Alejandro Ya Ku
Expediente 1002/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 4 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 1002/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 27/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Alejandro Ya Ku
Actuaciones
- Principal
Notifíquese personalmente.
- Principal
Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta signado por la Juez Familiar Oral del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, por virtud del cual rinde informe justificado; en consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, dése vista a las partes para que se impongan de su contenido y manifiesten lo que a su derecho convenga, sin perjuicio de relacionarlo al celebrar la audiencia respectiva. Asimismo, la autoridad responsable remite lo siguiente: Disco versátil digital que contiene copia certificada de los audios y videos de la audiencia de dieciocho de junio de dos mil quince, en el expediente 340/2015. Copia certificada de diversas constancias que obran en el expediente 340/2015. En consecuencia, dése vista a las partes con los anexos que acompañó la autoridad en comento, consistentes en un disco versátil digital (DVD), el cual, conforme al criterio de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la Contradicción de Tesis 455/2012, adquieren el carácter de documental pública. Motivo por el cual, con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable las documentales descritas con antelación, así como por desahogadas en atención de su propia y especial naturaleza, sin necesidad de celebrar una audiencia especial para la reproducción del contenido de las documentales contenidas en el disco versátil digital, sin perjuicio de su relación al celebrarse la audiencia constitucional. Respecto de la documental contenida en el disco versátil digital, a efecto de una mejor conservación de las mismas, resguárdese por separado en la secretaría de este Juzgado. Hágase del conocimiento de las partes que dichas constancias quedan a su disposición para su consulta en el local de este Juzgado en días y horas hábiles, para lo cual se le otorgaran las facilidades tecnológicas con que cuenta este órgano de control constitucional necesarias para la reproducción del disco compacto de que se trata. En el entendido de que este órgano jurisdiccional se encuentra obligado, conforme a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, a realizar el análisis de la información clasificada como reservada o confidencial exhibida con el informe justificado rendido por la autoridad responsable en términos del artículo 117 de la Ley de Amparo y, hecho lo anterior, permitir el acceso únicamente a las constancias que se consideren esenciales para su defensa, adoptando en todo momento las medidas de seguridad a efecto de evitar que se usen de manera incorrecta, así como ponderar los derechos implicados y las especificidades del caso concreto para decidir si es indispensable o relevante el acceso a una parte o a toda la información con miras a resolver el problema de constitucionalidad planteado. Además, en caso de que este Juzgado permita el acceso total o parcial a las constancias, podrá imponer las modalidades que considere necesarias para ello, sin que en caso alguno dicha información pueda ser transmitida, copiada, fotografiada, escaneada o reproducida por cualquier medio. Notifíquese.
- Principal
Vista la demanda de amparo de cuenta con la que ****** solicita el amparo y la protección de la justicia Federal contra actos que atribuye al Juez de Instrucción del Juzgado Familiar Oral de esta ciudad de Chetumal, 'Quintana Roo y otra autoridad; con apoyo en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución Federal; 1º, 33, fracción IV, 35, 37, 107, 108, 112, 115, 116 y 117 de la Ley de Amparo, se manda formar expediente, registrarlo en el libro de control (electrónico) bajo número 1002/2023 y se admite en sus términos la demanda de que se trate. Por otra parte, apertúrese por separado únicamente en original el incidente de suspensión, sin que haya lugar a ordenar la apertura de su duplicado, de acuerdo a lo establecido en el artículo 264, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa e los órganos jurisdiccionales. Dese la intervención que legalmente le corresponde al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito en materia de amparo, en términos de los numerales 107, fracción XV, constitucional y 5, fracción IV, de la ley de la materia. Con relación a lo anterior, cabe precisar que de las constancias que obran en el expediente de varios 1/2023 del índice de este juzgado, se advierte que en proveído de seis de noviembre de este año, se ordenó agregar el oficio firmado por el Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este Juzgado Federal, mediante el cual solicitó la vinculación de los juicios de amparo a su cuenta de FIREL "*****", para atender dichos asuntos vía electrónica. Circunstancia que se invoca como un hecho notorio de conformidad con el artículo 88 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por tratarse de un