Alejandro Wladislavosky Shapiro
Expediente 16/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 5 actuaciones registradas, la última del 17 de febrero de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 16/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 17/02/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Alejandro Wladislavosky Shapiro
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, diecisiete de febrero de dos mil veintiuno. Agréguense a los autos los escritos de cuenta, signados por Jorge Mercado Gutiérrez, en su carácter de apoderado legal de los quejosos; a través de los cuales exhibe los billetes de depósito números N093864 y N093867, por la cantidad de $806.58 (ochocientos seis pesos 58/100 Moneda Nacional) por cada uno, expedidos por Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros, para garantizar la suspensión provisional decretadas en el presente asunto el pasado veintiuno de enero del año en curso. Al respecto, dígaseles que no ha lugar a tener por exhibidas las garantías, dado que por interlocutoria de tres de febrero pasado, se resolvió la suspensión definitiva dentro del incidente en que se actúa, la cual, sustituye a la suspensión provisional; por ende, déjense a su disposición debidamente endosados a nombre de los aludidos quejosos los mencionados billetes, para los fines que a su interés legal convengan, previo recibo que otorguen en autos; asimismo, indíquense que tienen un plazo de dos años, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del este acuerdo, a efecto de recoger los billetes de mérito, con el apercibimiento que de no hacerlo en dicho plazo, se declarará prescrito el mismo y se hará efectivo a favor de la Tesorería de la Federación, con fundamento en los artículos 36, 45, 47 y 48 de la Ley de la Tesorería de la Federación. Mientras tanto, con fundamento en el artículo 64 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, guárdense los aludidos billetes en la caja de seguridad de este Juzgado, en términos del acta que antecede al presente acuerdo. Notifíquese en términos de ley. Así lo proveyó y firma de manera electrónica el Juez José Arquímedes Gregorio Loranca Luna, Titular del Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, asistido de la secretaria Ingrid Alvarez Cruz, con quien actúa y da fe.
- Incidental
INTERLOCUTORIA: RESUELVE. PRIMERO. Se NIEGA a ***, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA de los actos reclamados a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos expuestos en el considerado quinto. SEGUNDO. Se CONCEDE a ***, la SUSPENSIÓN DEFINITIVA del acto reclamado a las autoridades citadas en el considerando cuarto de esta resolución, por los motivos y efectos que se exponen en el diverso considerando sexto. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintinueve de enero de dos mil veintiuno. Agréguese a los autos el oficio signado por la 2. Presidenta Habilitada de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz; en atención a su contenido, téngasele informando que, al no contar el expediente de origen, se estima impedida para rendir su informe previo. Ahora bien, dado que del expediente del juicio de amparo 14/2021 y sus acumulados 15/2021, 16/2021 y 17/2021, se advierte que el Primer Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo de este Séptimo Circuito, al declararse incompetente para conocer las demandas de amparo promovidas por los quejosos en la vía directa, remitió a este juzgado el informe justificado rendido por el entonces presidente de la junta responsable y el expediente laboral 421/X/2019 de aquél índice; con base en el principio de economía procesal, y por no existir impedimento legal alguno, se instruye al secretario a que obtenga y certifique dos copias del citado informe a efecto de que sean agregadas a estos autos, y sean tomadas en consideración al resolver el presente incidente. Notifíquese en términos de ley.
