Alex Enrique Camacho Soltero

Expediente 2224/2023 tramitado ante el Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. 3 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
2224/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
15/11/2023

Partes del expediente

  • Alex Enrique Camacho Soltero

Actuaciones

  1. Principal

    Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio suscrito por la secretaria del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de México con residencia en Naucalpan de Juárez, a través del cual, informa el contenido del proveído dictado el siete de noviembre de dos mil veintitrés, en el juicio de amparo ********************, de su índice, del que se advierte, entre otras cuestiones, que solicita a este órgano jurisdiccional que una vez que se tenga conocimiento de la resolución que al efecto se emita en el recurso de revisión principal ********************, del índice del Primer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, se le informe a la brevedad posible. En esa tesitura, una vez que se reciba testimonio relativo al medio de impugnación en comento, se informará al juzgado federal; ello, toda vez que, como se asentó en la certificación secretarial de cuenta, de una consulta realizada en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) se advierte que hasta este momento no ha sido resuelto el recurso de revisión principal ********************, del índice del referido órgano colegiado.

  2. Principal

    Visto el oficio que signa el Juez, Secretario y Notificador, adscritos al Juzgado Primero de lo Civil de Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco, en su calidad de autoridades ejecutoras, en atención a su contenido, se les tiene manifestando que se adhieren al cumplimiento que en su momento dé la autoridad ordenadora, de lo que se toma nota para los efectos legales conducentes.

  3. Principal

    V I S T O S, para resolver los autos del presente juicio de amparo 1390/2023; y R E S U L T A N D O: PRIMERO. Presentación de la demanda. El diecinueve de junio de dos mil veintitrés, José de Jesús Ibarra Cárdenas, por derecho propio, presentó en el Portal del Consejo de la Judicatura Federal, demanda en la que solicitó el amparo y la protección de la justicia federal contra las autoridades y por el acto que en ella precisó, y señaló como vulnerados los derechos fundamentales previstos en los artículos 1º, 3º, 5º, 9º, 14, 16 y 133 de la Constitución Federal, expresando los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. Trámite del juicio de amparo. El veintiuno de junio de dos mil veintitrés, se admitió la demanda promovida, por lo cual solicitó a las autoridades responsables su informe con justificación; asimismo, se dio vista al representante social de la adscripción y, fijó día y hora para llevar a cabo la audiencia constitucional. Seguido el juicio en todas sus etapas, se celebró la audiencia constitucional en los términos del acta precedente. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado Decimocuarto de Distrito en Materias Administrativa, Civil y de Trabajo en el Estado de Jalisco, tiene competencia legal para conocer y resolver el juicio de amparo, en términos de los numerales 103, fracción I y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º, 37, 107, fracción V, de la Ley de Amparo y 57, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el Acuerdo General 41/2018, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar 3/2013, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos judiciales en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito; así como al acuerdo 41/2018, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo, entre otras cuestiones, al cambio de denominación y competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Civil y los Juzgados de Distrito en Materias Administrativa y de Trabajo en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan; por tratarse de un amparo contra leyes, el cual tiene ejecución dentro de la jurisdicción de este órgano jurisdiccional. SEGUNDO. Fijación del acto reclamado. De conformidad con la fracción I del artículo 74 de la Ley de Amparo, se procede a fijar la litis constitucional en la presente instancia de conformidad con el criterio sustentado en la tesis de jurisprudencia P./J.40/2000. En esas condiciones, del análisis integral del escrito de demanda y de la totalidad de las constancias del presente sumario constitucional, se desprende que se reclama: - Del Presidente, Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, Secretario de Gobierno y Director del Diario Oficial de la Federación, la discusión, aprobación, emisión, sanción, expedición y publicación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, concretamente los artículos 34 y 41; y el Décimo transitorio, con motivo de su primer acto de aplicación, consistente en la omisión del pago del estímulo económico otorgado al quejoso con motivo de su nombramiento de Investigador Nacional Nivel I; y, - Del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías, la aplicación de los artículos 34 y 41; y el Décimo transitorio, de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. TERCERO. Inexistencia del acto de ejecución reclamado. La Subdirectora de Procesos Judiciales del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnología, al momento de rendir su informe de ley, negó la existencia de los actos de ejecución que le reclaman, sin que el promovente haya aportado medios de prueba para acreditar lo contrario. Aunado a lo anterior, basta atender al reclamo del quejoso acorde a su escrito de demanda; en efecto, éste acudió al presente juicio a reclamar la constitucionalidad de las normas apuntadas en párrafos que preceden con motivo de su sola vigencia, es decir, en su carácter de normas autoaplicativas, pues así lo destacó de forma expresa en su escrito de demanda. Aunado a que expresamente destacó que reclamaba la inminente ejecución, lo que por sí mismo demuestra que tal ejecución no existe al momento de la presentación de la demanda de amparo; por tanto, es inexistente la inminente ejecución reclamada a la citada responsable, sólo para efectos de este juicio de amparo. Por tanto, procede sobreseer en el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por la fracción IV del artículo 63 de la Ley de Amparo. Cierto, el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo, dispone: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: (.) IV. De las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado, o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional; y (.)" De la interpretación gramatical del precepto legal en cita, se advierte que procede el sobreseimiento en el juicio de amparo cuando de las constancias de autos apareciere claramente demostrado que no existe el acto reclamado o cuando no se probare su existencia en la audiencia constitucional. Así, como ya se adelantó, en el caso, la autoridad responsable negó la existencia del acto reclamado, con lo que se actualiza la citada causa de sobreseimiento prevista en la fracción IV del artículo 63, de la Ley de Amparo, en virtud de que el peticionario de amparo no probó la existencia del acto reclamado, hasta antes de la celebración de la audiencia constitucional. Sirve de apoyo, por las razones que la informan, las jurisprudencias 310 y 1a./J. 81/2002, que a continuación se transcribe: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES." "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. AUN CUANDO PARA LA PROCEDENCIA DE SU ESTUDIO BASTA CON EXPRESAR LA CAUSA DE PEDIR, ELLO NO IMPLICA QUE LOS QUEJOSOS O RECURRENTES SE LIMITEN A REALIZAR MERAS AFIRMACIONES SIN FUNDAMENTO.. En consecuencia, como se adelantó lo procedente es sobreseer el presente juicio de amparo, respecto del acto y autoridad antes señalada. CUARTO. Existencia del acto reclamado. El Director de Procedimientos Constitucionales de la Secretaría de Gobernación, en representación de ésta; el Subdirector de Amparos, en representación de la Cámara de Diputados; la Directora de Amparos y Controversias Constitucionales de la Cámara de Senadores, en representación de ésta; y el Director General de Actualización Normativa, Cultura de la Legalidad y Transparencia de la Secretaría de Educación Pública, en representación del Presidente; aceptaron los actos que se les reclamaron, pues así lo reconocieron al rendir su informe de ley, de ahí, que constituye una confesión, de acuerdo con lo señalado en el precepto 200 del Código Civil Federal, aplicado supletoriamente de la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2o. Certeza que se corrobora, en virtud de que queda acreditada plenamente la existencia del ordenamiento cuya inconstitucionalidad se reclama, pues, por su naturaleza, es de conocimiento general, al haber sido publicado en el Diario Oficial de la Federación, por consiguiente, no es objeto de prueba, en términos de los artículos 86 y 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. Por otra parte, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, se presumen ciertos los actos atribuidos al Director del Diario Oficial de la Federación, toda vez que fueron omisos en rendir su informe de ley no obstante de estar debidamente notificados y requeridos para ello, como se advierte de las constancias de notificación que obran en autos. QUINTO. Análisis de causas de improcedencia que se actualiza. Las causas de improcedencia son cuestiones de orden público, las cuales deben analizarse preferentemente ante cualquier otro planteamiento lo aleguen o no las partes, como lo sostuvo el Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, en la jurisprudencia 814, que es del tenor siguiente: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." Refrendo de la ley tildada de inconstitucional. Se considera que respecto del acto reclamado al Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, consistente en el refrendo y publicación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación; se actualiza la causa de improcedencia contenida en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo; a efecto de estar en posibilidad de acreditar dicha causa de improcedencia resulta necesario precisar que el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Mientras que el diverso, 108, fracción III, de la Ley de Amparo, establece: "ARTÍCULO 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) III. La autoridad o autoridades responsables. En caso de que se impugnen normas generales, el quejoso deberá señalar a los titulares de los órganos de Estado a los que la ley encomiende su promulgación. En el caso de las autoridades que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, el quejoso deberá señalarlas con el carácter de autoridades responsables, únicamente cuando impugne sus actos por vicios propios;(.)" Los dispositivos transcritos, refieren que cuando se impugnen normas generales y se señalen como autoridades responsable las que hubieren intervenido en el refrendo del decreto promulgatorio de la ley o en su publicación, únicamente se les otorgará tal carácter cuando impugne sus actos por vicios propios. Ahora, el quejoso señaló con el carácter de autoridades responsables al Secretario de Gobernación y Director del Diario Oficial de la Federación, a quienes les atribuyo el refrendo y publicación de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Sin embargo, del análisis de la demanda, se advierte que no controvierte dicho acto por vicios propios, por lo que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, en virtud que únicamente podrá señalarse como autoridades responsables a aquellas que hubieren intervenido en la orden de refrendo y la publicación del decreto promulgatorio del ordenamiento