Alex Fernando Solano Neira

Expediente 856/2022 tramitado ante el Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 20 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
856/2022
Año
2022
Actuaciones
4
Última actuación
20/06/2022

Partes del expediente

  • Alex Fernando Solano Neira

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, veinte de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, mediante el cual remite el diverso suscrito por la autoridad ahí señalada, en representación de las autoridades responsables, a saber, el Director General de Control y Verificación Migratoria, Director General de Regulación y Archivo Migratorio y el Director de Resoluciones Migratorias de la Dirección General de Control y Verificación Migratoria todos del Instituto Nacional de Migración, a través del cual rinden su informe respecto a la suspensión de plano. Al respecto las autoridades responsables antes referidas niega los actos reclamados señalados en la suspensión de plano otorgada en el presente asunto, consistentes en deportación y/o repatriación y/o expulsión y/o retorno incomunicación, alojamiento, aseguramiento y/o detención, pues refieren que no han dictado u ordenado mandamiento alguno relacionado con los actos reclamados por los impetrantes del amparo, pues aducen que no se encuentra a su disposición el quejoso. Al respecto este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo correspondiente hasta en tanto se tenga noticia del Juez de Distrito de Amparo Penal en la Ciudad de México, al que se turnó la presente demanda de amparo; así como, si aceptó la competencia planteada. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, diecisiete de junio de dos mil veintidós. Téngase por recibido y agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado en representación de las autoridades responsables del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, a través del cual rinden informe en relación al incidente por incumplimiento a la suspensión definitiva. Atento a lo anterior, con fundamento en el artículo 208 de la Ley de Amparo, con el informe de mérito, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a sus intereses convenga. Por otra parte, atento a lo solicitado, se concede a las autoridades responsables del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, una prórroga de cinco días contados a partir del siguiente a la recepción del oficio correspondiente, para que den cumplimiento a la suspensión definitiva concedida en autos. Diferimiento de audiencia En consecuencia, para dar oportunidad a lo anterior, se difiere anticipadamente la audiencia relativa al incidente por exceso o defecto en el cumplimiento de la suspensión definitiva señalada en autos, y para su verificativo se fijan las nueve horas con veinticinco minutos del uno de julio de dos mil veintidós. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida del Secretario Jorge Israel Vázquez Urrutia, que autoriza y da fe.

  3. Principal

    Ciudad de México, siete de junio de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por el Director de la Estación Migratoria en la Ciudad de México, mediante el cual, niega los actos reclamados señalados en la suspensión de plano otorgada en el presente asunto, consistentes en deportación y/o repatriación y/o expulsión y/o retorno incomunicación, alojamiento, aseguramiento y/o detención, pues refiere que no ha dictado u ordenado mandamiento alguno tendiente a ejecutar tales actos. Al respecto este órgano jurisdiccional se reserva acordar lo correspondiente hasta en tanto se tenga noticia de la totalidad de las autoridades responsables, y del Juez de Distrito de Amparo Penal en la Ciudad de México, al que se turnó la presente demanda de amparo; así como, si aceptó la competencia planteada. Notifíquese. Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.

