Alex Noriega Valenzuela

Expediente 184/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 8 actuaciones registradas, la última del 3 de agosto de 2023.

Datos del expediente

Expediente
184/2023
Año
2023
Actuaciones
8
Última actuación
03/08/2023

Partes del expediente

  • Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua
  • Alex Noriega Valenzuela

Actuaciones

Las 4 más recientes de 8.

  1. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, tres de agosto de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, mediante el cual se tiene al Actuario Judicial adscrito al Segundo Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, informando a este Juzgado que el primero de agosto del año en curso, se admitió el recurso de revisión interpuesto por el Consultor Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica de la Secretaria de Hacienda, en representación del ********************, en contra de la resolución de veinticuatro de mayo de dos mil veintitrés, dictada en el presente juicio de amparo, mismo que quedó registrado bajo el amparo en revisión 265/2023, de su índice, en el que se ordena dar trámite a dicho recurso. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, once de julio de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal de autos, y toda vez que se advierte que se encuentran debidamente integradas las notificaciones del proveído de veintinueve de junio de dos mil veintitrés, en que se tuvo por interpuesto el recurso de revisión hecho valer por la autoridad responsable Gobernadora del Estado de Chihuahua, en tal virtud, y como se ordenó en ese propio auto, remítanse al TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo y del escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, con copia de este último para el Agente del Ministerio Público de la Federación. NOTIFÍQUESE. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  3. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintinueve de junio de dos mil veintitrés. Visto el oficio de cuenta, agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, y en atención a su contenido se tiene por interpuesto el recurso de revisión que hace valer el Consultor Jurídico adscrito al Departamento Jurídico Fiscal de la Dirección Jurídica, de la Secretaria de Hacienda del Poder Ejecutivo del Estado, en representación de la Gobernadora del Estado de Chihuahua, con sede en Chihuahua capital, en contra de la resolución dictada en el presente juicio de amparo, por lo que con fundamento en lo dispuesto por los artículos 80, 81 fracción I, inciso e) de la Ley de Amparo, en su oportunidad remítanse al TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMOSÉPTIMO CIRCUITO, EN TURNO, con residencia en esta ciudad, los autos originales de este juicio de amparo y del escrito de expresión de agravios de la parte recurrente, con copia de este último para el Agente del Ministerio Público de la Federación, asimismo, se ordena recabar copias de dicho escrito y distribuirlas entre las demás partes. NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA, HACIENDOLO VIA ELECTRONICA. Así, lo proveyó y firma el Licenciado Héctor Manuel Flores Lara, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, ante el Licenciado José Universo Bautista Fuerte, Secretario de Juzgado, quien autoriza y da fe. Doy fe.

  4. Principal

    Vistos los autos, para resolver el juicio de amparo 184/2023-I-A, promovido por ********************, contra actos del Congreso y Gobernador del Estado de Chihuahua, con residencia en Chihuahua capital; y, R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. Por escrito presentado el catorce de febrero de dos mil veintitrés, en el buzón Judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y recibido por este juzgado en la misma fecha ********************, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal contra actos del Congreso y Gobernador del Estado de Chihuahua, señalados en la demanda de amparo. SEGUNDO. Admisión de la demanda. El dieciséis de febrero de dos mil veintitrés, se admitió a trámite la demanda registrándose bajo el expediente 184/2023-I-A; se solicitó informe justificado a las autoridades responsables, se dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita quien no presentó pedimento; se señaló día y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se inició en términos del acta que antecede, por lo que, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en Ciudad Juárez, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, conforme lo establecen los 103, fracción I y 107, fracción III, de la Constitución Federal; 36 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013, el primero, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, al número, jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito; y, el segundo, inherente a la creación, funcionamiento y jurisdicción de este Juzgado, en atención a que los actos reclamados son leyes estatales y tienen ejecución en esta demarcación, lugar en el que éste Juzgado Federal ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Fijación de los actos reclamados. Previo a abordar lo relativo a la certeza o inexistencia del acto reclamado, se procede a su fijación clara y precisa, en términos de lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, para lo cual se analiza en su integridad la demanda de amparo. En ese sentido se ha pronunciado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en jurisprudencia P./J. 40/2000, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD"; Así como en tesis número P. VI/2004, de la voz: "ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS". Del análisis y lectura integra de la demanda de amparo se aprecia que la parte quejosa reclama del Congreso y Gobernador Constitucional, ambos del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, en el ámbito de sus respectivas competencias, lo siguiente: La aprobación, expedición y promulgación del Decreto LXVII/APLIE/0476/2022 I P.O., que contiene la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua, para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, específicamente, los artículos primero, apartados 4.3., 4.3.2.3 y decimotercero; así como el diverso Decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., por el cual se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en específico, el artículo 29, fracciones I, II, III, IV, V, VI, VII y XVI, inciso a), con motivo de su primer acto de aplicación. TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Se procede al análisis de la certeza o inexistencia de los actos reclamados, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo. Son ciertos los actos que se impugnan a las autoridades responsables Congreso del Estado y Gobernadora Constitucional del Estado de Chihuahua, en el ámbito de su respectiva competencia, consistente en la aprobación, expedición y promulgación de los indicados decretos, dado que así lo manifestaron expresamente al rendir su respectivo informe justificado. Sirve de apoyo la Jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Quinta Época. Registro 917812, Apéndice 2000. Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN. Materia Común, consultable en la página 231, del contenido siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto". A lo anterior debe agregarse que, en cuanto a las normas impugnadas, por estar vigentes, su notoria existencia no está sujeta a prueba, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su numeral 2°. Al caso se aplica por analogía, el criterio sostenido en la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Registro 191452, Tomo XII, Agosto de 2000, Materia Común, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, bajo el rubro y texto siguientes: "PRUEBA. CARGA DE LA MISMA RESPECTO DE LEYES, REGLAMENTOS, DECRETOS Y ACUERDOS DE INTERÉS GENERAL PUBLICADOS EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN. Respecto de las leyes, reglamentos, decretos y acuerdos de interés general, no se necesita probar su existencia en autos, pues basta que estén publicados en el Diario Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlos en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, y porque la inserción de tales documentos en el órgano oficial de difusión tiene por objeto dar publicidad al acto de que se trate, y tal publicidad determina precisamente que los tribunales, a quienes se les encomienda la aplicación del derecho, por la notoriedad de ese acontecimiento, no puedan argüir desconocerlo". Así como la diversa tesis V.2o.214 K, del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, Octava Época, Registro 209107, Tomo XV-1, Febrero de 1995, Materia Común. Consultable en la página 205, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "LEYES, NO SON OBJETO DE PRUEBA. Atento al principio jurídico relativo a que el Derecho no es objeto de prueba, no es necesario que se ofrezca como tal la publicación oficial de la ley que contiene las disposiciones legales reclamadas". CUARTO. La presentación de la demanda resultó oportuna. El plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del veinticinco de enero de dos mil veintitrés al catorce de febrero del citado año; y, la demanda de amparo se presentó en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con residencia en esta ciudad, el catorce de febrero del dos mil veintitrés, dentro del plazo establecido para ello, resultando oportuna su presentación. Efectivamente, el artículo 17 de la Ley de Amparo, señala que el plazo para la promoción del juicio de amparo es de quince días, los cuales se computarán a partir del día siguiente al en que el agraviado tenga conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, de conformidad con el diverso 18 de la misma legislación. Los preceptos legales en comento establecen: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días;." