Alex Vallejo Garcia

Expediente 584/2023 tramitado ante el Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 13 actuaciones registradas, la última del 28 de septiembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
584/2023
Año
2023
Actuaciones
13
Última actuación
28/09/2023

Partes del expediente

  • Alex Vallejo Garcia
  • Agente del Ministerio Público de la Federación Adscrito.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 13.

  1. Principal

    Tijuana, Baja California, a veintiocho de septiembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86, de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido la sentencia en la que la justicia de la unión ampara y protege a Alex Vallejo García; en consecuencia, con fundamento en el artículo 2, de la ley invocada, en relación con el 355, y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones que correspondan en el libro de control electrónico. En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, requiérase a la autoridad responsable BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, en esta ciudad, para que en el plazo de tres días, de cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de amparo, esto es: SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En mérito de lo expuesto, a fin de restituir a la quejosa en el derecho fundamental vulnerado, con sustento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para lo siguiente: La autoridad responsable BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, deberá dejar sin efectos la inmovilización y/o bloqueo de la cuenta bancaria número 0-21-008558493, aperturada a nombre del quejoso, para lo cual deberá expedir documento idóneo que lo acredite. Sin que ello impida la emisión de uno nuevo, en igual o diverso sentido que el anterior, lo cual deberá hacer subsanando los vicios de legalidad advertidos, esto es, fundando y motivando el mismo. Exhibiendo al efecto copia certificada de las constancias que así lo acrediten. Se apercibe a la autoridad requerida que, de no dar cumplimiento a lo anterior, se le impondrá en una multa por el equivalente a cien veces la unidad de medida y actualización, de conformidad con los artículos 192, 193 y 258, de la Ley de Amparo. En la inteligencia de que el amparo y la protección de la Justicia Federal, impone a las autoridades antes señaladas, acatar con toda diligencia la misma, de ahí que deberá atender de manera inmediata todas las eventualidades que se presenten, para cuidar que se observe la concesión que se otorga al impetrante, en el entendido de que si a fin de observar el debido cumplimiento a la ejecutoria de que se trata, es menester la intervención de una diversa autoridad ligada por cualquier motivo a la autoridad responsable, ésta deberá, dentro del término que le ha sido concedido, dictar las providencias necesarias, para que dentro del mismo plazo, la parte quejosa pueda obtener de manera eficaz, los efectos de la protección de la Justicia Federal.

