Alejandro Yepez Olea
Expediente 927/2020 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 11 actuaciones registradas, la última del 7 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 927/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 11
- Última actuación
- 07/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Alejandro Yepez Olea
- Junta de Administracion Vigilancia Y Disciplina del Poder Judicial del Estado
Actuaciones
Las 4 más recientes de 11.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, siete de abril de dos mil veintiuno. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo se advierte que mediante circular SECNO/13/2021, la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, informó que a partir del uno de marzo de dos mil veintiuno, el ordenamiento aplicable para la operación de los órganos jurisdiccionales es el Acuerdo General 21/2020, cuya vigencia fue ampliada por el diverso Acuerdo General 1/2021. REANUDACIÓN DEL PROCEDIMIENTO Por tanto, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 17 Constitucional, con relación al Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se levanta la suspensión de los plazos y términos procesales en este juicio de amparo, en el entendido que conforme a la fracción I del artículo 2 del referido acuerdo, dado que los plazos se suspendieron y no se interrumpieron, el levantamiento de la suspensión implica su reanudación en el punto en que quedaron pausados y no su reinicio. CAUSA EJECUTORIA SENTENCIA Bajo ese contexto, visto el estado de los autos en el juicio de amparo 927/2020-II, tomando en cuenta que ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hubieran recurrido la sentencia de cuatro de febrero de dos mil veintiuno; en consecuencia, con fundamento en los artículos 2°, 24 y 34 de la Ley de Amparo antes invocada, en relación con el 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que la sentencia que determinó en su único punto resolutivo negar el amparo y protección a la parte quejosa; ha causado ejecutoria, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, agréguese a los autos el original del cuaderno incidental y previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno, archívese el presente juicio de amparo como totalmente concluido. Ahora bien, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo del dos mil veinte; en términos de lo establecido en el Capítulo Quinto, artículo 15, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos traten sobre juicios relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico o versen sobre materia agraria. Asimismo, tomando en consideración que en el presente juicio de amparo se negó el amparo de la Justicia Federal a la parte quejosa; se ubica en los supuestos a que se refiere el Acuerdo General en alusión, en el Capítulo Séptimo, artículo 18, fracción b), y por consiguiente, en el Capítulo Noveno artículos 25 y 26, concernientes a la digitalización de expedientes; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de depuración. Asimismo, se declara que el original del cuaderno incidental es susceptible de depuración, debido que tal medida suspensiva se concedió. Por otra parte, considerando que en el presente asunto se formó por duplicado y cuerda separada el incidente de suspensión, en esas condiciones, una vez que transcurran seis meses a partir de esta fecha, en cumplimiento al artículo 20 del Capítulo Octavo del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, procédase a la destrucción del duplicado. Toda vez que el Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, remitió diversas constancias debiendo formarse los anexos del I al IV; en esas condiciones, devuélvanse a la autoridad responsable los anexos de referencia, para los efectos legales a que haya lugar. CONSULTA DEL EXPEDIENTE VÍA INTERNET. Asimismo, se hace saber a las partes que pueden consultar las actuaciones judiciales vía electrónica a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, sin tener que acudir al órgano jurisdiccional, únicamente necesitan un nombre de usuario y contraseña o contar con firma electrónica emitida o reconocida por el Poder Judicial de la Federación. Para obtener el nombre de usuario, deben registrarse en el sitio de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea/ y seguir los pasos que ahí se precisan. RECOMENDACIÓN PARA TRANSITAR HACIA EL ESQUEMA DE JUICIOS EN LÍNEA. Además, para quienes esto sea una posibilidad, se recomienda transitar hacia el esquema de juicios en línea, lo cual se puede hacer incluso en aquellos asuntos que se hayan tramitado físicamente, para lo cual se puede ingresar una promoción solicitando la consulta y notificación electrónica desde el propio Portal de Servicios en Línea. NOTIFICACIÓN DE ESTE ACUERDO. En cumplimiento a lo establecido en el artículo 2 fracción II del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que en el caso que en el presente asunto se encuentre pendiente la celebración de la audiencia, lo que significa que esté totalmente integrado y no exista determinación alguna diversa que dictar, la reanudación de plazos ordenada opera hasta que se notifique la nueva fecha de celebración de la audiencia constitucional, caso contrario, esto se verifica en términos de lo ordenado en la Circular antes invocada; por lo que notifíquese el presente acuerdo a las partes, atendiendo a lo determinado en el auto admisorio de este asunto. Por último, se hace de su conocimiento que dado que aún no se permite la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, en atención al artículo 21 del mencionado Acuerdo General, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo; adicionalmente, éstas estarán colocadas en el espacio externo designado para tal efecto en las instalaciones del edificio sede de este Circuito Judicial, para que acudan a consultarla sin contar con una cita previa. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, quien autoriza y da fe.
- Principal
AVISO.- En términos del artículo 27, fracción I, inciso c) y 29 de la Ley de Amparo, procedo a notificar por medio de lista que se fija en los estrados de este Tribunal; así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, a la parte QUEJOSA, el auto de CUATRO DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, que en lo conducente establece: Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 927/2020-II, promovido por ALEJANDRO YEPEZ OLEA, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito depositado el veinte de octubre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado y recibido al siguiente día en este órgano jurisdiccional, ALEJANDRO YEPEZ OLEA, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado y otra autoridad. SEGUNDO. Por auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, lugar donde tiene ejecución material el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda debe decirse que el acto que se reclama en esta instancia constitucional es: 1.- De la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, la resolución dictada el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dentro del expediente administrativo 24/2019 de su índice, en la que se declaró la existencia de responsabilidad administrativa atribuida a ALEJANDRO YEPEZ OLEA, e impone como sanción económica el equivalente a diez unidades de medida y actualización, correspondiente a $730.40 (setecientos treinta pesos 40/100 moneda nacional). 2.- Del Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos los actos de ejecución de la resolución reclamada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, toda vez que así lo aceptaron al rendir su respectivo informe justificado; lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas del expediente administrativo 24/2019, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. La autoridad responsable Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, argumenta que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción IX de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución reclamada deriva del cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito al resolver el recurso de revisión 512/2019, derivado del amparo 1042/2019-III del índice de este órgano jurisdiccional. Es infundada dicha casual de improcedente; toda vez que si bien en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 1042/2019-III se ordenó dejar sin efectos la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve emitida en el expediente 24/2019, así como las consecuencias que de la misma derivan y dictar una nueva en la que declarara que la Comisión de Magistrados designada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado era incompetente para resolver el procedimiento administrativo referido; sin embargo se precisó que ello acontencía sin vedar las facultades de la autoridad competente para iniciar y conocer del procedimiento administrativo, lo que implicaba que, de ser el caso, podría emitir una nueva resolución concluyente. Por tanto, dada la precisión apuntada, no puede afirmarse que la determinación impugnada en el presente juicio constitucional, fue emitida bajo los términos previstos en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en atención a lo resuelto en el diverso juicio de amparo, ni mucho menos en ejecución de la misma; dado que en ningún momento se le constriñó a dictar una nueva declarando la responsabilidad administrativa del quejoso, ni se le dieron lineamientos para tal efecto. Pues lo único que se ordenó fue dejar sin efectos la resolución dictada el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve emitida en el expediente 24/2019, y que al derivar dicho acto de un procedimiento seguido en forma de juicio, emitiera otra purgando el vicio formal advertido, pero sin establecer el