  4. Principal

    Ciudad de México, dos de junio de dos mil veintidós. Demanda de amparo. Vista la demanda de amparo presentada por **************, a nombre de ***********************; contra actos del Director General de Control y Verificación Migratoria del Instituto Nacional de Migración y otras autoridades. Integración del expediente. Fórmese el expediente 856/2022 e intégrese el expediente electrónico en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Háganse las anotaciones respectivas en dicho sistema y en el Libro de Gobierno. Cuestiones previas Previo acordar la demanda, se precisa que la misma fue presentada a través del portal de servicios en línea del poder judicial de la federación, sin embargo, no obra la firma electrónica del promovente, pero tomando en consideración se promovió en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo, es decir, que el promovente acude al amparo en nombre de diversa persona, reclamando entre otros, la detención y deportación, lo que en el caso, realizó vía electrónica, siendo éstos actos que atañen a la libertad personal, que podrían poner en riesgo latente a la parte quejosa; por tanto, désele el trámite correspondiente de conformidad con el artículo 109 de la ley de la materia. Actos reclamados. Del escrito de la demanda de cuenta, se desprende que la parte quejosa señala como actos reclamados los siguientes: "IV. ACTOR RECLAMADOS: De las autoridades señaladas con los números 1 al 7 se reclaman: 1. El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 HORAS, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México, conocida como "Las Agujas". 2. LA INMINENTE ORDEN DE DEPORTACIÓN. De las autoridades señaladas con los números del 3 al 7 se reclaman: 3. La incomunicación de la que son objeto los quejosos. 4. La negativa de permitir a los quejosos nombrar representante legal. 5. La negativa de acceso de su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo con lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración." Ahora bien, de los antecedentes narrados bajo protesta de decir verdad, se advierte que el promovente del juicio manifestó que el quejoso se encuentra detenido en las oficinas de la estación migratoria del Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, conocida como "Las Agujas"; en mérito de lo anterior, toda vez que la demanda de cuenta se ubica en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo -puesto que es planteada como un ataque a la libertad fuera del procedimiento-, este órgano jurisdiccional procede a pronunciarse respecto de la medida cautelar. Efectos solicitados para la suspensión de plano. ". para efecto de que la quejosa, sea puesto en libertad inmediatamente, bajo las reglas y medidas de seguridad que se estimen pertinentes, tales como la presentación periódica ante la responsable y la designación de un domicilio en la demarcación territorial de este órgano jurisdiccional." Por lo que este juzgado se pronunciará al respecto. Concesión de la suspensión de plano De conformidad con los datos que obran a la vista, en este momento no es posible determinar si existe algún procedimiento iniciado en contra del quejoso por ello, dado que se trata de una persona que se encuentra privada de su libertad, sin que se tenga certeza que se encuentre en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, conocida como "Las Agujas", este órgano jurisdiccional estima, en todo caso, que las conductas impugnadas, de conformidad con lo previsto en el artículo 126 de la Ley de Amparo, son de aquéllas que de continuar con su ejecución, harían físicamente imposible restituir a aquélla en el goce de los derechos humanos que se estiman violados. Por lo anterior, y dado que la suspensión de oficio y de plano constituye un mecanismo de garantía de la libertad personal, de la prohibición de incomunicación y de la integridad personal, con fundamento en los artículos 15, 112, 125 y 126 de la Ley de Amparo procede concederla, para los siguientes efectos: - Respecto de la posible orden de deportación y/o repatriación y/o expulsión y/o retorno, con fundamento en el artículo 160 de la Ley de Amparo, para el efecto de que no se ejecuten tales actos; es decir, para que no sea detenido con el objeto de que se le obligue a abandonar el territorio nacional. La medida cautelar concedida surtirá efectos únicamente respecto de la detención por cuestiones migratorias, salvo que las autoridades responsables acrediten ante el Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México (por virtud de la competencia por declinatoria que se expondrá en párrafos subsecuentes), que dicha orden fue emitida en contra de el quejoso por hechos diversos a los de esta demanda, o que haya sido sorprendido en flagrante delito, infringiendo o inobservando medidas de control y vigilancia a cargo de las autoridades correspondientes. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia número 80/2007, consultable en la página 15 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXVI, diciembre de dos mil siete, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que señala: "SUSPENSIÓN DE OFICIO. PROCEDE DECRETARLA DE PLANO CONTRA LA EXPULSIÓN DE EXTRANJEROS ORDENADA POR UNA AUTORIDAD ADMINISTRATIVA CON FUNDAMENTO EN LA LEY GENERAL DE POBLACIÓN. . - Asimismo, por lo que hace a la incomunicación, se permita al quejoso mantener comunicación con sus abogados o autorizados, conforme a las medidas preventivas de higiene y seguridad, con ello garantice en todo momento su derecho de recibir asesoría jurídica, a nombrar a un representante legal y a que su defensor comparezca en todos los actos legales cuantas veces se le requiera y cuando lo solicite. - Por el acto consistente en el alojamiento, aseguramiento y/o detención, de conformidad con el artículo 11 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, toda persona tiene derecho a entrar y salir del país, viajar por su territorio, mudar de residencia, sin necesidad de algún requisito; sin embargo tal prerrogativa, está subordinada a las facultades de la autoridad judicial y a las autoridades administrativas en relación con las leyes que se impongan sobre emigración, inmigración y salubridad en general. Por otra parte, este órgano jurisdiccional atiende el contenido del "Protocolo para Juzgar Casos que involucren Personas Migrantes y Sujetas de Protección Internacional", publicado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación en mayo de dos mil veintiuno. Es necesario establecer que, aunque dicho protocolo no sea vinculante, si constituye una herramienta que de pauta para guiar a los juzgadores en la tarea de impartir en casos que afecten a personas migrantes y sujetas de protección internacional, ya que se adecúa a los criterios nacionales e internaciones, conforme a los compromisos adquiridos por el Estado Mexicano en materia de derechos humanos, de forma tal que establece prácticas para hacer efectivo el acceso a la justicia, lo cual es acorde con lo previsto en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Igualmente, cabe indicar que el reconocimiento de las obligaciones a cargo del Estado en personas extranjeras se encuentra plasmado en la ley de Migración y su Reglamento, que señalan como primer principio de la política migratoria, el respeto estricto a todos los derechos humanos de las personas migrantes, nacionales y extranjeras; además que la propia ley establece que la situación migratoria irregular en ningún caso configura por sí misma la comisión de un delito y que la política migratoria deberá ser congruente, de manera que el Estado mexicano garantice la vigencia de los derechos que reclama para sus connacionales en el exterior en caso de admisión, ingreso, permanencia, tránsito, deportación y retorno asistido de personas extranjeras en su territorio. Estos avances en materia de derechos humanos han creado un nuevo paradigma que exige de quienes impartes justicia, conocer las fuentes normativas de origen nacional e internacional; las interpreten maximizando la protección de los derechos humanos de las personas migrantes y sujetas de protección internacional y ejerzan, de acuerdo a los principios hermenéuticos consagrados en el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, el control difuso de constitucionalidad y convencionalidad. Por lo anterior y como ya se destacó, con los datos que obran a la vista, no es posible determinar si el quejoso se encuentra sometido a un procedimiento, en tanto que su detención, por la forma como ha sido narrada por el promovente del amparo, no tiene relación con la comisión de un delito y dado que se trata de una persona que se encuentra privada de su libertad personal ante la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, conocida como "Las Agujas", este órgano jurisdiccional estima, que al ser la suspensión de plano un mecanismo de garantía de la libertad personal, de la prohibición de la integridad personal, con fundamento en los artículos 15, 112, 125 y 126 de la Ley de Amparo procede concederla -incluso sin examinar otros requisitos ni siquiera los contenidos en los artículos 128 y 129, de conformidad con lo dispuesto en el propio artículo 128, ambos de la ley de la materia- para que las autoridades responsables lleven a cabo lo siguiente: La Estación Migratoria en la Ciudad de México que como autoridad tenga la custodia de la parte quejosa, instruya la inmediata libertad del quejoso, hasta en tanto se resuelva en definitiva su situación o trámite migratorio, por lo que en caso de que la estancia en el país del quejoso presente inconsistencias en su documentación migratoria, procederá de manera inmediata a efectuar los trámites relativos para determinar su situación migratoria y con ello, quedando a su disposición para continuar el procedimiento administrativo migratorio al que en su caso se encuentra sujeto. La efectividad de la presente suspensión se encuentra condicionada a que el quejoso realice lo siguiente: 1) Se presente ante la autoridad migratoria encargada de registrar las firmas de las personas sujetas a procedimiento administrativo, en los días y horas que establezca dicha autoridad. 2) Proporcione a la estación migratoria en la que se encuentra, un domicilio en el que se le pueda localizar dentro de la misma demarcación geográfica de la autoridad ante quien se están realizando sus trámites administrativos. 3) No abandone la demarcación que corresponda al domicilio indicado. La autoridad migratoria deberá determinar la forma y términos en que el quejoso deberá acudir a estampar las firmas ante ella, para la efectividad de la medida cautelar. 