  2. Principal

    En Tijuana, Baja california a diecisiete de julio de dos mil veintitrés, Darany Leslie Gabourel Torres, secretaria de Juzgado adscrita al Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, hace constar y CERTIFICA: Que se verificó la coincidencia de contenidos del expediente impreso y electrónico validando que toda documentación recibida se ha agregado al expediente; y, la documentación recibida en formato impreso se digitalizó e ingresó al expediente electrónico respectivo; y, que el archivo electrónico correspondiente coincide en su totalidad con su impresión. Doy fe. V I S T O S para resolver los autos del juicio de amparo indirecto 584/2023, promovido por Alex Vallejo García, contra actos de la BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito de demanda recibido el veinticinco de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, Alex Vallejo García, promovió juicio de amparo en contra de la autoridad y actos que a continuación se enuncian: "AUTORIDADES RESPONSABLES BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MÚLTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MÉXICO,. IV. ACTO RECLAMADO: . A) La orden verbal o escrita de llevar a cabo el aseguramiento, inmovilización y/o bloqueo, restricción y/o privación del numerario existente en la cuenta bancaria número 0-21-008558493 del banco BBVA México, S.A. Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, a nombre del quejoso. El aseguramiento, inmovilización y/o bloqueo, restricción y/o privación ejecución, se realizó de forma unilateral, por lo que fue creado en un plano de supra subordinación y modificó una situación jurídica en perjuicio del hoy quejoso. B) La inclusión del quejoso en la lista de personas bloqueadas." SEGUNDO. Derechos Fundamentales cuya violación se reclama. El quejoso señaló como derechos fundamentales constitucionales violados, los consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Prevención, Admisión y trámite. Por acuerdo de veintinueve de mayo de dos mil veintitrés, se ordenó la formación del expediente impreso bajo el registro número 584/2023-VII, se previno la demanda de amparo; luego, en diverso auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, se admitió la misma, se les solicitó el respectivo informe a la autoridad responsable, se dio la intervención que en derecho corresponde a la agente del Ministerio Público adscrita a este órgano jurisdiccional; y, se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual inició en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de la presente sentencia; y C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, tiene competencia legal para resolver el presente juicio de amparo, con base en lo dispuesto por los artículos 1, 2, 37, 107, fracción II y demás aplicables de la Ley de Amparo, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación, del quince de febrero de dos mil trece, vigente a partir del día de su aprobación, así como sus modificaciones de veintinueve de noviembre y trece de diciembre de dos mil trece, que señala la jurisdicción para los Juzgados de Distrito en la entidad; así como, del artículo 13 del diverso Acuerdo General 107/2022 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; que entró en vigor el dieciséis de enero de dos mil veintitrés; dado que se reclaman actos atribuidos a autoridades con residencia dentro de la competencia territorial que le corresponde a este órgano. SEGUNDO. Precisión de los actos reclamados. Antes de analizar lo referente a la certeza del acto reclamado es necesario precisar cuál es éste, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para tal efecto es menester efectuar un análisis conjunto de la demanda, por ser un todo considerado, en términos de la tesis P.VI/2004, con registro 181810, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo XIX, abril de 2004, materia común, Novena Época, página 255; cuyo rubro y texto, son del tenor siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto." Del estudio integral de la demanda de amparo, sin atender a calificativos que en la enunciación se hagan sobre la constitucionalidad o inconstitucionalidad, se advierte que el promovente reclama de la autoridad responsable, lo siguiente: La orden y ejecución del aseguramiento, inmovilización y/o bloqueo de la cuenta bancaria número 0-21-008558493 del banco BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, nombre del quejoso. La inclusión del quejoso en la lista de personas bloqueadas. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 40/2000, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, de abril de 2000, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo" Asimismo, es aplicable la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 199, Tomo VIII, noviembre de 1991, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, como sigue: "DEMANDA DE AMPARO, EXAMEN DE LA. EL JUZGADOR DEBE ATENDER PREFERENTEMENTE A LO QUE SE QUISO DECIR EN ELLA. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 17 constitucional, la administración de justicia será impartida por los tribunales expeditos al efecto, en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo resoluciones de manera pronta, completa y expedita. Armónicamente con esta garantía constitucional, el artículo 79 de la Ley de Amparo establece, entre otras hipótesis, que la Suprema Corte de Justicia de la nación, los Tribunales Colegiados de Circuito y los jueces de Distrito, a fin de resolver la cuestión efectivamente planteada, podrán examinar en su conjunto los conceptos de violación y los agravios, así como los demás razonamientos de las partes, pero sin cambiar los hechos expuestos en la demanda. De esta manera, puede concluirse que con el propósito de otorgar una recta administración de justicia, el juzgador al examinar una demanda de amparo, sea uniinstancial o biinstancial, deberá atender preferentemente a lo que se quiso decir en ella, armonizando los datos que conforman la demanda, atendiendo desde luego a los requisitos que se prevén en los artículos 116 y 166 de la Ley de Amparo" TERCERO. Existencia del acto reclamado. Del contenido del informe justificado rendido por la autoridad responsable, se desprende que son ciertos los actos reclamados, no obstante la negativa contenida en el mismo, dado que, si bien la citada responsable argumenta que la cuenta bancaria señalada por el quejoso, no corresponde a las cuentas que se manejan por dicha institución, sin embargo, el quejoso adjuntó a su demanda de amparo el estado de cuenta relativo a la cuenta bancaria identificada con el número 0-21-008558493, el cual fue expedido por dicha institución bancaria, como se advierte del certificado digital y código "QR" (por sus siglas en inglés "quick response") que contiene, el que permite verificar la fiabilidad del método de su generación y determinar a quién es atribuible el contenido de la información relativa, por lo que adquiere valor probatorio de conformidad con el artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la materia. CUARTO. Procedencia de la demanda. El estudio de la procedencia por ser de orden público es preferente lo aleguen o no las partes, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo. En el caso, es menester precisar que a la institución bancaria BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, le reviste el carácter de autoridad responsable para efectos de este juicio de amparo, toda vez que en el escrito inicial de demanda el promovente manifestó que dicha institución congeló sus cuenta bancaria, sin que previamente se le haya informado esta situación, lo que se estima equiparable al de una autoridad para efectos del juicio de amparo, en términos del párrafo segundo de la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo, dado que el banco estaría limitando la disposición de los recursos económicos del usuario de manera unilateral, sin que el cuentahabiente conozca las razones de esa determinación. Por su contenido, es orientadora la tesis del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible bajo el registro electrónico 2026337, que establece: "IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. NO SE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE PARA DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA, POR EL HECHO DE QUE SE SEÑALE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE A UNA INSTITUCIÓN DE CRÉDITO QUE BLOQUEÓ CUENTAS BANCARIAS. Hechos: Una institución de crédito bloqueó la cuenta bancaria de la parte recurrente, argumentando que su área de auditoría interna inició una investigación de sus operaciones. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina que no es una causa manifiesta e indudable de improcedencia para desechar de plano la demanda de amparo indirecto, el hecho de que la parte recurrente señale como autoridad responsable a una institución de crédito que bloqueó su cuenta bancaria. Justificación: Lo anterior, porque el párrafo segundo de la fracción II del artículo 5o. de la Ley de Amparo prevé que los particulares tienen la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de una autoridad, que afecten derechos humanos y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En este sentido, si en su escrito inicial de demanda el promovente manifiesta que una institución de crédito congeló sus cuentas bancarias sin que previamente se le haya informado esta situación, ese acto podría considerarse equiparable al de una autoridad para efectos del juicio de amparo, pues el banco estaría limitando la disposición de los recursos económicos del usuario de manera unilateral, sin que el cuentahabiente conozca las razones de esa determinación. Por tanto, cuando la parte quejosa presenta su demanda de amparo indirecto contra el bloqueo de la cuenta bancaria y señala como autoridad responsable para efectos del juicio de amparo a la institución de crédito, el órgano jurisdiccional no tiene la certeza de que esa institución pueda o no tener el carácter de autoridad, ya que en ese momento sólo cuenta con el escrito inicial, en su caso, con los escritos aclaratorios y las documentales que se hubieran exhibido con ellos, motivo por el cual no tiene los elementos necesarios para determinar el carácter con el que esa institución de crédito actúa." Por tanto, al no existir diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes, o que se advierta de oficio, conforme a lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, corresponde analizar los actos tildados de inconstitucionales. QUINTO. Estudio del fondo del asunto. Procede analizar los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, de los cuales no se hace su transcripción, ya que el artículo 74, fracción II, de la Ley de Amparo, únicamente obliga al análisis sistemático de estos. Además, esto no es lo que podría ocasionar perjuicio a ésta, sino en todo caso, que tales argumentos no se analizaran exhaustivamente o en los términos en que se encuentran planteados. Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual es del tenor siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN." En el juicio que nos ocupa, se reclama la orden y ejecución del aseguramiento, inmovilización y/o bloqueo de la cuenta bancaria número 0-21-008558493, aperturada en el banco BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, a nombre del quejoso Alex Vallejo García, así como la inclusión a la lista de personas bloqueadas. Al respecto, el promovente del amparo aduce sustancialmente que dicho acto viola los principios de legalidad jurídica, por falta de fundamentación y motivación, dado que la autoridad responsable no emitió orden escrita que contenga las causas, fundamentos y motivos que originaron el acto reclamado. Por ello, sostiene que se viola en su perjuicio, el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que la orden y ejecución del aseguramiento, inmovilización y/o bloqueo de la cuenta bancaria número 0-21-008558493, no se encuentra debidamente fundada ni motivada. Argumento que es esencialmente fundado, en atención a lo siguiente. En efecto, el artículo 16 de la Constitución Mexicana, consagra los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica, que constituyen los elementos primordiales que debe cumplir todo acto de autoridad, a fin de asegurar a los gobernados que su actuar no es arbitrario, sino por el contrario, apegado al marco jurídico que la rige. Para cumplir con el imperativo constitucional, dicho acto debe constar en escrito emitido por autoridad competente, fundado y motivado, es decir, que en él se expresen los preceptos legales aplicables y las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hubieren tenido en consideración para emitirlo; además, debe existir adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables. La fundamentación y motivación de los actos de autoridad es una exigencia tendente para establecer sobre bases objetivas la racionalidad, la legalidad de aquéllos, a efecto de procurar eliminar, en la medida de lo posible, la subjetividad y arbitrariedad de las decisiones del emisor, lo que además permite a los gobernados estar en condiciones de impugnar tanto los fundamentos del acto como los razonamientos en los cuales se sustenta. Lo anterior, encuentra apoyo en las jurisprudencias de la Segunda Sala del Tribunal Supremo de la Nación, visibles en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con números de registro 917738 y 238924, respectivamente, de los rubros y texto siguientes: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. De acuerdo con el artículo 16 de la Constitución Federal, todo acto de autoridad debe estar adecuada y suficientemente fundado y motivado, entendiéndose por lo primero que ha de expresarse con precisión el precepto legal aplicable al caso y, por lo segundo, que también deben señalarse, con precisión, las circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para la emisión del acto; siendo necesario, además, que exista adecuación entre los motivos aducidos y las normas aplicables, es decir, que en el caso concreto se configuren las hipótesis normativas." "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, GARANTÍA DE. Para que la autoridad cumpla la garantía de legalidad que establece el artículo 16 de la Constitución Federal en cuanto a la suficiente fundamentación y motivación de sus determinaciones, en ellas debe citar el precepto legal que le sirva de apoyo y expresar los razonamientos que la llevaron a la conclusión de que el asunto concreto de que se trata, que las origina, encuadra en los presupuestos de la norma que invoca." De lo anterior, se concluye que cualquier mandamiento u orden de autoridad que no conste por escrito y origine molestia o privación en los bienes jurídicos o derechos de los gobernados, como en el caso, son contrarios al precepto constitucional en comento. Por tanto, si como se expuso, de la suspensión o restricción de dicho servicio bancario, no se advierte que se hubiera realizado por una orden debidamente fundada y motivada expedida por la autoridad responsable o diversa autoridad competente, siendo que el banco responsable se limitó a exponer en su informe justificado que la cuenta bancaria señalada por el quejoso no corresponde a las cuentas que se manejan por dicha institución, sin embargo, ello quedo desvirtuado como se señaló en párrafos que anteceden. En ese sentido, se evidencia que dicha circunstancia, por sí, la torna contraria a las prerrogativas de legalidad y seguridad jurídica contenidas en el artículo 16 Constitucional, pues la inexistencia de la actuación por escrito, origina el desconocimiento de los fundamentos y motivos que sustentan el acto de molestia, lo que se traduce en una indefensión hacia el quejoso, al desconocer la ley aplicable y, en su caso, los medios de impugnación a su alcance mediante los cuales podría oponer sus inconformidades. Son aplicables a lo anterior, por analogía, la tesis y jurisprudencia emitidas por la otrora Segunda Sala del más Alto Tribunal del País y por el entonces Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Primer Circuito, localizables en la Sistematización de Tesis y Ejecutorias publicadas en el Semanario Judicial de la Federación de 1917 a la fecha, con números de registro 328245 y 216272, respectivamente, del tenor literal siguiente: "ÓRDENES VERBALES, AMPARO CONTRA LAS. Si una autoridad responsable, dicta una orden verbalmente, que luego el afectado recurre en