Alessandrine Concepción Bonilla Rodríguez

Expediente 1169/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit. 16 actuaciones registradas, la última del 5 de noviembre de 2018.

Datos del expediente

Expediente
1169/2018
Año
2018
Actuaciones
16
Última actuación
05/11/2018

Partes del expediente

  • Alessandrine Concepción Bonilla Rodríguez
  • ALESSANDRINE CONCEPCIÓN BONILLA RODRÍGUEZ y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 16.

  1. Principal

    Tepic, Nayarit, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El dieciocho de julio de este año, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva el treinta siguiente en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ***, respecto de los actos consistentes en la discusión, aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, específicamente los artículos 21 fracciones I y XVIII, 11, 12 y 13. Posteriormente, en veintiuno de agosto del año que cursa, causo ejecutoria dicha determinación y en consecuencia se requirió a las autoridades responsables para que en el término de diez días siguientes al en que surtiera efectos la notificación respectiva, dieran cumplimiento al fallo protector concedido, para los efectos siguientes: Desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 11, 12, 13 y 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales ordinales. Devolviera a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de **respecto de la cantidad de ***, que pagó por concepto de "INSCRIP.DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, FOM. EDUCACIÓN, ASIST. SOCIAL y U.A.N", de igual manera, descontando la cantidad de **, correspondiente por el concepto "CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN" toda vez que esta no derivó de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En atención a lo anterior, mediante el oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno de septiembre de este año registrado con el número de folio 25152 y suscrito por **, Delegada de las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el veinte de septiembre de este año realizó una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa valiosa por la cantidad de***cantidad que en su momento erogó la solicitante de amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y al efecto remitió copia de dicha transacción bursátil. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y les devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogo a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de *** , por los siguientes conceptos: Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de ***, que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12, 13 y 21, fracción I, de la mencionada ley de ingresos, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra, asimismo, debía restarse la diversa de *** , correspondiente al concepto "CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN" ya que que esta no derivó de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de *** , por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho y el veinte de septiembre siguiente, la autoridad responsable realizó una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de mayo al de septiembre, ambos de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril entre el índice para el mes de agosto, ambos de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Esto es así, ya que tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre dos mil dieciocho, aun no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, a la fecha en que el recaudador responsable realizó el pago aludido, pues dicha devolución se llevó a cabo el veinte de septiembre de la anualidad en cita, por lo que es evidente que al momento en que se realizó el pago referido todavía no se publicaba el citado índice para el mes de septiembre, entonces, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, que establece, entre otras cuestiones, que en los casos en que el índice referido del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado; por tanto, en el caso en concreto se tomará en cuenta el diverso correspondiente al mes de agosto del año citado. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril del presente año fue de 131.987; y para el mes de agosto de dicha anualidad fue de 100.492, en esa línea argumentativa, de la división de dichos factores, el más reciente entre el más antiguo, se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas, esto es de: 0.7613; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será ** de conformidad al último párrafo del numeral 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto de los derechos e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es dicha cantidad de ***; así, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la tesorería responsable devolvió a la quejosa la cantidad *** , por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver al quejoso era de ** ; sin embargo, éste reintegró la diversa de ***, es decir, ** , más de lo correspondiente; no obstante, dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la dimensión de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtener dicho monto, así como los que efectué el quejoso a efecto de devolverlo, serían mayores al beneficio de devolver el numerario referido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.