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor". En efecto, tratándose de la impugnación de leyes con motivo de su entrada en vigor, el plazo para la promoción del juicio de amparo es de treinta días; por lo que, si en el caso concreto se reclama la expedición y publicación del decreto combatido, con motivo del auto de aplicación de la norma, es de quince días; sin embargo, en la especie, el quejoso se auto aplicó el acto reclamado el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, por tanto, el plazo previsto en el artículo 17 de la Ley de Amparo transcurrió del veinticinco de enero de dos mil veintitrés al catorce de febrero del mismo año, sin contar los días sábados y domingos por ser días inhábiles, en términos del artículo 19 de la Ley de Amparo, es inconcuso que se hizo de manera oportuna. QUINTO. Causales de improcedencia. Previo al estudio de fondo del asunto, lo procedente es analizar las causales de improcedencia, sea que las partes las hagan valer o que este órgano jurisdiccional de oficio las advierta, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo, y atento al contenido de la jurisprudencia número 814, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible a fojas 553, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación de mil novecientos noventa y cinco, cuyo contenido establece lo siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia". Causal de improcedencia. De oficio se aprecia que se surte la causal de improcedencia contenida en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 108, de la Ley de Amparo, porque la parte inconforme no combatió, por vicios propios la promulgación de los decretos relativos. Causal que se estima fundada, atendiendo los argumentos que se expondrán en párrafos subsecuentes, cuyo precepto disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.) ARTÍCULO 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios; (.)." En el caso de la autoridad que hubiere intervenido en la promulgación de las normas reclamadas, la parte quejosa deberá señalarla con el carácter de autoridad responsable, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios. Así, en la especie, la inconforme no impugnó por vicios propios la promulgación del Decreto cuya aplicación reclama, por lo que, no puede tenerse a esa autoridad como responsable. Por tanto, la causa de improcedencia se actualiza, porque del análisis de los conceptos de violación, no se advierte que la parte quejosa se duela de esos actos en razón de vicios propios, sino únicamente como parte del proceso legislativo que dio origen a las normas reclamadas. Consecuentemente, se surte la causa de improcedencia del juicio de amparo prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 108, fracción III, aplicado en sentido contrario, de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo el criterio sustentado por el Pleno en Materia Administrativa del Primer Circuito en la tesis de jurisprudencia PC.I.A. J/49 A (10a.), visible en la página 2248, Libro 23, octubre de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época (registro 2010097), que señala: "AMPARO CONTRA NORMAS GENERALES. ES IMPROCEDENTE CUANDO LA QUEJOSA IMPUGNA EL REFRENDO Y LA PUBLICACIÓN DE AQUÉLLAS, PERO NO POR VICIOS PROPIOS. Si la quejosa no combate por vicios propios los actos de refrendo y publicación de una norma general, de modo que omite exponer conceptos de violación y no hay causa de pedir suficiente para destruir la pretensión de su constitucionalidad, y sin que se advierta que proceda la suplencia de la queja deficiente, específicamente por una cuestión de constitucionalidad formal de esos actos, procede decretar la improcedencia del juicio en términos del artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 108, fracciones III y VIII, ambos de la Ley de Amparo." Así como el criterio sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en la tesis XXVII.3o.86 K (10a), consultable en la página: 2128, Libro 21, agosto de 2015, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Materia Común, Décima Época (registro: 2009694), que señala: "AMPARO INDIRECTO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL REFRENDO O LA PUBLICACIÓN DE NORMAS GENERALES CUANDO NO SE IMPUGNAN POR VICIOS PROPIOS. Conforme al artículo 108, fracciones III y VIII, de la Ley de Amparo, en el amparo indirecto contra normas generales la quejosa podrá señalar, con el carácter de autoridades responsables, a las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, siempre que formule conceptos de violación para impugnar esos actos por vicios propios. Por consiguiente, de la interpretación sistemática de las porciones normativas referidas con el artículo 61, fracción XXIII, de la propia ley, se colige que el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando en la demanda se señalen como actos reclamados el refrendo o la publicación de normas generales, pero no se formulen conceptos de violación para controvertirlos por vicios propios." Por tanto, al operar dicha causal de improcedencia, con fundamento en el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, lo que procede es sobreseer en el juicio en cuanto a la promulgación reclamada al Congreso del Estado de Chihuahua. Por otra parte, de oficio se considera que, respecto de los actos reclamados consistentes en la aprobación, expedición y promulgación del decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O. por el que se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, específicamente el artículo 29, fracciones II, IV, V, VI, VII y XVI con motivo de su primer acto de aplicación, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el 107, fracción I, en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia..." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: I. Contra normas generales que por su sola entrada en vigor o con motivo del primer acto de su aplicación causen perjuicio al quejoso. [.]" La causa de improcedencia en análisis señala la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo una ley que, aunque vigente, no cause perjuicio a la parte quejosa por el solo hecho de encontrarse en vigor, si no que para que se origine tal perjuicio, como presupuesto de legitimación para ejercer la acción constitucional en concreto, precisa de un acto posterior de aplicación, para entonces irrumpir en la esfera jurídica concreta del gobernado, causándole un perjuicio que es lo que, se insiste, legitima para acudir a la presente instancia constitucional. En ese sentido, se estima necesario precisar que el interés jurídico es el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de los derechos humanos en su perjuicio, cuando a través de un acto de autoridad, se dé la afectación, ofensa, daño o lesión en los intereses del particular, atentando contra de un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, característica que le otorga al gobernado la facultad de exigir y la obligación aparejada del deber jurídico del Estado de cumplir dicha exigencia. Sirve de apoyo, la jurisprudencia número 854, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 582, tomo VI, del Apéndice de 1995, Octava Época, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO. EN QUÉ CONSISTE. El interés jurídico a que alude el artículo 73, fracción V de la Ley de Amparo, consiste en el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de garantías individuales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por el acto de autoridad ocasionando un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del particular. El juicio de amparo se ha instituido con el fin de asegurar el goce de las garantías individuales establecidas en la Constitución General de la República, cuando la violación atribuida a la autoridad responsable tenga efectos materiales que se traducen en un perjuicio real al solicitante del amparo. En conclusión, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado de manera que el sujeto de tales derechos pueda ocurrir al juicio de garantías y no otra persona." Establecido lo anterior, es menester precisar, que en tratándose de leyes, el interés jurídico para efectos del juicio de amparo, no puede acreditarse únicamente con la expedición y presumible aplicación respectiva de tales leyes, sino que debe demostrarse plenamente que la disposición legal reclamada (sea autoaplicativa o heteroaplicativa), ha causado un agravio personal y directo en la esfera de derechos de la parte quejosa, por virtud de encontrarse en los supuestos hipotéticos de la norma de observancia general o por virtud de un acto de aplicación que lo actualice. En efecto, las normas de carácter general pueden ser impugnadas, mediante el juicio de amparo en distintos momentos, atendiendo a la naturaleza de la propia norma. Es decir, dependiendo si son de naturaleza autoaplicativa o heteroaplicativa. En relación con la distinción entre leyes autoaplicativas y heteroaplicativas, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha sostenido en jurisprudencia reiterada que, para determinar si una ley es o no autoaplicativa, no hay que atender solamente a si el particular está o no en posibilidad de realizar determinados actos, sino que hay que observar los términos del mandato legal, pues para que tenga tal carácter, basta con que desde su entrada en vigor se ordene a los gobernados un dar, un hacer