Alex Mauricio Pérez Méndez

Expediente 1469/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de diciembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1469/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
18/12/2018

Partes del expediente

  • Alex Mauricio Pérez Méndez

Actuaciones

  1. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciocho de diciembre de dos mil dieciocho. Con fundamento en el artículo 3 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio remitido vía SISE por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula de Córdova y Ordóñez. Atento a su contenido, téngase a la autoridad oficiante informando que aceptó la competencia planteada por este Juzgado y se avocó al conocimiento del asunto, registrándolo con el número xxx; asimismo, acusa recibo de los autos originales del juicio de amparo que dio origen al presente cuaderno de antecedentes y anexos. Por tanto, al no existir acuerdo pendiente que proveer, ni diligencia pendiente por desahogar, con fundamento en lo dispuesto por el dispositivo 214 de la Ley de la Materia, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Ahora, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, pues se trata de un cuaderno de antecedentes; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio 9704, y anexos, remitidos por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica el acuerdo de tres de diciembre del año en curso, dictado dentro del amparo directo xxx, del índice de ese órgano jurisdiccional, del que se desprende que la Superioridad se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por XXX, y para tal efecto remite: 1) Oficio xxx, signado por la autoridad señalada como responsable, Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado, y remite las siguientes constancias: a) Original del toca civil xxx, de su índice (en un tomo); b) Original del expediente xxx (en un tomo), del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, con residencia en esa ciudad; c) Sobre cerrado, que dice contener los documentos base de la acción; d) Original y dos copias del escrito de demanda de amparo promovida por la parte quejosa; e) Diligencia de emplazamiento realizado a la parte tercero interesada xxx. Acúsese recibo a la superioridad. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 47, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1469/2018-1-B. Atento a lo anterior, agréguese a los autos la demanda de amparo que promueve XXX, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, con residencia en esa ciudad. 3. Actuario adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, con residencia en esa ciudad. INCOMPETENCIA Ahora, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93 , sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA." Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i. Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil xxx, del índice de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la ahora tercero interesada xxx, en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de junio de la presente anualidad, dictada en el juicio ordinario civil xxx, del índice de la diversa autoridad responsable Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, con residencia en esa ciudad. Ahora, de las actuaciones que integra el citado toca, mismas que fueron remitidas por la Sala responsable en complemento a su informe justificado, se advierte que en la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado, determinó revocar la sentencia de primera instancia y ordenó reponer el procedimiento para que el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, con residencia en esa ciudad, proveyera nuevamente en relación a la contestación de demanda, medidas provisionales y diversas cuestiones, y, en su oportunidad, resolviera lo que en derecho correspondiera respecto a los alimentos, guardia y custodia y derecho de visita del menor de edad con iniciales XXX, (cuyo nombre y apellidos se omiten para proteger su identidad). De lo anterior, se advierte que el acto reclamado a la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, tiene repercusión dentro del expediente relativo al juicio de origen radicado ante el Juez Segundo del Ramo Civil, con sede en Tonalá, Chiapas, pues corresponderá a éste reponer el procedimiento; de manera que, la competencia para conocer del presente asunto recae en el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde aquella responsable se ubica, con independencia del lugar donde reside el tribunal de segunda instancia, pues los efectos de la sentencia que se reclama serán materializados por el órgano jurisdiccional de primer grado. En efecto, el dispositivo 37 de la ley de Amparo, establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, sí tienen efectos positivos, como en el caso sucede, ya que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside el juez que conoce del asunto repuesto. Establecido lo anterior, conviene retomar que el juicio de origen se encuentra radicado ante un Juzgado con residencia en el municipio de Tonalá, Chiapas, por lo que es en esa localidad donde se ejecutara el acto reclamado. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del presente asunto y resolverlo, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde el acto reclamado será ejecutado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.37/2005 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL." Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve, que el presente asunto haya sido planteado inicialmente como amparo directo, por lo que fue conocido en primer término por un tribunal colegiado de circuito, a saber, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, órgano que mediante proveído de tres de diciembre de dos mil dieciocho, pronunciado en el amparo directo xxx de su índice, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda, ordenando remitirla al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en turno; lo cual supone que la superioridad ya se ha pronunciado en relación a la procedencia de la vía. No obstante lo anterior, dicho pronunciamiento no impide a esta juzgadora declinar su competencia a favor de otro juzgador de la misma jerarquía que se estime legalmente competente por razón de territorio, pues si bien por disposición expresa de la Ley de Amparo, contenida en su artículo 45, un Juez de Distrito que recibe por incompetencia un juicio de amparo de un Tribunal Colegiado de Circuito no puede objetar tal competencia, lo cierto es que dicha disposición alude a la procedencia de la vía biinstancial determinada por el superior jerárquico, no así a la competencia territorial en el amparo indirecto, en cuyo supuesto, el conflicto competencial, en caso de darse, se suscitaría entre Jueces de la misma jerarquía. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 47/2002 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. ÉSTOS NO PUEDEN OBJETAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CUANTO A LA VÍA, PERO SÍ PUEDEN DECLINAR SU COMPETENCIA A FAVOR DE OTRO DE LA MISMA JERARQUÍA QUE ESTIMEN LEGALMENTE COMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO. De la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 47, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos 36, 49, 52 y 55 de la propia ley, así como de lo dispuesto en los acuerdos generales, y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se concluye que cuando un Juez de Distrito recibe por incompetencia un juicio de amparo de un Tribunal Colegiado de Circuito, no le está permitido objetar tal competencia en cuanto a la procedencia de la vía biinstancial determinada por el superior jerárquico, pero si dentro de la jurisdicción de ese tribunal existiesen varios juzgados con distinta jurisdicción territorial cada uno y el Juez designado por el órgano superior estima que, en razón del territorio, corresponde a otro Juez Federal conocer del asunto, aquél válidamente puede declinar su competencia, por territorio, a favor del que considere competente, sin que ello conlleve, de manera alguna, objetar la competencia designada por el citado tribunal, pues en este supuesto, el conflicto competencial, en caso de que se dé, se suscitaría entre Jueces de la misma jerarquía. De ahí que si en la presente determinación no se está objetando a la superioridad su competencia para conocer del juicio, sino que se está planteando la competencia de diverso órgano jurisdiccional de la misma jerarquía, por razón de territorio, para resolverlo, deviene inconcuso que no existe impedimento alguno para declinar el conocimiento del asunto. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto, a fin de que se tramite hasta su resolución. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada, solicitando de no existir inconveniente legal alguno, remita el mismo, vía fax al número telefónico 01-961-61-7-02-07, extensión 1170, o bien, al correo electrónico institucional 7jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Además, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a xxx, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente; y a las demás personas que indica, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Así también, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EL ACUERDO DE SEIS DE DICIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; seis de diciembre de dos mil dieciocho. Téngase por recibido el oficio 9704, y anexos, remitidos por la Secretaria de Acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, mediante el cual comunica el acuerdo de tres de diciembre del año en curso, dictado dentro del amparo directo xxx, del índice de ese órgano jurisdiccional, del que se desprende que la Superioridad se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda promovida por XXX, y para tal efecto remite: 1) Oficio xxx, signado por la autoridad señalada como responsable, Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, con sede en esta ciudad, por medio del cual rinde su informe justificado, y remite las siguientes constancias: a) Original del toca civil xxx, de su índice (en un tomo); b) Original del expediente xxx (en un tomo), del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, con residencia en esa ciudad; c) Sobre cerrado, que dice contener los documentos base de la acción; d) Original y dos copias del escrito de demanda de amparo promovida por la parte quejosa; e) Diligencia de emplazamiento realizado a la parte tercero interesada xxx. Acúsese recibo a la superioridad. Con apoyo en lo dispuesto por los artículos 37 y 47, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, 48 y 54 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este Juzgado se avoca al conocimiento del asunto. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo 1469/2018-1-B. Atento a lo anterior, agréguese a los autos la demanda de amparo que promueve XXX, por propio derecho, contra actos de las siguientes autoridades responsables: 1. Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01 Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad. 2. Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, con residencia en esa ciudad. 