Alex Oswaldo Pérez Mendoza
Expediente 1604/2022 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Mexicali. 4 actuaciones registradas, la última del 4 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1604/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 04/11/2022
Partes del expediente
- Alex Oswaldo Pérez Mendoza
- Subrepresentante Federal de la Oficina Local de Representación del Instituto Nacional de Migración en Mexicali, B.C
Actuaciones
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, el oficio de cuenta que remite la Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, por medio del cual se le tiene informando que se avoca al conocimiento de la demanda de amparo promovido por el quejoso ALEX OSWALDO PÉREZ MENDOZA. Por lo tanto, se remiten a la autoridad oficiante las actuaciones emitidas con posterioridad al auto de diez de octubre de dos mil veintidós. Archivo En consecuencia, háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno; y, envíese el presente expediente al archivo como asunto totalmente concluido. Valoración de Expediente Por otra parte, se hace constar que el cuaderno de juicio de amparo es susceptible de depuración, únicamente conservándose lo relativo a la concesión de la suspensión de plano, conforme al artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en relación con el capítulo siete, apartado 7.4., del manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal. De igual manera se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes y que tampoco encuadra en alguno de los supuestos de relevancia documental contemplados en el artículo 21 del multicitado Acuerdo General. Finalmente, se instruye al Secretario encargado del asunto, que previo a la remisión física del expediente al archivo de este órgano jurisdiccional, certifique que la versión electrónica coincida en su totalidad con la impresa, a fin de que se dé cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 25 del multicitado Acuerdo General. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Visto el estado de autos y como se advierte de la certificación practicada por el Secretario del Juzgado, que transcurrió el plazo de diez días que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de revisión en contra de la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional, el veinticinco de agosto de dos mil veintidós, en el juicio de amparo 796/2020, en la cual la JUSTICIA DE LA UNIÓN AMPARA Y PROTEGE a Integradora de Bares Deportivos y Eventos Sociales, Sociedad de Responsabilidad Limita y Capital Variable, contra actos de las autoridades señaladas como responsables Servicio de Administración Tributaria de Baja California y Dirección Jurídica y de Cobranzas del Servicio de Administración Tributaria de Baja California, sin que las partes hayan hecho uso de ese derecho; por tanto, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II, del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA. En consecuencia, con apoyo en el artículo 192 de la Ley de Amparo, REQUIÉRASE a las citadas responsables, para que dentro del término de TRES DÍAS HÁBILES, contados a partir de que tengan conocimiento del presente proveído, acrediten haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio. Quedan APERCIBIDAS que de hacer caso omiso a lo aquí solicitado en el término concedido, se les impondrá una multa equivalente a CIEN unidades de medida y actualización, vigente en el país, de conformidad con lo establecido en el artículo 258 de la Ley de Amparo; y de igual manera, se podrá proceder en términos del numeral 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo que podría culminar, en su momento, en la separación del cargo respectivo y la consignación ante el Juzgado de Distrito que corresponda. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Agréguese a los presentes autos para que obre como legalmente corresponda el oficio de cuenta que remite el Presidente de la Junta Especial Número Uno de la Local de Conciliación y Arbitraje de Mexicali, Baja California, mediante el cual, en cumplimiento al requerimiento formulado el veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, remite copia certificada del auto dictado el tres de octubre en curso, del que se advierte que la Junta responsable señaló las doce horas del veinticuatro de octubre de dos mil veintidós, para la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones en el juicio laboral 1204/2021-2B de su índice, agregando que los demandados se encuentran emplazados al citado juicio por medio de boletín judicial. Por lo tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con lo anterior dese vista y córrase traslado a la parte quejosa, para que dentro del término de TRES DÍAS siguientes a la notificación del presente proveído, manifieste lo que a su interés convenga. En la inteligencia, que de no hacer manifestación alguna en el término que para tal efecto se les concede, este órgano jurisdiccional se pronunciará sobre el aludido cumplimiento con base en las constancias que obran en autos. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.