sentido en que ésta debía ser concretizada, esto es, no se ordenó que se declarara la existencia de responsabilidad ni sanción alguna; de ahí que no pueda estimarse actualizada la causal de improcedencia que hace valer la responsable, al haberse emitido el acto reclamado con plenitud de jurisdicción. Al no haber diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes, y quien resuelve no advierte alguna que se tenga que estudiar de oficio, se analizará el fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. En primer lugar se precisa que en el caso en estudio no es dable la suplencia de la queja deficiente, puesto que el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae el artículo 123 constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), por lo que no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, registro: 2013378, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página: 705, del siguiente rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL.". Los conceptos de violación son inoperantes, como se verá a continuación. En seguida se relataran los antecedentes del acto reclamado, deducidos de las constancias que la autoridad acompañó al informe justificado: 1. Mediante oficio CJE/MCVCL/6679/2017 de nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 2 y 3 del anexo I), la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Comisión responsable, comunicó al Magistrado Visitador General, que en sesión ordinaria de la misma data, ordenó iniciar el procedimiento de investigación, entre otros, contra ALEJANDRO YEPEZ OLEA, quien en la época de comisión de los hechos materia del mismo, fungía como Secretario del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. 2. El Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en acatamiento al oficio de referencia, dio inicio al procedimiento de investigación respectivo, registrándolo con el número 66/2017, mismo en el que el ocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 204 a 215 del tomo de pruebas); al resolverse se propuso que se iniciara el procedimiento de responsabilidad administrativa, entre otros contra la aquí parte quejosa y ordenó remitir la investigación administrativa a la Comisión de Magistrados; en ese sentido en resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 218 a 238 del tomo de pruebas), la Comisión de Magistrados ordenó iniciar el respectivo procedimiento de responsabilidad administrativa y lo turnó a la Visitaduría General del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 3. Por auto de diez de enero de dos mil diecinueve (fojas 239 y 240 del tomo de pruebas), en la queja administrativa 24/2019, la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, tuvo por recibido el oficio TSJ/COMISION/ADMON/6452/2018, y previo a iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, requirió se informara la situación laboral y domicilio particular de entre otros del aquí quejoso. 4. Posteriormente, ALEJANDRO YEPEZ OLEA fue notificado personalmente y previo desahogo del procedimiento, el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, la Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dictó la resolución definitiva en el procedimiento administrativo 24/2019, en la que determinó la existencia de responsabilidad administrativa entre otros, de ALEJANDRO YEPEZ OLEA quien en la época de los hechos fungía como Secretario del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, imponiéndole una sanción económica de diez días de salario mínimo equivalente a $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional), y ordenó girar oficio al Director General de Administración de esa institución para que ordenara a quien correspondiera agregara al expediente personal del funcionario la sanción correspondiente. 5. En contra de la anterior determinación ALEJANDRO YEPEZ OLEA, promovió juicio de amparo indirecto, el cual quedó radicado en este juzgado federal con el número 1042/2019-III y resuelto el siete de octubre de dos mil diecinueve determinando conceder el amparo y protección de la justicia federal para que la autoridad responsable Comisión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dejara sin efectos el acto reclamado, así como las consecuencias que de ella derivan, y, dado que del informe justificado de la referida Comisión, se advirtió que ya se había creado la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, dictara una nueva resolución en la que -siguiendo los lineamientos allí expuestos- se declarara incompetente para resolver el procedimiento administrativo de referencia. 6. En contra de la anterior determinación la entonces Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración de Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado con el número 512/2019 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien por ejecutoria de trece de marzo de dos mil veinte, confirmó la sentencia recurrida. 7. El dieciocho de agosto de dos mil veinte quedó firme dicha resolución por lo que se requirió el cumplimiento a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos en su carácter de autoridad sustituta de la señalada como responsable Comisión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 8. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, dejó sin efectos la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve en el expediente 24/2019, y el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, emitió una diversa en la que declaró la existencia de responsabilidad administrativa de ALEJANDRO YÉPEZ OLEA y le impusieron una sanción económica de diez unidades de medida de actualización equivalente a $730.40 (setecientos treinta pesos 40/100 moneda nacional), y ordenó girar oficio al Director General de Administración de esa institución para que instruyera a quien correspondiera, agregara al expediente personal del funcionario la sanción correspondiente. Dicha resolución se notificó a la parte quejosa el uno de octubre de dos mil veinte (fojas 671 a 674 del tomo de pruebas) y constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, en el primer concepto de violación pretende combatir la legalidad en la designación de los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin embargo, quien resuelve se encuentra impedido para hacer un estudio de su designación. Lo anterior es así, pues este órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria, pero en relación a los actos y autoridades que fueron señalados en la demanda de amparo. A más que sobre el tema que se aborda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo no es susceptible de analizarse la competencia de origen de la autoridad responsable, es decir, la legitimidad de su nombramiento; pues en aquél sólo se estudia la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por ende, no compete a los órganos del Poder Judicial de la Federación entrar en apreciaciones sobre si la autoridad responsable está capacitada o impedida para dictar la resolución que se le reclama. Lo anterior es así, toda vez que la competencia que puede ser analizada vía jurisdiccional a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es aquella por razón de materia, grado y territorio de las autoridades, puesto que la obligación de la autoridad de cumplir en el acto de que se trate, con la fundamentación y motivación requeridas por dicho precepto constitucional, se colma en esos términos. En ese sentido, el artículo 16 constitucional, no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos su objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa, por lo tanto, el argumento expuesto por la quejosa no puede ser materia de análisis por parte de este juzgado federal, ya que por medio de estos lo que cuestiona es la legitimidad de la designación de los integrantes de la Junta de Administración y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/8 A (10a.), de número de registro digital 2022545, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo Libro 81, Diciembre de 2020, página 857, del siguiente rubro: "COMISIÓN DE MAGISTRADOS NOMBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS PARA EJERCER LAS ATRIBUCIONES ANTES ENCOMENDADAS AL EXTINTO CONSEJO DE LA JUDICATURA. ES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE COMPETENTE PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOMETIDOS A SU POTESTAD, HASTA LA FECHA EN QUE QUEDÓ INTEGRADA Y ENTRÓ EN FUNCIONES LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PROPIO TRIBUNAL SUPERIOR." en la cual se determinó que debe estimarse competente, a la Comisión de Magistrados en cita, desde su creación e inicio de funciones, hasta la fecha en que quedó integrada e inició su funcionamiento la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, con independencia de la fecha en que entró en vigor el decreto de reforma constitucional que ordenó su creación mediante la adecuación legislativa correspondiente, pues considerarlo de otro modo, implicaría analizar la competencia del primero de los órganos administrativos referidos, a partir de parámetros tales como su existencia o su legitimidad, que constituyen aspectos atinentes a lo que en la teoría constitucional diseñada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se conoce como incompetencia de origen, misma que no puede ser dirimida en el juicio de amparo, lo que en particular se plantea analizar en el aludido concepto de violación. Por lo tanto, como se mencionó, dicho concepto de violación resulta inoperante. Por otra parte -aduce la parte quejosa- que la responsable no valoró adecuadamente que ha transcurrido en exceso el plazo señalado en los artículos 7, 8 y 10 de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado de Morelos, para efecto de requerir aclaración y responsabilidad alguna en relación a la