reclamado, cuando se impugnen dichos actos por vicios propios, lo que, se repite, en el caso no acontece. Motivo por el cual, se actualiza la causal de improcedencia prevista en los artículos 61, fracción XXIII, y 108 de la Ley de Amparo, de conformidad con el numeral 63, fracción V, del propio ordenamiento legal, respecto de las precitadas autoridades. SEXTO. Análisis de causas de improcedencia invocadas por las autoridades responsables. Falta de interés jurídico. El Subdirector de Amparos, en representación de la Cámara de Diputados al momento de rendir su informe de ley indicó que respecto de los artículos 34 y 41; y el Décimo transitorio, de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo, pues considera que dichos preceptos son de naturaleza heteroaplicativa sin que el accionante de amparo acredite el acto de aplicación. Importa destacar que este órgano jurisdiccional considera que el estándar de agravio aplicable es el relativo al interés jurídico, toda vez que la afectación que alega la parte quejosa expresamente la hizo depender de la distinción de investigador nacional nivel I, que le fue concedida el veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por el periodo del dos de enero de dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, así como del convenio para el otorgamiento del estímulo económico por distinción a investigadores que firmó con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología; razón por la que considera que es sujeto de los preceptos legales reclamados con su sola vigencia; por ende, no rige la actualización de una especial situación frente al ordenamiento jurídico en su carácter de norma autoaplicativa. Consiguientemente, se tiene que el artículo 61, fracción XII de la Ley de Amparo establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia (.)" De lo anterior, se obtiene que el sistema consagrado tanto por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley de la Amparo, reserva el ejercicio de la acción de amparo únicamente a quien afecte el acto o la norma general que se reclame, tal afectación debe ser real y actual derivado del actuar de la autoridad o por la ley, de un derecho legítimamente tutelado, el que desconocido o violado, otorga al afectado la facultad para acudir ante el órgano jurisdiccional competente a efecto de que ese derecho protegido por la ley le sea reconocido o que no le sea violado; o bien, que dicha afectación se surta de su especial posición frente al acto de autoridad ya sea individualmente o de forma colectiva. Entonces, por interés jurídico debe entenderse el derecho que le asiste a un particular para reclamar, en la vía de amparo, algún acto violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio; es decir, la afectación a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal, o la ofensa, daño o lesión en los derechos o intereses del particular provocado por un acto de autoridad. Luego, por afectación real y actual debe entenderse todo menoscabo, ofensa o lesión a la persona física o moral; mismo que puede ser, o no, patrimonial siempre que sea material, apreciable objetivamente, pero sobre todo que el acto de autoridad exista, como presupuesto de que con la aplicación del mismo, se haya irrumpido en la individualidad del gobernado, al grado de ocasionarle un agravio en su esfera jurídica, ya sea que se le aplique formal o materialmente, por lo que la afectación que aduzca la parte quejosa debe ser real y no de carácter simplemente subjetivo, pues basta que dicho ordenamiento materialice sus efectos en el mundo fáctico y altere el ámbito jurídico del quejoso, para que se pueda estimar aplicada, ya que, de no ser así, el acto reclamado, no irrogaría menoscabo alguno. Ahora, la segunda parte del artículo 61, establece con claridad que el juicio de amparo es improcedente contra cualquier norma de carácter general que por su sola vigencia no cause algún perjuicio, porque para que ello ocurra, es necesario un acto posterior de aplicación que lo origine. En efecto, de conformidad con lo dispuesto por el precepto 107, fracción I, constitucional, en relación con los artículos 17, fracción I, 18 y, 107, fracción I, inciso b de la Ley de Amparo, el principio de instancia de parte agraviada no puede desvincularse o, en un momento dado, ser ajeno al juicio de amparo contra leyes y ordenamientos de carácter general, pues de igual manera, a efecto de que el medio de control constitucional resulte procedente debe necesariamente, existir ese perjuicio o afectación que le permita al gobernado accionarlo. Por tanto, dicho perjuicio puede ocasionarse con la simple entrada en vigor o, en su defecto, a través del primer acto que desarrolle el contexto de la norma en perjuicio del gobernado, es decir, con motivo de su primer acto de aplicación. En ese tenor, es claro que el contexto de una ley puede reclamarse a través del juicio de amparo en dos oportunidades fundamentales a saber: a) con motivo de su sola entrada en vigor (en su carácter de autoaplicativa), o bien, b) con motivo de su primer acto concreto de aplicación (en su carácter de norma heteroaplicativa). Así, las normas autoaplicativas se caracterizan por contener disposiciones que vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia y, por ende, admiten la procedencia de la vía constitucional desde que entran en vigor, en función de que, desde ese momento crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho irrogando un perjuicio o afectación en la esfera de quien se encuentra obligado por el sólo hecho de su vigencia a su cumplimiento, pues las obligaciones derivadas de éstas surgen con independencia de la actualización de condición alguna. Entonces, pueden reclamarse en dos distintos momentos a saber: a) dentro del plazo de treinta días computado a partir del día en que entran en vigor y; b) dentro de los quince días, siguientes a la actualización de alguna de las hipótesis previstas en la norma respectiva. Por su parte, las normas de carácter heteroaplicativo se distinguen, porque obligan al gobernado al cumplimiento de obligaciones de hacer o no hacer, mediante la actualización de un perjuicio que surge con un acto de su aplicación, por ello, este tipo de normas pueden reclamarse sólo en una oportunidad a través del juicio de amparo indirecto, esto es, dentro del plazo de quince días siguientes al del primer acto de aplicación. Así, respecto de este tipo de normas puede cuestionarse su constitucionalidad sólo ante la actualización de su primera aplicación concreta, explícita o implícita en perjuicio del gobernado; sin embargo, no con motivo de ulteriores aplicaciones. Robustece la consideración anterior la tesis de jurisprudencia P./J. 55/97, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, materia constitucional común, novena época, tomo VI, del mes de julio de mil novecientos noventa y siete, cuyo rubro es el siguiente: "LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Sentado lo anterior, a efecto de establecer la naturaleza de la norma tildada de inconstitucionalidad, importa traer a colación el contenido de los artículos 34 y 41 y Décimo transitorio, de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, que a la letra disponen: "Artículo 34. Los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo de las dependencias y entidades se destinarán de manera preponderante a becas de posgrado y posdoctorado, a apoyos económicos para las personas integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores que se encuentren realizando actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías o innovación en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público, así como a proyectos y actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación relacionados con las áreas estratégicas o prioritarias del desarrollo nacional y los temas de interés público nacional o de atención indispensable considerados en la Agenda Nacional, en los términos de esta Ley. En todo caso, el Consejo Nacional, en coordinación con las autoridades competentes, debe promover la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realicen o en que participen municipios, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, campesinos y equiparables, con pleno respeto a su libre determinación y autonomía. (.) Artículo 41. El Consejo Nacional regulará y operará el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, que tendrá por objeto fortalecer y consolidar las capacidades públicas nacionales en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, mediante el reconocimiento a personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras por su contribución al desarrollo nacional. El reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores se otorgará mediante procesos de evaluación basados en metodologías que garanticen la solvencia y pluralidad epistemológicas de las personas que lo reciban, acordes con la naturaleza y características propias de las actividades desarrolladas en las diversas áreas de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación. En los procesos de evaluación se considerará el comportamiento ético de las personas solicitantes y se tomará en cuenta invariablemente la correspondencia de su contribución con los ejes programáticos y de articulación de las políticas públicas, por lo que se deberá valorar la trascendencia de su trayectoria docente, académica y profesional en el fortalecimiento y consolidación de la comunidad y la promoción del acceso universal al conocimiento humanístico y científico y a sus beneficios sociales, así como en el avance del conocimiento universal mediante el impulso a la ciencia básica o de frontera en alguna de las áreas y campos del saber científico, o en el desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia e innovación abierta, o en la atención de problemáticas nacionales, preferentemente en el marco de los Programas Nacionales Estratégicos del Consejo Nacional. El Consejo Nacional podrá otorgar apoyos a las personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras reconocidas en el marco del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, siempre y cuando se encuentren realizando actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público. El Consejo Nacional podrá celebrar convenios con las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector privado en México que así lo decidan con el objeto de que sus trabajadores puedan solicitar reconocimientos en el Sistema Nacional de Investigadores, siempre que dichas instituciones asuman la obligación de entregarles estímulos económicos en caso de que obtengan algún reconocimiento en dicho Sistema. La Junta de Gobierno del Consejo Nacional debe expedir el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores para regular el otorgamiento de reconocimientos y apoyos, así como para establecer sus términos y condiciones, incluyendo los derechos y obligaciones de las personas reconocidas, además de las sanciones para los casos de incumplimiento y otras disposiciones que sean necesarias para su operación óptima. El Consejo Nacional y la Secretaría de Educación Pública deben coordinarse para garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos públicos que administren, evitando la duplicidad en los apoyos que otorguen y asegurando que los procedimientos para su asignación sean eficientes. Para ello, deberán establecer únicamente los requisitos mínimos indispensables y procurar que la canalización de recursos se realice de forma directa a los beneficiarios, sin intermediación de instituciones u organizaciones de ningún tipo. (.) Décimo. Las autoridades competentes deberán realizar las acciones necesarias para terminar anticipadamente los convenios y contratos que se opongan a la presente Ley, en