- Principal
MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, A DIEZ DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS. Agréguense a los presentes autos para que surta sus efectos legales correspondientes, los oficios de cuenta signados por el licenciado Alberto Gómez Bravo, SUB REPRESENTANTE FEDERAL EN BAJA CALIFORNIA DE INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN, con residencia en esta ciudad, por medio del cual informa que desconoce a los quejosos del presente juicio de amparo, toda vez que no se encuentran a disposición del Instituto Nacional de Migración. En consecuencia, téngasele informando lo solicitado; asimismo, se le tiene señalado domicilio para oír y recibir notificaciones; y en términos del numeral 9 de la ley de la materia se le tiene designando delegados; y resérvese acordar lo conducente, hasta en tanto obre en autos la comunicación oficial librada. Exhorto diligenciado Por otra parte, agréguese a sus autos para que obre como corresponda el oficio enviado por el vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana, mediante el cual devuelve debidamente diligenciado el exhorto local E670-792/22-AVI, de treinta de septiembre del año en curso, mediante el cual ,se le solicitó, comisionara al Actuario de su adscripción, a fin de localizar al quejoso ALEX OSWALDO PÉREZ MENDOZA, en la Estación Migratoria, ubicada en la ciudad de Tijuana, y en su caso, notificara la suspensión de plano concedida en su favor en el presente juicio. Ahora bien, del contenido de las constancias remitidas por el Secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Baja California, con sede en Tijuana Baja California, se advierte la razón actuarial de uno de octubre del año en curso, en la que, el Actuario asentó la presencia del quejoso en las instalaciones de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California, quien ratificó la demanda presentada a su favor por Rodeigo Roberto Langle Méndez. De igual forma, el actuario adscrito hizo constar en dicha diligencia que no ha sido objeto de tortura y/o malos tratos. Incompetencia Previo a proveer lo conducente respecto a la admisión de la demanda de amparo es oportuno verificar la competencia objetiva del órgano jurisdiccional que conoce del juicio de amparo, en tanto ello constituye un presupuesto procesal de orden público. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo, prevé diversos tipos de competencia: Competencia por territorio; Competencia por materia; Competencia por grado; Competencia auxiliar; y, Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la Ley General a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 124 y 125 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos y regiones que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal, que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados de circuito, colegiados de apelación y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales y que cada uno de los circuitos a que se refiere el artículo anterior comprenderá los distritos judiciales cuyo número y límites territoriales determine el Consejo de la Judicatura Federal mediante acuerdos generales. Para estar en aptitud de justificar la incompetencia que se plantea, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen lo siguiente: "ARTÍCULO 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [.] VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; [.]". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De la anterior transcripción se advierte que el citado numeral contiene tres reglas para fijar la competencia de los Jueces de Distrito en los asuntos cuyo conocimiento les corresponda: 1) será competente el Juez de Distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado; 2) cuando el acto pueda tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda; y, 3) cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Lo que distingue las dos primeras reglas de competencia de la tercera, es que en ésta, el acto o resolución reclamada no requiere ejecución material, mientras que la operancia de las otras exige esta ejecución. En la especie, se estima que se actualiza la premisa del primer párrafo trascrito, toda vez que quien aquí resuelve considera que el acto reclamado tiene ejecución material en Tijuana, Baja California, ello, derivado que del informe que rindió la autoridad responsable Sub Representante Federal en Baja California del Instituto Nacional de Migración, dependiente de la Secretaría de Gobernación, con sede en esta ciudad, respecto de la suspensión de plano decretada en el presente juicio, informó que en su base de datos, no cuenta con registro alguno del aludido quejoso. Aunado a que el impetrante fue localizado en las instalaciones de la Estación Migratoria de Tijuana, Baja California. Es por lo anterior, que las consecuencias jurídicas que derivan de los actos reclamados que impugna ALEX OSWALDO PÉREZ MENDOZA, la suspensión, tienen consecuencias materiales en su ámbito privado y será éste el lugar en el que resienta su ejecución, que es donde el quejoso se encuentra asegurado o alojado, es decir, en Tijuana, Baja California; pues es ahí donde se ha venido ejecutando la privación de la libertad, aseguramiento, alojamiento, detención y posible traslado, ello, conforme