Alex Rico Palacios

Expediente 597/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de agosto de 2022.

Datos del expediente

Expediente
597/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
16/08/2022

Partes del expediente

  • Alex Rico Palacios

Actuaciones

  1. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, dieciséis de agosto de dos mil veintidós. Vista la certificación de cuenta, se advierte que ha fenecido el término de cinco días que la ley prevé para la interposición del recurso de queja contra el auto de siete de junio de dos mil veintidós, en el cual se desechó de plano la demanda; en consecuencia con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, se declara que dicho auto ha causado estado, para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno respectivo, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívense las actuaciones como asunto concluido. Por otra parte, en cumplimiento al artículo 21, fracción d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, resulta procedente decretar que el presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, al haberse desechado la demanda de amparo. Asimismo, una vez cumplido tres años de haberse ordenado el archivo del presente asunto, deberá destruirse con posterioridad al DIECISÉIS DE AGOSTO DE DOS MIL VEINTICINCO. El presente asunto no se considera de relevancia documental por no encuadrar en algún supuesto de los establecidos en el artículo 15 del Acuerdo General de mérito. Notifíquese por lista de acuerdos.Así lo proveyó y firma electrónicamente el licenciado Uriel Curti Espinosa, secretario en funciones de Juez del Juzgado Decimoquinto de Distrito en el Estado de Veracruz, de acuerdo en la autorización contenida en el oficio CCJ/ST/2363/2022, de trece de junio de dos mil veintidós, signado por la Secretaria Técnica de la Comisión Permanente de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno de Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, asistido del licenciado Luis Alberto Camacho Mondragón, secretario que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Municipal en Coatepec, Veracruz, mediante el cual devuelve diligenciado el despacho 76/2022 con número de orden 74/2022, con el que se le solicitó notificar al promovente de amparo Alex Rico Palacios, los autos de siete y veintisiete de junio del año en curso. Al respecto, dese de baja de la noticia mensual de estadística la comunicación oficial en comento, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y téngase debidamente notificado al promovente de amparo Alex Rico Palacios, de los autos de siete y veintisiete de junio del año en curso; el tres de los cursantes; lo anterior, para los efectos que haya lugar Notifíquese por lista de acuerdos.

  3. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, veintisiete de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido el oficio y anexo de cuenta, signado por el Juez Municipal en Coatepec, Veracruz, mediante el cual devuelve sin diligenciar el despacho 67/2022 con número de orden 250/2022, con el que se le solicitó notificar al promovente de amparo ********, el auto de siete de junio del año en curso, por los motivos ahí expuestos; al respecto, dese de baja de la noticia mensual de estadística la comunicación oficial en comento, y háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Ahora bien, toda vez que el domicilio en donde se puede ubicar al promovente de amparo se ubica en la *********, mismo que se encuentra fuera del lugar de residencia de este juzgado, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Municipal, con residencia en Coatepec, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda se constituya en domicilio antes mencionado y notifique a *******, el auto de siete de junio del año en curso y el presente auto, haciéndole entrega de las copias autorizadas de los mismos, que para el efecto se anexan. Asimismo, deberá requerirlo para que en el término de tres días contados a partir de su notificación señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones, con el apercibimiento que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal se le realizarán por medio de lista de acuerdos, sin previo acuerdo. Además, hágasele del conocimiento al Juez Municipal que la notificación encomendada deberá realizarse en los términos que establece el artículo 27, fracción I de la Ley de Amparo. Del mismo modo, requiérasele al nombrado Juez, para que una vez realizada la diligencia encomendada dentro de la comunicación oficial respectiva, remita a este Juzgado, dentro del término de tres días, las constancias que integren el despacho diligenciado, o de ser el caso, informe, vía telegráfica o a través del correo electrónico institucional 15jdo7cto@correo.cjf.gob.mx, para mayor celeridad, el estado procesal que guarde la comunicación oficial y las gestiones que se encuentre realizando; en la inteligencia que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 238 en relación con los numerales 237, fracción I, y 259, todos de la Ley de Amparo. Notifíquese por lista de acuerdos.

