Alejandro Varela Ostado
Expediente 3752/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México. 4 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 3752/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 15/06/2023
Partes del expediente
- Alejandro Varela Ostado
- Camara de Diputados del Congreso de la Union
Actuaciones
- Principal
Ciudad de México; a quince de junio de dos mil veintitrés. Acuerdo de promoción. Agréguese a los autos el oficio proveniente del Segundo Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, por medio del cual envía el testimonio correspondiente al recurso de queja 1613/2022 de su índice; en ese sentido, dicho Tribunal Colegiado, declaró infundado el recurso de referencia. Acúsese recibo. Realícense las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Archivo del expediente. Tomando en consideración el estado procesal de autos, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el presente asunto como concluido. Por lo anterior y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 20, fracción IV, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales; se determina que el presente expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en un plazo de tres años, contado a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente auto. Atento a lo anterior, colóquese el sello de fecha de archivo y destino final en la carátula del presente expediente. Devolución de documentos. Ahora bien, en virtud de que la parte quejosa exhibió documentos originales, pónganse a su disposición para que dentro del plazo de noventa días naturales, se presente a recogerlos, en el entendido que la persona que lo haga, deberá exhibir su identificación oficial vigente y copia simple de la misma, para debida constancia legal; apercibida que en caso de no hacerlo, dichos documentos serán destruidos. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México; cinco de diciembre de dos mil veintidós Vista la certificación de cuenta, se advierte que mediante oficio SEADS/474/2022, de veintiuno de septiembre de dos mil veintidós, signado por el Secretario Ejecutivo de Adscripción del Consejo de la Judicatura Federal, se comunicó la determinación tomada en sesión ordinaria celebrada en esa misma fecha, por el Pleno del propio Consejo, en la que acordó la adscripción de Blanca Alicia Ochoa Hernández, a este Juzgado Primero de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región, con residencia en la Ciudad de México, con efectos a partir del uno de octubre de dos mil veintidós. En tal virtud, con el fin de atender lo dispuesto en los artículos 51, 52 y 60 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento de las partes la circunstancia señalada, para que puedan alegar lo que a su derecho e interés convenga. Recepción del testimonio. Téngase por recibido el oficio remitido por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Quinto Circuito, a través del cual devuelve el cuaderno principal del juicio de amparo en que se actúa, así como el testimonio de la resolución dictada en el amparo en revisión 216/2017, de lo cual este juzgado toma conocimiento. Acúsese recibo. Háganse las anotaciones respectivas en el libro electrónico que para registro lleva este juzgado de distrito y se toma conocimiento de la resolución en comento. En atención a las políticas de utilización de recursos humanos y materiales que han adoptado los poderes de la unión, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que no se adjunta a los oficios respectivos copia de la referida resolución; toda vez que se encuentra disponible para su consulta, a través de la herramienta electrónica portal de servicios en línea, en la liga a https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioen linea/Home/Ayuda. De conformidad con el artículo 3°, penúltimo párrafo de la Ley de Amparo, agréguense las constancias antes relacionadas, asimismo glósese el cuaderno de antecedentes formado con motivo del recurso de revisión en mención. En acatamiento a lo ordenado por el órgano revisor, en el sentido de revocar la sentencia recurrida y ordenar la reposición del procedimiento para el efecto de que se deje insubsistente el fallo recurrido, se dicte la sentencia en la forma y términos establecidos en la ley; y, se notifique