o un no hacer, de manera tal que contenga un principio de ejecución, ocasionándoles un perjuicio, una situación jurídica permanente en relación con la creación, modificación, o extinción de un derecho, o en su caso, una obligación, sin que tales supuestos se limiten a la conducta que deba llevar a cabo la autoridad. En el segundo supuesto, es decir, en el caso de las disposiciones generales de naturaleza heteroaplicativa, se requiere la realización de un acto de aplicación que imponga o haga observar los mandatos legales para que se produzca la actualización del supuesto hipotético; esto es, se condiciona la individualización de la norma a un acto ajeno a su sola vigencia. En este orden, es dable afirmar que para la impugnación de las disposiciones generales mediante el juicio de amparo, se requiere acreditar que esas normas afectan la esfera jurídica de quien solicita la protección federal, ya sea porque con su entrada en vigor tal afectación se genere de inmediato (individualización incondicionada), o bien, porque dichos efectos se hayan causado con motivo de un acto de aplicación (individualización condicionada), el cual proviene generalmente de la actuación de una autoridad, aun cuando también puede surgir de los actos propios de los particulares o de un tercero que actúa como auxiliar de la administración pública, si mediante su conducta se vincula de modo necesario al solicitante del amparo con lo dispuesto en los preceptos impugnados, por actualizarse sus hipótesis normativas. Lo anterior, tiene su apoyo, en el criterio que contiene en la jurisprudencia P./J. 55/97, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo VI, julio de 1997, página 5, de texto siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento." Ahora, la parte quejosa reclama en esta instancia constitucional, el decreto LXVII/EXLEY/0107/2021 I P.O., por el que se expidió la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en específico el artículo 29, fracciones I, II, IV, V, VI, VII y XVI, todas con motivo de su primer acto de aplicación, esto es, las reclama en su carácter de heteroaplicativas, los cuales establecen lo siguiente: "Artículo Primero.- Durante el ejercicio fiscal comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre del año 2022, la Hacienda Pública Estatal percibirá los ingresos provenientes de los conceptos y en las cantidades estimadas en pesos, que a continuación se enumeran: [.] DERECHOS. Los ingresos que se perciban por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público del Estado, así como por la prestación de los servicios que otorgan las dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en la forma y montos que establezcan las disposiciones fiscales. 4. DERECHOS [.] 4.3.2.3 De la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado 225,446,094 Artículo Decimotercero.- A fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29: en los siguientes términos: El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable sobre la cuota establecida para dicha fracción. En lo que respecta a la fracción XXVI, inciso a), el estímulo se calculará sobre el 50% del valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, en cuanto a la revocación de la donación, se calculará sobre el 100% del valor más alto entre los citados y en el caso de los arrendamientos y operaciones similares señaladas en la fracción IV, el valor de operación será el moro de las rentas anticipadas, o bien, el monto de la renta por un año. El estímulo se aplicará sobre la cuota a pagar por el concepto de la fracción de que se trate, bajo el siguiente esquema: VALOR ESTIMULO FISCAL (pesos) Límite inferior Limite Superior 0.000 100,000.00 86% 100,000.01 200,000.00 80% 200,000.01 400,000.00 60% 400,000.01 700,000.00 30% [.]" "Artículo 29. Por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que realice la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, se pagará el derecho conforme a la cuota de 21.9902 UMAs, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de este Capítulo: I. Las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 UMAs II. Por la inscripción de convenios modificatorios, así como los contratos que contengan disposiciones de efectivo de créditos otorgados con anterioridad, inscripción de las garantías adicionales y/o cesiones de crédito, cesión de derechos litigiosos o convenios de subrogación o reconocimiento de adeudos, cuya garantía ya estuviese previamente inscrita en el Registro Público de la Propiedad, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 UMAs [.] IV. Por cada asiento registral que se haga en las secciones no mencionadas específicamente del Registro de la Propiedad o en cualquiera de los folios mercantiles del Registro Público de Comercio, incluidos los embargos, arrendamientos, demandas hipotecarias o cédulas hipotecarias y operaciones similares que no aparezcan mencionadas en otras disposiciones de esta Ley. 167.3734 UMAs V. En los casos de inscripción de condominio, se pagará el derecho conforme a las siguientes cuotas: a) Por asentar las inscripciones para la constitución del régimen de condominio. 167.3734 UMAs b) Por el resto de las inscripciones necesarias para el registro de las unidades privativas de condominio, por cada una de ellas, se aplicará la cuota. 0.8554 UMAs VI. Por asentar las inscripciones necesarias de la división de la copropiedad, siempre que de alguna de las divisiones no resulte excedente de superficie. 167.3734 UMAs En caso de que resulte excedente, se pagará por dicho excedente, la cuota prevista en la fracción I de este artículo. VII. Por asentar las inscripciones necesarias para inscribir actos, contratos, convenios o autorizaciones por las que se fraccionen, lotifiquen, subdividan o fusionen predios. 167.3734 UMAs Por la nota marginal correspondiente a cada lote que se autorice dentro del fraccionamiento de que se trate, se aplicará la cuota. 0.8554 UMAs [.]" Sin embargo, para acreditar el acto concreto de aplicación de los preceptos legales combatidos, el solicitante de derechos fundamentales ofreció como prueba de su intención la factura con los folios fiscales ********************relativa al número de operación ********************de fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, a nombre del contribuyente ********************, de los cuales se advierte que a la parte quejosa se le aplicó el numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, correspondiente a las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos. Documental que merece pleno valor probatorio en términos de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por tanto, la anterior documental se considera suficiente para tener por acreditado el primer acto de aplicación únicamente respecto del numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua y artículo primero, apartado 4.3.2.3 de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el Ejercicio Fiscal dos mil veintitrés, que se reclaman en esta instancia, no así respecto del numeral 29, fracciones II, IV, V, VI, VII y XXVI de la legislación referida en primer término. Es aplicable a lo anterior, encuentra sustento en la tesis IV.1o.5 K, aprobada por el Primer Tribunal Colegiado del Cuarto Circuito, visible a página 659, IV, Agosto de 1997, del Semanario Judicial de la Federación, con registro 197963, la cual señala: "AMPARO IMPROCEDENTE CUANDO NO EXISTE ACTO CONCRETO DE APLICACIÓN, TRATÁNDOSE DE LEYES HETEROAPLICATIVAS. Si del contenido de la demanda se advierte que el quejoso, en relación con los actos reclamados, hace una referencia vaga e imprecisa de los actos concretos de aplicación, dado que, por una parte, los actos no habían acontecido y, por otra, se demostró que el acto afectaba a persona distinta al quejoso, ello impide establecer la vinculación necesaria con los actos legislativos que se impugnaron como heteroaplicativos, lo que es menester a fin de estar en posibilidad de examinar su constitucionalidad, actualizándose así, en relación con tales actos legislativos, la causa de improcedencia prevista en el artículo 73, fracción VI, de la Ley de Amparo, y además como motivo manifiesto e indudable, en los términos del artículo 145 del mismo ordenamiento legal, que amerita el desechamiento de plano de la demanda de garantías correspondiente." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el numeral 61, fracción XI, en relación con el 107, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, conforme a lo dispuesto en el diverso numeral 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal, se decreta el sobreseimiento en el juicio que se resuelve en lo atinente al numeral 29, fracciones II, IV, V, VI, VII y XXVI de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dado que, como se afirmó, no se demostró que le fueran aplicadas. Causas de improcedencia que no se actualizan. Al respecto, el Congreso y la Gobernadora del Estado, aducen que se actualiza la causa de improcedencia contemplada en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diverso 17 y 18, todos de la Ley de la Amparo, toda vez que sobrepasó el término de quince días para la presentación de la demanda. El numeral de referencia, es de la siguiente redacción: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [ .] XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. [.]" El numeral previamente inserto, establece que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendidos como aquellos contra los cuales no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Asimismo, señala que no se entenderá consentida una norma general cuando no se impugne dentro del plazo que inicia en la fecha de su vigencia, o cuando no se promueva contra el primer acto de aplicación de la norma tildada de inconstitucional, o desde que tuvo conocimiento de dicho acto. Resulta infundada la causa de improcedencia en comento. Al respecto, es importante traer a colación artículos 17 y 18 de la legislación de la materia, los que son del tenor literal siguiente: "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo". "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la transcripción de los artículos descritos, se desprende que la parte quejosa consentirá el acto de autoridad cuando no promueva oportunamente el juicio de amparo, por lo cual resultará improcedente el juicio biinstancial una vez concluidos los plazos estatuidos por la ley, ya que taxativamente deberá presentarse dentro de los quince días siguientes al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame, o aquél en que tuviera conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución. En el caso que nos ocupa, el acto de aplicación que reclama la disconforme, consiste en la factura con folio de operación ********************de fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, a nombre del contribuyente ********************, según se advierte de la documental exhibida por la parte quejosa. Documental que cuenta con folio fiscal, sello digital del emisor, sello digital del Servicio de Administración Tributaria y cadena original de complemento de certificación del Servicio de Administración Tributaria, por lo que se le otorga probatorio pleno de conformidad con lo que disponen los artículos 129, 197, 202 y 210-A, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de su artículo 2. Resulta aplicable a lo anterior en lo conducente la Tesis I.7o.A.410 A, sustentada por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible a página 2471, del Tomo XXII, correspondiente al mes de octubre de dos mil cinco, materia administrativa, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 176863, cuyos rubro y texto, son del tenor literal siguiente: "RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión." Asimismo, del sello de recepción, se advierte que la demanda de amparo fue presentada en el Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el catorce de febrero de dos mil veintitrés. Entonces, el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a transcurrir a partir del día siguiente hábil a aquél en que haya tenido conocimiento del acto reclamado o de su ejecución, esto es, si el pago lo efectuó el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el plazo transcurrió del veinticinco de enero al catorce de febrero de dos mil veintitrés. En ese tenor, si la demanda de amparo se presentó en la Buzón de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, el catorce de febrero de dos mil veintitrés, fue promovida dentro de los plazos establecidos en la Ley de Amparo. Por otro lado, la Gobernadora del Estado de Chihuahua, señalo como causal de improcedencia la establecida en el artículo 61, fracción XIV que en lo que interesa dispone que el juicio de amparo es improcedente contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquellos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. Resulta infundada la causal de improcedencia invocada por la Gobernadora del Estado de Chihuahua, en virtud de que la demanda de amparo fue presentada en tiempo, esto es, si el pago lo efectuó el veintitrés de enero de dos mil veintitrés, el plazo transcurrió del veinticinco de enero al catorce de febrero de dos mil veintitrés y la demanda de amparo fue presentada el catorce de febrero de dos mil veintitrés, de ahí lo infundado de la causal de improcedencia descrita. No existiendo diversas causales de improcedencia que las partes hayan hecho valer, o que de oficio advierta este Juzgado Federal, se procede al estudio del fondo del asunto. SEXTO. Los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa en su escrito de demanda de amparo, se tienen por reproducidos en este apartado por ser innecesaria su trascripción, puesto que la Ley de Amparo no establece en precepto alguno tal obligación. Sustenta lo expuesto la jurisprudencia 2a./J. 58/2010, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de 2010, en la pág. 830; de rubro y texto siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." SÉPTIMO. Son sustancialmente fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa. A continuación, se exponen las razones de ello. En primer término, cabe precisar que está demostrado el acto de aplicación del artículo 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, ya que al efecto, la parte quejosa exhibió el certificado de pago número de operación ********************de fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, a nombre del contribuyente ********************, donde se advierte, entre otros, el concepto siguiente: "EXCEDENTE 600 MIL TRASLATIVO DEDOMINIO PROPIEDAD INMUEBLE PROMENT SECTOR PUBLICO", por lo que resulta válido concluir que le fue aplicada la tarifa contenida en el numeral 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, que en lo conducente establece: "Artículo 29. Por cada inscripción, anotación o cancelación de asiento que realice la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, se pagará el derecho conforme a la cuota de 21.9902 UMAs, con las excepciones que se señalan en las fracciones siguientes y en los demás artículos de este Capítulo: I. Las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 UMAs (.)". Por ello, si de la documental de antecedentes se advierte que le fue aplicada la tarifa establecida para la inscripción traslativa de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre éstos; entonces, se concluye la existencia de los actos de aplicación de la Ley Estatal de Derechos en su artículo 29, fracción I, en los términos indicados. Por otra parte, la parte quejosa argumenta esencialmente, en sus conceptos de violación, lo siguiente: Que la Ley de Ingresos que remite a la Ley Estatal de Derechos en su artículo 29, que establece el cobro de derechos por la cantidad de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización es exorbitante, en relación con el verdadero costo del servicio prestado. Sostiene, que el cobro antedicho no guarda un sano y razonable equilibrio entre la cuota de referencia y los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad, en relación con el costo real de esa contraprestación, lo cual trasgrede el principio de proporcionalidad tributaria; ya que debe otorgarse el mismo trato a quienes reciben igual servicio. Señala, que el numeral decimotercero de la Ley de Ingresos, prevé un estímulo fiscal de hasta un 86% (ochenta y seis por ciento) de la tarifa ordinaria de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización, lo cual revela que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado es capaz de llevar a cabo una inscripción con solamente el 14% (catorce por ciento) de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado. Conforme a lo anterior, el derecho que cobra el Estado respecto de la prestación del servicio es de aproximadamente quinientos por ciento mayor a la real. Como se destacó con antelación, la inconformidad de la peticionaria de amparo, se centra en que el costo del derecho es desmedido y ni siquiera se aproxima al costo de producción del mismo, ya que se está lucrando con ese derecho y, por tanto, es violatorio del principio de proporcionalidad tributaria, al no existir una equivalencia razonable entre la cuota fijada y el servicio prestado, sino que se utiliza como un instrumento generador de ganancias. Como ya se precisó, resulta sustancialmente fundado el resumido concepto de violación, como se expondrá a continuación. A fin de dar contestación a los argumentos vertidos por la parte quejosa, cabe precisar, qué debe entenderse como derecho, en términos de lo previsto en el artículo 38 del Código Fiscal del Estado de Chihuahua: "Artículo 38. Para efectos de las disposiciones fiscales, son contribuciones los impuestos, las contribuciones especiales, y los derechos, las que se definen como: [.] III. Derechos: Son las contribuciones establecidas en Ley por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público, así como por recibir servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, excepto cuando se presten por organismos descentralizados u órganos desconcentrados cuando en este último caso, se trate de contraprestaciones que no se encuentren previstas en las Leyes Fiscales respectivas. También son derechos las contribuciones a cargo de los organismos públicos descentralizados por prestar servicios exclusivos del Estado. [.]." Ahora, para dar respuesta a lo anterior, se estima necesario traer a colación el contenido del apartado de Derechos de la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal 2023, punto 4.3.2.3, que dispone: "DERECHOS Los ingresos que se perciban por el uso o aprovechamiento de los bienes de dominio público del Estado, así como la prestación de los servicios que otorgan las dependencias del Gobierno del Estado, se causarán en la forma y montos que establezcan las disposiciones fiscales. 4. Derecho [.] 