beneficio del interés público. (.)" Los preceptos reclamados en la parte que interesan disponen que existan apoyos económicos para las personas que integren el Sistema Nacional de Investigadores que efectivamente realicen actividades de investigación e innovación en instituciones educativas o centros de investigación del sector público. Así, el Consejo Nacional será el encargado de regular y operar el citado Sistema Nacional de Investigadores, por tanto, señala que a efecto de que otorgue el reconocimiento deben llevarse procesos de evaluación que garanticen las solvencia y pluralidad el conocimiento científico de quienes lo reciban. De modo tal que se considere el comportamiento de los solicitantes y la correspondencia de su contribución, por lo que se deberá valorar la trascendencia de su trayectoria docente, académica y profesional en la comunidad y la promoción conocimiento humanístico y científico. Reitera que podrán otorgarse apoyos a las personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras reconocidas por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, que se encuentren realizando actividades en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público, de forma directa y sin intermediarios. Por otra parte, disponen que dicho Consejo Nacional puede celebrar convenios con las este tipo de instituciones que así lo decidan, siempre que éstas asuman con sus trabajadores la obligación de entregar los estímulos económicos conforme al reconocimiento en el Sistema citado. Finalmente, establecen que las autoridades deben realizar acciones necesarias para terminar anticipadamente los convenios y contratos que sean opuestos a la Ley. Lo anterior pone de relieve que, desde el inicio de su vigencia, esto es, el nueve de mayo de dos mil veintitrés, atento al Decreto impugnado, la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación establece condiciones para que los investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores tengan acceso a los apoyos económicos, pues expresamente dispone que deben encontrarse realizando actividades de investigación en instituciones del sector público. Mientras que aquéllos que forman parte de ese tipo de instituciones pero del sector privado, si bien pueden formar parte del aludido sistema, se encuentran sujetos a que la institución para la que trabajan celebre convenios del estilo con el Consejo Nacional y éstas asuman la obligación de entregar los estímulos económicos conforme al reconocimiento en el sistema citado y faculta a las autoridades para terminar anticipadamente los convenios opuestos a la ley. Consecuentemente, es claro que dichas normas pueden vincular a su destinatario desde su sola vigencia, sin que, para ello, se requiera la existencia de un acto de aplicación posterior para que se concrete el perjuicio en la esfera jurídica. En efecto, vincula a los miembros del Sistema Nacional de Investigadores con su sola entrada en vigor, pues cualquier investigador que pretenda continuar cobrando el estímulo económico relativo, debe necesariamente acatar lo dispuesto en las normas apuntadas, es decir, debe realizar actos de investigación en el sector público o bien, si los realiza en el sector privado, la institución en la que labora debe formalizar la obligación para que sea ésta quien lleve a cabo el pago del estímulo correspondiente; en caso contrario, la autoridad puede dar por concluidos de forma anticipada cualquier convenio que sea contrario a las condiciones establecidas en la ley. En esa tónica, es claro que el cumplimiento de la norma no está sujeto a la actualización de alguna condición, pues se reitera, desde el día en que entró en vigor el decreto reclamado, actualiza las condiciones y consecuencias señaladas. Tales asertos permiten sostener a este juzgado federal que las normas reclamadas tienen una naturaleza autoaplicativa y, por ello, no requiere de un acto posterior de aplicación. Expuesto lo anterior, resulta trascendente precisar que el Alto Tribunal del país ha sostenido en criterios obligatorios, que no debe confundirse el carácter autoaplicativo de una norma, con el interés jurídico que debe acreditarse para su impugnación. Lo anterior, porque la naturaleza de la norma está vinculada con la obligatoriedad de ésta desde su sola vigencia; mientras que, el interés jurídico se relaciona con la afectación que la vigencia de la norma irroga en la esfera legal del gobernado. Extremo que se insiste, debe probarse, pues sólo a quien perjudica su contenido puede ocurrir al medio de control de la constitución para cuestionar su regularidad constitucional. En esa virtud, no basta que la norma imponga obligaciones a los gobernados desde su sola vigencia, puesto que el accionante de amparo debe acreditar que se encuentra obligado a su cumplimiento al ubicarse en las hipótesis reguladas, de modo tal, que revele una afectación en su esfera legal, sin la necesidad de un acto posterior de aplicación. Cobra aplicación la tesis aislada 3a. LII/91, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, octava época, tomo VII, del mes de marzo de mil novecientos noventa y uno, materia constitucional, que a la letra establece lo siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES. NO SE ACREDITA ÚNICAMENTE POR LA CIRCUNSTANCIA DE QUE SE TRATE DE UNA LEY AUTOAPLICATIVA.". Asimismo, la tesis aislada con registro 207490, de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, materia común, tomo II, primer parte, julio- diciembre de mil novecientos ochenta y ocho, de rubro y texto siguientes: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO CONTRA LEYES AUTOAPLICATIVAS.. Acorde con lo expuesto en esta sentencia, se puede colegir que a efecto de que los artículos 34 y 41; y, Décimo transitorio de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación vigente en dos mil veintitrés, irroguen una afectación en la esfera de derechos del accionante de amparo con motivo de su sola entrada en vigor, es menester que éste demuestre que al inicio de la vigencia de la norma impugnada (nueve de mayo de dos mil veintitrés), efectivamente, integra el Sistema Nacional de Investigadores al gozar de una distinción como investigador nacional, que dicha labor de investigación la realice en una institución educativa privada y, que con motivo de ello, suscribió un convenio para el otorgamiento del estímulo económico con el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Al efecto, la parte quejosa exhibió como pruebas de su parte, entre otras, las siguientes: - Convenio por renovación para el otorgamiento del estímulo económico por distinción a investigadores, que celebraron, por una parte, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, como responsable del Sistema Nacional de Investigadores; y por otra, la parte quejosa, con vigencia del dos de enero de dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés, firmado electrónicamente. - Nombramiento de la parte quejosa como INVESTIGADOR NACIONAL NIVEL I del Sistema Nacional de Investigadores, de veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, por el periodo del dos de enero de dos mil dieciséis al treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. Con tales documentos, la parte quejosa demuestra de forma fehaciente que es destinataria de la norma con su sola vigencia y, por ende, tiene interés jurídico para reclamarla, pues éste goza de la distinción de investigador nacional nivel I, y con motivo de ello firmó un convenio para el otorgamiento del estímulo económico con la institución. Asimismo, al concatenar dichos documentos con el oficio signado por el quejoso, dirigido a la Directora de Vocaciones Científicas y Sistema Nacional de Investigadores, donde se advierte que el peticionario realiza funciones de investigación en una institución privada, esto es, al Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente. Documentos que tienen valor probatorio pleno en términos de los artículos 129, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Por lo que, con la simple entrada en vigor de la referida ley se ubica en el supuesto reclamado, pues para continuar percibiendo el estímulo económico, la institución privada en la que labora debe necesariamente firmar un convenio con el Consejo Nacional en que asuma la obligación de pagar al justiciable el monto correspondiente a su distinción. Entonces, es claro que sí acreditó el interés jurídico que le debe asistir para reclamar los preceptos legales con su sola entrada en vigor. Por tanto, no ha lugar a sobreseer en el presente juicio de amparo, pues se reitera, contrariamente a lo establecido por las autoridades, las normas sí son de naturaleza autoaplicativa y, el justiciable sí acreditó ubicarse en el supuesto tildado de inconstitucionalidad combatido con su sola vigencia. Robustece la consideración anterior la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con registro digital 206527, de rubro siguiente: "LEY AUTOAPLICATIVA, INTERÉS JURÍDICO EN AMPARO CONTRA". No pasa inadvertido para este Juzgado de Distrito el contenido del artículo Noveno Transitorio de la ley reclamada, el cual, establece que los asuntos tramitados con anterioridad a la Ley reclamada, se resolverían conforme a la normativa vigente en la fecha en que se originaron. Sin embargo, acorde a la definición establecida por el diccionario de la Real Academia Española, consultable en la siguiente dirección electrónica: https://dle.rae.es/tr%C3%A1mite?m=form, por "trámite" debe entenderse expresamente cada uno de los pasos y diligencias que hay que recorrer en un asunto hasta que esté concluido o finiquitad o bien, es el paso de una parte a otra o de una cosa a otra. Entonces, es claro que la norma expresamente dispone que serán aquellos asuntos que aún no están resueltos, los que deben seguirse paso a paso conforme lo establecido en la norma vigente al momento de su origen hasta su resolución, por lo que, dicha regulación está estrechamente vinculada a un tópico intrínsecamente procesal. Lo que permite sostener que dicho precepto de tránsito no resulta aplicable o alcanza al caso particular, pues como se anunció previamente en este fallo, la parte quejosa ya goza de una distinción desde veinticinco de noviembre de dos mil veintidós, en que se le reconoció como investigador nacional nivel I, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. En virtud de ello, el justiciable firmó un convenio individual con el citado consejo en que se estableció la misma vigencia apuntada con antelación, así como lo relativo al estímulo económico que le corresponde acorde a su grado y nivel como miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Por tanto, es claro que no existe cuestión procesal o adjetiva pendiente por tramitarse y resolverse, pues acorde con la normativa que rige a dicho consejo, la parte quejosa ya tiene reconocido el carácter de investigador nacional nivel I, hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil veintitrés. En efecto, no se advierte de autos que se encuentre pendiente alguna cuestión adjetiva pendiente de resolverse que sea acorde con las atribuciones de la autoridad, partiendo de que éste tiene el carácter de investigador nacional (sustantivo); de ahí que se puede sostener que no existe trámite pendiente que desahogar; sino únicamente la entrega del apoyo económico acorde a su distinción y el convenio individual. Por lo que no puede extenderse el contenido del citado precepto transitorio a lo relativo al pago del estímulo económico, pues como se ha precisado en líneas que anteceden, ese precepto está vinculado a un tema adjetivo, no sustantivo. En ese contexto, contrariamente a lo que señala la autoridad responsable, a efecto de que dichas normas irroguen una afectación en la esfera de derechos de la parte quejosa con su sola entrada en vigor, es suficiente que ésta demostrara que al inicio de la vigencia de la norma impugnada tenía reconocido el carácter de investigador nacional adscrita a una institución educativa privada. b. Relatividad de las sentencias. La Cámara de Diputados considera que se actualiza el motivo de improcedencia previsto en los artículos 61, fracción XXIII y 78 ambos de la Ley de Amparo, pues refiere que la concesión del amparo atentaría contra el principio de relatividad de las sentencias. Los artículos 61, fracción XXIII y 78 de la Ley de Amparo y, 107, fracción II, primer párrafo constitucional, respectivamente establecen lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. (.)" "Articulo 78. Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional. Si se declara la inconstitucionalidad de la norma general impugnada, los efectos se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la propia norma invalidada. Dichos efectos se traducirán en la inaplicación únicamente respecto del quejoso. El órgano jurisdiccional de amparo podrá especificar qué medidas adicionales a la inaplicación deberán adoptarse para restablecer al quejoso en el pleno goce del derecho violado". "Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) II.- Las sentencias que se pronuncien en los juicios de amparo sólo se ocuparán de los quejosos que lo hubieren solicitado, limitándose a ampararlos y protegerlos, si procediere, en el caso especial sobre el que verse la demanda." Como se ha dicho previamente en este fallo al tenor del considerando sexto, el motivo de improcedencia contenido en la causal XXIII del precepto 61 de la Ley de Amparo, no establece de forma estricta un supuesto en sí, sino que supone la improcedencia del juicio de amparo cuando esta deriva de cualquier artículo de la propia Ley o de la Constitución General. Por ello, al concatenar dicho precepto con los diversos 78 de la Ley de Amparo y, 107, fracción II, primer párrafo, constitucional, se colige que si un tribunal declara la inconstitucionalidad de un acto de autoridad, con excepción de la materia electoral, los efectos de la concesión de amparo se deben concretar únicamente en la esfera jurídica del quejoso, en función de que dichos textos expresamente disponen que sólo se debe ocupar de éste y del caso especial que verse la demanda. Lo anterior, se conoce en la doctrina como principio de relatividad de la sentencias de amparo, el cual, como se ha dicho, obliga a que un tribunal al declarar la inconstitucionalidad de un acto sólo afecte el acto concreto y, en el caso concreto, es decir, los efectos protectores se proyectan respecto del quejoso y la autoridad responsable, así como del acto que expresamente se hubiere reclamado. Debe recordarse que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el juicio de amparo en revisión 488/2010, sostuvo que atendiendo a la técnica rectora del juicio de amparo, el juzgador está facultado para que, previamente a realizar el fondo de un asunto anticipe cuál sería el efecto de una eventual sentencia protectora; puesto que de otro modo carecería de sentido práctico analizar la constitucionalidad de un acto reclamado, si la restitución en el goce del derecho fundamental trasgredido se torna imposible de alcanzar. Así, consideró que se debe prever si los efectos de amparo se proyectan produciendo infracción a otros principios que rigen el juicio, pues no debe propiciarse que una sentencia tenga efectos que vayan más allá del caso concreto. De igual forma, destacó que de no hacerse ese estudio anticipado podría darse el supuesto en que una declaración de inconstitucionalidad no pudiera ejecutarse, dejando al justiciable en el mismo lugar en que estaba previamente a acudir al juicio de amparo, porque con su ejecución se trasgrediera el principio de relatividad de la sentencias. Las consideraciones anteriores, dieron origen a la tesis de jurisprudencia 2a./J. 36/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro siguiente: "IMPROCEDENCIA. SE ACTUALIZA EN EL JUICIO DE AMPARO SI EL JUZGADOR ADVIERTE QUE LOS EFECTOS DE UNA EVENTUAL SENTENCIA PROTECTORA PROVOCARÍAN TRANSGRESIÓN AL PRINCIPIO DE RELATIVIDAD". Sin embargo, este Juzgado considera que el razonamiento esgrimido por la autoridad responsable no actualiza la causa de improcedencia en estudio, puesto que parte de una proposición que inexacta para lograrlo. En efecto, la autoridad en comento considera que el reclamo del justiciable gira en torno a una omisión legislativa que, en todo caso debe repararse por el poder legislativo; empero, sostienen que no puede obligarse a éste a legislar en el sentido propuesto por la accionante de amparo. Lo anterior permite colegir que dicho razonamiento toral está centrado en una premisa que es falsa, en la medida que el justiciable jamás hizo depender la inconstitucionalidad de las normas reclamadas de una omisión de legislar; sino que, paralelamente a ello, la autoridad quebrantó el principio de igualdad y no discriminación al emitir los preceptos reclamados. En consecuencia, ese razonamiento de la citada autoridad para hacer patente la actualización de la causa de improcedencia debe desestimarse, ante la inoperancia de lo argumentado, pues se insiste se sostiene en una premisa que es evidentemente falsa, esto es, que la parte quejosa reclama una omisión legislativa, cuando lo real es que éste se duele del distingo legislativo que existe para los investigadores de instituciones educativas privadas expresamente establecido en la ley. Es aplicable, por las razones que le rigen, la tesis de Jurisprudencia 2a./J. 108/2012 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XIII, del mes de octubre de dos mil doce, décima época, tomo 3, materia común, de rubro y texto siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE SUSTENTAN EN PREMISAS FALSAS." Entonces, al no existir diversos planteamientos de improcedencia hechos valer por las partes, y en tanto que este Juzgado de Distrito no advierte alguna que deba examinarse de oficio, se procede al estudio de la contienda planteada. SÉPTIMO. Estudio de la inconstitucionalidad de la norma reclamada. Previo a realizar el estudio, resulta importante destacar que las normas reclamadas constituyen un sistema normativo jurídico indisociable, ya que lo que éstas disponen de forma coherente entre sí, permiten determinar lo que en ellos se regula, por ende, el alcance de éstas depende de la otra. De ahí que el estudio no sólo se realizará respecto de los numerales reclamados, sino respecto de los siguientes numerales 29, tercer párrafo, 34, 41, 42; y los transitorios Primero, Segundo, Tercero, Sexto y Décimo de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Tiene apoyo lo anterior en la jurisprudencia 2a./J. 91/2018 (10a.), con número de registro digital 2017869, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I, página 938, de rubro y texto siguiente: "AMPARO CONTRA LEYES. EL JUZGADOR FEDERAL ESTÁ FACULTADO PARA INTRODUCIR EN SU SENTENCIA EL ANÁLISIS DE NORMAS QUE NO FORMARON PARTE DE LA LITIS, SIEMPRE Y CUANDO ESTÉN ESTRECHAMENTE RELACIONADAS CON LA MATERIA DE LA IMPUGNACIÓN, POR CONSTITUIR UN SISTEMA NORMATIVO." Lo anterior, porque es a través de tales preceptos que la autoridad legislativa sostuvo que, se pueden otorgar apoyos a las personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras reconocidas por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, empero deben realizar actividades en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público, de forma directa y sin intermediarios. Mientras que, los investigadores de instituciones privadas sólo pueden acceder a estos apoyos económicos cuando la institución para la que laboran asuma la obligación de entregar tal estímulo económico conforme al reconocimiento en el sistema citado y, la consecuencia de incumplir con lo anterior, es que las autoridades realicen acciones necesarias para terminar anticipadamente los convenios y contratos opuestos al texto de la ley. Sirve de apoyo, la jurisprudencia 2a./J. 100/2008, del índice de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia común, de junio de dos mil ocho, que a la letra dispone: "AMPARO CONTRA LEYES. PARA IMPUGNARLAS COMO SISTEMA NORMATIVO ES NECESARIO QUE CONSTITUYAN UNA VERDADERA UNIDAD." Precisado lo anterior, se tiene que a través de su primer concepto de violación, la parte quejosa refiere que los artículos 34 y 41 de la Ley General de Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación son violatorios de su derecho de igualdad y no discriminación reconocidos en el artículo 1° constitucional. Lo anterior, porque estos preceptos establecen un trato diferenciado entre los investigadores adscritos a una institución de educación privada y los que están adscritos a una institución pública, con fundamento en una categoría que no supera el escrutinio constitucional. Abunda que ante la existencia de una distinción generada por una norma, este distingo debe sustentarse en criterios que son razonables, legales y objetivos que lo justifiquen. Refiere que de forma contraria a lo señalado, los artículos combatidos crean una desventaja y diferenciación de trato entre los investigadores de instituciones públicas y privadas, puesto que, expresamente dejan fuera a éstos últimos del apoyo económico en su carácter de investigadora nacional, de forma directa y, sujeta a los investigadores de institución educativa privada a que sea ésta la que se comprometa a pagarles los estímulos correspondientes a su distinción. Lo que desde su consideración evidencia el trato diferenciado o desigual entre investigadores de instituciones públicas y privadas, pues los primeros sí pueden recibir el apoyo económico directamente por el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías; mientras que los segundos sólo pueden acceder a éste cuando la institución en la que laboran, firme un convenio con el citado consejo y acepte la obligación de pagar el estímulo relativo a sus investigadores. Considera que dicha distinción es injustificada y se sustenta en una categoría sospechosa como lo es la condición social, pues solamente se centra en la institución para la que trabaje el investigador, esto es, si es pública y privada. Enfatiza que el tratamiento desigual no corresponde al mérito de la investigación en cada supuesto, sino a la institución a la que pertenece cada investigador, lo que considera evidencia que cuando realicen investigación de la misma calidad, la diferencia radica en la institución en la que realiza la investigación. Ahora bien, el artículo 1° constitucional establece lo siguiente: "Artículo 1o. En los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos, en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren al territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". El precepto constitucional a raíz de la reforma de dos mil once, significa para el orden jurídico mexicano un nuevo paradigma, pues reconoce expresamente los derechos humanos tanto de fuente constitucional como convencional, lo que amplía el catálogo de éstos, y conforman entre ambos lo que se ha denominado parámetro de control de regularidad constitucional o bloque de constitucionalidad. En efecto, con independencia de su fuente, los derechos humanos no se relacionan entre sí en términos jerárquicos, sino que al incorporar un tratado al orden jurídico doméstico, las normas de derechos humanos que aquel contenga se integran al catálogo de derechos fundamentales que se erigen como el parámetro de control de regularidad constitucional y, por tanto, forman parte del conjunto normativo que goza de supremacía constitucional. Así, corresponde al estado la obligación de respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Por