personalmente a las partes. Se deja insubsistente la sentencia dictada en este juicio y se ordena turnar el presente asunto a proyecto de resolución. Finalmente, dado el volumen de las actuaciones del asunto en que se actúa, se ordena la apertura del tomo II y el cierre del tomo I. Notifíquese personalmente a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México, a veinte de octubre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos y la primera certificación de cuenta, se advierte que feneció el plazo de tres días concedido a la parte quejosa en proveído de siete de octubre de dos mil veintidós, a efecto de que manifestara lo que a su interés legal conviniera, respecto del oficio presentado por la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, en el que informó que no se realizó el procedimiento de fiscalización electrónica a la quejosa ......, por lo que no existen actos de cobro que dejar insubsistentes; consecuentemente, se hace efectivo el apercibimiento decretado en autos, por lo que con fundamento en el artículo 196, segundo párrafo de la Ley de la Materia, se procede a efectuar un pronunciamiento acerca del cumplimiento de la sentencia de amparo. Con base a lo anterior, y tomando en cuenta que el pronunciamiento sobre si una sentencia está cumplida es oficioso, deben considerarse todos los elementos y hechos relevantes al caso. Pronunciamiento de cumplimiento En ese sentido, conforme a lo determinado por este juzgado resulta relevante tomar en consideración que los efectos del amparo y concesión fueron los siguientes: "para el efecto de que, en caso de haberse instaurado el procedimiento de revisión electrónica a la parte quejosa y ésta no haya ejercido su derecho de prueba dentro de los plazos previstos para ello, se tome en consideración que esa sola circunstancia no puede dar lugar a exigir el pago del monto de la preliquidación a través del procedimiento administrativo de ejecución y, por ende, cualquier acto emitido con tal propósito deberá declararse insubsistente." De la anterior transcripción, cabe destacar la porción subrayada, pues a partir de ahí se advierte la posibilidad de que no se hubiera instaurado el procedimiento de revisión electrónica. En el mismo sentido está estructurada la jurisprudencia 2ª./J.161/2016 (10ª.), emitida por la Segunda Sala del Alto Tribunal del país, con número de registro 2012935, de rubro: "REVISIÓN ELECTRÓNICA. EFECTO DE LA SENTENCIA QUE CONCEDE EL AMPARO CONTRA EL ARTÍCULO 53-B, FRACCIÓN IV, SEGUNDO PÁRRAFO, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015." Ahora bien, obra en autos la respuesta emitida por la Jefa del Servicio de Administración Tributaria, autoridad vinculada al cumplimiento, mediante la cual informa que no ha emitido actos tendientes a conseguir el cobro de una preliquidación, en términos del artículo declarado inconstitucional. Así pues, la autoridad manifestó que no aplicó la norma, pues no le instauró a la quejosa un procedimiento de revisión electrónica con base en el artículo 53-B, fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación. Luego, tomando en cuenta las manifestaciones de la autoridad, en el sentido de que la norma no ha sido aplicada a la parte quejosa, aunado al hecho de que ésta última no formuló manifestaciones en relación con el cumplimiento, se declara que la sentencia concesoria está cumplida, en relación con el artículo 53-B fracción IV, segundo párrafo del Código Fiscal de la Federación publicado en el Diario Oficial del Federación el nueve de diciembre de dos mil trece; pues se acató en sus términos la sentencia en que se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal, sin que las autoridades responsables incurrieran en exceso o defecto, toda vez que no se le aplico la referida norma. Por lo tanto, hágase del conocimiento de las partes para los efectos señalados en el artículo 201 de la Ley de Amparo. Fundamento: Artículos 192, 193 y 196 de la ley de Amparo, así como la Jurisprudencia P./J. 87/2010, con número de registro163808, de rubro: "INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. DISTINCIÓN ENTRE LOS CONCEPTOS "PRINCIPIO DE EJECUCIÓN" Y "CUMPLIMIENTO PARCIAL", PARA DETERMINAR EL CUMPLIMIENTO DE LA SENTENCIA DE AMPARO." Notifíquese y vía electrónica a la parte quejosa.
