Alejo López Galán
Expediente 420/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Ensenada. 2 actuaciones registradas, la última del 6 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 420/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 06/10/2016
Partes del expediente
- Alejo López Galán
- Jorge Cárdenas Ceseña
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que el término cinco días para que la parte quejosa recurriera el acuerdo de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, en el que se desechó la demanda de amparo ya feneció, sin que se haya interpuesto recurso; por lo que con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha quedado firme el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo.
- Principal
Ensenada, Baja California, siendo el día veintisiete de septiembre de dos mil dieciséis, en virtud de que ya transcurrieron los dos días otorgados por la nueva ley de la materia, para que la parte quejosa o sus autorizados, acudieran a éste juzgado a notificarse personalmente, sin que lo hubieren hecho; el suscrito Actuario, con fundamento en el artículo 27 fracción I inciso b, de la nueva Ley de Amparo hago efectivo el apercibimiento contenido en el A V I S O de veintidós de septiembre de dos mil dieciséis, dejado en el domicilio procesal de la parte quejosa, por lo que se ordena la notificación del auto de veinte de septiembre de dos mil dieciséis, que a la letra dice: Se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por *****, contra actos de: 1. Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, con sede en Mazatlán, Sinaloa. 2. Subdelegado de Pesca, de la Secretaria de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural y Pesca, con sede en esta ciudad. 3. Unidad de Asunto Jurídicos de la Comisión Nacional de Acuacultura y Pesca, con sede en Mazatlán, Sinaloa. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y en el Libro de Gobierno de este Juzgado, bajo el número420/2016-I-C. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo establece que el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano. En la especie, este Juzgado Federal advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 107, fracción III, inciso a), el último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III. Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo segundo en forma de juicio, siempre que se trate de: a) La resolución definitiva por violaciones cometidas en la misma resolución durante el procedimiento si por virtud de estas últimas hubiere quedado sin defensa el quejoso, trascendiendo al resultado de la resolución." El artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo es improcedente en los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política o de la propia Ley de Amparo. La fracción XXIII debe interpretarse en el sentido de que las causas de improcedencia que ahí se contemplan deben derivar necesariamente de cualquier mandamiento de la propia Ley de Amparo o de la Constitución Política, lo que de suyo implica que las veintidós primeras fracciones del artículo 61 de la Ley de Amparo sólo establecen algunos de los supuestos de improcedencia del juicio de amparo, pero esos supuestos no son los únicos en que dicho juicio puede estimarse improcedente, pues existen otras causas previstas en algunos preceptos de la Constitución Política y la Ley de Amparo. El artículo 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo establece que el juicio de amparo indirecto procede contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, siempre que se trate de la resolución que en definitiva se dicte en el mismo En resumen, conforme al artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 107, fracción III, inciso a), éste último en sentido contrario, ambos de la Ley de Amparo, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra actos dentro de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio que no se trate de la resolución definitiva o de actos en el procedimiento que sean de imposible reparación (de acuerdo con el diverso inciso b) de la propia porción normativa). La causa de improcedencia invocada se actualiza en virtud de lo siguiente: Para los efectos de la procedencia del juicio de amparo indirecto, en los términos de la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo, el concepto procedimiento administrativo seguido en forma de juicio, comprende aquéllos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, como los procedimientos mediante los que la autoridad prepara su resolución definitiva con intervención del particular. Es aplicable la jurisprudencia de rubro y texto siguientes: "PROCEDIMIENTOS EN FORMA DE JUICIO SEGUIDOS POR AUTORIDADES DISTINTAS DE TRIBUNALES A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 114, FRACCIÓN II, PÁRRAFO SEGUNDO, DE LA LEY DE AMPARO. SU CONCEPTO COMPRENDE TANTO AQUELLOS EN QUE LA AUTORIDAD DIRIME UNA CONTROVERSIA ENTRE PARTES CONTENDIENTES, COMO LOS PROCEDIMIENTOS MEDIANTE LOS QUE LA AUTORIDAD PREPARA SU RESOLUCIÓN DEFINITIVA CON INTERVENCIÓN DEL PARTICULAR. La Ley de Amparo establece que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expeditez de las diligencias procedimentales. Tal es la estructura que dicha Ley adopta en el amparo directo, así como en los procedimientos de ejecución y en los procedimientos de remate, como lo establece en sus artículos 158 y 114, fracción III, respectivamente. Por tanto, al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 acabado de citar, que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva, debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio", comprendiendo aquellos en que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe de aplicarse la misma regla, conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. Contradicción de tesis 39/2000-PL. Entre las sustentadas por el Segundo Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Séptimo Circuito y el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 14 de marzo de 2003. Cinco votos. Ponente: Juan Díaz Romero. Secretario: José Luis Rafael Cano Martínez. Tesis de jurisprudencia 22/2003. Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintiocho de marzo de dos mil tres. " En la invocada jurisprudencia, la Segunda Sala del Máximo Tribunal consideró en esencia, que tratándose de actos dentro de un procedimiento, la regla general, con algunas excepciones, es que el juicio constitucional sólo procede hasta la resolución definitiva, ocasión en la cual cabe alegar tanto violaciones de fondo como de procedimiento, sistema que tiene el propósito de armonizar la protección de las garantías constitucionales del gobernado, con la necesidad de asegurar la expedites de las diligencias procedimentales. Asimismo, destacó que al establecer el segundo párrafo de la fracción II del artículo 114 de la Ley de Amparo (vigente hasta el dos de abril de dos mil trece), que cuando el acto reclamado de autoridades distintas de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, emanen de un procedimiento en forma de juicio, el amparo sólo procede en contra de la resolución definitiva; debe interpretarse de manera amplia la expresión "procedimiento en forma de juicio"; numeral en mención que guarda similitud con la fracción III del artículo 107 de la Ley de Amparo en vigor. A ese respecto, la referida Sala consideró que en esa expresión debían comprenderse todos aquellos procedimientos en los que la autoridad dirime una controversia entre partes contendientes, así como todos los procedimientos en que la autoridad, frente al particular, prepara su resolución definitiva, aunque sólo sea un trámite para cumplir con la garantía de audiencia, pues si en todos ellos se reclaman actos dentro de procedimiento, en todos debe aplicarse la misma regla; conclusión que es acorde con la interpretación literal de dicho párrafo. Bajo esa línea de pensamiento y partiendo de la base de que el procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades constituye un procedimiento seguido en forma de juicio para los efectos del juicio de amparo, resulta de vital importancia establecer en qué momento procesal se inicia el procedimiento y en qué momento culmina. Lo anterior, a efecto de determinar si los actos que se reclaman, se encuentran fuera, dentro o después de concluido el procedimiento seguido en forma de juicio. En esa tesitura, para que proceda el juicio de amparo, es necesario que el quejoso reclame la resolución que ponga fin al procedimiento, o en su caso, algún acto en el procedimiento que sea de imposible reparación; lo que no ocurre en la especie, pues acude a impugnar el auto de inicio del procedimiento administrativo de determinación de responsabilidades, que, como se vio, son actos intermedios en ese procedimiento seguido en forma de juicio, lo que no surte los extremos del numeral 107, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia examinada, en forma manifiesta e indudable, se desecha de plano la demanda amparo indirecto, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Por último, se tiene a la parte quejosa señalando domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en su escrito de demanda, y por autorizados en los términos que indica a las personas mencionadas en el mismo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito a este Juzgado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente.
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