4.3.2.3 De la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado 523,603,053". Por su parte, la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en su artículo 29, fracción I, establece que por las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmuebles o garantías constituidas sobre estos, se pagará el derecho conforme a la cuota de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización. Ahora, en el Diario Oficial de la Federación se publicó el valor de la referida medida vigente a partir del uno de febrero de dos mil veintitrés al treinta y uno de enero de dos mil veinticuatro, el cual equivale a $103.74 (ciento tres pesos 74/100 moneda nacional), lo que resulta en una cuota de $16,104.66 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 66/100 moneda nacional), tal como se advierte del certificado de pago exhibido por la parte quejosa. En relación al tema de derechos por servicios, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, estableció que tratándose de los principios tributarios de proporcionalidad y equidad previstos en la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, al grado de resultar interdependientes, puesto que esa contribución tiene como hecho generador, precisamente, la prestación del servicio. En ese sentido, para que se tengan satisfechos los requisitos de proporcionalidad y equidad, es necesaria la existencia de un "razonable equilibrio" entre la cuota y la prestación y, además, otorgarse un mismo trato fiscal a quienes reciben igual servicio, para lo cual debe tenerse en cuenta, ordinariamente, el costo que para el Estado tenga la ejecución de ese servicio; pero, acotó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es indispensable que la correspondencia entre ambos términos deba entenderse como en derecho privado, esto es, que el precio corresponda exactamente al valor de aquel, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. El criterio antes expuesto quedó plasmado en la jurisprudencia aprobada por el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con número de registro 196933, con el rubro y texto siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS. SUBSISTE LA CORRELACIÓN ENTRE EL COSTO DEL SERVICIO PÚBLICO PRESTADO Y EL MONTO DE LA CUOTA. No obstante que la legislación fiscal federal, vigente en la actualidad, define a los derechos por servicios como las contribuciones establecidas en la ley por los servicios que presta el Estado en sus funciones de derecho público, modificando lo consignado en el Código Fiscal de la Federación de 30 de diciembre de 1966, el cual en su artículo 3o. los definía como las contraprestaciones establecidas por el poder público, conforme a la ley, en pago de un servicio, lo que implicó la supresión del vocablo contraprestación; debe concluirse que subsiste la correlación entre el costo del servicio público prestado y el monto de la cuota, ya que entre ellos continúa existiendo una íntima relación, al grado que resultan interdependientes, pues dicha contribución encuentra su hecho generador en la prestación del servicio. Por lo anterior, siendo tales características las que distinguen a este tributo de las demás contribuciones, para que cumpla con los principios de equidad y proporcionalidad que establece la fracción IV del artículo 31 constitucional, debe existir un razonable equilibrio entre la cuota y la prestación del servicio, debiendo otorgarse el mismo trato fiscal a los que reciben igual servicio, lo que lleva a reiterar, en lo esencial, los criterios que este Alto Tribunal ya había establecido conforme a la legislación fiscal anterior, en el sentido de que el establecimiento de normas que determinen el monto del tributo atendiendo al capital del contribuyente o a cualquier otro elemento que refleje su capacidad contributiva, puede ser correcto tratándose de impuestos, pero no de derechos, respecto de los cuales debe tenerse en cuenta ordinariamente el costo que para el Estado tenga la ejecución del servicio; y que la correspondencia entre ambos términos no debe entenderse como en derecho privado, de manera que el precio corresponda exactamente al valor del servicio prestado, pues los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares." Acotado lo anterior, resulta necesario precisar que toda ley, en razón de la legitimidad de los órganos que la emiten, goza de la presunción de constitucionalidad, por lo que, es preciso que quienes la impugnan desvirtúen tal presunción, tomando en consideración, además, que en términos del tercer párrafo del artículo 117 de la Ley de Amparo, la carga de la prueba de la inconstitucionalidad del acto reclamado corresponde a la parte quejosa, siempre que no sea violatorio en sí mismo de los derechos humanos a que se refiere el artículo 1º de la legislación en cita. Sin embargo, en el tema específico del principio de proporcionalidad en materia de derechos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, sustentó criterio en el sentido de que, cuando se reclame la inconstitucionalidad de un precepto que prevé la cuota a pagar por concepto de derechos, alegando para ello violación al principio de proporcionalidad tributaria, específicamente porque considere que el monto por el servicio recibido es muy superior al costo que tiene en el mercado, como en el caso lo afirma la parte quejosa, en primer término, no basta su sólo alegato para que el juzgador de amparo haga un estudio de mercado para determinar el costo promedio del servicio, al no ser esto último acorde con la función jurisdiccional; por tanto, inicialmente corresponderá al quejoso aportar los elementos, datos o pruebas, que sustenten sus argumentos, los que servirán de parámetro para llevar a cabo el estudio respectivo. Ahora bien, es dable precisar que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, sobre el tema a dilucidar en este amparo, emitió jurisprudencia donde se ha pronunciado en el sentido que las leyes de ingresos para los ejercicios fiscales dos mil veinte y dos mli veintiuno, que prevén las tarifas para el cobro de derechos registrales contienen un indicio de desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado por el estado por ese concepto. Sostuvo lo anterior, pues consideró existen evidencias suficientes para señalar que es desproporcional el cobro de derechos por registro, previsto en las tarifas anexas de las leyes citadas, con el servicio prestado, pues la actividad registral es sencilla y uniforme, además de que existen al menos dos hipótesis en que actividades registrales análogas prevén un cobro sustancialmente menor. En esos casos, concluyó que respecto a la carga de la prueba cuando se argumenta violación al principio de proporcionalidad tributaria, en términos de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, si bien inicialmente corresponde a la parte quejosa aportar indicios mediante elementos, hechos, datos o pruebas sobre la desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado, satisfecho lo cual, la autoridad responsable debe acreditar que el cobro que implementó es proporcional. Sin embargo, estimó que esa carga procesal del particular no se desahoga exclusivamente mediante pruebas formales o complejas como periciales e informes sobre ingresos y egresos públicos, sino que puede aportar datos, hechos y elementos que constituyan indicios de desproporcionalidad, como los argumentos basados en la propia legislación aplicable, bajo el principio general de que la ley no está sujeta a prueba. Además, consideró que no es exigible al quejoso conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, porque implicaría arrojarle una carga de imposible cumplimiento o que implique un desgaste y erogaciones mayores al beneficio que busca obtener con el amparo. De la lectura de la ejecutoria emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, relativa al amparo en revisión 563/2021 (último precedente), se estableció, en lo que aquí interesa, lo siguiente: "(.) 34. En primer término, en el artículo 74 de la Ley de Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua y, en segundo lugar, en el propio Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I.P.O., por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico, la fracción IV, numeral 13 de la tarifa anexa, con lo que satisfizo la parte inicial de su débito procesal, consistente en evidenciar, al menos de forma indiciaria, la desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado. 35. En la especie, los elementos, hechos, datos o pruebas aportados por la parte quejosa, para evidenciar indiciariamente que la tasa prevista para el cobro de derechos por servicio de que se trata es desproporcional, consiste, en primer término, en el artículo 74 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua y, en segundo lugar, en el propio Decreto LXVI/APLIE/0952/2020 I.P.O., por el cual se expidió la Ley de Ingresos para el Estado de Chihuahua para el ejercicio fiscal dos mil veintiuno, en específico, la fracción IV, numeral 13 de la tarifa anexa, con lo que satisface la parte inicial de su débito procesal, consistente en evidenciar al menos de forma indiciaria la desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado. 36. Así es, el artículo 74 de la Ley del Registro Público de la Propiedad del Estado de Chihuahua establece que el procedimiento para la inscripción en el registro público será la: 1) recepción física o electrónica, en su caso, del instrumento en el que conste el acto a inscribir, acompañado, cuando se requiera, del certificado de ingresos del pago de los derechos respectivos. 37. Al momento de ingresarse la solicitud del trámite, 2) se otorga un número de ingreso señalando la fecha y hora de entrada. 38. Ingresado el acto o derecho a registrar, se 3) procede a su análisis y verificación de la existencia o inexistencia de antecedentes registrales. 39. Hecho lo cual, 4) se autoriza, suspende o rechaza el trámite requerido. 