Alejo González Márquez
Expediente 194/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán. 25 actuaciones registradas, la última del 28 de diciembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 194/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 25
- Última actuación
- 28/12/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Alejo González Márquez
- Alejo González Márquez y Otros.
- Juez Mixto del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán
Actuaciones
Las 4 más recientes de 25.
- Principal
Morelia, Michoacán, veintiocho de diciembre de dos mil veintidós. Ejecutoria. De la certificación de cuenta se desprende que, a la fecha, transcurrió el plazo legal de que disponía la parte quejosa para recurrir la sentencia definitiva que negó el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que lo hubiera hecho; por tanto, con fundamento en los artículos 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al artículo 2, de la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Archivo. Se ordena el archivo definitivo de este cuaderno, para lo cual, se instruye al secretario encargado del asunto para que coteje que todas las constancias físicas, así como las que forman parte del expediente electrónico son coincidentes entre sí, situación que deberá ser certificada. Hecho lo anterior, deberá entregarlo al área correspondiente para la anotación en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. Valoración. En términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto es susceptible de DEPURACIÓN. Por otra parte, con apoyo en el artículo 18, una vez que transcurra el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá depurarse el presente juicio, conforme al penúltimo párrafo del citado numeral; hecho lo anterior transfiérase a la Dirección General de Archivo y Documentación, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el artículo 27 del acuerdo normativo. Incidente de suspensión. Toda vez que, previo a la remisión de los autos originales del juicio de amparo en que se actúa, el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, resolvió respecto de la suspensión solicitada por la parte quejosa, dentro del juicio de amparo 886/2021 de su índice, en el que se concedió la suspensión provisional y la definitiva, de conformidad con el citado Acuerdo General, se considera que el original del cuaderno incidental es susceptible de DEPURACIÓN. Atento a lo anterior, una vez que transcurran tres años a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo la depuración de los autos en que se actúa; por lo que únicamente se deberá conservar las resoluciones relativas al otorgamiento de la suspensión, su incumplimiento y el proveído que acuerde sobre su archivo como asunto concluido. Después, materializar la trasferencia de la serie documental restante, en conjunto con el expediente principal, al depósito dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación que sea indicado, previa petición que al efecto se realice. Duplicado del incidente de suspensión. Ahora, por lo que ve al duplicado del cuadernillo incidental, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, se comisiona al personal designado como encargado del archivo de este órgano jurisdiccional, para que lleve a cabo su destrucción; ello, siempre y cuando exista el expediente original. Devolución de tomos de pruebas. Finalmente, en atención a que resulta innecesario conservar los tomos de pruebas que remitió el juez responsable como complemento a su informe justificado, se ordena su devolución en dos cuadernos; en el entendido de que servirá como acuse de los mismos la constancia que al efecto genere este juzgado. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, en términos de los artículos 3, fracción XI, y 252 y 263, fracción I, de los Acuerdos Generales 12/2020, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, y el diverso que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, respectivamente; y da fe la persona secretaria Angélica Estefanía Aponte Ayala.
- Principal
VISTOS, los autos para resolver, el juicio de amparo indirecto 194/2022, promovido por Alejo González Márquez, por derecho propio, por alegada violación de los artículos 1o, 14, 16, 17, 18, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, atribuida al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de los Reyes, Michoacán, y otras autoridades, este órgano jurisdiccional ha decidido: NEGAR EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL Lo anterior al tenor de las siguientes: CONSIDERACIONES: PRIMERO. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Del estudio integral de la demanda se advierte que la parte quejosa reclama: Del Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán: La orden de aprehensión dictada en su contra. Del Director de Mandamientos Judiciales, Coordinador General de la Policía de Investigación y Jefe de Grupo de la Policía de Investigación, todas pertenecientes a la Fiscalía General del Estado de Michoacán. La ejecución del mandato de captura emitido por la autoridad ordenadora. SEGUNDO. Competencia. Este Juzgado, es competente para resolver el presente asunto, en términos de los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 49 y 61, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que, la orden de aprehensión reclamada fue dictada por una autoridad que reside en Los Reyes, Michoacán, donde este juzgado ejerce jurisdicción. TERCERO. Verificación de certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, así como a la Directora de Mandamientos Judiciales y al Coordinador General de la Policía de Investigación, ambos de la Fiscalía General del Estado de Michoacán, toda vez que lo reconocieron expresamente al rendir sus respectivos informes justificados. Certeza que se corrobora con las constancias que la autoridad ordenadora remitió junto con su informe, consistentes en el expediente original de la causa penal 315/2006, que se sigue en contra del quejoso Alejo González Martínez y otros, por la comisión de los delitos de homicidio y abuso de autoridad, en perjuicio de la persona que en vida respondió al nombre de Manuel Torres Cuevas, con las que se ordenó formar dos tomos de prueba, los cuales tienen pleno valor en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 2º de este último ordenamiento. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917- 2000, registro: 394182, del tenor literal siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena." De igual forma, debe tenerse por cierto el acto de ejecución que se atribuye a la autoridad responsable Director de la Policía de Investigación de la Fiscalía General de Justicia del Estado, con sede en Morelia, no obstante de que lo haya negado; toda vez que, como se puso en evidencia, la autoridad responsable ordenadora aceptó que giró orden de aprehensión en contra del quejoso. De ahí que la negativa de la ejecución de la misma se vea desvirtuada, pues existe la instrucción de ejecutar el referido mandato de captura. Cobra aplicación en lo conducente, la tesis de Jurisprudencia cuyos rubro y texto son del tenor literal siguiente: "ACTO RECLAMADO, NEGATIVA DEL. CUANDO QUEDA DESVIRTUADA. Si la autoridad ejecutora responsable, niega los actos que se le reclaman y consta en autos el oficio de que el Juez de la causa, autoridad ordenadora señalada como responsable en el amparo, lo envió a la ejecutora y mediante él le ordena lleve a cabo aquellos autos, así como la diligencia actuarial de la que se advierte que sí fueron realizados, la circunstancia de que no se haya cumplimentado el acuerdo judicial en la fecha en que se llevó a cabo la diligencia de referencia, en modo alguno significa la inexistencia de los actos que se le atribuyen, si los mismos son una consecuencia legal inmediata de los que previene el mandamiento judicial cuestionado y el efecto de los mismos depende tan sólo de que surjan o se llenen determinadas condiciones. Por lo tanto, cabe estimar que si con dichas constancias queda demostrada la existencia cierta y necesaria de los actos reclamados, queda también desvirtuada la negativa expresada por la autoridad ejecutora al rendir su informe justificado y que, por tales motivos, no es correcto sobreseer en el juicio de garantías". CUARTO. Análisis de las causales de Improcedencia. Las partes no alegan causas de improcedencia, ni de oficio este órgano de control constitucional advierte la actualización de alguna, por lo que se procederá al análisis de los conceptos de violación. QUINTO. Estudio de los conceptos de violación. Es innecesario transcribir las desavenencias formuladas por la parte quejosa, pues no existe disposición que obligue a ello. Sin embargo, a efecto de cumplir con el principio de congruencia deviene ilustrativo sintetizarlas de la siguiente manera. Señala el quejoso que las autoridades responsables violan en su perjuicio las garantías de legalidad, seguridad jurídica y de libertad tuteladas por los artículos 14 y 16 Constitucionales, toda vez que se trata de ejecutar una orden de aprehensión en su contra sin que se le haya seguido un juicio por autoridad competente y bajo las formalidades de ley. Expone que de conformidad con el primer párrafo del artículo 16 la ley suprema, las autoridades sólo pueden actuar cuando la ley se los permite y en los términos que la ley determine, lo cual incide en que todo acto de molestia debe constar en mandamiento escrito de autoridad competente que lo funde y motive con firma autógrafa del respectivo funcionario. Argumenta que se dictó una orden de aprehensión en su contra sin que haya cometido hecho con apariencia de delito y sin satisfacer los requisitos que todo acto de molestia requiere. Son infundados los conceptos de violación, sin que en el caso se advierta queja que suplir en términos del artículo 79, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, dado que, quien esto resuelve, considera que lejos de beneficiar al quejoso lo perjudica o no le es favorable, ya que esto implicaría perfeccionar de alguna manera el acto reclamado, lo que no es objeto del juicio de amparo, habida cuenta que la orden de aprehensión reclamada no transgrede los derechos fundamentales del quejoso previstos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Apoya lo anterior, la tesis 2ª./J.67/2017 (10ª), emitida por sustitución, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, materia común, Décima Época, del Semanario Judicial de la federación, Registro 2014703, de rubro y texto siguiente: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE. SÓLO DEBE EXPRESARSE SU APLICACIÓN EN LA SENTENCIA