3. Actuario adscrito al Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, con residencia en esa ciudad. INCOMPETENCIA Ahora, este Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, es legalmente incompetente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal . Al respecto, conviene trascribir el contenido de los artículos 107, fracción VII, Constitucional y 37 de la Ley de Amparo, que en materia de competencia por razón de territorio, establecen: "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)". "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". Del contenido de los citados preceptos se desprenden tres hipótesis en torno a la competencia territorial de los jueces de distrito, respecto del conocimiento de un juicio de amparo, las que para una mejor comprensión se puntualizan a continuación: a) La primera, dispone que cuando conforme a las prescripciones de la ley de la materia sean competentes los jueces de distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado el acto reclamado. Lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requiere de ejecución. b) La segunda, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis, constituye un matiz a la primera, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia se establece que en el caso de que el acto reclamado pueda tener ejecución en más de un Distrito o haya comenzado a ejecutarse en uno de ellos y siga ejecutándose en otro, entonces, cualquiera de los jueces federales de esas jurisdicciones ante el que se presente la demanda, esto es, el que haya prevenido en el conocimiento del asunto, será el competente para conocer de la demanda de amparo. c) En el tercer supuesto, se establece la regla consistente en que cuando la resolución reclamada en el juicio de garantías no requiera de ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Estas tres reglas permiten determinar a qué juez de distrito le corresponde la competencia para conocer de un determinado asunto, atendiendo al hecho de que el acto requiera o no una ejecución material, lo que se traduce en competencia territorial, pero en atención a los efectos de ejecución material del acto reclamado o la inejecución material del mismo. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la tesis 3a. XLIX/93 , sustentada por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: "COMPETENCIA EN UN JUICIO DE AMPARO EN QUE LOS ACTOS RECLAMADOS DEBEN EJECUTARSE EN DIVERSOS DISTRITOS. CORRESPONDE AL JUEZ ANTE EL QUE SE PRESENTA LA DEMANDA." Así, para determinar la competencia en el caso concreto, hay que atender estos aspectos: i. Primero, verificar si el acto reclamado tiene o no ejecución material. ii. Segundo, de ser afirmativo lo anterior, el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. iii. Tercero, si el acto no requiere ejecución material, atender al lugar donde se haya presentado la demanda. En la especie, el acto reclamado se hace consistir en la sentencia de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, dictada en el toca civil xxx, del índice de la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por la ahora tercero interesada xxx, en contra de la sentencia definitiva de veintiséis de junio de la presente anualidad, dictada en el juicio ordinario civil xxx, del índice de la diversa autoridad responsable Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, con residencia en esa ciudad. Ahora, de las actuaciones que integra el citado toca, mismas que fueron remitidas por la Sala responsable en complemento a su informe justificado, se advierte que en la resolución de veinticinco de septiembre de dos mil dieciocho, que constituye el acto reclamado, determinó revocar la sentencia de primera instancia y ordenó reponer el procedimiento para que el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de Tonalá, Chiapas, con residencia en esa ciudad, proveyera nuevamente en relación a la contestación de demanda, medidas provisionales y diversas cuestiones, y, en su oportunidad, resolviera lo que en derecho correspondiera respecto a los alimentos, guardia y custodia y derecho de visita del menor de edad con iniciales XXX, (cuyo nombre y apellidos se omiten para proteger su identidad). De lo anterior, se advierte que el acto reclamado a la Primera Sala Regional Colegiada en Materia Civil, Zona 01, Tuxtla, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, tiene repercusión dentro del expediente relativo al juicio de origen radicado ante el Juez Segundo del Ramo Civil, con sede en Tonalá, Chiapas, pues corresponderá a éste reponer el procedimiento; de manera que, la competencia para conocer del presente asunto recae en el Juez de Distrito que ejerce jurisdicción en el lugar donde aquella responsable se ubica, con independencia del lugar donde reside el tribunal de segunda instancia, pues los efectos de la sentencia que se reclama serán materializados por el órgano jurisdiccional de primer grado. En efecto, el dispositivo 37 de la ley de Amparo, establece que es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado, sí tienen efectos positivos, como en el caso sucede, ya que sus consecuencias legales se materializan, precisamente, en el lugar donde reside el juez que conoce del asunto repuesto. Establecido lo anterior, conviene retomar que el juicio de origen se encuentra radicado ante un Juzgado con residencia en el municipio de Tonalá, Chiapas, por lo que es en esa localidad donde se ejecutara el acto reclamado. Por consiguiente, de conformidad con el primer párrafo del artículo 37 de la Ley de Amparo, la competencia para conocer del presente asunto y resolverlo, se surte a favor de un Juzgado de Distrito en el Estado de Chiapas, con residencia en Tapachula, en turno, habida cuenta que es dentro del territorio en el que ejercen competencia dichos órganos de control constitucional en donde el acto reclamado será ejecutado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J.37/2005 , sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que tiene por rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DE UN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE ORDENA LA REPOSICIÓN DEL PROCEDIMIENTO. CORRESPONDE AL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN RESIDA EL JUZGADO DE PRIMER GRADO QUE DEBA REPARAR LA VIOLACIÓN PROCESAL." Sin que pase desapercibido para quien esto resuelve, que el presente asunto haya sido planteado inicialmente como amparo directo, por lo que fue conocido en primer término por un tribunal colegiado de circuito, a saber, el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, con sede en esta ciudad, órgano que mediante