  4. Principal

    Xalapa-Enríquez, Veracruz, siete de junio de dos mil veintidós. EXHORTACIÓN Conforme al artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, se exhorta a las partes a realizar lo siguiente: I. Transiten al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea; y II. En la siguiente actuación en la que intervengan, propongan medios de contacto para entablar comunicaciones no procesales, como correos electrónicos, servicios de mensajería instantánea y números telefónicos. DEMANDA DE AMPARO Ahora bien, vista la demanda de amparo promovida por Alex Rico Palacios contra actos reclamados al Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México y otras autoridades. FÓRMESE JUICIO Y REGÍSTRESE en el Libro de Gobierno correspondiente bajo el número 597/2022-I-A. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura de la demanda de amparo, se aprecia que los actos que reclama el promovente de amparo, son los siguientes: El Convenio de Cooperación celebrado por el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el Presidente de la República de Cuba, para contratar quinientos médicos, para que trabajen como médicos especialistas en el país mexicano. La omisión de remitir para su aprobación, ordenar, y publicar dicho Convenio en el Diario Oficial de la Federación. La asignación de dinero de una partida de presupuesto público para el pago, traslado, pago de salario, ejecución y cumplimiento del Convenio de Cooperación celebrado y suscrito por el Presidente de los Estados Mexicanos. La omisión de verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio profesional establecidos en la Ley Reglamentaria del artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La autorización de ingreso a México de medicamentos y vacunas provenientes de la República de Cuba sin el proceso de análisis de medicamentos y patente. Tal precisión se hace de conformidad con lo dispuesto por la fracción I del numeral 74 de la Ley de Amparo, conforme lo establece la jurisprudencia número P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; y la tesis al rubro: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO", que si bien se refieren a la fijación clara y precisa del acto reclamado en la sentencia, también resultan aplicables al pronunciarse sobre la demanda de amparo, toda vez que la solicitante de amparo expuso hechos bajo protesta de decir verdad, lo que presupone su certeza, conforme al criterio sustentado por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, de rubro: "PROTESTA DE DECIR VERDAD COMO REQUISITO EN LA EXPRESIÓN DE LOS HECHOS DE LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO. RESPONSABILIZA AL QUEJOSO Y GENERA CERTEZA EN EL JUZGADOR DE QUE LO AFIRMADO SUCEDIÓ EN LA FORMA DESCRITA." FACULTAD DE DESECHAR LA DEMANDA ANTE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, establecen lo siguiente: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." De los artículos transcritos se tiene que el órgano jurisdiccional dentro del término de veinticuatro horas, contado a partir del momento en que recibe la demanda, examinará si desecha, previene o admite la demanda; sin embargo, si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano, sin suspender el acto reclamado, por lo que, en acatamiento a dicho precepto se procede a analizar el escrito que dio origen al presente juicio de amparo. Cabe precisar que de acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española de la Lengua, Editorial Espasa, Vigésima Primera Edición, Tomo II, página 1309, por manifiesto debe entenderse lo que se advierte en forma patente, notoria y absolutamente clara; y por indudable, que se tiene la certeza y plena convicción de alguna idea o hecho, esto es, que no puede ponerse en duda por lo claro, seguro y evidente que es; es decir, que aun y cuando se admitiera la demanda no fuera posible desvirtuar con probanzas la causal de improcedencia advertida desde el auto de desechamiento. Apoya lo anterior, los lineamientos indicados en la tesis I.3o.C.90 K, sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, del tenor literal siguiente: "DEMANDA DE AMPARO EN LA VÍA INDIRECTA. LA RESOLUCIÓN INICIAL DEBE SUJETARSE A UNA ESTRUCTURA LÓGICA Y JURÍDICA DE ESTUDIO POR EL JUEZ DE DISTRITO." INTERPRETACIÓN DE LA CAUSA DE IMPROCEDENCIA En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que disponen: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [.]" "Artículo 5o.- Son partes en el juicio de amparo: I.- El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. [.]" "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" De conformidad con las normas trascritas, el juicio de amparo es improcedente contra actos que no causan un agravio actual y directo en la esfera de derechos del particular, ya sea jurídica o legítimamente. De tal manera que es importante dejar establecido que en términos de los artículos 107, fracción I, Constitucional y 107, fracción I, inciso g), de la Ley de la materia, el acceso al juicio de amparo, tratándose de actos de autoridades administrativas, se encuentra supeditado a la necesaria demostración de un interés (ya sea jurídico o legítimo) en la tramitación y resolución del proceso de amparo, con miras a obtener una sentencia protectora que redunde en un beneficio a la esfera jurídica del quejoso. El estudio sobre la existencia o no del interés para acceder al juicio, constituye un tema que, de ordinario se identifica con la pretensión misma y, por ende, debe ser realizado como materia de fondo en la sentencia que se emita en la audiencia constitucional. No obstante, el Máximo Tribunal del País, ha establecido que el auto inicial es ocasión propicia para que el Juzgador Federal examine las particularidades de la reclamación (pretensión, relación jurídica subyacente, etcétera), desde un punto de vista provisional, a efecto de determinar la existencia del interés en forma incipiente, pues ello es lo que justificaría, en todo caso, el inicio, tramitación y resolución del juicio; lo que de otra forma sería ocioso. En primer término, es importante precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar a través de juicio de amparo, actos que considere violatorios de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular, provocado por un acto de autoridad. Ahora bien, en relación al interés legítimo, dicho interés supone sólo la existencia de un interés cualificado respecto de la legalidad de determinados actos, el cual proviene de la afectación a la esfera jurídica del individuo, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico. De acuerdo con la explicación anterior, para efectos del juicio de amparo, la afectación al interés legítimo se acredita cuando la situación de hecho creada o que pudiera crear el acto o la ley impugnada pueda ocasionar un perjuicio, siempre que éste no sea indirecto, sino resultado inmediato de la ley o acto reclamados. En relación con lo anterior, resulta oportuno invocar, la Jurisprudencia en materia común número 1a./J. 38/2016 (10a.), emitida por la Primera Sala del Tribunal Supremo, visible a página 690 del libro 33, tomo II, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación en agosto de dos mil dieciséis, registro 2012364, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO EN EL AMPARO. SU DIFERENCIA CON EL INTERÉS SIMPLE. La reforma al artículo 107 constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 6 de junio de 2011, además de que sustituyó el concepto de interés jurídico por el de interés legítimo, abrió las posibilidades para acudir al juicio de amparo. No obstante lo anterior, dicha reforma no puede traducirse en una apertura absoluta para que por cualquier motivo se acuda al juicio de amparo, ya que el Constituyente Permanente introdujo un concepto jurídico mediante el cual se exige al quejoso que demuestre algo más que un interés simple o jurídicamente irrelevante, entendido éste como el que puede tener cualquier persona por alguna acción u omisión del Estado pero que, en caso de satisfacerse, no se traducirá en un beneficio personal para el interesado, pues no supone afectación a su esfera jurídica en algún sentido. En cambio, el interés legítimo se define como aquel interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra. Consecuentemente, cuando el quejoso acredita únicamente el interés simple, mas no el legítimo, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.". Para que el juicio de amparo prospere basta que los actos que se reclamen deriven de la actuación concreta de la autoridad y que cause algún perjuicio o afectación al gobernado, ya sea a alguno de sus derechos subjetivos protegidos por la norma o a alguno de sus derechos objetivos o personales, y que ese agravio en su esfera de derechos o particular, sea personal, directo o indirecto, es decir, les corresponde a los gobernados acreditar que se ubican en el supuesto de afectación del acto o hecho jurídico. De lo anterior, se obtiene que el juicio de amparo es un medio de control, y se sigue siempre a instancia de parte agraviada, lo que quiere decir que la acción constitucional de amparo únicamente puede ejercitarla quien se vea perjudicado por la actuación de la autoridad. Se desprende, además, que el juicio de amparo no procede oficiosamente, es decir, constituye un requisito indispensable que el gobernado resienta directamente una afectación en su esfera jurídica. Ahora bien, previo a continuar, es necesario puntualizar que la parte quejosa reclama, esencialmente, la autorización por parte del Ejecutivo Federal a fin de contratar a personal extranjero del sector de salud para desempeñar sus funciones en instalaciones hospitalarias en nuestro país, a quienes se les autoriza el pago correspondiente, sin verificar que dicho personal esté acreditado para ejercer la profesión correspondiente [como médicos y enfermeros], con todo lo cual, afirma, se ocasiona un perjuicio a la sociedad en general y a su salud; así como la omisión verificar los medicamentos y vacunas provenientes de Cuba al ingresar a México, de ahí que dichas actuaciones atribuidas a las responsables resulten de realización incierta, tanto en su ejecución como en sus efectos; así, el estudio del presente asunto se ceñirá a determinar si el promovente cuenta con alguno de los tipos de interés que se ha señalado para promover el presente juicio de amparo. Así las cosas, conforme a los artículos 103, fracción I, de la Constitución, así como 6°, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es un medio de control constitucional para proteger los derechos humanos reconocidos de los gobernados y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución, y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, de los gobernados contra los actos de las autoridades, que se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, es decir, aquélla a quien perjudique una ley, un tratado internacional, un reglamento o cualquier otro acto que se reclame, y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Entonces, podrán acudir a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, quien alegue tener un interés. En ese sentido el texto constitucional diferencia los componentes de interés tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, de los restantes supuestos, como sucede cuando se reclaman actos de autoridades administrativas. Interesa en el particular el segundo supuesto, pues el acto aquí reclamado deriva de autoridades administrativas. En esta hipótesis debe señalarse que