- Principal
Ciudad de México; dieciocho de mayo de dos mil veintidós. Formación de cuadernos incidentales En cumplimiento a lo ordenado en el cuaderno principal del juicio de amparo indirecto 206/2020, se integra de manera electrónica, y física por duplicado este incidente de suspensión. Señalamiento de fecha y hora para la celebración de la audiencia incidental. Se señalan las NUEVE HORAS CON SIETE MINUTOS DEL CATORCE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTIDÓS, para la celebración de la audiencia incidental. Fundamento: Artículo 138, fracción II, de la Ley de Amparo. Cabe señalar que aun cuando se fijó día y hora para la celebración de la audiencia incidental fuera del plazo previsto en el artículo 138, fracción II de la Ley de Amparo, por la saturación excesiva de la agenda correspondiente, dicho proceder se realizó con el objeto de que prevalezca el derecho a una tutela judicial efectiva por encima de los formalismos procedimentales. Adicionalmente, se considera necesario hacer del conocimiento de las partes que atendiendo al riesgo sanitario que se ha generado con el virus COVID 19 y el cual es una constante en los meses por venir, así como a lo previsto en la fracción II del artículo 5 del Acuerdo General 21/2020, las audiencias que se celebren en este órgano jurisdiccional se realizarán primordialmente sin la presencia física de las partes y se privilegiarán los escritos que éstas presenten ya sea física o virtualmente. Sin embargo, en caso que las partes consideren indispensable y de vital importancia asistir a la audiencia incidental deberán realizar las gestiones necesarias para poder acceder al local que ocupa este órgano jurisdiccional, de conformidad con el Capítulo II, denominado, Atención al Público del Acuerdo General 21/2020, es decir deberán generar en el sistema "Agenda OJ" la cita correspondiente al día y hora en que se haya fijado la audiencia incidental, datos que se encuentran precisados en párrafos anteriores. Aunado a lo anterior, no se inadvierte que, de la literalidad del artículo 26 del Acuerdo General 21/2020, en el presente procedimiento la audiencia incidental no es de aquellas en las que intervienen oralmente las partes y en observancia al artículo 144 de la Ley de Amparo las partes, se insiste, tienen a resguardo su derecho a comparecer a la audiencia vía electrónica (juicio en línea) o por escrito (vía buzón judicial), habida cuenta que el derecho a alegar en la misma, se restringe únicamente a los actos de que habla la normativa citada en último término (actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales) la cual no acontece en el expediente en cuestión y/o en la temática especializada que se dirime en este juzgado. Lo anterior, salvaguarda su derecho a la tutela judicial y las formalidades esenciales del procedimiento. Invitación al trámite del Juicio en Línea. Se invita a las partes a transitar al esquema de actuación desde el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en la página de internet http://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados o delegados, podrán acceder electrónicamente a las Oficinas de Correspondencia Común y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos. Además, se hace saber a la parte quejosa que a efecto de que se puedan entablar comunicaciones no procesales con las partes, cuyo contenido debe quedar registrado y, de ser necesario, incorporado al expediente previa certificación, se le brinda el siguiente correo institucional: oscar.duarte.rosas@correo.cjf.gob.mx. Fundamento: Artículos 14, 18, 21, 35, 36 y 55 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, así como el artículo 22, fracciones I y II del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID 19. Solicitud de informe previo Se requiere a las autoridades señaladas como responsables para que rindan su informe previo dentro del plazo de CUARENTA Y OCHO HORAS con las constancias que lo sustente, contadas a partir del que queden legalmente notificadas. Al efecto, remítase copia del ocurso inicial. Fundamento: Artículo 138, fracción III, de la Ley de Amparo. Apercíbase a las autoridades señaladas que, en caso de no cumplir cabalmente en los términos y la forma indicados, podrá imponérseles una multa de cien veces el equivalente al valor de la unidad de medida de actualización Fundamento: Artículo 260, fracción I, de la Ley de Amparo. Pruebas Téngase a la quejosa exhibiendo como pruebas de su parte las documentales que anexó a su demanda de amparo y se ordenaron obren en el presente incidente. Medios de convicción que se admiten y desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas nuevamente en la audiencia incidental. Fundamento: Artículos 143 y 144 de la Ley de Amparo. Requisitos de la suspensión Ahora, los artículos 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 128 y 138 de la Ley de Amparo, precisan los aspectos que el Juzgador debe tomar en cuenta, así como los requisitos que el peticionario de garantías debe reunir para otorgar la suspensión del acto reclamado. Por ello, el análisis de la procedencia de la medida suspensional se realizará respecto del efecto precisado en el escrito de demanda. Apuntado lo anterior, es de señalar que, conforme a la fracción X del artículo 107 de la Constitución General, en el juicio de amparo es posible suspender los actos que se reclaman y sus efectos, mediante una institución de naturaleza procesal comprendida en las medidas cautelares, y que, acorde con su carácter, tiene por objeto mantener viva la materia del amparo, es decir, trata de impedir que se consumen irreparablemente el acto o los actos reclamados, y de esa manera no llegue a resultar inútil para la quejosa la protección de la Justicia Federal que pretende. Sin embargo, la procedencia de dicha medida cautelar no es ilimitada, pues la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos prevé determinadas restricciones. En efecto, conforme al artículo 128 de la Ley de Amparo, para otorgar la suspensión provisional es necesario que: a. La solicite el quejoso; b. No se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Ahora, el requisito relativo a que la suspensión sea solicitada por el agraviado supone la demostración de su interés en forma presuntiva (interés suspensional). Asimismo, el juzgador de amparo deberá realizar un análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y del interés social; entendiendo lo primero, como el conocimiento superficial del asunto dirigido a lograr una decisión de mera probabilidad respecto de la existencia del derecho discutido en el proceso, de modo tal que según un cálculo de probabilidades, sea posible anticipar que la sentencia de amparo se declarará la inconstitucionalidad del acto reclamado; y el segundo, si bien es cierto que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no ha definido lo que debe entenderse por interés social, cabe señalar que la apreciación de su existencia depende del caso concreto, el cual debe ser analizado por el juzgador al otorgar o no la suspensión de los actos reclamados. Precisión de actos reclamados Ahora, con fundamento en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, de la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que la parte quejosa señala como actos reclamados, esencialmente, los que se indican a continuación: La discusión, aprobación, expedición y promulgación del artículo 17-H Bis, fracción VII, del Código Fiscal de la Federación, de acuerdo con las reformas contenidas en el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de diciembre de dos mil diecinueve. Efectos La parte quejosa manifestó que solicita la suspensión del acto reclamado para los efectos siguientes: "a). PARA QUE NO SE DEJEN SIN EFECTOS O SE RESTRINJA TEMPORALMENTE EL USO DE LOS CERTIFICADOS DE SELLO DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET, hasta en tanto se resuelva sobre la constitucionalidad de las citadas disposiciones. b) Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravienen disposiciones de orden público." Al respecto, el Juzgado de Distrito está legalmente facultado para precisar, conforme a su prudente arbitrio, las consecuencias y/o estatus legal en que deban quedar las cosas a partir de que conceda la medida cautelar, esto conforme a la jurisprudencia 4/2019 de la Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación. Presunción de certeza de los actos reclamados. Para resolver sobre la suspensión provisional, el Juez de Distrito debe partir del supuesto, comprobado o no, de que la totalidad de los actos reclamados son ciertos. Por ende, para decidir sobre la procedencia o no de la suspensión provisional solicitada, este órgano jurisdiccional atiende a las manifestaciones de las morales quejosas formuladas en la demanda y en su escrito de desahogo, bajo protesta de decir verdad, pues son los únicos elementos con que se cuenta para resolver sobre la medida cautelar. Manifestaciones, que constituyen una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno en contra de quien la asevera, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 95, 96, 197, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2º. Interés