- Incidental
Boca del Río, Veracruz, veintiuno de enero de dos mil veintiuno. Como está ordenado con esta fecha en el cuaderno principal 14/2021 y sus acumulados 15/2021, 16/2021 y 17/2021, con dos copias simples de la demanda de amparo; en términos de los artículos 125, 128 y 130, de la Ley de Amparo, tramítese por duplicado el incidente de suspensión relativo al juicio de amparo 16/2021 y su acumulado 17/2021, promovido por Alejandro Wladislavosky Shapiro y Natalia de Jesús Magos Penagos por conducto de su apoderado legal Jorge Mercado Gutiérrez, contra actos de la 1. Junta, 2. Presidente y 3. Actuario, todos adscritos a la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz. INFORME PREVIO Con copia de la demanda, y con apoyo en el artículo 138, de la Ley de Amparo, pídase informe previo por duplicado a las responsables, que deberán rendir dentro del improrrogable plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS y en el cual, de acuerdo a lo señalado en el diverso numeral 140, de la ley invocada, deberán manifestar, en forma expresa y precisa lo siguiente: a) Si es o no cierto el acto que se le reclama. b) Podrá expresar las razones que se estime pertinentes sobre la procedencia o improcedencia de la suspensión. c) Deberá proporcionar los datos que tenga a su alcance y que permitan a este órgano jurisdiccional establecer el monto de las garantías correspondientes. Se apercibe a las autoridades responsables que de no rendir su informe previo, con fundamento en el artículo 142 de la Ley de Amparo, se presumirán ciertos los actos que se les atribuyen, y que preliminarmente consiste en: los ilegales emplazamientos, el laudo de catorce de febrero de dos mil veinte dictado en el expediente laboral 421/X/2019 del índice de la Junta Especial Número Diez de la Local de Conciliación y Arbitraje del Estado, con residencia en Boca del Río, Veracruz, y todo lo actuado en dicho juicio. Además, se les impondrá multa de cien hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) según sea el caso, de conformidad con la fracción I, del artículo 260 de la Ley de Amparo. AUDIENCIA INCIDENTAL Con fundamento en lo dispuesto por la fracción II, del artículo 138 y 141, de la Ley de Amparo, se señalan las NUEVE HORAS CON CINCUENTA Y CINCO MINUTOS DEL TRES DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIUNO, para que tenga verificativo la audiencia incidental. APERCIBIMIENTO AUTORIDADES En el entendido de que las autoridades responsables se encuentran obligadas a recibir los oficios que se les envían y en caso de que no corresponda a su denominación correcta o ésta sea incompleta, pero sí existe la autoridad, deberán comunicarlo por escrito a este juzgado con su informe. En ese sentido, se hace saber que si una autoridad se niega a recibir un oficio, sin causa justificada, se tendrá por hecha la notificación de conformidad con el artículo 28, fracción I, de la Ley de Amparo, siendo responsable de toda consecuencia legal; asimismo, con fundamento en el artículo 245 de la ley en cita, se le impondrá multa de cien hasta mil veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) conforme al cálculo que realice el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). PRONUNCIAMIENTO SUSPENSIÓN Cabe destacar que para determinar la procedencia de la medida cautelar, se debe tener en cuenta lo dispuesto en los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 128 de la Ley de Amparo, en el sentido que para conceder la suspensión deben cumplirse los siguientes requisitos: a) Que lo solicite la parte quejosa; b) Que el acto reclamado, de acuerdo con su naturaleza, sea susceptible de suspenderse; c) Que sean de difícil reparación los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la ejecución del acto reclamado (interés jurídico o legítimo) y, d) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, puesto que la parte quejosa solicita la suspensión provisional, el suscrito, con base en los elementos que de la demanda se desprenden procede a acordar: En ese sentido, atento a que la finalidad de la medida cautelar es la de detener los efectos que puedan producir los actos reclamados y conservar la materia del juicio de amparo hasta su solución definitiva, se estima que en el caso no se colma el segundo de los elementos apuntados, respecto de los ilegales emplazamientos, el laudo de catorce de febrero de dos mil veinte dictado en el expediente laboral 421/X/2019 del índice de la responsable y todo lo actuado en dicho juicio, toda vez que carece de objeto la razón de la suspensión de los actos reclamados. Esto es así, porque dichos actos ya fueron llevados a cabo (consumados). Además, los actos procesales se produjeron con anterioridad a la solicitud de la suspensión. Por tanto, carece de sentido y de objeto