para demostrar el interés en el amparo convergen los siguientes elementos: - La titularidad de un derecho o de un interés legítimo, ya sea individual o colectivo. - La afectación a un derecho reconocido por la Constitución. - La afectación de la esfera jurídica de manera directa en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. En ese contexto, se puede advertir que conforme al texto del artículo 107 constitucional, el interés permite constituir como quejoso, al titular de un derecho o de un interés legítimo ya sea individual o colectivo, siempre que demuestre que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y por los Tratados Internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y que con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés para instar la acción de amparo se entiende como aquel derecho o interés -individual o colectivo-, de cualquier persona, reconocido y protegido por el ordenamiento jurídico (Constitución y leyes que de ella emanen), así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, es decir, es una situación jurídica que otorga al interesado la facultad de instar el respeto y el debido cumplimiento a la norma jurídica y, en su caso, de exigir una reparación por los perjuicios antijurídicos que de esa actuación deriven; por ende, para su existencia no se requiere de una afectación a un derecho subjetivo pero sí a la esfera jurídica del particular, ya sea de índole económica, profesional o de cualquier otra. Sobre el tema del interés legítimo, es menester acudir a la definición que establece la Suprema Corte de Justicia de la Nación: es aquél interés personal, individual o colectivo, actual y jurídicamente relevante que puede traducirse, en caso de concederse el amparo en un beneficio jurídico a favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole profesional, económico, de salud pública o de cualquier otro. Por tanto, el interés legítimo permite constituir como quejoso en el amparo a aquélla persona titular de un derecho reconocido por la Constitución que resulte afectada en su esfera jurídica de forma directa o por virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J. 51/2019 (10a.), publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 64, marzo 2019, tomo II, página 1598, con registro rápido de localización 2019456, cuyo rubro y texto son: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Así, tenemos que el promovente hace descansar su interés legítimo a fin de acudir al juicio de derechos humanos fundamentales, bajo el argumento de que con la celebración del convenio entre los gobiernos de México y Cuba, el Jefe de Gobierno viola la Constitución Mexicana al contratar a quinientos médicos cubanos sin títulos ni documentos oficiales extendidos en México, lo que afecta a la sociedad en general y en especial al sector salud por ser discriminados al no darles preferencia de contrato laboral ante los médicos extranjeros, vulnerando así la posibilidad de encontrar empleo o participar en alguna convocatoria para el empleo de que se habla. También refiere que a los médicos connacionales afecta dicho convenio ya que deja de lado los protocolos para la selección del personal, privándolos así de estar en posibilidad de competir por esos empleos. En principio, resulta pertinente destacar que por regla general no resulta viable desechar una demanda de amparo por el hecho de no acreditar el interés jurídico o el legítimo; lo anterior, pues ha sostenido nuestro máximo Tribunal, que el citado interés puede acreditarse hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional Sin embargo, dicha circunstancia también admite excepciones, consistentes en que el acto reclamado no esté dirigido al quejoso, no le cause perjuicio alguno o no lo agravie de manera directa. En ese sentido, el promovente confunde la figura del interés legítimo, como una figura que, en esencia, permitiría a todos los ciudadanos el poder promover un juicio de amparo bajo el argumento de que el acto de autoridad le agravia indirectamente -como es el caso-. Es aplicable la jurisprudencia 2a./J. 57/2017 (10a.), de la Décima Época, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 43, junio de 2017, Tomo II, página 1078, registro 2014433, del rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU AUSENCIA PUEDE CONSTITUIR UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. Los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo establecen que podrá desecharse la demanda de amparo cuando del análisis de su contenido y, en su caso, de los anexos que se adjunten, aparezca que se actualiza un motivo de improcedencia, siempre y cuando sea manifiesto e indudable, lo que no está limitado a determinadas causales, sino que se prevé como una posibilidad general aplicable a cualquier juicio de amparo, independientemente de la razón por la que se aprecie que un juicio es improcedente. Así, en relación con el interés legítimo a que se refieren los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como 5o., fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, los Jueces de amparo deben realizar una determinación casuística del nivel de afectación que genere el acto reclamado y distinguir entre la existencia de la titularidad de ese interés legítimo -no simple- (cuestión de derecho), y la posibilidad de acreditarlo (cuestión probatoria). Por tanto, al proveerse sobre la demanda de amparo, el juzgador puede verificar si la situación del promovente frente al acto de autoridad implica un perjuicio o no y, más aún, el tipo de afectación para determinar si implica un interés legítimo o un interés simple; sobre lo cual, en el caso de que no sea factible determinar con claridad estas situaciones o de que se advierta la posibilidad de que el