Alendy Jacqueline Gómez Piña

Expediente 1984/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Yucatán, con residencia en Mérida. 10 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1984/2023
Año
2023
Actuaciones
10
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Alendy Jacqueline Gómez Piña

Actuaciones

Las 4 más recientes de 10.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintisiete de noviembre de dos mil veintitrés. (...) NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta de la que se advierte que en proveído de trece de noviembre de dos mil veintitrés, se requirió al Comisionado Estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en el Estado de Yucatán, las constancias relativas al expediente personal de Julián Nacif Azar Isaac, sin que a la fecha haya transcurrido el término de tres días concedido para tal efecto, En tal virtud, para dar margen a que las partes se impongan del contenido de dicho informe, de conformidad con lo establecido en el citado numeral, se difiere la audiencia constitucional señalada para tener verificativo el día de hoy y se fijan las DIEZ HORAS CON VEINTE MINUTOS DEL DOCE DE DICIEMBRE DE DOS MIL VEINTITRÉS. Por otra parte, agréguense a los presentes autos los escritos signados electrónicamente por la quejosa Alendy Jacqueline Gómez Piña. Siendo que con las promociones con registro 17058 y 17236 realiza diversas manifestaciones y ofrece diversas pruebas documentales; por tanto, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene por ofrecida la prueba documental que exhibe y de conformidad con lo establecido en el diverso ordinal 124 de la legislación de la materia, se tienen por formulados sus alegatos, para ser relacionados y tomados en consideración en la audiencia constitucional. Por otra parte, por lo que respecta a la promoción con registro 17235, téngase a la parte quejosa, solicitando se aclare el motivo por el que se tomaron como documentales simples las pruebas ofrecidas mediante las diversas promociones con registros 16615, 16616, 16618 y 16619; lo anterior, obedece a que las referidas documentales se tratan de documentos electrónicos y ya que no es posible que este juzgador pueda corroborar la calidad de dicho documento de manera física, son las partes quienes deberán señalar la calidad del documento (original, copia certificada o copia simple) y manifestar bajo protesta de decir verdad que el documento electrónico es copia íntegra e inalterada del documento impreso, exigencia que no es requerida cuando se tramita el juicio de amparo indirecto por escrito, pero que tratándose del juicio de amparo indirecto tramitado vía electrónica se encuentra plenamente justificada, en virtud de que el juzgador no puede realizar de manera fehaciente la valoración documental, lo cual se estima necesario a fin de conceder seguridad jurídica a las partes. Resulta aplicable a lo anterior la tesis I.13o.T.30 K (10a.), de Tribunales Colegiados de Circuito, con registro digital 2017112 de rubro y texto siguiente: DOCUMENTO ELECTRÓNICO. SU SIGNIFICADO PARA EFECTO DE LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO (ACUERDOS GENERALES CONJUNTOS NÚMERO 1/2013 Y 1/2015 DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, DEL TRIBUNAL ELECTORAL DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL). En atención a la creciente demanda del uso de medios electrónicos en la actualidad, la Ley de Amparo en su artículo 3o. establece que los gobernados pueden realizar promociones por escrito o vía oral, y que si es por escrito, prevé la posibilidad de hacerlo mediante el uso de medios electrónicos, para lo cual instituyó el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL), que está regulada por el Acuerdo General Conjunto Número 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) y al expediente electrónico, que en su artículo 12, inciso f), dispone que los documentos electrónicos ingresados por las partes a los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica, producirán los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa; también otorga la facultad de ingresar documentos públicos al expediente electrónico mediante el uso de la FIREL, indicando que éstos no perderán el valor probatorio que les corresponde conforme a la ley, pero anteponiendo la condicionante de que se presenten "bajo protesta de decir verdad" de que dicho documento electrónico es copia íntegra e inalterable del documento impreso. En este tenor, debe desentrañarse lo que se considera como "documento electrónico", para lo cual debe atenderse lo previsto en esa materia en el Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal, en cuyo numeral 2, fracción IV, dispone que el documento "digitalizado", es la versión electrónica de un documento impreso que se produce mediante un procedimiento de escaneo, y en su fracción V indica que el "documento electrónico", es el que se genera, consulta, modifica o procesa por medios electrónicos. Por tanto, el documento público que puede adjuntarse al expediente electrónico en el juicio de amparo mediante el uso de la FIREL, conforme al artículo 12, inciso f), segundo párrafo, citado, es el "electrónico", esto es, el que se genere, modifique, consulte o procese por medios electrónicos; y no una copia escaneada de su original, como puede ser un testimonio notarial, porque eso se traduce en un "documento digitalizado"; de ahí que deba ser el generado o procesado por medios electrónicos, que son las herramientas tecnológicas relacionadas con el procesamiento, impresión, despliegue, traslado, conservación y, en su caso, modificación de la información." NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    Mérida, Yucatán, trece de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos los escritos signados electrónicamente por la quejosa Alendy Jacqueline Gómez Piña, con los que hace diversas manifestaciones. Por lo que respecta al primero y segundo de los escritos (16604 y 16613) remitidos téngase a la aludida parte quejosa haciendo las manifestaciones que en vía de alegatos formula en su escrito de mérito, para ser tomadas en consideración como legalmente corresponda al momento de dictar la sentencia. Ahora bien, por lo que respecta a la solicitud de requerir a la autoridad responsable Comisionado Estatal de la Dirección General de Educación Tecnológica Industrial y de Servicios (DGETI) en el