expediente bajo la potestad de este juzgador y se toma en consideración a fin de otorgarle acceso al expediente electrónico relativo al presente juicio de amparo. En atención a lo anterior, con fundamento en los artículos 26, fracción IV y 30, fracción II, de la Ley de Amparo, se autoriza la consulta electrónica del presente expediente y se ordena realizar notificaciones personales a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita vía electrónica, por medio de su usuario "****". Para su celebración de la audiencia constitucional del juicio se fijan las once horas con veinte minutos del trece de diciembre de dos mil veintitrés. De conformidad con el artículo 117 de la citada legislación, pídase informe justificado a las autoridades responsables, el que deberán rendir dentro del plazo de quince días, exponiendo las razones y fundamentos que estimen pertinentes para sostener la improcedencia del juicio y la constitucionalidad o legalidad del acto reclamado, acompañando, en su caso, copias certificadas, legibles, completas y ordenadas de las constancias y actuaciones que sean necesarias para la resolución de este asunto, apercibida que de no hacerlo así, al resolver el fondo del asunto, con fundamento en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción II, de la ley de la materia, se les impondrá multa por la cantidad de $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos 00/100 moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veintisiete de enero de dos mil dieciséis en el Diario Oficial de la Federación. En otro contexto, se advierte que a *****, le reviste el carácter de tercera interesada en este asunto, de conformidad con el artículo 5, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, ya que es la contraparte del quejoso en el juicio de origen. En consecuencia, túrnense los autos a cualquiera de los actuarios adscritos a este órgano de control constitucional, a fin de que, al que le corresponda, emplace a *****, en el domicilio señalado en la demanda de amparo, a quien deberá hacer de su conocimiento el contenido del presente proveído, corriéndole traslado con copia simple del mismo y de la demanda de amparo, también, deberá hacerle saber el derecho que tiene para comparecer al presente juicio y señalar domicilio para oír y recibir notificaciones en esta ciudad, en el entendido que de no hacerlo, las subsecuentes de carácter personal se realizarán por medio de lista que se fijan en los estrados de este órgano jurisdiccional, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 27, fracción III, de la Ley de Amparo. Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa aportando como medio de convicción las documentales que acompaña a su escrito inicial de demanda, mismas que se desahoga por su propia y especial naturaleza, y serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, así como autorizados en términos restringidos a ********************, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que respecta a su solicitud de autorización de la consulta electrónica del presente asunto, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, lo anterior, toda vez que fue omiso en señalar el usuario que pretende que se vincule a la referida autorización. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo las notificaciones que con motivo de este asunto se emitan.****************************************De conformidad con la fracción II, párrafo segundo, del artículo 263 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del numeral 257 del citado Acuerdo General, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales.****************************************Cabe precisar que en atención al artículo 253 del citado Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico destacándose que en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se deberá digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, y bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. ****************************************Por otra parte, con fundamento en los artículos 1, 6, 21, 22, fracciones II, IV y V, 26, 27, 28, 29, 46, 47, 68, y transitorios primero, cuarto y séptimo, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, este Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo, hace del conocimiento de las partes que:****************************************a) El presente asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en esa ley; ********************b) Resulta aplicable en lo que no se le oponga, la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; ********************c) El tratamiento de los datos personales es para fines propios del procedimiento y su registro en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0) también tiene objetivos estadísticos; ********************d) Este aviso se puede consultar físicamente en el expediente correspondiente o de forma electrónica, de haberse solicitado y autorizado esa vía; ********************e) Quedan expeditos sus derechos de acceso, rectificación, cancelación y oposición de tratamiento de datos personales, los cuales podrá ejercer