Alejo Torres Ramirez

Expediente 127/2017 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 2 actuaciones registradas, la última del 2 de agosto de 2017.

Datos del expediente

Expediente
127/2017
Año
2017
Actuaciones
2
Última actuación
02/08/2017

Partes del expediente

  • Alejo Torres Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, por medio del cual informa que por acuerdo de veintiuno de julio de dos mil diecisiete, el Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, admitió a trámite la demanda promovida por **. Por tanto, toda vez que no existe escrito alguno que acordar ni diligencia que celebrar, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, se ordena archivar el presente cuaderno de antecedentes, como asunto totalmente concluido. Notifíquese.

  2. Principal

    Téngase por recibida la demanda de amparo promovida por **, quien se ostenta como apoderado legal, quien reclama el Acuerdo A/059/2016, que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, así como la Nota Aclaratoria de este último, y otros. Con fundamento en el precepto 11 de la Ley de Amparo, este juzgado reconoce la personalidad con que se ostenta **, en virtud de que exhibe copia certificada del instrumento notarial veinte mil novecientos treinta, del cual se advierte que cuenta **. Fórmese el expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 127/2017-II, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes que lleva este Juzgado Federal, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 174 a 179 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince. A efecto de acordar lo conducente, se impone resaltar que del análisis de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señaló como actos reclamados, entre otros, el Acuerdo A/059/2016, que establece el cronograma de flexibilización de precios de gasolinas y diésel previsto en el artículo Transitorio Décimo Segundo de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2017, así como la Nota Aclaratoria de este último. A efecto de proveer lo conducente, resulta necesario transcribir el mismo, que dispone lo siguiente: "[.] ACUERDO Núm. A/059/2016 ACUERDO QUE ESTABLECE EL CRONOGRAMA DE FLEXIBILIZACIÓN DE PRECIOS DE GASOLINAS Y DIÉSEL PREVISTO EN EL ARTÍCULO TRANSITORIO DÉCIMO SEGUNDO DE LA LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2017 RESULTANDO. PRIMERO. Que el 20 de diciembre de 2013, se publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía. SEGUNDO. Que el 11 de agosto de 2014, se publicaron en el DOF los Decretos por los que se expiden, entre otras, la Ley de Hidrocarburos (LH) y la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética (LORCME). TERCERO. Que el 31 de octubre de 2014, se publicó en el DOF el Reglamento de las actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos (el Reglamento). CUARTO. Que el 15 de noviembre de 2016, se publicó en el DOF el Decreto por el que se expide la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 (LIF). QUINTO. Que el 24 de noviembre de 2016, la Comisión aprobó mediante resoluciones RES/1678/2016 y RES/1679/2016, los procedimientos de Temporada Abierta para la infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de petrolíferos de Pemex Logística. CONSIDERANDO PRIMERO. Que de conformidad con los artículos 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 2, fracción II, y 3 de la LORCME, la Comisión Reguladora de Energía (la Comisión) es una Dependencia de la administración pública federal centralizada con carácter de Órgano Regulador Coordinado en Materia Energética, que cuenta con autonomía técnica, operativa y de gestión, así como con personalidad jurídica propia. SEGUNDO. Que, de acuerdo con lo dispuesto por los artículos 81, fracción I, incisos a), c), e) y f) de la LH, 41, fracción I y 42 de la LORCME, la Comisión deberá regular, supervisar y promover el desarrollo eficiente de las actividades de transporte, almacenamiento, distribución, comercialización, expendio al público, así como Gestión de Sistemas Integrados de gasolinas y diésel (los Productos), así como promover la competencia en el sector, proteger los intereses de los usuarios, propiciar una adecuada cobertura nacional y atender la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. TERCERO. Que de conformidad con el artículo 81, fracciones VI y VIII de la LH, corresponde a la Comisión supervisar las actividades reguladas, con objeto de evaluar su funcionamiento conforme a los objetivos de la política pública en materia energética y, en su caso, tomar las medidas conducentes, tales como expedir o modificar la regulación, proveer información pública sobre los resultados de sus análisis y el desempeño de los participantes, así como recopilar información sobre precios, descuentos y volúmenes en materia de comercialización y expendio al público de los Productos, para fines estadísticos, regulatorios y de supervisión. CUARTO. Que, con fundamento en el artículo transitorio décimo tercero de la LH, la Comisión debe sujetar las ventas de primera mano y comercialización de petrolíferos a principios de regulación asimétrica, en tanto se logra mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo de los mercados. QUINTO. Que en la fracción II del artículo transitorio décimo cuarto de la LH se estableció que a partir del 1 de enero de 2017 o antes si las condiciones del mercado lo permiten, los permisos para importación de gasolinas y diésel podrán otorgarse a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables. En términos de lo anterior y contando con la opinión de la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) respecto del efecto que tendría en el proceso de libre concurrencia y competencia económica el otorgamiento de permisos de importación de gasolinas y diésel a particulares a partir del año 2016, la Secretaría de Energía manifestó, mediante aviso publicado en el DOF el 23 de febrero de 2016, que a partir del 1 de abril de 2016 dicha Secretaría otorgaría permisos de importación de gasolinas y diésel a cualquier interesado que cumpla con las disposiciones jurídicas aplicables, incluyendo las establecidas en el Acuerdo por el que se establece la clasificación y codificación de Hidrocarburos y Petrolíferos