Alejandro Vargas Mercado

Expediente 558/2020 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 27 de mayo de 2020.

Datos del expediente

Expediente
558/2020
Año
2020
Actuaciones
3
Última actuación
27/05/2020

Partes del expediente

  • Alejandro Vargas Mercado

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a veintisiete de mayo de dos mil veinte. Téngase por recibido el oficio de cuenta remitido vía electrónica, proveniente del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Nayarit con residencia en Tepic, a través del cual, acusa recibo del diverso número 10763/2020, por el que se le remitió el juicio de amparo 558/2020, del índice de este órgano jurisdiccional e informa que acepta la competencia y que quedó radicado con el número de expediente 729/2020, tomando conocimiento de su contenido para los efectos legales a que haya lugar. Con apoyo en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se agrega en autos el oficio de mérito, para que obre como corresponda; tomando conocimiento de su contenido. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, archívese como asunto total y definitivamente concluido. De conformidad con lo previsto en el Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, y en los puntos Vigésimo, fracción I, y Vigésimo Primero, último párrafo, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009 del veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se determina que este expediente es susceptible de destrucción, en razón de que se trata de un cuaderno de antecedentes formado con motivo de la competencia declinada por éste juzgado, a través de la resolución de veintidós de mayo de dos mil veinte (fojas 35 a 41). Sin que haya lugar a conservar en su integridad el presente expediente, en virtud de que este Juzgado Federal considera que no tiene ninguna relevancia documental, ni se encuentra dentro de los supuestos que establece el último párrafo del punto Vigésimo Primero del Acuerdo aludido, esto es: 1) No es promovido por delitos contra la seguridad de la Nación, derecho internacional, humanidad, administración de justicia, ambiente y gestión ambiental; 2) Ni contra resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; 3) No es un asunto relativo a un conflicto laboral colectivo trascendente y; 4) No contiene alguna resolución de especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Por lo tanto, procédase a su destrucción, una vez que haya transcurrido el término de seis meses a que se refiere el punto Vigésimo, último párrafo del acuerdo de mérito, contados a partir del presente archivo. ALBERTO TORRES RIVERA 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.a8.70 07/11/21 10:28:44 Página 3 Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  2. Principal

