Alejandro Vázquez Hernández
Expediente 768/2019 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo. 10 actuaciones registradas, la última del 30 de agosto de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 768/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 30/08/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Quintana Roo · Quintana Roo
Partes del expediente
- Alejandro Vázquez Hernández
- Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial, Con Sede En Chetumal, Quintana Roo
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
V.- Visto el estado de autos, conforme así lo permiten las cargas de trabajo debido a las condiciones de limitación de recursos humanos disponibles y la restricción de horario, imperantes circunstancias impuestas con las que funcionan actualmente los órganos jurisdiccionales federales, de la certificación de cuenta se advierte que ha fenecido el plazo otorgado a la partes respecto al proveído de nueve de febrero del año en curso, sin que hubieren realizado manifestación alguna. En tal virtud, se procede a resolver lo que corresponde en términos de lo establecido por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia registrada con el número 2a./J. 26/2000, publicada en la página 243, Tomo XI, Marzo de 2000, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, que es del tenor literal siguiente: INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA). Precisado lo anterior, es necesario puntualizar los efectos para los cuales en sentencia terminada de engrosar el veintiuno de enero de dos mil veintiuno, fue concedido el amparo de la Justicia Federal a Alejandro Vázquez Hernández, en contra del acto que reclamó del Magistrado Titular de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado y Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de Chetumal, Quintana Roo, ambos con sede en esta ciudad, siendo éstos los siguientes: "(.) lo procedente es conceder el amparo y protección de la justicia federal solicitado, para el efecto de que la autoridad responsable realice lo siguiente: 1) En cuanto quede notificada de esta resolución deje insubsistente la sentencia de doce de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el toca 92/2018. 2) Dentro del plazo de ocho días y forma que señala la ley procesal que rige el acto reclamado, dicte otro fallo en el que: a) La Sala responsable desaplique en el caso, el contenido del artículo 819 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo vigente hasta antes de la reforma de catorce de mayo de dos mil diez, bajo la consideración de que es inconvencional no fijar una temporalidad a la obligación del pago de alimentos en favor de la ex cónyuge, por lo que los mismos deberán quedar limitados a la vigencia del matrimonio a menos que se acredite por parte de la acreedora una situación especial que implique la conservación de dicho derecho. En este punto, cabe señalar que si bien a través del presente asunto, se establece un límite a la obligación de pago de alimentos en favor de una ex cónyuge, cuando la misma encuentra fundamento en un juicio tramitado conforme a los artículos del código sustantivo que se encontraban vigentes previo a las reformas de dos mil diez en que se contemplaba el divorcio necesario sin fijación de temporalidad en el pago de los mismos, lo cierto es también que la sola circunstancia de establecer un límite a la obligación de alimentos de ninguna manera puede interpretarse como una liberación del deudor alimentario del pago de los mismos en favor de su acreedora alimentaria respecto de los alimentos vencidos y no pagados hasta la fecha límite fijada por la autoridad jurisdiccional sino que dicha obligación quedará vigente hasta el momento en que se haga la liquidación de los mismos so pena de hacerse acreedor de las sanciones que ocasiona dicho incumplimiento y se podrán agotar los mecanismos que prevé la ley para lograr su cumplimiento. Máxime que de conformidad con lo establecido en el artículo 2462 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo el derecho a reclamar alimentos es imprescriptible y por tanto, no se extingue por el hecho de fijar una temporalidad para el pago de los mismos, por lo que subsistirán y podrán ser reclamados por la parte acreedora hasta que se haga pago efectivo de los mismos por tratarse de una institución de orden público ya que responde al interés de la sociedad en que se respete la vida y dignidad humanas por lo que el Juzgador y las partes podrán hacer uso de los mecanismos que se encuentren a su alcance para lograr el efectivo pago de la obligación derivada del derecho de alimentos. b) Atento a que el incidente de cancelación de pensión alimenticia fue presentado el veintitrés de marzo de de dos mil dieciocho, esto es, cuando ya había transcurrido el mismo plazo que la duración del matrimonio; luego entonces, deberá señalársele que su