Alex Alfredo Perez Macetas

Expediente 994/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 6 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
994/2019
Año
2019
Actuaciones
6
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • Alex Alfredo Perez Macetas

Actuaciones

Las 4 más recientes de 6.

  1. Principal

    Vista la comparecencia que antecede, de la que se deprende que la parte quejosa LEONOR MACETAS ARISTE, en su carácter de apoderada legal de ALEX ALFREDO PÉREZ MACETAS, dio cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ratificando ante la presencia judicial de este órgano jurisdiccional, su escrito presentado el seis de noviembre del año en curso; en consecuencia, se tiene a la promovente dando cumplimiento a la prevención de fecha veintinueve de octubre de la presente anualidad, acompañando copia certificada de un instrumento notarial con el que acredita la personalidad con la que se ostenta dentro del presente juicio de amparo, documental pública a la cual se le confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Por tanto, se tiene por desahogada la prevención efectuada en autos, y al efecto se provee: Se desecha demanda. Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En ese orden de ideas, es conveniente tener en cuenta que el acto reclamado por la quejosa es el siguiente: La resolución de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro el toca civil número 369/2019, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, mediante la cual se modifica la resolución dictada por el Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, en fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve dentro del expediente número 232/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio, promovido por la hoy quejosa en su carácter de apoderada legal de ALEX ALFREDO PÉREZ MACETAS, en contra de ENEDINA PÉREZ ZAMORA y ANSELMO MELENDEZ MENDEZ. En este sentido, es oportuno destacar que la quejosa se duele de la resolución dictada en el Toca Civil número 369/2019, el dos de octubre del presente año, la cual le fue notificada el cuatro de octubre siguiente, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En virtud de lo anterior, se advierte que en el presente caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de 2011, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con él. Ahora, en el presente caso la parte quejosa reclama: La resolución dictada el dos de octubre de dos mil diecinueve, en el toca civil 369/2019, en la que se modificó la diversa emitida el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio 232/2018. La cual señala, bajo protesta de decir verdad que, le fue notificada el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, notificación que al no ser reclamada en la presente instancia constitucional, debe tomarse como referencia para analizar la oportunidad en la promoción de la demanda que dio origen a este juicio. Incluso, aunque señalara como acto reclamado la notificación realizada el cuatro de octubre del año en curso, el presente juicio de amparo tampoco sería procedente, en virtud de que, en contra de dicha notificación, previamente deberá cumplir con el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, es decir, deberá agotar el incidente de nulidad respectivo, habida cuenta que no se actualiza ninguno de los casos de excepción que prevé dicho numeral. Bajo esa óptica, como quedó señalado con anterioridad, en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, pues como ya se asentó, la quejosa tuvo conocimiento de la resolución dictada el dos de octubre de dos mil diecinueve, en el Toca Civil 369/2019, desde el cuatro de octubre siguiente, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr el día siguiente hábil al de la notificación; esto es, el siete de octubre de dos mil diecinueve, por lo que dicho cómputo transcurrió del siete al veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, sin contar los días inhábiles. Lo anterior es así, tomando en consideración que el artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, establece: "ARTÍCULO 111. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente el en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento, salvo caso en que la ley disponga expresamente otra cosa." De lo anterior se advierte que los términos empiezan a correr al día siguiente hábil en que fue notificada la resolución reclamada, tal como se pone de manifiesto en el siguiente calendario: OCTUBRE 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 (día en que fue notificado) 5 6 7 (día uno) 8 (día dos) 9 (día tres) 10 (día cuatro) 11 (día cinco) 12 13 14 (día seis) 15 (día siete) 16 (día ocho) 17 (día nueve) 18 (día diez) 19 20 21 (día once) 22 (día doce) 23 (día trece) 24 (día catorce) 25 (día quince Fenece término) 26 27 28 29 30 31 Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del siete al veinticinco de octubre de dos mil diecinueve y la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, tal como lo revela el sello de la citada oficina de correspondencia; por tanto, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar el acto que reclama. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el citado artículo 17 de la ley de la materia, pues el acto reclamado que hoy se combate no constituye una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, para que de esa manera se haga valer el juicio de amparo dentro del plazo de treinta de días; asimismo, no se trata de una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal que imponga pena de prisión, hipótesis en la cual el juicio de amparo podrá interponerse hasta en un plazo de ocho años; tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal o comunal, caso en el que el juicio constitucional podrá hacerse valer en un plazo de hasta siete años. De igual manera, debe decirse que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Por otra parte, por lo que respecto el acto reclamado consistente en la resolución de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, dentro del expediente 232/2018, firmada y acordada por el Secretario de su adscripción, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Se afirma lo anterior, toda vez que, como ya se vio, aunado a la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la hoy quejosa interpuso recurso de queja en contra de la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Juez responsable, dentro del expediente 232/2018, y, con motivo de tal medio de impugnación, el dos de octubre de dos mil diecinueve, la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, resolvió modificar la resolución de primera instancia. Con lo hasta aquí expuesto, es dable advertir que la resolución emitida en primera instancia fue sustituida por la de segunda instancia que resolvió el recurso de queja, por lo que en el caso cesaron los efectos de aquella determinación, pues la subsistencia, modificación o revocación de la de primer grado, deriva de lo resuelto en la alzada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.3o.C.23 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia(s): Común, página 410, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." Finalmente, por cuanto hace al acto reclamado al Diligenciario Par del Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no formula conceptos de violación en su demanda de amparo, respecto a dicho acto reclamado. Es oportuno destacar, que en el presente caso, como ya se dijo, no opera la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, de ahí que se encuentre obligada a expresar los conceptos de violación en contra del acto destacado en el párrafo que antecede; en base a la Jurisprudencia emitida por la Tercera Sala, Tomo 72, Diciembre de 1993, página 38, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO.- Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV, XXI, XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Notifíquese personalmente.