cuya importación y exportación está sujeta a Permiso Previo por parte de la Secretaría de Energía, publicado el 29 de diciembre de 2014 en el DOF y el que lo modifica, publicado el 30 de diciembre de 2015 en el mismo medio de difusión. SEXTO. Que de conformidad con la fracción I, inciso c) del artículo transitorio décimo cuarto de la LH, en relación con los mercados de gasolinas y diésel, se establecía que a partir del primero de enero de 2018 los precios al público se determinarían bajo condiciones de mercado, situación que se adelanta para 2017 de conformidad con el artículo transitorio décimo segundo, fracción I de la LIF. SÉPTIMO. Que la LIF establece en su artículo transitorio décimo segundo, fracción I que la Comisión, tomando en cuenta la opinión de la COFECE, emitirá los acuerdos o el cronograma de flexibilización para que durante los años 2017 y 2018 los precios al público de gasolinas y diésel se determinen bajo condiciones de mercado y por regiones del país; que la Comisión podrá, para adelantar la fecha de flexibilización, modificar los acuerdos o el cronograma de flexibilización referido con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro del país, entre otros factores, y deberá publicar en el DOF los acuerdos o el cronograma actualizado. OCTAVO. Que la LIF establece en su artículo transitorio décimo segundo, fracción II, a) que en las regiones del país en donde los precios al público de gasolinas y diésel no se determinen bajo condiciones de mercado y de conformidad con los acuerdos o el cronograma referidos en el Considerando Octavo, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) establecerá los precios máximos al público: ?con base en el precio de la referencia internacional, y en su caso las diferencias en calidad, las diferencias relativas entre regiones de costos de logística, las diferencias relativas entre centros de consumo de costos de distribución y de comercialización, así como de las diversas modalidades de distribución y expendio al público; ?procurando generar condiciones de abasto oportuno; ?teniendo como objetivo final la liberalización de los precios en la región que corresponda; ?aplicando la regulación asimétrica para el acceso a infraestructura en la región y/o en el resto del territorio nacional cuando así lo determine la Comisión. NOVENO. Que la LIF establece en su artículo transitorio décimo segundo, fracción II, b) que la SHCP emitirá un acuerdo que se publicará en el DOF a más tardar el 31 de diciembre de 2016 en el que se especifique la región, el tipo de combustible y periodo de aplicación durante el cual aplicarán los precios máximos al público de gasolinas y diésel referidos en el Considerando Noveno-Octavo. DÉCIMO. Que la LIF establece en su artículo transitorio décimo segundo, fracción III que la Comisión, previa opinión de la COFECE, debe comunicar a la SHCP las regiones, entre aquellas para las que decidió que los precios de gasolinas y diésel se determinarían bajo condiciones de mercado, en que se presenten aumentos en los precios que no correspondan a la evolución de los precios internacionales y de los costos de suministro para que dicha Secretaría establezca, por regiones o subregiones, precios máximos al público de conformidad con la fracción II del artículo transitorio décimo segundo de la LIF. UNDÉCIMO. Que, mediante las resoluciones a que hace referencia el Resultando Quinto. la Comisión aprobó la Temporada Abierta de la infraestructura de transporte por ducto y almacenamiento de Pemex Logística, de acuerdo con el calendario descrito en el Anexo 1. DUODÉCIMO. Que mediante el comunicado OPN-013-2016 del 5 de diciembre de 2016, la COFECE emitió opinión en relación con las consideraciones para efectos de la flexibilización de precios al público de gasolinas y diésel, las cuales se enlistan a continuación: (i) Existencia de opciones de suministro estable y eficiente; (ii) Disponibilidad de infraestructura de transporte y almacenamiento; (iii) Costo de abasto por región; (iv) Características de los mercados regionales de expendio al público, incluyendo niveles de concentración por agentes económicos; e (v) Integralidad o ponderación en conjunto de las consideraciones descritas. DECIMOTERCERO. Que las disposiciones previstas en la LIF, a las que hacen referencia los Considerandos Octavo a Undécimo, para adelantar de manera gradual y ordenada la determinación de los precios de gasolinas y diésel a partir de 2017 bajo condiciones de mercado, y de acuerdo con la opinión emitida por COFECE a la que hace referencia el Considerando Décimo Tercero, la Comisión consideró necesario tomar en cuenta los siguientes elementos a fin de establecer el cronograma para la flexibilización de precios a partir de condiciones de mercado: (i) Identificar las diferentes fuentes de suministro como distribuidores y comercializadores que permitan ofrecer gasolinas y diésel de origen nacional o de importación. Se han otorgado al 1 de diciembre de 2016, 269 permisos de distribución, 145 permisos de comercialización y 386 permisos de importación que pueden ofrecer la venta de gasolinas y diésel a usuarios finales y estaciones de servicio. (ii) Se determinó que la infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de Pemex Logística, existente antes de la Reforma Energética, deberá ofrecer acceso abierto. En paralelo, se encuentran en desarrollo inversiones para nueva infraestructura privada, como es el caso de 4 proyectos de almacenamiento y uno de distribución que obtuvieron permiso en 2016. Adicionalmente, se han otorgado 1,603 permisos de transporte por medios distintos a ducto, que permiten ofrecer alternativas de transporte. (iii) Las temporadas abiertas sobre la capacidad disponible de la infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto, permitirán conocer el valor de mercado de dichos servicios dando las señales sobre los costos de logística en diversas regiones del país. (iv) Que la Comisión desarrollará e implementará desde antes del inicio de la flexibilización, un sistema de monitoreo de las condiciones de precios y competencia en las diferentes regiones para detectar, entre otros, estaciones de servicio y distribuidores que, por sus características y ubicación de