    Ciudad de México, a veintidós de mayo de dos mil veinte. Vista la demanda de amparo promovida por David Kleiman Bobry, Ramón Isaac Ramos Michel así como Mario Alberto Fernández González, a través de quien aduce ser su representante Alejandro Vargas Mercado, contra actos del Secretario de Salud del Estado de Nayarit y otras autoridades, fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 558/2020. Con fundamento en el artículo 21, del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, por el que se regulan entre otros, los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo y las comunicaciones oficiales, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación denominado FIREL, previsto en el artículo 3 de la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el nueve de diciembre de dos mil quince, se ordena formar el expediente electrónico relativo al presente asunto. No resulta inadvertido para el suscrito el hecho de que en la demanda de amparo se diga que Alejandro Vargas Mercado, actúa en representación de David Kleiman Bobry, Ramón Isaac Ramos Michel así como Mario Alberto Fernández González, y que la misma se encuentre firmada electrónicamente por él; sin embargo, los actos reclamados no se encuentran en los supuestos del artículo 15 de la Ley de Amparo como se demostrará en los párrafos siguientes; sin embargo con la finalidad de no dejar en estado de indefensión a los quejosos y principalmente que este juzgado de distrito carece de competencia legal para conocer de la demanda como se expondrá más adelante se procede a proveer lo siguiente: En principio, es preciso destacar que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, cuyo estudio está obligado a efectuar el Juez de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con la materia del juicio constitucional, pues de no hacerlo, contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de garantías, lo que se traduciría en una violación que invalida el proceso en perjuicio de los derechos sustantivos de las partes. Situación jurídicamente inadmisible, porque, se insiste, la incompetencia afecta la validez de las actuaciones del Juez de Distrito, conforme al artículo 17 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Es aplicable a lo anterior, la jurisprudencia número P./J. 21/2009, definida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Abril de 2009, página 5, de rubro: COMPETENCIA POR RAZÓN DE MATERIA. SI EL JUEZ DE DISTRITO QUE CARECE DE ELLA RESUELVE UN JUICIO DE AMPARO, TAL SITUACIÓN CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS REGLAS FUNDAMENTALES QUE NORMAN EL PROCEDIMIENTO RESPECTIVO. (.) Las reglas de competencia de los Jueces de Distrito se encuentran en el artículo 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 35, 37 y 48 de la Ley de Amparo, así como los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Por lo tanto, con fundamento en los artículos, constitucionales y legales, antes citados, se analiza la competencia legal para conocer del presente asunto, con el fin de no infringir las reglas fundamentales que norman al juicio de amparo indirecto. Sustenta lo anterior, por analogía, la jurisprudencia número I.2o.P. J/40, del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, publicada en la página 36, tomo 56, Agosto de 1992, Octava Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, con número de registro 218,721, de rubro: COMPETENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO. SE DEBE FINCAR ANTES DE RESOLVER LAS CUESTIONES DE FONDO PLANTEADAS EN LA DEMANDA. Se reitera, la competencia constituye un presupuesto procesal cuya resolución reviste la mayor importancia, pues la decisión que al efecto se emita puede afectar a las partes en grado predominante o superior, ya que no solamente es declarativa, sino constitutiva, en función que define, aparte de qué Juez es el competente, la naturaleza del negocio y las leyes aplicables para su tramitación y resolución, dado que de examinarse hasta en sentencia definitiva o, en su caso, en revisión o amparo directo y, de resultar cierta la violación, implicaría la reposición de todo el procedimiento, conforme al artículo 93, fracción IV, de la Ley de Amparo, con el fin de que el Juez haga el planteamiento de incompetencia correspondiente. Conviene señalar que para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y tribunales del mismo grado. En ese sentido, la Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: a) Competencia por territorio; b) Competencia por materia; c) Competencia por grado; d) Competencia auxiliar; y, e) Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los tribunales de la Federación, interesa destacar en primer término el referente a la competencia por territorio. La competencia por razón del territorio se encuentra delimitada por criterios de tipo geográfico y está relacionada con la potestad soberana que tiene el Estado para administrar justicia a través de una serie de actos encaminados a la solución de un litigio o controversia mediante la aplicación de la ley general a ese caso concreto, en una específica área, demarcación o espacio físico previamente delimitado. Criterios que se encuentran previstos en los artículos 144 y 145 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, al establecer que el territorio de la República se dividirá en el número de circuitos que mediante acuerdos generales determine el Consejo de la Judicatura Federal y que en cada uno de los circuitos el Consejo de la Judicatura Federal establecerá también mediante acuerdos generales, el número de tribunales colegiados y unitarios de circuito y de juzgados de distrito, así como su especialización y límites territoriales. Ahora bien, la competencia constitucional de los jueces de Distrito está prevista por el artículo 107, fracción VII de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y reglamentada por el artículo 37 de la Ley de Amparo, el primero de los cuales dispone: Artículo 107.