Alex Orlando Vera Andrade
Expediente 996/2022 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 996/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Sinaloa · Sinaloa
Partes del expediente
- Alex Orlando Vera Andrade
Actuaciones
- Principal
Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que en el registro electrónico de oficialía de partes de este juzgado no se encuentra registrada promoción alguna que indique que las partes recurrieron el proveído dictado por este órgano jurisdiccional el veintidós de noviembre de dos mil veintidós, dentro del término previsto por el artículo 86 de la Ley de Amparo, considerando que la parte quejosa y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, fueron notificadas el veintitrés siguiente, quedando comprendido dicho plazo del veinticinco de noviembre al ocho de diciembre del año en curso. Sentado lo anterior, se declara que el auto dictado en el presente sumario HA CAUSADO ESTADO. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno electrónico y, en su oportunidad, archívese el presente juicio como asunto definitivamente concluido. Por otra parte, no es óbice a lo anterior que no se haya realizado el computo por lo que hace a las autoridades responsables, ya que éstas sólo podrán interponer recurso de revisión contra las sentencias que afecten directamente el acto que de ellas se hayan reclamado, lo que en el caso no sucede, pues por cuanto hace a los actos atribuidos a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, se sobreseyó en el presente juicio. Asimismo, de conformidad con el punto 7.4 del capítulo de Tratamiento de los expedientes con suspensión de plano del Manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, firmado electrónicamente el tres de septiembre de dos mil veinte, este juicio de amparo es DEPURABLE por este órgano jurisdiccional, una vez cumplidos tres años de haberse dictado el presente acuerdo de archivo, toda vez que, se concedió la suspensión de oficio y de plano.
- Principal
Mazatlán, Sinaloa, veintiocho de noviembre de dos mil veintidós. De conformidad con el artículo 126 de la Ley de Amparo, se tiene recibido el oficio firmado electrónicamente por la Titular de la Subdirección de Asuntos Jurídicos y Transparencia, de la Coordinación de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, Órgano Administrativo, Desconcentrado de la Secretaría de Gobernación, en representación del Coordinador General de la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados, con sede en la Ciudad de México; a través del cual, rinde informe relativo a la suspensión de plano de los actos reclamados; memorial que se ordena agregar al presente sumario para que obre como corresponda. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
RAZÓN ACTUARIAL. Vista la razón actuarial suscrita por el fedatario de la adscripción el dieciocho de los corrientes, en el que hace constar que el directo quejoso ********************ratificó la demanda de amparo presenta a su favor por ******************** PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. Ahora bien, de la lectura del escrito inicial de demanda se advierte que el promoverte señala, esencialmente, como actos reclamados: i) deportación y/o expulsión del territorio mexicano, ii) La privación de la libertad personal, iii) prolongación del aseguramiento, alojamiento y/o detención del quejoso por más de 36 horas, iv) violaciones procesales, v) La incomunicación y vi) la omisión de brindar mecanismo y asistencia institucional para hacer valer sus derechos como solicitante de la calidad de Refugiado en este país. PROCEDENCIA DE LA ACCIÓN CONSTITUCIONAL. Conforme a lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe pronunciarse sobre el contenido de la demanda de amparo y considerar si se presenta o no una causa de improcedencia, a fin de no entorpecer la administración de justicia, admitiendo demandas que a la postre resulten improcedentes. En la inteligencia que, por manifiesto se entiende dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va apoyar para que, de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías; y por indudable se entiende lo que no se puede poner en duda, al ser evidente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia I.13o.A. J/6, sustentada por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, septiembre de dos mil cuatro, en la página mil seiscientos treinta y uno, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO." Por consiguiente y tomando en cuenta que las causas de improcedencia deben ser examinadas de oficio por el juzgador, acorde con lo previsto en el artículo 62 de la Ley de Amparo, quien esto provee estima que en la