emitir una determinación que suspenda los efectos de un acto, cuando tales efectos ya se produjeron con anterioridad a la determinación de la medida cautelar. De ahí que lo procedente sea negar la suspensión provisional del acto reclamado de acuerdo con lo que ha quedado expresado. Sirve de apoyo a lo anterior -por identidad de causa jurídica en el tema entre la anterior y la vigente Ley de Amparo- la tesis I.3o.C.35 K (registro 186408) del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, página 1413, de rubro y texto siguientes: "SUSPENSIÓN. NO PROCEDE OTORGARLA RESPECTO DE UNA RESOLUCIÓN JURISDICCIONAL YA DICTADA, PORQUE SE TRATA DE UN ACTO CONSUMADO, SIN PERJUICIO DE QUE LO CONCERNIENTE A LA EJECUCIÓN DE SUS EFECTOS SEA MATERIA DE DIVERSO PRONUNCIAMIENTO. La suspensión en el juicio de amparo tiene por objeto paralizar la ejecución de los actos reclamados y sólo puede obrar hacia el futuro y nunca hacia el pasado, por lo que el otorgamiento de la medida cautelar precisa que para la fecha en que tenga que resolverse al respecto, esos actos aun no se hayan ejecutado o se hayan ejecutado parcialmente, siendo esto lo que distingue a la concesión de la suspensión, que previene daños impidiendo la ejecución de actos que los causarían, del otorgamiento del amparo, que repara los daños ya sufridos invalidando los actos que los originaron, retrotrayendo la situación jurídica del quejoso al momento en que se cometió la violación de garantías. Además, la suspensión garantiza la conservación de la materia del amparo, lo cual implica que al resolverse sobre ella no puedan abordarse cuestiones propias del fondo del asunto ni sus efectos pueden coincidir con los propios de la sentencia, pues esto equivaldría a prejuzgar sobre la constitucionalidad del acto y anticipar los efectos protectores de un fallo que quizá no sea favorable al quejoso. Sobre tales premisas, es patente que en ningún caso puede otorgarse la suspensión contra un acto ya ejecutado, es decir, consumado, como puede ser respecto de la emisión de una resolución jurisdiccional ya dictada, porque a través de ella ya no se conseguiría detener su emisión, según la teleología de los artículos 122, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo; sin que esto impida que lo concerniente a la ejecución de los efectos de esa resolución sea materia de un examen propio en la resolución que provea sobre la suspensión y, por tanto, que se determine sobre la procedencia de la medida en cuanto a esos efectos, por supuesto, de no haberse también ya consumado". En cambio, con base en las mismas consideraciones procede la concesión de la medida respecto de las consecuencias del laudo dictado en el proceso, para el efecto de que las cosas se mantengan en el estado que actualmente guardan y no se lleve a cabo acto alguno tendente a dar cumplimiento al laudo dictado contra la parte quejosa, hasta en tanto se notifique a las autoridades responsables lo que se resuelva sobre la suspensión definitiva. La anterior medida suspensiva se concede con las más amplias facultades que la ley le concede al suscrito, ya que la misma reúne los requisitos establecidos en el artículo 128 de la Ley de Amparo, es decir, fue solicitada por la parte que le perjudica, puesto que los quejosos refieren figurar como parte demandada en el juicio natural; de lo que se advierte presuntiva e indiciariamente su interés suspensional. Además que observando los requisitos exigidos por el artículo 129 de la Ley de Amparo, no se advierte la afectación al interés social con la concesión de la anterior medida cautelar, ni entra en contravención a las disposiciones de orden público, ya que esta suspensión no tiene por efecto paralizar el procedimiento de ejecución de sentencia; y por el contrario, de ejecutarse el acto, se causarían daños y perjuicios de difícil reparación, por lo que se trata de salvaguardar los derechos sustanciales de la parte quejosa con la ejecución del acto reclamado, así como también los de la parte tercero interesada a quien puede perjudicar la suspensión, para lo cual, como se verá más adelante, se exige la garantía respectiva; en el entendido que la presente medida no significa que tenga efectos restitutorios, ya que éstos son propios de la sentencia de amparo. MEDIDAS DE SEGURIDAD Ahora bien, es de precisarse que en el amparo en materia laboral, es obligación legal del juzgador que resuelve sobre la medida cautelar solicitada, velar porque no se ponga en peligro la subsistencia del trabajador y, por ello, negar la suspensión del acto reclamado hasta por el monto que resulte para garantizar la subsistencia del trabajador que obtuvo sentencia favorable; sin embargo, esta regla no aplica cuando en un juicio de amparo indirecto acude el tercero extraño a juicio solicitando