amparo y comprueba su existencia por medio de testigos, con esa prueba queda acreditada la existencia de la orden que se reclama, sin que sea obstáculo para estimarlo así, la circunstancia de que la orden haya sido verbal y no escrita, pues este dato, en lugar de servir como elemento para no tener por comprobada la existencia de la orden susodicha, es una razón más para estimarla violatoria del artículo 16 constitucional, que exige, entre otros requisitos, que todo mandamiento de autoridad debe ser por escrito." "SEGURIDAD JURÍDICA, GARANTÍA DE. LAS ÓRDENES VERBALES DE AUTORIDAD SON VIOLATORIAS EN SÍ MISMAS DEL ARTÍCULO 16 CONSTITUCIONAL. El artículo 16 constitucional contiene una garantía de seguridad jurídica, que se traduce en la forma del acto autoritario de molestia, el cual debe derivarse siempre de un mandamiento por escrito, pues solamente de esta manera puede observarse la fundamentación del acto de autoridad, por lo que cualquier mandamiento u orden verbal que originen una molestia en los bienes jurídicos, son contrarios a dicho precepto constitucional." Por lo anterior, resulta fundado el argumento expuesto por la quejosa, relativo a la falta de algún documento que contenga la debida fundamentación y motivación por la cual la autoridad responsable ordenó y ejecutó el acto reclamado. En las relatadas condiciones, procede conceder el amparo y la protección de la justicia federal a la moral quejosa. SEXTO. Efectos de la concesión de amparo. En mérito de lo expuesto, a fin de restituir a la quejosa en el derecho fundamental vulnerado, con sustento en el artículo 77, de la Ley de Amparo, se impone conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para lo siguiente: La autoridad responsable BBVA México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero BBVA México, deberá dejar sin efectos la inmovilización y/o bloqueo de la cuenta bancaria número 0-21-008558493, aperturada a nombre del quejoso, para lo cual deberá expedir documento idóneo que lo acredite. Sin que ello impida la emisión de uno nuevo, en igual o diverso sentido que el anterior, lo cual deberá hacer subsanando los vicios de legalidad advertidos, esto es, fundando y motivando el mismo. SÉPTIMO. Captura de la sentencia. De conformidad con lo dispuesto en el Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado el quince de enero de dos mil quince, procédase a realizar la captura de este fallo y a recabar la constancia correspondiente, para que se agregue al presente expediente en su oportunidad. OCTAVO. Firma electrónica de esta sentencia. Esta sentencia se firma de manera electrónica por el suscrito Secretario encargado del despacho y la secretaria que da fe, al tener el mismo valor de la firma autógrafa y se instruye al personal correspondiente para que, en su oportunidad, se incluya la evidencia criptográfica de la firma para la actualización de los expedientes físicos, en términos de los artículos 3, fracciones I, V y VII, 22, 35 y 36 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Por lo expuesto y con fundamento en los artículos 107, fracción VII, Constitucional; numerales 61, fracción XXI, 62, 63, fracción V, 73 y 74, de la Ley de Amparo; y, precepto 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se: R E S U E L V E: PRIMERO. La Justicia Federal ampara y protege a Alex Vallejo García, por las razones expuestas en el considerando quinto y para los efectos contenidos en el diverso considerando sexto de esta sentencia. SEGUNDO. En cumplimiento a lo establecido en el séptimo considerativo de esta sentencia, captúrese la presente resolución en el módulo de sentencias contenido en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, así como recabar la constancia correspondiente. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Andrés Omar Bernal Velarde, Secretario del Juzgado Decimosegundo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en esta ciudad, encargado del despacho en términos de los artículos 44 y 141 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, con las facultades derivadas de la interpretación del artículo 161 de la Ley Orgánica de poder Judicial de la Federación, publicada en el diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, autorizado por acuerdo de la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de diecinueve de junio de dos mil veintitrés, mediante oficio CCJ/ST/3509/2023, hasta el día de hoy diecisiete de julio de dos mil veintitrés, en que las labores del Juzgado permitieron concluir el engrose, quien actúa asistido de la Secretaria Darany Leslie Gabourel Torres, que autoriza y certifica que la presente sentencia se encuentra debidamente incorporada al expediente electrónico. Doy Fe. R E S U L T A N D O R E S U L T A N D O

  3. Incidental

    Tijuana, Baja California, a once de julio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, mediante el cual exhibe la póliza de fianza ********************, expedido por Liberty Fianzas Sociedad Anónima de Capital Variable, valioso por la cantidad de $******************** (********************/******************** moneda nacional), garantía que fue fijada por este Juzgado, a fin de que surtiera efectos la suspensión definitiva concedida en resolución de veitiocho de junio de dos mil veintitrés.

  4. Principal

    AUDIENCIA CONSTITUCIONAL En Tijuana, Baja California, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del diez de julio de dos mil veintitrés,

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