  2. Principal

    Tepic, Nayarit, cinco de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se advierte que la parte quejosa no hizo manifestación alguna en relación con el cumplimiento dado a la ejecutoria pronunciada en el presente juicio de amparo; en consecuencia, y toda vez que según se advierte de la certificación asentada por el secretario de este juzgado, ha transcurrido el término que se concedió para tal efecto, por tanto, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. En virtud de lo anterior, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales el Estado de Nayarit, procede a pronunciarse sobre el cumplimiento de que se trata en los términos siguientes: El dieciocho de julio de este año, se llevó a cabo la audiencia constitucional en el presente juicio, la que concluyó con el dictado de la sentencia respectiva el treinta siguiente en la que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por ***, respecto de los actos consistentes en la discusión, aprobación, promulgación y publicación de la Ley de Ingresos del Estado Libre y Soberano de Nayarit, para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, específicamente los artículos 21 fracciones I y XVIII, 11, 12 y 13. Posteriormente, en veintiuno de agosto del año que cursa, causo ejecutoria dicha determinación y en consecuencia se requirió a las autoridades responsables para que en el término de diez días siguientes al en que surtiera efectos la notificación respectiva, dieran cumplimiento al fallo protector concedido, para los efectos siguientes: Desincorporaran de la esfera jurídica de la parte quejosa lo previsto en los artículos 11, 12, 13 y 21, fracciones I y XVIII, de la Ley de Ingresos del Estado de Nayarit para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho, esto es, para que no le apliquen en el presente ni en el futuro tales ordinales. Devolviera a la parte quejosa única y exclusivamente el remanente que exceda de la aplicación de **respecto de la cantidad de ***, que pagó por concepto de "INSCRIP.DOCUMENTO PÚBLICO O PRIVADO, FOM. EDUCACIÓN, ASIST. SOCIAL y U.A.N", de igual manera, descontando la cantidad de **, correspondiente por el concepto "CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN" toda vez que esta no derivó de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales. En el entendido de que la cantidad remanente a devolver deberá encontrarse debidamente actualizada. En atención a lo anterior, mediante el oficio presentado en la oficialía de partes de este juzgado el veintiuno de septiembre de este año registrado con el número de folio 25152 y suscrito por **, Delegada de las autoridades responsables dependientes de la Secretaría de Administración y Finanzas del Gobierno del Estado de Nayarit, con sede en esta ciudad, con el fin de dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo emitida en autos, informó que el veinte de septiembre de este año realizó una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa valiosa por la cantidad de***cantidad que en su momento erogó la solicitante de amparo con motivo de la aplicación de los normativos tildados de inconstitucionales en el presente juicio de amparo y al efecto remitió copia de dicha transacción bursátil. Ahora, atendiendo a los efectos de la sentencia protectora del amparo, los cuales han quedado precisados con anterioridad, se advierte que la Secretaría de Administración y Finanzas de Gobierno del Estado de Nayarit acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, pues desincorporó de la esfera jurídica de la parte quejosa la porción normativa reclamada y les devolvió la contribución principal erogada por ésta, así como lo relativo a la actualización fiscal correspondiente. Lo anterior es así, dado que la quejosa erogo a favor de la administración pública estatal, por los derechos e impuestos en comento, la citada cantidad de *** , por los siguientes conceptos: Luego, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria en análisis, se advierte que a dicha cantidad se tenía que descontar la diversa suma de ***, que corresponde a la cuota mínima establecida para la inscripción de documento público o privado, por lo que al ser el parámetro base para un caso similar, en la que no se aplica