especie se surte la prevista en el numeral 61, fracción X, de la citada ley. Para arribar, a la expresada conclusión, debe tenerse en cuenta que en el juicio de amparo indirecto ********************del índice de este juzgado, donde el aquí quejoso ********************reclama de las autoridades que señaló como responsables los mismos actos que en el libelo que se atiende. Demanda que se admitió a trámite en auto de ocho de noviembre del presente año, lo que constituye un hecho notorio para quien esto emite de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, y a las jurisprudencias 2a./J. 103/2007 y P./J. 16/2018 Todo lo anterior pone de manifiesto que el promovente reclama de nueva cuenta y bajo la misma calidad los actos que son materia del juicio de amparo indirecto ********************en el cual el quince de los que cursan se sobreseyó fuera de audiencia, en virtud de que, concluyó su procedimiento administrativo migratorio y se ordenó su retorno asistido a su país de origen, sin que a la fecha se encuentre firme dicha determinación. De ahí que, resulte incuestionable que el acto reclamado al que se hizo alusión no es susceptible de volverse a examinar, pues se quebrantaría la estabilidad jurídica que tienen los procesos e implicaría permitir al quejoso, combatir a su voluntad y cuantas veces quisiera el mismo acto reclamado, dando lugar a una serie interminable de juicios de amparo. Apoya lo expuesto, por identidad de razón, la jurisprudencia P./J. 24/2014 (10a.) del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Abril de 2014, Tomo I, página 265, intitulada: "LITISPENDENCIA. PARA QUE SE ACTUALICE ESTA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, PREVISTA EN EL ARTÍCULO 73, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO, VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013, ES NECESARIO QUE SE HAYAN ADMITIDO LAS DEMANDAS RESPECTIVAS." Por consiguiente, al ser patente y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción X, de la Ley de Amparo, entonces se decreta el sobreseimiento fuera de audiencia del juicio de amparo en que se actúa. Apoya lo expuesto la tesis 1a. CCXCIII/2014 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Décima Época Libro 9, Agosto de 2014, Tomo I, página 535, intitulada: "TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. LA RESOLUCIÓN JUDICIAL QUE DESECHA LA DEMANDA O LA QUE LA TIENE POR NO PRESENTADA POR INCUMPLIR CON LAS FORMALIDADES Y LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN SEDE LEGISLATIVA, RESPETA ESE DERECHO HUMANO." Hágase la aclaración al peticionario de la tutela judicial que los criterios invocados en el presente proveído no contrarían lo establecido en el artículo sexto transitorio del Decreto por el que se expidió la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece.
- Principal
RECEPCIÓN DE LA DEMANDA. Téngase recibido el escrito signado por ********************, en favor de ********************, contra actos del Titular de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad y otra autoridad, por violación a diversos preceptos constitucionales, el Juez acuerda: REGISTRO DE LA DEMANDA. Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número 996/2022 y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Primeramente, cabe señalar que del escrito de demanda presentada mediante el Portal de Servicios en Línea no se advierte la digitalización de la firma autógrafa o electrónica del promovente; sin embargo, como el directo agraviado se encuentra privado de su libertad en un centro de alojamiento, no constituye una causa manifiesta e indudable de improcedencia para su desechamiento de plano, en atención al principio de igualdad. Resulta aplicable a lo anterior, la tesis aislada número P./J. 8/2019 (10a.)], sustentada con la instancia Tribunales Colegiados de Circuito, con número de registro 2023739, publicada en la página 3340, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 7, Noviembre de 2021, Tomo IV, de rubro y texto siguiente: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA MEDIANTE EL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. LA FALTA DE FIRMA ELECTRÓNICA CERTIFICADA (FIREL) DEL QUEJOSO PRIVADO DE SU LIBERTAD EN UN CENTRO DE RECLUSIÓN, NO CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA PARA SU DESECHAMIENTO DE PLANO, EN ATENCIÓN AL PRINCIPIO DE IGUALDAD [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA. Hechos: El Juez de Distrito desechó de plano la demanda de amparo indirecto presentada mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en razón de que en ésta no obraba la firma electrónica (FIREL) del quejoso privado de su libertad en un centro de