Alessandro Cruz Cruz

Expediente 164/2018 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 23 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
164/2018
Año
2018
Actuaciones
3
Última actuación
23/05/2018

Partes del expediente

  • Alessandro Cruz Cruz

Actuaciones

  1. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veintitrés de mayo de dos mil dieciocho. Agréguese a los autos el oficio 5440, recibido vía Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y firmado por el Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, residente en San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, mediante el cual hace del conocimiento que acepta la competencia declinada, admitiendo a trámite la demanda de amparo promovida por Alessandro Cruz Cruz; de lo anterior, se toma nota para los efectos legales procedentes. Ahora, toda vez que se certificó la transmisión electrónica del oficio de cuenta, por tanto, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada dicha constancia, al tener un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen de la documentación como su texto; criterio que encuentra apoyado en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, que aparece publicada en la página 2049, del Libro 27, febrero de 2016, tomo III, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2011039, cuyo tenor literal es: "CORREO ELECTRÓNICO OFICIAL. LA INFORMACIÓN COMUNICADA A TRAVÉS DE DICHO MEDIO ENTRE LOS ÓRGANOS DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN, SI ESTÁ CERTIFICADA LA HORA Y FECHA DE SU RECEPCIÓN, ASÍ COMO EL ÓRGANO QUE LA REMITE POR EL SECRETARIO DE ACUERDOS DEL TRIBUNAL JUDICIAL QUE LA RECIBE, TIENE PLENO VALOR PROBATORIO.- El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo en términos de lo previsto en el diverso numeral 2o. de esa ley, reconoce como medios de prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, y establece que su fuerza probatoria está sujeta a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada y, en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. Ahora bien, entre los medios de comunicación electrónica a que se refiere la legislación procesal civil de referencia, se encuentra el denominado correo electrónico, que es un medio de transmisión de datos mediante redes informáticas (Internet), por el que es factible el envío de información que se recibe por el destinatario en forma de mensaje de texto o como dato adjunto; de ahí que la información generada o comunicada en mensajes de texto o archivos adjuntos que se transmite por medio del correo electrónico oficial, entre los órganos del Poder Judicial de la Federación, si su recepción está certificada por el secretario de acuerdos del tribunal judicial al que se transmite, sobre la hora y fecha en que la recibió y la persona del órgano jurisdiccional federal que la remitió, tiene pleno valor probatorio, por ser confiable el medio en que fue comunicada, ya que tiene un grado de seguridad similar al de la documentación consignada en papel, además de que es identificable la persona a quien se atribuye su contenido y pueden verificarse tanto el origen del mensaje como el archivo adjunto que a través de éste se remita; pues en la actualidad los citados órganos se encuentran comunicados electrónicamente, por distintos medios, lo que permite corroborar los datos del mensaje de texto o dato adjunto recibido". En esas condiciones, con fundamento en el artículo 214 de la ley de la materia, archívese el expediente como asunto concluido. Por otra parte, toda vez que el presente expediente es un asunto total y definitivamente concluido, y en términos de los párrafos que anteceden se ubica en una de las hipótesis a que se refiere el artículo vigésimo primero del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; además, este Juzgador considera que la materia del asunto no es de relevancia documental, pues no se encuentra en alguno de los supuestos a que alude el segundo párrafo, del artículo vigésimo primero en relación con el artículo cuarto del mencionado acuerdo; por lo tanto, este expediente es susceptible destrucción, así que, una vez que transcurran más de cinco años posteriores a la notificación del presente proveído que ordena el archivo, se procederá en dichos términos conforme a los lineamientos establecidos en el referido Acuerdo General, debiendo hacerse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de este juzgado, en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y en la carátula del presente asunto. Hágase del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, se transferirá al Centro de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. En otro aspecto, se destaca que en el presente juicio no se formaron cuadernos de suspensión. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese. IV-A