el cobro de los impuestos adicionales que prevén los artículos 11, 12, 13 y 21, fracción I, de la mencionada ley de ingresos, es la que debía de cubrir la promovente del amparo y no otra, asimismo, debía restarse la diversa de *** , correspondiente al concepto "CANCELACIÓN DE INSCRIPCIÓN" ya que que esta no derivó de la aplicación de las normas declaradas inconstitucionales. Entonces, realizando la operación aritmética correspondiente, se advierte que la autoridad responsable en cita tenía que devolver el monto de *** , por lo que se desprende que la obligación tributaria principal ha sido devuelta. Sin embargo, como se expuso, en la ejecutoria en análisis se determinó que la cantidad anterior debía devolverse con la actualización correspondiente, la que se encuentra contemplada en el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit (con excepción del pago de intereses por indemnización). Para lo cual, debe atenderse al mes inicial de la obligación y al mes en que se realiza el pago actualizado, a efecto de dividir el Índice Nacional de Precios al Consumidor del mes anterior al más reciente de dicho periodo entre el citado índice correspondiente al mes anterior al más antiguo. En ese sentido, los recibos fiscales materia de la concesión fueron expedidos el diecisiete de mayo de dos mil dieciocho y el veinte de septiembre siguiente, la autoridad responsable realizó una transferencia bancaria a favor de la parte quejosa, por la cual la autoridad responsable citada pretendía devolver la contribución reclamada en su totalidad; por lo que el periodo de actualización comprende del mes de mayo al de septiembre, ambos de este año. Luego, el factor de actualización debe obtenerse de la división del índice en comento para el mes de abril entre el índice para el mes de agosto, ambos de dos mil dieciocho (al ser los meses inmediatos anteriores de los del periodo involucrado); esto tomando en cuenta que no es posible calcular la actualización por fracciones de mes en términos de la disposición normativa referida. Esto es así, ya que tomando en consideración que el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de septiembre dos mil dieciocho, aun no se había publicado en el Diario Oficial de la Federación, a la fecha en que el recaudador responsable realizó el pago aludido, pues dicha devolución se llevó a cabo el veinte de septiembre de la anualidad en cita, por lo que es evidente que al momento en que se realizó el pago referido todavía no se publicaba el citado índice para el mes de septiembre, entonces, de conformidad con el artículo 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit, que establece, entre otras cuestiones, que en los casos en que el índice referido del mes anterior al más reciente del período, no haya sido publicado por el Banco de México, la actualización de que se trate se realizará aplicando el último índice mensual publicado; por tanto, en el caso en concreto se tomará en cuenta el diverso correspondiente al mes de agosto del año citado. Así, el Índice Nacional de Precios al Consumidor para el mes de abril del presente año fue de 131.987; y para el mes de agosto de dicha anualidad fue de 100.492, en esa línea argumentativa, de la división de dichos factores, el más reciente entre el más antiguo, se obtiene el factor de actualización de las contribuciones erogadas, esto es de: 0.7613; sin embargo, cuando el resultado de la operación es menor a uno, el factor de actualización que se aplicará al monto de las contribuciones será ** de conformidad al último párrafo del numeral 35 del Código Fiscal del Estado de Nayarit. En consecuencia, al multiplicar el factor anterior por la cantidad erogada por concepto de los derechos e impuestos en comento, se obtiene el monto de dicha contribución actualizado a la fecha de su pago, esto es dicha cantidad de ***; así, de las constancias que obran en autos se advierte que la citada autoridad responsable acató los extremos de la concesión en los términos precisados en párrafos que anteceden, toda vez que, por una parte, la tesorería responsable devolvió a la quejosa la cantidad *** , por concepto de la devolución de los conceptos materia del presente juicio y su actualización y, por otra, manifestó que se abstendría