conformidad con la información disponible, y con base en criterios definidos, requieran de seguimiento particular o, que mediando opinión de COFECE, se requiera reportar, de acuerdo con la fracción III, del transitorio décimo segundo de la LIF, a la SHCP para que ésta establezca por regiones o subregiones, precios máximos al público. (v) Debido a que en la cadena de suministro y logística de las gasolinas y diésel se incorporan nuevos agentes económicos y el mercado es dinámico, se debe observar y estudiar de manera continua todas las variables anteriores y las señaladas en el Considerando anterior. DECIMOCUARTO. Que, de acuerdo con los elementos antes señalados, la Comisión realizó un análisis por regiones de las características de las estaciones de servicio, su ubicación y cercanía entre ellas, así como de las fuentes de suministro y medios de transporte y almacenamiento para determinar el cronograma de flexibilización de precios a partir de condiciones de mercado, de manera congruente con la Temporada Abierta referida en el Considerando Duodécimo-Undécimo. (i) Los estados de Baja California, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas y el municipio de Gómez Palacio en Durango (Zona Norte) cuentan con el 30% de las estaciones de servicio en el país, así como con el 40% de los distribuidores de gasolinas y diésel, adicionales a los tres sistemas de transporte por ducto y el 28% de los sistemas de almacenamiento permisionados en el país. (ii) La cercanía con la frontera norte, así como los puntos de importación marítima, permitirán a las estaciones de servicio ubicadas en los estados de la frontera norte contar con alternativas de suministro de fácil acceso, así como transporte por medios distintos a ducto para recibir producto de fuentes de producción cercanas en los Estados Unidos. (iii) La flexibilización de precios se realizará de manera ordenada, gradual y congruente con el calendario de apertura para la capacidad disponible de la infraestructura de Pemex Logística y permitiendo revisar el proceso. DECIMOQUINTO. Que la Comisión considera que la flexibilización de los precios en todo el país deberá ser congruente con el calendario de apertura de la capacidad disponible de la infraestructura de almacenamiento y transporte por ducto de Pemex Logística contenido en el Anexo 1. DECIMOSEXTO. Que la Comisión emite el presente calendario de flexibilización de conformidad con la Ley de Hidrocarburos y las reformas en la LIF con el objetivo desregular los precios al público de gasolinas y diésel, de manera ordenada y gradual, permitiendo que empiecen a revelarse los costos reales de suministro y se detone la entrada de nuevos agentes económicos en el mercado y en el desarrollo de infraestructura, pero notando que las condiciones de precio prevalecientes al inicio de la flexibilización no son necesariamente las que la Comisión considerará, previa opinión de COFECE, como aquellas que reflejan condiciones de mercado referidas en el artículo transitorio décimo segundo, fracción III de la LIF. DECIMOSÉPTIMO. Que, para dar adecuado cumplimiento a los mandatos del artículo transitorio décimo segundo de la LIF, la Comisión considera necesario dar seguimiento y, en su caso, actualizar las condiciones de la flexibilización de precios de gasolinas y diésel, con apoyo de la información sobre estructura corporativa y de capital, desarrollo de nueva infraestructura, comportamiento e incorporación de nuevos agentes económicos a partir del inicio de la flexibilización de precios de gasolinas y diésel. Empleando también los instrumentos previstos en la misma ley. DECIMOCTAVO. Que la Comisión considera que la flexibilización de precios también es aplicable a las ventas de primera mano. En aquellos casos en que el procedimiento de Temporada Abierta de la infraestructura de Pemex Logística se declare desierta para algún sistema o activo, la Comisión evaluará, con base en participación de agentes económicos diferentes a Pemex Transformación Industrial en el mercado mayorista de combustibles, si continuará aplicando la regulación asimétrica a las ventas de primera mano señalada en el artículo transitorio décimo tercero de la LH. Lo anterior, sin perjuicio de la flexibilización de los precios al público en las regiones señaladas en el Anexo 2. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en el artículo 28, párrafo octavo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 2, fracción III, y 43 Ter de la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal; 2, fracción II, 3, 4, párrafo primero, 5, 14, fracción I, 22, fracciones I, II, III, VIII, IX, X, XXVI, inciso a), y XXVII, 27, 41, fracción I, y 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética; 1, 2, fracción IV, 48, fracción II, 81, fracciones I, incisos c) y e) VI y VIII, 84, fracciones VI y XV, y 121 de la Ley de Hidrocarburos; 1, 3, 5, fracciones III, V, y VI, 7, 54 del Reglamento de las Actividades a que se refiere el Título Tercero de la Ley de Hidrocarburos, y 2, 4, 13, 16, fracciones VI y VII, y 69 H de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo, la Comisión: ACUERDA PRIMERO. La Comisión Reguladora de Energía emite el cronograma de flexibilización para que los precios de gasolinas y diésel se determinen bajo condiciones de mercado en los términos señalados en los Considerandos Duodécimo a Decimoséptimo. anteriores y que se presenta en el Anexo 2 de este Acuerdo, como si a la letra se insertara. SEGUNDO. La emisión del cronograma conforme lo señalado en la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017 no constituye una declaratoria de competencia efectiva. TERCERO. La Comisión Reguladora de Energía, previo aviso al permisionario, dará seguimiento específico a aquellas estaciones de servicio que, debido a las condiciones del mercado local en que operan, podrían ejercer poder de mercado en perjuicio de los consumidores. CUARTO. La Comisión Reguladora de Energía actualizará, en su caso, el cronograma de flexibilización para que los precios de gasolinas y diésel se determinen con base en la evolución de las condiciones de mercado y el desarrollo de la infraestructura de suministro, entre otros factores. QUINTO. La Comisión Reguladora de Energía realizará, en su caso, los ajustes necesarios en la metodología de cálculo de precios de venta de primera mano Decimoctavo. SEXTO. El presente Acuerdo se publicará en el Diario Oficial de la Federación y sólo podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 11 de agosto de 2014. SÉPTIMO. Inscríbase el presente Acuerdo bajo el número A/059/2016, en el registro a que se refieren los artículos 22, fracción XXVI, y 25, fracción X, de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, y 59, fracción I, del Reglamento Interno de la Comisión Reguladora de Energía. [.]" (lo destacado es propio) Ahora bien, de transcripción que antecede, se advierte que el punto sexto del acuerdo citado señala que podrá impugnarse a través del juicio de amparo indirecto, conforme a lo dispuesto por el artículo 27 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que señala lo siguiente: "Artículo 27.