reclusión, con lo cual no expresaba su voluntad de darle trámite y no se satisfacía el principio de instancia de parte agraviada que rige en materia de amparo, sustentando su decisión en la tesis de jurisprudencia P./J. 8/2019 (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de título y subtítulo: "DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PRESENTADA A TRAVÉS DEL PORTAL DE SERVICIOS EN LÍNEA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. PROCEDE DESECHARLA DE PLANO CUANDO CARECE DE LA FIRMA ELECTRÓNICA DEL QUEJOSO.". Inconforme con el desechamiento, el quejoso interpuso recurso de queja." PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. De la lectura del escrito inicial de demanda se advierte que la promovente señala, esencialmente, como actos reclamados: la privación de la libertad (alojamiento) por más de treinta y seis horas, incomunicación dentro de las instalaciones del Instituto Nacional de Migración, con sede en esta ciudad, y deportación del territorio Mexicano. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora, toda vez que el promovente señala como actos reclamados -entre otros- la incomunicación de la que es objeto ********************, acto contemplado en el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el numeral 126 de la Ley de Amparo, se DECRETA LA SUSPENSIÓN DE PLANO, para el efecto de que cese inmediatamente el acto antes indicado, esto es, la incomunicación del directo agraviado. En el entendido de que si las autoridades responsables se negaran a recibir el oficio en que se otorgó la suspensión de plano, cualquiera que fuera el motivo de su negativa, deberá estarse al contenido de los artículos 107, fracción XVII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 28, de la Ley de Amparo, que textualmente establecen: "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: [...] XVII.- La autoridad responsable que desobedezca un auto de suspensión o que, ante tal medida, admita por mala fe o negligencia fianza o contrafianza que resulte ilusoria o insuficiente, será sancionada penalmente. [...] "Artículo 28. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las reglas siguientes: I. Si el domicilio de la oficina principal de la autoridad se encuentra en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega, recabando la constancia de recibo correspondiente. Si la autoridad se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esto subsiste la negativa, asentará la razón en autos y se tendrá por hecha." Y, en su caso, será responsable del incumplimiento a la suspensión de plano, consecuentemente, serán plenamente responsables de las sanciones penales que en su caso procedan, en términos de los artículos citados. REQUERIMIENTO A LA AUTORIDAD. Con fundamento en el artículo 158 de la Ley de Amparo, se solicita a las autoridades responsables que dentro del plazo de veinticuatro horas, informen a este juzgado el cumplimiento que hayan dado a la suspensión de oficio decretada, o la medida que hayan tomado para tal efecto, informes que deberán ser acompañados con las constancias que acrediten dicho cumplimiento, con el apercibimiento que de no rendir el informe dentro del plazo concedido, o de retardar el cumplimiento de esta medida conservatoria del fondo del amparo mediante evasivas o procedimientos ilegales, se les podrá aplicar una multa de cincuenta unidades de medida y actualización; sin perjuicio de que pudiera incurrir en la comisión de alguno de los delitos estipulados en el artículo 262 de la misma ley, y se denuncien los hechos al Ministerio Público de la Federación. RATIFICACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Ahora bien, antes de proveer respecto de la admisión, prevención o desechamiento de la demanda de amparo, y toda vez que se presume que el directamente agraviado ********************, se encuentra alojada e incomunicada en las instalaciones de la Oficina de Representación del Instituto Nacional de Migración en el Estado de Sinaloa, con sede en esta ciudad, se comisiona al actuario judicial adscrito para que de inmediato se constituya en dichas oficinas donde deberá requerir a los encargados de su custodia, para que traiga ante su presencia a dicha persona, hecho lo cual deberá requerirlo para que en el acto de la notificación, manifieste si ratifica la demanda presentada a su nombre por ********************. Apercibido que de no dar cumplimiento a lo requerido en el párrafo anterior en el momento de la notificación o dentro de los tres días siguientes, no se continuará con el trámite del presente juicio, al igual que quedarán sin efecto las providencias decretadas, con fundamento en el artículo 126 de la Ley de