40. En caso de ser aprobado, 5) se efectuará la captura de la información en las formas establecidas para ello y, hecho lo anterior, se procederá a la calificación definitiva del acto inscrito mediante la 6) firma del registrador, ya sea autógrafa o electrónica, 7) generándose con ello los datos de registro respectivos. 41. De lo que se colige que el registro hasta su fase final implica: 1. Recibir el instrumento en el que conste el acto a inscribir, con el comprobante de pago de derechos. 2. Asignarle número con fecha y hora de entrada. 3. Análisis y verificación de la existencia o inexistencia de antecedentes registrales. 4. Autorización, suspensión o rechazo del trámite. 5. Si se aprueba, se captura la información. 6. Firma del registrador. 7. Datos de registro. 42. De todo lo cual no se advierte ningún procedimiento de alta complejidad o elementos técnicos de ejecución complicada o especializada, ya que el elemento más técnico observable es el análisis de la solicitud, pero ello se despliega con personal propio de la dirección y de acuerdo con los antecedentes registrales de la propia dependencia y anexos que como requisitos se establecen previamente para las personas legitimadas, a fin de presentar la solicitud de registro (notarías y autoridades jurisdiccionales), en lo que al particular interesa. 43. Por consiguiente, al correlacionarse la descrita actividad sencilla con el cobro de ********** pesos, se erige con claridad un indicio de desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado. (.)." De lo antes reproducido, se advierte que el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoséptimo Circuito, determinó que las leyes de ingresos que contemplan las tarifas para el cobro de los derechos por inscripciones de asientos registrales adolecen de un principio de inconstitucionalidad al advertirse una desproporcionalidad entre la tarifa prevista y el servicio prestado. Cuestiones que se encuentran plasmadas en la Jurisprudencia XVII.2o.P.A. J/8 A (11a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación con el número 2024953, de rubro y texto siguientes: "DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. LOS NUMERALES 12 Y 11 DEL APARTADO IV DE LAS TARIFAS ANEXAS A LAS LEYES DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 Y 2021, RESPECTIVAMENTE, QUE LOS PREVÉN, AL EXISTIR INDICIOS DE DESPROPORCIONALIDAD ENTRE EL COBRO Y EL SERVICIO PRESTADO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. Hechos: Los quejosos promovieron juicio de amparo directo contra diversos artículos del apartado IV de la tarifa anexa de las Leyes de Ingresos del Estado de Chihuahua para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, publicadas en el Periódico Oficial de esa entidad el 28 de diciembre de 2019 y 31 de diciembre de 2020, respectivamente, que prevén las cuotas por los 29/08/26 16:39:45 servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, al considerar que no guardan un razonable equilibrio con el costo real del servicio, lo que las torna exorbitantes. Criterio jurídico: Este Tribunal Colegiado de Circuito determina, ante la existencia de indicios de vicios de desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado por concepto de derechos por servicios registrales, que los numerales 12 y 11 del apartado IV de las tarifas anexas a las Leyes de Ingresos del Estado de Chihuahua para los ejercicios fiscales 2020 y 2021, respectivamente, que los prevén, violan el principio de proporcionalidad tributaria. Justificación: Lo anterior, porque respecto a la carga de la prueba cuando se argumenta violación al principio de proporcionalidad tributaria, en términos de la fracción IV del artículo 31 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la tesis aislada 2a. CX/2013 (10a.), de rubro: "PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA. CARGA PROBATORIA, TRATÁNDOSE DE DERECHOS POR SERVICIOS.", la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que inicialmente corresponde a la parte quejosa aportar indicios mediante elementos, hechos, datos o pruebas sobre la desproporcionalidad entre el cobro y el servicio prestado, satisfecho lo cual, la autoridad responsable debe acreditar que el cobro que implementó es proporcional. Ahora bien, el débito procesal del particular no se desahoga exclusivamente mediante pruebas formales o complejas como periciales e informes sobre ingresos y egresos públicos, sino que puede aportar datos, hechos y elementos que constituyan indicios de desproporcionalidad, como los argumentos basados en la propia legislación aplicable, bajo el principio general de que la ley no está sujeta a prueba; además, no es exigible al quejoso conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, porque implicaría arrojarle una carga de imposible cumplimiento o que implique un desgaste y erogaciones mayores al beneficio que busca obtener con el amparo. En ese contexto, existen evidencias suficientes para señalar que es desproporcional el cobro de derechos por registro, previsto en las tarifas anexas de las leyes citadas, con el servicio prestado, pues la actividad registral es sencilla y uniforme, además de que existen al menos dos hipótesis en que actividades registrales análogas prevén un cobro sustancialmente menor." Criterio el anterior que resulta aplicable y obligatorio para este órgano de control constitucional, en términos del artículo 217, párrafo cuarto de la Ley de Amparo; por lo que, si ya un cuerpo colegiado del circuito al que pertenece este Juzgado de Distrito, emitió un criterio respecto de las tarifas establecidas en las leyes de ingresos relativas al cobro de los asientos registrales, donde en síntesis concluyó que se advierte que existe una desproporción entre la tarifa y el servicio prestado; en consecuencia, se considera que ello constituye jurisprudencia temática, ya que de él se extrae un principio de validez general relativo a la desproporción en el cobro del derecho por asientos registrales, igualmente aplicado en la Ley Estatal de Derechos reclamable; que permite establecer la inconstitucionalidad aquí combatida, como antes se indicó. Al respecto, resulta aplicable la Jurisprudencia 2a./J. 116/2006, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizada en la página 213, Tomo XXIV, Septiembre de 2006, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que establece: "ACCIÓN DE INCONSTITUCIONALIDAD. SI EN ELLA SE DECLARA LA INVALIDEZ DE NORMAS GENERALES, LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES DEBEN APLICAR ESE CRITERIO, AUN CUANDO NO SE HAYA PUBLICADO TESIS DE JURISPRUDENCIA. La circunstancia de que no se haya publicado tesis de jurisprudencia relativa a una acción de inconstitucionalidad en cuya resolución se declaró la invalidez de alguna norma general, no es óbice para que los Tribunales Colegiados de Circuito apliquen el criterio sostenido en ella, pues de conformidad con el artículo 43, en relación con el 73, ambos de la Ley Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las sentencias pronunciadas en acciones de inconstitucionalidad, aprobadas por lo menos por ocho votos, son de observancia obligatoria y conforme al artículo 44 de la ley citada, la resolución se inserta de manera íntegra en el Diario Oficial de la Federación así como en el órgano oficial en que tales normas se hubieren publicado. Además, las razones contenidas en los considerandos que funden los resolutivos de las sentencias aprobadas en esos términos, se entienden comprendidas en el supuesto a que se refiere el punto quinto, fracción I, inciso D), del Acuerdo General Plenario 5/2001, que establece: "QUINTO. De los asuntos de la competencia originaria de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con las salvedades especificadas en los puntos tercero y cuarto de este acuerdo, corresponderá resolver a los Tribunales Colegiados de Circuito: I. Los recursos de revisión en contra de sentencias pronunciadas por los Jueces de Distrito o los Tribunales Unitarios de Circuito, cuando: ... D) Los amparos en revisión en los que, sobre el tema debatido, se integre, aunque no se haya publicado, jurisprudencia del Pleno o de las Salas o existan cinco precedentes emitidos por el Pleno o las Salas indistintamente, en forma ininterrumpida y en el mismo sentido, aun cuando no hubieran alcanzado la votación idónea para ser jurisprudencia." Conforme lo antes expuesto, se dice que resulta fundado el concepto de violación, pues la Ley Estatal de Derechos, se aparta del principio de proporcionalidad en atención a que adolece de la misma presunción de inconstitucionalidad que las analizadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa, con residencia en la Ciudad de Chihuahua, Capital, en la Jurisprudencia citada en párrafos que anteceden. Es así, pues el procedimiento para llevar a cabo la inscripción ante el Registro Público de la Propiedad es el mismo que se ilustró por parte de dicho cuerpo colegiado en la ejecutoria de mérito, cuestión que pone en evidencia la presunción de inconstitucionalidad que adolece el derecho que se reclama. Por tanto, si de lo analizado con antelación, se advierten parámetros según los cuales el cobro del derecho establecido sería injustificadamente mayor al gasto generado por la prestación del servicio de registro y, ante la inactividad de la autoridad responsable para desvirtuarla, entonces resulta dable concluir que, en este caso concreto, no se demostró que en el artículo 29, fracción I de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, existe un razonable equilibrio entre la cuota de 167.3734 Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $16,104.66 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 66/100 moneda nacional), que establece la ley en mención para el cobro de la inscripción registral y