la medida cautelar. A fin de poner en manifiesto lo anterior, es menester atender el contenido de la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. "SUSPENSIÓN EN AMPARO INDIRECTO CONTRA LA EJECUCIÓN DE UN LAUDO. LA OBLIGACIÓN DE GARANTIZAR LA SUBSISTENCIA DEL TRABAJADOR MIENTRAS SE RESUELVE EL JUICIO DE AMPARO, NO ES EXIGIBLE AL TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO LABORAL, SINO EN SU CASO, LA GARANTÍA A QUE SE REFIERE EL ARTÍCULO 132 DE LA LEY DE AMPARO. El artículo 152 de la Ley de Amparo establece que tratándose de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución de un laudo en materia laboral, la suspensión se concederá en los casos en que, a juicio del presidente del tribunal respectivo, no se ponga en peligro la subsistencia del trabajador mientras se resuelve el juicio de amparo, de modo que sólo se suspenderá la ejecución en cuanto exceda de lo necesario para asegurar su sostenimiento. Ahora bien, si quien solicita la suspensión de la ejecución del laudo se ostenta como tercero extraño al juicio laboral, esa calidad constituye una excepción a la obligación de garantizar la subsistencia en los términos indicados, porque si lo que demanda es precisamente que se afectaron sus bienes o derechos sin haber sido oído y vencido en la contienda laboral, sería contrario a la naturaleza del fin que persigue el quejoso que se le impusiera un deber que sólo corresponde a quienes sí fueron condenados, máxime que la cantidad otorgada para garantizar la subsistencia del trabajador ya no es recuperable. No obstante lo anterior, en estos casos, para obtener la suspensión de la ejecución del laudo, quien se ostenta en el juicio de amparo indirecto como tercero extraño a juicio, debe otorgar garantía bastante para reparar el daño e indemnizar los perjuicios que con aquélla se causaren si no obtuviere sentencia favorable, en términos del artículo 132 de la Ley de Amparo. Por tanto, la suspensión concedida surte sus efectos desde luego, pero dejará de surtirlos de conformidad con el artículo 136 de la Ley de Amparo, si cada uno de los quejosos no otorga garantía por la cantidad de $806.58 (ochocientos seis pesos 58/100 moneda nacional) dentro del plazo de cinco días. Dicha garantía toma como punto de partida el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización (UMA) esto es, de $89.62 (ochenta y nueve pesos 62/100 moneda nacional) al no contar con mayores elementos para determinar el valor del negocio de origen. En esos términos, dicha suma se multiplica por el plazo que surtirá efectos la suspensión provisional aquí concedida que en el caso el tiempo estimado es de nueve días, (mientras se resuelve en definitiva el presente incidente) lo que da un total para la garantía a exhibir de $806.58 (ochocientos seis pesos 58/100 moneda nacional). Sirve de apoyo a lo anterior la jurisprudencia VI.2o.C. J/274 y la tesis aislada del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito y I.9o.C.142 C. REQUISITOS DEL DEPÓSITO De conformidad con lo dispuesto en el artículo 28 del Acuerdo General 17/2007 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se regula la organización y funcionamiento del Fondo de Apoyo a la Administración de Justicia, cuando la garantía se constituya a través de billete, certificado u otro instrumento análogo, el depositante deberá solicitar a la institución depositaria que lo emita, que inserte la leyenda siguiente: "El referido depósito no genera interés, rendimiento o contraprestación alguna a favor del depositante". Adicionalmente, en los términos del numeral 32 del citado Acuerdo General, en el mismo instrumento de depósito, también deberá insertarse la leyenda que dice: "El depósito otorga autorización expresa al Secretario Técnico del Fondo para que solicite y reciba de la institución crediticia depositaria la información que le permita el control de dichos depósitos."; en el entendido de que las leyendas anteriores deberán insertarse en espacios que no alteren la demás información que deba contener el documento respectivo. Del mismo modo, con fundamento en el artículo 52 fracción II, del aludido Acuerdo General, en caso de que las garantías se constituyan mediante billetes o certificados de depósito, deberá presentarse por separado, uno por cada uno de los conceptos y montos que se fijan; asimismo, de ser el caso, también por separado respecto de cada uno de los quejosos. Además, es necesario precisar que en el documento en que se consigne la garantía requerida en autos, además de proporcionar la información requerida en el mismo, deberá aparecer como depositante el nombre correcto y completo del directo quejoso; el concepto deberá decir: para garantizar la suspensión provisional ó definitiva (según el caso), concedida dentro del incidente