CUANDO DERIVE EN UN BENEFICIO PARA EL QUEJOSO O RECURRENTE (LEY DE AMPARO VIGENTE HASTA EL 2 DE ABRIL DE 2013). La figura de la suplencia de la queja deficiente prevista en el artículo 76 Bis de la Ley de Amparo abrogada, consiste en examinar cuestiones no propuestas por el quejoso o recurrente en sus conceptos de violación o agravios, respectivamente; sin embargo, no debe ser absoluta en el sentido de expresar su aplicación, sino sólo en aquellos casos donde el juzgador la considere útil para favorecer al beneficiado y, por ende, resulte procedente el amparo, por lo que no debe incluirse en la motivación de la sentencia el estudio del acto reclamado en suplencia cuando dicho análisis, lejos de beneficiar al promovente, lo perjudique o no le reporte utilidad alguna. Bien, a fin de sustentar lo infundado de los motivos de inconformidad expuestos por el quejoso, se estima necesario transcribir en lo con ducente el contenido de los artículos 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 225 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Michoacán (aplicable al caso en particular, porque el acto reclamado deriva de una causa penal iniciada en el año dos mil seis, cuando estaba vigente dicho ordenamiento), los cuales por su orden disponen: "De la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos: "Artículo 16. [.] No podrá librarse orden de aprehensión sino por la autoridad judicial y sin que preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad y obren datos que establezcan que se ha cometido ese hecho y que exista la probabilidad de que el indiciado lo cometió o participó en su comisión." "Del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Michoacán: "Articulo 225.- Requisitos para librar orden de aprehensión.- Para que un juez pueda librar orden de aprehensión contra una persona se requiere: I.- Que el Ministerio Público la solicite; II.- Que el delito imputado tenga señalada cuando menos pena privativa de la libertad; III.- Que haya precedido denuncia, acusación o querella de un hecho determinado que la ley señale como delito; y, IV.- Que existan datos que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad del indiciado". De los artículos transcritos se advierte que una orden de aprehensión es constitucional cuando reúne los siguientes requisitos: a) Que sea dictada por autoridad judicial competente; b) Que le preceda denuncia o querella de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad; y, c) Que existan datos suficientes que acrediten los elementos que integran el tipo penal y la probable responsabilidad de la persona involucrada. Requisitos que este órgano jurisdiccional advierte se encuentran satisfechos. En efecto, de las constancias que integran la causa penal 315/2006 que en original remitió la autoridad responsable ordenadora Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, se desprende que a foja 1254 del tomo II de pruebas obra glosada la orden de aprehensión dictada el dieciséis de junio del año dos mil siete, en contra del aquí quejoso Alejo González Martínez y otros, como probable responsable de la comisión de los delitos de homicidio calificado y abuso de autoridad, en perjuicio de la persona que en vida respondiera a Manuel Torres Cuevas. Por lo que ve a la competencia de la autoridad para emitir el acto reclamado, también se actualiza, por tratarse de un juez en ejercicio del poder jurisdiccional en materia penal, en términos de los artículos 38, fracción II, y 39 del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Michoacán. Ello además, tomando en consideración que los hechos delictivos acontecieron en un lugar donde legalmente ejerce jurisdicción la autoridad responsable, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 35 y 36, fracción XI, de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado; entonces, es claro que la Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, es competente para emitir el acto reclamado. El requisito identificado con el inciso b), relativo a que al acto reclamado le preceda denuncia, querella o su equivalente, de un hecho que la ley señale como delito, sancionado con pena privativa de libertad, se cumplió en el caso, dado que como señaló el juez responsable existió denuncia penal presentada el veintitrés de junio de dos mil cinco, ante el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador, por Laura Torres Cuevas, la cual se constituye como el medio idóneo para que la autoridad encargada de la investigación de los delitos pueda dar inicio a la indagatoria, esto en razón de la naturaleza del hecho y a la calificación jurídica otorgada al mismo por la Fiscalía, por lo que incluso, era innecesario que los familiares de la víctima directa hicieran patente su deseo de denunciar el hecho en contra de quien resultara responsable, al tratarse el primero de los hechos delictivos de aquéllos que se persiguen de oficio y por ello, la constancia de noticia criminal es en sí misma es suficiente para tener por acreditado el supuesto de que se trata. En cuanto a la fundamentación y motivación de la orden de captura, del mismo modo, el juez responsable cumplió con ésta disposición constitucional; así es, pues de las constancias que en vía de justificación remitió, se advierte que giró orden de aprehensión al quejoso, el dieciséis