el costo que para el estado representa la prestación de ese servicio. No es óbice lo anterior, lo señalado por las autoridades responsable al rendir sus informes justificados en el sentido que el servicio que brinda la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado implica diversas actividades y pasos para lograr la inscripción, como son las diversas áreas de revisión, inscripción, cotejo y almacenamiento de la información. Empero, tales afirmaciones no justifican la razón por la cual, las citadas actividades desplegadas conllevan un gasto que evidencian la proporción en el cobro del derecho registral de inscripción; por tanto, constituyen meras afirmaciones sin sustento alguno, pues dichas áreas que precisan las autoridades siempre han existido desarrollando mismo proceso para llevar a cabo la inscripción de los derechos registrales, es decir, dichas áreas cumplen con el objeto del Registro Público de la Propiedad, como es precisamente la permanente publicidad de los actos y hechos jurídicos inscritos a fin de que surtan efectos frente a terceros. Máxime que en la jurisprudencia temática señalada en líneas precedentes, de rubro: "DERECHOS POR SERVICIOS REGISTRALES. LOS NUMERALES 12 Y 11 DEL APARTADO IV DE LAS TARIFAS ANEXAS A LAS LEYES DE INGRESOS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA PARA LOS EJERCICIOS FISCALES 2020 Y 2021, RESPECTIVAMENTE, QUE LOS PREVÉN, AL EXISTIR INDICIOS DE DESPROPORCIONALIDAD ENTRE EL COBRO Y EL SERVICIO PRESTADO, VIOLAN EL PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD TRIBUTARIA", se hace hincapié a la gran desproporción entre la tarifa cobrada por el derecho en relación con el servicio prestado, de ahí que resulten infundadas las aseveraciones hechas valer en tal sentido. En tales condiciones, resultan esencialmente fundados los conceptos de violación y suficientes para conceder el amparo y protección de la Justicia Federal instados, por tanto, se declara la inconstitucionalidad de la norma reclamada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis XVII.2o.P.A.19 A (10a.) de la Décima Época, con número de registro 2012271, consultable en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo IV, página 2539, de rubro y texto siguiente: "DERECHOS POR SERVICIOS. LA CARGA DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE DE DEMOSTRAR EN EL AMPARO LA RAZONABILIDAD DE LA TARIFA CORRESPONDIENTE, DEPENDE DE QUE EL QUEJOSO OFREZCA PRUEBAS QUE APUNTEN, AL MENOS INDICIARIAMENTE, A QUE LAS TASAS SON EXCESIVAS. En materia de derechos por servicios el principio de proporcionalidad tributaria exige que exista un razonable equilibrio entre la cuota que se cobra al usuario y el costo que representa para el Estado su prestación, aunque esa relación no implique que el precio corresponda exactamente al valor de aquéllos, ya que los servicios públicos se organizan en función del interés general y sólo secundariamente en el de los particulares. En ese sentido, como toda ley goza de presunción de constitucionalidad, es preciso que quien sostenga en el amparo que la cuota es notoriamente desproporcionada, asuma la carga de demostrar esa afirmación, pero si el quejoso rinde pruebas que apunten, al menos indiciariamente, a que las tasas son excesivas, la autoridad responsable está obligada a justificar, ya sea en su informe o durante la tramitación del juicio, la razonabilidad del cobro, por no serle exigible al gobernado conocer la estructura de costos de la autoridad y sus políticas operacionales, además de que en un sistema democrático compete al Estado acreditar la legitimidad de sus decisiones de finanzas públicas, independientemente de que no esté obligado a hacerlo en el texto legislativo." Concesión que se hace extensiva al pago del impuesto universitario del 4% sobre el importe de $16,104.66 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 66/100 moneda nacional), que establece la ley para el cobro de la inscripción registral, toda vez que los artículos 79, 80, 81, 82 y 83 de la Ley de Hacienda para el Estado de Chihuahua, en lo conducente dicen: "Artículo 79. Es objeto de este impuesto, los montos que resulten a pagar por concepto de impuestos ordinarios y derechos a que se refieren esta Ley y la Ley de Ingresos del Estado de Chihuahua. SUJETOS Artículo 80. Son sujetos de este impuesto, los contribuyentes obligados al pago de los impuestos ordinarios y derechos indicados en el artículo anterior. BASE Artículo 81. Se tomará como base de este impuesto, el monto total que se cause en cada impuesto ordinario o derecho. TASA Y DESTINO Artículo 82. A la base a que se refiere el artículo 81 de esta Ley, se le aplicará la tasa del 4 %, y el importe que se obtenga será el impuesto a pagar. Los ingresos que se obtengan por este impuesto se destinarán al sostenimiento de la Universidad Autónoma de Chihuahua y de la Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, por partes iguales. PAGO Artículo 83. El impuesto establecido en esta sección deberá pagarse en los mismos plazos y de manera conjunta con los impuestos ordinarios y derechos que lo causen." Por ello, si de las documentales antes valoradas se advierte que le fue aplicada la tarifa $$16,104.66 (dieciséis mil ciento cuatro pesos 66/100 moneda nacional), correspondiente a las inscripciones que se generen en virtud de las inscripciones traslativas de dominio de propiedad de inmueble o garantías constituidas sobre estos, el cual fue declarado inconstitucional virtud a que no guarda un sano equilibrio con el costo real de esa contraprestación, lo que genera una falta de correlación entre ambas y redunda en un cobro exorbitante; entonces, es indudable que la concesión del amparo alcanza el cobro del impuesto universitario, toda vez que al actualizarse el monto total del derecho registral, también se modifica la base del impuesto en comento. Por tanto, al resultar esencialmente fundados los conceptos de violación formulados por la quejosa, lo procedente es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal solicitados. OCTAVO. Para fijar los efectos de la concesión del amparo, debe atenderse a que la declaratoria de inconstitucionalidad no afecta integralmente a la contribución, por lo cual, la parte quejosa, no puede ver totalmente desincorporada de su esfera de obligaciones, la de pagar por el servicio recibido, sino sólo en la parte que resulta desproporcionada o excesiva. Empero, como ya se explicó, el órgano de amparo no está obligado a emprender un estudio de mercado para determinar cuál debe ser el costo exacto de la contraprestación, ni puede tampoco atender, exclusivamente, al resultado de la actividad probatoria aportada por la quejosa, pues aunque esta ciertamente constituye un principio de prueba conforme al cual satisfizo la carga que le correspondía, no tiene el alcance de fijar, en estricto sentido, si lo ahí señalado se ajusta a la realidad. Por ende, procede fijar una tarifa en ejercicio del prudente arbitrio, para lo cual se toma en cuenta el texto de la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2023, que en su artículo decimotercero prevé un estímulo fiscal de hasta el 86% (ochenta y seis por ciento) de la tarifa ordinaria, a saber: "ARTÍCULO DECIMOTERCERO.- A fin de incentivar el mercado inmobiliario, apoyar los diversos procesos de regularización de la tenencia de la tierra y promover la ejecución de actos de comercio y de otra índole, tendientes a activar la economía del Estado, en aquellos sectores sociales económicamente más vulnerables ante la oferta inmobiliaria, se otorgará un estímulo fiscal a los causantes del pago de derechos, por los servicios prestados por la Dirección del Registro Público de la Propiedad y del Notariado, referidos en la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, dentro de las fracciones I, II, III, inciso a), IV, V, inciso a), VI, VII y XXVI, inciso a), del artículo 29: en los siguientes términos: I. El estímulo se calculará sobre el valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, siempre y cuando la temporalidad de los mismos no exceda a un año. II. En el caso de la fracción II, se establece un estímulo del 86%, aplicable sobre la cuota establecida para dicha fracción. III. En lo que respecta a la fracción XXVI, inciso a), el estímulo se calculará sobre el 50% del valor que resulte mayor entre el de operación, el concluido del avalúo y el catastral, en cuanto a la revocación de la donación, se calculará sobre el 100% del valor más alto entre los citados y en el caso de los arrendamientos y operaciones similares señaladas en la fracción IV, el valor de operación será el moro de las rentas anticipadas, o bien, el monto de la renta por un año. IV. El estímulo se aplicará sobre la cuota a pagar por el concepto de la fracción de que se trate, bajo el siguiente esquema VALOR ESTIMULO FISCAL (pesos) Límite inferior Limite Superior 0.000 100,000.00 86% 100,000.01 200,000.00 80% 200,000.01 400,000.00 60% 400,000.01 700,000.00 30% [.]". Lo anterior revela que el Registro Público de la Propiedad y del Notariado es capaz de llevar a cabo una inscripción con solamente el 14% de la cuota, sin poner en riesgo la viabilidad financiera de los servicios, ya que ningún estímulo fiscal se impone cuando atenta seriamente contra las finanzas del Estado. En razón de lo anterior, el amparo se concede para el efecto siguiente: 1. Se cobre al promovente del amparo ********************, únicamente el catorce por ciento de la tarifa total, es decir, la cantidad de ********************), respecto del servicio que recibió, acorde con el certificado de pago con número de operación ********************de fecha veintitrés de enero de dos mil veintitrés, a nombre del contribuyente ********************, expedida por la Secretaría de Hacienda del Estado de Chihuahua. 