- Las normas generales, actos u omisiones de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética podrán ser impugnados únicamente mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Solamente en los casos en que impongan multas, éstas se ejecutarán hasta que se resuelva el juicio de amparo que, en su caso, se promueva. Cuando se trate de resoluciones de dichos Órganos Reguladores Coordinados emanadas de un procedimiento seguido en forma de juicio, sólo podrá impugnarse la que ponga fin al mismo por violaciones cometidas en la resolución o durante el procedimiento; las normas generales aplicadas durante el procedimiento sólo podrán reclamarse en el amparo promovido contra la resolución referida. En ningún caso se admitirán recursos ordinarios o constitucionales contra actos intraprocesales. En las decisiones fundadas y motivadas que sean aprobadas por los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, no podrá alegarse un daño o perjuicio en la esfera económica por aquéllos que realicen las actividades reguladas." Ahora bien, como el acto reclamado deriva de una disposición emitida por un órgano encargado de regular la materia energética en el País, conviene realizar algunas precisiones en torno a las reformas en materia energética. El dos de diciembre de dos mil doce, se firmó por el Presidente de la República y los líderes nacionales de las tres principales fuerzas políticas del país, el denominado "Pacto por México, el cual se compone de cinco acuerdos, de los que destacan para el tema que nos ocupa, el de "Crecimiento Económico, Empleo y Competitividad". En dicho acuerdo se propuso intensificar la competencia económica en todos los sectores de la economía, con especial énfasis en sectores estratégicos como telecomunicaciones, transporte, servicios financieros y energía, por ser fundamental ya que la competencia, se dijo, permite la generación de productos y servicios de mejor calidad a menores precios, lo que incentiva el crecimiento de la economía, ayuda a reducir la desigualdad y la pobreza, así como detona procesos de innovación que fomentan el dinamismo económico, social y cultural. Se expresó que para profundizar la competencia económica de México se instrumentaría una política de Estado basada en un arreglo institucional que la dotara de fuerza y permanencia. Como inicio de esa política de Estado se planteó la creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones, con el fin de dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. En dicho acuerdo se propuso realizar una reforma energética que fuera motor de inversión y desarrollo, para lo cual se señaló que se impulsaría una reforma energética que convirtiera a ese sector en uno de los más poderosos motores del crecimiento económico a través de la atracción de inversión, el desarrollo tecnológico y la formación de cadenas de valor. De igual forma, el once de junio de dos mil trece, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones, entre otros el artículo 28 Constitucional de cuya iniciativa destaca lo siguiente: "Como inicio de esta política de Estado se plantean las siguientes acciones: [...] Creación de Tribunales especializados en materia de competencia económica y telecomunicaciones. Se realizarán las reformas necesarias para crear tribunales especializados que permitan dar mayor certeza a los agentes económicos al aplicar de manera más eficaz y técnicamente informada los complejos marcos normativos que regulan las actividades de telecomunicaciones y los litigios sobre violaciones a las normas de competencia económica. (Compromiso 38). Asimismo, propone la creación de órganos reguladores con autonomía constitucional, con las facultades necesarias para asegurar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, y asegurar condiciones de competencia y libre concurrencia, tanto en los sectores referidos, como en la actividad económica en general [...] Con tal propósito se proponen diversas adiciones al artículo 28 de la Constitución a efecto de crear de (sic) la Comisión Federal de Competencia Económica y el Instituto Federal de Telecomunicaciones, como órganos constitucionales autónomos, con las facultades necesarias para cumplir eficazmente con su objeto. Tribunales especializados y efectividad de las resoluciones. Una parte importante de la regulación en materia de competencia y de telecomunicaciones es su aplicación efectiva. La mejor regulación será incapaz de lograr sus objetivos si no se puede aplicar por la interposición de medios de impugnación y litigios múltiples, que en muchas ocasiones tienen la intención de ganar tiempo para eludir la regulación u obtener un beneficio económico. El tiempo que pasa entre la emisión de la regulación y su aplicación es vital para la efectividad de la misma. Una sanción contra una práctica monopólica o una declaración de poder dominante en el mercado requiere una aplicación eficaz y ágil, para detener las prácticas monopólicas antes de que las mismas eliminen a los competidores y ocasionen que el mercado sea acaparado por el monopolista en forma irremediable. En los últimos años, ha existido una alta cantidad de litigios sobre las resoluciones en esta materia, lo que ha impedido en la práctica una mayor competencia en los mercados. Al respecto, la OCDE, en el estudio sobre políticas y regulación de telecomunicaciones