entrega que éste hiciera de los expedientes y valores que tenía a su cargo en el Juzgado Noveno en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, cuando fue cambiado de adscripción; lo que repercute según refirió en una incorrecta valoración al analizar el acta de entrega recepción, y al valorar la excepción de prescripción hecha valer en el procedimiento. De igual forma, argumenta que la responsable trasgrede en su perjuicio el principio de igualdad de la partes, toda vez que no tomó en consideración la documental pública autógrafa del acta de visita de supervisión de treinta de agosto de dos mil dieciséis, realizada al Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, en el cual se encontró un rezago de ochenta y nueve expedientes pendientes de dictar sentencia, sin que haya iniciado procedimiento alguno. Devienen inoperantes los sintetizados argumentos por novedosos, toda vez que no fueron planteados por el impetrante al rendir su informe el treinta de enero de dos mil diecinueve durante la substanciación de la queja administrativa. En efecto, las consideraciones jurídicas que controvirtió la parte quejosa en el procedimiento administrativo de origen se constriñeron a lo siguiente: Que se niega terminantemente que hubiera actuado incorrectamente en la tramitación de los juicios a su cargo, durante la vigencia de su desempeño como Secretario de Acuerdos en el Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, pues se hizo la entrega recepción a su sucesora de forma detallada, como se acreditaba con el acta de entrega de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, máxime que han pasado más de dos años ocho meses desde que se celebró la entrega recepción, aunado a que no existe indicación en contrario a la fecha del órgano de supervisión que haya sido requerido en los términos y plazos señalados en la ley de la materia. Que del tiempo que duró la entrega recepción se desprende que se ocupó de todo, sin que hiciera falta documento alguno y en su debido resguardo de lo existente en aquel juzgado y no se puede controlar su existencia varios años después, pues no hubo queja o reclamo alguno. También refirió, que de lo antes narrado se desprende que los hechos materia de la investigación administrativa, número 66/2017, en relación al expediente número 19/2016, ocurrieron mucho después al periodo que estuvo adscrito al Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, aunado a que durante su encargo no existió faltante de documento alguno y estuvo debidamente resguardado todo; por lo que no se configura la hipótesis legal atribuida a su persona. De igual forma, en el procedimiento administrativo ante la responsable, el peticionario de amparo ofreció como pruebas la testimonial a cargo de Lorenzo Ernesto González Castro, la documental consistente en el original del acta de entrega recepción de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humana. Y como excepciones y defensas refirió " 1.- LA FALTA DE ACCIÓN, la que se deriva de la presente contestación en atención a que no se constan hechos que justifiquen el presente procedimiento. 2.- LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, de la que se desprende que no existen hechos que actualicen las hipótesis legales que justifiquen su actuar de la autoridad investigadora y de la ordenadora con independencia de la contradicción de legislación aplicable al presente asunto contra el suscrito. 3.- LA DE CADUCIDAD Y/O PRESCRIPCIÓN, que se generen de los hechos marrados (sic) y consecuencias jurídicas que se desprenden de la presenta contestación. 4.- LA DE OSBCURIDAD (sic) Y DE IMPRESICIÓN de los hechos narrados que originan el presente procedimiento que ponen en estado de indefensión. 5.- Las excepciones y defensas que se deriven por las condiciones materiales y físicas de las instalaciones del Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado que se despendan (sic) de las constancias en el presente procedimiento.". En lo concerniente a la prescripción se afirma que los conceptos de violación vertidos en la presente instancia constitucional devienen inoperantes, en atención que si bien es cierto, que de la transcripción inserta se advierte que al comparecer al procedimiento administrativo el ahora quejoso la hizo valer ante la responsable, también resulta verídico que los argumentos que ahora expone relativos a los artículos 8 y 9 Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos, de la que hace derivar bajo el razonamiento de que no fue requerido dentro del plazo que dichos preceptos consagran con posterioridad a la entrega recepción; resultan novedosos, pues en aquel entonces únicamente lo planteó de manera genérica. Por tanto, es evidente que los conceptos de violación sintetizados no fueron materia de análisis en el procedimiento, es decir, los argumentos que contienen no fueron planteados ante la responsable, por lo que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de una resolución combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues se reitera, tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, y por ende, la autoridad responsable no tuvo la oportunidad legal de estudiarlas ni de pronunciarse sobre ellas, por lo que de analizarlas en esta instancia constitucional el suscrito Juez se sustituiría a la Junta responsable, lo cual es inadmisible; de ahí lo inoperante de los argumentos analizados. Apoya a la anterior consideración jurídica la jurisprudencia VI.2o.A. J/7, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, registro 178788, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia: Administrativa, página: 1137 del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL.". Máxime que el hoy quejoso sí estuvo en condiciones de formular tales planteamientos al rendir su informe el treinta de enero de dos mil diecinueve durante la substanciación del procedimiento administrativo para que la responsable emitiera pronunciamiento al respecto. Por otra parte, el quejoso aduce que la Junta responsable, incumplió con la valoración de pruebas, pues solamente se basó en la documental pública consistente en el acta de fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, la cual no fue valorada en términos de lo dispuesto en los artículos 490, 449 y 450 del Código Procesal Civil del Estado. También, arguye que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio las garantías de seguridad y debido proceso; toda vez que no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 186 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; consistente en la supuesta sustracción de documentos, pues del acta de entrega recepción de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis se advierte que cumplió con todas las formalidades de entregar todos y cada uno de los documentos, valores, mobiliario, materiales sellos y todas las existencia del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado. Dichos conceptos de violación, devienen inoperantes, ya que constituyen en parte una reiteracio´n de los argumentos que formuló el quejoso en su informe en el procedimiento administrativo y que fueron analizados y desvirtuados por la autoridad responsable Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado en la resolucio´n que constituye el acto reclamado. Aunado a que con los mismos no se refuta el argumento medular expuesto por la responsable al fincarle responsabilidad administrativa en los términos desarrollados en el fallo reclamado particularmente en lo relativo a que no se le refuta el extravío del documento base de la acción de que se trata, sino de la conducta que refiere la Junta responsable él mismo reconoció consistente en haber glosado dicho documento al juicio de origen en contravención a lo previsto por el artículo 82 del Código Procesal Civil del Estado y lo que se calificó como determinante para concluir en el caso la existencia de la conducta irregular, pues al no cumplir con el imperativo legal de resguardar en el seguro del Juzgado dicha documental, ello derivó en su extravío; de lo que se evidencia que dicho razonamiento no fue frontalmente refutado por el aquí quejoso. En efecto, el quejoso en el escrito inicial de demanda que dio origen al presente juicio, sustenta tales motivos de inconformidad en lo siguiente: ".Por tanto, es lógico que no es procedente, ni se actualiza ninguna hipótesis de las invocadas en contra del actuar del suscrito, toda vez que si se llevó a cabo una entrega recepción durante mi encargo en aquel juzgado siguiendo los lineamientos requeridos por la ley de la materia atendiendo a los lineamientos y recurso aportados del órgano de supervisión y el transcurso de los plazos exigidos por la ley de la materia." En tanto, del escrito por medio del cual rinde su informe en la queja administrativa el quejoso expuso lo siguiente:". Por lo tanto, es lógico que no es procedente, ni se actualiza ninguna hipótesis legal de las invocadas en contra del actuar del suscrito, toda vez que si se llevó a cabo una entrega recepción durante mi encargo en aquel juzgado siguiendo los lineamientos requeridos por la ley de la materia. que es evidente que NO DESPLEGUE NINGUNA CONDUCTA que se encuentre en alguna de las hipótesis legal atribuida al suscrito, por lo que no es procedente ni se acredita que se haya actuado con falta de diligencia y cuidado, ni se actualice alguna de las hipótesis legales que se me imputan.". De la confrontación de ambos escritos, se observa que los argumentos que formuló en vía de conceptos de violación en la presente vía son una reproducción íntegra de los hechos valer ante la responsable. Además, de que los mismos fueron tomados en consideración y contestados por la hoy responsable, pues la autoridad expuso: En primer término refirió que el procedimiento administrativo, se