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, a veinticuatro de abril de dos mil dieciocho. Vista la razón asentada por la actuaria judicial adscrita, en la que hizo constar que con la finalidad de notificar al quejoso Alessandro Cruz Cruz, el proveído de dieciocho de abril del año en curso, se constituyó en la calle 18 de Marzo de la colonia Lomas de Galindo de esta ciudad y al preguntar por el quejoso y por sus autorizados, en dos casas con el número catorce, en la primera, se entrevistó con una persona del sexo femenino y en la segunda, con otra del sexo masculino, quienes le informaron que no los conocen y por esa razón no le fue posible notificar el proveído de referencia. Ante lo expuesto, con fundamento en el artículo 26, fracción III, de la Ley de Amparo, notifíquesele por lista el citado proveído, así como los acuerdos que se dicten en este juicio, aún los de carácter personal, hasta en tanto señale un domicilio diverso al indicado. Notifíquese por lista. inserción del acuerdo de fecha 18 de abril del 2018 Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Alessandro Cruz Cruz, por propio derecho, contra actos del Tribunal de juicio Oral de Salina Cruz, Oaxaca y del Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Oaxaca, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, dentro de la causa penal 252/2013, que hace consistir, literalmente, en: "IV.- AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS.- 1.- Ordenadora. EL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE SALINA CRUZ OAXACA. De la citada autoridad se reclama: la resolución dictada mediante sentencia en audiencia de fecha 14 de Noviembre de 2017; por la cual se me impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en la causa penal número de carpeta administrativa 252/2013. 2. Ejecutoras. Se trata del C. Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Oaxaca. De esta autoridad se reclama el cumplimiento que le está dando a la orden de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por lo cual actualmente me encuentro privado de mi libertad en el reclusorio regional de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca." Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número que le corresponda, que lo es el 164/2018. PRUEBAS. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba que se exhibe, consistente en un disco compacto. Ahora bien, de conformidad con dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar los actos reclamados que se obtienen del estudio y análisis en conjunto de la demanda, atendiendo a la Jurisprudencia 2ª/J 55/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 227, Tomo VIII, agosto de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 195745, cuyo rubro y texto son: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Así, en la especie, del análisis integral de la demanda de amparo, en el caso a estudio, la parte quejosa sustancialmente hace consistir el acto reclamado en:  La audiencia de catorce de noviembre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 252/2013, por el Tribunal de Juicio Oral con sede en Salina Cruz, Oaxaca, en la que se le hizo del conocimiento los puntos resolutivos, de la sentencia condenatoria, en la que se le impusieron las penas de prisión y de multa, asimismo, el haber ordenado girar el oficio para el procedimiento de ejecución de dichas penas.  Así como la imposición de la medida cautelar oficiosa, consistente en la prisión preventiva que le fue impuesta en dicha causa penal. Cobra aplicación por los razonamientos jurídicos la tesis I.4o.P.19 P (10a.), con registro 2015273, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, visible en la página 2495, correspondiente a la Décima Época, que es del tenor literal siguiente: MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL. ES IMPROCEDENTE SU SUSTITUCIÓN O CESE CONFORME AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, SI EL INCULPADO YA ESTÁ COMPURGANDO LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA EN SENTENCIA EJECUTORIADA. El artículo transitorio mencionado establece que tratándose de medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en el sistema mixto o tradicional, el inculpado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas a fin de que, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales; pero no prevé su sustitución o cese cuando aquél ya fue sentenciado, es decir, cuando está compurgando la pena de prisión que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada. Sin que obste que esté pendiente de resolverse el juicio de amparo directo promovido en su contra, pues esa circunstancia no lo devuelve al estatus de prisión preventiva que se requiere para la revisión de la medida. El énfasis es propio de este Juzgado de Distrito. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado. Por su parte, los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.).. Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Por tanto, si el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye la audiencia de catorce de noviembre de dos mil catorce, desahogada en la causa penal 252/2013, del índice del Tribunal de Juicio Oral con sede en Salina Cruz, Oaxaca, en la que se le hace del conocimiento los puntos resolutivos, de la sentencia condenatoria, en la aduce se le impusieron las penas de prisión y de multa, asimismo, que se ordenó girar oficios para el procedimiento de ejecución de dichas penas. Así como la imposición de la medida cautelar oficiosa, consistente en la prisión preventiva que le fue impuesta en dicha causa penal. De lo expuesto, resulta evidente que con la emisión del acto reclamado por la citada autoridad responsable, no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente el criterio con número de registro 2005422, Décima Época, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar De la Tercera Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Página: 2953, que es de rubro y texto literal siguiente: AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 170, fracciones I y II de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo directo está sujeta a dos reglas, a saber: una general y otra especial. La regla general se surte cuando en el juicio natural el quejoso obtiene un fallo desfavorable, o bien, uno parcialmente en su favor -fracción I del artículo 170-. En tal supuesto, lo jurídicamente trascendente es la afectación a la esfera de derechos del impetrante, derivada de haber obtenido un fallo desfavorable a sus intereses, o de no alcanzar todo lo que persiguió en el juicio, con lo cual, sin duda, se colma el interés jurídico necesario que justifica la procedencia del juicio de amparo directo, cuya materia de análisis puede involucrar temas tanto de legalidad como de constitucionalidad. Por su parte, la regla especial opera respecto de fallos definitivos y resoluciones que pongan fin a los juicios contenciosos administrativos, pronunciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal -fracción II del artículo 170-. Esta hipótesis cobra aplicación cuando el fallo recaído en algún juicio contencioso administrativo del conocimiento de los tribunales de que se trata, es de tal modo favorable que acoge íntegramente la pretensión perseguida por el actor en el propio juicio, de ahí que, en tal evento, el juicio de amparo directo procede sólo para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, siempre y cuando, a su vez, resulte procedente y fundado el recurso de revisión que interponga la autoridad demandada en el juicio natural. Por tanto, para efecto de la procedencia del juicio de amparo directo, no deben confundirse los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 170 de la nueva Ley de Amparo, pues la regla general es que el juicio de amparo directo procede cuando el quejoso haya obtenido una sentencia desfavorable, o una parcialmente en su favor, con independencia de la materia que involucre el asunto -fracción I-, mientras que la regla especial se surte en el caso de que el impetrante -actor en un juicio contencioso-, obtenga un fallo de tal modo favorable que acoja íntegramente la pretensión buscada en el juicio, y resulte fundado y procedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, en términos del artículo 104 de nuestra Carta Magna, en cuya hipótesis el juicio de amparo directo procede exclusivamente para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, ya que en esa hipótesis, el impetrante está en posibilidad de obtener un beneficio mayor al inicialmente alcanzado en el juicio contencioso -fracción II-. Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad refiere la parte quejosa, a los cuales se les concede valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el impetrante tiene reconocido el carácter de sentenciado en dicha causa penal, lo anterior se concluye del análisis que se efectúa a los conceptos de violación esgrimidos por el quejosa en su demanda de amparo, de los que se desprende, que: 1.- El catorce de noviembre de dos mil catorce, Alessandro Cruz Cruz -sentenciado- compareció a la audiencia pública desahogada en la causa penal 252/2013, ante el Tribunal de Juicio Oral en Salina Cruz, Oaxaca. 2.- En dicha audiencia, según el disco compacto de registros audiovisuales del proceso que exhibió como prueba y los cuales se reprodujeron, pero principalmente porque de los hechos de la demanda que bajo protesta de decir verdad manifestó el quejosa, refirió que en la audiencia pública de catorce de noviembre de dos mil catorce, en los puntos resolutivos de la sentencia, se ordenó imponer a Alessandro Cruz Cruz, una pena de prisión y el pago de una multa, por la comisión del delito de Violación Tumultuaria. De lo anterior se advierte que la parte quejosa se duele toralmente de la sentencia condenatoria que se le hizo del conocimiento en audiencia pública de catorce de noviembre de dos mil catorce, en la causa penal 252/2013, por los jueces integrantes del Tribunal de Juicio Oral con sede en esta ciudad; resolución que pone fin al juicio, pues además de lo que resolvió en lo principal, lo da por concluido y la ley común concede el medio de impugnación respectivo. En esa virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de la parte quejosa, respecto del acto reclamado. En esas condiciones, con apoyo en el diverso numeral 47 de la Ley de Amparo, remítase el original de la demanda y sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, así como las cinco copias simples que se