obligación se encontraba vigente del cuatro de mayo de mil novecientos noventa y dos (fecha de la sentencia que disolvió el vínculo matrimonial) al cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete y en esa medida deberá resolver lo relativo a la procedencia del incidente de incremento de pensión alimenticia para determinar la vigencia de dicha obligación y sus consecuencias, sin dejar de advertir que las obligaciones vencidas y no pagadas por concepto de alimentos subsisten por resultar imprescriptibles, por lo que debe hacerse pronunciamiento expreso respecto de las mismas a efecto de no dejar en estado de indefensión a la acreedora alimentaria." Por auto de dieciocho de enero de dos mil veintiuno, se tuvo por recibida la resolución emitida en sesión remota del veinte de noviembre de dos mil veinte, por el Tercer Colegiado del Vigesimoséptimo Circuito, con residencia en Cancún, Quintana Roo, al resolver el recurso de revisión 104/2020 de su índice, en la que confirmó la sentencia dictada en el presente asunto; por lo que, mediante oficio librado en misma data se requirió a las responsables el cumplimiento al fallo protector. Luego, por auto de nueve de febrero del año en curso, se recibió el oficio signado por el Magistrado Titular de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual en acatamiento a la sentencia de amparo, remitió el testimonio de la sentencia emitida el cinco de febrero de dos mil veintiuno, en el toca familiar 92/2018 y copia certificada de la resolución recaída al incidente de ejecución de sentencia tramitado dentro del expediente 14/2018, misma en la que se apoyó para el dictado de la resolución que cumplimenta la sentencia dictada en autos, adjuntando las constancias respectivas para corroborar su dicho, mismas que obran glosadas en autos del presente expediente. Del contenido de las constancias remitidas por el Magistrado responsable en acatamiento a la sentencia de amparo se aprecia que sentencia dictada el cinco de febrero de dos mil veintiuno, en el toca familiar 92/2018, dejó insubsistente la sentencia de doce de agosto de dos mil diecinueve, dictada en el toca 92/2018, y en su lugar, emitió una nueva en la que, desaplicando el contenido del artículo 819 del Código Civil para el Estado de Quintana Roo vigente hasta antes de la reforma de catorce de mayo de dos mil diez, y revocó la sentencia interlocutoria impugnada de veintiuno de septiembre de dos mil dieciocho dictada en autos del incidente de cancelación de pensión alimenticia 14/2018; por lo que, estimó que la obligación del recurrente se encontraba vigente del cuatro de mayo de mil novecientos noventa y dos al cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete, que resulta ser el lapso de tiempo que subsistió el matrimonio, periodo de tiempo al que tenía derecho a recibir pensión alimenticia la acreedora, por lo que tomó en consideración tal circunstancia, así como el hecho de que ésta tenía promovido un incidente de liquidación de pensiones vencidas y no pagadas, en la que se condenó al quejoso a pagar las pensiones vencidas y no pagadas desde el mes de mayo de mil novecientos noventa y dos al mes de julio del año dos mil dieciocho, a lo que dio cumplimiento dicho quejoso, mediante auto de fecha veintidós de mayo de dos mil diecinueve, en que exhibió el acuse de recibo por la cantidad de $ 9,144.70 (nueve mil ciento cuarenta y cuatro pesos 70/100), constancias que refirió la autoridad responsable anexar a la resolución para los efectos legales y en consecuencia, tuvo por cumplida la obligación de la temporalidad de pago de alimentos por parte del deudor aquí quejoso, Alejando Vázquez Hernández, a favor de la deudora, declarando la cesación de la pensión alimenticia, por lo que, resolvió procedente el incidente de cancelación de pensión alimenticia promovido por el aquí quejoso y ordenó la cancelación de la pensión alimenticia fijada en sentencia de cuatro de mayo de mil novecientos noventa y dos, por el periodo que comprende del cuatro de mayo de mil novecientos noventa y dos al cuatro de febrero de mil novecientos noventa y siete. Documentales a las que se les otorga pleno valor probatorio, al estar certificadas por un servidor público en ejercicio de sus funciones, por lo que constituye documento oficial, el cual tiene eficacia probatoria plena en términos de lo dispuesto por los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2; con el que se estima que se ha dado cumplimiento a la sentencia emitida por este Juzgado. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 153, del Tomo VI, parte SCJN, de la Quinta Época, del Apéndice de 1995, Materia Común, que establece: DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE, Y VALOR PROBATORIO. Mediante proveído de nueve de febrero del año en curso, se dio vista a la parte quejosa con las aludidas constancias remitidas por la autoridad responsable en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que en el término de tres días manifestara lo que a su interés legal conviniera, lo que se le notificó el doce de febrero de la presente anualidad, tal y como se advierte de la constancia de notificación levantada al efecto, sin que hubiera hecho manifestación alguna al respecto. En este contexto, es inconcuso que la responsable se ajustó a los lineamientos fijados en la ejecutoria pronunciada, pues así se desprende de las constancias que remitió, pues subsanó las deficiencias formales que fueron estudiadas y destacadas en el fallo protector; de ahí que al no existir exceso o defecto en su cumplimiento, pueda concluirse que la parte quejosa fue restituida en el goce de sus derechos fundamentales; por lo tanto, se declara para todos los efectos legales a que haya lugar, QUE LA SENTENCIA DE AMPARO HA QUEDADO CUMPLIDA, con fundamento en los artículos 192 y 196 de la Ley de Amparo. Por tanto, tómese en consideración que la fecha en que la autoridad responsable dio cumplimiento total a la ejecutoria de amparo fue el cinco de febrero de dos mil veintiuno. En consecuencia, con fundamento en lo establecido en el invocado numeral 196, párrafos tercero y cuarto, de la Ley de Amparo, procede el archivo de este expediente como asunto totalmente concluido. En cumplimiento al artículo 18, fracción I, inciso b) del Acuerdo General sin número, de diecinueve de febrero de dos mil veinte, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se indica que en el presente expediente se ubica dentro del archivo judicial reciente por lo que una vez transcurrido el término de tres años a partir de esta fecha como dispone el penúltimo párrafo del citado artículo 18, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, deberá depurar el presente expediente, conservando la demanda, las resoluciones recurridas y la sentencia que puso fin al juicio, la resolución que otorga a autoridad de cosa juzgada, el proveído de que se acuerde su archivo como asunto concluido y los demás documentos que considere el titular del órgano, la justificación de esto último deberá constar en el acuerdo de desincorporación. En tal virtud, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo en vigor, archívese este juicio como asunto totalmente concluido, por lo que, de conformidad con lo establecido en el artículo 15, del Capítulo Quinto y en el diverso numeral 35, del Capítulo Decimotercero, del precitado acuerdo general, realícese la anotación que corresponde en la carátula del presente expediente, el cual a criterio de quien esto determina no tiene relevancia documental, debiendo indicarse la fecha en la que se ordena el archivo de este juicio. Finalmente, toda vez que mediante proveído de doce de septiembre de dos mil diecinueve, se ordenó el resguardo de los anexos de pruebas remitidos por la autoridad responsable Magistrado Titular de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad; en consecuencia, devuélvanse a la citada autoridad los anexos de pruebas, sin que sea el caso solicitar acuse de recibo correspondiente, toda vez que únicamente se trata de copias certificadas. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
V.- NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE.
- Principal
V.- Agréguese a los presentes autos el oficio de cuenta, signado por la Juez Familiar de Primera Instancia del Distrito Judicial de esta ciudad, mediante el cual informa que se encuentra en vías de cumplimiento en espera de lo resuelva la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad para los efectos legales conducentes. Por otra parte, glósese a estos autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio de cuenta signado por el Magistrado Titular de la Segunda Sala Especializada en Materia Familiar y Materia Familiar Oral del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con sede en esta ciudad, mediante el cual informa las gestiones realizadas para el cumplimiento del fallo protector emitido en este asunto, y solicita prórroga de cinco días para cumplir la misma. En tal virtud, con fundamento en lo que establece el artículo 193 de la Ley de Amparo, se tiene a las autoridades oficiantes en vías de cumplimiento de la ejecutoria de amparo. Ahora bien, respecto de lo solicitado por la última autoridad mencionada, con fundamento en el artículo 192 con relación al 193 de la Ley de Amparo vigente, como lo solicita, se accede a dicha ampliación y se le otorga una prórroga de cinco días hábiles, legalmente computados, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, a fin de restituir a la parte quejosa en el pleno goce de sus derechos violados; en el entendido que subsiste el apercibimiento decretado en proveído de dieciocho de enero de dos mil veintiuno. NOTIFÍQUESE EN TÉRMINOS DE LEY.
- Principal
V.- CÚMPLASE.
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