de aplicarle los normativos tildados de inconstitucionales en la sentencia emitida en autos. No pasa inadvertido que el monto que el recaudador responsable debía devolver al quejoso era de ** ; sin embargo, éste reintegró la diversa de ***, es decir, ** , más de lo correspondiente; no obstante, dicho excedente no tiene relevancia económica para considerar que la ejecutoria de amparo no se encuentra cumplida, pues dada la dimensión de la diferencia a nada práctico conduciría reintegrarla a la autoridad responsable, en razón de que los gastos administrativos que realizarían tanto las autoridades responsables a fin de obtener dicho monto, así como los que efectué el quejoso a efecto de devolverlo, serían mayores al beneficio de devolver el numerario referido. Por tanto, este Juzgado Primero de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit, DECLARA CUMPLIDA la sentencia que otorgó el amparo y protección de la Justicia de la Unión; en esa virtud, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. Entonces, de conformidad con lo dispuesto en el punto vigésimo primero, fracción IV, del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, que establece lineamientos para el flujo documental, depuración y digitalización del acervo archivístico de los Juzgados de Distrito, Tribunales Unitarios de Circuito, por una parte se determina que el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DEPURACIÓN con excepción del escrito inicial de demanda, de la sentencia emitida en autos, y en su caso, de la ejecutoria correspondiente, en la inteligencia, que este juzgado estima que no contienen valor jurídico o histórico por el cual deban conservarse; por lo que una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes. Por otra parte, una vez que transcurran los cinco años que establece el primer párrafo del punto décimo primero del citado Acuerdo, remítase previa digitalización del escrito inicial de demanda y de la sentencia por conducto de la Administración Regional al Centro Archivístico Judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para los efectos legales correspondientes; de la misma manera, en cumplimiento a lo dispuesto en el punto décimo tercero del Acuerdo referido, inclúyase el presente asunto en el acta y relación correspondiente que deberá remitirse al Centro General de Documentación y Análisis de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Visto el escrito de cuenta, signado por *, en su carácter de representante legal de *, a través del cual señala como autorizado en términos amplios a Sixto Duarte Álvarez, asimismo, solicita se autorice el uso de medios electrónicos, para la reproducción de actuaciones y constancias que obren en autos, así como la consulta vía internet del expediente electrónico del presente juicio de garantías con nombre de usuario "sixto.duarte", en el portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación; y señala autorizados para ello. En consecuencia, con sustento en el artículo 12 de la Ley de Amparo, se tiene como autorizado en términos amplios del numeral antedicho a Sixto Duarte Álvarez, por así haberlo solicitado y de conformidad con el arábigo 3, parte final del párrafo octavo de la ley de la materia, se autoriza la consulta vía electrónica del presente expediente a la persona en comento, con nombre de usuario "sixto.duarte", ya que en términos del precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a fin de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentran en vigor. En relación con su solicitud del uso de medios electrónicos, como cámara fotográfica, grabadoras o lectores ópticos, para la reproducción de actuaciones y constancias que obren en autos, con fundamento en el numeral 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Legislación de Amparo en su ordinal 2º, se autoriza indistintamente al compareciente y autorizados para que obtengan copia mediante los medios indicados, previa identificación y constancia que dejen en autos. En el entendido de que únicamente se cuenta con el cuaderno de antecedentes, pues el original se remitió al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Cuarto Circuito, con sede en esta ciudad; y tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales.