quejoso sea titular de un interés legítimo, debe admitirse la demanda para que, a través de la sustanciación del juicio, se diluciden con certeza esos extremos; pero si de los hechos y las razones expuestas y/o probadas en la demanda se aprecia con claridad y sin lugar a dudas que la situación del quejoso frente al acto de autoridad implica un mero interés simple, entonces podrá desechar la demanda de amparo, siempre y cuando esto sea manifiesto e indudable". En apoyo a lo anterior, se cita la tesis publicada en la Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XXII, julio de 2013, tomo 1, página 559, con registro de localización 2004008, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS LEGÍTIMO. SU EXISTENCIA INDICIARIA E INICIAL PARA EFECTOS DE DETERMINAR LA ADMISIÓN DE UNA DEMANDA DE AMPARO, ACTIVA LAS FACULTADES DEL JUEZ PARA ANALIZAR PROVISIONALMENTE LAS RELACIONES JURÍDICAS EN QUE SE ALEGA LA EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 107, fracción I, de la Constitución Federal, en su redacción actual, establece como presupuesto procesal de la acción constitucional el interés legítimo -para impugnar actos emitidos por autoridades distintas a las jurisdiccionales-, el cual ha sido definido por esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación como el interés personal, individual o colectivo, cualificado, actual, real y jurídicamente relevante, que puede traducirse, en caso de concederse el amparo, en un beneficio jurídico en favor del quejoso derivado de una afectación a su esfera jurídica en sentido amplio, que puede ser de índole económica, profesional, de salud pública, o de cualquier otra; la configuración de este presupuesto procesal permite a las personas combatir actos que estiman lesivos de sus derechos humanos, sin la necesidad de ser titulares de un derecho subjetivo -noción asociada clásicamente al interés jurídico-; así, el interés legítimo se actualizará, en la mayoría de los casos, cuando existan actos de autoridad cuyo contenido normativo no es dirigido directamente a afectar los derechos de los quejosos, sino que, por sus efectos jurídicos irradiados colateralmente, ocasionan un perjuicio o privan de un beneficio, justamente por la especial situación que tiene en el ordenamiento jurídico. Una categoría de estos casos se presenta cuando los actos reclamados se dirigen a un tercero, quien promueve el juicio de amparo respecto del cual es relevante preguntarse sobre la ubicación jurídica del quejoso y determinar si existe una relación normativamente relevante entre ellos. Así, en estos casos, se exige que los jueces, al momento de determinar la admisión o no de una demanda de amparo, consideren provisionalmente y cuidadosamente las relaciones jurídicas en que se insertan las personas, como se plantea cada caso, pues justamente por la intensidad del tráfico de negocios jurídicos en un Estado Constitucional de derecho, como el nuestro, es necesario determinar individualmente las posibilidades de perjuicios o privación de beneficios que tengan una incidencia en los núcleos protectores de los derechos humanos, según el caso de que se trate, para lo cual no sólo interesa la relación directa de la autoridad o la ley con el quejoso (verticalmente), sino el análisis integral de la red de relaciones jurídicas en que se encuentran las personas (horizontal), por ejemplo, con otros particulares, en virtud de las cuales se detonen efectos perjudiciales de los actos reclamados, análisis que deberá perfeccionarse durante el trámite del juicio y, en su caso, resolverse en definitiva en la sentencia. Como es evidente, el ejercicio de esta facultad inicial de análisis no implica necesariamente que el juez de amparo deba admitir a trámite el juicio, pues el resultado de esa valoración puede llevar a fundamentar el desechamiento de la demanda, si fuera notoria y manifiesta la improcedencia de la acción constitucional." Así, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha precisado que el interés legítimo como el jurídico, suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza. Lo anterior, se aprecia de la lectura de la tesis 2a. XVIII/2013 (10a.), del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XVIII, marzo de 2013, Tomo 2, página 1736, registro 2003067, rubro y texto siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. ALCANCE DE ESTE CONCEPTO EN EL JUICIO DE AMPARO. La redacción de la fracción I del artículo 107 de la Constitución Federal, dispone qué debe entenderse por parte agraviada para efectos del juicio de amparo, y señala que tendrá tal carácter quien al acudir a este medio de control cumpla con las siguientes condiciones: 1) aduzca ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo; 2) alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la propia Constitución; 3) demuestre una afectación a su esfera jurídica de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico; y, 4) tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, aduzca la titularidad de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa. Ahora, para explicar el alcance del concepto "interés legítimo individual o colectivo", ante todo, debe señalarse que tanto el jurídico como el legítimo suponen que existe una tutela jurídica del interés en que se apoya la pretensión del promovente, a diferencia del interés simple que no cuenta con esa tutela, en tanto que la ley o acto que reclama no le causa agravio jurídico, aunque le cause alguno de diversa naturaleza como puede ser, por ejemplo, uno meramente económico. Por otra parte, debe entenderse que al referirse el precepto constitucional a la afectación de un derecho, hace alusión a un derecho subjetivo del que es titular el agraviado, lo cual se confirma con la idea de que en