2. Asimismo, se cobre la cantidad correspondiente al impuesto universitario, tomando como base la tarifa de derechos a pagar una vez aplicado el estímulo a que se refiere el artículo mencionado. 3. Se reintegre a la parte quejosa la parte que cubrió en exceso. Por lo que al tomar en cuenta que es a la autoridad exactora a quien corresponde dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo en su carácter de ente estatal encargado de la recaudación, tan pronto como el presente fallo cause ejecutoria, con las constancias correspondientes, deberá requerirse a la Oficina de Recaudación de Rentas de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, para que devuelva la cantidad descrita. Lo anterior, de acuerdo con la jurisprudencia de la Novena Época, número de registro: 192846, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo X, Noviembre de 1999, Materia(s): Constitucional, Común, Tesis: P./J. 112/99, Página: 19 "AMPARO CONTRA LEYES. SUS EFECTOS SON LOS DE PROTEGER AL QUEJOSO CONTRA SU APLICACIÓN PRESENTE Y FUTURA. El principio de relatividad de los efectos de la sentencia de amparo establecido en los artículos 107, fracción II, constitucional y 76 de la Ley de Amparo, debe interpretarse en el sentido de que la sentencia que otorgue el amparo tiene un alcance relativo en la medida en que sólo se limitará a proteger al quejoso que haya promovido el juicio de amparo. Sin embargo, este principio no puede entenderse al grado de considerar que una sentencia que otorgue el amparo contra una ley sólo protegerá al quejoso respecto del acto de aplicación que de la misma se haya reclamado en el juicio, pues ello atentaría contra la naturaleza y finalidad del amparo contra leyes. Los efectos de una sentencia que otorgue el amparo al quejoso contra una ley que fue señalada como acto reclamado son los de protegerlo no sólo contra actos de aplicación que también haya impugnado, ya que la declaración de amparo tiene consecuencias jurídicas en relación con los actos de aplicación futuros, lo que significa que la ley ya no podrá válidamente ser aplicada al peticionario de garantías que obtuvo la protección constitucional que solicitó, pues su aplicación por parte de la autoridad implicaría la violación a la sentencia de amparo que declaró la inconstitucionalidad de la ley respectiva en relación con el quejoso; por el contrario, si el amparo le fuera negado por estimarse que la ley es constitucional, sólo podría combatir los futuros actos de aplicación de la misma por los vicios propios de que adolecieran. El principio de relatividad que sólo se limita a proteger al quejoso, deriva de la interpretación relacionada de diversas disposiciones de la Ley de Amparo como son los artículos 11 y 116, fracción III, que permiten concluir que en un amparo contra leyes, el Congreso de la Unión tiene el carácter de autoridad responsable y la ley impugnada constituye en sí el acto reclamado, por lo que la sentencia que se pronuncie debe resolver sobre la constitucionalidad de este acto en sí mismo considerado; asimismo, los artículos 76 bis, fracción I, y 156, que expresamente hablan de leyes declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; y, finalmente, el artículo 22, fracción I, conforme al cual una ley puede ser impugnada en amparo como autoaplicativa si desde que entra en vigor ocasiona perjuicios al particular, lo que permite concluir que al no existir en esta hipótesis acto concreto de aplicación de la ley reclamada, la declaración de inconstitucionalidad que en su caso proceda, se refiere a la ley en sí misma considerada, con los mismos efectos antes precisados que impiden válidamente su aplicación futura en perjuicio del quejoso. Consecuentemente, los efectos de una sentencia que otorga la protección constitucional al peticionario de garantías en un juicio de amparo contra leyes, de acuerdo con el principio de relatividad, son los de proteger exclusivamente al quejoso, pero no sólo contra el acto de aplicación con motivo del cual se haya reclamado la ley, si se impugnó como heteroaplicativa, sino también como en las leyes autoaplicativas, la de ampararlo para que esa ley no le sea aplicada válidamente al particular en el futuro." En la inteligencia de que la tutela protectora si bien alcanza a las autoridades responsables que concurrieron en la discusión, aprobación, expedición y promulgación de las leyes censuradas, no implica por parte de éstas la realización de algún acto concreto en cumplimiento al fallo protector. Lo anterior de conformidad con la tesis de la Novena Época, con número de registro: 200006, Instancia: Pleno, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo IV, Noviembre de 1996, Materia(s): Constitucional, Tesis: P. CXXXVII/96, Página: 135 LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LA SENTENCIA PROTECTORA FRENTE A LOS ÓRGANOS QUE CONCURRIERON A SU FORMACIÓN. De los antecedentes históricos que dieron lugar a la consagración constitucional del principio de relatividad de las sentencias de amparo y de los criterios sentados por este tribunal sobre la materia, particularmente del establecido en los asuntos de los cuales derivaron las tesis jurisprudenciales publicadas con los números 200 y 201 del Tomo I del Apéndice de 1995, con los rubros de "LEYES, AMPARO CONTRA. DEBE SOBRESEERSE SI SE PROMUEVE CON MOTIVO DEL SEGUNDO O ULTERIOR ACTO DE APLICACIÓN" y "LEYES, AMPARO CONTRA. EFECTOS DE LAS SENTENCIAS DICTADAS EN", se desprende que los efectos de la sentencia que concede el amparo en contra de una ley reclamada con motivo de su aplicación concreta, actúan hacia el pasado, destruyendo el acto de aplicación que dio lugar a la promoción del juicio y los actos de aplicación que en su caso se hayan generado durante la tramitación del mismo, y actúan hacia el futuro, impidiendo que en lo sucesivo se aplique al quejoso la norma declarada inconstitucional, pero no alcanzan a vincular a las autoridades que expidieron, promulgaron, refrendaron y publicaron dicha norma, ni las obligan a dejar insubsistentes sus actos, pues la sentencia de amparo no afecta la vigencia de la ley cuestionada, ni la priva de eficacia general." Por otro lado, no se inadvierte que la Oficina Recaudadora de Rentas en esta localidad, así como la Secretaría de Hacienda Estatal, no fueron llamadas a juicio; sin embargo, ello no impide, en virtud de la protección otorgada, vincularla al cumplimiento de lo resuelto en el amparo, ya que en esos casos, al constatarse la intervención de una autoridad ajena al acto reclamado, pero que de alguna manera está dentro de sus funciones participar para el debido cumplimiento de las ejecutorias; es inconcuso que eso hace posible exigirle su cumplimiento, al ser éste de orden público. Tiene aplicación el criterio de la Primera Sala del Máximo Tribunal, en la tesis de jurisprudencia 1a./J.57/2007, visible en la página 144, Tomo XXV, mayo de dos mil siete, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época (registro 172605), de rubro: "AUTORIDADES NO SEÑALADAS COMO RESPONSABLES. ESTÁN OBLIGADAS A REALIZAR LOS ACTOS NECESARIOS PARA EL EFICAZ CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA DE AMPARO. Aun cuando las autoridades no hayan sido designadas como responsables en el juicio de garantías, pero en razón de sus funciones deban tener intervención en el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, están obligadas a realizar, dentro de los límites de su competencia, todos los actos necesarios para el acatamiento íntegro y fiel de dicha sentencia protectora, y para que logre vigencia real y eficacia práctica". Se hace la precisión que, de conformidad con el artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, algunas de las jurisprudencias y tesis invocadas en el presente fallo, no obstante haber sido integradas con la ley anterior, continúan en vigor y por ende son aplicables, dado que no se oponen a la vigente. Precisándose que en el presente se reclamaron los decretos LXVII/APLIE/0476/2022 I.P.O. que contiene la Ley de Ingresos para Estado de Chihuahua y LXVII/EXLEY/0107/2021 I.PO., que contiene la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, en específico, el artículo 29, fracción I, de la Ley Estatal de Derechos de Chihuahua, correspondiente a las inscripciones traslativas de dominio de propiedad inmueble o garantías constituidas sobre éstos y los actos de su aplicación. Es decir, no se necesita probar su existencia, pues se reitera, las leyes no son objeto de prueba, ya que sólo basta que estén publicadas en el Periódico Oficial, para que la autoridad judicial esté obligada a tomarlas en cuenta, en virtud de su naturaleza y obligatoriedad, como así sucedió en el particular. Por lo expuesto y fundado en los artículos 103, fracción I y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con apoyo en los dispositivos 74, 75, 124 y 217 de la Ley de Amparo; se, R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por ********************, de conformidad con el considerando quinto de esta sentencia. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a ********************, contra los actos y autoridades señaladas en el resultando primero, por los motivos y fundamentos expuestos en el penúltimo considerando y para los efectos señalados en el considerando último de la presente determinación. Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa y mediante oficio a las autoridades señaladas como responsables.

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