último, prohíbe terminantemente la discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, a lo que el Alto Tribunal del país ha denominado categorías sospechosas que son violatorias de derechos humanos. Asimismo, en la reforma a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de dos mil diecinueve, se modificó, entre otros, el artículo 3°, en que se incluyó el derecho fundamental de gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como la obligación correlativa del Estado de apoyar la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica. Consecuentemente, el principio de igualdad se encuentra presente en el artículo 3° constitucional, pues se ha dicho que toda persona tiene derecho a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la investigación tecnológica, mientras que el Estado apoyará la investigación e innovación científica, humanística y tecnológica, sin distinción autoritaria alguna. Ahora, a efecto de dar contestación al argumento de la parte quejosa es necesario destacar que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de criterio obligatorio puntualizó que, el principio de igualdad se configura como uno de los valores superiores del orden jurídico. Sin embargo, dijo que dicho principio no significa que todos los individuos deban ser iguales en todo, esto es, la Constitución Política de lo Estados Unidos Mexicanos no señala que todos los individuos deben siempre ser iguales en todo momento y ante cualquier circunstancia; sino que en dicha norma fundante se establece la igualdad jurídica consistente en que nadie debe soportar un perjuicio de forma desigual a otra de forma injustificada. Por tanto, resumió que ese principio persigue que no existan normas llamadas a proyectarse en situaciones de igualdad de hecho, que produzcan el rompimiento de igualdad al generar un trato discriminatorio en situaciones similares o idénticas, propiciando efectos similares en situaciones dispares frente a la norma, pues eso se traduce en desigualdad jurídica. Asimismo, la Primera Sala resolvió que existe una discriminación normativa, cuando dos supuestos de hecho equivalentes son regulados de forma desigual, sin que exista una justificación razonable para el otorgamiento del trato diferenciado. Señaló que una forma común de la discriminación normativa es ante la exclusión tácita que se traduce en la creación de un régimen y de forma implícita deja fuera de su ámbito de aplicación un supuesto de hecho equivalente al creado, mientras que la discriminación expresa acontece cuando el legislador crea dos regímenes para supuestos de hecho o situaciones que son equivalentes, de modo que existen claramente cuál es el que aplica para cada uno, con independencia que el hecho sea similar. Consecuentemente, dijo que la pretensión del justiciable debe ceñirse a que no se aplique el régimen creado expresamente para su situación, de modo que nunca puede pretenderse la invalidación del régimen sujeto a comparación para que un tercero quede comprendido en el régimen del justiciable. En este punto, coincidió con la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en cuanto sostuvo que, el juicio de igualdad normativa presupone necesariamente una comparación entre dos o más regímenes, pues un mismo régimen nunca es discriminatorio en sí mismo, sino que debe serlo en comparación con otro. De ahí, sostuvo que el control constitucional de igualdad no puede reducirse a la adecuación de la norma impugnada con el precepto constitucional que funciona como parámetro, sino que, debe existir otro régimen para comparar si efectivamente existe un trato desigual en situaciones que son similares o idénticas. Entonces, se expuso que en primer término debe elegirse un régimen de comparación adecuado que permita comparar a los sujetos en cuestión desde un determinado punto de vista y, partiendo de éste, establecer si efectivamente existe igualdad frente a los regímenes comparados y si el trato es ciertamente diferente. Lo anterior, según dijo, permite establecer si los sujetos comparados son iguales o no, y si son tratados de forma desigual o no, para establecer si existe o no violación al principio de igualad normativa. Importa destacar que respecto a este punto particular, el Alto Tribunal igualmente determinó que, si el justiciable no proporciona algún parámetro de comparación para demostrar que la norma reclamada realmente otorga un trato diferenciado los argumentos deben calificarse como inoperantes ante la inexistencia de ese requisito mínimo que debe existir para poder atender al reclamo. Por tanto, precisó que debe existir necesariamente la comparación entre dos regímenes a fin de evidenciar el distingo, nunca a través de un argumento abstracto en que se compare sola la norma fundante con el caso específico. En consecuencia, una vez que se estableció la situación de igualdad (comparación) y la diferencia de trato, el operador de la ley debe establecer si dicha diferenciación obedece a un fin constitucionalmente válido, es decir, que el trato distinto obedezca a una finalidad constitucional aceptable, salvo que se trate de alguna de las categorías sospechosas previstas en el artículo 1° constitucional, pues en ese supuesto, el la finalidad debe ser imperativa. En efecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido en criterios obligatorios que tratándose de una de estas categorías, si bien el legislador no está vedado en utilizarlas, lo correcto es que se haga cuidadosamente, por ello, cuando se esté en presencia de éstas, el Juez constitucional debe someterlas a un control o escrutinio estricto. Luego, señaló que debe establecerse si esa distinción de trato es idónea para lograr el fin constitucionalmente aceptable, de modo que sea capaz de lograr el objetivo, lo que significa que, basta una posibilidad de cumplimiento inmediato del fin, sin que se deba exigir que el medio se exactamente diseñado para lograr exclusivamente ese fin. Por último, el Alto Tribunal destacó que la medida debe ser proporcional, de modo que el daño causado con ésta no sea desproporcional con el objetivo perseguido, esto es, que la afectación al derecho no sea desproporcional con la finalidad constitucional buscada. En efecto, dijo que en casos de discriminación como consecuencia de un trato normativo diferenciado deben realizarse dos etapas sucesivas, no simultáneas, consistentes en que las situaciones pueden compararse o, por el contrario, existen divergencias importantes que no permiten su confrontación y, la segunda, consistente en si la distinción de trato es admisible o legítima a través de un escrutinio estricto u ordinario de instrumentalidad. Lo anteriormente expuesto dio lugar a los siguientes criterios jurisprudenciales y aislados: Tesis de jurisprudencia 1a./J. 47/2016 (10a.) de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia constitucional común, de septiembre de dos mil dieciséis, de rubro siguiente: "IGUALDAD. SON INOPERANTES LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN LOS QUE SE ALEGUE VIOLACIÓN A DICHO PRINCIPIO, SI EL QUEJOSO NO PROPORCIONA EL PARÁMETRO O TÉRMINO DE COMPARACIÓN PARA DEMOSTRAR QUE LA NORMA IMPUGNADA OTORGA UN TRATO DIFERENCIADO". Tesis de jurisprudencia 2a./J. 42/2010 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, novena época, materia constitucional común, de abril de dos mil cuatro, de rubro siguiente: "IGUALDAD. CRITERIOS QUE DEBEN OBSERVARSE EN EL CONTROL DE LA CONSTITUCIONALIDAD DE NORMAS QUE SE ESTIMAN VIOLATORIAS DE DICHA GARANTÍA". Tesis de jurisprudencia 1a./J. 37/2008 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, novena época, materia constitucional, de abril de dos mil ocho, de rubro siguiente: "IGUALDAD. CASOS EN LOS QUE EL JUEZ CONSTITUCIONAL DEBE HACER UN ESCRUTINIO ESTRICTO DE LAS CLASIFICACIONES LEGISLATIVAS (INTERPRETACIÓN DEL ARTÍCULO 1o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS)". Tesis de jurisprudencia 1a./J. 55/2006, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, novena época, materia constitucional, de septiembre de dos mil seis, de rubro siguiente: "IGUALDAD. CRITERIOS PARA DETERMINAR SI EL LEGISLADOR RESPETA ESE PRINCIPIO CONSTITUCIONAL". Tesis de jurisprudencia 1a./J. 81/2004, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, novena época, materia constitucional, de octubre de dos mil cuatro, de rubro siguiente: "IGUALDAD. LÍMITES A ESTE PRINCIPIO". Tesis aislada 1a. CCCLXVIII/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia constitucional, de noviembre de dos mil quince, de rubro siguiente: "DISCRIMINACIÓN NORMATIVA. EL LEGISLADOR PUEDE VULNERAR EL DERECHO FUNDAMENTAL DE IGUALDAD ANTE LA LEY POR EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA". Tesis aislada 1a. CCCLXIX/2015 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia constitucional, de noviembre de dos mil quince, de rubro siguiente: "IGUALDAD ANTE LA LEY. EL LEGISLADOR PUEDE VULNERAR ESTE DERECHO FUNDAMENTAL POR EXCLUSIÓN TÁCITA DE UN BENEFICIO O POR DIFERENCIACIÓN EXPRESA". Tesis aislada 1a. CLXXI/2016 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia constitucional, de junio de dos mil dieciséis, de rubro siguiente: "IGUALDAD ANTE LA LEY. ALCANCES DE ESTE DERECHO FUNDAMENTAL CUANDO SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DE UNA DIFERENCIACIÓN EXPRESA". Tesis de jurisprudencia P./J. 9/2016 (10a.) (10a.), del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia constitucional, de septiembre de dos mil dieciséis, de rubro siguiente: "PRINCIPIO DE IGUALDAD Y NO DISCRIMINACIÓN. ALGUNOS ELEMENTOS QUE INTEGRAN EL PARÁMETRO GENERAL". Tesis de jurisprudencia 1a./J. 44/2018 (10a.), de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, materia constitucional, de julio de dos mil dieciocho, de rubro siguiente: "DERECHOS FUNDAMENTALES A LA IGUALDAD Y A LA NO DISCRIMINACIÓN. METODOLOGÍA PARA EL ESTUDIO DE CASOS QUE INVOLUCREN LA POSIBLE EXISTENCIA DE UN TRATAMIENTO NORMATIVO DIFERENCIADO". Sentado lo anterior, es necesario traer a colación algunas notas que forman parte de la exposición de motivos de la iniciativa de la ley que por ésta vía se reclama, conforme a la publicación del trece de diciembre de dos mil veintidós, en la Gaceta Parlamentaria, de la que se advierte que los argumentos de la iniciativa fueron esencialmente los siguientes: Que previamente el Estado utilizó una política que aterrizó en el fomento a la vinculación entre centros de investigación científica y tecnológica públicos con las empresas del sector privado, otorgamiento de becas y financiamientos de posgrados en instituciones privadas, así como la generación de ciencia para el desarrollo de actividades básicamente comerciales. Se puntualizó que la tendencia a concentrar el gasto público en el fomento de actividades privadas provocó que los programas de posgrado públicos se gestaran bajo la lógica de las leyes del mercado y que las universidades y centros públicos funcionaran como empresa y comercializadoras de productos científicos al servicio del sector privado. Se consideró que se dejó de lado el interés nacional y la consecución del bien social para favorecer intereses individuales mediante criterios que fomentaron la exclusión social y la desigualdad entre la comunidad de humanidades, ciencias y tecnologías e innovación que provocó pérdida de patrimonio intelectual. Se señaló que el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología transfirió cantidades de dinero importantes a grandes empresas privadas que no requerían apoyo del Estado, porque por sí mismas tenían capacidad de invertir en ciencia, tecnología e innovación, de modo que el Estado no sólo financiaba investigaciones, sino que además transfería recursos a empresas privadas para acceder a la información generada con recursos públicos. Abundó que