- Todas las controversias de que habla el artículo 103 se sujetarán a los procedimientos y formas del orden jurídico que determine la ley, de acuerdo a las bases siguientes: . VII. El amparo contra actos en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra leyes o contra actos de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse. El precepto constitucional transcrito, establece que el juicio de amparo se interpondrá ante el juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, destacando por ende que no está abierta la posibilidad que una demanda de amparo pueda ser presentada ante cualquier juez de Distrito, para que tramite el juicio y dicte la sentencia correspondiente. Por otro lado, el artículo 37 de la Ley de Amparo, que reglamenta la disposición constitucional sobre la competencia de los Juzgados de Distrito, en lo conducente, dispone: Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Del análisis de este artículo, se obtienen tres reglas básicas para determinar la competencia de los jueces de Distrito, en cuanto al conocimiento de los juicios de amparo, reglas que en razón de técnica, se puntualizan a continuación, en el orden siguiente: a) En el último párrafo del precepto en comento, se establece la regla consistente en que cuando el acto reclamado en el juicio de amparo no requiera ejecución material, resulta competente el juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. b) La segunda regla, se encuentra prevista en el primer párrafo del señalado numeral de la Ley de Amparo, la que se caracteriza porque con independencia del lugar en el que radique la autoridad emisora del acto reclamado, la circunstancia para determinar la competencia del juez de Distrito consiste en que éste ejerza jurisdicción en el lugar donde deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado, lo cual obviamente presupone que dicho acto es de aquéllos que después de su emisión, por su índole, requieren de ejecución por parte de una autoridad diversa a la ordenadora. c) La tercera previsión normativa, que se contiene en el comentado numeral de la Ley de Amparo, más que una regla diversa en cuanto a la temática en análisis constituye un matiz de la segunda regla, ya que sobre el mismo criterio para la determinación de la competencia del correspondiente juez de Distrito, a que se hizo alusión en el inciso precedente, se establece que en el caso de que el acto reclamado haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, entonces cualquiera de los jueces Federales de esas jurisdicciones, que haya prevenido, será el competente para conocer de la demanda de amparo. De ahí que, como ha quedado debidamente puntualizado en párrafos precedentes, tratándose de actos reclamados que requieran ejecución material, el juez de Distrito competente para conocer de la demanda de amparo lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado. En el caso concreto, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa reclama, de las autoridades responsables, Gobernador, del Secretario de Salud, del Titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado, del Director de Protección Civil y de Bomberos del Estado, del Presidente Municipal, Director de Seguridad Pública, Director de Protección Civil y Bomberos los tres últimos del Municipio Bahía de Banderas, y Administrador y mesa directiva del condominio de "los veneros", todos del estado de Nayarit, en esencia, lo siguiente: - La libertad de tránsito y a la libre elección de vivienda y residencia toda vez que se prohíbe a los familiares de los quejosos a acceder a sus respectivas unidades habitacionales ubicadas en el municipio de Bahía de Banderas en el Estado de Nayarit. De manera que, si la ejecución de los actos reclamados deben tener verificativo en el lugar en donde los quejosos se encuentran; el Juez de Distrito competente para conocer del presente juicio de amparo, lo es aquel en cuya jurisdicción tienen ejecución dichos actos. Por ende, este Juzgado de Distrito, carece de competencia legal por razón de territorio para conocer y resolver el presente juicio de amparo, en virtud de que la ejecución de los actos reclamados, tiene verificativo en el municipio de Bahía de Banderas, del Estado de Nayarit; pues, en ese lugar se encuentran los quejosos. En mérito de lo anterior, con fundamento en los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 37 y 48 de la Ley de Amparo; PRIMERO, fracción XXIV, SEGUNDO, fracción XXIV, punto 1, y CUARTO, fracción XXIV del Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, aprobado el dieciséis de mayo de dos mil doce y publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de junio de dos mil doce, así como el artículo único