Alethia Minerva Rivera Castañón
Expediente 36/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 2 actuaciones registradas, la última del 15 de febrero de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 36/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 15/02/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua · Chihuahua
Partes del expediente
- Alethia Minerva Rivera Castañón
Actuaciones
- Principal
Ciudad Juárez, Chihuahua, quince de febrero de dos mil veintidós. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días a que se refiere el artículo 98, de la Ley de Amparo, sin que la parte interesada interpusiera recurso de queja contra el acuerdo de siete de los actuales, en el que se desechó la demanda de amparo promovida Alethia Minerva Rivera Castaño y otras en su calidad de madres de los menores Jesús Sebastián Mendoza Rivera y otros; en tales condiciones se declara que el mismo causó estado. Por consecuencia, al no haber diligencia pendiente de practicar, ni ulterior acuerdo por emitir, archívese este juicio como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que se decretó el archivo de este asunto como totalmente concluido, esta autoridad con fundamento en los artículos 6 y 12, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados en los Juzgados de Distrito, procede a valorar jurídicamente este juicio; por ende, se hace la precisión que este expediente, es susceptible de destrucción una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 21 incisos b) y d), del Acuerdo General en cita, toda vez que se desechó la demanda de amparo y no tiene relevancia documental. Notifíquese.
- Principal
SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA AL QUEJOSO, EL PROVEÍDO DE 24 DE ENERO DE 2022, DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO POR EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de enero de dos mil veintidós. Por recibida la copia simple de la demanda de amparo promovida por Aleithia Minera Rivera Castaño, Adriana Sánchez Espinoza, Gloria Elizabeth García García, Erika Elizabeth Menchaca Menchaca, Nancy Nohemi Lazcano Flores, Antonia Rojas Santoyo, Verónica Parra Fernández, Evangelina Rodríguez Ruiz, Adriana Guadalupe Valles Beltrán, Ma. Leticia Morales Montes, Irene Camargo Morales, Teresa de Jesús Rentería Betrez, María Laura Valverde Álvarez, Irma Lizbeth Vásquez Pérez, Yolanda Lázaro Pascual, Dulce Imelda Villas Chávez, Gabriela Cristina Cerda Anguiano, Ma. Estela Sánchez, Vanesa Guadalupe Valenzuela Hernández, Erika Verga Salazar, en su calidad de madres de los menores Jesús Sebastián Mendoza Rivera, Carlos Arturo Cruz Sánchez, Lizbeth Azul Martínez García, Jesús Francisco García Menchaca, Aris Joselinne Lara Lazcano, Deisi Ayme Vargas Rojas, Blanca Ivonne Guerrero Parra, Milton Eliseo Zapata Rodríguez, Alexis de la Cruz Valles, Nohemi Yamileth Hernández Morales, Carlos Eduardo Devora Camargo, Viviana Andrea Rentería, Jesús Leonel Ginez Valverde, Kenia Rubí Vázquez Pérez, Uziel Misael Blanco Lozano, Irving Gabriel Benítez Villar, Ingrid Paola Rodríguez Sánchez, Héctor David Valenzuela Hernández y Judith Torres Vega, en ese orden, contra actos de la Gobernadora, Secretario de Hacienda de Gobierno, Subsecretario de Egresos del Gobierno y Congreso, todos del Estado de Chihuahua, con sede en la ciudad de igual nombre. Con apoyo en lo dispuesto en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa a Alethia Minerva Rivera Castañón como representante común de los quejosos, sin perjuicio de que la parte interesada lo substituyan por otro. Regístrese en el SISE y en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número 36/2022-II y fórmese expediente físico y electrónico. Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo la obligación de examinar la demanda para que en caso de que exista causa manifiesta e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Cabe decir que será manifiesta la causal de que se trate, cuando se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito de demanda, y será indudable, cuando exista certidumbre y plena convicción de que sí opera en el asunto en particular. En el caso concreto, se estima que se actualiza la causal de improcedencia que deriva de relacionar la fracción XXIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, con el artículo 6º del propio ordenamiento, los cuales establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley." Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita." En el segundo de los preceptos transcritos, está consagrado uno de los principios rectores del juicio de amparo, el de instancia de parte, por el cual solo la persona a quien afecte la norma general o el acto de autoridad puede acudir a instar. Como se anticipó, en este asunto se actualiza dicha causal, ya que el escrito de demanda es una copia simple, lo que se advierte de la misma y lo que se destacó en la boleta de turno de la Oficina de Correspondencia Común de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgado de Distrito, en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, por ende, carece de firma autógrafa de quienes aparecen como su suscriptores; la cual es necesaria para considerar ejercida la acción constitucional conforme a lo dispuesto en los artículos 