respecto de los fondos del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, éste contaba con una participación marginal en la toma de decisiones, a pesar de ser la institución que realizaba las aportaciones más significativas de recursos a los fideicomisos, de modo tal que no fortalecieron las capacidades científicas de las entidades. En lo concerniente a las becas se dijo que obedecieron a arreglos poco transparentes que respondían a intereses políticos económicos, en lugar de atender a criterios con rigor académico efectivo, lo que propició que muchos estudiantes con auténtica vocación humanista y científica quedaran fuera de la asignación de apoyos, en perjuicio del desarrollo científico y tecnológico del país. Se establece que el citado consejo toleró la simulación al acreditar programas profesionalizantes en particular de instituciones de educación superior del sector privado, poco vinculados a la investigación científica o humanista, pero cuyo reconocimiento sirvió como señuelo para atraer clientes que, con el subsidio que recibían pagaban costosas cuotas de inscripción y colegiaturas, sin mecanismos eficaces para evaluar el rigor tecnológico y priorizando la competencia e inclusive promoviendo prácticas de exclusión social y de lucro en el seno de instituciones públicas de educación superior. De ese modo, se indica que para dos mil veinte la oferta nacional de posgrados había crecido a diez mil ochocientos setenta y cinco programas, de los cuales el 59.6% eran privados. Lo que dijo alcanzó al Sistema Nacional de Investigadores pues en su diseño y operación prevalecieron criterios elitistas y de evaluación productivista que promovieron el trabajo aislado, la jerarquización y la competencia entre investigadores, así como la simulación de actividades relacionadas con la ciencia, las tecnologías y la innovación, pues no se valoraba la incidencia efectiva de una publicación en el avance del conocimiento universal. Precisó que en dos mil veinte se expidió un nuevo reglamento con perspectiva humanista que reconoce las dificultades de las personas investigadoras en situación de maternidad, paternidad, enfermedad o problemas familiares graves y se articuló con política pública del sector y revalorización de la labor de las personas investigadoras en el desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia e innovación abierta para la transformación social de problemas nacionales como aquellos relacionados con el avance universal. En ese sentido, se precisó que la Nueva Ley en Materia de Humanidades, Ciencias y Tecnologías e Innovación proponía revindicar el papel de la investigación humanística y científica, de desarrollo tecnológico y de innovación en la vida pública para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Entonces, se dijo que el Estado Mexicano se encuentra obligado a proteger, regular y alentar la investigación a través de sus instituciones y mediante la promoción del desarrollo del sector privado, con la finalidad que contribuyan al desarrollo económico nacional. Así, los ejes programáticos y de articulación de la política pública serán fortalecer y consolidar la comunidad científica del país, impulsar la ciencia básica y de frontera en todas las áreas científicas, prevenir, atender y solucionar problemáticas nacionales bajo agendas temáticas, desarrollar tecnologías de vanguardia e impulso a la innovación abierta y, acceso universal al conocimiento científico y sus beneficios sociales. Por otra parte, los artículos 1, párrafos segundo y tercero, 2, 3, fracción II, 5, 6, 7, 11, fracción X y 29 de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación, vigente en dos mil veintitrés, establecen lo siguiente: "Artículo 1. (.) Tiene por objeto garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, con el fin de que toda persona goce de los beneficios del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, así como de los derechos humanos en general. En todo caso, el Estado garantizará el derecho a la no discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas". "Artículo 2. Toda persona, de forma individual y colectiva, tiene derecho a participar y acceder al progreso humanístico, científico y tecnológico, así como a gozar de sus beneficios sociales, en los términos de esta Ley, de la demás legislación aplicable, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y de los Tratados Internacionales de los que el Estado mexicano es parte. Para asegurar el ejercicio de este derecho humano, además de las que señale esta Ley, el Estado tiene la obligación de fomentar, realizar y apoyar actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación que redunden en el bienestar del pueblo de México e incluyan la preservación, restauración, protección y mejoramiento del ambiente, y faciliten el ejercicio y goce de otros derechos humanos, individuales y colectivos de la presente y futuras generaciones Bajo la rectoría del Estado, los recursos, capacidades e infraestructuras del sector público en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación invariablemente serán puestos al servicio del pueblo de México y su uso, aprovechamiento y explotación permanecerán sujetos al interés público. "Artículo 3. Son objetivos de la presente Ley establecer (.) II. La integración, articulación y rectoría de un Sistema Nacional de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación que promueva la coordinación entre la Federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, así como la participación de los sectores social y privado en el marco del Sistema Nacional de Planeación Democrática;" "Artículo 5. El Estado debe fomentar que la formación, la investigación, la divulgación y el desarrollo de proyectos en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación se realice bajo los siguientes principios: rigor epistemológico, igualdad y no discriminación, libertad académica, inclusión, pluralidad y equidad epistémicas, interculturalidad, diálogo de saberes, producción horizontal y transversal del conocimiento, trabajo colaborativo, solidaridad, beneficio social y precaución. Las autoridades competentes en la aplicación de la presente Ley deben vigilar que dichas actividades cumplan con los límites establecidos en la normativa aplicable, especialmente la relacionada con el principio precautorio, la seguridad, salud, responsabilidad ética, social y ambiental o cualquier otra causa de interés público, social o general". "Artículo 6. El Estado debe garantizar un entorno favorable para la promoción, desarrollo y comunicación de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación, y adoptará medidas que promuevan la calidad técnica de la investigación, la disposición social y el acceso universal al conocimiento humanístico y científico y a sus beneficios sociales en todas las regiones del país, así como la adecuación cultural y la seguridad humana y ambiental de sus aplicaciones tecnológicas." "Artículo 11. Son bases a partir de las cuales se formularán, ejecutarán y evaluarán las políticas públicas, las siguientes: (.) X. La participación de los sectores público, social y privado en actividades de investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, sobre la base de programas y proyectos específicos, así como su vinculación corresponsable con universidades, instituciones de educación superior, centros de investigación nacionales e internacionales y la comunidad en general; (.)" "Artículo 29. El Estado debe apoyar la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, además de garantizar el acceso abierto a la información que derive de ellos, para lo cual proveerá de recursos y estímulos suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio constitucional de progresividad y no regresión". Los preceptos reproducidos prevén que dicha ley tiene como objeto garantizar el ejercicio del derecho humano a la ciencia conforme a los principios constitucionales, a efecto de que todas las personas gocen del desarrollo de la ciencia y la innovación tecnológica, sin discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. Consecuentemente, establecen que todas las personas tienen derecho a participar y acceder al progreso científico y tecnológico y sus beneficios sociales. De modo que el Estado tiene la obligación de fomentar, realizar y apoyar actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico e innovación que revelen bienestar a las futuras generaciones, bajo los principios de rigor epistemológico, igualdad y no discriminación, libertad académica, inclusión, pluralidad y equidad epistémicas, interculturalidad, diálogo de saberes, producción horizontal y transversal del conocimiento, trabajo colaborativo, solidaridad, beneficio social y precaución y, garantizar la promoción, desarrollo de la ciencias, las tecnologías y la innovación, promoviendo la calidad técnica de la investigación. Por tanto, uno de los objetivos y bases a partir de las cuales se formulará, ejecutarán y evaluarán las políticas públicas de la norma es a través de la coordinación y participación entre los sectores público y privado en actividades de investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación. De ahí que el Estado debe apoyar la investigación humanística y científica a través de recursos y estímulos suficientes, oportunos y adecuados. Precisado lo anterior, es necesario traer de nueva cuenta los artículos reclamados de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación vigente en dos mil veintitrés, que a la letra disponen: "Artículo 29. El Estado debe apoyar la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación, además de garantizar el acceso abierto a la información que derive de ellos, para lo cual proveerá de recursos y estímulos suficientes, oportunos y adecuados, conforme al principio constitucional de progresividad y no regresión. (.) Los sectores social y privado concurrirán al financiamiento nacional en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación. (.) "Artículo 34. Los mecanismos e instrumentos públicos de fomento y apoyo de las dependencias y entidades se destinarán de manera preponderante a becas de posgrado y posdoctorado, a apoyos económicos para las personas integrantes del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores que se encuentren realizando actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías o innovación en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público, así como a proyectos y actividades de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación relacionados con las áreas estratégicas o prioritarias del desarrollo nacional y los temas de interés público nacional o de atención indispensable considerados en la Agenda Nacional, en los términos de esta Ley. En todo caso, el Consejo Nacional, en coordinación con las autoridades competentes, debe promover la investigación humanística y científica, el desarrollo tecnológico y la innovación que realicen o en que participen municipios, pueblos y comunidades indígenas, afromexicanos, campesinos y equiparables, con pleno respeto a su libre determinación y autonomía. (.) "Artículo 41. El Consejo Nacional regulará y operará el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, que tendrá por objeto fortalecer y consolidar las capacidades públicas nacionales en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, mediante el reconocimiento a personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras por su contribución al desarrollo nacional. El reconocimiento en el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores se otorgará mediante procesos de evaluación basados en metodologías que garanticen la solvencia y pluralidad epistemológicas de las personas que lo reciban, acordes con la naturaleza y características