  2. Principal

    ***Vista la comparecencia que antecede, de la que se deprende que la parte quejosa LEONOR MACETAS ARISTE, en su carácter de apoderada legal de ALEX ALFREDO PÉREZ MACETAS, dio cumplimiento a lo ordenado en proveído de fecha siete de noviembre de dos mil diecinueve, ratificando ante la presencia judicial de este órgano jurisdiccional, su escrito presentado el seis de noviembre del año en curso; en consecuencia, se tiene a la promovente dando cumplimiento a la prevención de fecha veintinueve de octubre de la presente anualidad, acompañando copia certificada de un instrumento notarial con el que acredita la personalidad con la que se ostenta dentro del presente juicio de amparo, documental pública a la cual se le confiere pleno valor probatorio, en términos de los artículos 129, 197 y 202 todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por así disponerlo el último párrafo, del artículo 2°, de este último ordenamiento legal. Por tanto, se tiene por desahogada la prevención efectuada en autos, y al efecto se provee: Se desecha demanda. Ahora, con apoyo en lo establecido en los artículos 112 y 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, y que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre su actualización, de tal suerte que el trámite del juicio no genere posibilidades probatorias de arribar a una conclusión diversa. En ese orden de ideas, es conveniente tener en cuenta que el acto reclamado por la quejosa es el siguiente: La resolución de fecha dos de octubre de dos mil diecinueve, emitida dentro el toca civil número 369/2019, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Tlaxcala, mediante la cual se modifica la resolución dictada por el Juez de Primera Instancia de lo Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, en fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve dentro del expediente número 232/2018, relativo al Juicio Ordinario Civil Reivindicatorio, promovido por la hoy quejosa en su carácter de apoderada legal de ALEX ALFREDO PÉREZ MACETAS, en contra de ENEDINA PÉREZ ZAMORA y ANSELMO MELENDEZ MENDEZ. En este sentido, es oportuno destacar que la quejosa se duele de la resolución dictada en el Toca Civil número 369/2019, el dos de octubre del presente año, la cual le fue notificada el cuatro de octubre siguiente, del índice de la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En virtud de lo anterior, se advierte que en el presente caso, se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, que a la letra señalan: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida tácitamente una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, solo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en la ley contra la resolución del recurso, aun cuando para fundarlo se haya aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento (.)" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." De la lectura de dichos preceptos legales se advierte que la demanda de amparo, fuera de la hipótesis prevista en el artículo 17, fracción IV, de la Ley de Amparo, puede presentarse en los plazos que prevé este último numeral, en los cuales existen tres hipótesis para el cómputo relativo, excluyentes entre sí, a saber: a) A partir del día siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) A partir del día siguiente al en que haya tenido conocimiento de él o de su ejecución; c) A partir del día siguiente el en que se hubiese ostentado sabedor del mismo. Así, de conformidad con el artículo 18 de la ley de la materia, el juicio de amparo debe promoverse desde el día hábil siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación de la resolución o acuerdo que se reclame, al en que haya tenido conocimiento de él o de sus actos de ejecución, o incluso, al en que se haya ostentado sabedor del mismo; hipótesis que son excluyentes entre sí y no guardan orden de prelación alguno, por lo que es claro que la intención del legislador fue establecer que el inicio del cómputo del término para promover el juicio de amparo fuera a partir del día siguiente al en que se verifique cualquiera de las señaladas hipótesis. Corrobora lo anterior, la jurisprudencia 115/2010 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 57/2008-PL, entre las sustentadas por la Primera y Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, tomo XXXIII, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a enero de 2011, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. EL PLAZO PARA PROMOVERLA DEBE COMPUTARSE A PARTIR DEL DÍA SIGUIENTE AL EN QUE EL QUEJOSO TUVO CONOCIMIENTO COMPLETO DEL ACTO RECLAMADO POR CUALQUIER MEDIO CON ANTERIORIDAD A LA FECHA EN LA