incidental 625/2022, consideró que la medida cautelar no podría concederse para el efecto de que el instituto proporcione una solución con el fin de que el menor pueda concluir el semestre y pague los daños causados, pues, equivaldría a analizar cuestiones que, en su caso, se refieren al fondo del asunto y lo dejaría sin materia. Sostuvo, que si bien el artículo 147 de la Ley de Amparo dota a la suspensión de un genuino carácter de medida cautelar, cuya finalidad consiste en conservar la materia de la controversia y evitar de las personas sufran una afectación a su esfera jurídica mientras se resuelve el fondo del asunto, ya sea con medidas conservatorias o de tutela anticipada, así como la posibilidad jurídica y material de otorgar la medida y que la naturaleza de los actos ya sea positiva, declarativa o negativa no representa un factor que determine en automático la concesión o negativa de la medida cautelar, lo cierto es, que la posibilidad de restituir provisionalmente a la parte quejosa en el goce del derecho violado no es irrestricta, sino que está expresamente materialmente posible, lo que se traduce en que los efectos suspensorios no alcancen el tema de fondo de la Litis constitucional, agoten o dejen sin materia el amparo. De ahí que de otorgarse la medida cautelar para los efectos pretendidos por el quejoso, esto es, para que el instituto proporcione una solución con el fin de que el menor pueda concluir el semestre y pague los daños causados, ello conllevaría irreversiblemente a que con los efectos suspensorios se agote o se deje sin materia el tema del fondo de la Litis, en virtud de que a través de la medida cautelar invariablemente se estarían dejando insubsistentes las omisiones en cita, de tal manera que se privaría a este juzgado la posibilidad de resolver si éstas verazmente existían y si eran o no constitucionales, y se estaría reparando el derecho que se dice transgredido, lo que en el caso concreto es materia de fondo del juicio de amparo. En ese sentido, cabe puntualizar que de conformidad con el artículo 107, fracción X, primer párrafo, de la Constitución y los numerales 125 a 158 de la Ley de Amparo, la suspensión constituye una medida cautelar que tiene la finalidad de preservar la materia de la controversia y evitar que su solicitante sufra una afectación a su esfera mientras se resuelve el fondo del asunto, mediante la aplicación de medidas conservativas, es decir, paralizantes de la ejecución del acto reclamado, o bien, de tutela anticipada, esto es, con efectos restitutorios de las condiciones necesarias para garantizar el goce del derecho fundamental que se estima violado. Para su otorgamiento, es necesario que se acrediten en su conjunto, las siguientes condiciones normativas: Que los actos reclamados sean ciertos. Para que una medida cautelar pueda proyectar sus efectos sobre una determinada realidad jurídica, es necesario constatar la existencia del acto reclamado que se pretende suspender. En su fase provisional, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sentado que las manifestaciones vertidas en la demanda de amparo sobre la existencia de los actos generan una presunción sobre su certeza, al ser los únicos elementos con que se cuenta para resolver. Que el solicitante de la medida acredite su interés suspensional. Dependiendo de la naturaleza del acto reclamado y el derecho fundamental sobre el que éste se proyecta, la parte quejosa debe probar que es titular de un derecho subjetivo (interés jurídico), o bien, el daño inminente e irreparable a su pretensión en caso de que se niegue, derivado de su especial situación frente al orden jurídico (interés legítimo). Para el otorgamiento de la suspensión provisional, el máximo tribunal del país ha establecido que basta que el interés suspensional se pruebe de forma indiciaria. Que los efectos del acto reclamado sean susceptibles de paralizarse. En términos de los artículos 131 y 147 de la Ley de Amparo, no es factible otorgar la suspensión, cuando su concesión implique: La modificación o restricción de derechos. La constitución de derechos que no se tenían antes de la presentación de la demanda. Que se agote o deje sin materia una eventual sentencia estimatoria de amparo, cuando la suspensión se solicita con efectos restitutorios. Ponderación de la apariencia de buen derecho frente al perjuicio que la concesión puede causar sobre el interés social o la contravención a normas de orden público. Para otorgar la suspensión, es necesario realizar de forma simultánea, un juicio de probabilidad anticipado acerca de la inconstitucionalidad del acto reclamado y una valoración sobre si la eventual concesión causaría perjuicio al interés social o al orden público, lo que, en términos generales puede acontecer cuando se priva a la colectividad de un beneficio que le conceden las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. De ahí que, respecto de los actos reclamados en concreto, este Juzgado Federal arriba a la convicción de que no se encuentran reunidas todas las condiciones necesarias para la concesión de la medida cautelar, debido a que, no son susceptibles de paralizarse, al no ser jurídicamente posible atribuirles efectos restitutorios, de conformidad con el artículo 147 de la Ley de Amparo. Al respecto, si bien en términos del segundo párrafo del citado numeral, cuando sea jurídica y materialmente posible, a la medida cautelar de mérito pueden dársele efectos restaurativos, esto es, restablecer a su peticionario en el goce del derecho humano que se estima vulnerado, hasta en tanto se resuelva en definitiva el juicio de amparo del que deriva la cuestión incidental; para lo cual, es necesario emprender una estimación de mera probabilidad acerca de la apariencia del derecho y un juicio de verosimilitud tendiente a ponderar que, de no suspenderse el acto reclamado, las violaciones aducidas quedarán consumadas, y se tornarán de difícil o imposible reparación, perdiéndose en consecuencia, la materia en torno a la cual gravita la instancia constitucional. Lo cierto es que en el caso, no es