proveído de tres de diciembre de dos mil dieciocho, pronunciado en el amparo directo xxx de su índice, se declaró legalmente incompetente para conocer de la demanda, ordenando remitirla al Juzgado de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez, en turno; lo cual supone que la superioridad ya se ha pronunciado en relación a la procedencia de la vía. No obstante lo anterior, dicho pronunciamiento no impide a esta juzgadora declinar su competencia a favor de otro juzgador de la misma jerarquía que se estime legalmente competente por razón de territorio, pues si bien por disposición expresa de la Ley de Amparo, contenida en su artículo 45, un Juez de Distrito que recibe por incompetencia un juicio de amparo de un Tribunal Colegiado de Circuito no puede objetar tal competencia, lo cierto es que dicha disposición alude a la procedencia de la vía biinstancial determinada por el superior jerárquico, no así a la competencia territorial en el amparo indirecto, en cuyo supuesto, el conflicto competencial, en caso de darse, se suscitaría entre Jueces de la misma jerarquía. Sirve de apoyo a lo anterior, por identidad jurídica, la jurisprudencia 1a./J. 47/2002 , sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que a la letra señala: "COMPETENCIA ENTRE JUECES DE DISTRITO. ÉSTOS NO PUEDEN OBJETAR LA DETERMINACIÓN DEL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO EN CUANTO A LA VÍA, PERO SÍ PUEDEN DECLINAR SU COMPETENCIA A FAVOR DE OTRO DE LA MISMA JERARQUÍA QUE ESTIMEN LEGALMENTE COMPETENTE POR RAZÓN DE TERRITORIO. De la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 47, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido por los artículos 36, 49, 52 y 55 de la propia ley, así como de lo dispuesto en los acuerdos generales, y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativos a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, se concluye que cuando un Juez de Distrito recibe por incompetencia un juicio de amparo de un Tribunal Colegiado de Circuito, no le está permitido objetar tal competencia en cuanto a la procedencia de la vía biinstancial determinada por el superior jerárquico, pero si dentro de la jurisdicción de ese tribunal existiesen varios juzgados con distinta jurisdicción territorial cada uno y el Juez designado por el órgano superior estima que, en razón del territorio, corresponde a otro Juez Federal conocer del asunto, aquél válidamente puede declinar su competencia, por territorio, a favor del que considere competente, sin que ello conlleve, de manera alguna, objetar la competencia designada por el citado tribunal, pues en este supuesto, el conflicto competencial, en caso de que se dé, se suscitaría entre Jueces de la misma jerarquía. De ahí que si en la presente determinación no se está objetando a la superioridad su competencia para conocer del juicio, sino que se está planteando la competencia de diverso órgano jurisdiccional de la misma jerarquía, por razón de territorio, para resolverlo, deviene inconcuso que no existe impedimento alguno para declinar el conocimiento del asunto. En tales condiciones, con fundamento en los numerales 37 y 48 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir los autos del juicio de amparo en que se actúa al Juez de Distrito en el Estado de Chiapas, con sede en Tapachula, en turno, a quien se considera competente para conocer del asunto, a fin de que se tramite hasta su resolución. Asimismo, solicítese a dicho Juzgado Federal el acuse de recibo correspondiente, en el que informe sobre la aceptación o no de la competencia planteada, solicitando de no existir inconveniente legal alguno, remita el mismo, vía fax al número telefónico 01-961-61-7-02-07, extensión 1170, o bien, al correo electrónico institucional 7jdo20ctoajf@correo.cjf.gob.mx; fórmese cuaderno de antecedentes. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno y fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda. Además, con fundamento en el artículo 12, de la Ley de Amparo, se tienen por autorizados en términos restringidos a xxx, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en el entendido que una vez que cumpla con tal requisito, podrá solicitar que se acuerde lo conducente; y a las demás personas que indica, por así haberlo solicitado expresamente el quejoso. USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se autoriza la reproducción de las constancias que obren en el presente expediente mediante el uso de medios electrónicos de reproducción portátil, bastando en cada caso la solicitud verbal de la parte interesada y sin requerir que recaiga proveído al respecto; sin embargo, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto. Es ilustrativa la tesis I.3o.C.725 C del Tercer Tribunal Colegiado en materia civil del Primer Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Materia Civil, página 2847, registro 167640, de rubro: REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA. PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES Y TRANSPARENCIA Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los arábigos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Además, en cumplimiento a lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 113, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. Así también, de conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet htlp://consultaexpedienteelectronico.cjf.gob.mx o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es htlp://www.dgepj.cjf.gob.mx., respectivamente. En ese sentido y, para otorgar la autorización, así como el acceso a la parte quejosa al sistema de consulta aducido en primer término, deberá solicitarlo por escrito señalando el nombre de usuario y por única ocasión en el expediente principal; lo anterior con fundamento en el artículo 22 del Acuerdo General 1/2015 de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal. Notifíquese.

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