Alejandro Zepeda Gutiérrez

Expediente 785/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
785/2021
Año
2021
Actuaciones
3
Última actuación
16/03/2022

Partes del expediente

  • Alejandro Zepeda Gutiérrez

Actuaciones

  1. Principal

    L.- Toluca, Estado de México; dieciséis de marzo de dos mil veintidós. OFICIO Con sustento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria por disposición expresa del numeral 2, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, intégrese, el oficio procedente del Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, con sede en Naucalpan de Juárez, Estado de México, mediante cual remite un legajo de copias certificadas del juicio de amparo en que se actúa, así como, la resolución emitida en el recurso de queja 251/2021, en la cual se determinó: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja". Acúsese recibo; háganse las anotaciones respectivas y archívese el presente como concluido.

  2. Principal

    Agréguese el escrito signado por el autorizado de la parte quejosa mediante el cual interpone recurso de queja en contra del auto de treinta de agosto de dos mil veintiuno, en donde se desechó la demanda de amparo. En tal sentido, con fundamento en los artículos 97, fracción I y 101 de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso. Como hasta ahora no existen más partes a las que deba notificarse la presentación de ese medio de defensa con relación al desechamiento que se recurre, mediante oficio que derive del presente acuerdo, ríndase el informe respectivo, en el sentido que es cierto el acto reclamado por la parte quejosa, estimando que fue dictado conforme a derecho, al que se anexará el original y copia del escrito de cuenta; asimismo, copia certificada de todo lo actuado en el presente juicio y remítase al Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito, en Turno. Háganse las anotaciones respectivas. Notifíquese.