a la regla estatuida en el primer párrafo del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se esté ejecutando el acto reclamado. Por tanto, resulta competente el Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en Turno en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. Se cita por el espíritu que la rige la Jurisprudencia 1a./J. 86/2019 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia del Nación, que aparece publicada en la página 254, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 73, Diciembre de 2019, Tomo I, Décima Época, registro: 2021191, que, a la letra, dice: "OMISIÓN DE BRINDAR ATENCIÓN MÉDICA A PERSONAS PRIVADAS DE LA LIBERTAD. ES LEGALMENTE COMPETENTE PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO EL JUEZ DE DISTRITO QUE EJERZA JURISDICCIÓN EN EL DOMICILIO DONDE SE ENCUENTRE EL ESTABLECIMIENTO PENITENCIARIO EN EL QUE SE ENCUENTRE RECLUIDA LA PERSONA. De conformidad con el numeral 4o. de la Constitución Federal en relación con los artículos 34, 73, 74, 76 y 77 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las autoridades penitenciarias se encuentran obligadas a proporcionar atención médica a las personas que se encuentran privadas de su libertad. En ese contexto, la omisión de brindar atención médica por parte de las autoridades penitenciarias, produce consecuencias materiales en el mundo fáctico, pues existe un vínculo indisoluble entre: a) la obligación del Estado de proporcionar atención médica a las personas privadas de su libertad en su centro de reinserción social; b) la omisión de proporcionar dichos servicios a dichas personas; y c) la afectación del derecho fundamental a la salud en éstos, en el caso de que tal servicio no se proporcione. De esta manera, se actualiza la regla de competencia prevista en el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, por lo que debe conocer de dicha demanda el Juez de Distrito que ejerza jurisdicción en el domicilio del centro penitenciario donde se encuentre recluido el promovente de amparo." En este orden de ideas, se colige que en el caso a estudio cobra aplicación la regla estatuida en el primer párrafo del referido artículo 37 de la Ley de Amparo, en cuanto indica que será competente para conocer del juicio de amparo, el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se está ejecutando el acto reclamado, lo cual, en su caso, es en la Estación Migratoria de Tijuana, jurisdicción del Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en Turno en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. En consecuencia, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos originales del presente juicio de amparo al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en Turno en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana; a quien se considera competente por cuestión de territorio para conocer del asunto; previo cuadernillo de antecedentes que de ello se forme. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada. Notificación por exhorto a la parte quejosa Ahora bien, toda vez que el quejoso ALEX OSWALDO PÉREZ MENDOZA, se encuentra detenido en las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con sede en Tijuana, Baja California, con fundamento en el numeral 298 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo y 17 constitucional; en aplicación eficiente de las tecnologías de la comunicación, mediante versión digitalizada por conducto del Sistema Integral de Seguimiento de Expediente (SISE), con transcripción de este proveído, gírese atento exhorto al Juez de Distrito en Materia de Amparo y de Juicios Federales en el Estado de Baja California en turno, con residencia en Tijuana, para que en auxilio de las labores de este juzgado, se sirva notificar el presente proveído al quejoso de referencia. Se faculta al citado Juez para que tome las medidas que considere necesarias para la debida diligenciación del exhorto de mérito respectivo; sin que sea el caso requerir acuse de recibo, en atención a que al remitirlo por el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se genera uno electrónico. Hecho lo anterior, se sirvan a devolver a su lugar de origen el exhorto que se le encomienda. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE AL AUTORIZADO DE LA PARTE QUEJOSA. Así lo acordó y firma la licenciada Eva Elizama Durán Orozco, Secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Baja California, con sede en Mexicali, en funciones de jueza de Distrito, conforme a lo dispuesto en el artículo 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de mayo de mil novecientos noventa y cinco, en relación con el numeral 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, comunicado mediante oficio CCJ/ST/3799/2021, de ocho de noviembre del año dos mil veintiuno, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial, a partir del dieciséis de noviembre del año dos mil veintiuno y durante el tiempo que se encuentre de comisión el Juez Alejandro González Piña en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, o hasta en tanto dicha Comisión o el Pleno del Consejo lo determinen, asistida de la licenciada Brenda Iliana Herrera Puentes, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.
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