directamente ante esta autoridad, por medio de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal o ante la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, auxiliar a la Comisión para la Transparencia, la cual tiene su domicilio en Carretera PicachoAjusco número 170, Planta Baja, Colonia Jardines en la Montaña, Alcaldía Tlalpan, C.P. 14210, Ciudad de México, cuyo correo electrónico es transparenciacjf@correo.cjf.gob.mx, así como en la sede regional de la Unidad de Enlace del Consejo de la Judicatura Federal, que se localiza en Avenida Andrés Quintana Roo número 245, supermanzana 50, manzana 57, lote 1, torre A, planta baja, en Cancún, Quintana Roo, y en su caso en la Delegación Administrativa del Consejo de la Judicatura Federal en esta ciudad, con domicilio en Avenida Álvaro Obregón número 232, esquina Avenida Independencia, Colonia Centro, Municipio de Othón P. Blanco, C.P 77000, en Chetumal, Quintana Roo. ********************f) Con el fin de respetar el derecho a la intimidad, las partes conservan su derecho a manifestar si están de acuerdo con que, las resoluciones que se emitan, se publiquen con sus datos personales, en la inteligencia que la falta de oposición expresa implicará el consentimiento tácito a que hacen referencia los párrafos segundo y tercero del artículo 21 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados. Esto sin menoscabo de que el presente asunto pueda ubicarse en alguno de los supuestos previstos en el artículo 22 de la citada ley, que exime al responsable de recabar el consentimiento del titular; y, ********************g) En la versión pública de la resolución correspondiente se suprimirán los datos sensibles que pueda contener, de conformidad con el artículo 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, entre los cuales se encuentren datos clasificados como confidenciales.****************************************Lo anterior, en el entendido de que tratándose de datos personales y archivo, en lo que no se oponga a las leyes citadas, se actuará conforme a lo establecido en el Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la publicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como a lo establecido en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos,4 hasta en tanto se emita o actualice la normatividad respectiva.****************************************Se autoriza a los Secretarios de este órgano jurisdiccional para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio.****************************************Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese, personalmente a la tercera interesada y gírense los oficios correspondientes.
- Incidental
Como está ordenado en esta propia fecha en el cuaderno principal, con fundamento el artículo 128 y demás relativos de la Ley de Amparo, se tramita por separado el incidente de suspensión derivado del juicio de amparo 1002/2023, promovido por *****, contra los actos que atribuye al Juez de Instrucción del Juzgado Familiar Oral de esta ciudad de Chetumal, 'Quintana Roo y otra autoridad. Requerimiento de informes previos y señalamiento de audiencia incidental. Con fundamento en el artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo, remítase copia de la demanda, a las autoridades señaladas como responsables y pídaseles el informe previo que deberán rendir dentro del plazo de cuarenta y ocho horas, contado a partir del momento al en que reciban el oficio de notificación. Cítese a las partes a la audiencia incidental que deberá tener verificativo a las once horas con cinco minutos del veintidós de noviembre de dos mil veintitrés. Asimismo, de conformidad con el artículo 140 de la Ley de Amparo, el informe previo de las autoridades responsables se concretarán a expresar si son o no ciertos los actos reclamados que se les atribuye, podrán expresar las razones que estimen pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión y deberán proporcionar los datos que tengan a su alcance que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a las autoridades responsables, que de no rendir su informe previo en el plazo de cuarenta y ocho horas, al resolver el fondo del asunto se les impondrá una multa por $10,374.00 (diez mil trescientos setenta y cuatro pesos, moneda nacional), equivalente a cien veces el valor inicial diario de la Unidad de Medida y Actualización, de conformidad con el Decreto por el que se declara reformadas y adicionadas diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de desindexación del salario mínimo, publicado el veinte de enero de dos mil dieciséis, en el Diario Oficial de la Federación, lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I, y 260, fracción I, de la ley de la materia. Precisión del acto reclamado para resolver sobre la suspensión provisional. En ese sentido, del análisis integral de la demanda de amparo de que se trata, se observa que la parte quejosa reclama a las autoridades responsables, lo siguiente: "IV.