en México, consideró que 'Puede decirse que el actual sistema jurídico, aunado al frecuente uso del amparo, constituye el principal factor que impide la aplicación de la regulación en México. La consecuencia, como explica el informe, es una entidad reguladora incapaz de regular, pues la responsabilidad de la implementación efectiva de la regulación queda en manos de los tribunales. Esta estructura es sin duda ineficiente y su resultado insostenible.' El problema esencial no es la existencia de acceso a la justicia, el cual es un derecho fundamental de toda persona, sino evitar que las empresas en mercados vitales como los del sector de las telecomunicaciones y la radiodifusión, abusen del sistema de justicia para frenar la regulación que busca reducir su poder de mercado o detener prácticas anticompetitivas. Las decisiones de las autoridades en esta materia deben estar sujetas a revisión, sin embargo, lo que debe evitarse es que las impugnaciones tengan como principal objetivo la suspensión de la acción reguladora y detengan o retrasen las decisiones tomadas por los órganos competentes, prevaleciendo el interés particular sobre el interés de la sociedad. ... Por lo anterior, es urgente dotar a las autoridades del sector de las herramientas necesarias para llevar a cabo su labor. Se requiere que los tribunales que conozcan de impugnaciones contra resoluciones de órganos reguladores en materia de competencia económica, telecomunicaciones y radiodifusión no suspendan su aplicación, con el objeto de salvaguardar el interés de la sociedad en la prestación de estos servicios. Asimismo, para reducir el número de impugnaciones ante los tribunales (en ocasiones por el mismo actor) y que las decisiones en estas materias sean congruentes, es necesario que los juicios se concentren en tribunales especializados, con objeto de evitar criterios contradictorios que complican la aplicación de la ley y generan incertidumbre jurídica. Esto también permitirá que los juzgadores que resuelvan estas impugnaciones puedan especializarse para conocer los aspectos técnicos de la regulación en materia de competencia, telecomunicaciones y radiodifusión que, de suyo, reviste una alta complejidad. Con el objeto de atender esta problemática y especializar el control jurisdiccional sobre las resoluciones de los órganos colegiados encargados de la regulación en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica, así como clausurar las vías de litigiosidad que propicia actualmente la posibilidad de controvertir dichas resoluciones a través del juicio contencioso administrativo federal, el juicio ordinario administrativo en materia de competencia económica y el juicio de amparo, la iniciativa propone reformar el artículo 28 constitucional para establecer que las normas, actos u omisiones de la Comisión Federal de Competencia Económica y del Instituto Federal de Telecomunicaciones sólo podrán ser impugnados mediante el juicio de amparo indirecto y no serán objeto de suspensión. Asimismo, se propone modificar el párrafo quinto del artículo 94 constitucional para que el Consejo de la Judicatura Federal incluya en la determinación del número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, a Juzgados y Tribunales Especializados en Radiodifusión, Telecomunicaciones y Competencia Económica. Con estas reformas se da cumplimiento al compromiso número 38 del Pacto por México, consistente en la creación de Tribunales Especializados en Materia de Competencia Económica y Telecomunicaciones, así como al número 39, relativo a las impugnaciones de las resoluciones de los órganos reguladores, a través de las cuales se ha logrado eludir el cumplimiento de las mismas.". De dicha reforma constitucional es posible determinar la creación de la rama del derecho económico regulatorio y dentro de este el derecho de competencia económica, el cual se dejó a cargo de órganos autónomos cuyas resoluciones sólo son impugnables vía juicio de amparo indirecto ante los órganos jurisdiccionales especializados en la materia; ello con la finalidad de brindar certeza a los agentes económicos mediante la aplicación eficaz y técnicamente informada de los marcos normativos que regulan esas actividades. El veinte de diciembre de dos mil trece, se publicó el Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en Materia de Energía, de lo que destaca la adición al artículo 28 de la Constitución, a través del cual se crea la Comisión Reguladora de Energía. Asimismo, en la iniciativa que dio origen a dicha reforma destaca lo siguiente: Como parte de las reformas que se plantean a consideración del Congreso de la Unión, estaba el fortalecimiento de los órganos reguladores en materia energética, ya que no podría entenderse una reforma como a la que se aspiraba y la que la sociedad demandada, sin instituciones fuertes, independientes y autónomas. Que dicho artículo se convierta en el referente constitucional de los órganos reguladores, es decir, que contemple al Banco de México como regulador de la política monetaria del país, al Instituto Federal de Telecomunicaciones y a la Comisión Federal de Competencia Económica, incorporados de manera reciente al texto constitucional, por lo que se reagrupaban en apartados específicos para cada uno de dichos órganos, pero además se incorporaba al Fondo Mexicano del Petróleo, a la Comisión Reguladora de Energía y la Comisión Nacional de Hidrocarburos, como órganos encargados de regular la materia energética del país. En lo que respecta a la Comisión Reguladora de Energía, se reitera se propuso se incorporara dentro del artículo 28 constitucional como parte de los órganos reguladores en materia energética, que tendrá bajo su responsabilidad el otorgamiento, la autorización y la revocación de permisos o concesiones para la generación y distribución de energía eléctrica que realizaran los particulares, así como para la refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos, conforme a las disposiciones, requisitos y condiciones que contemplara la legislación que el Congreso de la Unión aprobara. Se señaló que como parte de los órganos reguladores propuestos la Comisión Reguladora de Energía será un órgano autónomo dotado de personalidad jurídica y patrimonio