  3. Principal

    Toluca, Estado de México, treinta de agosto de dos mil veintiuno. RADICACIÓN Vista la demanda que promueve Alejandro Zepeda Gutiérrez, por propio derecho, con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, regístrese bajo el número 785/2021-VII. ************************************ ANÁLISIS DE PROCEDENCIA Ahora bien, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano; por tanto, a continuación, se realiza el pronunciamiento correspondiente. Al respecto, se considera necesario precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; a su vez, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultaría factible formarse convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. *********************************DESECHAMIENTO Previamente deben analizarse las causales de improcedencia, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente, en términos del artículo 113, de la Ley de Amparo. Expuesto lo anterior, se estima que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna otra disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De igual forma, es conveniente señalar que el numeral 107, fracción III, de la ley de la materia, señala: "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) III.- Contra actos, omisiones o resoluciones provenientes de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio siempre que se trate de: a). b) Actos en el procedimiento que sean de imposible reparación entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte.". De la interpretación sistemática de los artículos transcritos se advierte que, por regla general, el juicio de amparo indirecto únicamente resulta procedente cuando se reclamen actos que no provengan de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, y que emanen de un procedimiento seguido en forma de juicio, sólo podrá ejercitarse la acción constitucional en contra de la resolución definitiva dictada en él, por violaciones cometidas en la misma resolución o durante el procedimiento, o contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, es decir, esa restricción descarta la posibilidad fáctica y jurídica de que la instancia constitucional se incoe contra cualquier resolución o actuación que se dicte en el procedimiento, sino sólo contra aquellas con las que se cause un perjuicio irreparable al peticionario del amparo que no pueda ser enmendado en la sentencia misma y que conlleve a la afectación directa e inmediata de los derechos fundamentales del gobernado, es decir, el menoscabo de las prerrogativas sustantivas que consagra la Constitución General de la República en su favor. De tal manera que la procedencia del juicio de amparo, en la hipótesis sub-examen, no permite su instauración respecto de actos que sólo afecten derechos adjetivos o procesales, salvo que sus consecuencias afecten a las partes en grado predominante o superior, lo que en la especie no acontece. Al respecto, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se pronunció en la tesis visible con el número P. LVII/2004, Registro: 180415, en la página 9, del Tomo XX, Octubre de 2004, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, correspondiente a la Novena Época, que dice: ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierten las siguientes conclusiones: 1. Los actos de imposible reparación, son aquellos que afectan de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo amparado por los derechos humanos que consagra la Constitución General de la República, de tal manera que esa afectación no pueda enmendarse aun con el hecho de obtener resolución favorable en el juicio; por tanto, sólo puede estimarse que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los derechos fundamentales del hombre o del gobernado, porque ese menoscabo y sus efectos ulteriores no se destruyen con el dictado de una sentencia definitiva favorable a las pretensiones de quien reciente la afectación. 2. Contrario a ello, son actos susceptibles de ser reparados, aquellos que sólo tienen como consecuencia la afectación de derechos de naturaleza adjetiva o procesal y cuya enmienda es factible que sobrevenga mediante el dictado de una resolución que sea acorde a los intereses de quien ejercitó la acción, pues los actos que fueron contemporáneos a la secuela procedimental tienden a extinguirse en el momento en que se concluye la instancia y sin que se hubiere consumado la afectación a los derechos fundamentales del gobernado con la consecuente afectación de su esfera jurídica. 3. No obstante lo anterior, no se desconoce que existe una excepción en tratándose de actos procesales, ya que se consideran de imposible reparación y, por tanto, el juicio de amparo indirecto que se promueva en su contra, resulta procedente si sus consecuencias revelan o ponen de manifiesto una afectación superlativa para las partes, es decir, en grado predominante o superior; afectación que debe determinarse objetivamente considerando la institución procesal que está en juego, la extrema gravedad de los efectos de la violación y su trascendencia específica, así como los alcances vinculatorios de la sentencia que llegara a conceder el amparo, es decir, se dará tal afectación cuando concurran circunstancias de gran trascendencia que signifiquen una situación especial dentro del procedimiento de cuya decisión depende la suerte de todo el juicio natural, bien para asegurar su desarrollo con respeto a las garantías procesales esenciales del quejoso, o bien porque conlleve la posibilidad de evitar el desarrollo ocioso o innecesario de la contienda. De lo anterior se establece, que si la parte quejosa por esta vía reclama el auto de dieciocho de agosto de dos mil veintiuno, dictado en el expediente DGC/D/013/2021, del índice de la Subdirección de Substanciación de Procedimientos Administrativos Disciplinarios, adscritos a la Dirección de Responsabilidades del Poder Judicial del Estado de México, en donde se inadmitió el recurso de inconformidad hecho valer en contra del emplazamiento de dieciséis de julio del año en curso y se dejó sin efectos el diverso emplazamiento de veintitrés de junio anterior, dentro del expediente ya referido. En ese sentido, dicho acto reclamado no constituye para la parte quejosa, un acto de imposible reparación, que transgreda en su perjuicio algún derecho fundamental tutelado por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde a lo previsto en el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo. Es así pues, resulta innegable que la determinación reclamada no quebranta en perjuicio de la parte quejosa, de manera cierta e inmediata algún derecho sustantivo protegido por los derechos humanos, ya que sólo produce efectos formales o intraprocesales, por tratarse de actos que carecen de una consecuencia de imposible reparación, toda vez que en el caso, se trata del emplazamiento a juicio lo cual únicamente trae como consecuencia la sustanciación del mismo, y por regla general dichas violaciones pueden hacerse valer cuando transcienden en el resultado de resolución o sentencia que se emita, mediante el juicio de amparo que se interponga en contra de la sentencia correspondiente, si es contraria a los intereses de la hoy impetrante del amparo. Esto es así, en razón de que, como se dijo, el emplazamiento a un procedimiento realizado a un gobernado implica el inicio y trámite del mismo, sin que en ese momento se conozca el resultado de esa sustanciación y, será en el momento de que la sentencia fuera contraria a sus intereses y la violación procesal incidiera en esa determinación, que podrá interponer el juicio de amparo y ahí hacerlo valer. Además, como ya se explicó, el llamamiento a juicio de un demandado no causa una afectación a algún derecho sustantivo sino, en todo caso, provoca una afectación adjetiva o procesal. En efecto, en caso de que la resolución que ponga fin al procedimiento resulte favorable al quejoso, ninguna trascendencia tendría la eventual irregularidad del emplazamiento al mismo y mucho menos que se tuviera por inadmitido el recurso hecho valer contra dicha determinación. Cobra aplicación por analogía jurídica, el criterio emitido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de la Suprema Corte de la Nación, con registro digital 173699, tesis 2a./J. 168/2006, visible en el Tomo XXIV, Diciembre de 2006, página 212 