QUE LA RESPONSABLE SE LO NOTIFICÓ. Conforme al artículo 21 de la Ley de Amparo, el plazo para promover la demanda de garantías será de 15 días y se contará desde el siguiente al en que haya surtido efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; al en que haya tenido conocimiento de ellos o de su ejecución, o al en que se haya ostentado sabedor de los referidos actos, bastando en este último caso que así lo exponga en la demanda para que, si no existe prueba en contrario, la fecha de su propio reconocimiento constituya el punto de partida para determinar la oportunidad de su escrito. Esto significa que el quejoso no tiene por qué esperar a que la autoridad responsable le notifique formalmente el acto reclamado para que pueda solicitar la protección de la Justicia Federal, pues si ya tuvo conocimiento por otros medios de su existencia, no debe limitársele el acceso a los tribunales cuando puede impugnarlo en la vía de amparo. Lo anterior se corrobora con el artículo 166, fracción V, del ordenamiento legal citado, el cual prevé que en la demanda de amparo directo debe señalarse la fecha en que se haya notificado la sentencia definitiva, laudo o resolución que hubiere puesto fin al juicio, o la fecha en que el quejoso haya tenido conocimiento de la resolución reclamada; enunciado este último que reitera el derecho del quejoso de promover el juicio de amparo antes de que la responsable le notifique formalmente el fallo decisivo, cuando lo conoce por alguna causa ajena a la diligencia judicial con que se le debió dar noticia oficial de su contenido. En congruencia con lo anterior, si existe en autos prueba fehaciente de que el quejoso tuvo acceso al contenido completo del acto reclamado con anterioridad a la fecha en la que la responsable se lo notificó, debe contabilizarse la oportunidad de la demanda a partir de la primera fecha, pues sería ilógico permitirle, por un lado, la promoción anticipada del juicio cuando afirme que tuvo conocimiento del acto reclamado previamente a su notificación, pero, por otro, soslayar el mismo hecho cuando el juzgador o las demás partes sean quienes adviertan que así aconteció y que tal conocimiento se pretende ocultar." En ese contexto, si la demanda respectiva se promueve fuera de los plazos señalados en el artículo 17 de la Ley de Amparo, computados en la forma descrita, es improcedente el juicio constitucional dado que se entiende que el acto reclamado fue consentido tácitamente, puesto que tal conducta procesal revela la conformidad de la parte quejosa con él. Ahora, en el presente caso la parte quejosa reclama: La resolución dictada el dos de octubre de dos mil diecinueve, en el toca civil 369/2019, en la que se modificó la diversa emitida el veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dentro del juicio ordinario civil reivindicatorio 232/2018. La cual señala, bajo protesta de decir verdad que, le fue notificada el cuatro de octubre de dos mil diecinueve, notificación que al no ser reclamada en la presente instancia constitucional, debe tomarse como referencia para analizar la oportunidad en la promoción de la demanda que dio origen a este juicio. Incluso, aunque señalara como acto reclamado la notificación realizada el cuatro de octubre del año en curso, el presente juicio de amparo tampoco sería procedente, en virtud de que, en contra de dicha notificación, previamente deberá cumplir con el principio de definitividad previsto en el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, es decir, deberá agotar el incidente de nulidad respectivo, habida cuenta que no se actualiza ninguno de los casos de excepción que prevé dicho numeral. Bajo esa óptica, como quedó señalado con anterioridad, en el presente asunto se actualiza de manera indudable y manifiesta la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 17 y 18 de la misma legislación, pues como ya se asentó, la quejosa tuvo conocimiento de la resolución dictada el dos de octubre de dos mil diecinueve, en el Toca Civil 369/2019, desde el cuatro de octubre siguiente, por lo que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18 de la Ley de Amparo, el plazo para la presentación de la demanda de amparo comenzó a correr el día siguiente hábil al de la notificación; esto es, el siete de octubre de dos mil diecinueve, por lo que dicho cómputo transcurrió del siete al veinticinco de octubre de dos mil diecinueve, sin contar los días inhábiles. Lo anterior es así, tomando en consideración que el artículo 111 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tlaxcala, establece: "ARTÍCULO 111. Los términos judiciales empezarán a correr desde el día siguiente el en que se hubiere