propias de las actividades desarrolladas en las diversas áreas de las humanidades, las ciencias, las tecnologías y la innovación. En los procesos de evaluación se considerará el comportamiento ético de las personas solicitantes y se tomará en cuenta invariablemente la correspondencia de su contribución con los ejes programáticos y de articulación de las políticas públicas, por lo que se deberá valorar la trascendencia de su trayectoria docente, académica y profesional en el fortalecimiento y consolidación de la comunidad y la promoción del acceso universal al conocimiento humanístico y científico y a sus beneficios sociales, así como en el avance del conocimiento universal mediante el impulso a la ciencia básica o de frontera en alguna de las áreas y campos del saber científico, o en el desarrollo de tecnologías estratégicas de vanguardia e innovación abierta, o en la atención de problemáticas nacionales, preferentemente en el marco de los Programas Nacionales Estratégicos del Consejo Nacional. El Consejo Nacional podrá otorgar apoyos a las personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras reconocidas en el marco del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, siempre y cuando se encuentren realizando actividades en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público. El Consejo Nacional podrá celebrar convenios con las universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector privado en México que así lo decidan con el objeto de que sus trabajadores puedan solicitar reconocimientos en el Sistema Nacional de Investigadores, siempre que dichas instituciones asuman la obligación de entregarles estímulos económicos en caso de que obtengan algún reconocimiento en dicho Sistema. La Junta de Gobierno del Consejo Nacional debe expedir el Reglamento del Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores para regular el otorgamiento de reconocimientos y apoyos, así como para establecer sus términos y condiciones, incluyendo los derechos y obligaciones de las personas reconocidas, además de las sanciones para los casos de incumplimiento y otras disposiciones que sean necesarias para su operación óptima. El Consejo Nacional y la Secretaría de Educación Pública deben coordinarse para garantizar el aprovechamiento óptimo de los recursos públicos que administren, evitando la duplicidad en los apoyos que otorguen y asegurando que los procedimientos para su asignación sean eficientes. Para ello, deberán establecer únicamente los requisitos mínimos indispensables y procurar que la canalización de recursos se realice de forma directa a los beneficiarios, sin intermediación de instituciones u organizaciones de ningún tipo. "Artículo 42. El Consejo Nacional y la Secretaría de Educación Pública deben impulsar el avance del conocimiento universal, mediante el otorgamiento de apoyos para la realización de investigación en ciencia básica y de frontera en todas las áreas y campos del saber científico, en particular cuando se lleven a cabo en universidades, instituciones de educación superior y centros de investigación del sector público. La Secretaría de Educación Pública, en coordinación con el Consejo Nacional, definirá los mecanismos de colaboración adecuados para impulsar programas de investigación humanística y científica, desarrollo tecnológico e innovación en las universidades e instituciones de educación superior. En todo caso, las universidades, las instituciones de educación superior y los centros de investigación que reciban financiamiento público, en ejercicio de la autonomía que les reconozca la ley, estarán obligados a realizar investigación en ciencia básica y de frontera. (.) Primero. La presente Ley entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Segundo. Se abrogan la Ley de Ciencia y Tecnología y la Ley Orgánica del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, ambas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 5 de junio de 2002. Tercero. Se derogan todas aquellas disposiciones que se opongan a la presente Ley. (.) Sexto. En un plazo de un año, contado a partir de la entrada en vigor de esta Ley, el Consejo Nacional expedirá las disposiciones reglamentarias y administrativas a que se refiere este ordenamiento legal, así como aquéllas necesarias para su cabal cumplimiento, en concordancia con su contenido. (.) Décimo. Las autoridades competentes deberán realizar las acciones necesarias para terminar anticipadamente los convenios y contratos que se opongan a la presente Ley, en beneficio del interés público. (.)" Se ha dicho previamente que tales preceptos reclamados disponen la existencia de apoyos económicos para las personas que integren el Sistema Nacional de Investigadores siempre que realicen actividades de investigación e innovación en instituciones educativas o centros de investigación del sector público. En ese sentido, será el Consejo Nacional el encargado de regular y operar el citado Sistema Nacional de Investigadores, por ello, para otorgue el reconocimiento deben llevarse procesos de evaluación que garanticen las solvencia y pluralidad el conocimiento científico de quienes lo reciban. De modo tal, que se considere el comportamiento de los solicitantes y la correspondencia de su contribución, por lo que se deberá valorar la trascendencia de su trayectoria docente, académica y profesional en la comunidad y la promoción conocimiento humanístico y científico. Asimismo, reiteran que se pueden otorgar apoyos a las personas humanistas, científicas, tecnólogas e innovadoras reconocidas por el Sistema Nacional de Investigadoras e Investigadores, que se encuentren realizando actividades en universidades, instituciones de educación superior o centros de investigación del sector público, siendo esto, de forma directa y sin intermediarios. Sin embargo, tratándose de instituciones educativas o de investigación privadas solamente disponen que el Consejo Nacional pueda celebrar convenios con quienes así lo decidan, siempre que las instituciones asuman con sus trabajadores investigadores la obligación de entregar los estímulos económicos conforme al reconocimiento en el sistema citado. Por lo que, las autoridades deben realizar acciones necesarias para terminar anticipadamente los convenios y contratos que sean opuestos a la ley. Debe considerarse que el reclamo del justiciable se basa en una distinción legislativa expresa que surge en función del lugar en que los investigadores desarrollan la actividad humanística, científica o de innovación, esto es, dentro de una institución pública o privada, pues es justamente ese aserto el que determina si el investigador recibe directamente y sin intermediarios el apoyo económico o bien, debe lograr que la institución privada se obligue a pagarle dicho apoyo económico. Luego, este Juzgado de Distrito considera que el parámetro de comparación propuesto por la parte quejosa para establecer la inconstitucionalidad de las normas reclamadas es correcto, en función de que, de autos se advierte que la parte quejosa goza de una distinción de investigador nacional nivel I, con una vigencia hasta el treinta y uno de diciembre de dos mil treinta y siete, y que desarrolla esa labor en una institución educativa privada (Instituto Tecnológico Autónomo de México). En consecuencia, como se ha dicho, la norma establece expresamente que existirá el pago de apoyos económicos directos y sin intermediarios para las personas que integren el Sistema Nacional de Investigadores; pero, sujeta el pago de dicho apoyo a que la actividad de investigación e innovación se realice en instituciones educativas o centros de investigación del sector público. En contraste con ello, dicha norma expresamente establece que, tratándose de instituciones educativas o de investigación privadas, el Consejo Nacional puede celebrar convenios con quienes así lo decidan, siempre que las instituciones privadas asuman con los investigadores que formen parte del Sistema Nacional de Investigadores, la obligación de pagar los estímulos económicos conforme al reconocimiento en el sistema citado. Por tanto, es claro que el supuesto de hecho del justiciable es comparable con respecto del personal investigador que igualmente forma parte del Sistema Nacional de Investigadores, pero que realiza actividad de investigación e innovación en instituciones educativas o centros de investigación del sector público. En efecto, en ambos casos se trata de personas que realicen labores de investigación y, en los dos supuestos se trata de investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores, incluso, que pueden tener el mismo nivel de distinción; mientras que la única variación existente es que en un supuesto los investigadores realizan dichas funciones en una institución educativa o de investigación pública, mientras que el otro lo hace en una institución educativa o de investigación privada. Lo que se traduce en que la ley establece que unos (pública) recibirán de forma directa y sin intermediarios los apoyos económicos; mientras que los otros (privada), deben lograr que la institución privada se obligue a entregar los apoyos económicos acordes con su distinción de investigador. De ahí que puede colegirse que efectivamente, el quejoso se ubica en un supuesto de hecho comparable con respecto a las personas que realizan las mismas labores de investigación en escuelas o instituciones públicas. Sentado lo anterior, para continuar el control constitucional relacionado con el principio de igualdad es menester examinar si la diferenciación de trato persigue una finalidad constitucionalmente válida y, de ser así, si ésta resulta adecuada para el logro del fin legítimo buscado y además si es proporcional. Sin embargo, previamente a establecer si es suficiente que el fin sea constitucionalmente aceptable, de estudiarse si el distingo surge con motivo de una categoría sospechosa así denominadas por el Alto Tribunal del país, pues de ser así, el escrutinio debe ser estricto y, la finalidad constitucional debe ser imperiosa, no sólo válida. En este sentido, este juzgado federal considera que no se está en presencia de una de las categorías sospechosas contenidas en el artículo 1° constitucional, pues el distingo que deriva de los regímenes apuntados, no se centra en condiciones de origen étnico o nacional, de género, en la edad, capacidades diferentes, condición social, condiciones de salud, religión, opiniones, preferencias o, estado civil u otro que atente la dignidad humana. Se estima lo anterior, porque el sólo hecho de que se excluya del pago directo y sin intermediarios del estímulo o apoyo económico al investigador que realiza dicha función en una escuela o institución de investigación privada, no revela una condición social desigual del investigador, esto es, que por ese motivo tenga una situación en desventaja social que aquél que realiza la labor investigadora en una institución pública. En virtud de lo anterior, este juzgado federal se avoca a realizar el control de regularidad constitucional a través de un estándar ordinario instrumental o débil, esto es, que basta que la finalidad de la distinción sea constitucionalmente aceptable, es decir, sea la adecuada para lograr el fin constitucionalmente buscado, incluso, a través de una posibilidad de cumplimiento. En este sentido, previamente en este fallo se apuntaron las razones que el legislador dio en vía de exposición de motivos y que conformaron la iniciativa de ley que a la postre dio lugar a la ley reclamada en esta vía. Sin embargo, debe tenerse claro que el fin constitucionalmente válido puede estar presente en dicha exposición o bien, en cualquier parte del proceso legislativo, pero lo realmente importante es que sin importar donde esté, es suficiente que la finalidad perseguida