Alejandro Velasco Vásquez

Expediente 69/2019 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 3 actuaciones registradas, la última del 14 de marzo de 2019.

Datos del expediente

Expediente
69/2019
Año
2019
Actuaciones
3
Última actuación
14/03/2019

Partes del expediente

  • Alejandro Velasco Vásquez

Actuaciones

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de marzo de dos mil diecinueve. Vista la certificación que antecede, se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo vigente en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única a quien pudiera afectar el fallo dictado en este juicio), haya recurrido la sentencia por la que se sobreseyó en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la Ley de Amparo, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En cumplimento a los puntos cuarto, décimo, décimo primero, vigésimo, vigésimo primero y vigésimo quinto, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expediente generados en los Juzgados de Distrito; este juzgador determina que el presente expediente, carece de relevancia documental y es susceptible de destrucción, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el punto primero, último párrafo del acuerdo citado. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. De conformidad con lo establecido en el punto décimo del acuerdo aludido, consérvese este expediente durante tres años en el archivo judicial reciente, cumplido este plazo, transfiérase a la Dirección General del Centro de Documentación y Análisis, Archivos y Compilación de Leyes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, para que una vez transcurridos más de cinco años, contados a partir del presente acuerdo, proceda a su destrucción. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.

  2. Principal

    Vistos, para resolver los autos del juicio de amparo número 69/2019; y, R E S U L T A N D O: I. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintiocho de enero de dos mil diecinueve, ante la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Oaxaca, ALEJANDRO VELASCO VÁSQUEZ, por su propio derecho, demandó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra la autoridad y acto que enseguida se describen: "III. Autoridades responsables. Señalo como autoridad responsable en su doble carácter de ordenadora y ejecutora la siguiente: C. Jefe del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca." Actos que estimó violatorios del artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. II. Admisión y trámite. Por cuestión de turno, dicha demanda fue remitida a este juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca, con sede en San Bartolo Coyotepec, radicándose el veintinueve de enero de dos mil diecinueve con el número 69/2019, se admitió a trámite, se ordenó solicitar su informe justificado a la autoridad señalada como responsable; dar la intervención al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, y se señaló fecha para la celebración de la audiencia constitucional. III. Audiencia constitucional. La audiencia constitucional tuvo verificativo, al tenor del acta que antecede; por lo que es procedente pronunciar sentencia; y, C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver este juicio de amparo, por razón de materia, grado y territorio, de conformidad con lo previsto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción V, de la Constitución General de la República; 37 de la Ley de Amparo; 48, 49 y 54, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII del Acuerdo General número 03/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de febrero de dos mil trece y reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis; tomando en consideración que se trata de un asunto de naturaleza administrativa y que la responsable radica dentro de la circunscripción territorial en la que este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa como acto reclamado en el presente juicio de amparo: La omisión de dar respuesta a la petición de trámite catastral, que realizó el quejoso el tres de septiembre de dos mil dieciocho. TERCERO. Certeza del acto reclamado. La Jefa de Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, al rendir su informe justificado, convino en la existencia del acto reclamado. Lo anterior se corrobora con las constancias que acompañó como justificación a su informe justificado, a las que se concede valor probatorio pleno al tenor de los artículos 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos del precepto 2º. CUARTO: Causas de improcedencia. Previo a entrar al estudio de la constitucionalidad de los actos reclamados, se procede al análisis de las causales de