hecho el emplazamiento, citación o notificación, y se contará en ellos el día del vencimiento, salvo caso en que la ley disponga expresamente otra cosa." De lo anterior se advierte que los términos empiezan a correr al día siguiente hábil en que fue notificada la resolución reclamada, tal como se pone de manifiesto en el siguiente calendario: OCTUBRE 2019 Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado 1 2 3 4 (día en que fue notificado) 5 6 7 (día uno) 8 (día dos) 9 (día tres) 10 (día cuatro) 11 (día cinco) 12 13 14 (día seis) 15 (día siete) 16 (día ocho) 17 (día nueve) 18 (día diez) 19 20 21 (día once) 22 (día doce) 23 (día trece) 24 (día catorce) 25 (día quince Fenece término) 26 27 28 29 30 31 Consecuentemente, si el plazo para la presentación de la demanda de amparo transcurrió del siete al veinticinco de octubre de dos mil diecinueve y la parte quejosa presentó su demanda de amparo ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tlaxcala, hasta el veintiocho de octubre de dos mil diecinueve, tal como lo revela el sello de la citada oficina de correspondencia; por tanto, debe concluirse que es extemporánea la presentación del juicio de amparo, pues es inconcuso que se presentó fuera del plazo de quince días que tenía para impugnar el acto que reclama. Sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos en el citado artículo 17 de la ley de la materia, pues el acto reclamado que hoy se combate no constituye una norma general autoaplicativa o un procedimiento de extradición, para que de esa manera se haga valer el juicio de amparo dentro del plazo de treinta de días; asimismo, no se trata de una sentencia definitiva condenatoria dictada en un proceso penal que imponga pena de prisión, hipótesis en la cual el juicio de amparo podrá interponerse hasta en un plazo de ocho años; tampoco es un juicio de amparo que se promueva contra actos que causen perjuicio a un núcleo de población ejidal o comunal, caso en el que el juicio constitucional podrá hacerse valer en un plazo de hasta siete años. De igual manera, debe decirse que el acto aquí reclamado no importa peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, deportación, destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el artículo 22 de la Constitución, o la incorporación forzosa al servicio del ejército o armada nacionales. Por otra parte, por lo que respecto el acto reclamado consistente en la resolución de fecha veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, dictada por el Juez de Primera Instancia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, dentro del expediente 232/2018, firmada y acordada por el Secretario de su adscripción, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo, el cual establece lo siguiente: "Artículo 61.- El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". Se afirma lo anterior, toda vez que, como ya se vio, aunado a la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la hoy quejosa interpuso recurso de queja en contra de la resolución de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, emitida por la Juez responsable, dentro del expediente 232/2018, y, con motivo de tal medio de impugnación, el dos de octubre de dos mil diecinueve, la Sala Civil-Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tlaxcala, resolvió modificar la resolución de primera instancia. Con lo hasta aquí expuesto, es dable advertir que la resolución emitida en primera instancia fue sustituida por la de segunda instancia que resolvió el recurso de queja, por lo que en el caso cesaron los efectos de aquella determinación, pues la subsistencia, modificación o revocación de la de primer grado, deriva de lo resuelto en la alzada. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis aislada III.3o.C.23 K, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo V, Enero de 1997, Materia(s): Común, página 410, que a la letra dice: "ACTOS RECLAMADOS. CESACION DE SUS EFECTOS. LA NUEVA DETERMINACION QUE PRONUNCIA LA AUTORIDAD RESPECTIVA CON MOTIVO DE LA RESOLUCION DE UN RECURSO, SUSTITUYE A LA ANTERIOR, SIENDO POR ELLO ESTA Y NO AQUELLA LA QUE DEBE SER MATERIA DE EXAMEN EN EL JUICIO CONSTITUCIONAL. Si en un juicio civil, una vez agotado el recurso correspondiente, no se logra conseguir la reparación del derecho conculcado (los promoventes interpusieron apelación contra el auto de exequendo), es claro que, contrariamente a lo que sostienen, la resolución del ad quem que decidió ese medio de defensa sustituyó procesalmente a la determinación primaria, motivo por el que ésta cesa en sus efectos no obstante que subsista la respectiva violación de garantías, habida cuenta del que como