de junio de dos mil siete, por considerarlo probable responsable en la comisión de los delitos de homicidio, previsto y sancionado en términos de los artículos 260 y 264, del Código Penal del Estado de Michoacán; y abuso de autoridad, previsto y sancionado en términos de los artículos 185, fracción IX, y 186 de dicho ordenamiento legal; esto es, se trata de delitos sancionados con pena privativa de la libertad. Finalmente, respecto del último de los requisitos previsto en el citado artículo 225 del Código Penal del Estado, para dictar una orden de aprehensión, al igual que los anteriores también se encuentra satisfecho -como lo estableció el juez responsable-. Elementos que integran el tipo penal: En efecto, en cuanto a la existencia de datos suficientes para acreditar los elementos que integran el tipo penal, que en términos de los artículos 260 y 185, fracción IX del Código Penal del Estado, la responsable los señaló como: Por lo que respecta al delito de homicidio: La existencia previa de una vida humana; La privación de esa vida; y, La privación de esa vida sea resultado de una conducta humana causa-externa. En cuanto al delito de abuso de autoridad: Que un servidor público o comisionado, cualquiera que fuere su categoría. En ejercicio de sus funciones o con motivo de ellas hiciere violencia a una persona sin causa legítima, o la vejaren injustificadamente o la insultaren. El Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, tuvo por satisfechos los elementos que integran el tipo penal de homicidio, con las siguientes pruebas: 1. Acta de levantamiento, descripción, media filiación y fe ministerial de lesiones del cadáver del sexo masculino que en vida respondiera al nombre de Manuel Torres Cuevas, practicada por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador, con residencia en Los Reyes, Michoacán, de la que se advierte que el citado agente investigador tuvo a la vista el cadáver del citado Torres Cuevas quien presentaba herida de entrada de proyectil de arma de fuego corto, contusa localizada en la cara anterior del muslo derecho de cuatro por tres centímetros, herida de salida de proyectil de arma de fuego contusa localizada en la cara posterior del muslo derecho, herida de entrada producida por penetración de proyectil de arma de fuego de forma circular de seos milímetros localizada en la región parietal izquierda aproximadamente de cuatro centímetros de la cien izquierda. 2. Dictamen pericial en criminalística elaborado por perito adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la entonces Procuraduría General de Justicia del Estado, relacionado con el levantamiento del cadáver de Manuel Torres Cuevas, en el que el citado especialista concluyó que por la posición en que encontró el cadáver, la posición misma corresponde a la real e inmediata al ocurrir el deceso; que por las lesiones cortoconstuso y cortocontundente producidas por arma de fuego, establece que fue lesionado en repetidas ocasiones produciendo su deceso; que las ropas del occiso se conservaron en el estado original; que la búsqueda y recolección de indicios se encontraron las armas de las cuales dio fe el representante social investigador; que observó en el techo de la loza de la marquesina de la construcción vecina un impacto, y otro más a una distancia de un metro con treinta centímetros al lado poniente, localizado sobre la marquesina descrita. 3. Fe ministerial de armas de fecha veintiuno de junio de dos mil cinco, levantada por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de los Leyes, Michoacán, quien dio fe de que ante él se presentaron Fidel Jiménez Jacobo, Ramiro Puga Vargas, Alejo González Márquez y Candelario Ruelas Mendiola, Agentes Ministeriales y Jefe de Grupo de la Policía Ministerial, todos de esa ciudad, quienes en lo que aquí interesa se advierte que Alejo González Márquez, presentó ante esa autoridad: una arma larga M16, marca COTL M16, matrícula HO6869Z, calibre 556 mm, de número P0047, expedida por la Procuraduría -ahora Fiscalía- General de Justicia del Estado que ampara la portación de dicha arma. 4. Fe ministerial de armas de fuego y arma blanca de veintiuno de junio de dos mil cinco, levantada por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de este Distrito Judicial, quien dio fe de tener a la vista una carabina de recargue o de chispa fabricación casera con culata y guardamonte de manera color café, con cañón y recamar de persecución de uno punto doce centímetros de longitud; un arma de fuego portátil tipo revolver marca H&R arms company de fabricación norteamericana, calibre punto veintidós, matrícula 306179 despavonada, cachas de resina color transparente en regular estado de uso y conservación con capacidad de abastecimiento de ocho cartuchos útiles, la cual encontró con siete cartuchos percutidos y uno útil; un machete con empañaduras de negras de metal y hoja de aproximadamente setenta centímetros. 5. Acta de reconocimiento de cadáver de quien en vida respondió a Manuel Torres Cuevas, levantada por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de delitos de ese distrito judicial, de veintiuno de junio de dos mil cinco, en la que comparecieron María Cuevas Vargas y María Torres Cuevas y manifestaron sin temor a equivocación que recocían e identificaban el cadáver del sexo masculino que tuvieron a la vista como el de la persona que en vida respondiera a Manuel Torres Cuevas, por ser madre y hermana, respectivamente del occiso. 