  4. Principal

    TEPIC, NAYARIT, VEINTICUATRO DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO. Se tiene por recibido el libelo de cuenta signado por *** apoderado legal de la moral quejosa Sociedad Anónima de Capital Variable, mediante el que señala autorizado y solicita la consulta electrónica del expediente al usuario sixto.duarte, así como del uso de medios electrónicos para la obtención de constancias. En consecuencia, con base en lo establecido por el arábigo 12 de la Ley de la materia, se tiene como autorizado en términos amplios a ****, toda vez que tiene su cédula profesional, debidamente registradas en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Luego, de conformidad con el artículo 3, parte final del párrafo octavo de la Ley de Amparo, como lo pide, se autoriza al ocursante la consulta vía electrónica del presente expediente, quien cuenta con nombre de usuario sixto.duarte Lo anterior, en razón de que en términos del precepto de previa mención, el Consejo de la Judicatura Federal del Poder Judicial de la Federación, en ejercicio de las facultades que le confiere la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, emitió los acuerdos generales que consideró necesarios a fin de establecer las bases y el correcto funcionamiento de la firma electrónica, que al día de hoy, se encuentran en vigor. Ahora, encuentra sustento en la Tesis I.3o.C.725 C, emitida por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la página dos mil ochocientos cuarenta y siete, Tomo XXIX, marzo de dos mil nueve, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro indica: La petición de las partes de que se les autorice el uso de todos aquellos elementos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la técnica para copiar o reproducir el acuerdo o resoluciones dictadas por los tribunales, encuentra fundamento en los derechos constitucionales de petición y de información; no obstante, la Ley de Amparo no contiene regulación al respecto, ni tampoco su ley supletoria el Código Federal de Procedimientos Civiles, que sólo previene en su artículo 278, la expedición de copias certificadas, lo que se debe a que ese numeral no se ha modificado desde su publicación original en el Diario Oficial de la Federación, el veinticuatro de febrero de mil novecientos cuarenta y tres; por tanto, debe acudirse a la analogía con una norma vigente en acatamiento al artículo 14 constitucional. Así, el Código de Comercio en su numeral 1067, y el Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal, en los artículos 71 y 331, actualmente autorizan la reproducción en copia simple o fotostática de los documentos o resoluciones que obren en autos a petición verbal de la parte interesada, sin que se requiera decreto judicial que así lo autorice siempre que se deje constancia de su recepción en los autos, sin precisar el medio tecnológico permitido para su obtención; lo cual representa un gran cambio respecto de sus textos originales, sin embargo, no se dispuso expresamente respecto al uso por el propio interesado de los medios tecnológicos de reproducción para obtenerla y siendo un hecho notorio que en los dos últimos años la accesibilidad que algunos grupos sociales tienen a las innovaciones tecnológicas las que permiten a las partes el acceso a las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, la cámara fotográfica, lectores láser u otro medio electrónico para copiar constancias o reproducir el contenido de las resoluciones que obran en el expediente, lo que ha suscitado que soliciten autorización para copiar o tomar el acuerdo cotidiano de los expedientes, en los mismos términos en que se encuentran autorizados para consultarlos. De ahí que ante la falta de regulación expresa de esa situación, debe integrarse con una disposición vigente que regule una parecida en armonía con el principio general de derecho consistente en que quien puede lo más puede lo menos, y si de conformidad con la legislación procesal civil las partes y sus autorizados tienen acceso al expediente y tienen derecho a que se les expidan las copias simples que soliciten verbalmente sin que medie acuerdo, siempre que quede asentada su recepción, aunque no se precise que las partes directamente pueden obtener tales copias simples por el medio tecnológico que porten, ante la accesibilidad a las innovaciones tecnológicas que permiten la reproducción de las constancias que obran en el expediente de una manera más ágil mediante el uso del scanner, de la cámara fotográfica, de lectores láser u otro medio electrónico de reproducción portátil, no hay obstáculo legal que impida su utilización y debe ser permitida en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, sólo debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad procesal y que no se reproduzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición legal expresa o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción; de modo que por regla general, sí procede autorizar la utilización de los avances de la ciencia, en integración de la laguna legal que padece la Ley de Amparo y su ley supletoria, para armonizar la situación actual científica y tecnológica y que en un futuro el legislador federal pudiera regular incluso con mayor alcance. Luego, bastará la solicitud verbal de la parte interesada, no se requerirá que recaiga proveído al respecto, pero en todo caso, por seguridad jurídica, se dejará constancia en autos de tal acto, sin que implique que la fe pública del secretario de Acuerdos quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados y, sólo para la hipótesis de que se solicite copiar sólo parte de un documento que obre en el expediente, deberá recaer acuerdo con vista a la contraparte para que manifieste lo que a su interés legal convenga." Por otra parte, con sustento en la circular 12/2009, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, y toda vez que de conformidad con lo dispuesto en los dispositivos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, las partes previa autorización del Juzgado, pueden obtener copia de cualquier constancia o documento que obre en autos y por economía procesal, se faculta al ocursante como a sus autorizados, para el uso de medios electrónicos, para obtener reproducción de las constancias que obren en este juicio de amparo, dejando para tal efecto la razón correspondiente y firma de conformidad respectiva. En el entendido de que tal autorización estará vigente hasta en tanto se ordene el archivo del presente asunto y no se hace extensiva sobre documentos que sean clasificados como reservados o confidenciales. Finalmente, visto el estado de autos, se advierte que mediante proveído de siete de agosto del año en curso (foja 283 Tomo II) se tuvo por ratificado el dictamen del perito oficial y se dio vista a las partes para que en el término de tres días manifestaran lo que a su interés legal conviniera; por lo que al no existir más pruebas pendientes por desahogar y para continuar con la secuela procesal relativa al incidente innominado establecido en los artículos 66 y 67 de la Ley de Amparo, se cita para la audiencia respectiva, para las DOCE HORAS CON TREINTA Y NUEVE MINUTOS DEL UNO DE OCTUBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, en la cual se oirán alegatos y en su caso, se dictará la resolución correspondiente; consecuentemente, dese vista a las partes con lo anterior.

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