Estado de Yucatán, las constancias relativas al expediente personal de Julián Nacif Azar Isaac, con fundamento en los artículos 75 de la Ley de Amparo y 297 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, REQUIÉRASE a la aludida autoridad, para que dentro del término de tres días contados a partir de la fecha de la notificación del presente acuerdo, remita copia certificada de la totalidad de las constancias relativas al expediente personal Maestro Julián Nacif Azar Isaac; o en su caso manifieste la imposibilidad que tenga para tal efecto. Apercibida dicha autoridad, que de no cumplir con lo anterior, o no comunicar el impedimento que tenga para ello, se le impondrá, por desacato a un mandato de autoridad judicial, una multa por la cantidad de $5,187.00 (cinco mil ciento ochenta y siete pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cincuenta unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259 de la misma norma. De igual manera, téngase a la aludida quejosa pretendiendo dar cumplimiento al requerimiento de diecisiete de octubre del año curso; sin embargo, toda vez que en el diverso proveído de treinta de octubre del año en curso, se desechó la ampliación de la demanda intentada, esto por los motivos expuestos en el referido proveído, no ha lugar a tener por desahogado dicho requerimiento. Ahora bien, por lo que respecta a los posteriores cuatro registros (16615, 16616 16618 y 16619), remitidos electrónicamente por la quejosa Alendy Jacqueline Gómez Piña, mediante el cual exhibe diversas pruebas documentales en copia simple, en virtud, de que fueron enviadas vía electrónica sin la manifestación de que son copia íntegra e inalterada de los documentos originales de los que provienen, tal como indica el ordinal 3, fracción VI del acuerdo general 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se tiene por ofrecidas dichas documentales en copia simple, para ser relacionadas al momento de celebrarse la audiencia constitucional correspondiente. Sirve de apoyo a lo anterior, los siguientes criterios: "DOCUMENTALES PÚBLICAS REMITIDAS VÍA ELECTRÓNICA PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. PARA QUE SE LES RECONOZCA PLENO VALOR PROBATORIO ES REQUISITOINDISPENSABLE QUE, AL MOMENTO DE SU ENVÍO, SU OFERENTE MANIFIESTE, BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD, QUE SON COPIA ÍNTEGRA E INALTERADA DEL DOCUMENTO IMPRESO. De conformidad con el actual artículo 3o. de la Ley de Amparo, es optativo para las partes presentar sus promociones en forma impresa o electrónica, siendo que, en el segundo supuesto, el escrito deberá presentarse mediante el empleo de las tecnologías de la información, utilizando la firma electrónica, en términos de la regulación que para tal efecto emita el Consejo de la Judicatura Federal. Al desarrollar las atribuciones que sobre el particular le fueron conferidas por la ley de la materia y la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, el citado órgano expidió, conjuntamente con la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el Acuerdo General Número 1/2013, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 8 de julio de 2013, de cuyo artículo 12, primer y segundo párrafos, e inciso f), se desprende que la presentación de documentos, para ser agregados al expediente electrónico, requiere, primero, que sean enviados a través de los sistemas electrónicos mediante el uso de certificados digitales de firma electrónica y, segundo, que, para su envío, se utilice, precisamente, la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación, lo que será suficiente para que produzcan los mismos efectos que los presentados con firma autógrafa. Sin embargo, tratándose de las documentales públicas, el acuerdo de referencia prevé que no perderán su valor probatorio, siempre y cuando se manifieste, bajo protesta de decir verdad, que el documento electrónico relativo es copia íntegra e inalterada del impreso, es decir, respecto de esa clase de documentos se estableció una condición especial para que produzcan pleno valor probatorio en el juicio de amparo, consistente en la indicada protesta, sin la cual, el único valor probatorio que tendrán será el de copias simples." "DOCUMENTALES PÚBLICAS REMITIDAS VÍA ELECTRÓNICA PARA LA TRAMITACIÓN DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SI SE INSERTAN COMO IMAGEN EN LA PROPIA DEMANDA Y NO COMO ANEXO DE ÉSTA, INCUMPLEN CON EL REQUISITO DE SER UNA COPIA INALTERADA Y, POR TANTO, CARECEN DE PLENO VALOR PROBATORIO. Conforme al artículo 3, fracción VI, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, los documentos públicos que se ingresen al expediente electrónico mediante el uso de la Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (Firel) tendrán valor probatorio pleno, siempre que el promovente se ciña a las reglas que esa forma de trámite requiere, es decir, deben remitirse como anexos de su escrito de presentación, completos, sin alteraciones y con la protesta de decir verdad de que el documento digitalizado respectivo es copia íntegra e inalterada del documento impreso, pues únicamente en ese supuesto se estará en condiciones de evaluar su alcance probatorio; de ahí que si las documentales públicas remitidas vía electrónica para la tramitación del juicio de amparo indirecto se insertan como imagen en la propia demanda y no como anexo de ésta, ello implica que no cumplen con el requisito de ser una copia inalterada, por lo que no es factible concederles pleno valor probatorio." Por lo que respecta al séptimo escrito de cuenta (16785), téngase a la quejosa Alendy Jacqueline Gómez Piña, ofreciendo la prueba documental consistente en el original del oficio 1328 de treinta de octubre de dos mil veintitrés signado por la Directora de Normatividad dirigido al Titular del Área Especialidad en Quejas, Denuncias e Investigaciones del Ramo de Educación: en consecuencia, con fundamento en el artículo 119 de la ley de la materia se tienen por ofrecidas la aludida probanza, para ser relacionadas al momento de celebrarse la audiencia constitucional. Finalmente, agréguese el ultimo oficio de cuenta (16813), con el que el Secretario General del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación remite la copia certificada de la toma de nota de veintisiete de junio de dos mil veintitrés, lo anterior para los efectos legales que correspondan. NOTIFÍQUESE.