del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal por el que se cambia la denominación de Distrito Federal por Ciudad de México en todo su cuerpo normativo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el cinco de febrero de dos mil dieciséis, se reitera, el suscrito juzgador carece de competencia legal por razón de territorio para conocer de la demanda de amparo; por lo que se ordena remitirla al Juzgado de Distrito en el estado de Nayarit con residencia en Tepic, (esto es el juzgado que este en guardia conforme a lo previsto en el artículo 5, párrafo segundo del Acuerdo General 8/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus COVID-19), a quien se estima competente para conocerla, por lo motivos antes expuestos; solicitándoles el acuse de recibo correspondiente e informe si acepta o rechaza la competencia planteada. Derivado de lo anterior remítase la presente incompetencia a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0). Ahora bien, en el presente caso, no ha lugar a proveer sobre la suspensión de plano solicitada por la parte quejosa, toda vez que los actos reclamados no encuadran en ninguno de los supuestos establecidos en los artículos 22, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 15 de la Ley de Amparo, que son del tenor siguiente: Artículo 22. Quedan prohibidas las penas de muerte, de mutilación, de infamia, la marca, los azotes, los palos, el tormento de cualquier especie, la multa excesiva, la confiscación de bienes y cualesquiera otras penas inusitadas y trascendentales. Toda pena deberá ser proporcional al delito que sancione y al bien jurídico afectado. Artículo 15. Cuando se trate de actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, y el agraviado se encuentre imposibilitado para promover el amparo, podrá hacerlo cualquiera otra persona en su nombre, aunque sea menor de edad. Sin que pase desapercibido que el promovente señale que uno de los actos reclamados consiste en una expulsión, sin embargo, dicha expulsión a que se refiere el artículo 15 de la Ley de Amparo, se trata de la expulsión de un extranjero de este País, no de un ciudadano mexicano de una entidad federativa. Se hace del conocimiento a las partes, que en términos de los artículos 1, 2, 6, 7 y 47 de la Ley General de Protección de Datos Personales en posesión de sujetos obligados, así como los numerales 6 y 8 del Reglamento para la aplicación de la mencionada ley, y en cumplimiento a lo ordenado en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de abril de dos mil catorce, deberán hacerse públicas las resoluciones y sentencias que causen estado o ejecutoria, pero las partes o sus representantes, podrán oponerse a la publicación de sus datos personales, siempre y cuando lo informen de manera expresa, en el entendido de que de no realizar manifestación alguna, se tendrá por autorizada su publicación. En relación con la solicitud que vierte respecto de la consulta vía electrónica del presente asunto, hágase de su conocimiento que una vez realizada la búsqueda correspondiente en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE 2.0), no se encontró registro del usuario PJFVURIOLI; por lo que una vez que se realice el registro correspondiente en el Portal de Consulta de Expediente Electrónico del Consejo de la Judicatura Federal y reiterada que sea su solicitud, se proveerá lo conducente. Sin que haya lugar a notificar personalmente el presente proveído al promovente, en atención a la Jurisprudencia 1496, sustentada por el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo III marzo de mil novecientos noventa y seis, primera parte, sección primero, página cincuenta y cinco, que en lo conducente se transcribe: .es obligación del quejoso o de su representante, cerciorarse, en primer término a qué juzgado se remitió su demanda de amparo, en los lugares en donde existen oficinas de correspondencia común y, en segundo lugar, del acuerdo sobre la admisión de su demanda, a través de la correspondiente notificación por lista que para el efecto se fije en los estrados del juzgado. Finalmente, tomando en consideración que la demanda de amparo fue recibida dentro de la guardia para recibir demanda en casos urgentes, en su oportunidad, infórmese a la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, de la recepción de dicha demanda, a efecto de que proceda a la compensación correspondiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 48, último párrafo, inciso c), del Acuerdo General sin número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales. Notifíquese. Así lo proveyó y firma, el licenciado Francisco Javier Rebolledo Peña, Juez Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, asistido por el Secretario Alberto Torres Rivera, quien autoriza. Doy fe.

  3. Principal

    (22/MAYO/2020).- VISTOS.- LA DEMANDA DE AMPARO, ESTE JUZGADO DE DISTRITO DECLARA CARECER COMPETENCIA LEGAL POR RAZÓN DE TERRITORIO PARA CONOCER DE LA MISMA, POR ESTIMAR QUE CORRESPONDE A UN JUZGADO DE DISTRITO EN EL ESTADO DE NAYARIT CON RESIDENCIA EN TEPIC, EN TURNO, NO HA LUGAR A PROVEER SOBRE LA SUSPENSIÓN DE PLANO TODA VEZ QUE LOS ACTOS RECLAMADOS NO ENCUADRAN EN NINGUNO DE LOS SUPUESTOS ESTABLECIDOS EN LOS ARTICULOS 22 DE LA CONSTITUCION POLITICA EN LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. NOTIFÍQUESE.

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