Alejo Alonso Molina Bustos
Expediente 634/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, con residencia en Tijuana. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 634/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 27/06/2023
Partes del expediente
- Alejo Alonso Molina Bustos
Actuaciones
- Principal
Tijuana, Baja California, veintisiete de junio de dos mil veintitrés. Visto el estado que guardan los presentes autos de los que se obtiene que a la fecha transcurrió el plazo de quince días hábiles establecido en el primer párrafo del artículo 202 de la Ley de Amparo, para que las partes quejosa y tercero interesada interpusieran recurso de inconformidad en contra del proveído de tres de enero de dos mil veintidós, en el que se declaró cumplido el fallo protector, sin que lo hubieran realizado; en consecuencia, se tiene por consentido dicho acuerdo. Ahora bien, ya que se obtiene que el presente juicio se encuentra totalmente concluido, ya que no existe promoción ni diligencia pendiente de acordar; por tanto, con apoyo en el artículo 214 de la Ley de Amparo, se ordena su archivo. En conformidad con los artículos 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se establece que el expediente principal por haberse concedido el amparo, es susceptible de conservarse, al situarse en la hipótesis establecida en el artículo 17, fracción III, inciso a). Por tanto, indíquese la valoración que corresponda en la carátula de los expedientes. Háganse las anotaciones oficiales que correspondan en los registros de control de este Órgano Jurisdiccional. Notifíquese.Así lo acordó y firma Alexis Manríquez Castro, Juez Décimo de Distrito en el Estado de Baja California, ante Maricruz Manjarrez Maya, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.AMC/MMM/CEPM
- Principal
Tijuana, Baja California, cinco de junio de dos mil veintitrés. Notifíquese personalmente al promovente.
- Principal
CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27 FRACCIÓN I, INCISO C, DE LEY DE AMPARO, SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE FIJA EN LOS ESTRADOS DE ESTE ÓRGANO JURISDICCIONAL A LA PARTE QUEJOSA, EL AUTO DICTADO EN CINCO DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRES: Tijuana, Baja California, cinco de junio de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo presentada por Alejo Alonso Molina Bustos en su carácter de parte demandada dentro del juicio sumario de desahucio 1241/2020 del índice del Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, y apelante en autos del toca civil 180/2023 del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, con sede en esta ciudad, contra actos de ésta y de otra autoridad; en consecuencia, fórmese expediente y captúrese en el control electrónico respectivo bajo número 634/2023-V.Ahora, del análisis integral del escrito inicial de demanda, se advierte que se actualiza de forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción V -interpretado a contrario sensu- ambos de la Ley de Amparo, ya que no se trata de un acto de imposible reparación. Para avalar la postura que antecede, se citan los numerales aludidos, que son del tenor siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;." De la interpretación sistemática de los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo no será procedente contra actos dictados dentro de procedimientos jurisdiccionales que no afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Al respecto, es pertinente tener presente que el Máximo Tribunal del País ha señalado que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas. De lo anterior, derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En lo conducente, ilustra lo anterior, la jurisprudencia P./J. 1/2016 (10a.), emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página quince, tomo I, libro veintinueve, abril de dos mil dieciséis, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, registro 2011428, que señala (énfasis añadido): "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechossustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Contradicción de tesis 14/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Primero en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito y Segundo en Materia Civil del Séptimo Circuito. 19 de enero de 2016. Mayoría de ocho votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Margarita Beatriz Luna Ramos, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Norma Lucía Piña Hernández, Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, Alberto Pérez Dayán y Luis María Aguilar Morales; votaron en contra: Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, José Fernando Franco González Salas y Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Rosa María Rojas Vértiz Contreras. Tesis y criterio contendientes: Tesis VII.2o.C.77 C (10a.), de título y subtítulo: "CADUCIDAD DECRETADA EN PRIMERA INSTANCIA. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA, AL NO AFECTAR MATERIALMENTE DERECHOS SUSTANTIVOS, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO.", aprobada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Séptimo Circuito, y publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 16 de enero de 2015 a las 9:00 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 14, Tomo III, enero de 2015, página 1832, y el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Civil y de Trabajo del Octavo Circuito, al resolver la queja 6/2014. Nota: Las tesis aisladas P. LVIII/2004 y P. LVII/2004 citadas, aparecen publicadas en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XX, octubre de 2004, páginas 10 y 9, respectivamente. El Tribunal Pleno, el siete de abril en curso, aprobó, con el número 1/2016 (10a.), la tesis jurisprudencial que antecede. México, Distrito Federal, a siete de abril de dos mil dieciséis." Luego, en el caso concreto, el acto reclamado en este juicio consiste en la resolución de veintiocho de abril del año en curso, dictada dentro del toca civil 180/2023, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Baja California, que confirmó la caducidad de la instancia del incidente de falsedad del documento base de la acción, tramitado ante el Juzgado Cuarto de lo Civil del Partido Judicial de Tijuana, en autos del expediente 1241/2020 . En ese contexto, tomando en consideración que para que los actos sean de "imposible reparación" es necesario que afecten materialmente derechos, es claro que la resolución de veintiocho de abril del año en curso, dictada dentro del toca civil 180/2023, del índice de la