4) Para lo anterior, deberá salvaguardar bajo su más estricta responsabilidad su vida, salud e integridad física y personal. Resulta aplicable la tesis l.20°.A.20 A (10a), visible en la página 3550, libro 51, tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, marzo 2018, Décima Época, que establece: "SUSPENSIÓN EN EL AMPARO CONTRA EL ALOJAMIENTO TEMPORAL DE UN MIGRANTE EN SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD." Igualmente, sirve de apoyo a lo anterior, la tesis II.4o.A.1 K (11a.), sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con número de registro 2024000, de la Undécima Época, Materias Común, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto son los siguientes: y "PRINCIPIO DE EXCEPCIONALIDAD DE LA DETENCIÓN DE PERSONAS MIGRANTES. AL CONCEDER LA SUSPENSIÓN DE PLANO CONTRA ÉSTA EN EL JUICIO DE AMPARO, DEBE ORDENARSE QUE CESE Y FIJAR LAS MEDIDAS ALTERNATIVAS NECESARIAS PARA LOGRAR EL SEGUIMIENTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO, MÁXIME SI SE ENCUENTRAN INVOLUCRADOS MENORES DE EDAD. . Sin perjuicio de que la Ley de Migración prevea otras alternativas para seguir el procedimiento migratorio en libertad, como lo pudiera ser la figura de la custodia que prevé su artículo 101, la cual es un derecho de los migrantes, de modo que los peticionarios, si así lo estiman conveniente, podrán optar por dicha figura, acatando en su caso lo que la Ley de Migración y su reglamento establezcan con respecto a dicha custodia; en el entendido de que ello será solamente a elección del extranjero y no es un mandato que forme parte de esta medida cautelar. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis con registro digital: 169268, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, Materias(s): Penal, Tesis: l.1o.P.99 P, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo XXVIII, Julio de 2008, página 1745, Tipo: Aislada, que dice: "LIBERTAD PROVISIONAL. LOS ASEGURADOS CON MOTIVO DE UN PROCEDIMIENTO MIGRATORIO TIENEN DERECHO A OBTENERLA BAJO LA FIGURA DE "CUSTODIA PROVISIONAL". . Para lo anterior, en tanto se ejecuta plenamente esta medida cautelar, la autoridad deberá salvaguardar bajo su más estricta responsabilidad la vida, salud e integridad física y personal de la parte quejosa. Resulta aplicable la tesis l.20°.A.20 A (10a), visible en la página 3550, libro 51, tomo IV de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, marzo 2018, Décima Época, que establece: SITUACIÓN IRREGULAR EN UNA ESTACIÓN MIGRATORIA. CONDICIONES QUE PUEDEN ESTABLECERSE PARA SU EFECTIVIDAD." Dicha medida suspensiva surtirá sus efectos desde luego y sin que se exija garantía alguna. Al respecto, resulta aplicable por no oponerse al contenido de la legislación citada en vigor, en términos del artículo sexto transitorio del decreto mediante el cual se emitió esta última, la jurisprudencia 1a./J. 33/2014, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "SUSPENSIÓN EN EL JUICIO DE AMPARO. SURTE SUS EFECTOS AL DECRETARSE Y NO AL NOTIFICARSE". Asimismo, cabe precisar que, desde luego, la medida cautelar decretada no surtirá efecto alguno si la detención decretada en contra del quejoso deriva de actos distintos a los actos aquí impugnados o emana de un procedimiento de naturaleza penal, así como si la detención derivada de la comisión de algún ilícito que se le atribuya, sea o no por un delito grave así calificado por la ley penal federal o del orden común, para evitar el riesgo fundado de que pueda sustraerse a la acción de la justicia; que se le haya sorprendido en flagrancia cometiendo uno o varios delitos en cualquier modalidad; por lo que en dichos supuestos quedan expeditas las facultades de las autoridades para actuar como en derecho corresponda. Importa destacar que no sólo las autoridades responsables están obligadas a cumplir esta medida cautelar, sino también aquellas que en virtud de sus funciones puedan materializar los efectos y consecuencias de los actos reclamados cuya suspensión se ha decretado. Al respecto, se hace de su conocimiento que en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo, se prevé: . Constituir. Asimismo se instruye al Actuario adscrito a este órgano jurisdiccional se constituya en las instalaciones de la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración en la Ciudad de México, "Las Agujas" ubicada en la colonia el vergel, Alcaldía Iztapalapa en la Ciudad de México, a efecto de hacer del conocimiento la presente determinación a la parte promovente de amparo. Se habilita al actuario judicial para que, en caso de no encontrar a la parte quejosa, obtenga informes sobre su localización, a efecto de que sea cumplida la suspensión que en este acto se decreta; apercibiendo a tal autoridad que deberá´ estarse a lo dispuesto en el auto de que se trata, y de no cumplir con ello se hará´ acreedora de las sanciones previstas en el artículo 262, fracción III, de la Ley de Amparo. Rendición de Informes Por consiguiente, se requiere a las autoridades responsables para que dentro del término improrrogable de veinticuatro horas siguientes a la notificación de este proveído, informen sobre el cumplimiento dado a esta medida, con el apercibimiento que de no cumplir con lo que aquí se ordena, podrá incurrir en la hipótesis que establece el artículo 262, de la Ley de la Materia, que