improcedencia previstas en el artículo 61 de la Ley de Amparo, ya sea que las hagan valer las partes o que amerite su estudio de oficio, por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente de conformidad con el artículo 62 del mismo ordenamiento. De oficio, el suscrito advierte, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en razón de que el acto reclamado cesó en sus efectos. Ello es así, pues de las documentales que remitió la responsable Jefa de Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, se demuestra que mediante oficio ICEO/DG/CEM/023/2019, de trece de febrero de dos mil diecinueve, en relación a la solicitud de trámite catastral del quejoso ALEJANDRO VELASCO VÁSQUEZ, con folio 2282, la declaró improcedente por exceder en un 52% (cincuenta y dos por ciento) del predio registrado con el número de cuenta 52391 y le hizo saber que contra esa resolución procede el recurso de revisión ante el propio Instituto Catastral, o en su caso, el recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, la cual notificó al quejoso el trece de febrero del año en curso en el domicilio ubicado en calle "Dieciséis de Septiembre #103, Ocotlán de Morelos, Oaxaca, 71510". En este orden, resulta evidente que la omisión reclamada a la autoridad responsable dejó de existir y, en consecuencia, de producir efectos legales. De ahí que al haber cesado la conducta que reclamó la parte quejosa de la aludida autoridad responsable, se actualiza en la especie la causa de improcedencia a que se refiere el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; razón por la cual, con fundamento en el artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el presente juicio de amparo. Así mismo, se cita en apoyo la jurisprudencia 205/2008, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Enero de 2009, p. 605, registro: 168189, del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO POR VIOLACIÓN AL ARTÍCULO 8o. DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. OPERA CUANDO LA AUTORIDAD RESPONSABLE AL RENDIR SU INFORME JUSTIFICADO EXHIBE LA CONTESTACIÓN A LA PETICIÓN FORMULADA, QUEDANDO EXPEDITOS LOS DERECHOS DEL QUEJOSO PARA AMPLIAR SU DEMANDA INICIAL, PROMOVER OTRO JUICIO DE AMPARO O EL MEDIO ORDINARIO DE DEFENSA QUE PROCEDA. De la interpretación de los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado, se actualiza cuando ante la insubsistencia del mismo, todos sus efectos desaparecen o se destruyen de forma inmediata, total e incondicionalmente, de manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ahora bien, el hecho de que la autoridad responsable al rendir su informe justificado exhiba la respuesta expresa a la petición de la parte quejosa, producida durante la tramitación del juicio de amparo, significa, por una parte, que los efectos de la falta de contestación desaparecieron, de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación al artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y por otra, que respecto del contenido de dicha contestación, el quejoso puede ampliar su demanda inicial, promover otro juicio de amparo o el medio ordinario de defensa que proceda, toda vez que se trata de un nuevo acto." Lo anterior en beneficio de una pronta y expedita administración de justicia privilegiada en el artículo 17 de la Constitución General de la República, por lo que en el caso no se estima necesario requerir al quejoso para que amplíe su demanda de amparo contra la respuesta emitida por la autoridad responsable, pues es evidente que contra ella procede el recurso de revisión ante la propia autoridad responsable, o en su caso, el recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca, como lo señaló la propia autoridad responsable. En efecto, los artículos 1°, 3°, 98, 99, 100 y 133 fracción I, de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, en la parte que interesa, establecen: "ARTÍCULO 1.- La presente Ley es de orden público y de interés social, se aplicará en todo el Estado de Oaxaca en los actos administrativos y los procedimientos que desarrollen la Dependencias del Poder Ejecutivo del Gobierno del Estado, Entidades Paraestatales y Órganos Desconcentrados de la Administración Pública-Estatal; cuando estas emitan una resolución administrativa de cualquier naturaleza; por los Ayuntamientos de los Municipios del Estado de Oaxaca, por las Dependencias de estos y por sus Entidades Paramunicipales. De igual forma regulará la organización y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca y la impartición de la Justicia Administrativa en el Estado de Oaxaca. La presente Ley no será aplicable a las materias de carácter electoral, de justicia agraria y laboral, resoluciones administrativas que tengan relación con la defensa de los derechos humanos, con las actividades desarrolladas por la Universidad Autónoma "Benito Juárez" de Oaxaca; ni por las dictadas por la Fiscalía General de Estado en ejercicio de sus funciones constitucionales de investigación de los delitos o de la representación social, ni con los conflictos suscitados entre los integrantes de los Ayuntamientos, así mismo tampoco se aplicará a los actos desplegados por la Comisión Estatal de Arbitraje Médico de Oaxaca, ni por la elección de las autoridades auxiliares de carácter municipal. . ARTÍCULO 3.