inició con la resolución emitida el doce de diciembre de dos mil dieciocho emitida en la investigación administrativa 66/2017. Posteriormente analizó las pruebas que se allegaron otorgando valor probatorio a la documental de entrega-recepción de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la cual valoró en términos de los artículos 442 y 490 del Código Procesal Civil del Estado, otorgándole valor indiciario, ya que consideró que de la misma se desprendía que el aquí quejoso hizo la entrega recepción a la licenciada Sandra Torres Márquez, de las promociones, así como de los escritos iniciales de demanda pendientes por acordar, al igual que diverso mobiliario, libros, donde se registran los valores, pliego de posiciones e interrogatorios, así como documentos base de la acción, sin que de la misma se advirtiera una relación detallada donde se especificaran los números de expedientes y los documentos base de la acción. Luego, la Junta responsable otorgó eficacia probatoria a la testimonial a cargo de Lorenzo Ernesto González Castro, en términos de los numerales 471, 472 y 490 del Código Procesal Civil del Estado, de lo cual se corroboraba que el ateste conocía al servidor público investigado, ya que era su jefe inmediato como Secretario de Acuerdos, así como que se realizó la entrega recepción con motivo del cambio de adscripción de Alejandro Yépez Olea; sin embargo de la misma no se advertía dato alguno en relación al descuido del resguardo y custodia de los documentos base de la acción del expediente 19/2016-2. Por cuanto a la instrumental de actuaciones, estableció que la legislación procesal civil del Estado, no consideraba expresamente como medio de prueba la misma, sin embargo sólo examinaría todas las constancias que integran el expediente, con la finalidad de resolver en concordancia con lo actuado en el procedimiento administrativo. En lo referente a la presuncional legal y humana, la valoró en términos de lo dispuesto en los artículos 490 y 493 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en relación con el diverso 195-Quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ya que de la misma se deducía un hecho conocido, que en el caso en estudio, eran las observaciones realizadas en la función encomendada en su carácter de Secretario de Acuerdos de Primera Instancia y si el mismo cumplió con las atribuciones y deberes que establece la Ley Orgánica en mención. Asimismo destacó que la actualización de la fracción IV del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no se destruía por el sólo hecho de haber realizado una entrega y recepción, sino porque dentro de la entrega recepción no hizo entrega de un valor que tuvo que haber quedado guardado en el seguro del juzgado, en la especie, el contrato de promesa de venta que se exhibió como documento base de la acción en el expediente 19/2016 del índice del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos. De igual forma, refirió que las manifestaciones realizadas por el peticionario de amparo eran insuficientes para desvirtuar los hechos imputados, toda vez que de las pruebas y constancias que obran en autos, se acreditaba que durante el tiempo que estuvo como Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado Noveno en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia Judicial en el Estado, descuidó el expediente 19/2016, no tomó las medidas necesarias para resguardar el contrato privado de promesa de compraventa, dado que de la instrumental de actuaciones se advertía que dio fe en el escrito inicial de demanda (auto de catorce de agosto de dos mil quince en el que se desechó la demanda); así como dio fe de los autos de trece y dieciocho enero de dos mil dieciséis, en el que se tuvo por recibida la resolución emitida en el recurso de queja y se ordenó formar y registrar el expediente bajo el número que le correspondía, y no guardó en el seguro del juzgado dicho contrato. Posteriormente, razonó que se actualizó la causa de responsabilidad prevista en el artículo 186 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Esta de Morelos, en virtud de que ALEJANDRO YEPEZ OLEA, tuvo un descuido en el desempeño de las funciones que como Secretario de Juzgado tenía encomendadas al no tomar las medidas necesarias a efecto de evitar que se extraviara el documento base de la acción relativo a la última foja donde constaba las firmas del contrato privado de promesa de compraventa en el expediente 19/2016, pues de conformidad con el numeral 82 del Código Procesal Civil del Estado debía resguardar dicho contrato en el seguro del juzgado, el cual se encontraba glosado en el expediente, lo que tuvo como consecuencia que se sustrajera, sin que de la entrega recepción se desprendiera que el peticionario de amparo hubiera entregado dicho expediente con la totalidad de los documentos base de la acción. Además refirió que de conformidad con el numeral 83 del Código Procesal Civil del Estado, es responsabilidad de los Secretarios de Acuerdos, cuando por disposición de Ley o del Tribunal, deban entregar, sellos, expedientes libros y documentos que existan en el archivo del tribunal a otro funcionario, recabar recibo para su resguardo, para que la responsabilidad sea transmitida a la persona que firma el recibo, lo que en el presente caso no acontenció, por lo que dicha conducta se le atribuyó al aquí quejoso, con lo cual quebrantó la eficiencia que requiere la administración de justicia y contravino los principios que todo servidor público debe cumplir, entre otros, el de la eficiencia en el desempeño de cargo, el cual orienta a la administración pública y garantiza el buen servicio. De lo anterior, se concluye que el peticionario de amparo se limitó a reiterar los argumentos esgrimidos en la queja administrativa -los cuales fueron contestados-, sin combatir las razones que vertió la autoridad responsable en la resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por lo que -como se indicó- se tornan inoperantes los conceptos de violación citados. Sin que el alegato relativo a la incorrecta valoración de la documental consistente en el acta de doce de octubre de dos mil diecisiete, destruya los argumentos de la responsable que sustenta la responsabilidad administrativa atribuida al aquí quejoso; pues como se indicó con dicho argumento, ni con los restantes que expusiera en su demanda, combate de manera frontal el razonamiento medular expuesto por la responsable para fincarle responsabilidad administrativa, que hizo consistir en que tuvo un descuido en el desempeño de las funciones que como Secretario de Juzgado tenía encomendadas al no tomar las medidas necesarias a efecto de evitar que se extraviara el documento base de la acción relativo a la última foja donde constaba las firmas del contrato privado de promesa de compraventa en el expediente 19/2016, pues de conformidad con el numeral 82 del Código Procesal Civil del Estado debía resguardar dicho contrato en el seguro del juzgado, no obstante el mismo fue glosado en el expediente; en la medida que como se precisó los conceptos de violación se formularon únicamente con el objeto de refutar su responsabilidad por haber efectuado la entrega recepción de lo que tenía a su cargo como Secretario de juzgado; que los hechos del extravío acontecieron con posterioridad y que no existió reclamo alguno en el sentido que no hubiese hecho entrega del documento de que se trata; sin embargo nada refiere en torno a la conducta que como se dijo se calificó de irregular al no haber quedado el documento en el seguro del juzgado; de ahí que resulten inoperantes los conceptos de violación. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis XX. J/19, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, página 694, Novena Época, número de registro 203127, de rubro y texto siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS QUE ESTIMAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Un agravio tendiente a combatir la sentencia del Juez de Distrito que concede la protección de la Justicia de la Unión, no debe limitarse únicamente a destacar los elementos que existen para justificarlo, o a señalar cuáles aspectos omitió el Juez Federal, sino, en primer término, refutar las consideraciones que se vertieron para concluir en la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues en tanto éstos subsistan por falta de impugnación el tribunal encargado de resolver está obligado a confirmar la sentencia recurrida". También resultando aplicable a lo anterior la tesis VI.2o.2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988, Octava Época, registro 231978, página 821, cuyo rubro y texto, son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES SI NO IMPUGNAN LOS FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso, substancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el Tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte, en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama" Por tanto, al resultar inoperantes los conceptos de violación se niega el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución al no haber sido combatidos por vicios propios, sino que su ilegalidad se hace depender de la inconstitucionalidad de la resolución administrativa reclamada.Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ALEJANDRO YEPEZ OLEA, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos que se expusieron en el último resolutivo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistido de Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que autoriza y da fe, de conformidad con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencias en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 en relación con la circular SECNO/8/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos.