suspensional En la especie, las quejosas aducen ser personas morales inscritas ante el Registro Federal de Contribuyentes y que para la ejecución de sus actividades están obligadas a la expedición de comprobantes fiscales, para lo cual requiere el uso de los sellos digitales respectivos. Luego, con base en lo anteriormente expuesto, y atendiendo a las manifestaciones de las quejosas formuladas en la demanda y en su escrito de desahogo, bajo protesta de decir verdad, se estima que se acredita el interés suspensional, al resultar, en apariencia, afectado por las disposiciones cuya inconstitucionalidad reclama. Negativa de la suspensión provisional Con fundamento en los artículos 125 y 128 de la Ley de Amparo, SE NIEGA LA SUSPENSIÓN PROVISIONAL SOLICITADA por ******************************, respecto de los efectos para los cuales se solicita la medida, atento a las siguientes consideraciones: El citado artículo 128 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias, siempre que concurran los requisitos siguientes: I. Que la solicite el quejoso; y II. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. La suspensión se tramitará en incidente por separado y por duplicado." De la anterior trascripción se desprende que, para conceder la suspensión a petición de parte, deben satisfacerse previamente ciertos requisitos como son: La solicitud formulada por el quejoso en ese sentido. Que los actos no contravengan disposiciones de orden público ni afecten el interés social. Asimismo, es conveniente conocer el contenido de las normas generales reclamadas, las cuales son del tenor siguiente: "Artículo 17-H Bis. Tratándose de certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, previo a que se dejen sin efectos los referidos certificados, las autoridades fiscales podrán restringir temporalmente el uso de los mismos cuando: (.) VII. Detecten que el ingreso declarado, así como el impuesto retenido por el contribuyente, manifestados en las declaraciones de pagos provisionales, retenciones, definitivos o anuales, no concuerden con los señalados en los comprobantes fiscales digitales por Internet, expedientes, documentos o bases de datos que lleven las autoridades fiscales, tengan en su poder o a las que tengan acceso." Del artículo transcrito previamente, se desprende lo siguiente: Que el Servicio de Administración Tributaria restringirá temporalmente el uso de los certificados de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por internet, al detectar alguna anomalía (detección que se trata de contribuyentes que no desvirtuaron la presunción de transmitir indebidamente pérdidas fiscales y, por tanto, se encuentren en el listado a que se refiere el octavo párrafo del artículo 69-B Bis de este Código), por lo que, una vez que se haya agotado el procedimiento previsto en el artículo 17-H Bis del Código Fiscal de la Federación, y dentro del mismo no se hayan subsanado las irregularidades detectadas, ordenará dejar sin efectos dichos comprobantes fiscales digitales. Por lo que, en el caso concreto se advierte que a las quejosas les corrió el plazo de TRES MESES a partir del dos de enero de dos mil veinte, a fin de que corrigiera su situación fiscal, y presentara las declaraciones complementarias pertinentes para no hacer deducible los comprobantes fiscales expedidos por el proveedor que se encuentra en la lista publicada en el Diario Oficial de la Federación en los términos del numeral 69 B del Código Fiscal de la Federación como contribuyente que expide comprobantes fiscales que amparan en forma definitiva operaciones inexistentes. En ese contexto, las quejosas se encuentran impedidas para poder hacer las manifestaciones que conforme a derecho corresponda para acreditar la existencia de las operaciones llevadas a cabo con estos proveedores que fueron publicados antes de que entraran en vigor estas disposiciones legales en el dos mil veinte (que se tildan de inconstitucionales), pues el artículo octavo transitorio es enfático en sostener solamente que el plazo de tres meses, es exclusivamente para presentar las declaraciones complementarias, descontando la posibilidad de la aclaración o bien de acreditar la materialidad de la operación. Por tanto, se desprende que la reforma al Código Fiscal de la Federación de nueve de diciembre de dos mil diecinueve, refiere a que en caso de que se detecte que el contribuyente ha incurrido en alguna irregularidad que pueda entrañar prácticas de elusión o evasión fiscal (efectos y consecuencias de la aplicación del mencionado artículo en líneas anteriores, así como de las