Segunda Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado, aludida, no es de naturalezairreparable, debido a que las consecuencias de tal determinación no son de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, pues esa actuación carece de la "afectación material" necesaria para la procedencia del juicio de amparo indirecto, o en su caso eventualmente sólo entrañaría una transgresión a derechos adjetivos que tendría efectos formales o intraprocesales, que se podrían actualizar hasta el dictado de la sentencia correspondiente y, en ese momento, se podrá apreciar si la violación procesal alegada, trascendió y afectó a la quejosa. Por tanto, es claro que en contra de la resolución aquí reclamada no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo. Lo anterior, toda vez que la resolución reclamada únicamente genera la consecuencia de que se continúe la secuela del procedimiento de origen. Esto es así, -en principio- debido a que no se impide a la parte quejosa participar en las siguientes etapas o las subsecuentes, ni se le priva de derechos sustantivos, como podría ser su libertad, vida, propiedad o posesiones, entre otros, toda vez que la resolución reclamada se relaciona con cuestiones meramente adjetivas o procesales Sirve de apoyo por analogía la tesis con número de Registro digital 2010058, Instancia: Tercer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, Décima Época, Materia(s): Común, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 22, Septiembre de 2015, Tomo III, página 2073, Tipo:Tesis Aislada, Tesis: XXVII.3º.79K (10a.), textos siguientes: "INCIDENTE DE FALSEDAD DE FIRMA DE LA DEMANDA LABORAL. LA RESOLUCIÓN QUE LO DECLARA IMPROCEDENTE ES UN ACTO INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS, POR LO QUE EN SU CONTRA ES IMPROCEDENTE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo establece la procedencia del amparo indirecto contra actos de imposible reparación; concepto que refiere a aquellos que producen una afectación material a derechos sustantivos. En esta virtud, son dos condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento: a) que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y, b) esos "derechos" afectados materialmente deben revestir la categoría de derechos "sustantivos"; expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. De ello se colige que la nueva normativa persigue una finalidad constitucionalmente válida, que es dar celeridad a la tramitación y conclusión de los juicios para que se decidan los derechos en conflicto, al eliminar la posibilidad de que las partes incurran en estrategias dilatorias en aras de un pronunciamiento federal sobre la violación a un derecho adjetivo, cuando lo cierto es que las normas procesales no deben verse como un fin en sí, sino como un medio para que la administración de justicia se aplique a las controversias, decidiendo los derechos en litigio. De ahí que el "incidente de falsedad de firma de la demanda laboral", constituye un acto dentro de juicio que no afecta derecho sustantivo alguno. Lo anterior, porque el acto reclamado no conlleva en sí una afectación material a derechos sustantivos, entendiéndose por éstos los que no pueden ser reparados en sentencia definitiva, pues el desechamiento de una incidencia promovida ante la responsable para demostrar que la firma que calza la demanda no es auténtica, corresponde a la gama de los derechos de naturaleza adjetiva o procesal, los que se caracterizan por surgir y generarse durante el trámite del juicio, de forma que antes de éste el gobernado no los tenía y, que de infringirse, la sentencia definitiva que se dicte en favor del agraviado podrá tener como efecto la restitución de éstos; en caso contrario, de ser adversa y esas violaciones procesales trasciendan al resultado del fallo, podrán reclamarse en amparo directo, conforme al primer párrafo del artículo 171 de la ley de la materia." En tales condiciones, al estar demostrado que en el caso se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el numeral 107 fracción V (aplicado a contrario sensu), ambos de la Ley de Amparo, con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha la demanda relativa. Se tienen como autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Francisco Contreras Valdez y Gabriela Reyes Flores, toda vez que cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, que los acredita como licenciados en derecho y únicamente para oír notificaciones e imponerse de autos a Giselle Carvajal Mercado, toda vez que no cuenta con cédula profesional registrada en el referido sistema; asimismo, como domicilio para oír y recibir notificaciones el indicado en el escrito inicial de demanda. A fin de evitar dilaciones procesales, se habilitan días y horas inhábiles para que se lleven a cabo las notificaciones inherentes a este juicio de amparo, lo anterior con fundamento en el artículo 21 de la Ley de la materia. Se faculta a los Actuarios de la adscripción para que las notificaciones que se ordenen en este asunto, se practiquen, incluso, a través de medios tecnológicos; en el entendido de que, en todos los casos, deberán recabar las constancias que permitan verificar plenamente la entrega al destinatario de la comunicación de que se trate. Asimismo, se EXHORTA a la totalidad de las partes para que, de ser posible y tomando en cuenta las potenciales dificultades para acceder a las herramientas tecnológicas necesarias para ello, continúen la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "juicio en línea", a través del uso de la firma electrónica y solicitando la consulta del expediente electrónico y la práctica de notificaciones electrónicas. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 6º, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1, 3 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal y al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, hágase saber a las partes que el presente asunto estará a disposición del público para su consulta cuando así se solicite conforme al procedimiento de acceso a la información, así como el derecho que tienen a oponerse a que se hagan públicos sus datos personales; en el entendido de que con independencia de que manifieste o no su oposición a la publicación de sus datos personales, dicha información deberá protegerse, salvo autorización expresa para hacerlos públicos. Finalmente, para configurar el expediente electrónico, procédase a realizar la digitalización de las constancias que integran este juicio de amparo. Notifíquese personalmente al promovente
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