- Principal
Vistos los autos para resolver el juicio de amparo 927/2020-II, promovido por ALEJANDRO YEPEZ OLEA, por propio derecho; y RESULTANDO: PRIMERO. Por escrito depositado el veinte de octubre de dos mil veinte, en el buzón judicial de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, turnado y recibido al siguiente día en este órgano jurisdiccional, ALEJANDRO YEPEZ OLEA, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclama de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado y otra autoridad. SEGUNDO. Por auto de veintidós de octubre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda; se fijó fecha para el verificativo de la audiencia constitucional, se solicitó el informe justificado, se ordenó emplazar al Agente del Ministerio Público de la Federación y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que inició al tenor del acta que antecede. CONSIDERANDO: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito en el Estado de Morelos es competente para conocer y resolver el presente juicio de garantías, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, y 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107 de la Ley de Amparo; 1º, fracción V y 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece, en lo conducente, que los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos, con residencia en Cuernavaca, Morelos, ejercerá jurisdicción territorial en el Distrito Judicial conformado por el territorio de la propia entidad federativa, lugar donde tiene ejecución material el acto reclamado. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Como está señalado en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe fijar de forma clara y precisa, cuáles son los actos que se reclaman, señalando las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados. Al respecto, de la lectura íntegra de la demanda debe decirse que el acto que se reclama en esta instancia constitucional es: 1.- De la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, la resolución dictada el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, dentro del expediente administrativo 24/2019 de su índice, en la que se declaró la existencia de responsabilidad administrativa atribuida a ALEJANDRO YEPEZ OLEA, e impone como sanción económica el equivalente a diez unidades de medida y actualización, correspondiente a $730.40 (setecientos treinta pesos 40/100 moneda nacional). 2.- Del Director General de Administración del Poder Judicial del Estado de Morelos los actos de ejecución de la resolución reclamada. TERCERO. Existencia del acto reclamado. Son ciertos los actos reclamados a las autoridades responsables, toda vez que así lo aceptaron al rendir su respectivo informe justificado; lo que se encuentra corroborado con las copias certificadas del expediente administrativo 24/2019, a las que se les otorga valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 130 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. CUARTO. Análisis causales de improcedencia. Previamente al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 62 de la Ley de Amparo, se procede al análisis de las causales de improcedencia, por ser ésta una cuestión de orden público y, por ende, de estudio preferente. La autoridad responsable Magistrado Presidente de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, argumenta que, se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción IX de la Ley de Amparo, en virtud de que la resolución reclamada deriva del cumplimiento de la ejecutoria de amparo emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito al resolver el recurso de revisión 512/2019, derivado del amparo 1042/2019-III del índice de este órgano jurisdiccional. Es infundada dicha casual de improcedente; toda vez que si bien en cumplimiento a la ejecutoria del juicio de amparo 1042/2019-III se ordenó dejar sin efectos la resolución de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve emitida en el expediente 24/2019, así como las consecuencias que de la misma derivan y dictar una nueva en la que declarara que la Comisión de Magistrados designada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado era incompetente para resolver el procedimiento administrativo referido; sin embargo se precisó que ello acontencía sin vedar las facultades de la autoridad competente para iniciar y conocer del procedimiento administrativo, lo que implicaba que, de ser el caso, podría emitir una nueva resolución concluyente. Por tanto, dada la precisión apuntada, no puede afirmarse que la determinación impugnada en el presente juicio constitucional, fue emitida bajo los términos previstos en la fracción IX del artículo 61 de la Ley de Amparo en atención a lo resuelto en el diverso juicio de amparo, ni mucho menos en ejecución de la misma; dado que en ningún momento se le constriñó a dictar una nueva declarando la responsabilidad administrativa del quejoso, ni se le dieron lineamientos para tal efecto. Pues lo único que se ordenó fue dejar sin efectos la resolución dictada el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve emitida en el expediente 24/2019, y que al derivar dicho acto de un procedimiento seguido en forma de juicio, emitiera otra purgando el vicio formal advertido, pero sin establecer el sentido en que ésta debía ser concretizada, esto es, no se ordenó que se declarara la existencia de responsabilidad ni sanción alguna; de ahí que no pueda estimarse actualizada la causal de improcedencia que hace valer la responsable, al haberse emitido el acto reclamado con plenitud de jurisdicción. Al no haber diversa causal de improcedencia hecha valer por las partes, y quien resuelve no advierte alguna que se tenga que estudiar de oficio, se analizará el fondo del asunto. QUINTO. Análisis de los conceptos de violación. En primer lugar se precisa que en el caso en estudio no es dable la suplencia de la queja deficiente, puesto que el procedimiento de responsabilidad administrativa contra servidores públicos no nace ni se desarrolla a partir de la conceptualización del derecho laboral vinculado con las prestaciones y obligaciones a que se contrae el artículo 123 constitucional, sino del régimen a que están sujetos por virtud del ejercicio de una función pública en estricto derecho administrativo, conforme al artículo 109, fracción III, de la Constitución Federal (antes 113, párrafo primero), por lo que no opera la suplencia de la queja deficiente a que se refiere el artículo 79 fracción V de la Ley de Amparo. Lo anterior guarda sustento en la Jurisprudencia de la Décima Época, registro: 2013378, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 38, Enero de 2017, Tomo I, página: 705, del siguiente rubro: "SUPLENCIA DE LA QUEJA DEFICIENTE PREVISTA EN EL ARTÍCULO 79, FRACCIÓN V, DE LA LEY DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE EN LOS JUICIOS DE AMPARO TRATÁNDOSE DE ACTOS DERIVADOS DE UN PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA CONTRA UN SERVIDOR PÚBLICO, POR NO ESTAR INMERSOS EN LA MATERIA LABORAL.". Los conceptos de violación son inoperantes, como se verá a continuación. En seguida se relataran los antecedentes del acto reclamado, deducidos de las constancias que la autoridad acompañó al informe justificado: 1. Mediante oficio CJE/MCVCL/6679/2017 de nueve de noviembre de dos mil diecisiete (fojas 2 y 3 del anexo I), la Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos y de la Comisión responsable, comunicó al Magistrado Visitador General, que en sesión ordinaria de la misma data, ordenó iniciar el procedimiento de investigación, entre otros, contra ALEJANDRO YEPEZ OLEA, quien en la época de comisión de los hechos materia del mismo, fungía como Secretario del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. 2. El Magistrado Visitador General del Poder Judicial del Estado de Morelos el treinta de noviembre de dos mil diecisiete, en acatamiento al oficio de referencia, dio inicio al procedimiento de investigación respectivo, registrándolo con el número 66/2017, mismo en el que el ocho de octubre de dos mil dieciocho (fojas 204 a 215 del tomo de pruebas); al resolverse se propuso que se iniciara el procedimiento de responsabilidad administrativa, entre otros contra la aquí parte quejosa y ordenó remitir la investigación administrativa a la Comisión de Magistrados; en ese sentido en resolución de doce de diciembre de dos mil dieciocho (fojas 218 a 238 del tomo de pruebas), la Comisión de Magistrados ordenó iniciar el respectivo procedimiento de responsabilidad administrativa y lo turnó a la Visitaduría General del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 3. Por auto de diez de enero de dos mil diecinueve (fojas 239 y 240 del tomo de pruebas), en la queja administrativa 24/2019, la Comisión de Magistrados nombrada por el Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, tuvo por recibido el oficio TSJ/COMISION/ADMON/6452/2018, y previo a iniciar el procedimiento de responsabilidad administrativa, requirió se informara la situación laboral y domicilio particular de entre otros del aquí quejoso. 4. Posteriormente, ALEJANDRO YEPEZ OLEA fue notificado personalmente y previo desahogo del procedimiento, el treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, la Comisión del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dictó la resolución definitiva en el procedimiento administrativo 24/2019, en la que determinó la existencia de responsabilidad administrativa entre otros, de ALEJANDRO YEPEZ OLEA quien en la época de los hechos fungía como Secretario del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, imponiéndole una sanción económica de diez días de salario mínimo equivalente a $754.90 (setecientos cincuenta y cuatro pesos 90/100 moneda nacional), y ordenó girar oficio al Director General de Administración de esa institución para que ordenara a quien correspondiera agregara al expediente personal del funcionario la sanción correspondiente. 