sea constitucionalmente aceptable al tenor del propio texto legal. Es aplicable la tesis aislada 2a. XXVII/2009, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, materia constitucional, de rubro siguiente: "FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN DE LEYES QUE DAN TRATO DESIGUAL A SUPUESTOS DE HECHO EQUIVALENTES. NO NECESARIAMENTE DERIVAN DE LA EXPOSICIÓN DE MOTIVOS DE LA LEY CORRESPONDIENTE O DEL PROCESO LEGISLATIVO QUE LE DIO ORIGEN, SINO QUE PUEDEN DEDUCIRSE DEL PRECEPTO QUE LO ESTABLEZCA." Entonces, la exposición de motivos, así como del texto legal se deriva que, lo realmente importante es que no se deje de lado el interés nacional y la consecución del bien social, por encima de los intereses individuales. Pues se dijo que previamente se fomentó la exclusión social y la desigualdad entre la comunidad de humanidades, ciencias y tecnologías e innovación, en la medida que las becas y apoyos económicos obedecieron a arreglos poco transparentes que respondieron a intereses políticos económicos. Cuando lo trascendental es que se atendiera a criterios con rigor académico efectivo, a fin de que muchos estudiantes e investigadores con auténtica vocación humanista y científica no queden fuera de la asignación de apoyos. Derivado de ello, en la reforma se dijo que resulta necesaria la existencia de mecanismos eficaces para evaluar el rigor tecnológico, eliminar la simulación de actividades relacionadas con la ciencia, las tecnologías y la innovación y, valorar la incidencia efectiva investigadora en el avance del conocimiento universal y humano, sin que se prioricen prácticas de exclusión social y de lucro, incluso en el seno de instituciones públicas de educación superior. Por ello, se señaló que la finalidad es revindicar el papel de la investigación humanística y científica, de desarrollo tecnológico y de innovación en la vida pública para la construcción de una sociedad más justa y equitativa. Con ayuda del Estado Mexicano quien está obligado a proteger, regular y alentar la investigación a través de sus instituciones y mediante la promoción del desarrollo del sector privado, con la finalidad que contribuyan al desarrollo económico nacional. De forma tal que se garantice el ejercicio del derecho humano a la ciencia, sin discriminación alguna que tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas, pues todas las personas tienen derecho a participar y acceder al progreso científico y tecnológico y sus beneficios sociales. Por tanto, el Estado está obligado a fomentar, realizar y apoyar actividades de investigación científica y desarrollo tecnológico e innovación que revelen bienestar a las futuras generaciones, bajo los principios de rigor científico, igualdad y no discriminación, libertad académica, inclusión, pluralidad y equidad, diálogo de saberes, producción horizontal y transversal del conocimiento, trabajo colaborativo, solidaridad, beneficio social y precaución y, garantizar la promoción, desarrollo de la ciencias, las tecnologías y la innovación, promoviendo la calidad técnica de la investigación, en coordinación y participación de los sectores público y privado. En virtud de lo anterior, este juzgado federal considera que los preceptos reclamados no superan el escrutinio ordinario instrumental o débil para justificar el trato diferenciado entre investigadores que integran el Sistema Nacional de Investigadores y que, con motivo de ello, realizan sus labores de investigación en una institución pública, con respecto a los que las desarrollan en una privada. Lo anterior es de esa forma, porque el trato diferenciado establecido en las normas reclamadas no tiene apoyo en la medida constitucionalmente válida. En efecto, se ha dicho con antelación que el objetivo primordial de la norma reclamada es el interés nacional y la consecución del bien común por encima de intereses particulares, a través de sistema de investigación que no excluya a las personas y, en el que lo importante sea el rigor tecnológico y académico efectivo, que elimine la simulación de actividades relacionadas con la ciencia y el conocimiento universal, de modo que se reivindique el papel de la investigación en la vida pública y, se garantice ese derecho fundamental. Lo que se dijo es obligación del Estado porque éste debe fomentar y apoyar actividades de investigación científica en participación con los sectores públicos y privados. En consecuencia, es claro que finalidad constitucionalmente válida es justamente el mejoramiento del sistema de investigación, en el que puedan participar todas las personas, porque lo que debe valorarse es el rigor tecnológico y académico efectivo. Sin embargo, dicho propósito no está relacionado siquiera de forma aceptable, con el hecho de que los investigadores que forman parte del Sistema Nacional de Investigadores realicen sus labores de investigación en una institución de educación o investigación pública o privada. Ciertamente, dicha etapa del escrutinio ordinario de igualdad se refiere a la existencia de un fin constitucionalmente válido, pero no basta con que el fin perseguido se aceptable en sí mismo; sino que, la medida de distingo debe permitir en alguna forma lograr la consecución de un fin, lo que se traduce en una idoneidad de la medida. Extremo que en la especie no se colma, porque el hecho de sujetar la entrega del apoyo económico a los investigadores de instituciones privadas incluidos en el Sistema Nacional de Investigadores, a que sean justamente las instituciones privadas en las que realizan dicha labor quienes asuman la obligación de pagar con recursos propios dicho apoyo, no puede entenderse idónea con el fin constitucionalmente válido y pretendido, pues incluso, como se ha dicho, dentro de las finalidades que se advierten de la ley, está el fomento y apoyo a las actividades de investigación científica tanto de participación pública como privada. Efectivamente, dicha medida de distingo consistente en que el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnología sí debe pagar directamente los apoyos económicos a los investigadores que realicen esa función en instituciones públicas y, a los que las llevan a cabo en instituciones privadas no, definitivamente no se advierte que esté potencialmente vinculada al objetivo pretendido por la norma, esto es, que a través de esa medida se logre fomentar y apoyar actividades de investigación en ambos sectores o bien, que aumente el rigor científico o académico en beneficio común. En virtud de que ese rigor científico y académico tiene verificativo, precisamente, en las instituciones educativas o de investigación científica y tecnológica, sin importar si éstas son públicas o privadas, dado que este elemento no determina el resultado, es decir, la verdadera producción de investigación. Por tanto, la falta de pago de apoyos autorizados para quienes reúnan los requisitos normativos respectivos no pueden depender del carácter público o privado de la institución en que se desarrolla la labor de investigación, porque el artículo 3° constitucional, expresamente establece que toda persona tiene derecho a gozar de beneficios derivados de la ciencia e innovación y, la obligación correlativa del Estado de apoyar dichas labores. Por ello, la distinción de la entrega del apoyo en función del carácter, público o privado del centro, no está justificado constitucionalmente, porque distingue el conocimiento en función del lugar donde se desarrolla, a pesar de que la propia constitución autoriza no sólo su generación, sino la propia educación con base en ese conocimiento científico, en una u otra; de ahí que es esencialmente fundado el argumento del justiciable. Consecuentemente, al no superar la grada de idoneidad con el fin constitucionalmente perseguido, resulta improductivo analizar si la medida resulta necesaria y proporcional, pues basta que el estudio de regularidad constitucional revele el incumplimiento a una de las gradas para que se considere que no superó el escrutinio de igualdad y, por ende, es una medida inconstitucional, por quebrantar el principio de igualdad normativa. Acorde con lo antes expuesto, es claro que los preceptos reclamados violan el principio de igualdad y no discriminación proyectado en el artículo 3° constitucional, pues permiten el pago de apoyos económicos a los investigadores integrantes del Sistema Nacional de Investigadores que desarrollen esa labor de investigación en una institución educativa o de investigación pública, excluyendo expresamente de ese beneficio a los investigadores que realicen la misma labor de investigación en instituciones educativas o de investigación privada, lo que genera un régimen distinto, carente de justificación constitucional. En consecuencia aunque ambos supuestos están en identidad frente a la norma, el trato es diferente, sin que exista en la ley o su exposición de motivos que justifiquen objetiva y razonable dicho trato, pues como se ha dicho, la medida de diferenciación no es idónea para alcanzar el fin constitucionalmente pretendido. En las relatadas consideraciones, al ser fundado el concepto de violación en estudio, se impone conceder al amparo y protección de la justicia federal al justiciable, para los efectos que precisados se dejarán en el considerando siguiente. En tal virtud, al haber resultado esencialmente fundado el concepto de violación cuyo estudio resultó preferente, es innecesario analizar los restantes argumentos, con independencia que se controviertan violaciones al proceso de creación de la norma, pues su análisis no variaría el sentido y alcance de lo resuelto y, por ende, no podría concederse mayor beneficio al justiciable que la inconstitucionalidad de la ley. Fortalece lo anterior, la tesis mil trescientos treinta y cinco, sustentada por la otrora Tercera Sala del Más Alto Tribunal del País, de rubro siguiente: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN, ESTUDIO INNECESARIO DE LOS". OCTAVO. Efectos de la concesión de amparo. En las relatadas consideraciones, en términos del artículo 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente en el caso es conceder el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, para que la autoridad responsable, una vez que cause ejecutoria la presente determinación: No apliquen a la parte quejosa los artículos 29, tercer párrafo, 34, 41, 42; y los transitorios Primero, Segundo, Tercero, Sexto y Décimo de la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación vigente en dos mil veintitrés, declarados inconstitucionales hasta en tanto no sean reformados o derogados. Como resultado de la invalidez de las normas reclamadas, se incluya a la parte quejosa en régimen del que expresamente se le excluyó, lo que se traduce en que tiene derecho a que de forma directa y sin intermediarios se le pague u otorgue el apoyo económico correspondiente a su distinción. Ante ello, el Consejo Nacional de Humanidades, Ciencia y Tecnologías debe pagar a la parte quejosa el apoyo económico correspondiente a su distinción en el Sistema Nacional de Investigadores, mientras ésta se encuentre vigente. Ante ello y en razón de lo expuesto y fundado con apoyo además en los numerales 1º, 63, 73 a 79, 217 y demás relativos de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo, contra los actos que reclamó de las autoridades precisadas en el considerando segundo y por las razones contenidas en los diversos considerandos tercero y cuarto. SEGUNDO. La justicia de la Unión ampara y protege a José de Jesús Ibarra Cárdenas, contra el acto y autoridades precisadas en el considerando segundo, por las razones, motivos establecidos en el diverso séptimo y para los efectos precisados en el considerando último de esta sentencia. Notifíquese.

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