del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dispone: "QUEJA PREVISTA EN LA FRACCIÓN VI DEL ARTÍCULO 95 DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONTRA EL AUTO QUE RECONOCE EL CARÁCTER DE TERCERO PERJUDICADO Y ORDENA SU EMPLAZAMIENTO. La fracción VI del artículo 95 de la Ley de Amparo establece como requisitos para la procedencia del recurso de queja que se interponga contra una resolución: a) Dictada por el Juez de Distrito o por el superior del Tribunal a quien se impute la violación, en los casos a que se refiere el artículo 37 de la Ley citada; b) Sea dictada durante la tramitación del juicio de amparo o del incidente de suspensión; c) No admita expresamente el recurso de revisión en términos del artículo 83 de la Ley indicada; d) Por su naturaleza trascendental y grave pueda causar daño o perjuicio a alguna de las partes, no reparable en la sentencia definitiva; y, e) Si es dictada después de fallado el juicio, en primera instancia, el agravio que genere no sea reparable por las mismas autoridades (de primer grado), o por la Suprema Corte de Justicia de la Nación; de ahí que si falta uno de esos requisitos resulta improcedente. Por tanto, cuando se impugna el auto dictado por el Juez de Distrito durante la tramitación de un juicio de garantías, en el que reconoce el carácter de tercero perjudicado y ordena su emplazamiento, no se satisface el requisito relativo a que tal resolución sea de naturaleza trascendental y grave y que cause a la quejosa un daño o perjuicio irreparable en la sentencia definitiva, en tanto que tal determinación no limita su derecho a demostrar la inconstitucionalidad del acto reclamado, ni implica variación alguna de la litis constitucional, la cual se integra con lo expuesto en la demanda de amparo y el acto reclamado de la autoridad responsable. Además, si el tercero perjudicado careciera de dicho carácter, el Juez de Distrito puede estimarlo así en la sentencia, o bien lo hará el Tribunal Colegiado al revisarla.". En el mismo sentido y, considerando que el acto reclamado traerá como consecuencia la prosecución de un procedimiento, esto no puede considerarse como un acto de imposible reparación ya que la tramitación del mismo no determina la irreparabilidad de los actos procesales. Orienta el criterio jurisprudencial emitido por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, con registro 218725, tesis I.5o.C. J/29, visible en el Núm. 56, Agosto de 1992, página 41, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro y texto: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. NO LA CONSTITUYE LA TRAMITACION DE UN JUICIO. La dedicación de tiempo y las molestias que se causan a las partes con motivo de la tramitación de un procedimiento judicial, no están contempladas como elementos que determinen la irreparabilidad de los actos procesales, ya que de ser esto así, ninguna persona podría iniciar un juicio contra otra, dado que su tramitación obliga a la contraria a destinar parte de su tiempo y a tolerar ciertas molestias ocasionadas por la realización de los actos procesales. Por lo tanto, no puede considerarse al procedimiento judicial como acto de imposible reparación, a pesar de que el tiempo destinado a atenderlo por la parte afectada y las molestias que a ésta se le ocasionan con dicha tramitación, no sean susceptibles de resarcírsele, pues al ser dicho procedimiento el único medio que concede la Constitución Federal a los particulares, para solicitar justicia y hacer valer sus derechos, necesariamente deben someterse al mismo las partes en conflicto, aunque no exista ninguna posibilidad de reponerles el tiempo que destinen al juicio, ni de subsanarles las molestias que con éste se les ocasione.". Se precisa que no es óbice a la determinación que se toma, la circunstancia de que el acto reclamado sea la inadmisión de un recurso en contra de un auto en donde se ordenó el emplazamiento del quejoso a un procedimiento administrativo y en el que se dejó sin efectos uno anterior. Esto, en razón de que la promoción del recurso ordinario constituye la preparación para que en el juicio de amparo sea analizada la posible violación a derechos humanos que hubiera constituido una violación intraprocesal que al final del procedimiento tuviera trascendencia en el resultado del fallo. Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación, aquellos que no afectan la esfera jurídica del gobernado, de manera irreparable, es decir, cuyos efectos son meramente formales, como en el caso acontece. **********************************En ese sentido, se reitera que el acto reclamado no reúne las características de imposible reparación, en tanto que sus consecuencias no afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos previstos en la Constitución Federal, pues únicamente tiene que ver con cuestiones carentes de efectos de imposible reparación. *********************************************** Luego, cabe señalar que los actos reclamados constituyen una determinación dictada en un procedimiento administrativo, los que no pueden estudiarse vía juicio de amparo indirecto, dado que constituyen actos procesales que no constituyen una resolución definitiva que afecte irremediablemente derechos sustantivos del solicitante del amparo. ********************************** Así, al quedar acreditado de forma indubitable que los actos reclamados son actos que no afectan de manera inmediata derechos sustantivos ni adjetivos y que tampoco actualiza el estado de excepción (afectación en grado predominante o superior), no es susceptible de ser reclamado mediante el juicio de amparo indirecto y, por ende, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 107, fracciones III, inciso b) de la Ley de Amparo. **************************************** En esa tesitura, con fundamento en el artículo 113, de la ley reglamentaria en consulta, procede desechar de plano la demanda de amparo por notoriamente improcedente. ************************************** DOMICILIO Conforme lo establecido por los artículos 27, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para que la parte quejosa oiga y reciba notificaciones, el señalado en el ocurso de cuenta. En la inteligencia que de ser incierto o inexacto ese sitio, o estar dentro de algún condominio o edificio y, no se le permita el acceso al fedatario judicial, o bien, no se pueda ingresar por otra circunstancia, se le notificará por lista esa determinación y las subsecuentes, aún las de carácter personal, en los estrados de este Juzgado, con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. CONSULTA DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Se faculta a las partes emplear para la consulta del expediente los medios electrónicos a que alude la circular 12/2009, de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. AUTORIZADOS Con relación a los autorizados en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo; dígase que éstos se avalan en términos amplios, siempre y cuando cuenten con su registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. De lo contrario, sólo para el efecto de oír y recibir notificaciones e imponerse de autos. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES En términos del tercer párrafo del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles. GRATUIDAD DEL SERVICIO Se recuerda a las partes que de conformidad con lo que dispone el artículo 17 constitucional, todos los servicios que presta este juzgado de distrito son gratuitos. TRANSPARENCIA Con fundamento en los artículos 1 y 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con los diversos 1 y 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, así como 34 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado el seis de febrero de dos mil catorce, en el Diario Oficial de la Federación; se hace del conocimiento de las partes que en todo tratamiento de datos personales en el presente asunto deberá de ponderar la existencia o no del consentimiento inequívoco de su titular para su publicación, otorgado por escrito, en forma libre, expresa e informada, con las excepciones previstas en los numerales en cita, en el entendido que de no hacerlo, se publicará la resolución que se dicte con la supresión de datos conforme a los lineamientos mencionados. Notifíquese personalmente al quejoso.

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