dice: "La autoridad responsable que no obedezca un auto de suspensión debidamente notificado, será sancionada en los términos que señala el Código Penal aplicable en materia federal para el delito de abuso de autoridad, por cuanto a la desobediencia cometida; independientemente de cualquier otro delito en que incurra." Para lo cual, deberán acreditar tales circunstancias a este Juzgado de Distrito con las constancias fehacientes vía correo institucional 17jdo1ctoa@correo.cjf.gob.mx, dentro del plazo de VEINTICUATRO HORAS, contado a partir de la siguiente a la en que queden legamente notificadas del presente proveído, en el ámbito de sus atribuciones, las actuaciones que realizan a fin de dar cumplimiento a la suspensión de plano decretada en el presente asunto, a fin de que se dé cumplimiento a los efectos por los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. Atendiendo a la naturaleza del acto reclamado en la presente instancia constitucional, a la urgencia de la medida cautelar concedida y a los principios de prontitud y expeditez en la impartición de justicia a que se encuentra obligado este juzgado de Distrito, por mandato expreso del artículo 17, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, se comisiona a los actuarios de la adscripción para que notifiquen mediante oficio a las autoridades responsables la suspensión de plano decretada en el presente acuerdo, a fin de que se dé cumplimiento a los efectos por los que se concede la medida cautelar solicitada, por sí, o bien, girando las instrucciones necesarias a las autoridades respectivas que, por sus funciones específicas, sean competentes para esa finalidad, pues debe recordarse que al cumplimiento de la medida cautelar otorgada se encuentran constreñidas todas las autoridades, aunque no tengan la calidad de responsables. En este punto, se hace del conocimiento de las autoridades señaladas como responsables que de conformidad con el referido artículo 28, fracción I, segundo párrafo, de la Ley de Amparo, están obligadas a recibir los oficios que con motivo de este juicio se les dirijan, por lo que en caso de negarse a recibirlos, siempre y cuando no exista duda y resulte evidente su existencia, se tendrá por hecha la notificación y serán responsables de la falta de cumplimiento del acuerdo o resolución que los propios oficios contengan. Finalmente, se apercibe a las responsables que en caso de ser omisas en desahogar el requerimiento que se les formula, el Juzgado de Distrito competente estará en aptitud de proceder en términos de lo previsto en el título quinto de la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 158, del propio ordenamiento citado. Sentido de la determinación. En primer término debe precisarse que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo. Así, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, dado que de examinarse hasta la revisión y resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el propósito de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juez tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose este dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Las leyes procesales señalan ciertos criterios para determinar la competencia y, normalmente, se habla de competencia por razón de la materia, la cuantía, el grado y el territorio. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar aquí, el referente a la competencia por materia. Sobre dicho criterio, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al interpretar la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, sostuvo que el legislador tomó como base dos criterios: i) la naturaleza del acto reclamado y ii) la naturaleza de la autoridad responsable. Por lo que solo deben tomarse en cuenta esos elementos, sin acudir a los conceptos de violación formulados en la demanda de amparo. Lo anterior, en términos de la jurisprudencia 2a./J. 24/2009, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO ESPECIALIZADOS. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO A LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO Y DE LA AUTORIDAD RESPONSABLE, Y NO A LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS FORMULADOS."1 Una vez analizada en su integridad la demanda de amparo, este órgano jurisdiccional se declara legalmente incompetente por cuestión de materia para conocer del presente juicio. Por tales motivos, es que se surte la hipótesis prevista en el artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "56. Los jueces de distrito de amparo en materia penal conocerán: - - - I.