6. Necropsia del ofendido directo Manuel Torres Cuevas, emitida por el médico Forense Mario Odín Ramírez Ramos, perito médico forense adscrito a la Dirección de Servicios Periciales de la antes Procuraduría General de Justicia del Estado, quien concluyó que la causa que determinó la muerte del citado ofendido directo, se debió a consecuencia de la desorganización de tejido nervioso central secundaria a penetración de proyectil de arma de fuego. 7. Declaración Ministerial de Teresita Ávila Carabez, de veintiuno de junio de dos mil cinco, quien manifestó -entre otras cosas- que en la madrugada de ese día su esposo Manuel Torres Cuevas, tuvo una discusión con unos sujetos que se encontraban 'escandalizando' en la calle a quienes les disparó y regresó nuevamente a su domicilio; que ese mismo día a las ocho horas con treinta minutos, llegaron a su domicilio elementos de la policía ministerial, -entre ellos- Alejo González Márquez, solicitando al agraviado que saliera para platicar sobre los hechos acontecidos en la madrugada de ese día, pero que su esposo se negó y que sin más el inculpado (aquí quejoso) en su calidad de Jefe de Grupo de la Policía Ministerial junto con los elementos de la policía a su cargo únicamente con una orden de localización y presentación, rodearon la vivienda del ofendido, se subieron a la azotea y bardas del mismo exigiéndole al sujeto pasivo que se entregara quien lejos de obedecer sacó de su habitación una escopeta, una pistola y un machete y realizó varios disparos en contra de los elementos policiacos; que el citado Jefe de grupo ingresó al domicilio del ofendido por una escalera y se enfrentó al ahora occiso, quien le dijo que lo mataran, respondiéndole el ofendido que eso es lo que quería y que en ese momento se escucharon varios disparos, y que al salir la testigo del interior del domicilio vio a su esposo tirado en el suelo y al Jefe de Grupo de la Policía Alejo González Márquez quien una vez que ultimó a tiros a su esposo levantó su gorra y los casquillos y ordenó a la declarante que se metiera a su cuarto. 8. Testimonio de Fidel Jiménez Jacobo, rendido el siete de septiembre de dos mil seis, quien manifestó que el veintiuno de junio de dos mil cinco, se desempeñaba como agente de la Policía Ministerial del Estado, destacamentado en esa ciudad, que a la una hora con treinta minutos aproximadamente recibió una llamada telefónica en su domicilio por parte de Ramiro Puga Vargas, también elemento policiaco y quien se encontraba de guardia en las oficinas de la Policía quien le informó que tenía reporte de que en el área de urgencias del hospital del seguro social de esa localidad se encontraba una persona lesionada por arma de fuego y que en el lugar se encontraban dos personas que estaban con la persona herida; que a las cinco horas con treinta minutos de ese día, informaron que esa persona herida respondía al nombre de Jaime Ochoa Chávez y que acababa de fallecer y que quien le quitó la vida había sido Manuel Torres Cuevas; por lo que el Agente del Ministerio Público giró orden de localización y presentación en contra del ahora occiso Manuel Torres Cuevas, por lo que junto con otros elementos se trasladaron al domicilio de este último a fin de cumplimentar la orden de localización, pero que eso no fue posible porque el buscado no abrió la puerta y decía que no se iba a entregar; que después de un rato el declarante se comunicó con el jefe de grupo de la policía Alejo González Márquez para informarle lo sucedido, quien momentos después arribó a ese lugar y caminando hacia la azotea de la casa de Torres Cuevas invitándolo a que se entregara éste le disparó en varias ocasiones por lo que en ese momento los elementos de la policía accionaron sus armas disparando hacia el viento, pero en ese momento el Jefe de Grupo Alejo González caminó por la azotea hasta llegar a la marquesina de la casa del buscado hasta llegar a unas escaleras de concreto, bajó al tercer escalón y gritó a Manuel "deja tu chingadera o te quieres morir hijo de tu puta madre", por lo que Manuel Torres dejó su escopeta en el suelo y fue cuando el Jefe de Grupo bajo hasta el patio y en determinado momento Manuel nuevamente tomó su escopeta con la cual apuntó al Jefe de Grupo y éste a aquél, quedando ambos frente a frente con las armas que traían, momento en el cual comenzaron a forcejear, tomando Manuel un machete cañero que tenía recargado en su puerta con el que tiró un golpe a Alejo tirándole la gorra y que como eso sucedió en el interior, el declarante escuchó tres detonaciones de arma de fuego que realizó el Jefe de Grupo Alejo González Márquez en la humanidad de Manuel Torres Cuevas. 