Amparo. Asimismo, requiérase directamente al agraviado ********************, a fin de que al momento mismo de la notificación, o dentro del plazo de tres días legalmente computados, informe a este órgano jurisdiccional si requiere asistencia consular por parte de su embajada en la Ciudad de México, lo anterior a fin de que si así lo decide cuente con una asistencia consular adecuada por parte de esta. Sirve de apoyo a lo anterior, la Jurisprudencia 1a./J. 93/2017 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro digital 2015596, cuyo texto y rubro señalan: "DERECHO FUNDAMENTAL DE LOS EXTRANJEROS A LA NOTIFICACIÓN, CONTACTO Y ASISTENCIA CONSULAR. SU FUENTE Y JERARQUÍA EN EL ORDENAMIENTO JURÍDICO MEXICANO. En el marco de un sistema democrático, una vez que una persona se encuentra en el territorio de un Estado del cual no es nacional, dicho Estado está obligado a concederle un estándar mínimo de derechos; uno de ellos, cuya importancia resulta trascendental, es la posibilidad de que el extranjero sea asistido por algún miembro de la delegación consular de su país en el territorio en el que se encuentre. Así, en nuestro ordenamiento jurídico, dicho derecho está contenido en los artículos 36, párrafo primero, de la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares y 128, fracción IV, del Código Federal de Procedimientos Penales abrogado. Asimismo, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la tesis de jurisprudencia 1a./J. 107/2012 (10a.), (1) de rubro: "PRINCIPIO PRO PERSONA. CRITERIO DE SELECCIÓN DE LA NORMA DE DERECHO FUNDAMENTAL APLICABLE.", sostuvo que en materia de derechos fundamentales, nuestro orden jurídico tiene dos fuentes primigenias: 1) los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y, 2) todos aquellos derechos humanos establecidos en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Ahora bien, las normas provenientes de ambas fuentes gozan de rango constitucional y, por tanto, son normas supremas del ordenamiento jurídico mexicano, lo que implica que los valores, principios y derechos que ellas materializan deben permear en todo el orden jurídico, obligando a todas las autoridades a su aplicación y, en aquellos casos en que sea procedente, a su interpretación. En ese sentido, el catálogo de derechos fundamentales no se encuentra limitado a lo prescrito en la Constitución Federal, sino que también incluye a todos aquellos derechos que figuran en los tratados internacionales ratificados por el Estado Mexicano, por lo que es incuestionable que el derecho de los extranjeros a la notificación, contacto y asistencia consular es un derecho fundamental vigente en nuestro país". Asimismo, el Fedatario, hará del conocimiento de la autoridad bajo cuya custodia se encuentre el referido quejoso, los términos bajo los cuales fue concedida la suspensión de plano en el presente asunto, lo cual deberá asentar en la constancia que se levante en cumplimiento de lo antes ordenado. Así también, en el supuesto de que el agraviado, se encuentre incomunicado en dichas instalaciones y los encargados de su custodia se nieguen a ponerlos ante la presencia del fedatario judicial, o permitirle el acceso para cuestionar la búsqueda, respecto si ratifica o no la demanda, deberá apercibir a dichos encargados que de persistir en su conducta, se procederá a dar vista al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito con tales hechos, que pudiera tipificar el delito de desobediencia a un mandato legítimo de autoridad o de responsabilidad del funcionario respectivo. De igual manera, se hace del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 1° Constitucional, se encuentran obligadas a respetar, proteger y garantizar los derechos humanos del peticionario del amparo; además de que en términos de los numerales 5° de la Declaración Universal de los Derechos Humanos 1, 7° del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, así como el 5° párrafos primero y segundo, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos reconocidos por el Estado Mexicano, están conminados a tutelar el derecho humano de toda persona a que se le trate con respeto de encontrarse alojado y a no sufrir actos de tortura, lo que es inherente a su calidad de ser humano. Máxime que en términos del numeral 11 de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar la Tortura, todo servidor público que en el ejercicio de sus funciones conozca de un posible hecho de tortura está obligado a denunciarlo de inmediato, bajo el apercibimiento que de no hacerlo, se le impondrá una pena de tres meses a tres años de prisión y multa de sesenta días, sin perjuicio de lo que otras leyes establezcan. AUTORIZADOS. En términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como sus autorizados a los licenciados ******************** y ********************, con cédulas profesionales ******************** y ********************, las cuales se encuentran reconocidas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho. Ahora bien, se autoriza el nombre de usuario ********************con la finalidad de que pueda acceder al expediente electrónico deducido de este juicio y pueda promover en los términos en que fue previamente autorizada y pueda recibir notificaciones a través del citado mecanismo. Asimismo, se le tiene señalando el correo castelly_claudia@live.com.mx, a fin de entablar comunicaciones no procesales. DOMICILIO PARA OÍR Y RECIBIR NOTIFICACIONES. Con fundamento en el artículo 27 en relación con el 26, fracción I de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle ********************número ******************** fraccionamiento ********************, en esta ciudad HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, a fin de que no queden paralizados los procedimientos, para el caso de que el presente juicio de amparo deban realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en él, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda practicarlas. LEY DE TRANSPARENCIA. En cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en concordancia con los puntos décimo quinto y décimo sexto del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la mencionada ley, publicado en el Diario Oficial de la Federación de cuatro de abril de dos mil cuatro, vigente a partir del cinco del mismo mes y año, dígase a las partes que las sentencias ejecutorias dictadas en expedientes bajo el resguardo del Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas sin supresión de datos, a menos que las partes se opongan a la publicación de sus datos personales, cuando se refieran a expedientes que contengan información reservada y confidencial en los términos del artículo 24, fracción VI, de la citada ley, cuando pongan en riesgo la vida, la seguridad o la salud de las partes, en cuyo caso, los datos serán confidenciales, acorde a lo dispuesto en el numeral 113 de la legislación en comento. Manifestación que deberá realizarse dentro del presente juicio, hasta antes que se dicte el fallo; en la inteligencia que será facultad de la unidad administrativa correspondiente determinar si tal oposición surte sus efectos, cuando se presente una solicitud de acceso a alguna de las resoluciones públicas o pruebas y constancias que obren en el expediente, ello de conformidad con lo señalado por el artículo 8º del citado Reglamento, en la medida en que no se impida conocer el criterio sostenido por el órgano jurisdiccional. INSTRUCCIÓN AL PERSONAL PARA INTEGRAR EL EXPEDIENTE ELECTRÓNICO. En términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, se instruye a la Secretaria para que dé fe, que tanto en el expediente electrónico, como en el impreso, sean incorporadas todas las promociones, documentos, autos y resoluciones que lleguen a pronunciarse dentro del presente juicio, a fin de que ambos coincidan en su totalidad. Dicha instrucción también se hace extensiva al Actuario correspondiente para que incorpore las notificaciones que practique dentro del expediente de amparo impreso al electrónico. COPIAS. A efecto de lograr una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y con fundamento en lo dispuesto por los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, así como 22 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo, las constancias que integran el expediente electrónico, cuando incluyan la evidencia criptográfica, se considerarán copias certificadas electrónicamente, sin perjuicio de que las partes puedan solicitar copias simples del expediente en que se actúa. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. En otro orden, con apoyo en la Circular 12/2009, se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos, como cámaras fotográficas, scanner y lectores láser para copiar constancias que obren en autos del presente expediente, siempre y cuando dichas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa, ello sin necesidad de presentar solicitud por escrito. Entonces, en el momento en que alguna de las partes, sus autorizados o delegados tengan la intención de hacer uso de ese derecho, deberán informar a la Secretaría del Juzgado para que se levante acta en la que se hagan constar y describan las actuaciones reproducidas. AUTORIZACIÓN PARA LA FIRMA DE OFICIOS. Se autoriza al Actuario a firmar los oficios que deriven de la tramitación de este asunto.
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