procedente conceder la medida cautelar con efectos restitutorios, habida cuenta de que no se actualiza una de las condiciones legales previstas por el numeral 147 de la Ley de Amparo, consistente en que sea jurídicamente posible obrar en esos términos. En efecto, la finalidad que persigue la medida de suspensión de los actos reclamados, es mantener viva la materia a la que se contrae la litis constitucional, es decir, preservar el estado en que se encontraba el derecho humano que se estima vulnerado, con anterioridad al acto de autoridad lesivo de ese interés, por el tiempo que dure la tramitación del juicio de amparo principal que dirima en definitiva las cuestiones de constitucionalidad planteadas por la parte quejosa. Sin embargo, cuando para mantener el estado previo al acto de autoridad que modifica la situación jurídica del quejoso, sea preciso otorgarle a la medida cautelar efectos restaurativos, es menester realizar un juicio de verosimilitud tendente a descartar que, de concederse la suspensión con esos alcances, la eventual concesión del amparo en el juicio principal, no quede sin materia, por agotarse el objeto de reparación de los derechos humanos que se estiman violados, con los efectos para los cuales se pide la medida cautelar. Bajo ese contexto normativo, se niega a la parte quejosa la suspensión provisional, atendiendo la naturaleza del acto, en razón de que en la especie no es procedente conceder la medida cautelar solicitada, lo cual será materia del fondo del asunto, tal y como lo consideró la superioridad. Transición a juicio en línea. De conformidad con el artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible, transiten hacia la actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Además, conforme a lo dispuesto en el artículo 257del citado Acuerdo General, se hace del conocimiento de las partes que podrán proporcionar un número telefónico y una cuenta de correo electrónico para entablar comunicaciones no procesales y, sólo excepcionalmente, cuando no tengan acceso a actuar desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, se podrán llevar a cabo comunicaciones procesales. Asimismo, se les informa que tratándose de la práctica de diligencias, audiencias y demás comparecencias que requieran de su presencia física, podrán realizarse mediante el uso de medios tecnológicos y soluciones digitales como las videoconferencias, en cuyo caso, si así lo desean, deberán manifestarlo a este órgano jurisdiccional y proporcionar una cuenta de correo electrónico a la cual puedan remitirse los respectivos datos de conexión. XI. Copias y reproducción de constancias. Información relativa a la expedición de copias. Se hace del conocimiento de las partes que las actuaciones que integren el expediente físico, corresponderán únicamente a las presentadas y elaboradas en esa vía, de conformidad con lo previsto en el artículo 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; por tanto, las personas autorizadas para consultar el expediente electrónico en términos del diverso numeral 36 del ordenamiento en cita, podrán descargar en sus equipos de cómputo copia de las constancias que obren en aquél, mismas que se considerarán como copias certificadas electrónicamente, cuando incluyan la evidencia criptográfica respectiva. b) Reproducción electrónica de constancias. Se informa a las partes que desde este momento se autoriza la reproducción electrónica del presente asunto a través de los medios electrónicos, es decir, cámaras fotográficas, scanner portátiles, celulares o similares, previa petición verbal de la parte interesada al Secretario adscrito a este órgano jurisdiccional, debiendo asentar la razón respectiva en el expediente. Cabe destacar que no está autorizada la reproducción de aquellas constancias que por disposición legal contengan información reservada o confidencial. En el entendido de que es responsabilidad de las partes el uso que den a la información obtenida a través de los dispositivos referidos. XII. Habilitación de días y horas inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, para no retardar el procedimiento, en caso necesario se habilitan desde ahora días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones de carácter personal que se ordenen en este expediente. XIII. Transparencia. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que dispone que el Poder Judicial de la Federación, deberá hacer públicas las resoluciones, entre ellas las sentencias ejecutorias y demás resoluciones que se emitan dentro del expediente, y que las partes podrán oponerse a la publicación de sus datos; con el fin de respetar el derecho a la intimidad, hágase saber a la parte promovente que puede manifestar si está de acuerdo con que dichas determinaciones que en su caso se emitan, se publiquen con sus datos personales en la inteligencia de que la falta de oposición expresa, conllevará su consentimiento a que se publiquen con esos datos; asimismo, se le hace saber que al momento de allegar pruebas o constancias a juicio, puede manifestar en forma expresa, si éstas deben considerarse como reservadas o confidenciales, con base en lo dispuesto en algún tratado internacional o una ley expedida por el Congreso de la Unión o las legislaturas de los Estados. De conformidad con el artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, la oposición expresa a que se publiquen los datos, será motivo de análisis por la Unidad Administrativa correspondiente, en atención a la información que se considera como reservada. Notifíquese por lista física y electrónica.

Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.

FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.

  • Antecedentes y expedientes
  • Validación de identidad
  • Listas de riesgo y PEP
Resultados en segundos · Cancelas cuando quieras

¿No es la persona que buscabas?

Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.

Otros expedientes del mismo órgano

Juzgado Sexto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan · 14,820 expedientes

Ver todos los expedientes de este órgano