normas generales que lo desarrollan), y estuvo dentro de los tres meses a la entrada en vigor de ese Decreto, debió corregir su situación fiscal a través de declaración o declaraciones complementarias. En ese sentido no se acredita el requisito previsto por la fracción II del citado numeral 128, ya que la sociedad está interesada en que la autoridad fiscal desarrolle todo el procedimiento que culmina con el ejercicio de sus facultades de fiscalización; independientemente del perjuicio que resientan los interesados porque, en todo caso, es mayor la afectación que resentiría el interés general con la concesión de la medida suspensiva, como en el presente caso sucedería de permitirle al contribuyente el uso del certificado de sello digital, pese a que incurrió en alguna irregularidad que la ley sanciona con dejarlo sin efectos, es decir, se impediría la implementación de la medida de control orientada a evitar la evasión y elusión fiscal, en tanto que la sociedad está interesada en que se instrumenten los mecanismos para monitorear a los contribuyentes a través de las operaciones que realicen, logrando una mayor recaudación para satisfacer las necesidades colectivas. De ahí que no sea procedente conceder la medida cautelar en los términos solicitados, al no colmarse el requisito de la fracción II del artículo 128 de la Ley de Amparo. Tiene aplicación la siguiente jurisprudencia, cuyo rubro y texto es el siguiente: "SUSPENSIÓN PROVISIONAL EN EL JUICIO DE AMPARO. ES IMPROCEDENTE CONCEDERLA CONTRA LA DETERMINACIÓN DE LA AUTORIDAD HACENDARIA DE DEJAR SIN EFECTOS EL CERTIFICADO DE SELLO DIGITAL PARA LA EXPEDICIÓN DE COMPROBANTES FISCALES DIGITALES POR INTERNET (ARTÍCULO 17-H, FRACCIÓN X, DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, VIGENTE A PARTIR DEL 1 DE ENERO DE 2014). Es improcedente conceder la suspensión provisional en el juicio de amparo con motivo de la determinación de la autoridad hacendaria de dejar sin efectos el certificado referido, cuando se detecte que el contribuyente ha incurrido en alguna irregularidad que pueda entrañar prácticas de elusión o evasión fiscal (efectos y consecuencias de la aplicación del mencionado artículo, así como de las normas generales que lo desarrollan), porque no se satisface el requisito previsto en el numeral 128, fracción II, de la Ley de Amparo, pues de otorgarse la medida cautelar se causaría perjuicio al interés social y se contravendrían disposiciones de orden público, ya que se permitiría al contribuyente el uso del certificado de sello digital, pese a que incurrió en alguna irregularidad que la ley sanciona con dejarlo sin efectos, es decir, se impediría la implementación de la medida de control orientada a evitar la evasión y elusión fiscal, en tanto que la sociedad está interesada en que se instrumenten los mecanismos para monitorear a los contribuyentes a través de las operaciones que realicen, logrando una mayor recaudación para satisfacer las necesidades colectivas." Véase: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en un precedente similar sobre la cancelación de sellos digitales, señaló que una de las causas fundamentales que impiden la emisión de una medida cautelar, radica en que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Además, en el artículo 129 de la Ley de Amparo se indican los casos en los cuales se siguen perjuicios al interés social o se contravienen disposiciones de orden público, señalamiento que no es limitativo sino enunciativo; por lo que, en el caso, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, precisó que el orden público e interés social son nociones vinculadas. Al respectó indicó que, por disposiciones de orden público deben entenderse aquellas contenidas en los ordenamientos legales cuyo fin, inmediato y directo, sea el de tutelar los derechos de la colectividad para evitarle alguna desventaja, o bien, para procurarle la satisfacción de necesidad o algún beneficio; y por interés social debe considerarse el hecho, acto o situación que reporte a la sociedad una ventaja o le evite un trastorno; por lo que se considera que se afecta el orden público y el interés social cuando con el otorgamiento de la suspensión, se priva a la colectividad de un beneficio que le otorgan las leyes o se le infiere un daño que de otra manera no resentiría. En ese contexto, ese órgano colegiado estimó que no es susceptible de suspenderse la determinación de la autoridad hacendaria de dejar sin efectos el certificado de sello digital para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, cuando se detecte que el contribuyente