propio, que deberá regular la generación, control operativo, transmisión, distribución, comercialización, así como el desarrollo eficiente del suministro y venta de energía eléctrica, que realizaran el Estado y los particulares. Con la reforma propuesta, se expuso, dicha Comisión será el órgano regulador de las actividades de refinación, procesamiento, distribución, transporte y almacenamiento del petróleo y de los hidrocarburos que realizara el Estado por sí mismo, los operadores de manera independiente o ambos de manera conjunta. Asimismo, fomentara una sana competencia entre los distintos operadores, incluida la Comisión Federal de Electricidad, protegería los intereses de los usuarios, propiciaría una adecuada cobertura nacional y atendería a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios. De igual forma, se resalta lo dispuesto en el artículo 42 de la Ley de los Órganos Reguladores Coordinados en Materia Energética, que dispone lo siguiente: "Artículo 42.- La Comisión Reguladora de Energía fomentará el desarrollo eficiente de la industria, promoverá la competencia en el sector, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios." Expuesto lo anterior, resulta importante mencionar que de conformidad con lo establecido por el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este órgano jurisdiccional tiene competencia para conocer de los asuntos en materia administrativa que ahí se prevé. Dicho precepto señala: "Artículo 52. Los jueces de distrito en materia administrativa conocerán: I. De las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de las leyes federales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad o de un procedimiento seguido por autoridades administrativas; II. De los juicios de amparo que se promuevan conforme a la fracción VII del artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, contra actos de la autoridad judicial en las controversias que se susciten con motivo de la aplicación de leyes federales o locales, cuando deba decidirse sobre la legalidad o subsistencia de un acto de autoridad administrativa o de un procedimiento seguido por autoridades del mismo orden; III. De los juicios de amparo que se promuevan contra leyes y demás disposiciones de observancia general en materia administrativa, en los términos de la Ley de Amparo; IV. De los juicios de amparo que se promuevan contra actos de autoridad distinta de la judicial, salvo los casos a que se refieren las fracciones II del artículo 50 y III del artículo anterior en lo conducente; V. De los amparos que se promuevan contra actos de tribunales administrativos ejecutados en el juicio, fuera de él o después de concluido, o que afecten a personas extrañas a juicio; y VI. De las denuncias por incumplimiento a las declaratorias generales de inconstitucionalidad emitidas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto de normas generales en materia administrativa, en términos de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Además de dicho numeral, se tiene presente el contenido de los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y los artículos 81, fracciones IV, V, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los cuales establecen lo siguiente: "CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS Artículo 94. [.] El Consejo de la Judicatura Federal determinará el número, división en circuitos, competencia territorial y especialización por materias, entre las que se incluirá la de radiodifusión, telecomunicaciones y competencia económica, de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. [.]" "LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN. Artículo 81. Son atribuciones del Consejo de la Judicatura Federal: [.] IV. Determinar el número y los límites territoriales de los circuitos en que se divida el territorio de la República; V. Determinar el número y, en su caso, especialización por materia de los tribunales colegiados y unitarios en cada uno de los circuitos a que se refiere la fracción IV de este artículo; VI. Determinar el número, límites territoriales y, en su caso, especialización por materia, de los juzgados de distrito en cada uno de los circuitos; [.] XXIV. Dictar las disposiciones necesarias para regular el turno de los asuntos de la competencia de los tribunales de circuito o de los juzgados de distrito, cuando en un mismo lugar haya varios de ellos; [.]" "Artículo 144. Para los efectos de esta ley, el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal. En cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá mediante acuerdos generales, el número de Plenos de Circuito, tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales." (Énfasis añadido) Conviene precisar que mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. El artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, establece lo siguiente: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." (Resaltado añadido) De lo anterior, así como de los artículos en cita, se advierte que el Consejo de la Judicatura Federal debía establecer tribunales colegiados de circuito y juzgados de distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Con base en tales obligaciones legales, en sesión de siete de agosto de dos mil trece, el Consejo de la Judicatura Federal, aprobó el "ACUERDO GENERAL 22/2013, DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, RELATIVO A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS JUZGADOS CUARTO Y QUINTO DE DISTRITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN, Y SU TRANSFORMACIÓN COMO JUZGADOS PRIMERO Y SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL, Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. A LA CONCLUSIÓN DE FUNCIONES DE LOS TRIBUNALES COLEGIADOS SEGUNDO Y TERCERO DE CIRCUITO DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN Y SU TRANSFORMACIÓN COMO PRIMER Y SEGUNDO TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES, CON RESIDENCIA EN EL DISTRITO FEDERAL Y JURISDICCIÓN TERRITORIAL EN TODA LA REPÚBLICA. ASÍ COMO SU DOMICILIO, FECHA DE INICIO DE FUNCIONAMIENTO Y A LAS REGLAS DE TURNO, SISTEMA DE RECEPCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE ASUNTOS ENTRE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES INDICADOS. Y AL CAMBIO DE DENOMINACIÓN DE LA OFICINA DE CORRESPONDENCIA COMÚN DEL CENTRO AUXILIAR DE LA PRIMERA REGIÓN", el cual en sus artículos SEGUNDO y SEXTO determinó lo siguiente: "SEGUNDO.