materia de actos de tribunales necesariamente se requiere que cuente con un derecho subjetivo, es decir, tenga interés jurídico. Sentado lo anterior, el interés legítimo no supone la existencia de un derecho subjetivo, aunque sí que la necesaria tutela jurídica corresponda a su "especial situación frente al orden jurídico", lo que implica que esa especial situación no supone ni un derecho subjetivo ni la ausencia de tutela jurídica, sino la de alguna norma que establezca un interés difuso en beneficio de una colectividad, identificada e identificable, lo que supone la demostración de que el quejoso pertenece a ella." En este contexto, el impetrante de amparo acude a demandar el amparo respecto al convenio que el Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, celebró con el gobierno de Cuba para contratar quinientos médicos, para que trabajen como médicos especialistas en el país mexicano, la omisión de remitir para su aprobación, ordenar y publicar en el Diario Oficial de la Federación dicho convenio, la asignación de dinero de una partida de presupuesto público para el pago, traslado, pago de salario, ejecución y cumplimiento del Convenio de Cooperación celebrado y suscrito por el Presidente de los Estados Mexicanos, la omisión de verificar el cumplimiento de los requisitos para el ejercicio profesional establecidos en la Ley Reglamentaria del artículo 50 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el ingreso a México de medicamentos y vacunas provenientes de la República de Cuba sin el proceso de análisis de medicamentos y patente, bajo el argumento de que ello va en perjuicio de la sociedad en general, y en específico al sector salud, por ser discriminados al no darles preferencia de contrato laboral ante los médicos extranjeros, vulnerando así la posibilidad de encontrar empleo o participar en alguna convocatoria para el empleo de que se habla. Manifestaciones que resultan insuficientes para acreditar un interés legítimo, puesto que únicamente consiste en una posibilidad simple de que ocurran ciertos hechos. En efecto, el interés legítimo se refiere a la existencia de un vínculo entre ciertos derechos fundamentales y una persona que comparece en el proceso, sin que dicha persona requiera de una facultad otorgada expresamente por el orden jurídico, esto es, la persona que cuenta con ese interés se encuentra en aptitud de expresar un agravio diferenciado al resto de los demás integrantes de la sociedad, al tratarse de un interés cualificado, actual, real, y jurídicamente relevante, de tal forma que la anulación del acto que se reclama produce un beneficio o efecto positivo en su esfera jurídica, ya sea actual o futuro pero cierto. Para que exista un interés legítimo, se requiere de la existencia de una afectación real e inminente en cierta esfera jurídica, apreciada bajo un parámetro de razonabilidad, y no sólo como una simple posibilidad -como en el caso lo es-, esto es, una lógica que debe guardar el vínculo entre la persona y la afectación aducida, ante lo cual, una eventual sentencia de protección constitucional implicaría la obtención de un beneficio determinado y tangible, el que no puede ser lejanamente derivado, sino resultado inmediato de la resolución que en su caso llegue a dictarse. Además precisa que, a los médicos connacionales afecta dicho convenio ya que deja de lado los protocolos para la selección del personal, privándolos así de estar en posibilidad de competir por esos empleos; empero, no señala en forma alguna cómo ese hecho le irroga un perjuicio directo o indirecto en su esfera jurídica como médica o enfermera, actividad que ni siquiera mencionó ejercer, o en relación con su especial situación frente al orden jurídico, como lo exige los artículo 107, fracción I, de la Constitución, así como el 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, sino que se limita a basar su pretensión en un interés simple derivado de su condición de gobernada y como protectora de los derechos de dicho sector, pues aduce que tiene interés en impugnar dicho acto reclamado, esto es, sustenta un interés igual al de la generalidad de los gobernados, pero no refiere las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que la coloque en un punto diferenciado de la situación general y que la legitime para promover el juicio de amparo; es decir, no menciona si tiene la calidad de médica o de enfermera o como personal de cualquier otra rama de la medicina, y si, de contar con tal calidad, existe una situación de desempleo o de postulación en el que su derecho al empleo en el sector salud, hasta la fecha, se encuentre vulnerado. En efecto, el impetrante sostiene como fundamento de su pretensión la existencia de un mero interés simple que, según su dicho, le corresponde como gobernada en este país; empero, como se explicó en párrafos precedentes, ese interés simple y general en la legalidad de los actos de los entes públicos, no llega a configurar el interés legítimo y menos un interés jurídico necesario para acudir al juicio de amparo, ya que éste es una posición intermedia entre el interés simple y el interés jurídico, sin que llegue a asemejarse o analogarse a alguno de ellos. Bajo el anterior razonamiento, el hoy quejoso únicamente cuenta con un interés simple, como con el que contamos todos los ciudadanos que pertenecemos a una comunidad y a quienes puede o no importarnos la tramitación pronta de la justicia. Sin embargo, lo anterior no faculta a los gobernados, ni les brinda la oportunidad de acudir al juicio de derechos fundamentales, aduciendo un interés legítimo derivado de la contratación de los médicos extranjeros a la que dice, se refiere en el convenio que menciona en su demanda, que si bien, pudiera ser de interés de la