- Esta Ley se aplicará supletoriamente a las diversas leyes administrativas, reglamentos, bandos y demás ordenamientos que tengan vigencia en el Estado de Oaxaca. El Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, se aplicará supletoriamente a esta Ley en el desarrollo de los procedimientos que establezca. . ARTÍCULO 98.- Los interesados afectados por los actos y resoluciones de las autoridades administrativas que pongan fin al procedimiento administrativo, a una instancia o resuelvan un expediente, podrán interponer recurso de revisión o intentar las vías judiciales-administrativas correspondientes ante el Tribunal. Para poder acudir al Juicio de Amparo, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en esta ley. ARTÍCULO 99.- La oposición a los actos de trámite en un procedimiento administrativo deberá alegarse por los interesados durante dicho procedimiento, para su consideración, en la resolución que ponga fin al mismo. La oposición a tales actos de trámite se hará valer en todo caso al impugnar la resolución definitiva. ARTÍCULO 100.- El plazo para interponer el recurso de revisión será de quince días hábiles contados a partir del día siguiente a aquél en que hubiere surtido efectos la notificación de la resolución que se recurra. . ARTÍCULO 133.- Las Salas Unitarias del Tribunal son competentes para conocer y resolver de los juicios que se promuevan en contra de: I. Los actos y resoluciones emanados de las autoridades del Poder Ejecutivo, de los Municipios y de sus organismos descentralizados y desconcentrados, cuando éstos actúen como autoridades, dictándolas, ordenándolas, ejecutándolas o tratando de ejecutarlas y que causen agravios a los particulares, por no ajustarse a los elementos y requisitos de validez previstos por el artículo 17 de ésta ley;. . ARTÍCULO 153.- Cuando las leyes y reglamentos que rijan el acto impugnado establezcan algún recurso o medio de defensa, será optativo para el particular agotarlo o promover el juicio ante el Tribunal; ejercitada la acción ante éste último, precluye el derecho para ocurrir a otro medio ordinario de defensa. . ARTÍCULO 166.- El plazo para interponer la demanda ante el tribunal será de treinta días hábiles, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos, conforme a la ley aplicable al acto, la notificación de la resolución o acto que se combata; o conste fehacientemente que el o los interesados o afectados tienen conocimiento del acto. Cuando se impugne la negativa ficta o se demande la declarativa de configuración de la positiva ficta, el interesado podrá presentar la demanda en cualquier tiempo, mientras no se dicte la resolución expresa y siempre que hayan transcurrido los plazos a que se refiere el artículo 133 en su fracción V de esta Ley. En el juicio que tenga por objeto el resarcimiento de daños y perjuicios a que se refiere el artículo 133, fracción X, de esta Ley, la demanda podrá interponerse dentro de los seis meses siguientes a la fecha en que se originó la causa de responsabilidad. En el juicio de lesividad, referido en el artículo 133, fracción VI, las autoridades para ejercitar su acción, gozarán del término de cinco años, siguientes a la fecha en que sea emitida la resolución que pretenden nulificar, salvo que haya producido efectos de tracto sucesivo, caso en que se podrá demandar la nulidad en cualquier época, sin exceder de los cinco años del último efecto. Cuando el particular radique en el extranjero y no tenga representante en la República, el plazo para iniciar el juicio será de cuarenta y cinco días. Cuando el particular falleciere dentro de los plazos a que se refiere este artículo, se suspenderá el término hasta que haya sido designado albacea o representante de la sucesión." Luego, la respuesta contenida en el oficio ICEO/DG/CEM/023/2019, de trece de febrero del año en curso, que corresponde a la respuesta que recayó a la petición que realizó el quejoso a la Jefa del Departamento de tramitación del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, mediante folio 2282 de tres de septiembre de dos mil dieciocho, se