- De los juicios de amparo que se promuevan contra resoluciones judiciales del orden penal, contra actos de, cualquier autoridad que afecten la libertad personal salvo que se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera del procedimiento penal, y contra los actos que importen peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Del anterior precepto se advierte que radica en el conocimiento del asunto de los jueces en materia penal, cuando el acto reclamado se haga consistir en resoluciones judiciales del orden penal; así como contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza 1 Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, marzo de 2009, página 412, registro IUS: 167761. de las autoridades que emitan el acto reclamado; salvo cuando se trate de correcciones disciplinarias o medidas de apremio impuestas fuera del procedimiento penal; o bien, contra resoluciones dictadas en los incidentes de reparación del daño exigible a personas distintas al inculpado, o en los de responsabilidad civil, dictados por los tribunales que conozcan o hayan conocido de los procesos respectivos, o por tribunales diversos, en los juicios de responsabilidad civil, cuando la acción se funde en la comisión de delitos. Precisión de actos reclamados. Precisado lo anterior, de la lectura integral de la demanda de amparo y de sus anexos se advierte que la parte quejosa reclama lo siguiente: "IV. ACTOR RECLAMADOS: De las autoridades señaladas con los números 1 al 7 se reclaman: 1. El aseguramiento, alojamiento y/o detención de los quejosos por más de 36 HORAS, en la Estación Migratoria del Instituto Nacional de Migración de la Ciudad de México, conocida como "Las Agujas". 2. LA INMINENTE ORDEN DE DEPORTACIÓN. De las autoridades señaladas con los números del 3 al 7 se reclaman: 3. La incomunicación de la que son objeto los quejosos. 4. La negativa de permitir a los quejosos nombrar representante legal. 5. La negativa de acceso de su representante legal a la estación migratoria para entrevistarse de manera personal y directa. De acuerdo con lo previsto en el artículo 107 fracción VIII de la Ley de Migración." Razones de incompetencia por materia En tales condiciones, tomando en consideración los actos que la parte promovente señala como reclamados en su demanda de amparo, se estima que este Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México, carece de competencia legal para conocer de los actos que se reclaman en la demanda que nos ocupa, ya que conforme a la disposición legal transcrita los jueces de Distrito de Amparo en Materia Penal deberán conocer, entre otros actos, de aquellos que provengan de cualquier autoridad que afecte la libertad personal del agraviado, y que en su caso implique incluso su expulsión del territorio nacional o deportación a su país de origen, lo que acontece en el caso que nos ocupa. Cobra aplicación, por analogía en lo conducente y por el criterio que sostiene, la tesis de la Séptima Época, visible en la página 29, del tomo 217- 228 Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, sostenida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro es: "LIBERTAD PERSONAL ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN." De igual forma, en lo conducente, es aplicable la tesis aislada visible en la página 2199 del Semanario Judicial de la Federación, tomo XXIV, agosto de 2006, sostenida por los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, de rubro: "EXTRANJEROS. SU ASEGURAMIENTO O DETENCIÓN ADMINISTRATIVA. CORRESPONDE CONOCER DE LA DEMANDA DE AMPARO A UN JUEZ DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL." Ahora bien, este órgano jurisdiccional atendiendo a los actos que se reclaman por esta vía constitucional determina no dividir la continencia de la causa en razón de los siguientes argumentos: Atendiendo a las constancias que hasta el momento obran en autos, se reclama la privación de la libertad e incomunicación, así como una inminente deportación, todo ello derivado de la detención realizada respecto de Alex Fernando Solano Neira - persona de nacionalidad Ecuatoriana-. De esa forma, la totalidad de los actos que se pretenden reclamar, no están desvinculados entre sí, ni deben tramitarse en distintas vías, ni tampoco tienen existencia autónoma; dado que dependen entre ellos, al tratarse de actos conexos, pues, se insiste, los actos reclamados por la parte quejosa se encuentran relacionados con la detención de la imperante en una estación migratoria, lo que se traduce en una privación de la libertad e incluso, la posibilidad de una deportación, manteniendo igualmente al quejoso incomunicado. De lo que es evidente, que en el caso se actualiza el principio de indivisibilidad de la continencia de la causa. Ciertamente, aun cuando la retención en una estación migratoria podría llegar a ser un acto administrativo; lo cierto es que atendiendo a la litis propuesta, ello se encuentra concatenado con diversos actos que, se estimó en la demanda, afectan diversas cuestiones que son eminentemente penales. En efecto, atendiendo a las constancias de autos, debe considerarse que la naturaleza jurídica de los actos reclamados son del orden penal y no administrativa, al desprenderse de la demanda de amparo que se reclama la deportación, retorno y/o detención por parte del personal de la Estación Migratoria de esta ciudad, actos que innegablemente afectan la libertad personal del quejoso, independientemente de la naturaleza de la autoridad que los ordene o ejecute, además, sin que de autos se advierta que tales medidas se traten de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal. De ahí que si los actos reclamados afectan directamente la libertad personal de la parte quejosa, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación que, como ya se indicó, establece que es competencia de los jueces de distrito de amparo en materia penal, los juicios de amparo contra actos de cualquier autoridad que afecten la libertad personal, así como los que se refieran a la deportación, destierro o alguno de los prohibidos por el numeral 22 constitucional. Por lo tanto, con fundamento en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 56, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado se declara legalmente incompetente para conocer de la demanda de amparo y ordena remitirla al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México en turno, a quien se estima competente para conocerla, por los motivos antes expuestos, solicitándole acuse de recibo correspondiente, precisando si acepta o no la competencia planteada. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia PC.VI.P. J/1 P (11a.), sustentada por el Pleno en Materia Penal del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, Materia(s): Común, Penal, Registro digital: 2024229, de rubro: "COMPETENCIA PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CUANDO LOS ACTOS RECLAMADOS CONSISTEN EN LA PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD, EL ALOJAMIENTO, EL RETORNO ASISTIDO O LA DEPORTACIÓN, EMITIDOS EN UN PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO MIGRATORIO DEL INSTITUTO NACIONAL DE MIGRACIÓN (INM). SE SURTE EN FAVOR DE LOS JUECES DE DISTRITO DE AMPARO EN MATERIA PENAL." Así como también, la tesis aislada, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 217-228, Primera Parte, página 29, Séptima Época, Materia(s): Penal, Registro digital: 232031, de rubro y texto: "LIBERTAD PERSONAL, ACTOS QUE AFECTAN LA. COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO EN MATERIA PENAL PARA CONOCER DEL AMPARO, INDEPENDIENTEMENTE DE LA NATURALEZA DE LAS AUTORIDADES DISTINTAS DE LAS JUDICIALES QUE LOS EMITAN. De conformidad con lo dispuesto por la fracción III del artículo 41 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Jueces de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal son competentes para conocer de los juicios de amparo que se promuevan en los siguientes casos: a) Contra resoluciones judiciales del orden penal, lo que implica que el acto debe ser materialmente jurisdiccional y que la autoridad responsable debe ser específicamente judicial; b) Contra actos que afecten la libertad personal, independientemente de la naturaleza de la autoridad que los ordene o ejecute, siempre que no se trate de correcciones disciplinarias o de medios de apremio impuestos fuera de procedimiento penal; c) Contra actos que traigan consigo el peligro de privación de la vida, deportación, destierro o alguno de los actos que como penas prohibidas menciona el artículo 22 de la Carta Magna, sin que tenga relevancia la autoridad que los ordene o ejecute, ni la materia específica de que emanen. Cabe advertir, en relación con las hipótesis competenciales identificadas en los incisos b) y c), que éstas no se establecen en razón de actos de naturaleza formal y materialmente penal, como sucede tratándose del supuesto señalado en el inciso a), pues lo que se toma en cuenta fundamentalmente es que el acto, así sea emanado de un orden distinto al penal y emitido por autoridad administrativa, civil, agraria, o de cualquiera otra naturaleza, traiga consigo o tenga como consecuencia la privación de la libertad o de la vida del gobernado, la deportación, el destierro o alguna de las penas prohibidas por el artículo 22 constitucional. Ahora bien, debe estimarse que los actos reclamados, independientemente de que se lleven a cabo por una autoridad distinta a la judicial y no como consecuencia de la comisión de un delito, deben ser del conocimiento de un Juez de Distrito en materia penal, si los imputados al secretario de gobernación y a otras autoridades, consisten en la orden de detención, reclusión y deportación, por una parte, afectan la libertad personal de una persona y, además, existe la posibilidad de que se le deporte." Fórmese cuaderno de antecedentes, háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Acceso a expediente electrónico. Como lo solicita la parte quejosa, se autoriza la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones en virtud de que, conforme a la certificación de cuenta, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes se encontró el nombre de usuario "Albertoalvarez89" que corresponde a Alberto Ricardo Álvarez Rosas. Se instruye a la encargada del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, a fin de que realice las autorizaciones necesarias para tal efecto. En la inteligencia de que la autorización de mérito es independiente de aquéllas otorgadas para la consulta física del expediente, y que en el caso de que sea intención de la parte promovente revocarlas, deberá solicitarlo de manera expresa e independiente. Domicilio y autorizados. Por otra parte, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio alterno de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su ocurso de cuenta, en virtud de que en párrafos precedentes se autorizó las notificaciones vía electrónica. De igual manera, ténganse como autorizados para oír y recibir notificaciones citaciones y documentos, en términos del artículo 24 de la Ley de Amparo, a las diversas personas que menciona. Asimismo, se toma conocimiento del correo electrónico y del número telefónico que señala la parte quejosa para entablar comunicaciones no procesales. Habilitación Actuarios. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. En caso de imposibilidad de notificación En ese mismo sentido, en aras de una administración de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República, y de manera adicional a lo estatuido en el numeral 27 de la Ley de la Materia, desde este momento se faculta al actuario de la adscripción, para que en el supuesto de que en este juicio de amparo se ordene una notificación personal y se presente alguna imposibilidad para practicarla, como enunciativa más no limitativamente se precisa: no conozcan a la persona buscada o esté desocupado el inmueble designado, dicha notificación se efectúe (previa razón asentada como soporte), por medio de la lista que se fija en los estrados de este Tribunal Federal; en la inteligencia de que, dicho medio de publicidad será el lugar donde se practiquen las subsecuentes notificaciones, hasta en tanto la parte interesada señale un nuevo inmueble para tal efecto. En ese orden, y para mayor seguridad de las partes en el presente juicio de amparo, se faculta al fedatario de la adscripción, para que en el desempeño de las formalidades procesales que se le encomienden, haga uso de cualquier aparato electrónico, como lo son cámaras, grabadoras y lectores ópticos, ello con fundamento en la circular 12/2009, del Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve. Uso de medios electrónicos. Desde este momento se autoriza a las partes el uso de medios electrónicos para la consulta del expediente y sus anexos [salvo de aquellas constancias que sean reservadas o confidenciales], para ello bastará su solicitud verbal y que se deje en autos constancia legal, por lo que no se requerirá promoción alguna para ello.2 Expedición de copias. De igual modo, desde este momento se autoriza a las partes la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que obren en autos y sus anexos. Para ello bastará: (i) que las soliciten a la Secretaria o el Secretario del Juzgado responsable de su expediente; (ii) que paguen el costo de su reproducción directamente en el centro de fotocopiado del edificio en el que se encuentra este Jugado Federal; y, (iii) que se deje en el expediente constancia legal de su recepción, por lo que no será necesario que lo soliciten por escrito.3 Exhorto a tramitar el asunto "en línea". 2 De conformidad con la Circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. 3 Con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Con apoyo en lo dispuesto por el artículo 28, sección tercera del capítulo V, del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea". Las partes o sus representantes, a través del Portal de Servicios en Línea, deben solicitar la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas de las resoluciones, en el entendido que la actuación por este medio requiere de la utilización de una firma electrónica vigente. Quienes no tengan autorizada la actuación "en línea" podrán solicitar, por sí o por conducto de sus representantes legales, a través de una promoción electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea, el acceso al expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 3 y 26, fracción IV, de la Ley de Amparo. Para mayor claridad sobre las condiciones y términos que implica la actuación mediante "juicio en línea", el manual de uso actualizado se encontrará disponible en la siguiente liga del Portal de Servicios en Línea: https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Ayu da. Protección de Datos Personales y Transparencia. Dígase a las partes que los datos personales y sensibles que se alleguen en el presente asunto, quedan sujetos a lo contemplado en los artículos 1, 3 fracciones IX, X y XVII, 5, 18, 22, fracciones IV y V, 25, 26, 27 y 31 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. En cumplimiento de lo ordenado en los artículos 1, 9, 16, 13, fracción I y 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como el numeral 73, fracción II, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las resoluciones y sentencia que se emitan en el presente asunto, estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten. De conformidad con lo estatuido en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, hágase saber a las partes la facultad que les asiste para oponerse a la publicación de sus nombres y datos personales en el presente asunto, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados; en el entendido que de no realizar manifestación alguna, las resoluciones que se dicten se publicarán sin supresión de datos. Dígase a la parte quejosa que la demanda de amparo digitalizada y demás proveídos relativos al expediente electrónico que al efecto se forme, se encontrarán disponibles para su consulta en el expediente electrónico de los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/Home/Logi n o para las autoridades responsables en el sistema informático de ingreso mediante la Firma Electrónica de Seguimiento de Expedientes (FESE) cuya liga es http://www.dgepj.cjf.gob.mx. respectivamente. Notifíquese; personalmente a la parte quejosa en la Estación Migratoria "Las Agujas". Lo proveyó la Jueza Celina Angélica Quintero Rico, Titular del Juzgado Decimoséptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistida de la Secretaria Dulce María Coronel Montiel, que autoriza y da fe.

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