9. Declaración de Ramiro Puga Vargas, de siete de septiembre de dos mil seis, quien manifestó que en el mes de junio de dos mil cinco, se desempeñaba como elemento de la Policía Ministerial del Estado, encontrándose destacamentado en Los Reyes Michoacán bajo el mando del Jefe de Grupo de la Policía de nombre Alejo González Márquez; que ese día el veintiuno de junio de dos mil cinco, junto con otros elementos se trasladaron al domicilio de Manuel Torres Cuevas a fin de cumplimentar una orden de localización y presentación, pero que eso no fue posible porque al llegar al domicilio de éste no abrió la puerta y decía que no se iba a entregar; que después de un rato el declarante se comunicó con el jefe de grupo de la policía Alejo González Márquez para informarle lo sucedido, quien momentos después arribo a ese lugar y caminando hacia la azotea de la casa de Torres Cuevas invitándolo a que se entregara éste le disparó en varias ocasiones por lo que en ese momento los elementos de la policía accionaron sus armas disparando hacia el viento, pero en ese momento el Jefe de Grupo Alejo González caminó por la azotea hasta llegar a la marquesina de la casa del buscado hasta llegar a unas escaleras de concreto, bajo al tercer escalón y gritó a Manuel "deja tu chingadera o te quieres morir hijo de tu puta madre", por lo que Manuel Torres dejó su escopeta en el suelo y fue cuando el Jefe de Grupo bajo hasta el patio y en determinado momento Manuel nuevamente tomó su escopeta con la cual apuntó al Jefe de Grupo y éste al aquél, quedando ambos frente a frente con las armas que traían, momento en el cual comenzaron a forcejear, tomando Manuel un machete cañero que tenía recargado en su puerta con el que tiró un golpe a Alejo tirándole la gorra y que como eso sucedió en el interior, el declarante escuchó tres detonaciones de arma de fuego que realizó el Jefe de Grupo Alejo González Márquez en la humanidad de Manuel Torres Cuevas. Medios de prueba que, el juez responsable acertadamente les concedió pleno valor probatorio en términos de los artículos 209, 264, 289, 291, 302, 309, 325, 331 y 333 del Código de Procedimientos Penales del Estado (vigente en la época de los hechos), toda vez que determinó que por lo que respecta a las documentales éstas fueron practicadas por autoridad competente en ejercicio de las atribuciones que le confiere el artículo 21 constitucional, además, de que las diligencias practicadas por el Ministerio Público para su validez, no es necesario repetirlas por autoridad judicial; además en cuanto a los dictámenes periciales por haber sido emitidos por perito oficial, con conocimientos especiales sobre la materia que versa, advirtiéndose que el profesional que lo suscribe, sustentó su determinación pericial en conocimientos científicos propios de su profesión, teniendo en cuenta tanto el examen externo e interno del cadáver de Manuel Torres Cuevas, y para arribar a su conclusión primordialmente atendió a su capacidad cognoscitiva; finalmente, por lo que respecta a las declaraciones de los testigos, les concedió valor probatorio por tratarse de personas que por su edad, capacidad e instrucción tienen criterio necesario para juzgar el acto por el que depusieron porque el hecho sobre el que declararon lo conocieron en forma directa por medio de los sentidos, sus declaraciones fueron claras y precisas y sin que de autos se apreciara que se condujeran con parcialidad, engaño, error o soborno. Ahora, por lo que respecta al delito de abuso de autoridad, la autoridad responsable tuvo por acreditados los elementos del delito con los siguientes medios de convicción: 1. Copia cotejada por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador de la credencial expedida al indiciado Alejo González Márquez, por la Procuraduría General del Estado de Michoacán que lo acreditaba como Jefe de Grupo de la Policía Ministerial. 2. Copia certificada por el Director General de Servicios Administrativos de la Procuraduría General de Justicia -ahora Fiscalía- relativa al nombramiento y/o movimiento de personal expedida por la oficialía mayor del Gobierno del Estado en la que se hace constar que Alejo González Márquez ocupaba el cargo de Jefe de Grupo de la entonces Policía Judicial. 3. Oficio 115 de veintiuno de junio de dos mil cinco suscrito por Víctor Manuel Reyes Silva, Agente del Ministerio Público Investigador, mediante el cual ordenó la localización de Manuel Torres Cuevas en el Andador Francisco Javier Mina esquina con calle Hidalgo de la Colonia Obrera de los Reyes Michoacán al Jefe de Grupo de la Policía a efecto de que se recabara su declaración ministerial en la averiguación previa 026/2005-III integrada por el delito de homicidio en agravio de Jaime Ochoa Chávez. 4. Declaración de los atestes Teresita Ávila Caravez, Fidel Jiménez Jacobo, Ramiro Puga Vargas, Juan Jesús Medina Fernández, Diego López Manzo y Salvador Hernández Alvarado, quienes depusieron en los términos antes indicados. 5. Reconstrucción de hechos de veintiuno de agosto de dos mil seis, practicada por el Agente Tercero del Ministerio Público Investigador con la presencia del entonces Jefe de Grupo de la Policía Ministerial Alejo González Márquez, los agentes ministeriales a su cargo y la esposa del occiso Manuel Torres Cuevas. 6. Dictamen pericial de reconstrucción de hechos sobre el deceso de Manuel Torres Cuevas, practicado por los peritos criminalistas José Alfredo Álvarez Alfaro y Víctor Manuel Guzmán Téllez. 