los efectos del embargo se concretan a la situación jurídica del despojo creada mediante la ejecución mientras el ilegalmente embargado continúe desposeído, ciertamente no puede decirse que ha concluido la transgresión a sus derechos fundamentales, mas ésta proviene de la nueva resolución que pronunció el ad quem al decidir la alzada, mediante la que reiteró la posición que se tenía respecto de la cuestión debatida. Así, aunque es verdad que solamente podría estimarse que cesaría en sus efectos el acto reclamado cuando desaparecieran totalmente las transgresiones que éste produce, esa situación es completamente diferente a la que se analiza, ya que se refiere al caso en que la autoridad responsable, mediante el recurso o medio ordinario de defensa, revoca la determinación respectiva, es decir, cesación de los efectos de una resolución procesal, pero no en la hipótesis en que, se insiste, la nueva decisión que se tome al resolver el recurso reitere la situación jurídica que prevalecía en la determinación primaria; de ahí que ésta ya no puede ser materia de examen en un juicio de garantías biinstancial sino el veredicto que vino a sustituirla procesalmente." Finalmente, por cuanto hace al acto reclamado al Diligenciario Par del Juzgado de Primera Instancia Civil y Familiar del Distrito Judicial de Ocampo, se actualiza la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo, ya que la parte quejosa no formula conceptos de violación en su demanda de amparo, respecto a dicho acto reclamado. Es oportuno destacar, que en el presente caso, como ya se dijo, no opera la suplencia de la queja a favor de la parte quejosa, de ahí que se encuentre obligada a expresar los conceptos de violación en contra del acto destacado en el párrafo que antecede; en base a la Jurisprudencia emitida por la Tercera Sala, Tomo 72, Diciembre de 1993, página 38, Octava Época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION EN DEMANDAS DE AMPARO INDIRECTO, CUANDO NO EXISTEN DEBE SOBRESEERSE EN EL JUICIO Y NO NEGAR EL AMPARO.- Si se omite en la demanda de amparo expresar los conceptos de violación, o sólo se combate el acto reclamado diciendo que es incorrecto, infundado, inmotivado, o utilizando otras expresiones semejantes, pero sin razonar por qué se considera así, tales afirmaciones tan generales e imprecisas, no constituyen la expresión de conceptos de violación requerida por la fracción V del artículo 116 de la Ley de Amparo, y el Juez de Distrito, salvo el caso de suplencia de la queja deficiente, no puede juzgar sobre la constitucionalidad de los actos reclamados sin la existencia de conceptos de violación, lo cual determina la improcedencia del juicio, de conformidad con la fracción XVIII del artículo 73, en relación al artículo 116, fracción V, de la Ley de Amparo, y con apoyo en el artículo 74, fracción III, de dicha ley, debiéndose sobreseer en el juicio y no negar el amparo." En tales condiciones, resulta manifiesto e indudable que se actualizan las causales de improcedencia previstas en el artículo 61, fracciones XIV, XXI, XXIII, en relación con el artículo 108, fracción VIII, de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de derechos fundamentales. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    ***Visto el escrito al parecer suscrito por LEONOR MACETAS ARISTE y atendiendo a que la firma que calza su ocurso, difiere notoriamente de la que suscribe en su escrito inicial de demanda, requiérase a la promovente para que dentro del término de tres días contado a partir de la legal notificación del presente proveído, ratifique ante la presencia judicial el escrito de cuenta, con el apercibimiento que de no hacerlo, se tendrá por no presentado el mismo, siendo aplicable la jurisprudencia número 258, visible en la página 174, del Tomo VI, Materia Común, del último apéndice al Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "FIRMA NOTORIAMENTE DISTINTA DE LA QUE YA OBRA EN AUTOS. DEBEN MANDARSE A RECONOCER LAS FIRMAS DISCREPANTES Y DICTAR EL ACUERDO QUE LEGALMENTE CORRESPONDA.". Notifíquese personalmente.

  4. Principal

    Agréguese a sus autos el expedientillo derivado del presente juicio de amparo, en el que se ordenó reservar sobre el acuerdo del oficio registrado con el número 10944, suscrito por la Subdirectora de Apoyo Técnico Operativo de la Fiscalía General del Estado de Puebla, hasta en tanto se dictara la sentencia correspondiente en el presente juicio. Por tanto, agréguese a sus autos el oficio citado en el párrafo que antecede únicamente para que obre como corresponda y surta sus efectos legales procedentes. Notifíquese.

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