- A partir del diez de agosto de dos mil trece el Juzgado Cuarto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Primero de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional. En esa misma fecha, el Juzgado Quinto de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, se transforma e inicia funciones como Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República, con la plantilla autorizada para ese órgano jurisdiccional." "SEXTO. Los órganos judiciales que inician funciones tendrán jurisdicción territorial en toda la República y las atribuciones previstas en los artículos 37, fracciones I, inciso b), II, III, IV, V, VI, VII, VIII, y IX, 38 y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y, serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones." (Énfasis añadido) En relación con la competencia de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, conviene conocer el contenido de la ejecutoria derivada de la contradicción de tesis 5/2014 pronunciada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes seis de marzo de dos mil quince, donde el referido Pleno de Circuito determinó los elementos que deben tomarse en consideración para determinar la competencia de esos juzgados especializados. Agregó, como criterio orientador para definir los actos inmersos en la competencia material de los Juzgados de Distrito administrativos especializados (competencia económica), que resulta necesario traer a colación el objeto y los fines establecidos en la Ley de la Comisión Reguladora de Energía, los cuales consisten en: "ARTÍCULO 1.- La Comisión Reguladora de Energía, órgano desconcentrado de la Secretaría de Energía, gozará de autonomía técnica, operativa, de gestión y de decisión en los términos de esta Ley. ARTÍCULO 2.- La Comisión tendrá por objeto promover el desarrollo eficiente de las actividades siguientes: I. El suministro y venta de energía eléctrica a los usuarios del servicio público; II. La generación, exportación e importación de energía eléctrica, que realicen los particulares; III. La adquisición de energía eléctrica que se destine al servicio público; IV. Los servicios de conducción, transformación y entrega de energía eléctrica, entre las entidades que tengan a su cargo la prestación del servicio público de energía eléctrica y entre éstas y los titulares de permisos para la generación, exportación e importación de energía eléctrica; V. Las ventas de primera mano del gas, del combustóleo y de los petroquímicos básicos. Por venta de primera mano se entenderá la primera enajenación que Petróleos Mexicanos y sus subsidiarios realicen en territorio nacional a un tercero y para los efectos de esta Ley se asimilarán a éstas las que realicen a terceros las personas morales que aquellos controlen; VI. El transporte y distribución de gas, de los productos que se obtengan de la refinación del petróleo y de los petroquímicos básicos, que se realice por medio de ductos, así como los sistemas de almacenamiento que se encuentran directamente vinculados a los sistemas de transporte o distribución por ducto, o que forman parte integral de las terminales de importación o distribución, de dichos productos; VII. El transporte y distribución de bioenergéticos que se realice por ductos, así como el almacenamiento de los mismos que se encuentren directamente vinculado a los sistemas de transporte o distribución por ducto, así como las terminales de importación o distribución de dichos productos; VIII. Se deroga. Para los efectos de esta Ley, se entenderá por actividades reguladas las mencionadas en las fracciones anteriores. En el cumplimiento de su objeto, la Comisión contribuirá a salvaguardar la prestación de los servicios públicos, fomentará una sana competencia, protegerá los intereses de los usuarios, propiciará una adecuada cobertura nacional y atenderá a la confiabilidad, estabilidad y seguridad en el suministro y la prestación de los servicios.". (Énfasis Añadido) De la transcripción anterior, se advierte que se concluyó que tratándose de los actos vinculados con los temas comprendidos en el marco normativo anteriormente transcrito, se actualiza la competencia material de los Juzgados de Distrito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. Ahora bien, como se ha dicho en los párrafos precedentes, respecto de los actos aquí reclamados corresponde conocer a los juzgados de Distrito especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, a través del juicio de amparo indirecto que se promueva en contra de dicho acuerdo, emitido por la Comisión Reguladora de Energía y publicada en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero dos mil dieciséis, pues esta´ vinculado con un tema de competencia económica, ya que involucra el proceso de competencia en un sector de interés general y prioritario, como es el energético, que exige imponer una regulación especial para al efecto de garantizar y lograr a la postre la competencia efectiva en el mercado, regulando asimétricamente a Petróleos Mexicanos, con el objeto de limitar su poder dominante en ese mercado y evitar abusos dentro de este, en tanto se logra una mayor participación de agentes económicos que propicien el desarrollo eficiente y competitivo del mercado en cuestión; de ahí´ que al estar relacionada la naturaleza de esa resolución con la especialidad en competencia económica, y no con la administrativa genérica, el conocimiento de esos juicios de amparo corresponde a los citados órganos judiciales especializados. Sin que sea óbice a lo anterior, que los actos reclamados se atribuyan a diversas autoridades administrativas, ya que si bien se trata de autoridades administrativas, también lo es que se trata de actos reclamados con el tema de competencia económica, lo que constitucionalmente se reservó a los Juzgados Especializados. Así las cosas, para conocer de un juicio de amparo por razón de materia, se debe atender fundamentalmente a la naturaleza del acto reclamado, prescindiendo de la calidad de la autoridad que lo haya emitido; por eso se