7. Declaración ministerial del inculpado Alejo González Márquez, de veintiuno de junio de dos mil cinco. Medios de prueba a los cuales la autoridad responsable acertadamente concedió valor probatorio en términos de los artículos 106, 107, 116, 209, 264, 289, 291, 302, 314, 325, 330, 331, 333, 353 del Código Instrumental de la materia, por reunir cada uno de los citados elementos probatorios los requisitos de ley; y con los cuales el juez responsable, tuvo por acreditados los elementos del cuerpo del delito de abuso de autoridad, en tanto que de los mismos se desprende que el indiciado Alejo González Márquez, el veintiuno de junio de dos mil cinco, se desempeñaba como Jefe de Grupo de la Policía Ministerial del Estado destacamentado en Los Reyes, Michoacán, con lo que se demostró que en ese momento tenía la calidad de servidor público, dado en nombramiento expedido por el oficial mayor del Gobierno del Estado, quien en cumplimiento al oficio 115 de veintiuno de junio de ese año, signado por el Agente Tercero Investigador de ese distrito, se constituyó en el domicilio del occiso Manuel Torres Cuevas, a fin de cumplimentar una orden de comparecencia, por lo que dicho servidor se encontraba actuando en ejercicio de sus funciones; de igual forma que con los citados elementos probatorios se demostraba que el citado inculpado aquí quejoso se excedió en sus funciones ejerciendo violencia física ya que disparó en diversas ocasiones contra la humanidad de Manuel Torres Cuevas, cuando la orden que llevaba era simplemente la de localización y presentación de éste, por lo que no se justificó la conducta asumida por aquél al dispararle en diferentes ocasiones provocando su deceso, lo que resultó arbitrario y excesivo en su comisión y por lo tanto integradora del delito de abuso de autoridad. En efecto, como lo determinó el juez responsable, esas pruebas engarzadas conducen a acreditar el cuerpo de los delitos de homicidio y abuso de autoridad, pues de ellas se advierten datos e indicios graves de manera concurrente que indican que alguien en su carácter de servidor público en ejercicio de sus funciones, el veintiuno de junio de dos mil cinco, con un arma de fuego, ocasionó lesiones que causaron la muerte a Manuel Torres Cuevas. Probable responsabilidad. Ahora, por cuanto hace a la probable responsabilidad de Alejo González Márquez, aquí quejoso, el Juez Mixto de Primera Instancia de los Reyes, Michoacán, resolvió que se encuentra acreditada principalmente con los medios de prueba con los cuales tuvo por demostrados los elementos del cuerpo de los delitos de homicidio previsto en el artículo 260 del Código Penal del Estado de Michoacán; y abuso de autoridad previsto en el artículo 185 del mismo ordenamiento legal. En efecto, de la resolución reclamada en esta instancia constitucional se advierte que el juez responsable determinó acreditada la probable responsabilidad con el acta de reconocimiento e identificación de cadáver del sujeto pasivo, a la cual, nuevamente le otorga pleno valor probatorio de conformidad con el artículo 328 del Código de Procedimientos Penales del Estado de Michoacán. Medio de prueba que correctamente el juez responsable concatena con la declaración en relación con los hechos a cargo de Teresita Ávila Carabez, Ramiro Puga Vargas, Juan Jesús Medina Fernández, Diego López Manzo y Salvador Hernández Alvarado; así como con la reconstrucción de hechos y los dictámenes periciales las cuales en ese apartado sobre la probable responsabilidad de nueva cuenta asienta los hechos narrados por cada uno de esos testigos, los que ya han quedado anteriormente expuestos en esta resolución, a los cuales el juez responsable les otorga valor probatorio de conformidad con los artículos antes señalados. Ese valor que el juez otorga a los citados testimonios de cargo, es porque precisó que dichas personas por su edad, capacidad e instrucción tuvieron el criterio necesario para juzgar el acto sobre el cual depusieron, y porque lo declarado por ellos lo conocieron de forma directa por medio de los sentidos (auditivo y visual), aunado a que sus dichos fueron claros, precisos y sin reticencias, pues de autos no se aprecia que se condujeron con parcialidad o que hayan sido obligados a declarar por fuerza, miedo, engaño, error o soborno. Con base en esos medios probatorios, se estima que la autoridad responsable acertadamente tuvo por demostrada la probable responsabilidad de Alejo González Márquez, en la comisión de los delitos de homicidio y abuso de autoridad por los cuales se giró la orden de aprehensión ahora reclamada, pues de esas probanzas efectivamente se acredita que el quejoso sí es presunto responsable de esos delitos. Es así, ya que los testimonios de Teresita Ávila Carabez, Ramiro Puga Vargas, Juan Jesús Medina Fernández, Diego López Manzo y Salvador Hernández Alvarado, arrojan imputaciones directas y categóricas acerca de la participación de Alejo González Márquez en los hechos que motivaron la resolución que contiene la orden de captura reclamada, pues como con acierto lo ha dicho el juez responsable, permiten establecer en forma probable que el citado quejoso, aproximadamente a las ocho horas con treinta minutos del veintiuno de junio de dos mil cinco, accionó varios disparos en contra de la humanidad de Manuel Torres Cuevas hasta que éste perdió la vida. Finalmente, cabe señalar que es infundado el concepto de violación en el cual el quejoso aduce que la resolución reclamada no se encuentra fundada y motivada, pues afirma que ésta no reúne los requisitos del artículo 16 constitucional; sin embargo, contrario a su apreciación, el mandato de captura reclamado sí se encuentra