5. En contra de la anterior determinación ALEJANDRO YEPEZ OLEA, promovió juicio de amparo indirecto, el cual quedó radicado en este juzgado federal con el número 1042/2019-III y resuelto el siete de octubre de dos mil diecinueve determinando conceder el amparo y protección de la justicia federal para que la autoridad responsable Comisión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos, dejara sin efectos el acto reclamado, así como las consecuencias que de ella derivan, y, dado que del informe justificado de la referida Comisión, se advirtió que ya se había creado la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina, dictara una nueva resolución en la que -siguiendo los lineamientos allí expuestos- se declarara incompetente para resolver el procedimiento administrativo de referencia. 6. En contra de la anterior determinación la entonces Magistrada Presidente del Tribunal Superior de Justicia y de la Junta de Administración de Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado interpuso recurso de revisión, el cual fue radicado con el número 512/2019 por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimoctavo Circuito, quien por ejecutoria de trece de marzo de dos mil veinte, confirmó la sentencia recurrida. 7. El dieciocho de agosto de dos mil veinte quedó firme dicha resolución por lo que se requirió el cumplimiento a la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos en su carácter de autoridad sustituta de la señalada como responsable Comisión del Pleno del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Morelos. 8. En acatamiento a la ejecutoria de amparo, la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, dejó sin efectos la sentencia de treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve en el expediente 24/2019, y el diecisiete de septiembre de dos mil veinte, emitió una diversa en la que declaró la existencia de responsabilidad administrativa de ALEJANDRO YÉPEZ OLEA y le impusieron una sanción económica de diez unidades de medida de actualización equivalente a $730.40 (setecientos treinta pesos 40/100 moneda nacional), y ordenó girar oficio al Director General de Administración de esa institución para que instruyera a quien correspondiera, agregara al expediente personal del funcionario la sanción correspondiente. Dicha resolución se notificó a la parte quejosa el uno de octubre de dos mil veinte (fojas 671 a 674 del tomo de pruebas) y constituye el acto reclamado en esta instancia constitucional. Ahora bien, en el primer concepto de violación pretende combatir la legalidad en la designación de los integrantes de la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado de Morelos, sin embargo, quien resuelve se encuentra impedido para hacer un estudio de su designación. Lo anterior es así, pues este órgano de amparo sólo puede conocer de las violaciones a los derechos humanos que le sean planteadas como controversia conforme a los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, las cuales deberá resolver en atención a lo previsto en los aludidos preceptos y en los que resulten aplicables de su Ley Reglamentaria, pero en relación a los actos y autoridades que fueron señalados en la demanda de amparo. A más que sobre el tema que se aborda, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que en el juicio de amparo no es susceptible de analizarse la competencia de origen de la autoridad responsable, es decir, la legitimidad de su nombramiento; pues en aquél sólo se estudia la constitucionalidad o inconstitucionalidad del acto reclamado, tal como aparezca probado ante la autoridad responsable, por ende, no compete a los órganos del Poder Judicial de la Federación entrar en apreciaciones sobre si la autoridad responsable está capacitada o impedida para dictar la resolución que se le reclama. Lo anterior es así, toda vez que la competencia que puede ser analizada vía jurisdiccional a que se refiere el artículo 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es aquella por razón de materia, grado y territorio de las autoridades, puesto que la obligación de la autoridad de cumplir en el acto de que se trate, con la fundamentación y motivación requeridas por dicho precepto constitucional, se colma en esos términos. En ese sentido, el artículo 16 constitucional, no se refiere a la legitimidad de un funcionario ni a la manera como se incorpora a la función pública, sino a los límites fijados para la actuación del órgano frente a los particulares, ya que son justamente los bienes de éstos su objeto de tutela del precepto, en tanto consagra una garantía individual y no un control interno de la organización administrativa, por lo tanto, el argumento expuesto por la quejosa no puede ser materia de análisis por parte de este juzgado federal, ya que por medio de estos lo que cuestiona es la legitimidad de la designación de los integrantes de la Junta de Administración y Vigilancia del Poder Judicial del Estado de Morelos. Sirve de sustento a lo anterior la Jurisprudencia PC.XVIII.P.A. J/8 A (10a.), de número de registro digital 2022545, visible en el Semanario Judicial de la Federación, tomo Libro 81, Diciembre de 2020, página 857, del siguiente rubro: "COMISIÓN DE MAGISTRADOS NOMBRADA POR EL PLENO DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE MORELOS PARA EJERCER LAS ATRIBUCIONES ANTES ENCOMENDADAS AL EXTINTO CONSEJO DE LA JUDICATURA. ES CONSTITUCIONAL Y LEGALMENTE COMPETENTE PARA TRAMITAR Y RESOLVER LOS PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS SOMETIDOS A SU POTESTAD, HASTA LA FECHA EN QUE QUEDÓ INTEGRADA Y ENTRÓ EN FUNCIONES LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN, VIGILANCIA Y DISCIPLINA DEL PROPIO TRIBUNAL SUPERIOR." en la cual se determinó que debe estimarse competente, a la Comisión de Magistrados en cita, desde su creación e inicio de funciones, hasta la fecha en que quedó integrada e inició su funcionamiento la Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial, con independencia de la fecha en que entró en vigor el decreto de reforma constitucional que ordenó su creación mediante la adecuación legislativa correspondiente, pues considerarlo de otro modo, implicaría analizar la competencia del primero de los órganos administrativos referidos, a partir de parámetros tales como su existencia o su legitimidad, que constituyen aspectos atinentes a lo que en la teoría constitucional diseñada por la Suprema Corte de Justicia de la Nación se conoce como incompetencia de origen, misma que no puede ser dirimida en el juicio de amparo, lo que en particular se plantea analizar en el aludido concepto de violación. Por lo tanto, como se mencionó, dicho concepto de violación resulta inoperante. Por otra parte -aduce la parte quejosa- que la responsable no valoró adecuadamente que ha transcurrido en exceso el plazo señalado en los artículos 7, 8 y 10 de la Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública del Estado de Morelos, para efecto de requerir aclaración y responsabilidad alguna en relación a la entrega que éste hiciera de los expedientes y valores que tenía a su cargo en el Juzgado Noveno en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado de Morelos, cuando fue cambiado de adscripción; lo que repercute según refirió en una incorrecta valoración al analizar el acta de entrega recepción, y al valorar la excepción de prescripción hecha valer en el procedimiento. De igual forma, argumenta que la responsable trasgrede en su perjuicio el principio de igualdad de la partes, toda vez que no tomó en consideración la documental pública autógrafa del acta de visita de supervisión de treinta de agosto de dos mil dieciséis, realizada al Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Sexto Distrito Judicial, en el cual se encontró un rezago de ochenta y nueve expedientes pendientes de dictar sentencia, sin que haya iniciado procedimiento alguno. Devienen inoperantes los sintetizados argumentos por novedosos, toda vez que no fueron planteados por el impetrante al rendir su informe el treinta de enero de dos mil diecinueve durante la substanciación de la queja administrativa. En efecto, las consideraciones jurídicas que controvirtió la parte quejosa en el procedimiento administrativo de origen se constriñeron a lo siguiente: Que se niega terminantemente que hubiera actuado incorrectamente en la tramitación de los juicios a su cargo, durante la vigencia de su desempeño como Secretario de Acuerdos en el Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, pues se hizo la entrega recepción a su sucesora de forma detallada, como se acreditaba con el acta de entrega de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, máxime que han pasado más de dos años ocho meses desde que se celebró la entrega recepción, aunado a que no existe indicación en contrario a la fecha del órgano de supervisión que haya sido requerido en los términos y plazos señalados en la ley de la materia. Que del tiempo que duró la entrega recepción se desprende que se ocupó de todo, sin que hiciera falta documento alguno y en su debido resguardo de lo existente en aquel juzgado y no se puede controlar su existencia varios años después, pues no hubo queja o reclamo alguno. También refirió, que de lo antes narrado se desprende que los hechos materia de la investigación administrativa, número 66/2017, en relación al expediente número 19/2016, ocurrieron mucho después al periodo que estuvo adscrito al Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado, aunado a que durante su encargo no existió faltante de documento alguno y estuvo debidamente resguardado todo; por lo que no se configura la hipótesis legal atribuida a su persona. De igual forma, en el procedimiento administrativo ante la responsable, el peticionario de amparo ofreció como pruebas la testimonial a cargo de Lorenzo Ernesto González Castro, la documental consistente en el original del acta de entrega recepción de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la instrumental de actuaciones, la presuncional en su doble aspecto legal y humana. Y como excepciones y defensas refirió " 1.