ha incurrido en alguna irregularidad que pueda entrañar prácticas de elusión o evasión fiscal (efectos y consecuencias de las normas impugnadas), en tanto se afectaría el interés social y se contravendrían disposiciones de orden público. Concluyó que de otorgarse la suspensión respecto a la determinación de dejar sin efectos el certificado de sello digital, se permitiría que los contribuyentes que incurren en una o más infracciones que presumiblemente entrañan prácticas de evasión o elusión fiscal sigan utilizando el referido sello digital expedido por el Servicio de Administración Tributaria para la expedición de comprobantes fiscales digitales por Internet, lo cual perjudica el interés social. La postura de ese criterio radica en que corresponde al Estado implementar los mecanismos necesarios para monitorear a los contribuyentes a través de las operaciones que realicen, logrando que se utilice adecuadamente el aludido sello, con lo que se conseguiría una mayor recaudación y así se posibilitaría la satisfacción de las necesidades colectivas. En ese sentido, a criterio de la aludida Segunda Sala, el Estado está interesado en que las medidas de control, como la cancelación del certificado de sello digital, sean realmente efectivas para el objeto que fue creada, consistente en evitar las prácticas fraudulentas y desalentar el incumplimiento de las obligaciones fiscales a las que los contribuyentes se encuentran constitucionalmente constreñidos; por lo que el perjuicio que sufriría la sociedad sería mayor que el que pudiera resentir el particular, ya que dicha medida es provisional, siendo que el causante cuenta con un procedimiento sumario a través del cual, se le permite demostrar que no incurrió en la irregularidad que se le atribuye, o bien, que ya subsanó la detectada. En el caso de las disposiciones cuya inconstitucionalidad se combaten y cuyos efectos se pretende sean suspendidos con motivo del otorgamiento de la medida cautelar solicitada, su efecto jurídico estriba en que, como medida previa a la restricción temporal de los certificados de sellos digitales, las personas físicas o morales que, previo a la entrada en vigor del Decreto aludido, hayan dado cualquier efecto fiscal a los comprobantes fiscales expedidos por un contribuyente incluido en el listado a que se refiere el artículo 69-B, cuarto párrafo del Código Fiscal de la Federación, se sometan a la ejecución de un procedimiento sumario para corregir la existencia de cualquier irregularidad. Luego, esta nueva situación resulta similar a la ya analizada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en cuanto a que el Estado está interesado en que las medidas de control, como la cancelación del certificado de sello digital, sean realmente efectivas para el objeto que fueron creadas, consistente en evitar las prácticas fraudulentas de los contribuyentes. De esa manera, de conceder la suspensión provisional resultaría en perjuicio del orden público, pues, se reitera, la sociedad está interesada en que la autoridad fiscal desarrolle todo el procedimiento que culmina con el ejercicio de sus facultades de fiscalización. Demás providencias. Visto el oficio de cuenta remitido vía electrónica por el Cuarto Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México, a través del cual informa el contenido del proveído de trece de diciembre de dos mil veintiuno; asimismo, del contenido de dicho ocurso se advierte que la parte quejosa no corresponde al presente cuaderno incidental; ahora bien, de la certificación de cuenta, se advierte que, se realizó una búsqueda minuciosa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de donde se observó que la parte quejosa ******************, corresponde al juicio de amparo 206/2021, del índice del Juzgado Segundo de Distrito del Centro Auxiliar de la Primera Región con residencia en la Ciudad de México; por tanto, previa copia simple que se deje en autos del mismo, remítase al citado juzgado el ocurso de mérito. Apoya a la anterior determinación, la tesis jurisprudencial 1ª./J.3/2004 Materia Común, Civil, visible en la página 264, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta XIX, Marzo de 2004, cuyo texto es: "PROMOCIONES DE LAS PARTES. PARA SUBSANAR EL ERROR EN LA CITA DEL NÚMERO DE EXPEDIENTE AL QUE SE DIRIGEN O DE CUALQUIER OTRA REFERENCIA DE IDENTIFICACIÓN, EL JUZGADOR DEBE ATENDER A LOS DEMÁS DATOS QUE CONTIENEN." Fundamento: Artículo 221, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, tal y como lo dispone su numeral 2º. Notifíquese.
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