determina, que la competencia para conocer del presente juicio, le corresponde al Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Apoya la anterior determinación, la Jurisprudencia 83/98, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo VIII, diciembre de 1998, consultable en su página veintiocho, de rubro: "COMPETENCIA POR MATERIA. SE DEBE DETERMINAR TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA DE LA ACCIÓN Y NO LA RELACIÓN JURÍDICA SUSTANCIAL ENTRE LAS PARTES." Así como la jurisprudencia por contradicción de tesis XXXIII.CRT. J/4 A (10a.), sustentada por el Pleno de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, el viernes seis de marzo de dos mil quince, de rubro siguiente: "COMPETENCIA POR MATERIA DE LOS JUZGADOS DE DISTRITO ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. DEBE DETERMINARSE ATENDIENDO PRIMORDIALMENTE AL ANÁLISIS OBJETIVO DE LA NATURALEZA DEL ACTO RECLAMADO.". Igualmente, por el criterio que informa la jurisprudencia número 2a./J. 84/2016 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II, Página: 1092, Décima Época, Registro: 2012188, de rubro y texto siguientes: "TRIBUNALES COLEGIADOS DE CIRCUITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADOS EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSIÓN Y TELECOMUNICACIONES. SON COMPETENTES PARA CONOCER, ENTRE OTROS SUPUESTOS, DE LOS ACTOS RECLAMADOS A LA COMISIÓN FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA O AL INSTITUTO FEDERAL DE TELECOMUNICACIONES. Para fijar la competencia por materia en el juicio de amparo debe atenderse a la naturaleza del acto reclamado y de la autoridad responsable. En ese sentido, además de lo sostenido en la tesis 2a./J. 119/2015 (10a.),* cuando se impugnen, entre otros supuestos, actos emitidos por la Comisión Federal de Competencia Económica o por el Instituto Federal de Telecomunicaciones relativos al uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, a las redes y a la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, a la libre competencia y concurrencia, a los actos relativos a la prevención, investigación y combate de monopolios y prácticas monopólicas, concentraciones y demás restricciones al funcionamiento eficiente de los mercados, la competencia se surte en favor del Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones; y cuando se reclame una resolución derivada de actos realizados por una autoridad administrativa, y tanto la naturaleza de la autoridad responsable como la del acto reclamado son administrativas, corresponde conocer del asunto a un Tribunal Colegiado en Materia Administrativa sin que sea el Especializado. Por ello, con apoyo en los artículos 48 de la Ley de Amparo y 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, en el Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y al número a la Jurisdicción territorial y especialización por Materia de los Tribunales de Circuito y de los Juzgados de Distrito, del Acuerdo 22/2013, así como el artículo 6, apartado b), de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, este juzgador de Distrito determina carecer de competencia legal para conocer de la demanda de amparo y la DECLINA a favor de un Juez de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno, a quien estima competente para conocerla, por los motivos expuestos, por lo que ordena enviarle los autos, solicitándole el acuse de recibo correspondiente, en que se sirva precisar si acepta o no, la competencia que se plantea a su conocimiento especializado. Fórmese el cuaderno de antecedentes respectivo con copia de las constancias pertinentes. En otro aspecto, conforme al artículo 48 de la Ley de Amparo, cuando se presenta una demanda de amparo ante un juez de distrito y éste estime carecer de competencia, la remitirá de plano, con sus anexos, al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión ni sobre la suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales. Domicilio procesal y autorizados. En otro aspecto, con base en el arábigo 27, fracción I, de la Ley de la Materia, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que precisa en la demanda de amparo, esto es el ubicado en **. Ahora bien, tomando en consideración que dicho domicilio se encuentra fuera de la residencia de este juzgado, con fundamento en los artículos 298, 300 y 301 del Código Federal de Procedimientos Civiles, gírese despacho al Juez Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial del Estado en turno, con residencia en Cuautla, Morelos, para que, en auxilio de las labores de este órgano jurisdiccional, ordene a quien corresponda a fin de que comisione a uno de los actuarios de su adscripción para que notifique a la parte quejosa, por conducto de su apoderado legal el presente auto, mismo que se agrega debidamente autorizado a la comunicación oficial de mérito, en el domicilio citado en el párrafo precedente. Así también, deberá requerirlo para que en el acto de la diligencia o dentro del término de tres días, contado a partir de que surta efectos la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones en la ciudad de Cuernavaca, Morelos, apercibiéndolas que de no hacerlo así, las subsecuentes notificaciones aún las de carácter personal, se le harán por medio de lista, en términos de lo que establece el artículo 27, fracción II, y 29 ambos de la Ley de Amparo; habilitando desde este momento días y horas inhábiles para llevar a cabo las diligencias encomendadas. Una vez realizado lo anterior, se solicita sean remitidas a este órgano de control constitucional las constancias de emplazamiento respectivas. También, en atención a lo dispuesto en la parte final del párrafo segundo del artículo 12 del cuerpo normativo en cita, se tiene por autorizada con facultades amplias al profesionista que indica, en razón de que acreditó tener registrada la cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a que se refieren los artículos 261 a 266 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se expide el similar que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo; y reforma y deroga diversas disposiciones de otros acuerdos generales. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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