- LA FALTA DE ACCIÓN, la que se deriva de la presente contestación en atención a que no se constan hechos que justifiquen el presente procedimiento. 2.- LA FALTA DE LEGITIMACIÓN ACTIVA, de la que se desprende que no existen hechos que actualicen las hipótesis legales que justifiquen su actuar de la autoridad investigadora y de la ordenadora con independencia de la contradicción de legislación aplicable al presente asunto contra el suscrito. 3.- LA DE CADUCIDAD Y/O PRESCRIPCIÓN, que se generen de los hechos marrados (sic) y consecuencias jurídicas que se desprenden de la presenta contestación. 4.- LA DE OSBCURIDAD (sic) Y DE IMPRESICIÓN de los hechos narrados que originan el presente procedimiento que ponen en estado de indefensión. 5.- Las excepciones y defensas que se deriven por las condiciones materiales y físicas de las instalaciones del Juzgado Primero Civil en Materia Familiar y de Sucesiones de Primera Instancia del Cuarto Distrito Judicial en el Estado que se despendan (sic) de las constancias en el presente procedimiento.". En lo concerniente a la prescripción se afirma que los conceptos de violación vertidos en la presente instancia constitucional devienen inoperantes, en atención que si bien es cierto, que de la transcripción inserta se advierte que al comparecer al procedimiento administrativo el ahora quejoso la hizo valer ante la responsable, también resulta verídico que los argumentos que ahora expone relativos a los artículos 8 y 9 Ley de Entrega Recepción de la Administración Pública para el Estado de Morelos, de la que hace derivar bajo el razonamiento de que no fue requerido dentro del plazo que dichos preceptos consagran con posterioridad a la entrega recepción; resultan novedosos, pues en aquel entonces únicamente lo planteó de manera genérica. Por tanto, es evidente que los conceptos de violación sintetizados no fueron materia de análisis en el procedimiento, es decir, los argumentos que contienen no fueron planteados ante la responsable, por lo que resultaría injustificado examinar la constitucionalidad de una resolución combatida a la luz de razonamientos que no conoció la autoridad responsable, pues se reitera, tales manifestaciones no formaron parte de la litis natural, y por ende, la autoridad responsable no tuvo la oportunidad legal de estudiarlas ni de pronunciarse sobre ellas, por lo que de analizarlas en esta instancia constitucional el suscrito Juez se sustituiría a la Junta responsable, lo cual es inadmisible; de ahí lo inoperante de los argumentos analizados. Apoya a la anterior consideración jurídica la jurisprudencia VI.2o.A. J/7, de los Tribunales Colegiados de Circuito, Novena Época, registro 178788, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, Abril de 2005, Materia: Administrativa, página: 1137 del rubro: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN EN EL AMPARO DIRECTO. INOPERANCIA DE LOS QUE INTRODUCEN CUESTIONAMIENTOS NOVEDOSOS QUE NO FUERON PLANTEADOS EN EL JUICIO NATURAL.". Máxime que el hoy quejoso sí estuvo en condiciones de formular tales planteamientos al rendir su informe el treinta de enero de dos mil diecinueve durante la substanciación del procedimiento administrativo para que la responsable emitiera pronunciamiento al respecto. Por otra parte, el quejoso aduce que la Junta responsable, incumplió con la valoración de pruebas, pues solamente se basó en la documental pública consistente en el acta de fecha doce de octubre de dos mil diecisiete, la cual no fue valorada en términos de lo dispuesto en los artículos 490, 449 y 450 del Código Procesal Civil del Estado. También, arguye que la resolución reclamada vulnera en su perjuicio las garantías de seguridad y debido proceso; toda vez que no se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 186 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; consistente en la supuesta sustracción de documentos, pues del acta de entrega recepción de fecha cuatro de mayo de dos mil dieciséis se advierte que cumplió con todas las formalidades de entregar todos y cada uno de los documentos, valores, mobiliario, materiales sellos y todas las existencia del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial en el Estado. Dichos conceptos de violación, devienen inoperantes, ya que constituyen en parte una reiteracio´n de los argumentos que formuló el quejoso en su informe en el procedimiento administrativo y que fueron analizados y desvirtuados por la autoridad responsable Junta de Administración, Vigilancia y Disciplina del Poder Judicial del Estado en la resolucio´n que constituye el acto reclamado. Aunado a que con los mismos no se refuta el argumento medular expuesto por la responsable al fincarle responsabilidad administrativa en los términos desarrollados en el fallo reclamado particularmente en lo relativo a que no se le refuta el extravío del documento base de la acción de que se trata, sino de la conducta que refiere la Junta responsable él mismo reconoció consistente en haber glosado dicho documento al juicio de origen en contravención a lo previsto por el artículo 82 del Código Procesal Civil del Estado y lo que se calificó como determinante para concluir en el caso la existencia de la conducta irregular, pues al no cumplir con el imperativo legal de resguardar en el seguro del Juzgado dicha documental, ello derivó en su extravío; de lo que se evidencia que dicho razonamiento no fue frontalmente refutado por el aquí quejoso. En efecto, el quejoso en el escrito inicial de demanda que dio origen al presente juicio, sustenta tales motivos de inconformidad en lo siguiente: ".Por tanto, es lógico que no es procedente, ni se actualiza ninguna hipótesis de las invocadas en contra del actuar del suscrito, toda vez que si se llevó a cabo una entrega recepción durante mi encargo en aquel juzgado siguiendo los lineamientos requeridos por la ley de la materia atendiendo a los lineamientos y recurso aportados del órgano de supervisión y el transcurso de los plazos exigidos por la ley de la materia." En tanto, del escrito por medio del cual rinde su informe en la queja administrativa el quejoso expuso lo siguiente: ". Por lo tanto, es lógico que no es procedente, ni se actualiza ninguna hipótesis legal de las invocadas en contra del actuar del suscrito, toda vez que si se llevó a cabo una entrega recepción durante mi encargo en aquel juzgado siguiendo los lineamientos requeridos por la ley de la materia. que es evidente que NO DESPLEGUE NINGUNA CONDUCTA que se encuentre en alguna de las hipótesis legal atribuida al suscrito, por lo que no es procedente ni se acredita que se haya actuado con falta de diligencia y cuidado, ni se actualice alguna de las hipótesis legales que se me imputan.". De la confrontación de ambos escritos, se observa que los argumentos que formuló en vía de conceptos de violación en la presente vía son una reproducción íntegra de los hechos valer ante la responsable. Además, de que los mismos fueron tomados en consideración y contestados por la hoy responsable, pues la autoridad expuso: En primer término refirió que el procedimiento administrativo, se inició con la resolución emitida el doce de diciembre de dos mil dieciocho emitida en la investigación administrativa 66/2017. Posteriormente analizó las pruebas que se allegaron otorgando valor probatorio a la documental de entrega-recepción de cuatro de mayo de dos mil dieciséis, la cual valoró en términos de los artículos 442 y 490 del Código Procesal Civil del Estado, otorgándole valor indiciario, ya que consideró que de la misma se desprendía que el aquí quejoso hizo la entrega recepción a la licenciada Sandra Torres Márquez, de las promociones, así como de los escritos iniciales de demanda pendientes por acordar, al igual que diverso mobiliario, libros, donde se registran los valores, pliego de posiciones e interrogatorios, así como documentos base de la acción, sin que de la misma se advirtiera una relación detallada donde se especificaran los números de expedientes y los documentos base de la acción. Luego, la Junta responsable otorgó eficacia probatoria a la testimonial a cargo de Lorenzo Ernesto González Castro, en términos de los numerales 471, 472 y 490 del Código Procesal Civil del Estado, de lo cual se corroboraba que el ateste conocía al servidor público investigado, ya que era su jefe inmediato como Secretario de Acuerdos, así como que se realizó la entrega recepción con motivo del cambio de adscripción de Alejandro Yépez Olea; sin embargo de la misma no se advertía dato alguno en relación al descuido del resguardo y custodia de los documentos base de la acción del expediente 19/2016-2. Por cuanto a la instrumental de actuaciones, estableció que la legislación procesal civil del Estado, no consideraba expresamente como medio de prueba la misma, sin embargo sólo examinaría todas las constancias que integran el expediente, con la finalidad de resolver en concordancia con lo actuado en el procedimiento administrativo. En lo referente a la presuncional legal y humana, la valoró en términos de lo dispuesto en los artículos 490 y 493 del Código Procesal Civil del Estado de Morelos, en relación con el diverso 195-Quáter de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, ya que de la misma se deducía un hecho conocido, que en el caso en estudio, eran las observaciones realizadas en la función encomendada en su carácter de Secretario de Acuerdos de Primera Instancia y si el mismo cumplió con las atribuciones y deberes que establece la Ley Orgánica en mención. Asimismo destacó que la actualización de la fracción IV del artículo 186 de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Estado, no se destruía por el sólo hecho de haber realizado una entrega y recepción, sino porque dentro de la entrega recepción