trata de un acto emitido por una dependencia del Ejecutivo del Gobierno del Estado, por lo que en su contra procede el recurso de revisión ante el propio Instituto Catastral, o en su caso, el recurso de nulidad ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Oaxaca. Sin que en el caso se actualice alguna de las excepciones al principio de definitividad establecidas en el artículo 61, fracción XX, de la Ley de Amparo. Ello es así, pues la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, establece que para poder acudir al juicio de amparo, será necesario agotar los medios de impugnación previstos en dicha ley, y por otra parte, la interposición del mismo suspende la ejecución del acto administrativo, sin exigir mayores requisitos que los artículos 128, 132 y 135 de la Ley de Amparo para conceder la suspensión del acto reclamado, ni plazo mayor que el que establece para el otorgamiento de la suspensión provisional. Lo anterior se corrobora de la lectura de los artículos 216, 217, 218 y 219 de la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, que dicen: "ARTÍCULO 216. El Tribunal podrá modificar o revocar en cualquier momento el acuerdo en que haya concedido la suspensión si varían las circunstancias bajo las cuales se otorgó. ARTÍCULO 217. Si los actos impugnados se hubiesen ejecutado y afectan a particulares de escasos recursos económicos, impidiéndoles el ejercicio de su única actividad personal de subsistencia entre tanto se pronuncie la resolución que corresponda, el Magistrado podrá dictar discrecionalmente las medidas cautelares que estime pertinentes para preservar el medio de subsistencia del actor, siempre y cuando no se lesionen derechos de terceros. ARTÍCULO 218. Para el otorgamiento de la suspensión deberá satisfacerse los siguientes requisitos: I. Tratándose de la suspensión de actos de determinación, liquidación, ejecución o cobro de contribuciones, aprovechamientos y otros créditos fiscales, se concederá la suspensión, la que surtirá sus efectos si se ha constituido o se constituye la garantía del interés fiscal ante la autoridad ejecutora por cualquiera de los medios permitidos por las leyes fiscales aplicables. Al otorgar la suspensión, se podrá reducir el monto de la garantía, en los siguientes casos: a). Si el monto de los créditos excediere la capacidad económica del solicitante; y b). Si se tratara de tercero distinto al sujeto obligado de manera directa o solidaria al pago del crédito. II. En los casos en que la suspensión pudiera causar daños o perjuicios a terceros, se concederá si el solicitante otorga garantía bastante para reparar el daño o indemnizar el perjuicio que con ella se cause; si éste no obtiene sentencia favorable. En caso de afectaciones no estimables en dinero, de proceder la suspensión, se fijará discrecionalmente el importe de la garantía. La suspensión a la que se refiere este artículo quedará sin efecto, si previa resolución del Magistrado, el tercero otorga a su vez contragarantía para restituir las cosas al estado que guardaban antes de la notificación del acto impugnado al solicitante y a pagar los daños y perjuicios que se le hayan ocasionado, sin finalmente la sentencia definitiva que se dicte fuere favorable a sus pretensiones, así como el costo de la garantía que este último hubiere otorgado. No procede admitir la contragarantía si, de ejecutarse el acto, quedare sin materia el juicio. III. En los demás casos, se concederá determinando la situación en que habrán de quedar las cosas, así como las medidas pertinentes para preservar la materia del juicio principal, hasta que se pronuncie sentencia firme. El monto de la garantía y contragarantía será fijado por el Magistrado o quien lo supla. IV. El procedimiento será: a) La solicitud podrá ser formulada en la demanda o en escrito diverso presentado ante la Sala en que se encuentre radicado el juicio, en cualquier tiempo mientras no se dicte sentencia firme; b) Se tramitará por cuerda separada; c) El Magistrado deberá conceder o negar la suspensión provisional de la ejecución, a más tardar dentro del día hábil siguiente a la presentación de la solicitud; d) El Magistrado requerirá a la autoridad demandada un informe relativo a la suspensión definitiva, el que se deberá rendir en el término de tres días. Vencido el término, con el informe o sin él, el Magistrado resolverá lo que corresponda, dentro de los tres días siguientes. V. Mientras no se dicte sentencia firme en el juicio, el Magistrado podrá modificar o revocar la resolución que haya concedido o negado la suspensión definitiva, cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique; y VI. Cuando el solicitante de la suspensión obtenga sentencia