exhibieron de la misma y el disco compacto, solicitando el acuse de recibo correspondiente e informar si acepta o no la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble ubicado en calle 18 de Marzo número 14, de la colonia Lomas de Galindo, código postal 70630 de esta ciudad de Salina Cruz y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pablo Tamayo Trejo, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a Dennis Maurel López Martínez y Diana Madrid Rodríguez, en virtud de que no acreditaron encontrarse legalmente autorizados para ejercer la licenciatura en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. Asimismo, como expresamente lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizada para oír y recibir notificaciones a Teresa de Jesús Martínez López. En otro aspecto, por el momento, no ha lugar acordar de conformidad su petición, en el sentido de que sus notificaciones se le realicen al correo electrónico que proporciona, toda vez que el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé la notificación vía electrónica, siempre y cuando haya obtenido su firma electrónica, sin que refiera que ya la tramitó; sin perjuicio de que una vez que la obtenga, previa petición, se ordene realizar sus notificaciones en dicho correo electrónico. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la Secretaria del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Adjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), con registro 2009916, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, del rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.. Notifíquese y cúmplase. IV-A IV-A

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, dieciocho de abril de dos mil dieciocho. DATOS DE LA DEMANDA. Vista la demanda de amparo promovida por Alessandro Cruz Cruz, por propio derecho, contra actos del Tribunal de juicio Oral de Salina Cruz, Oaxaca y del Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Oaxaca, en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca, dentro de la causa penal 252/2013, que hace consistir, literalmente, en: "IV.- AUTORIDADES RESPONSABLES Y ACTOS RECLAMADOS.- 1.- Ordenadora. EL TRIBUNAL DE JUICIO ORAL DE SALINA CRUZ OAXACA. De la citada autoridad se reclama: la resolución dictada mediante sentencia en audiencia de fecha 14 de Noviembre de 2017; por la cual se me impuso la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa en la causa penal número de carpeta administrativa 252/2013. 2. Ejecutoras. Se trata del C. Director del Centro de Reinserción Social del Estado de Oaxaca. De esta autoridad se reclama el cumplimiento que le está dando a la orden de medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por lo cual actualmente me encuentro privado de mi libertad en el reclusorio regional de Juchitán de Zaragoza, Oaxaca." Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno respectivo con el número que le corresponda, que lo es el 164/2018. PRUEBAS. Por otra parte, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba que se exhibe, consistente en un disco compacto. Ahora bien, de conformidad con dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, resulta necesario precisar los actos reclamados que se obtienen del estudio y análisis en conjunto de la demanda, atendiendo a la Jurisprudencia 2ª/J 55/98 sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 227, Tomo VIII, agosto de 1998 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 195745, cuyo rubro y texto son: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.- Si del análisis integral del escrito de demanda se llega al conocimiento de que, aunque no de manera formal, se señala algún acto como lesivo de garantías dentro de los conceptos de violación o en cualquier otra parte de la demanda de amparo, debe tenérsele como acto reclamado y estudiarse su constitucionalidad en la sentencia, pues ha sido criterio reiterado de esta Suprema Corte de Justicia, considerar la demanda como un todo. Así, en la especie, del análisis integral de la demanda de amparo, en el caso a estudio, la parte quejosa sustancialmente hace consistir el acto reclamado en:  La audiencia de catorce de noviembre de dos mil catorce, dictada en la causa penal 252/2013, por el Tribunal de Juicio Oral con sede en Salina Cruz, Oaxaca, en la que se le hizo del conocimiento los puntos resolutivos, de la sentencia condenatoria, en la que se le impusieron las penas de prisión y de multa, asimismo, el haber ordenado girar el oficio para el procedimiento de ejecución de dichas penas.  