  4. Principal

    Mérida, Yucatán, treinta de octubre de dos mil veintitrés. Vista la cuenta que antecede, se aprecia que la autoridad responsable ******, no ha remitido las constancias que les fueron requeridas en proveídos de treinta y uno de julio de año en curso, catorce, veinticuatro de agosto, veintidós de septiembre y nueve de octubre del año que transcurre. Por tanto, con fundamento en los artículos 75, de la Ley de Amparo y 297, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de la Materia, mediante atento oficio que para tal efecto se gire requiérase por última ocasión a la autoridad responsable ********, para que dentro del término de tres días hábiles, legalmente computado, informe: - Respecto del cumplimiento a la suspensión definitiva decretada el quince de noviembre de dos mil veintidós, por el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y que le fue notificada mediante oficio 51660/2023, el diecisiete siguiente. - Si actualmente obra algún aseguramiento y/o embargo sobre la cuenta número *********, o bien, si el quejoso ******** puede disponer de los depósitos practicados a dicha cuenta, provenientes del Instituto Mexicano del Seguro Social. - Y, cuál fue el último deposito recibido a dicha cuenta por parte del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como la fecha de su cobro. Debiendo remitir debidamente certificadas la totalidad de las constancias que así lo acrediten. Apercibida dicha autoridad, que de no cumplir con lo anterior, se le impondrá, por desacato a un mandato de autoridad judicial, una multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), que equivale a cien unidades de medida y actualización, de conformidad con el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con el 259, de la misma norma. Finalmente, como se advierte de la cuenta que antecede, mediante Avisos de suspensión de labores de diecinueve y veinticinco de octubre pasado, suscritos por el Coordinador de Juezas y Jueces de Distrito del Decimocuarto Circuito y el Coordinador de los Tribunales Laborales Federales de Asuntos Individuales en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, se declararon inhábiles los días diecinueve, veinte, veintitrés, veinticuatro, veinticinco, veintiséis y veintisiete de octubre de este año, por lo que se suspendieron las labores. Ante ello, en virtud a que la fecha de audiencia incidental se encontraba señalada para las nueve horas con cuarenta y dos minutos del veinticinco de octubre de dos mil veintitrés, es evidente que no pudo realizarse pronunciamiento alguno. Por tanto, con el fin de no dejar en estado de indefensión a las partes, se señalan las nueve horas con treinta y dos minutos del diecisiete de noviembre de dos mil veintitrés, para que tenga verificativo la audiencia incidental en este asunto. NOTIFÍQUESE.

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