debidamente fundamentado y motivado ya que el juez responsable tuvo por acreditados todos y cada uno de los elementos constitutivos de los delitos de homicidio y abuso de autoridad, con los medios de prueba que relacionó y concatenó de manera acertada a los que les concedió valor probatorio y además explicó las razones por las que llegó a la conclusión de que los mismos eran suficientes para tener por acreditado no solamente los elementos de los delitos antes referidos sino además la probable responsabilidad del aquí quejoso en su comisión. Además no escapa a la vista de este órgano jurisdiccional que en sentencia definitiva dictada el once de junio de dos mil siete en los autos del juicio de amparo 897/2006 que promovió el aquí quejoso en contra de la orden de aprehensión dictada el veinticinco de octubre de dos mil seis -lo que se invoca como hecho notorio en términos del artículo 88 del supletorio Código Federal de Procedimientos Civiles-, se concedió el amparo y protección de la justicia federal al citado impetrante para el efecto de que se dejara sin efectos la citada orden de captura y en su lugar, se emitiera otra en la que con plenitud de jurisdicción resolviera de manera fundada y motivada el pedimento del Agente del Ministerio Público; lo que así hizo la responsable, ya que el aquél juicio de amparo, se tuvo por cumplida la ejecutoria en tanto que la responsable dejó sin efectos aquélla orden de aprehensión y en su lugar, de manera fundada y motiva emitió la que ahora se reclama; de ahí que contrario a lo que afirma el quejoso, el acto reclamado sí cumple con los requisitos de fundamentación y motivación. En consecuencia, toda vez que la orden de aprehensión analizada no resulta violatoria de la garantía individual prevista en el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y sin que se advierta queja deficiente que suplir, en términos del artículo 76 bis, fracción II, de la Ley de Amparo, lo procedente es negar la protección de la justicia federal solicitada. Dicha determinación se hace extensiva a los actos de ejecución que haya originado la citada orden de captura, dado que no se reclaman por vicios propios. Sirve de apoyo, la tesis de jurisprudencia de rubro: "AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACIÓN DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS." Por lo antes expuesto y con fundamento en los artículos 76, 77, 78, 79 y 155 de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Alejo González Márquez, por los actos y autoridades precisados en el considerando primero, y por los motivos que quedaron expuestos en el último considerando de esta sentencia. Notifíquese y publíquese en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Así lo resolvió y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y da fe la persona secretaria María del Rocío Ayala Carrizales.
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Morelia, Michoacán, veintisiete de octubre de dos mil veintidós. Remite constancias de emplazamiento. Visto lo de cuenta, téngase por recibido el oficio signado por el Juez Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, por medio del cual remite las constancias del emplazamiento practicado a la tercera interesada ******************** (víctima indirecta, esposa de ********************), por conducto del Agente del Ministerio Público que intervino en el proceso penal ********************, en cumplimiento al requerimiento formulado en proveído de veintiuno de octubre del año en curso; atento a lo cual, se tiene por emplazada a la citada tercera interesada al presente juicio de amparo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, quien da fe.
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Morelia, Michoacán, veintiuno de octubre de dos mil veintidós. Estado de autos. Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación de cuenta, de los que se advierte que no obra constancia de emplazamiento de la tercero interesada T.Á.C. (víctima indirecta, esposa de M.T.C.), el cual se ordenó practicar a través del Agente del Ministerio Público adscrito al Juzgado Mixto de Primera Instancia del Distrito Judicial de Los Reyes, Michoacán, en el que se encuentra radicado el proceso penal 315/2006, que se instruye al quejoso Alejo González Márquez, toda vez que el oficio 30297/2022, derivado del proveído de trece de octubre de dos mil veintidós, dirigido al juzgado de referencia, por medio del cual se le solicitó practicar el emplazamiento de mérito, fue remitido a la dirección de correo electrónico 1jmxlosreyes@poderjudicialmichoacan.gob.mx, siendo confirmado el diecisiete de octubre pasado, como se obtiene del acuse correspondiente que obra en autos. Ello, sin que hasta el momento se hayan recibido en este órgano jurisdiccional constancias relativas al aludido emplazamiento. Diferimiento constitucional. Por tanto, para dar margen a lo anterior, se difiere la celebración de la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y, en su lugar, se fijan las NUEVE HORAS DEL VEINTIDÓS DE NOVIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su verificativo. Notifíquese y publíquese en el portal del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también el Secretario Miguel Ángel Ramírez Argüello, quien da fe.
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