Así como la imposición de la medida cautelar oficiosa, consistente en la prisión preventiva que le fue impuesta en dicha causa penal. Cobra aplicación por los razonamientos jurídicos la tesis I.4o.P.19 P (10a.), con registro 2015273, sustentada por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, del Libro 47, Octubre de 2017, Tomo IV, visible en la página 2495, correspondiente a la Décima Época, que es del tenor literal siguiente: MEDIDA CAUTELAR DE PRISIÓN PREVENTIVA DECRETADA EN EL SISTEMA MIXTO O TRADICIONAL. ES IMPROCEDENTE SU SUSTITUCIÓN O CESE CONFORME AL ARTÍCULO QUINTO TRANSITORIO DEL DECRETO POR EL QUE SE REFORMAN, ADICIONAN Y DEROGAN DIVERSAS DISPOSICIONES, ENTRE OTRAS, DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES, PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 17 DE JUNIO DE 2016, SI EL INCULPADO YA ESTÁ COMPURGANDO LA PENA DE PRISIÓN IMPUESTA EN SENTENCIA EJECUTORIADA. El artículo transitorio mencionado establece que tratándose de medidas privativas de la libertad personal o de prisión preventiva que hubieren sido decretadas por autoridad judicial durante los procedimientos iniciados con base en el sistema mixto o tradicional, el inculpado podrá solicitar al órgano jurisdiccional competente la revisión de dichas medidas a fin de que, tomando en consideración la evaluación del riesgo, resuelva sobre la imposición, revisión, sustitución, modificación o cese, en términos de las reglas de prisión preventiva del artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como del Código Nacional de Procedimientos Penales; pero no prevé su sustitución o cese cuando aquél ya fue sentenciado, es decir, cuando está compurgando la pena de prisión que le fue impuesta en sentencia ejecutoriada. Sin que obste que esté pendiente de resolverse el juicio de amparo directo promovido en su contra, pues esa circunstancia no lo devuelve al estatus de prisión preventiva que se requiere para la revisión de la medida. El énfasis es propio de este Juzgado de Distrito. Establecido lo anterior, es que este juzgado de Distrito advierte que carece de competencia legal para conocer de la demanda de amparo promovida, como se verá a continuación. En efecto, el artículo 107, fracciones III, inciso a), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone: Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (...) III. Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: a) Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, ya sea que la violación se cometa en ellos o que, cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. En relación con el amparo al que se refiere este inciso y la fracción V de este artículo, el Tribunal Colegiado de Circuito deberá decidir respecto de todas las violaciones procesales que se hicieron valer y aquéllas que, cuando proceda, advierta en suplencia de la queja, y fijará los términos precisos en que deberá pronunciarse la nueva resolución. Si las violaciones procesales no se invocaron en un primer amparo, ni el Tribunal Colegiado correspondiente las hizo valer de oficio en los casos en que proceda la suplencia de la queja, no podrán ser materia de concepto de violación, ni de estudio oficioso en juicio de amparo posterior. La parte que haya obtenido sentencia favorable y la que tenga interés jurídico en que subsista el acto reclamado, podrá presentar amparo en forma adhesiva al que promueva cualquiera de las partes que intervinieron en el juicio del que emana el acto reclamado. La ley determinará la forma y términos en que deberá promoverse. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas, laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Al reclamarse la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio, deberán hacerse valer las violaciones a las leyes del procedimiento, siempre y cuando el quejoso las haya impugnado durante la tramitación del juicio mediante el recurso o medio de defensa que, en su caso, señale la ley ordinaria respectiva. Este requisito no será exigible en amparos contra actos que afecten derechos de menores o incapaces, al estado civil, o al orden o estabilidad de la familia, ni en los de naturaleza penal promovidos por el sentenciado. Por su parte, los artículos 47 y 170, fracción I, de la Ley de Amparo, en su orden, disponen: Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. (.).. Los preceptos transcritos contienen los requisitos de procedencia del juicio de amparo directo y la competencia del órgano jurisdiccional a quien corresponde conocer y resolver de asuntos como el presente, previstos en la Ley Suprema y su legislación reglamentaria. Por tanto, si el acto reclamado que mediante esta vía constitucional se combate constituye la audiencia de catorce de noviembre de dos mil catorce, desahogada en la causa penal 252/2013, del índice del Tribunal de Juicio Oral con sede en Salina Cruz, Oaxaca, en la que se le hace del conocimiento los puntos resolutivos, de la sentencia condenatoria, en la aduce se le impusieron las penas de prisión y de multa, asimismo, que se ordenó girar oficios para el procedimiento de ejecución de dichas penas. Así como la imposición de la medida cautelar oficiosa, consistente en la prisión preventiva que le fue impuesta en dicha causa penal. De lo expuesto, resulta evidente que con la emisión del acto reclamado por la citada autoridad responsable, no se actualiza ninguno de los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto, previstos en el artículo 107 de la Ley de Amparo. Sirve de apoyo a lo anterior en lo conducente el criterio con número de registro 2005422, Décima Época, sostenida por el Tercer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar De la Tercera