6° y 108 de la Ley de Amparo, por ser la firma una formalidad esencial que denota la voluntad de quien acude a promover ese medio extraordinario de defensa. De tal manera que si la demanda solo es una copia simple, se desconoce si fue voluntad de quienes aparecen como sus suscriptores, de ejercer la acción constitucional contra las normas que en él se señalan; por lo que, al carecer de firma autógrafa, constituye sólo un simple papel que no incorpora expresión de voluntad alguna. Por lo anteriormente expuesto, se concluye que no existe instancia de parte agraviada, dado que no se encuentra exteriorizada la voluntad de los directamente interesados en la promoción del juicio de amparo. En consecuencia, al actualizarse de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia invocada, con apoyo en lo previsto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desecha de plano la demanda de amparo. Apoya a la anterior determinación la tesis XVII.7 K (10ª.), del Tribunal Colegiado del Decimoséptimo Circuito, visible en la página 2154, Tomo III, Libro 18, Mayo de 2015, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, que a la letra dice: "DEMANDA DE AMPARO PRESENTADA EN LOS BUZONES JUDICIALES DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO. PROCEDE SU DESECHAMIENTO DE PLANO SI CARECE DE FIRMA AUTÓGRAFA [INAPLICABILIDAD DE LA JURISPRUDENCIA 2a./J. 32/2011 (10a.)]. En el caso específico del depósito de documentos en los Buzones Judiciales de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, para la recepción de asuntos nuevos y promociones de término que no tengan el carácter de urgentes en horario nocturno, es inconcuso que, al operar fuera del horario de oficina, no obra intervención alguna por el personal adscrito para poder revisar y denegar las promociones que no cumplan con los requisitos de ley, o bien, para asentar esta circunstancia en el acuse o razón correspondiente, conforme al Manual General de Puestos del Consejo de la Judicatura Federal, publicado el 17 de mayo de 2011 en el Diario Oficial de la Federación. Por esta razón, la obligación de verificar que los asuntos y promociones depositados estén debidamente firmados, integrados y dirigidos a los Tribunales de Circuito o Juzgados de Distrito a los que presta servicio la Oficina de Correspondencia Común de que se trate, recae en los usuarios de dichos buzones. En consecuencia, si el Juez de Distrito que recibe la demanda de amparo presentada en los Buzones Judiciales advierte que carece de firma autógrafa, requisito sine qua non que manifiesta la voluntad de quien suscribe el documento y que no es susceptible de ser sobrentendida ni inferirse a través de la búsqueda o deducción de la presentación de la demanda, debe desecharla de plano, por existir una causa manifiesta e indudable de improcedencia, de conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo. Por lo tanto, en esta hipótesis es inaplicable la jurisprudencia 2a./J. 32/2011 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro IV, Tomo 4, enero de 2012, página 3632, de rubro: "PROMOCIONES DENTRO DEL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL OFICIAL DE PARTES DE UN ÓRGANO JURISDICCIONAL NO ASIENTA QUE LAS RECIBIÓ SIN FIRMA AUTÓGRAFA EN LA RAZÓN O ACUSE CORRESPONDIENTE, SE GENERA LA PRESUNCIÓN DE QUE SE PRESENTARON EN ORIGINAL Y CON LA REFERIDA SIGNATURA." Así, se tiene como el domicilio para oír y recibir notificaciones ubicado en calle Bolivia, 223 Norte, en esta ciudad y como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, al licenciado Miguel Ángel Franco Anaya, por aparecer registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito y en términos restringidos de dicho numeral a Román Alcantar Alvidrez, por no contar con ese requisito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Tamara Francio Terreros, por así solicitarlo. En diverso orden, de conformidad con el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones que correspondan en el presente juicio de amparo (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio oficial, como es el correo electrónico). De igual manera, hágase del conocimiento al promovente que se encuentra disponible en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, un micrositio sobre "Servicios Jurisdiccionales", dentro del cual las personas justiciables encontraran los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de este y todos los Órganos Jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal, así como la lista de acuerdos. Con fundamento en el artículo 3º de la ley de la materia, se ordena al oficial judicial "C" la digitalización de todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias que elaboren, además toda información relacionada con los expedientes que deberán ingresar en el sistema respectivo, o en caso de que éstas se presenten de manera electrónica, procédase a su impresión a efecto de ser incorporados al expediente, y en cuanto a los Actuarios, deberán digitalizar todas aquellas actas, citatorios y razones de notificación que elaboren; en tanto que el Secretario deberá cerciorarse de que tanto el expediente electrónico como el expediente impreso o físico coincidan en su totalidad.
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