favorable firme, el Magistrado ordenará la cancelación o liberación de la garantía otorgada. En caso de que la sentencia firme le sea desfavorable, a petición de la contraparte o en su caso, del tercero, y previo acreditamiento de que se causaron perjuicios o se sufrieron daños, la Sala ordenará hacer efectiva la garantía otorgada ante la autoridad. ARTÍCULO 219. La suspensión podrá concederse con efectos restitutorios, únicamente cuando se trate de actos privativos de la libertad decretados al particular por la autoridad administrativa; o bien, cuando a juicio del Magistrado sea necesario otorgarle estos efectos, con el objeto de conservar la materia del litigio o impedir perjuicios irreparables al particular. La suspensión a que se refiere este artículo procede también de oficio si tiene interés la sociedad y se decretara de plano en el mismo auto en que se admita la demanda, comunicándose sin demora a la autoridad responsable para su inmediato cumplimiento." De lo transcrito se advierte, los requisitos y plazos que establece la Ley de Procedimiento y Justicia Administrativa para el Estado de Oaxaca, no son mayores a los establecidos en la Ley de Amparo; por ende, se reitera que la impetrante del amparo no encuadra en esta excepción. En apoyo de lo anterior se invoca la tesis (I Región)7o.1 K (10a.), del Séptimo Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, publicada en el Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, Diciembre de 2018, Tomo II, materia Común, página 1061, registro: 2018554, de rubro y texto: "AMPARO PROMOVIDO POR VIOLACIÓN AL DERECHO DE PETICIÓN. SI DE LA RESPUESTA EMITIDA POR LA AUTORIDAD RESPONSABLE EN SU INFORME JUSTIFICADO, SE ADVIERTE UN NUEVO ACTO VINCULADO CON LA VIOLACIÓN RECLAMADA, EL QUEJOSO DEBE AGOTAR EL PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD, AUN CUANDO SE LE HAYA DADO VISTA PARA QUE AMPLÍE SU DEMANDA. El Juez de Distrito debe dar vista al quejoso con el informe justificado en el cual se advierte la existencia de un nuevo acto vinculado a la omisión reclamada por violación al derecho de petición, así como prevenirlo para que, si lo estima conveniente, amplíe su demanda y lo señale como acto reclamado pues, de no hacerlo, incurriría en una violación a las normas del procedimiento que origina su reposición. Sin embargo, ese cumplimiento no imposibilita al Juez para analizar en la sentencia la procedencia de la ampliación de la demanda, ya que, de estimar lo contrario, podrá sobreseer en el juicio, al considerar que se acredita alguna causa de improcedencia. En este sentido, el quejoso tiene expeditos sus derechos para impugnar el nuevo acto como corresponda y estime conveniente, esto es, mediante la ampliación de la demanda inicial, del medio ordinario de defensa que proceda, o de un nuevo juicio de amparo. Ahora bien, si considera que la vía adecuada es la ampliación de la demanda y desahoga el requerimiento en esos términos, debe soportar las consecuencias de su decisión, pues de actualizarse alguna causa de improcedencia, como puede ser que exista un medio de defensa ordinario en su contra, el órgano jurisdiccional que conozca del asunto debe sobreseer en el juicio, al ser improcedente dicho acto, por no haberse agotado el principio de definitividad, cuando no se actualice alguna excepción a éste. Lo anterior, porque el quejoso estuvo en condiciones de optar por interponer el recurso ordinario, al encontrarse previsto en la legislación aplicable, y no así por la ampliación de la demanda, pues la vista que se le dio no lo coaccionaba a actuar de determinada manera, ya que podía proceder como estimara conveniente para impugnar el nuevo acto de autoridad, pues el Juez únicamente le dio vista para cumplir con la obligación a la que se encuentra constreñido, lo cual no representa una imposición para el quejoso, por lo que si eligió la vía incorrecta, ello es en su propio perjuicio y, por tanto, debe sobreseerse en el juicio de amparo." QUINTO. Por otra parte, en términos de los artículos 1 al 9 y 12 a 23 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, debido a que las partes no se opusieron ni hicieron manifestación alguna para que se suprimieran sus datos personales en la consulta o publicación de la sentencia correspondiente; únicamente se suprimirán los datos sensibles que en su caso pueda contener esta resolución. Por lo expuesto, fundado y con apoyo además en los artículos 61, 73, 74, 75, 124 y 217, de la Ley de Amparo, se; R E S U E L V E: PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ALEJANDRO VELASCO VÁSQUEZ. SEGUNDO. En su oportunidad, dese cumplimiento a lo ordenado en el último considerando de esta resolución. NOTIFÍQUESE.