Región, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 2, Enero de 2014, Tomo IV, Página: 2953, que es de rubro y texto literal siguiente: AMPARO DIRECTO. SU PROCEDENCIA CONFORME A LOS SUPUESTOS LEGALES PREVISTOS EN LAS FRACCIONES I Y II DEL ARTÍCULO 170 DE LA NUEVA LEY DE AMPARO. De acuerdo con el artículo 170, fracciones I y II de la nueva Ley de Amparo, la procedencia del juicio de amparo directo está sujeta a dos reglas, a saber: una general y otra especial. La regla general se surte cuando en el juicio natural el quejoso obtiene un fallo desfavorable, o bien, uno parcialmente en su favor -fracción I del artículo 170-. En tal supuesto, lo jurídicamente trascendente es la afectación a la esfera de derechos del impetrante, derivada de haber obtenido un fallo desfavorable a sus intereses, o de no alcanzar todo lo que persiguió en el juicio, con lo cual, sin duda, se colma el interés jurídico necesario que justifica la procedencia del juicio de amparo directo, cuya materia de análisis puede involucrar temas tanto de legalidad como de constitucionalidad. Por su parte, la regla especial opera respecto de fallos definitivos y resoluciones que pongan fin a los juicios contenciosos administrativos, pronunciados por el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa y por el Tribunal de lo Contencioso Administrativo del Distrito Federal -fracción II del artículo 170-. Esta hipótesis cobra aplicación cuando el fallo recaído en algún juicio contencioso administrativo del conocimiento de los tribunales de que se trata, es de tal modo favorable que acoge íntegramente la pretensión perseguida por el actor en el propio juicio, de ahí que, en tal evento, el juicio de amparo directo procede sólo para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, siempre y cuando, a su vez, resulte procedente y fundado el recurso de revisión que interponga la autoridad demandada en el juicio natural. Por tanto, para efecto de la procedencia del juicio de amparo directo, no deben confundirse los supuestos previstos en las fracciones I y II del artículo 170 de la nueva Ley de Amparo, pues la regla general es que el juicio de amparo directo procede cuando el quejoso haya obtenido una sentencia desfavorable, o una parcialmente en su favor, con independencia de la materia que involucre el asunto -fracción I-, mientras que la regla especial se surte en el caso de que el impetrante -actor en un juicio contencioso-, obtenga un fallo de tal modo favorable que acoja íntegramente la pretensión buscada en el juicio, y resulte fundado y procedente el recurso de revisión interpuesto por la autoridad demandada, en términos del artículo 104 de nuestra Carta Magna, en cuya hipótesis el juicio de amparo directo procede exclusivamente para el efecto de hacer valer conceptos de violación contra normas generales, ya que en esa hipótesis, el impetrante está en posibilidad de obtener un beneficio mayor al inicialmente alcanzado en el juicio contencioso -fracción II-. Ahora bien, de los antecedentes que bajo protesta de decir verdad refiere la parte quejosa, a los cuales se les concede valor probatorio, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que el impetrante tiene reconocido el carácter de sentenciado en dicha causa penal, lo anterior se concluye del análisis que se efectúa a los conceptos de violación esgrimidos por el quejosa en su demanda de amparo, de los que se desprende, que: 1.- El catorce de noviembre de dos mil catorce, Alessandro Cruz Cruz -sentenciado- compareció a la audiencia pública desahogada en la causa penal 252/2013, ante el Tribunal de Juicio Oral en Salina Cruz, Oaxaca. 2.- En dicha audiencia, según el disco compacto de registros audiovisuales del proceso que exhibió como prueba y los cuales se reprodujeron, pero principalmente porque de los hechos de la demanda que bajo protesta de decir verdad manifestó el quejosa, refirió que en la audiencia pública de catorce de noviembre de dos mil catorce, en los puntos resolutivos de la sentencia, se ordenó imponer a Alessandro Cruz Cruz, una pena de prisión y el pago de una multa, por la comisión del delito de Violación Tumultuaria. De lo anterior se advierte que la parte quejosa se duele toralmente de la sentencia condenatoria que se le hizo del conocimiento en audiencia pública de catorce de noviembre de dos mil catorce, en la causa penal 252/2013, por los jueces integrantes del Tribunal de Juicio Oral con sede en esta ciudad; resolución que pone fin al juicio, pues además de lo que resolvió en lo principal, lo da por concluido y la ley común concede el medio de impugnación respectivo. En esa virtud, con fundamento en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo, este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca, con residencia en Salina Cruz, declara carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo de la parte quejosa, respecto del acto reclamado. En esas condiciones, con apoyo en el diverso numeral 47 de la Ley de Amparo, remítase el original de la demanda y sus anexos, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimotercer Circuito, así como las cinco copias simples que se exhibieron de la misma y el disco compacto, solicitando el acuse de recibo correspondiente e informar si acepta o no la competencia planteada. Fórmese cuaderno de antecedentes. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el inmueble ubicado en calle 18 de Marzo número 14, de la colonia Lomas de Galindo, código postal 70630 de esta ciudad de Salina Cruz y como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Pablo Tamayo Trejo, quien tiene registrada su cédula profesional en el Registro de Consulta de Cédulas Profesionales de abogados postulantes acreditado ante el Poder Judicial de la Federación, que lo autoriza a ejercer legalmente la profesión de licenciado en derecho y únicamente para oír y recibir notificaciones a Dennis Maurel López Martínez y Diana Madrid Rodríguez, en virtud de que no acreditaron encontrarse legalmente autorizados para ejercer la licenciatura en derecho, tal como se desprende de la certificación secretarial que antecede. Asimismo, como expresamente lo solicita la parte quejosa, se tiene por autorizada para oír y recibir notificaciones a Teresa de Jesús Martínez López. En otro aspecto, por el momento, no ha lugar acordar de conformidad su petición, en el sentido de que sus notificaciones se le realicen al correo electrónico que proporciona, toda vez que el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, prevé la notificación vía electrónica, siempre y cuando haya obtenido su firma electrónica, sin que refiera que ya la tramitó; sin perjuicio de que una vez que la obtenga, previa petición, se ordene realizar sus notificaciones en dicho correo electrónico. Toda vez que no existe impedimento legal para que la parte quejosa, por sí o por conducto de las personas que para tal fin autoriza, pueda hacer uso del scanner, cámaras fotográficas, grabadoras de sonido, lectores láser o cualquier otro similar de aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y tecnología para copiar o reproducir el acuerdo, actuaciones o resoluciones que se dicten en este asunto por el suscrito Juez de Distrito, se autoriza su uso siempre que se deje constancia de su recepción en los autos por la Secretaria del Juzgado, así como de la persona que recepcione la información debidamente identificada y previo apersonamiento ante la mesa de trámite correspondiente, para que se precise de qué documentos requiere obtener la reproducción, desde luego, sujeto a la disponibilidad del expediente y que esté en trámite en este Juzgado; lo anterior de conformidad con la circular 12/2009 de dieciocho de marzo del dos mil nueve, suscrita por el secretario ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. Con fundamento en el artículo 3°, párrafos sexto, séptimo y octavo de la Ley de Amparo y el Acuerdo General Adjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, fórmese el expediente digital o electrónico correspondiente y dése cumplimiento a lo ordenado en el invocado precepto legal. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública, de las sentencias ejecutoriadas y las resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Tiene aplicación a lo expuesto la jurisprudencia P./J. 26/2015 (10a.), con registro 2009916, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 28, del Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo I, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, correspondiente a la Décima Época, del rubro y texto siguientes: INFORMACIÓN CLASIFICADA COMO RESERVADA O CONFIDENCIAL EXHIBIDA CON EL INFORME JUSTIFICADO. EL JUEZ CONSTITUCIONAL, BAJO SU MÁS ESTRICTA RESPONSABILIDAD, PUEDE PERMITIR EL ACCESO A LAS PARTES A LA QUE CONSIDERE ESENCIAL PARA SU DEFENSA. Conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, para revisar la clasificación de la información realizada por un sujeto obligado y, en su caso, acceder a ésta, debe seguirse el procedimiento correspondiente ante los organismos garantes establecidos constitucionalmente con ese propósito; sin embargo, para no dejar en estado de indefensión a las partes en un juicio de amparo, el Juez constitucional, previo análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos de los artículos 117 de la Ley de Amparo vigente y 149 de la abrogada, bajo su más estricta responsabilidad puede permitir el acceso a las partes de la que considere esencial para su defensa. Al respecto, deberá adoptar todas las medidas de seguridad a efecto de evitar que se use de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado; además, si permite el acceso total o parcial a aquélla, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Lo anterior, en el entendido de que no podrá otorgar el acceso a la información acompañada al informe justificado cuando el acto reclamado consista precisamente en la clasificación de esa información, supuesto en el cual el acceso a ésta depende de que en una sentencia que cause estado se consigne esa obligación, por lo que permitir previamente a las partes su conocimiento dejaría sin materia el juicio de amparo.. Notifíquese y cúmplase. IV-A

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