- ACTOS RECLAMADOS: [...] Petición de parte respecto a la suspensión. La parte quejosa solicitó la suspensión provisional del acto reclamado y, en su momento, la definitiva; con lo que se colma el requisito de procedibilidad previsto en la fracción I del artículo 128 de la Ley de Amparo. Existencia del acto reclamado. Toda vez que se trata de la suspensión provisional, para efecto de determinar la existencia de los actos reclamados, deberá atenderse, en forma preliminar, únicamente a lo expuesto por la parte quejosa, bajo protesta de decir verdad, en su demanda de amparo; de ahí que, bajo ese argumento, es suficiente para tener demostrada la existencia de los actos reclamados en esta vía. Efecto para el que se pretende la suspensión solicitada. En principio, cabe señalar que el pronunciamiento correspondiente deberá emitirse atendiendo única y exclusivamente a lo que expresamente peticiona suspender la parte quejosa. Así, se tiene que la parte quejosa peticiona la suspensión en los términos siguientes: [...] Pronunciamiento sobre la suspensión provisional. Ahora, a fin de resolver lo conducente sobre la suspensión provisional solicitada, resulta pertinente transcribir el artículo 129 de la Ley de Amparo, que a la letra dice: "Artículo 129. Se considerará, entre otros casos, que se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, cuando, de concederse la suspensión: [.] IX. Se impida el pago de alimentos. [.].". Es decir, no procede decretar la suspensión del acto reclamado cuando de concederse se impida el pago de alimentos. Ello es así, en atención a que los alimentos que se fijan en los juicios alimentarios constituyen una prioridad de orden público, de naturaleza urgente e inaplazable, porque tienden a asegurar la subsistencia de quienes los demandan, mientras se resuelve en definitiva el juicio. A ese respecto, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 113/2014, sostuvo que la sola circunstancia de que el acto reclamado se relacione con el pago de una pensión alimenticia no es suficiente para determinar que en esa hipótesis se actualiza una vulneración al orden público e interés social, pues los actos relacionados con los alimentos pueden tener diversas consecuencias, por lo que será en cada caso concreto donde se deberá ponderar la afectación a tales valores. Sin embargo, la propia Primera Sala del Alto Tribunal sostuvo que dichos valores -orden público e interés social- sí se vulneran si la suspensión tiene como efecto impedir el pago de alimentos, lo cual ocurre en el presente caso donde la quejosa reclama la determinación emitida por el Juez de Instrucción del Juzgado Familiar Oral de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, por el cual se determinó una pensión alimenticia provisional, por el treinta por ciento mensual del valor diario de un Salado Mínimo General Vigente a favor de la menor de iniciales ***********. La contradicción de tesis 113/2014, a la que se ha hecho referencia, trajo como consecuencia la jurisprudencia 1ª./J. 56/2015 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y texto: "SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé hipótesis en las que se considera que la concesión de la suspensión sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, esas hipótesis sólo son enunciativas, pues el juzgador tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público. Así, es en esa libertad en donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis determine si es o no factible conceder la suspensión. Lo anterior es así, porque esa obligación, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar de lado el interés social. En consecuencia, no pueden establecerse reglas generales para determinar si debe o no hacerse dicha ponderación, pues la decisión que se tome al respecto depende del caso concreto, ya que la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. Ahora bien, cuando el acto reclamado se vincula al pago de alimentos, el juzgador está obligado a analizar el caso en concreto con la finalidad de determinar si el acto reclamado: i) por sí solo, actualiza la hipótesis a que alude la fracción IX del artículo 129 citado; y, ii) actualiza alguna otra de las hipótesis a que alude el citado numeral. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo constitucional referido, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir." Por lo que resulta indudable que, de conceder la suspensión provisional se impediría el pago de alimentos que se decretó en favor del menor, lo que conlleva la contravención al orden público y al interés social, aunado a los perjuicios que con tal resolución se ocasionarían al acreedor alimentista los cuales serían irreparables, habida cuenta que los alimentos constituyen un derecho establecido por la ley, por lo que de concederse la suspensión, se reitera, se atacaría ese orden público y el interés social, dado que limitaría el suministro de los alimentos a los terceros interesados en este asunto. Sirve de apoyo a lo anterior, en lo conducente, la Tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 10, Tomo LXXXI, Cuarta Parte, Sexta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto es del tenor literal siguiente: "ALIMENTOS. CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE LOS CONCEDE ES IMPROCEDENTE OTORGAR LA SUSPENSIÓN". Uno de los requisitos que exige el artículo 124 de la Ley de Amparo para decretar la suspensión, es el de que no se siga perjuicio al interés social, ni se contravengan disposiciones de orden público, y enuncia casos en que se sigue perjuicio o se realizan tales contravenciones. El artículo 175 de esa propia ley dice, que cuando la ejecución o la inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general, la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios. La Tercera Sala de la Suprema Corte, ha estimado que con los alimentos se protege la subsistencia del acreedor alimentario y por ello, de concederse la suspensión contra la resolución que los concede, se atacaría el orden público y se afectaría el interés social; de donde resulta que, es improcedente otorgar la suspensión contra la resolución que concede alimentos, porque equivaldría a dejar sin efecto la pensión alimenticia, y los perjuicios que con tal resolución se ocasionaran al acreedor alimentista, serían irreparables, además de que los alimentos son de orden público porque tienden a proteger la subsistencia del acreedor alimentario, y constituyen un derecho establecido por la ley, que nace del estado matrimonial, como una obligación del marido respecto de la esposa y de los hijos, dentro de la existencia de aquel vínculo, por lo que de concederse la suspensión, se atacaría ese orden público y el interés social; así como el artículo 175 de la Ley de Amparo ordena, que cuando la ejecución o inejecución del acto reclamado puede ocasionar perjuicios al interés general la suspensión se concederá o negará atendiendo a no causar esos perjuicios, de donde se concluye, que para no originar daños de tal naturaleza, lo procedente es negar la suspensión." Asimismo, tiene aplicación la Tesis número 641, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 474, del Tomo IV, Parte HO, Quinta Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto dicen: "ALIMENTOS, IMPROCEDENCIA DE LA SUSPENSIÓN CONTRA EL PAGO DE LOS. Es improcedente conceder la suspensión contra el pago de alimentos, porque los perjuicios que tal suspensión causara al acreedor alimentista serían irreparables." Pruebas. Con fundamento en el artículo 143 de la Ley de Amparo, se tiene a la parte quejosa aportando como medio de convicción las documentales que acompaña a su escrito inicial de demanda, mismas que se desahoga por su propia y especial naturaleza, y serán tomadas en consideración al momento de celebrarse la audiencia incidental respectiva. Domicilio procesal. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su demanda, así como autorizados en términos restringidos a ********************, toda vez que no cuentan con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por lo que respecta a su solicitud de autorización de la consulta electrónica del presente asunto, dígasele que no ha lugar a proveer de conformidad, lo anterior, toda vez que fue omiso en señalar el usuario que pretende que se vincule a la referida autorización. Con fundamento en los numerales 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 21, último párrafo de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles a fin de que las actuarias de la adscripción estén en posibilidades de llevar a cabo las notificaciones derivadas del presente asunto. De conformidad con la fracción II, párrafo segundo del artículo 263, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece disposiciones en materia de actividad administrativa en los órganos jurisdiccionales, se exhorta a las partes para que cuando les sea posible transiten hacia la actuación al "juicio en línea" desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, con independencia de lo anterior, de acuerdo a lo establecido en la fracción I del numeral 257 del citado Acuerdo General, propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correos electrónicos y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales. En acatamiento al artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por Covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en la áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo, este órgano jurisdiccional asegurará la integridad del expediente electrónico destacándose que en los casos en que un asunto se inicie y se tramite a través de documentos físicos, se deberá digitalizar las constancias e incorporarlas al expediente electrónico correspondiente generando sus actuaciones en versión electrónica e imprimiendo únicamente lo que resulte indispensable para el impulso del asunto, como puede ser el caso de las constancias de notificación, y bajo ninguna circunstancia se obstaculizará la posibilidad de que las partes actúen y presenten promociones por medios impresos. Se autoriza a los Secretarios de este juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente asunto. Háganse las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese y gírense los oficios correspondientes.
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