sociedad, ello no arroja que otorgue la capacidad de poder demandarlo o reclamarlo ante los diversos tribunales del país. Lo anterior, en virtud de que el interés legítimo se basa primordialmente en la existencia de un interés de mayor dimensión que el simple, es decir, en un interés cualificado, actual y real, que se traduce en que el acto reclamado afecte la esfera jurídica concreta del gobernado por virtud de la especial situación que éste guarde en relación con el orden jurídico, de modo que la promoción y resolución favorable del juicio de amparo le reporte un beneficio concreto y real, pues esa es precisamente la finalidad de dicho medio extraordinario de defensa que, conforme al artículo 77 de la Ley de Amparo, tiene por efecto restituir al agraviado en el goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto sea positivo; y cuando sea negativo, su efecto será obligar a la autoridad a que actúe en el sentido de respetar la garantía de que se trate. Para corroborar la conclusión alcanzada, como se dijo, basta la lectura integral del escrito inicial de demanda, de donde se advierte que la única causa o motivo en que se sustenta la supuesta existencia un interés legítimo, es en el hecho de que el promovente aduce tener un interés porque, a su parecer, se afecta a la oportunidad laboral que pudieran tener los médicos mexicanos desempleados o con mayores expectativas en el ramo médico laboral, sin que en ninguno de los apartados que conforma la referida demanda, exprese que como consecuencia de los actos reclamados resienta una afectación concreta en sus derechos fundamentales de conformidad con su "especial situación frente al orden jurídico". En conclusión, el derecho en el que se sustenta la demanda de amparo que aquí se analiza, se traduce en un interés simple de todo gobernado, pero no constituye ni puede asimilarse al interés legítimo que el artículo 107 constitucional, fracción I, establece como requisito de procedencia del juicio de amparo. Así, el estudio de un acto reclamado sustentado en un interés simple podría denotar y culminar con la declaratoria de inconstitucionalidad de un acto, pues de ser así, se llegaría al absurdo de permitir que por cada ciudadano se admitiera el juicio de amparo cuando se reclamaran derechos abstractos, lo que traería como consecuencia la existencia de un número indeterminable de procedimientos, tan sólo en el Estado se tendría que tramitar un juicio de amparo por cada habitante que considerara que un acto o ley no cumple con ciertos requisitos legales. Consecuentemente, no puede considerarse que el sentido particular se imponga sobre un acto o ley, puesto que la reforma constitucional no reconoce ni mucho menos abre la posibilidad de que con base en un interés simple se acuda al juicio de amparo, aduciendo como única condición legítimamente el simple factor de ser ciudadanos, pues de estimarlo de esta forma todos los habitantes estarían legitimados para impugnar cualquier tipo de acto. Luego, el interés legítimo no puede llegar a considerarse como un interés simple o equipararse a éste. En el interés legítimo es necesario que el acto produzca una afectación real y por virtud del amparo se restablezcan las cosas y se le resarza ese perjuicio que resintió el gobernado. Sin embargo, de la lectura íntegra de la demanda no se advierte la afectación real que resiente el promovente, con la contratación de los médicos cubanos a que se refiere, pues no refiere las características especiales que guarda su situación frente al orden jurídico, que la coloque en un punto diferenciado de la situación general y que la legitime para promover el juicio de amparo; es decir, no menciona si cuenta con la calidad de médica, enfermera u otra profesión médica, y de ser así, esto es, de contar con alguna de esas calidades, existe un derecho que le asista para ocupar algún puesto de los que habla el convenio al que hace referencia en su demanda y que éste, a la fecha se encuentre vulnerado. De modo que si la pretensión del promovente no se basa en una situación concreta en la que la ilegalidad del acto reclamado se traduzca en una afectación a su esfera jurídica, no puede considerarse que le asista un interés legítimo para acudir al amparo, en tanto que el derecho en abstracto no basta para iniciar la acción constitucional. Resulta aplicable, la tesis publicada en la décima época del Semanario Judicial de la Federación, publicada el veintidós de mayo de dos mil quince a las nueve horas con treinta minutos, con registro de localización 2009201, el tenor siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO. NO SE ACTUALIZA CUANDO LA AFECTACIÓN ALEGADA, DE RESULTAR EXISTENTE, SE EXTIENDA A LA POBLACIÓN EN GENERAL. Cuando una persona acude al juicio de amparo y alega una afectación jurídica provocada por un acto de autoridad que, en todo caso, es resentida por toda la población en general -y no se involucre un derecho colectivo-, no puede dar lugar al nacimiento de un interés legítimo, por la imposibilidad lógica de identificar un agravio cualificado que surja de una especial situación del quejoso frente al orden jurídico. Por virtud del principio democrático, contenido en el artículo 40 constitucional y del principio de división de poderes, contenido en el artículo 49, debe concluirse que son los órganos democráticos los que deben resolver las inconformidades que son igualmente resentidas por toda la población." Se concluye que la causal de improcedencia es manifiesta, en la medida en que, dado el planteamiento de la demanda de amparo, es patente que se actualiza la hipótesis jurídica de dicho motivo de improcedencia; y lo indudable se da de los propios argumentos que en ella se vertieron, concluyendo que aun y cuando se admitiera la demanda