de suspensión relativo al juicio de amparo (número del expediente correspondiente), y precisando como autoridad: Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz, residente en Boca del Río, ya que de no estar requisitado el documento valioso de que se trate en los términos expuestos, será devuelto al depositante, sin que se tenga exhibida la garantía requerida con las consecuencias legales que conlleva. NOTIFICACIONES A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES Se hace del conocimiento de las autoridades responsables, que de conformidad con los numerales 28, fracciones I y II, y 29 de la Ley de Amparo, a fin de optimizar los recursos materiales, únicamente le serán notificadas por oficio, las determinaciones previstas como personales para las demás partes, así como aquellas que por la trascendencia de su contenido lo ameriten; en tanto, que los acuerdos de trámite de menor importancia se le notificarán por lista de acuerdos. Ahora bien, tomando en consideración que el segundo de los artículos citados en el párrafo que antecede, prevé que en los juicios de amparo, las notificaciones por lista de acuerdos se harán en una que se fije y publique en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así como en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación, se informa a las autoridades responsables que en la página electrónica del Consejo de la Judicatura Federal www.cjf.gob.mx o bien, mediante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx pueden realizar la consulta de dicha lista, así como la información del expediente que se encuentra capturada dentro del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Sirve de sustento a lo anterior, la jurisprudencia 2a./J 176/2012 (10a.) de a Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo 2, página 1253, registro 2002576. PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE Con fundamento en el artículo 4°, párrafo quinto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se significa a la autoridad responsable que no es necesario acusar recibo de notificaciones, salvo en los casos que expresamente este Juzgado de Distrito así lo solicite; lo anterior, para tratar de reducir los niveles de contaminación, lo cual se logrará con la disminución progresiva del consumo de papel, tinta, energía eléctrica y recursos económicos en mensajería oficial y telegráfica; máxime que con ello no se causa perjuicio a las partes. NOTIFICACIÓN AL TERCERO INTERESADO Ahora, con fundamento en el artículo 5º, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, se tiene en su carácter de parte tercera interesada a José Eduardo Cruz García, quien tiene su domicilio ubicado en: Privada Francisco Javier Mina, número 53-B entre la Fragua y Díaz Mirón, colonia Centro, en Veracruz, Veracruz. En consecuencia, se comisiona a cualesquiera de las actuarias adscritas a este juzgado, para que conforme al artículo 26, fracción I, inciso b) de la Ley de Amparo, se sirva notificar el presente acuerdo al citado tercero interesado. Indíquese a la actuaria de este juzgado, de que en caso de ser necesario, se habilita a efecto de que en días y horas inhábiles se constituya en el domicilio antes indicado, a fin de que realice el emplazamiento encomendado, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Ténganse como su autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Jorge Mercado Gutiérrez y a Salvador Javier Martin del Campo López, puesto que sí acreditan la calidad de licenciados en Derecho, al tener sus cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. En cambio, se tiene únicamente como autorizados para oír notificaciones e imponerse de autos, conforme al segundo párrafo del citado artículo 12 de la ley de la materia, a las restantes personas toda vez que no acreditaron encontrarse registrados en el sistema arriba mencionado. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda de amparo. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta ciudad, cierto y exacto para tal efecto. NOTIFICACIÓN A LA PARTE QUEJOSA Se comisiona a cualesquiera de las actuarias adscritas a este juzgado, para que conforme al artículo 26, fracción I, inciso k) de la Ley de Amparo, se sirva notificar el presente auto a Alejandro Wladislavosky Shapiro y Natalia de Jesús Magos Penagos por conducto de su apoderado legal Jorge Mercado Gutiérrez, corriéndole traslado con copia del presente acuerdo. Indíquese a la actuaria de este juzgado, de que en caso de ser necesario, se habilita a efecto de que en días y horas inhábiles se constituya en el domicilio antes indicado, a fin de que realice el emplazamiento encomendado, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. Notifíquese en términos de ley.
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