  3. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, veintinueve de enero de dos mil diecinueve. Vista la demanda de amparo promovida por ALEJANDRO VELASCO VÁSQUEZ, contra actos del jefe del Departamento de Tramitación de Solicitudes del Instituto Catastral del Estado de Oaxaca, regístrese con el número 69/2019; con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones I, VII y XV, de la Constitución Federal, 1°, fracción I, 37, 107, 108, 115, 116, 117, 128 y relativos de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo; en consecuencia, fórmese expediente, anótese su ingreso en el libro de gobierno, sin tramitarse incidente de suspensión por no haberlo solicitado; pídase a la responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días siguientes al en que reciba el oficio que lo solicita, exponiendo las razones y fundamentos que estime pertinentes para sostener la improcedencia de este juicio y la constitucionalidad o legalidad de los actos reclamados, y acompañe, en su caso, copia certificada de las constancias que sean necesarias para apoyar dicho informe; apercibida que de no rendir el informe, o de no acompañar las constancias relativas, se le impondrá multa de cien Unidades de Medida y Actualización (UMA), en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 237, fracción I y 260, fracción II, de la Ley de Amparo. Asimismo, cualquiera de las partes, deberán informar a este Juzgado Federal, cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado o bien si ocurre alguna causa notoria de sobreseimiento, en términos del artículo 64 de la Ley de Amparo que dice: ". Cuando las partes tengan conocimiento de alguna causa de sobreseimiento, la comunicarán de inmediato al órgano jurisdiccional de amparo y, de ser posible acompañarán las constancias que la acrediten."; en el entendido que de no hacerlo así, se le impondrá multa de treinta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, en términos del artículo 251 de la ley de la materia. Por otra parte, requiérase a la autoridad responsable para que al momento de rendir su informe justificado, manifieste si se ha promovido diverso juicio de amparo contra el acto aquí reclamado, y en caso de ser así, señale ante qué autoridad federal se radicó y remita las constancias relativas que acrediten dicha circunstancia, apercibida que de no hacerlo, se le impondrá una multa de cincuenta Unidades de Medida y Actualización (UMA), en el entendido que la cuantía de dicha unidad será la que tenga a la fecha del presente auto, con fundamento en lo señalado por el artículo 237, fracción I, de la Ley de Amparo, en relación con los preceptos 238 y 259 del mismo ordenamiento legal. Se señalan las NUEVE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL VEINTICINCO DE FEBRERO DE DOS MIL DIECINUEVE, para la celebración de la audiencia constitucional. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 119 de la Ley de Amparo, se admite la prueba documental que acompaña la parte quejosa a su demanda de amparo, misma que se tiene por desahogada en razón de su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarla en la audiencia constitucional respectiva. Téngase a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica, así como autorizado en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo a Ponciano Santiago Lorenzo, y solo para recibir notificaciones a las restantes personas que indica. Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles, para que en su caso, el actuario judicial adscrito realice las notificaciones personales que se ordenen en el presente juicio de amparo, y entregue los oficios que del mismo deriven. Dese al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde. Finalmente, hágase saber a las partes que en términos del artículo 8º de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, pueden oponerse a la publicación de su datos personales; y en caso de no ejercer su derecho a dicha oposición, la versión pública de la sentencia y demás resoluciones que se dicten en este asunto, se realizarán suprimiendo esos datos, para salvaguardar su identidad. NOTIFÍQUESE.

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