de amparo y se siguiera el procedimiento respectivo, no se formularía una diversa convicción respecto a la actualización de la causa de improcedencia de que se trata, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes, porque aún en esa hipótesis, subsistiría la causal de improcedencia que ahora se analiza. En abundamiento, se toma en consideración que es un hecho notorio, en términos de lo previsto por el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme lo dispone el artículo 2º de esta última legislación, que en la página electrónica https://medicosespecialistas.gob.mx/, el gobierno de la república mexicana, se abrió una convocatoria denominada "Participa en la Jornada Nacional de Reclutamiento y Contratación de Médicos Especialistas. Convocatoria 2022" en la que se están concursando trece mil setecientas sesenta y cinco plazas, las que se ubican: De lo anterior, se desprende que están sujetas a concurso un número muy elevado de plazas de personal médico, que tal convocatoria está dirigida a personas nacionales, nacionalizadas y en algunos casos, extranjeros, a quienes se precisan los requerimientos correspondientes que deben cumplir y en el caso de los extranjeros, además se señalan como requisitos, en algunos casos, la revalidación de sus estudios o autorización para laborar en el país, etcétera, de lo que se advierte que el personal médico nacional, al que no afirmó pertenecer el promovente, se encuentra en posibilidad de participar en algún concurso para obtener una plaza de trabajo, ya que como se precisa, en esta convocatoria de reclutamiento se concursa un número muy superior a los posibles quinientos médicos que se señalan en el convenio que se pretende reclamar. DESECHAMIENTO Por tanto, en la especie se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 5°, fracción I, del mismo ordenamiento legal, así como el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y, por tanto, se desecha de plano la demanda de amparo. COMO DOMICILIO DEL PROMOVENTE DE AMPARO. Toda vez que el promovente de amparo señaló como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle M. Rebolledo, colonia Centro, c.p. 91500, en Coatepec, Veracruz, dígasele que no ha lugar a tener como domicilio de su parte el señalado, toda vez que se encuentra fuera del lugar de residencia de este juzgado. Atento a lo anterior, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo, gírese atento despacho al Juez Municipal, con residencia en Coatepec, Veracruz, para que en auxilio de las labores de este juzgado, comisione a quien corresponda se constituya en domicilio arriba mencionado y notifique a Alex Rico Palacios, el presente auto y le haga entrega de la copia autorizada del mismo. Requiriéndolo para que en el término de tres días contado a partir de que se encuentre debidamente notificado señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, con el apercibimiento que de no hacerlo así las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le realizarán por medio de lista de acuerdos. Para lograr la diligencia encomendada, se faculta al juez requerido, para que habilite días y horas inhábiles y requiérasele para que dentro del término de tres días remita a este Juzgado las constancias relativas al emplazamiento que se le ordena practicar; o bien, manifieste la imposibilidad que tenga para ello, en la inteligencia que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con lo que establecen los artículos 238 en relación con los numerales 237, fracción I, y 259, todos de la Ley de Amparo, en relación con el precepto 26, apartado B, párrafo sexto y séptimo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. DATOS DE CONTACTO Por otro lado, se toma conocimiento del correo electrónico, a través del cual se podrá entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido deberá registrarse y, de ser necesario, incorporarse al expediente previa la certificación correspondiente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a efecto de que los actuarios, lleven a cabo las notificaciones que deriven de este juicio. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza el uso de escáner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro medio electrónico similar para copiar o reproducir los acuerdos, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por el Actuario del juzgado; lo anterior, de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, suscrita por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. DIGITALIZACIÓN DE ACTUACIONES E INTEGRACIÓN DEL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. Se comisiona al Secretario, así como a los Oficiales Administrativos correspondientes y demás encargados de la digitalización de constancias, y a los Actuarios Judiciales en lo conducente, a supervisar y/o realizar, la captura electrónica de los acuerdos emitidos en el presente asunto, así como la digitalización de las promociones, diligencias y documentos que obren en el mismo, de conformidad con lo previsto en el numeral 3 de la Ley de Amparo, así como en el Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio consejo. DEPURACIÓN Al concluirse este juicio se procederá conforme al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación. TRANSPARENCIA Suprímase en versión pública que se realice, la información considerada como reservada o confidencial, así como los datos sensibles que pudieran contener las sentencias, resoluciones y demás constancias que obren en el expediente, con fundamento en los artículos 1°, 3, 11, fracción VI, 16, 67, fracción II, inciso c) y 68, este último en relación con los diversos 110, 113 y 118, todos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese por despacho.

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