no hizo entrega de un valor que tuvo que haber quedado guardado en el seguro del juzgado, en la especie, el contrato de promesa de venta que se exhibió como documento base de la acción en el expediente 19/2016 del índice del Juzgado Noveno Civil de Primera Instancia del Noveno Distrito Judicial del Estado de Morelos. De igual forma, refirió que las manifestaciones realizadas por el peticionario de amparo eran insuficientes para desvirtuar los hechos imputados, toda vez que de las pruebas y constancias que obran en autos, se acreditaba que durante el tiempo que estuvo como Segundo Secretario de Acuerdos del Juzgado Noveno en Materia Civil y Mercantil de Primera Instancia Judicial en el Estado, descuidó el expediente 19/2016, no tomó las medidas necesarias para resguardar el contrato privado de promesa de compraventa, dado que de la instrumental de actuaciones se advertía que dio fe en el escrito inicial de demanda (auto de catorce de agosto de dos mil quince en el que se desechó la demanda); así como dio fe de los autos de trece y dieciocho enero de dos mil dieciséis, en el que se tuvo por recibida la resolución emitida en el recurso de queja y se ordenó formar y registrar el expediente bajo el número que le correspondía, y no guardó en el seguro del juzgado dicho contrato. Posteriormente, razonó que se actualizó la causa de responsabilidad prevista en el artículo 186 fracción IV de la Ley Orgánica del Poder Judicial del Esta de Morelos, en virtud de que ALEJANDRO YEPEZ OLEA, tuvo un descuido en el desempeño de las funciones que como Secretario de Juzgado tenía encomendadas al no tomar las medidas necesarias a efecto de evitar que se extraviara el documento base de la acción relativo a la última foja donde constaba las firmas del contrato privado de promesa de compraventa en el expediente 19/2016, pues de conformidad con el numeral 82 del Código Procesal Civil del Estado debía resguardar dicho contrato en el seguro del juzgado, el cual se encontraba glosado en el expediente, lo que tuvo como consecuencia que se sustrajera, sin que de la entrega recepción se desprendiera que el peticionario de amparo hubiera entregado dicho expediente con la totalidad de los documentos base de la acción. Además refirió que de conformidad con el numeral 83 del Código Procesal Civil del Estado, es responsabilidad de los Secretarios de Acuerdos, cuando por disposición de Ley o del Tribunal, deban entregar, sellos, expedientes libros y documentos que existan en el archivo del tribunal a otro funcionario, recabar recibo para su resguardo, para que la responsabilidad sea transmitida a la persona que firma el recibo, lo que en el presente caso no acontenció, por lo que dicha conducta se le atribuyó al aquí quejoso, con lo cual quebrantó la eficiencia que requiere la administración de justicia y contravino los principios que todo servidor público debe cumplir, entre otros, el de la eficiencia en el desempeño de cargo, el cual orienta a la administración pública y garantiza el buen servicio. De lo anterior, se concluye que el peticionario de amparo se limitó a reiterar los argumentos esgrimidos en la queja administrativa -los cuales fueron contestados-, sin combatir las razones que vertió la autoridad responsable en la resolución que constituye el acto reclamado en el presente juicio de amparo. Por lo que -como se indicó- se tornan inoperantes los conceptos de violación citados. Sin que el alegato relativo a la incorrecta valoración de la documental consistente en el acta de doce de octubre de dos mil diecisiete, destruya los argumentos de la responsable que sustenta la responsabilidad administrativa atribuida al aquí quejoso; pues como se indicó con dicho argumento, ni con los restantes que expusiera en su demanda, combate de manera frontal el razonamiento medular expuesto por la responsable para fincarle responsabilidad administrativa, que hizo consistir en que tuvo un descuido en el desempeño de las funciones que como Secretario de Juzgado tenía encomendadas al no tomar las medidas necesarias a efecto de evitar que se extraviara el documento base de la acción relativo a la última foja donde constaba las firmas del contrato privado de promesa de compraventa en el expediente 19/2016, pues de conformidad con el numeral 82 del Código Procesal Civil del Estado debía resguardar dicho contrato en el seguro del juzgado, no obstante el mismo fue glosado en el expediente; en la medida que como se precisó los conceptos de violación se formularon únicamente con el objeto de refutar su responsabilidad por haber efectuado la entrega recepción de lo que tenía a su cargo como Secretario de juzgado; que los hechos del extravío acontecieron con posterioridad y que no existió reclamo alguno en el sentido que no hubiese hecho entrega del documento de que se trata; sin embargo nada refiere en torno a la conducta que como se dijo se calificó de irregular al no haber quedado el documento en el seguro del juzgado; de ahí que resulten inoperantes los conceptos de violación. Sirve de apoyo a la anterior consideración, la tesis XX. J/19, emitida por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, página 694, Novena Época, número de registro 203127, de rubro y texto siguiente: "AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON CUANDO NO SE COMBATEN LAS CONSIDERACIONES VERTIDAS QUE ESTIMAN LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ACTO RECLAMADO. Un agravio tendiente a combatir la sentencia del Juez de Distrito que concede la protección de la Justicia de la Unión, no debe limitarse únicamente a destacar los elementos que existen para justificarlo, o a señalar cuáles aspectos omitió el Juez Federal, sino, en primer término, refutar las consideraciones que se vertieron para concluir en la inconstitucionalidad del acto reclamado, pues en tanto éstos subsistan por falta de impugnación el tribunal encargado de resolver está obligado a confirmar la sentencia recurrida". También resultando aplicable a lo anterior la tesis VI.2o.2, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, consultable en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo I, Segunda Parte-2, Enero-Junio de 1988, Octava Época, registro 231978, página 821, cuyo rubro y texto, son: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN INOPERANTES SI NO IMPUGNAN LOS FUNDAMENTOS DEL ACTO RECLAMADO. Si el quejoso, substancialmente repite, en sus conceptos de violación, los agravios que hizo valer ante el Tribunal responsable, pero se olvida de impugnar los fundamentos de la sentencia reclamada, que dieron respuesta a tales agravios, debe concluirse que dichos conceptos son inoperantes porque, por una parte, en el amparo no se debe resolver si el fallo de primer grado estuvo bien o mal dictado sino si los fundamentos de la sentencia reclamada, que se ocuparon de aquellos agravios, son o no violatorios de garantías; y por otra, porque si tales fundamentos no aparecen combatidos en la demanda de amparo, se mantienen vivos para continuar rigiendo la sentencia que se reclama" Por tanto, al resultar inoperantes los conceptos de violación se niega el amparo y protección de la justicia federal solicitada. Negativa que se hace extensiva a los actos de ejecución al no haber sido combatidos por vicios propios, sino que su ilegalidad se hace depender de la inconstitucionalidad de la resolución administrativa reclamada. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE: ÚNICO. LA JUSTICIA DE LA UNIÓN NO AMPARA NI PROTEGE A ALEJANDRO YEPEZ OLEA, contra los actos y autoridades precisados en el considerando segundo, por los motivos que se expusieron en el último resolutivo. Notifíquese personalmente. Así lo resolvió y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, hoy cuatro de febrero de dos mil veintiuno, en que las labores del Juzgado lo permitieron, asistido de Jorge Manuel Díaz Carranza, Secretario que autoriza y da fe, de conformidad con el Acuerdo General 13/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencias en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19 en relación con la circular SECNO/8/2021 emitida por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintitrés de noviembre de dos mil veinte. Agréguense a sus autos para que obren como correspondan los oficios de cuenta; atento a su contenido, téngase a las autoridades responsables rindiendo su informe justificado, con el mismo y con las constancias que a él se anexan, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a sus intereses convenga; asimismo, téngase por hechas las designaciones que refieren. En relación con las pruebas que ofrece la responsable, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por anunciadas las mismas, sin perjuicio de su relación al momento de celebrar la audiencia constitucional. Tomando en consideración el volumen de las constancias que remitió la responsable, se ordena formar cuatro anexos, los cuales quedan a disposición de las partes para su consulta en la Secretaría de este Juzgado, en el entendido que se seguirá actuando en el presente expediente. Notifíquese y cúmplase. Así lo proveyó y firma Jorge Isaac Lagunes Leano, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, asistido del Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. *Nmtg.
Quedan 7 actuaciones en este expediente
El informe completo incluye el historial entero del expediente, además de antecedentes, validación de identidad y listas de riesgo en 16 países.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos · 16,416 expedientes
- Alejandro Vital Garces1004/2019
- Alejandro Vital Garces1183/2018
- Alejandro Vital Garces59/2022
- Alejandro Vital Garcés792/2020
- Alejandro Williams Álvarez1447/2014
- Alejandro Williams Álvarez1446/2014
- Alejandro Yepez Olea1042/2019
- Alejandro Zacarias Cabrera757/2023
- Alejandro Zacarias Cabrera1501/2023
- Alejo Castillo Gutierrez750/2019
- Alessandry Castelo Figueroa1195/2015
- Alex Bahena Toledo385/2016